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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Sentencia SL742-2020

Fecha
3 de marzo de 2020
Magistrado ponente
Omar de Jesus Restrepo Ochoa
Citada por
4 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SL742-2020

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Parte resolutiva

DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, el treinta y uno (31) de marzo de dos mil catorce (2014), en el proceso que instauró JACQUELINE GIRALDO FICHICA, contra TECNOQUÍMICAS S.A. Sin costas, en sede extraordinaria. En sede de instancia, RESUELVE: PRIMERO: REVOCAR el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia, proferida por el Juzgado Sexto de Descongestión Laboral del Circuito de Cali el 9 de agosto de 2013. En su lugar, SE DECLARA probada la excepción de prescripción de la acción para obtener el reintegro al cargo que desempeñaba la actora o uno acorde con su situación de discapacidad. SEGUNDO: DECLARAR parcialmente probada la excepción de prescripción, frente a las prestaciones periódicas derivadas de la pretensión de ineficacia del despido consagrada en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, la cual comprende los salarios y prestaciones sociales legales y extralegales, causados con antelación al 15 de octubre de 2007, y los aportes a la seguridad social en pensiones, desde la fecha del despido. TERCERO: CONDENAR a Tecnoquímicas S.A., a pagar a favor de Jacqueline Giraldo Fichica, los salarios y las prestaciones legales y extralegales, incluidos los aportes a la seguridad social, causados desde el 15 de octubre de 2007, hasta la fecha en que se haga efectiva la obligación. CUARTO: Costas, en las instancias, a cargo de la demandada.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral

Sentencia SL742-2020

Magistrado ponente: Omar de Jesus Restrepo Ochoa

3 de marzo de 2020

OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA

Magistrado ponente

SL742-2020

Radicación n.° 69263

Acta 007

Bogotá, DC, tres (3) de marzo de dos mil veinte (2020).

Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por JACQUELINE GIRALDO FICHICA, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, el 31 de marzo de 2014, en el proceso que instauró contra TECNOQUIMICAS S.A.

ANTECEDENTES

Jacqueline Giraldo Fichica llamó a juicio a Tecnoquímicas S.A., con el fin de que se declarara la ineficacia del despido injusto, por cuanto no se obtuvo la autorización del Ministerio de la Protección Social porque estaba en «ESTADO DE DISCAPACIDAD O LIMITACIÓN FÍSICA PARCIAL MANIFIESTA Y EN CIRCUNSTANCIAS DE DEBILIDAD MANIFIESTA» como resultado del accidente de trabajo que sufrió el 5 de junio de 2003.

En consecuencia, que la demandada fuera condenada reintegrarla a un cargo acorde con su discapacidad, con el acompañamiento y supervisión del Ministerio del Trabajo o de Suratep ARS; al pago de los salarios y prestaciones legales y extralegales dejados de percibir durante el tiempo que estuvo separada del cargo; los aportes a la seguridad social; la indemnización consagrada en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997; los intereses moratorios; la indexación de las condenas, y las costas procesales.

Como sustento de sus pretensiones adujo que desempeñaba el cargo de coordinadora de bodega para el año 2003; que el 5 de junio de esa anualidad sufrió un accidente de tránsito, el cual se reportó a Suratep; que quedó parcialmente discapacitada para trabajar; que la ARP le recomendó a la demandada que la reubicara de acuerdo con su estado de salud; que fue despedida unilateralmente y sin justa causa el 10 de septiembre de 2004 pues no se obtuvo autorización previa del Ministerio de la Protección Social, hoy del Trabajo.

Arguyó que Tecnoquímicas S.A., conocía su estado de limitación física al momento del despido toda vez que Suratep se le informó mediante comunicaciones del 28 de agosto de 2003, 6 de mayo y 7 de septiembre de 2004; que después de la terminación del contrato fue calificada por la ARP con una pérdida de capacidad laboral de 13.47%, mientras que la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Valle del Cauca la Cali la rebajó al 12.73%, y la Junta Nacional al 10.94%.

Al dar respuesta a la demanda, Tecnoquímicas S.A., la se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, aceptó la ocurrencia del accidente, el cargo desempeñado, y que fue atendida por Suratep; igualmente, que la ARP le comunicó que actora presentaba una pérdida de capacidad laboral, pero que se estructuró luego de fenecer la relación laboral, de acuerdo con las calificaciones emitidas por las Juntas Regional y Nacional de Invalidez. Expresó que los demás hechos no le constaban.

Señaló que la demandante no gozaba de estabilidad laboral reforzada ya que la estructuración del estado de discapacidad fue el 4 de octubre de 2004, o sea 24 días después de la terminación del vínculo, y el dictamen se realizó 5 meses después de culminado el contrato; que tampoco cumplía las condiciones previstas en el artículo 5 de la Ley 361 de 1997; por lo tanto, no era necesario solicitar autorización del Ministerio de la Protección Social.

En su defensa propuso las excepciones de pleito pendiente, con relación a la pretensión denominada «[…] por los demás valores y derechos laborales que aparezcan probados en el curso del proceso», que hacía parte de otro proceso que cursaba en el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Cali, prescripción de la acción para solicitar la declaración de ineficacia de la terminación del contrato y para solicitar el reintegro del demandante, cobro de lo no debido, inexistencia de causa de las obligaciones demandadas, inexistencia del derecho para solicitar la indemnización del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, prescripción general, buena fe y compensación.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Sexto de Descongestión Laboral del Circuito de Cali, mediante fallo del 9 de agosto de 2013, resolvió:

PRIMERO: DECLARAR que la terminación del vínculo laboral entre la señora JACQUELINE GIRALDO FICHICA y TECNOQUÍMICAS S.A., fue ilegal e inconstitucional, por lo cual se torna ineficaz, por haberse realizado con vulneración de los mandatos legales y constitucionales que amparaban a la mencionada señora por sus condiciones de debilidad manifiesta.

SEGUNDO: DECLARAR probada la excepción de prescripción respecto de todos los derechos que reclama la señora JACQUELINE GIRALDO FICHICA dentro de este proceso derivados de la declaratoria anterior.

TERCERO: ABSOLVER a la empresa TECNOQUÍMICAS S.A. […], de todas las demás pretensiones que en su contra formuló la señora JACQUELINE GIRALDO FICHICA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Por apelación de la demandante, la Sala Sexta de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, a través de sentencia del 31 de marzo de 2014, confirmó la decisión.

En lo que interesa al recurso extraordinario, el tribunal, que debía establecer si se configuró o no la prescripción de la acción; de ser negativo, determinar si había lugar al reintegro. Para tal efecto citó doctrina relacionada con la figura jurídica en comento; transcribió el artículo 151 del CPTSS en relación con el 488 del CST y el 90 del CPC.

Adujo que la señora Giraldo Fichica fue despedida el 10 de septiembre de 2004 (f.° 15); que la demanda fue presentada el 15 de octubre de 2010 (f.°1); que, por consiguiente, los derechos reclamados estaban afectados por el fenómeno prescriptivo, pues entre una fecha y otra transcurrieron más de 3 años.

Admitió que el término prescriptivo fue interrumpido según lo normado por el artículo 489 del CST con la «Reclamación de Derechos Laborales» efectuada por la actora el día 24 de septiembre de 2009 (f.° 55); pero esa fecha, con relación a la presentación de la demanda, también excedió el trienio indicado.

Destacó que no era equivocada la conclusión del a quo, pues era evidente la afectación, por el fenómeno prescriptivo, de las pretensiones de la demanda, sin que por ello se vulnerara derecho fundamental alguno, en tanto las normas en que se fundaba la prescripción eran de orden público como lo reconoció la sentencia CC C-289-2002:

«[…] la prescripción extintiva contribuye a la paz social, a la seguridad jurídica y en manera alguna vulnera los derechos constitucionales. La Corte afirmó que “los derechos constitucionales no prescriben” […] esto no significa que la prescripción extintiva vulnere el orden constitucional pues ésta cumple funciones sociales y jurídicas de gran importancia, ya que contribuye a la seguridad jurídica y a la paz social al fijar límites temporales para adelantar controversias y ejercer acciones judiciales.

De igual manera, reprodujo los siguientes apartes de la CC-412-1999:

No se quebranta el derecho de los trabajadores, ni los principios mínimos fundamentales consagrados en el artículo 53 superior, sino que por el contrario, se limita en forma razonable y lógica a establecer que el reclamo del trabajador con respecto a un derecho determinado, interrumpe la prescripción por una sola vez a partir de la recepción por parte del patrono del respectivo reclamo. Tampoco se contradicen dichos principios, porque la finalidad que persigue el legislador en el asunto materia de examen, es adecuar a la realidad el sentido mismo de la oportunidad, y de otro lado, determinar el lapso de interrupción de la prescripción en materia laboral.

Adujo que en esa misma providencia se aludió a la declaratoria de exequibilidad de los artículos 488 del CST y 151 del CPTSS y transcribió apartes de la sentencia CC C-072-1994, para concluir que no se equivocó el juzgado de conocimiento pues era claro que «[…] la incuria de quien no ejerce oportunamente los mecanismos legales establecidos para hacer efectivos sus derechos, es lo que sanciona la plurimentada institución jurídica». Así mismo, «[…] que lo planteado en la alzada supone la espera eterna a que el potencial beneficiario del derecho haga el respectivo reclamo ante la jurisdicción, situación que va en detrimento de la seguridad jurídica».

RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por la demandante, concedido por el tribunal y admitido por la corte, se procede a resolver.

ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Pretende que la corte case la sentencia impugnada, para que, en sede de instancia, «[…] revoque parcialmente la dictada por el juzgado de primera instancia, y en su lugar se despachen favorablemente las demás pretensiones solicitadas en la demanda».

Con tal propósito formuló un cargo, por la causal primera de casación, el cual fue replicado.

CARGO ÚNICO

Acusó la sentencia de ser violatoria de la ley sustancial, por vía directa, en la modalidad de interpretación errónea de los artículos 488 del CST y 151 CPTSS, y falta de aplicación de los de los artículos 1, 9, 10, 11, 13, 14, 18, 20, 21, 55, 127, 140, 186, 189, 249, 306 literal a) del CST; 1 y 2 de la Ley 52 de 1975; 99 numerales 1, 2 y 3 de la Ley 50 de 1990; Decreto 116 de 1976; 26 inciso segundo de la Ley 361 de 1997; l, 2, 4, 13, 25, 29, 47, 53, 86, 228, 229 y 230 de la CN.

En la demostración del cargo, transcribió el artículo 151 del CPTSS y las sentencias CC C-531-2000 y CC C-298-2002; argumentó que la interpretación errónea de las normas invocadas consistió en que el tribunal consideró que el derecho laboral reclamado se hizo efectivo al momento de configurarse el despido; que no tuvo en cuenta que la terminación del contrato jamás existió puesto que el juzgado declaró judicialmente su ineficacia.

Insistió en que la declaratoria de ineficacia del despido le impedía al tribunal efectuar los razonamientos en torno a la prescripción de la acción con base en la fecha de terminación del contrato de trabajo, 10 de septiembre de 2004, y la presentación de la demanda, 15 de octubre de 2010; estimó que esa interpretación del artículo 489 del CST era equivocada por cuanto la jurisprudencia en cita y la normatividad aplicable al asunto «[…] establecían que carecía de todo efecto jurídico el despido de una persona por su discapacidad sin que existiera autorización previa del Ministerio de la Protección Social, hoy Ministerio de Trabajo»; es decir que, «[…] produce un efecto jurídico distinto, y es que deja incólume el contrato o vínculo o relación laboral sin solución de continuidad, ipso jure, una especie de statu quo, que vuelve las cosas al estado anterior a la decisión del empleador declarada ineficaz, como si ésta nunca hubiere existido».

Recalcó que al declararse la ineficacia de la decisión que dio por terminado el contrato de trabajo, éste recobraba sus efectos jurídicos, y seguía vigente hasta que las partes no lo dieran por terminado conforme lo establecía la ley; por tanto, «[…] el fenómeno de la prescripción no podía tener el alcance de extinguir en forma absoluta los derechos derivados del contrato de trabajo, ya que tan sólo podrá afectarlos parcialmente en la medida que se hayan causado y no se reclamen oportunamente».

En virtud de lo anterior, concluyó:

Es decir, que en el caso sometido a estudio, los derechos de tracto sucesivos y periódicos derivados de la relación laboral vigente, causados con anterioridad a Septiembre 24 de 2006, deben ser declarados prescritos; y así debió declararlo el AD QUEM en su sentencia, en una correcta y adecuada interpretación de los artículos 151 del Código Procesal del Trabajo y 488 del Código Sustantivo del Trabajo, los cuales aplicó para decidir la segunda instancia; pero no los de tracto sucesivos y periódicos causados con posterioridad a la fecha indicada y derivados de una relación laboral vigente, como los salarios y prestaciones legales y extralegales adeudadas a la trabajadora, tales como cesantías, intereses a las cesantías, primas, vacaciones, seguridad social, los cuales no se encuentran prescritos; y por lo tanto, el sentenciador de segunda instancia debe condenar a la sociedad demandada, TECNOQUIMICAS S.A., a pagárselos a la trabajadora demandante, por encontrarse ésta inmersa en el supuesto de hecho contemplado en el artículo 140 del Código Sustantivo del Trabajo, debidamente indexados y con intereses moratorios, en plena reparación de sus derechos, y ordenar su reintegro al trabajo como una consecuencia de la declaratoria judicial de ineficacia de la decisión de la empleadora de haber dado por terminado el contrato de trabajo, en Septiembre 10 de 2004.

RÉPLICA

Tecnoquímicas S.A., adujo que el concepto de la violación debió invocarse en la modalidad de aplicación indebida de las normas acusadas y no por interpretación errónea. En lo demás, defendió la hermenéutica establecida por el tribunal.

CONSIDERACIONES

Sea primero indicar, que no se presenta la falencia de técnica endilgada por la opositora puesto que la modalidad de interpretación errónea de las normas que regulan la prescripción de la acción para reclamar los derechos laborales, en este caso específico deviene del equivocado enfoque que le imprimió el tribunal cuando se trata de la problemática relacionada con la «ineficacia del despido».

Debe entonces la sala dilucidar, si la declaratoria de ineficacia del despido de la demandante por parte del juzgado de conocimiento, amparada en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, que es un aspecto que no mereció discusión en segunda instancia y por tanto quedó incólume, se vio afectada por el fenómeno de la prescripción de la acción consagrado en los artículos 488 y 489 del CST, y 151 del CPTSS.

El juez colegiado adujo que la señora Giraldo Fichica fue despedida el 10 de septiembre de 2004 (f.° 15); que la demanda fue presentada el 15 de octubre de 2010 (f.°1); que, por consiguiente, los derechos reclamados estaban afectados por el fenómeno prescriptivo, pues entre una fecha y otra transcurrieron más de 3 años; destacó que no era equivocada la conclusión del a quo, pues era evidente la afectación, por el fenómeno prescriptivo, de las pretensiones de la demanda, sin que por ello se vulnerara derecho fundamental alguno, en tanto las normas en que se fundaba la prescripción eran de orden público; que era claro que «[…] la incuria de quien no ejerce oportunamente los mecanismos legales establecidos para hacer efectivos sus derechos, es lo que sanciona la plurimentada institución jurídica». Así mismo, «[…] que lo planteado en la alzada supone la espera eterna a que el potencial beneficiario del derecho haga el respectivo reclamo ante la jurisdicción, situación que va en detrimento de la seguridad jurídica».

Por su parte, la recurrente recalcó que al declararse la ineficacia de la decisión que dio por terminado el contrato de trabajo, éste recobraba sus efectos jurídicos, y seguía vigente hasta que las partes no lo dieran por terminado conforme lo establecía la ley; por tanto, «[…] el fenómeno de la prescripción no podía tener el alcance de extinguir en forma absoluta los derechos derivados del contrato de trabajo, ya que tan sólo podrá afectarlos parcialmente en la medida que se hayan causado y no se reclamen oportunamente».

Pues bien, a juicio de la corte le asiste parcialmente la razón a la censura, de acuerdo con los siguientes argumentos:

Esta corporación ha señalado que la prescripción de la acción para reclamar derechos laborales depende de escenarios específicos; así, es distinto el tratamiento cuando se trata de la acción para obtener el reintegro en casos de fuero sindical, contrato realidad, estabilidad convencional, etc., de aquella tendiente a obtener la ineficacia del despido; aunque, valga reconocerlo, son figuras que comparten tópicos similares, por ejemplo, mientras este hecho jurídico -ineficacia del despido- no sea declarado judicialmente, no podrá reclamar el trabajador los derechos conculcados; igualmente, es […] la orden judicial de reintegro la que determina la exigibilidad de los derechos laborales correspondientes al interregno que permaneció el trabajador retirado del servicio de manera ilegal, puesto que estos se generan de la ineficacia del despido que activa la ficción de la continuidad de la relación laboral» (CSJ SL219-2018).

La doctrina de la corte que sirve para esclarecer el cargo objeto de estudio, específicamente en lo concerniente a las similitudes y diferencias entre la ineficacia y el reintegro, en sí mismo considerados, desde la óptica de la prescripción de la acción, puede apreciarse en la sentencia CSJ SL 25376, 29 nov. 2005, que ha sido replicada en las decisiones CSJ SL 33529, 27 may. 2009 y SL4358-2018, que señala al respecto:

Por otra parte, en este caso si bien el demandante aspira en la demanda inicial a que se declare que su despido no produjo efecto legal alguno, en materia de condena lo que principalmente pretende es que se le reinstale o reintegre en el mismo cargo y se le paguen los salarios dejados de percibir y es en relación con esta pretensión que ahora en el recurso extraordinario se busca que se exprese por la Corte que no procede la prescripción.

Resulta pertinente la anterior precisión, por cuanto alega el recurrente que la prescripción de los derechos laborales no opera cuando se trata de prestaciones periódicas como las pensiones y el derecho a la reinstalación que se basa en la ineficacia del despido. Sin embargo, el reintegro al cargo en sí mismo considerado prescribe según la regla general de las leyes sociales, que disponen, sin exclusión alguna, que los derechos prescriben, por regla general, en tres años, de manera que, con independencia del fundamento que se haga valer para sostener que el despido es ilegal, incluyendo en ese fundamento la ineficacia o la nulidad de la desvinculación, el derecho al reintegro que se invoque como consecuencia de esa ineficacia está condicionado, para su reconocimiento judicial, al término extintivo que la ley determine.

Si las leyes sobre prescripción o la naturaleza de la pretensión no permiten excluir de los efectos extintivos al reintegro, nada puede decir en contrario el intérprete.

Con la denominada pensión sanción se da una situación particular, porque cuando el juez declara el cumplimiento de los requisitos que la establecen, así mismo declara que en cabeza del peticionario se ha consolidado un estado jurídico, similar y de iguales características al estado civil de las personas, que según la ley civil y la naturaleza de ese estado es imprescriptible, de manera que el paso del tiempo debido a la inactividad del acreedor sólo afecta los derechos que emanan de ese estado jurídico y que, en tratándose de la pensión, son las mesadas pensionales.

Con la acción que se propone para declarar la ineficacia de un despido lo que se pretende es el reconocimiento judicial de un hecho jurídico y por eso el juez puede declararla sin consideración al espacio de tiempo que haya transcurrido entre el suceso y la demanda. Precisamente porque los hechos y no el derecho prescriben, la Sala Laboral de la Corte ha considerado, en número plural de providencias, como la que cita la censura, la imprescriptibilidad de esa acción, y eso ha permitido reconocer el derecho a la pensión reclamada tardíamente, porque el estado jurídico de pensionado es imprescriptible.

Pero en cambio ha negado esa consecuencia en relación con el reintegro, porque no se asimila a un hecho ni a un estado jurídico, toda vez que se trata de un derecho que según las leyes sociales puede extinguirse cuando no se hace valer dentro de determinado tiempo. Así se precisó con toda claridad en la propia providencia que el recurrente curiosamente cita en su apoyo, en la que se puntualizó la diferencia, para efectos de la prescripción, entre el reintegro y las consecuencias de un despido ineficaz:

“d) La acción de reintegro junto a sus salarios anexos es susceptible de extinguirse por prescripción y por lo general en corto tiempo. En cambio, la acción para declarar la ineficacia de un despido, dado que lo que busca es el reconocimiento judicial de un hecho jurídico anterior no prescribe en cuanto tal, sino que prescriben ordinariamente los derechos que sucesivamente se van causando como consecuencia de hallarse el trabajador en la situación del artículo 140” (Gaceta Judicial CCXXXII Número 2471, página 944).” (Radicación 25376 – 29 de noviembre de 2005). (Subrayas y negrillas fuera del texto).

De la línea jurisprudencial anterior, se desprende: que la acción para reclamar el reintegro al cargo desempeñado por la demandante, se hallaba prescrita, y en tal medida no incurrió el tribunal en dislate hermenéutico.

Sin embargo, como quiera que la decisión de primera instancia declaró la ineficacia del despido y la parte demandada no lo cuestionó a través del recurso de apelación, es un aspecto de deviene incólume en sede extraordinaria. Por tanto, como lo tiene precisado de antaño la jurisprudencia, dado que la ineficacia «[…] lo que busca es el reconocimiento judicial de un hecho jurídico anterior, no prescribe en cuanto tal, sino que prescriben ordinariamente los derechos que sucesivamente se van causando como consecuencia de hallarse el trabajador en la situación del artículo 140 del CST».

Aunque podría argumentarse que la ineficacia no puede deslindarse del reintegro, para efectos de aplicar la prescripción, lo cierto es que en este caso es latente la aplicación del principio de favorabilidad (arts. 53 CN y 21 CST); dicha institución jurídica se encuentra llamada a operar «[…] ante la duda en la aplicación o interpretación de las fuentes formales de derecho, vale decir, cuando se enfrentan disposiciones coexistentes aparentemente contradictorias que regulen el tema, eventualidad en la que el juzgador ha de aplicar la que más convenga a los intereses del trabajador» (CSJSL 17089-2014).

La norma sustancial que regula la materia, expresa:

Ley 361 de 1997, artículo 26. En ningún caso la limitación de una persona, podrá ser motivo para obstaculizar una vinculación laboral, a menos que dicha limitación sea claramente demostrada como incompatible e insuperable en el cargo que se va a desempeñar. Así mismo, ninguna persona limitada podrá ser despedida o su contrato terminado por razón de su limitación, salvo que medie autorización de la oficina de Trabajo

No obstante, quienes fueren despedidos o su contrato terminado por razón de su limitación, sin el cumplimiento del requisito previsto en el inciso anterior, tendrán derecho a una indemnización equivalente a ciento ochenta días del salario, sin perjuicio de las demás prestaciones e indemnizaciones a que hubiere lugar de acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas que lo modifiquen, adicionen, complementen o aclaren.

Es de relievar, que el sub examine la ineficacia del despido tiene un plus constitucional, como se puso de presente en la sentencia CC C-531-2000 al morigerar la exequibilidad de la norma, en los siguientes términos:

[…]

Efectivamente, la indemnización establecida en el inciso 2o. del artículo 26 de la Ley 361 de 1997 presenta una constitucionalidad cuestionable en virtud de la insuficiencia para garantizar la estabilidad laboral reforzada que se predica de los trabajadores discapacitados.

ii.) Dicho mecanismo indemnizatorio no otorga eficacia jurídica al despido o terminación del contrato sin autorización previa del funcionario del trabajo, sino que constituye una sanción adicional para el patrono que actúa contradiciendo la protección de la estabilidad laboral reforzada de los minusválidos. Es decir, como lo anunciara uno de los intervinientes, la indemnización de esa forma descrita torna en económica una obligación de hacer incumplida.

iii.) Declarar la inexequibilidad del inciso 2o. del artículo 26 de la Ley 361 de 1997 produce mayores perjuicios para el discapacitado que es despedido o cuyo contrato es terminado, sin la autorización del funcionario del trabajo, pues, de un lado, pierde la posibilidad de recibir dicho monto y lo que es peor, deja de existir una sanción indemnizatoria para el empleador con la cual se pretende desestimular cualquier actuación en ese sentido.

iv.) Existe en la regulación controvertida una omisión relativa del legislador por la falta de señalamiento de una protección suficiente a la discapacidad para que de esta manera armonice con los mandatos superiores, la cual deberá ser subsanada mediante la aplicación directa de los principios y mandatos constitucionales mediante la expedición de una sentencia integradora, tal y como se hizo en la Sentencia C-479 de 1997, en la forma ya vista.

En consecuencia, la Corte procederá a integrar al ordenamiento legal referido los principios de respeto a la dignidad humana, solidaridad e igualdad (C.P., arts. 2o. y 13), así como los mandatos constitucionales que establecen una protección especial para los disminuidos físicos, sensoriales y síquicos (C.P., arts. 47 y 54), de manera que, se procederá a declarar la exequibilidad del inciso 2o. del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, bajo el entendido de que el despido del trabajador de su empleo o terminación del contrato de trabajo por razón de su limitación, sin la autorización de la oficina de Trabajo, no produce efectos jurídicos y sólo es eficaz en la medida en que se obtenga la respectiva autorización. En caso de que el empleador contravenga esa disposición, deberá asumir además de la ineficacia jurídica de la actuación, el pago de la respectiva indemnización sancionatoria. (Subrayas externas).

En esa medida, el cargo prospera.

Sin costas, en sede extraordinaria.

SENTENCIA DE INSTANCIA

No se presta a discusión: (i) que la señora Giraldo Fichica fue despedida el 10 de septiembre de 2004 (f.° 15); (ii) que la demanda fue presentada el 15 de octubre de 2010 (f.°1); (iii) que la acción para obtener el reintegro al cargo, se encuentra prescrita; (iv) que si bien la acción para demandar la ineficacia del despido se podía impetrar en cualquier tiempo, lo cierto es que están afectados por la prescripción los derechos laborares causados y no reclamados dentro de los tres (3) años posteriores a su causación, siendo la demanda el acto que la interrumpió.

En consecuencia, hay lugar a condenar a la demandada a pagar a favor de la demandante los salarios y las prestaciones legales y extralegales, causados desde el 15 de octubre de 2007, hasta la fecha en que se haga efectiva la obligación, incluidos los aportes a la seguridad social en pensiones desde la fecha del despido porque no prescriben (art. 48 CN).

No se impondrá la condena por la sanción equivalente a 180 días del salario devengado al momento del despido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, tras considerar que está afectada por el fenómeno prescriptivo consagrado en los artículos 488 del CST y 151 del CPTSS.

Las costas, en las instancias, correrán a cargo de la demandada.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, el treinta y uno (31) de marzo de dos mil catorce (2014), en el proceso que instauró JACQUELINE GIRALDO FICHICA, contra TECNOQUÍMICAS S.A.

Sin costas, en sede extraordinaria.

En sede de instancia,

RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia, proferida por el Juzgado Sexto de Descongestión Laboral del Circuito de Cali el 9 de agosto de 2013. En su lugar, SE DECLARA probada la excepción de prescripción de la acción para obtener el reintegro al cargo que desempeñaba la actora o uno acorde con su situación de discapacidad.

SEGUNDO: DECLARAR parcialmente probada la excepción de prescripción, frente a las prestaciones periódicas derivadas de la pretensión de ineficacia del despido consagrada en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, la cual comprende los salarios y prestaciones sociales legales y extralegales, causados con antelación al 15 de octubre de 2007, y los aportes a la seguridad social en pensiones, desde la fecha del despido.

TERCERO: CONDENAR a Tecnoquímicas S.A., a pagar a favor de Jacqueline Giraldo Fichica, los salarios y las prestaciones legales y extralegales, incluidos los aportes a la seguridad social, causados desde el 15 de octubre de 2007, hasta la fecha en que se haga efectiva la obligación.

CUARTO: Costas, en las instancias, a cargo de la demandada.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA

Salvo Voto

OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA

GIOVANNI FRANCISCO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ

Aclaro Voto

ACLARACIÓN DE VOTO

OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA

Magistrado ponente

SL742-2020

Radicación n.° 69263

Con todo respeto por la posición mayoritaria, debo indicar que aclaro voto dentro de las presentes diligencias, por las siguientes razones:

La Sala en su proveído realiza unas precisiones de arraigo constitucional que comparto íntegramente, esto, cuando expuso:

Aunque podría argumentarse que la ineficacia no puede deslindarse del reintegro, para efectos de aplicar la prescripción, lo cierto es que en este caso es latente la aplicación del principio de favorabilidad (arts. 53 CN y 21 CST); dicha institución jurídica se encuentra llamada a operar «[…] ante la duda en la aplicación o interpretación de las fuentes formales de derecho, vale decir, cuando se enfrentan disposiciones coexistentes aparentemente contradictorias que regulen el tema, eventualidad en la que el juzgador ha de aplicar la que más convenga a los intereses del trabajador» (CSJSL 17089-2014).

Sin embargo, compaginando esto con la posición de la Corte (CSJ SL 25376, 29 nov. 2005, que ha sido replicada en las decisiones CSJ SL 33529, 27 may. 2009 y SL4358-2018), advierto que este órgano de cierre allí no se refirió a este tópico en particular, por ende, debió enviarse el proyecto para la Sala Permanente de la Corte, para que se avalase el criterio que ahora se está fijando, tal como lo establece el inciso segundo del parágrafo del artículo 2º de la Ley 1781 de 2016, que es del siguiente tenor literal:

Artículo 2°. Adiciónese un parágrafo al artículo 16 de la Ley 270 de 1996, el cual quedará así:

Parágrafo. […].

Las salas de descongestión actuarán independientemente de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, pero cuando la mayoría de los integrantes de aquellas consideren procedente cambiar la jurisprudencia sobre un determinado asunto o crear una nueva, devolverán el expediente a la Sala de Casación Laboral para que esta decida.

Dejo así consignada mi aclaración de voto.

Fecha ut supra.

356235-165354000

GIOVANNI FRANCISCO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ

Magistrado

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