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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Sentencia SL716-2023

Fecha
19 de abril de 2023
Magistrado ponente
Jorge Prada Sanchez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SL716-2023

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Parte resolutiva

DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 15 de diciembre de 2021, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, en el proceso que promovió ALBA LUCIA RENGIFO DE MARTÍNEZ contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES, COLPENSIONES, al que fue vinculada MARÍA FERNANDA MARTÍNEZ RENGIFO. Costas como se dijo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral

Sentencia SL716-2023

Magistrado ponente: Jorge Prada Sanchez

19 de abril de 2023

JORGE PRADA SÁNCHEZ

Magistrado ponente

SL716-2023

Radicación n.° 95017

Acta 12

Bogotá, D. C., diecinueve (19) de abril de dos mil veintitrés (2023).

La Sala decide el recurso de casación interpuesto por ALBA LUCÍA RENGIFO DE MARTÍNEZ, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, el 15 de diciembre de 2021, en el proceso que instauró contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES, COLPENSIONES, al que fue vinculada MARÍA FERNANDA MARTÍNEZ RENGIFO.

ANTECEDENTES

La recurrente solicitó el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes por la muerte de su cónyuge Gildardo Martínez Palacio, a partir del 17 de diciembre de 2012 y bajo los parámetros de los artículos 6, 25 y 27 del Acuerdo 049 de 1990, junto con el pago del retroactivo.

Relató que el 11 de diciembre de 1978, contrajo matrimonio con Gildardo Martínez Palacio, con quien convivió cerca de 34 años. Que el causante cotizó 734.19 semanas entre el 15 de enero de 1985 y el 31 de diciembre de 2009, pero que si Colpensiones hubiera colacionado el tiempo en que prestó el servicio militar, de enero de 1978 a diciembre de 1979, el total de aportes ascendería a 837.15 semanas, 567.19 en vigencia del Acuerdo 049 de 1990.

Expuso que mediante Resolución GNR 308337 de 19 de noviembre de 2013, confirmada por la GNR 155147 del 25 de mayo de 2016, la demandada negó el reconocimiento de la prestación con el argumento de que el afiliado no cotizó 50 semanas dentro de los 3 años anteriores al deceso, como lo exige la Ley 797 de 2003. Que le fue concedida la indemnización sustitutiva.

Colpensiones se opuso al éxito de las pretensiones y formuló las excepciones de inexistencia de la obligación, prescripción, buena fe, cobro de lo no debido, imposibilidad jurídica para cumplir lo pretendido y ausencia de causa para demandar. Admitió la fecha del deceso, la calidad de afiliado, la solicitud de la prestación, la respuesta negativa, y el número de semanas cotizadas.

Adujo que la norma aplicable era la Ley 797 de 2003, en tanto estaba en vigencia al momento de la muerte y que el afiliado no cotizó 50 semanas dentro de los 3 años anteriores a ese suceso. Que el principio de la condición más beneficiosa no permite la búsqueda histórica de normas.

Por auto de 4 de septiembre de 2019, el a quo ordenó vincular al proceso a María Fernanda Martínez Rengifo, hija del afiliado, quien admitió los hechos y respaldó lo reclamado por la demandante.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El 5 de agosto de 2020, el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Buga absolvió a la demandada e impuso costas a la accionante.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Se surtió por apelación de la actora. El Tribunal confirmó el fallo de primer grado, con costas a la apelante.

Delimitó el problema jurídico a verificar si conforme los lineamientos del principio de la condición más beneficiosa, la accionante tenía derecho a la pensión de sobrevivientes.

Tras definir que la norma llamada a dirimir el litigio era el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, dedujo insatisfecha la exigencia de 50 semanas cotizadas en los 3 años anteriores a la muerte del afiliado, toda vez que la historia laboral de Martínez Palacio y la Resolución VPB43003 de 2016 (fls. 23 a 27, 37 a 42) daban cuenta de que la última cotización fue efectuada en diciembre de 2009, y el fallecimiento acaeció el 17 de diciembre de 2012 (fl. 15).

Memoró que, según sentencias CSJ SL, 22 oct. 2013, rad. 39229, CSJ SL, 8 may. 2012, rad. 35319 y CSJ SL, 25 jul. 2012, rad. 38674, entre otras, el principio de la condición más beneficiosa permite que el beneficiario acceda a la prestación de sobrevivencia, en los términos de la norma inmediatamente anterior a la que estaba vigente cuando ocurrió la muerte del afiliado. Que como el precepto aplicable era la Ley 797 de 2003, pues el deceso ocurrió el 17 de diciembre de 2012, la producción de efectos de aquel postulado no podría superar la versión original de la Ley 100 de 1993.

De esta suerte, concluyó que no procedía dispensar la pensión pues, de las 734.19 semanas cotizadas entre enero de 1985 y diciembre de 2009, ninguna lo fue en el trienio inmediatamente anterior al deceso, ni dentro del año anterior a la entrada en vigor de la reforma de 2003, conforme las reglas del literal b) del artículo 46 de la Ley 100 de 1993, en su versión original.

Descartó que hubiese acreditado las exigencias del parágrafo 1 del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, pues no sufragó 1000 semanas, ni 750 a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005.

RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por la promotora del juicio, fue concedido por el Tribunal y admitido por la Corte. Se procede a resolver.

ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Mediante la formulación de un cargo, replicado en tiempo, pretende que la Corte case la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, revoque el fallo de primera instancia y, en su lugar, acceda a las pretensiones.

CARGO ÚNICO

Denuncia violación directa, por interpretación errónea, de los artículos 48, 53, 58 y 83 de la Constitución Política e indebida aplicación del artículo 25 del Acuerdo 049 de 1990.

Reprocha que el Tribunal adoptara el criterio de la Sala de Casación Laboral, a despecho del de la Corte Constitucional, en materia de condición más beneficiosa en perspectiva de resolver sobre la concesión de la pensión de sobrevivientes. Arguye que en fallos CC SU 442-2016 y CC SU 005-2018, el juez constitucional aplicó ultractivamente las reglas del Acuerdo 049 de 1990, «en particular, el requisito de semanas de cotización exigido para causar el derecho».

Arguye que limitar el principio de la condición más beneficiosa a la norma inmediatamente anterior propicia una solución inequitativa, puesto que «la persona realizó un gran esfuerzo por aportar al sistema, en un contexto de desempleo, informalidad y enfermedad». Que el sistema busca amparar a las personas en «situaciones menos gravosas que inclusive, contribuyeron en menor medida a su sostenibilidad».

Expone que la aplicación de este principio, no se opone al de sostenibilidad financiera, dado que el afiliado aportó 481 semanas, más de las 50 que exige la norma; agrega que «quien contribuye más no tiene derecho a la pensión y quien contribuye menos sí tiene derecho, circunstancia que desconoce el principio, valor y derecho a la IGUALDAD».

Insiste que la búsqueda histórica de normas permite acudir al Acuerdo 049 de 1990 para conceder el derecho pretendido, toda vez que el afiliado reunió más de las 300 semanas requeridas en vigencia del reglamento del ISS. Lamenta que la zona de paso habilitada por esta Corte para dar aplicación al principio de la condición más beneficiosa, sea solo de 3 años y contraríe la postura de la Corte Constitucional.

RÉPLICA

Colpensiones asegura que la norma aplicable es la Ley 797 de 2003, en tanto el afiliado falleció el 17 de diciembre de 2012 y como no cotizó 50 semanas dentro de los tres años anteriores a la muerte, no es posible resolver conforme al principio de la condición más beneficiosa, pues el deceso no ocurrió en «el límite temporal impuesto por la jurisprudencia». Asevera que lo adoctrinado por esta Corte no habilita la búsqueda histórica de normas más allá de la inmediatamente anterior a la vigente al momento de la muerte.

CONSIDERACIONES

Si bien, el a quo ordenó su vinculación como litis consorte necesaria, María Fernanda Martínez Rengifo no manifestó interés en el resultado del proceso; por el contrario, se acogió a lo manifestado y reclamado por la demandante, y no formuló pretensiones propias. De esta suerte, ninguna irregularidad suscita la falta de pronunciamiento concreto en los fallos de instancia, en relación con esta interviniente. Por ello, no surge la necesidad de agotar mecanismos como el grado jurisdiccional de consulta.

Dada la senda de ataque, no es materia de debate que Gildardo Martínez Palacio falleció el 17 de diciembre de 2012, ni que cotizó un total de 734 semanas desde enero de 1985 hasta diciembre de 2009. Tampoco, que no satisfizo la densidad de cotizaciones exigida por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, ni que al momento del deceso, no se encontraba cotizando al sistema de pensiones. Así mismo, no existe duda de la calidad de cónyuge supérstite de Alba Lucia Rengifo de Martínez.

La censura reprocha que el Tribunal no concediera la prestación bajo los parámetros del Acuerdo 049 de 1990, en aplicación del principio de la condición más beneficiosa.

El juez de alzada consideró que la norma llamada a resolver el litigio era la vigente en la fecha de deceso del afiliado y, como quiera que la muerte ocurrió en 2012, la llamada a operar era la Ley 797 de 2003. Dijo que no procedía la aplicación del principio de la condición más beneficiosa, en tanto el suceso no ocurrió en los 3 años siguientes a la entrada en vigor de la norma y, además, si se aplicara el precepto inmediatamente anterior, no se cumplen los requisitos previstos en la versión original de la Ley 100 de 1993.

En ese orden, la Sala se ocupará de verificar si el Tribunal debía definir el derecho con apego al Acuerdo 049 de 1990, en virtud del principio de la condición más beneficiosa, o si acertó al llamar a operar la Ley 797 de 2003, como quiera que el afiliado falleció durante su vigencia.

Para resolver, importa recordar que, en materia de pensión de sobrevivientes, esta Corporación tiene asentada la regla general de que la disposición aplicable es la vigente al momento en que ocurrió el deceso del afiliado o pensionado (CSJ SL2476-2018). De ahí que, como tal evento ocurrió el 17 de diciembre de 2012, el precepto legal a tener en cuenta es el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, que exige 50 semanas cotizadas dentro de los 3 años que antecedieron a la muerte.

Está definido que el afiliado no aportó las semanas requeridas, puesto que cotizó por última vez en diciembre de 2009 y su deceso ocurrió en 2012. Para dar respuesta a la censura, se torna necesario estudiar la posibilidad de solucionar la contienda bajo la preceptiva del último reglamento del Instituto de Seguros Sociales que reguló la pensión de sobrevivientes.

En innumerables fallos de esta Sala de la Corte, tal solución está descartada. Se ha reiterado que aún a la luz del principio de la condición más beneficiosa, es inviable dar aplicación plusultractiva a la ley, en tanto dada la retrospectividad o aplicación inmediata de las normas del trabajo y de la seguridad social, no es razonable hacer una búsqueda histórica en legislaciones anteriores, a fin de ajustar la solución a las condiciones particulares del de cujus (CSJ SL9762-2016, CSJ SL9763-2016, CSJ SL9764-2016, CSJ SL15612-2016, CSJ SL15617-2016, CSJ SL1689-2017, entre otras).

La jurisprudencia tiene adoctrinado que, de cara a la falta de un régimen de transición en eventos como el que ahora ocupa la atención de la Sala, cuando el afiliado fallece en vigencia de la Ley 797 de 2003, sin contar con el número de cotizaciones exigidas, es posible acudir al principio de la condición más beneficiosa, para que, conforme a las reglas del ordenamiento inmediatamente anterior, se resuelva su pretensión.

En sentencia CSJ SL4650-2017 se adoctrinó que el objeto del principio constitucional es servir de puente de amparo a quienes, teniendo una situación jurídica concreta, transiten entre una ley y otra, y no se encontraren cotizando al sistema general de pensiones a la fecha del cambio de la Ley 100 de 1993 a la 797 de 2003. En estos casos es necesario acreditar que i) el deceso ocurrió en el periodo que se denominó zona de paso; esto es, entre el 29 de enero de 2003 y el 29 de enero de 2006; ii) se demuestre que en el año inmediatamente anterior a la entrada en vigencia de la segunda normativa, había aportado 26 semanas, y iii) hubiese cotizado esta misma densidad en el año que antecedió al fallecimiento.

En ese orden, fácil resulta colegir que no se abre paso la aplicación de la versión original de la Ley 100 de 1993, toda vez que el cónyuge de la actora falleció el 17 de diciembre de 2012, y no cotizó la densidad exigida por aquel ordenamiento. Es decir, si se aplicara dicho precepto, habría que concluir que el afiliado no cumplió las exigencias para dejar causado el derecho; esto es, 26 semanas en el año anterior a su deceso.

Desde la perspectiva del parágrafo 1 del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, tampoco hay lugar a conceder la prestación, en la medida en que al momento de su muerte, el afiliado no contaba con el número mínimo de semanas «requerido en el régimen de prima en tiempo anterior a su fallecimiento, sin que haya tramitado o recibido una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez o la devolución de saldos de que trata el artículo 66 de esta ley»; pues apenas alcanzó 734 semanas en toda su vida laboral, que no las 1225 exigidas para esa fecha.

De lo expuesto, queda claro que al tratarse de un afiliado que falleció en 2012, la única conclusión posible es que la norma llamada a resolver su situación o la de sus beneficiarios, es la Ley 797 de 2003. Lo anterior, como quiera que el deceso no se produjo dentro del horizonte de tiempo definido por la jurisprudencia, en los términos explicados.

En consecuencia, el cargo no prospera.

Las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo de la demandante, dado que hubo réplica. Como agencias en derecho se fijan $5.300.000, que serán incluidos en la liquidación que haga el juzgado de primera instancia, en los términos del artículo 366-6 del Código General del Proceso.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 15 de diciembre de 2021, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, en el proceso que promovió ALBA LUCIA RENGIFO DE MARTÍNEZ contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES, COLPENSIONES, al que fue vinculada MARÍA FERNANDA MARTÍNEZ RENGIFO.

Costas como se dijo.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

DONALD JOSÉ DIX PONNEFZ

JIMENA ISABEL GODOY FAJARDO

JORGE PRADA SÁNCHEZ

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