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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Sentencia SL750-2021

Fecha
17 de febrero de 2021
Magistrado ponente
Fernando Castillo Cadena
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SL750-2021

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Parte resolutiva

DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, el 14 de julio de 2017, en el proceso ordinario laboral que le promueve RITA CECILIA MONTAÑEZ DE GONZÁLEZ en contra de la ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. - ELECTRICARIBE S.A. E.S.P. Sin costas.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral

Sentencia SL750-2021

Magistrado ponente: Fernando Castillo Cadena

17 de febrero de 2021

FERNANDO CASTILLO CADENA

Magistrado ponente

SL750-2021

Radicación n.° 79880

Acta 6

Bogotá, D. C., diecisiete (17) de febrero de dos mil veintiuno (2021)

Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por la ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, el 14 de julio de 2017, en el proceso ordinario laboral que le promueve RITA CECILIA MONTAÑEZ DE GONZÁLEZ.

Se acepta el impedimento manifestado por el doctor Omar Ángel Mejía Amador.

ANTECEDENTES

La actora demandó para que se le reconozca la pensión de jubilación en forma vitalicia como cónyuge sobreviviente de Julio César González (q.e.p.d.) a partir del 2 de enero de 2013, los derechos convencionales en las mismas condiciones que percibía el de cujus, el reajuste de las mesadas de acuerdo con la Ley 4ª de 1976; el retroactivo debidamente indexado y el 85% del costo de energía que ha venido cancelando. En subsidio, solicitó la indexación, las costas y agencias en derecho.

En sustento de sus pretensiones la demandante sostuvo que Julio César González trabajó al servicio de la Electrificadora del Atlántico S.A. E.S.P. desde 1962 hasta 1986; que se le otorgó pensión de jubilación a partir del 3 de diciembre de 1987 por reunir los requisitos previstos en la convención colectiva de trabajo, de la cual disfrutaba de manera compartida con la de vejez del ISS; y que era beneficiario del convenio de sustitución patronal firmado con Electricaribe S.A. E.S.P. Adujo que contrajo matrimonio con el mencionado el 6 de diciembre de 1962, con quien procreó dos hijos y convivió por más de 50 años hasta que falleció el 2 de enero de 2013. Que el 6 de marzo siguiente, solicitó el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes que se le negó con el argumento de que la pensión convencional no se transmite a los beneficiarios de los pensionados y también rehusó reconocer el descuento del 85% de la factura de energía, según lo pactado en el acuerdo extralegal.

Electricaribe S.A. E.S.P., al dar respuesta al escrito generatriz de la contienda, se opuso a la prosperidad de las pretensiones, admitió la mayoría de los hechos y formuló las excepciones de prescripción, cosa juzgada, compensación e inexistencia de la obligación.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Doce Laboral del Circuito de Barranquilla, mediante fallo de 13 de marzo de 2015, dispuso:

PRIMERO: DECLARAR que la pensión convencional reconocida y cancelada por la demandada ELECTRICARIBE S.A. E.S.P. al señor JULIO CÉSAR GONZÁLEZ TAPIA (q.e.p.d.), resulta transmisible en los mismos términos y condiciones en que la venía disfrutando el finado, a su beneficiaria la señora RITA CECILIA MONTAÑEZ DE GONZÁLEZ, en calidad de cónyuge sobreviviente.

SEGUNDO: CONDENAR a ELECTRICARIBE S.A. E.S.P. a reconocer y pagar a la señora RITA CECILIA MONTAÑEZ DE GONZÁLEZ pensión de jubilación convencional en los mismos términos y condiciones, que la percibía su finado esposo el señor JULIO CÉSAR GONZÁLEZ a partir del 02 de enero de 2013.

TERCERO: DECLARAR que en virtud de la subrogación pensional existente entre COLPENSIONES y ELECTRICARIBE S.A. E.S.P., a esta última le corresponde asumir el mayor valor de dicha pensión y por consiguiente cancelárselo a la señora RITA CECILIA MONTAÑEZ DE GONZÁLEZ.

CUARTO: CONDENAR a la empresa ELECTRICARIBE S.A. E.S.P. al reconocimiento y pago del retroactivo pensional por valor de $45.349.544 causado con ocasión de las diferencias por no pago del mayor valor desde el 02 de enero de 2013 hasta febrero de 2015 y las demás que se causen hasta que se produzca su pago efectivo. Suma que deberá se indexada hasta el momento de su pago.

QUINTO: CONDENAR a la demandada ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. a pagar la diferencia del reajuste sobre las mesadas pensionales a la señora RITA CECILIA MONTAÑEZ el 15% siempre que se den las circunstancias de que al momento de realizar el ajuste establecido por ley no supere los 5 smlmv.

SEXTO: COSTAS. Condenar en costas en esta instancia a la parte vencida en 4 smlmv, equivalente a $3.866.100.

SEPTIMO: DECLARAR no probadas las excepciones propuestas por la parte demandada en su escrito de contestación.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, a través de sentencia del 14 de julio de 2017, al resolver la apelación interpuesta por la demandada, dispuso lo siguiente:

PRIMERO: MODIFICAR el numeral 4º de la sentencia y en su defecto se dispone:

“CONDENAR a ELECTRICARIBE S.A. E.S.P. a reconocer y pagar a la señora RITA CECILIA MONTAÑEZ DE GONZÁLEZ en forma vitalicia sustitución pensional a partir del día 2 de enero de 2013, en cuantía inicial de $2.864.129, arrojando un retroactivo pensional indexado que asciende a 31 de mayo de 2017 a la suma de doscientos ocho millones seiscientos setenta y seis mil setecientos cuarenta y uno con cincuenta y un centavos ($208.676.741.51), sin perjuicio de las que en lo sucesivo se causen”.

SEGUNDO: MODIFICAR el numeral 5to, el cual quedará así:

“CONDENAR a ELECTRICARIBE S.A. E.S.P. a reconocer a la señora RITA CECILIA MONTAÑEZ DE GONZÁLEZ el reajuste del 15% de la pensión de sobreviviente adquirida de su finado esposo señor JULIO CÉSAR GONZÁLEZ TAPIA, a partir de la fecha de su deceso 02 de enero de 2013 y de los años posteriores sin que con ello se exceda los 5 smmlv”.

TERCERO: REVOCAR la decisión del A-Quo respecto al descuento del 85% de energía, y en su defecto dispone:

“ABSOLVER a la demandada del descuento del 85% de energía, deprecado”.

CUARTO: ADICIONAR la sentencia de primera instancia en el entendido de AUTORIZAR a la demandada para deducir del valor de las diferencias pensionales las cotizaciones para salud y órdenes de la E.P.S. a la que se encuentre afiliada la actora.

QUINTO: CONFIRMAR la sentencia en todo lo demás.

En lo que interesa al recurso extraordinario, el colegiado consideró que a la demandante le asiste el derecho a la sustitución pensional como esta Corte lo expresó en la sentencia del 2 feb. 2005 rad. 22699, reiterada en la del 11 sep. 2007, rad. 29782 a las cuales se remitió. Con respecto a la excepción de cosa juzgada frente al incremento del 15% de la pensión según lo establecido en la Ley 4ª de 1976, dijo que debía determinar si la conciliación celebrada por las partes efectivamente incluyó este concepto, si éste era susceptible de transigir o si, por el contrario, corresponde a un derecho irrenunciable.

Para declarar la improsperidad del medio exceptivo se remitió a la decisión de esta Sala de fecha 18 mar. 2015, rad. 56274, luego de lo cual señaló que el parágrafo 3 del artículo 106 de la Convención Colectiva de Trabajo de la que era beneficiario el pensionado consagra el derecho a los reajustes solicitados. Se apoyó en otra decisión de esta Corporación del año 2009 proferida en el radicado 31350, con base en la cual concluyó que le asiste el derecho a la actora y, como consecuencia, la prestación debía reajustarse según lo acordado. Al hacer los cálculos correspondientes determinó un valor a pagar a 30 de mayo de ese año, debidamente indexado, de $208.676.741,51; y finalmente, declaró no probada la excepción de prescripción.

Con respecto al descuento por el servicio de energía acudió al precedente de esta Sala CSJ SL, 9 abr. 2014, rad. 50300, con base en la cual estimó que ese derecho no es sustituible por lo que absolvió a la demandada.

RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por la demandada, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Pretende la recurrente que la Corte case parcialmente la sentencia impugnada para que, en sede de instancia, «se revoque la decisión proferida por el a quo y en su lugar se absuelva a ELECTRICARIBE S.A. E.S.P. de la pretensión de reajustar la mesada pensional en proporción del 15%, de conformidad a lo establecido en la ley 4ª de 1976».

Con tal propósito formula un cargo, que no mereció réplica.

ÚNICO CARGO

Acusa la sentencia de violar por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida, «los artículos 260, 467, 469, 480 del CST; 1º de la Ley 33 de 1985; 1º de la Ley 4ª de 1976; 1º de la Ley 71 de 1988; 14 de la Ley 100 de 1993; 1502 y 1618 del Código Civil; en relación a los principios generales del derecho del trabajo, concretamente artículos 1º y 18 del C.S.T. y los artículos 48, 53 y 83 de la CP».

Aduce que el Tribunal incurrió en los siguientes «errores notorios»:

Dar por demostrado, sin estarlo, que la Electrificadora del Atlántico S.A. reconocía, antes de firmar las Convenciones Colectivas de Trabajo 1983-1985 y 1998-1999, el sistema de reajuste establecido en el artículo 1º de la Ley 4ª de 1976.

No dar por demostrado, estándolo, que en las Convenciones Colectivas de Trabajo 1983-1985 y 1998-1999, la Electrificadora del Atlántico S.A. y Sintralecol pactaron que “se les SEGUIRÁN RECONOCIENDO todos los derechos contemplados en la Ley 4ª de 1976” es decir, se mantienen los derechos que en ese momento venían reconociendo en los términos de la citada ley.

No dar por demostrado, estándolo, que antes de firmar la Convención Colectiva de Trabajo 1983-1985, la Electrificadora del Atlántico S.A. solo reconocía a los pensionados “los derechos a disfrutar de los servicios médicos …” y en salud que le corresponden a los “trabajadores activos” no reconocía otro derecho, beneficio ni prerrogativa de las contempladas en la Ley 4 de 1976.

Dar por demostrado, sin estarlo, que en la Convención Colectiva de Trabajo 1983-1985, la Electrificadora del Atlántico S.A. y Sintraelecol pactaron aplicar el sistema de ajustes de pensiones previsto en el artículo 1º, parágrafo 3º de la Ley 4 de 1976.

No dar por demostrado, estándolo, que en la Convención Colectiva de Trabajo 1983-1985, la Electrificadora del Atlántico S.A. y Sintraelecol le dieron estabilidad normativa a “los derechos contemplados en la Ley 4ª de 1976” que no son otros diferentes a los contemplados en el artículo 7º de esta ley que los pensionados reciban “los derechos a disfrutar de los servicios médicos …”

Dar por demostrado, sin estarlo, que en la Convención Colectiva de Trabajo 1983-1985, la Electrificadora del Atlántico S.A. y Sintraelecol le dieron estabilidad normativa al artículo 1º parágrafo 3º de la Ley 4ª de 1976, en lo relacionado al reajuste de las pensiones ahí concebido, reglas que no se venían reconociendo al momento de la firma de la CCT de 1983.

Dar por demostrado, sin estarlo, que en la Convención Colectiva 1983-1985 se estableció un mecanismo para aumentar constantemente el valor de las pensiones extralegales a cargo de la demandada, en concordancia con el artículo 1º, parágrafo 3º de la Ley 4ª de 1976.

No dar por demostrado, siendo evidente, que con la aplicación del 15% de aumento anual a las pensiones convencionales a cargo de la demandada, produce un incremento indebido, incongruente e incluso ilegal en el valor de la pensión y tal incremento NO constituye realmente un reajuste o actualización.

No dar por demostrado, estándolo, que el Acuerdo de Conciliación de fecha 23 de junio de 2006 suscrito entre la Asociación de Pensionados y Electricaribe S.A. E.S.P. goza de validez por cuanto se transó un derecho incierto y futuro como lo es el reajuste pensional.

Lo anterior por la apreciación errónea de la Convención Colectiva de Trabajo de 1998-1999; el Acuerdo celebrado por Electricaribe S.A. E.S.P. y las Asociaciones de Pensionados del 23 de junio de 2006; el acta de conciliación No. 5241 del 13 de julio de 2006 suscrito entre las partes; la demanda y la contestación y el hecho notorio representado por los indicadores económicos de 1985 en adelante.

Expone que en atención al actual criterio de esta Sala propone nuevos argumentos «para cambiar el panorama dentro del cual se adopta la decisión». En ese sentido sostiene que el Tribunal declaró el incremento del 15% de las mesadas pensionales reconocidas a la actora en virtud de la sustitución pensional al considerar que la Convención Colectiva 1983-1985 en adelante, prevé que las pensiones tienen derecho a los reajustes de la Ley 4ª de 1976. Luego de que transcribió el parágrafo 3º de la cláusula 106 de la Convención 1998-1999, afirmó que «los derechos a que se refiere dicha cláusula, que además se venía[n] reconociendo y se reconocen aún, son los derechos en salud que brinda la empresa para el personal activo, tal como lo prevé la Ley 4ª de 1976 en su artículo 7º […]»; de modo que lo que garantizó la norma extralegal fue conservar los derechos relativos a la prestación de servicios médicos, odontológicos, hospitalarios, farmacéuticos y de rehabilitación, «y ello tiene sentido, pues la convención, de donde devienes(sic) esta cláusula se suscribió en el año 1983, antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 […]».

En atención a lo anterior, el reajuste del 15% reclamado no es un derecho que venía reconociendo la empresa a los pensionados por lo que no se cumplen los presupuestos de la norma convencional transcrita. Aclara que si bien se acordó que se seguirían reconociendo los derechos concebidos en la Ley 4ª de 1976 a los pensionados, ello no se puede extender a los incrementos que por lo que ha dicho no se venían pagando por la empleadora y además dicha norma no la consagra como derecho como si lo hace con los servicios de salud y la mesada adicional de diciembre. Añade que lo anterior lo corrobora el hecho de que para los años 1983 la inflación del país era muy superior al 15%, lo que conllevaría a que aplicar dicho reajuste sería perjudicial para los intereses del pensionado, y en eso consistió el error del Tribunal.

Insiste en que «un sistema de reajuste es un mecanismo de actualización o corrección monetaria, el cual tiene como objeto que para este caso las pensiones no se deterioren en su capacidad adquisitiva, pero nunca que se incrementen o deterioren, lo que sucede en este caso al predicar un porcentaje fijo que no tiene en cuenta la pérdida real del poder adquisitivo». Añade que aplicar la mencionada Ley 4ª de 1976 «no representa un ajuste, sino un incremento desequilibrado, desmedido, insostenible de la pensión, lo que claramente no es lo acordado en la convención colectiva de trabajo de marras y mucho menos su espíritu».

Concluye que «los argumentos planteados conllevan ineludiblemente a que el Acuerdo del 23 de junio de 2006, suscrito entre Electricaribe S.A. E.S.P. y las Asociaciones de Pensionados y el acta de conciliación No. 5241 de fecha 13 de julio de 2006 tengan total validez, toda vez que como lo vimos el reajuste del 15% pretendido no es un derecho cierto e indiscutible, todo lo contrario, ese derecho es inexistente como lo explicamos».

Por lo anotado solicita revisar la postura de la Sala relativo al problema planteado, se valoren los argumentos expuestos, pues considera que mantener vigentes antiguos sistemas de reajuste pensional desconoce el principio de equilibrio económico y desatiende el orden jurídico y las reglas relacionadas con los reajustes de las pensiones en relación al IPC.

CONSIDERACIONES

El Tribunal fundamentó su decisión en que no es materia de controversia que Electricaribe S.A. E.S.P., sustituyó patronalmente a la ELECTRIFICADORA DEL ATLÁNTICO S.A. E.S.P., y tras considerar, acorde a la jurisprudencia de esta Sala de la Corte, el alcance y vigencia de la convención colectiva de trabajo (1998-1999), estableció que la demandante tenía un derecho adquirido sobre la aplicación del reajuste de las pensiones contenidas en la Ley 4ª de 1976, en virtud a la libertad de negociación.

La recurrente cuestiona, a través del ataque, la interpretación efectuada por el Tribunal respecto del parágrafo 3º de la cláusula 106 de la Convención Colectiva de Trabajo, vigente para los años 1998- 1999, dado que, a su juicio, los derechos a que hace referencia dicha norma son los previstos en el artículo 7 de la Ley 4ª de 1976, esto es, a «los servicios médicos, odontológicos, quirúrgicos, hospitalarios, farmacéuticos, de rehabilitación, diagnóstico y tratamiento […]» y no a los incrementos pensionales. Sostiene también que la empresa solamente se comprometió a seguir reconociendo todos los derechos contemplados en la Ley 4ª de 1976 sin consideración a su vigencia, es decir, que aquellos derechos que para ese momento no se hubieran reconocido, como acontece con los incrementos reclamados, no quedaron cubiertos por dicha regla contractual. Como consecuencia de lo anterior, propone a la Sala un nuevo estudio de la cuestión.

No se encuentra en discusión que a Julio César González Tapias (q.e.p.d.) se le otorgó pensión de jubilación convencional a partir del 3 de diciembre de 1987 (fl. 174); que el Instituto de Seguros Sociales le reconoció la prestación por vejez desde el 29 de abril de 2001 (fls. 175 a 179) de compartida con la primera; que el pensionado falleció el 2 de enero de 2013 (fl. 129) y en casación no se controvierte la sustitución pensional a favor de la demandante como beneficiaria del de cujus.

Con base en lo anterior, procederá la Sala a resolver el asunto para lo cual se remitirá a la norma convencional que califica como mal apreciada el recurrente y estudiará si efectivamente de la misma se deriva el entendimiento que estima debió darle la autoridad judicial, luego de lo cual determinará si el derecho al incremento pensional tiene la connotación de adquirido y, por ende, irrenunciable.

El parágrafo 3 de la cláusula 106 de la Convención Colectiva de Trabajo 1998-1999 (folio 56) literalmente dispone:

Todos los trabajadores, que se encuentren pensionados por la ELECTRIFICADORA DEL ATLÁNTICO S.A. E.S.P, o que se pensionen en el futuro se les seguirán reconociendo todos los derechos contemplados en la Ley 4ª de 1976 sin consideración a su vigencia (CONV. 83-85). (subraya la Sala).

Propone el censor que, a partir de un nuevo estudio de la disposición convencional, se concluya que los derechos a que hace referencia, corresponden a aquellos que venían siendo reconocidos por la electrificadora, y que como quiera que los incrementos contemplados en la Ley 4ª de 1976 se estaban otorgando en el momento de la suscripción del acuerdo convencional, no pueden entenderse como incluidos a favor de los pensionados. Que, en todo caso, éstos hacen referencia a los servicios médicos previstos en el artículo 7 de la citada norma legal y no a los incrementos reconocidos por el Tribunal.

Para la Sala es claro, como lo ha dicho en varias ocasiones, que el texto convencional estableció el reconocimiento de todos los derechos previstos en la Ley 4ª de 1976, incluidos los reajustes pensionales anuales en al menos el 15% para las pensiones equivalentes hasta cinco (5) veces el salario mínimo legal mensual más alto, sin consideración alguna a la vigencia de la norma legal.

Debe resaltarse que no le asiste razón a la censura cuando afirma que los incrementos pensionales de la Ley 4ª de 1976 no constituyen derechos en estricto rigor, porque lo cierto es que estos beneficios representan una clara posibilidad para los pensionados o futuros pensionados de modificar la relación jurídica que los liga con la entidad pagadora, a fin de incrementar su patrimonio personal.

En un caso de similares contornos seguido en contra de la misma demandada en la que se estudiaron varios de los argumentos expuestos por el recurrente, mediante sentencia CSJ SL3781-2019 razonó:

En efecto, al analizar el parágrafo convencional en comento, no aparece de bulto que al estipular que a los pensionados pasados o futuros de la empresa se les reconocerían todos los derechos consagrados en la citada Ley 4ª de 1976, las partes celebrantes de la convención hubieran decidido excluir lo relativo al reajuste anual y automático previsto en el artículo 1° del referido ordenamiento legal al que se remite la cláusula convencional, ni se colige, como lo sugiere la recurrente, que únicamente en la norma convencional se aludiera a beneficios concernientes a gastos de sepelio, servicios de salud y auxilios de educación, consignados en otros artículos de la citada Ley 4ª. Es decir, de su contenido no es posible deducir intención alguna de las partes en ese sentido.

Ahora bien, lo argumentado por la sociedad demandada no es de recibo para esta Sala, como quiera que, conforme lo coligió el Ad quem, es dable entender que dentro de los derechos consagrados en la Ley 4ª de 1976, se encuentra, precisamente el del incremento concedido en las instancias, y no hay regla de derecho que impida que empleador y sindicato, acuerden reproducir en el convenio colectivo de trabajo el contenido de una norma legal, que conservará vigencia como norma extralegal, así aquella sea posteriormente derogada, puesto que desde que se pactó lo mismo, entró a formar parte de los contratos de trabajo de cada uno de las personas que se beneficien de la convención, en los términos del artículo 467 del Código Sustantivo del Trabajo. (Ver sentencia CSJ SL, 25 oct. 2011, rad. 40551, reiterada en la CSJ SL, 6 mar. 2012, rad 43851).

Así las cosas, el Tribunal no incurrió en un yerro fáctico ostensible, cuando apreció la disposición convencional de marras, e infirió que cuando la convención alude a los derechos contemplados en la Ley 4ª de 1976, se está refiriendo, al reajuste pensional que mediante esta acción judicial se reclama, sin consideración a la vigencia de dicha norma, pues aun cuando aquella sea derogada o subrogada, y quede por fuera del ámbito jurídico, se sigue aplicando por voluntad de las partes vía convencional.

De otro lado, frente al planteamiento de la censura, atado a los índices de precios al consumidor, de inflación y de devaluación, con lo cual pretende demostrar que para el año 1983, cuando se consagró el beneficio convencional, los pensionados de la empresa para esa anualidad resultaban más perjudicados que beneficiados con un incremento pensional del 15% como mínimo, para lo cual aduce que es un absurdo que las partes pensaran para esa época en conservar por convención tal incremento y que, por lo tanto, lo acordado fueron otros beneficios contemplados en la L. 4ª/1976, debe precisarse que, tal argumentación no es de recibo para esta Sala, en la medida que en atención al origen, naturaleza y finalidad de la convención colectiva de trabajo, son las mismas partes las llamadas a fijar el contenido y alcance de sus normas. Por consiguiente, en ejercicio de la autonomía de la voluntad, éstas tienen total libertad de comprometerse con lo que a bien estimen, desde luego, como lo ha sostenido la Sala, siempre que su objeto y causa sean lícitos, que no atenten contra las buenas costumbres, que no se desconozcan derechos mínimos de los trabajadores, o en general que no se produzca lesión a la Constitución o la ley (CSJ SL, 18 may. 2005 rad. 23776).

En estas condiciones, acoger convencionalmente un reajuste pensional que no pueda ser inferior al 15%, conforme lo estableció la L. 4°/1976, se enmarca dentro de esa voluntad contractual de los protagonistas sociales, donde no es dable a la Corte entrometerse, salvo que esa interpretación no sea sensata o coherente, con características de un desatino de tal envergadura que dé lugar a un error evidente de hecho, que no es el caso que nos ocupa.

De lo expuesto se deriva que dado que la cláusula convencional no diferencia qué derechos de los contemplados en la Ley 4ª de 1976 se continuarían reconociendo a los pensionados, no es dable, a través de una labor hermenéutica, colegir la exclusión de algunos o entender que solamente se hace referencia a unos, contrario al preciso texto de la norma convencional al extender el beneficio a «todos los derechos», como lo pretende el censor. Siendo ello así, como en efecto lo es, no es dable predicar un error ostensible del Tribunal al no aplicar una exclusión que, se insiste, no fue prevista por los redactores de la norma colectiva.

Ahora, con respecto al argumento de acuerdo con el cual, si los incrementos pensionales previstos en la Ley 4ª de 1976 no se venían reconociendo al pensionado al momento de la suscripción del acuerdo convencional no quedaron incluidos en el presupuesto allí previsto, equivale a sostener que si ninguno de los pensionados ha utilizado alguno de los derechos allí previstos, a manera de ejemplo, los derivados del artículo 7 ibidem, o no los estaba utilizando en ese mismo instante, ya no podría hacerlo, interpretación que no resulta admisible.

En ese sentido, es necesario reiterar la libertad de las partes al pactar las cláusulas convencionales sin que sea válido al sentenciador intervenir o desconocer su tenor literal, salvo que se trate de estipulaciones abiertamente ilegales, que no es el caso. Es apenas natural que si el pensionado venía recibiendo incrementos en su mesada pensional superiores a las previstas en la Ley 4ª de 1976 no elevó reclamo alguno, únicamente cuando éstas superaban las que aplicaba la entidad demandada ejerció el derecho previsto en la Convención Colectiva de Trabajo, lo cual no resulta cuestionable.

Finalmente, con respecto a la validez del Acuerdo del 23 de junio de 2006, ya la Sala ha tenido oportunidad de pronunciarse en varias ocasiones, por lo que basta con reiterar que en un caso de similares contornos al que se somete a estudio, mediante sentencia CSJ SL12575-2017 reiterada entre otras en la CSJ SL3884-2019, razonó:

En ese contexto, le corresponde a esta Sala dilucidar: (i) la posibilidad de modificar una convención colectiva vigente a través de un acuerdo extra-convencional y (ii) determinar si en el caso de autos operó el fenómeno de la revisión del convenio colectivo, consagrado en el artículo 480 del Código Sustantivo del Trabajo.

Posibilidad de modificar la convención colectiva a través de un acuerdo extra-convencional

Comienza la Sala por señalar que un acuerdo extra-convencional, como el que es objeto de discusión en el sub lite, no tiene necesidad de depositarse en la cartera del trabajo para que surta los efectos queridos por las partes, tal y como ya lo ha reiterado esta Corporación en múltiples oportunidades.

En efecto, desde hace cerca de una década, en sentencia CSJ SL32247-2008, reiterada entre otras en las providencias CSJ SL889-2014, CSJ SL11321-2014, CSJ SL42830-2014 y CSJ SL2105-2015, dijo la Sala:

Como regla general, en el derecho del trabajo los únicos acuerdos que deben ser depositados son los que emanan de un conflicto colectivo de trabajo cuya solución es dada por las mismas partes, pues así lo exige el artículo 469 del Código Sustantivo del Trabajo, condición que aquí no se puede predicar del convenio celebrado por la empresa y el sindicato, quienes simplemente, en desarrollo del principio de la autonomía de la voluntad, el cual no repugna en las relaciones obrero patronales, siempre y cuando no se desconozcan los derechos mínimos de los trabajadores, quisieron regular algunas condiciones de trabajo, las cuales no quedaron condicionadas en forma alguna ni se exigió del pacto mismo que fuera depositado a la usanza de las convenciones colectivas de trabajo.

Ello, porque como se explicó en la sentencia CSJ SL2105-2015 ya citada, existe distinción entre los acuerdos extra convencionales que tienen carácter aclaratorio y los modificatorios, pues los primeros son aquellos que buscan esclarecer asuntos confusos y deficientes de lo que se pactó a través de un instrumento colectivo; mientras que los segundos, cambian aspectos que ya han sido previamente definidos en aquel o a introducir unos diferentes a los ya acordados.

También se adoctrinó entonces (CSJ SL2105-2015), que los acuerdos modificatorios únicamente son válidos en la medida que mejoren las condiciones pactadas en la convención, en tanto nada impide que los trabajadores o sus representantes, en caso de ser sindicalizados, pacten con sus empleadores prerrogativas superiores a las legal o convencionalmente establecidas.

En tal sentido, se pronunció la Sala en sentencia CSJ SL, 3 jul. 2008, rad. 32347 reiterada en la atrás reseñada y, entre otras, en la CSJ SL, 20 jun. 2012, rad. 39744 cuyo análisis jurisprudencial dio plena validez a un acuerdo extra convencional en el que se acordó un beneficio adicional para los trabajadores referente a la estabilidad.

Dijo en esa oportunidad la Corporación:

Nada se opone a que en el Derecho del Trabajo los trabajadores, bien sea por si mismos o representados por la organización sindical a la cual pertenecen, celebren acuerdos con los empleadores tendientes a regular diversas situaciones laborales y menos aún, tampoco puede haber oposición o ilicitud en cuanto con ellos se superen los mínimos derechos legales o inclusive convencionales. Si el simple acto unilateral de un empleador puede crear derechos para los trabajadores en tanto superen los mínimos legalmente establecidos, con mucha mayor razón ello puede aplicarse a los convenios directos que celebren con sus servidores.

Un acuerdo, como el que ahora ocupa la atención de la Sala, se convierte en ley para los contratantes sin desconocer el clásico principio que lo informa y según el cual debe ejecutarse de buena fe. Así se desprende claramente de los artículos 1602 y 1603 del Código Civil, que entre otros regulan el efecto de las obligaciones válidamente celebradas y de cuyas fuentes o nacimientos, señaladas en el artículo 1494 ibídem, vale la pena destacar el concurso real de voluntades de dos o más personas o el hecho voluntario de la persona que se obliga. (Resaltado fuera del texto).

Se tiene entonces que tales arreglos producen efectos para las partes, siempre que sean para aclarar y/o mejorar las condiciones que ya han sido pactadas, e incluso, no necesitan ninguna solemnidad y no requieren -como se afirmó a espacio- de depósito en los términos del artículo 469 del Código Sustantivo del Trabajo, para gozar de plena validez.

Por último, respecto al tema concerniente a los efectos de cosa juzgada de la conciliación celebrada por el pensionado con la demandada, frente al incremento pensional reclamado, dado que el Tribunal consideró que el aludido derecho era cierto e indiscutible, se hace necesario en primera medida, establecer si erró el colegiado al declarar la improsperidad de dicho medio exceptivo por su naturaleza irrenunciable.

Se advierte que le asiste razón al juez colegiado cuando afirma que los incrementos pensionales de la Ley 4ª de 1976 previstos en las convenciones colectivas de las que se beneficiaban los actores, constituyen derechos adquiridos y, por lo tanto, son ciertos e indiscutibles, por las razones que se pasan a exponer.

La certeza de un derecho no proviene de la causa que lo provoca, sino de su evidencia y seguridad, con independencia de que aquel sea legal o extra legal; de manera que como los aumentos aquí otorgados se habían consolidado, resultaban necesariamente ciertos. Ahora, la cualificación de «adquiridos» implica la acción de consecución, obtención y sobre ello no podía haber duda, pues no se discute que en las convenciones colectivas se había pactado el derecho implorado y aún más, se había concedido.

De tal manera que cuando se desconoció por las partes la calidad de derecho cierto y se concilió el incremento pensional, se transgredieron las prerrogativas legales que protegen los derechos laborales que tienen carácter de irrenunciables; por lo tanto, el sentenciador no se equivocó al negar validez al acuerdo extra legal que pretendía modificar la fuente predeterminada de aumento de las mesadas.

Sobre el particular tema la Sala en sentencia CSJ SL4468-2019, 9 oct.2019, rad. 77365, indicó:

Por último, vale subrayar que los incrementos aludidos constituyen verdaderos derechos adquiridos para quienes causaron sus pensiones al amparo de la convención colectiva y con anterioridad a la fecha límite de su vigencia, establecida en el Acto Legislativo 01 de 2005. De esta forma, comoquiera que el derecho pensional nació a la vida jurídica el 30 de marzo de 2009, asimismo surgió el derecho accesorio a su incremento anual. Al respecto, resultan pertinentes las reflexiones contenidas en las sentencias CSJ SL15495-2017 y CSJ SL 19672, 11 feb. 2003:

[…] como ya lo ha asentado la Corte en múltiples oportunidades en que se ha debatido la aplicación de una estipulación conciliatoria a espaldas de un derecho convencional in meius del cual se beneficia al trabajador, razón asiste al juzgador cuando desatiende estipulaciones plasmadas en tal clase de actos, por pretenderse con ellas la pérdida de vigencia de reajustes pensionales pactados convencionalmente, en este caso los enmarcados en la Ley 4ª de 1976, con la pretensión de optarse por los que en adelante, es decir, a partir de la data de la misma, establecen normas que regularmente se expiden cada año para aumentar la pensión de vejez.

Y ello es así por la simple razón de que el derecho al reajuste pensional de que se trata, desde cuando fue estipulado convencionalmente, y para el particular trabajador cuando adquiere la calidad de pensionado o jubilado por la empresa, en este caso por la Electrificadora del Caribe, S.A., E.S.P., se causó, por tanto, empezó a tener una incidencia en el valor o monto del particular derecho pensional.

De no verse así, los artículos 14 y 15 del Código Sustantivo del Trabajo, relativos a la irrenunciabilidad de los derechos laborales, y a la imposibilidad de transigirse cuando éstos tienen el carácter de ciertos e indiscutibles resultan lesionados, por ser indiscutible que la teoría de la irrenunciabilidad de los derechos laborales no solo cabe predicarla respecto de prerrogativas legales, sino que también es posible extenderla, bajo ciertas circunstancias, a derechos y beneficios convencionales. Además, porque cuando un derecho convencional no tiene límite distinto al del tope de su disfrute cuando alcance el monto de 5 salarios mínimos legales vigentes, como aquí ocurre y no se discute, su pérdida de vigencia ante otra fórmula menormente provechosa apareja la pérdida de un derecho cierto e indiscutible.

Así lo ha entendido la Corte en diferentes oportunidades, bastando para memorar una de ellas, lo consignado en sentencia de 11 de febrero de 2003 (Radicación 19672), a ese respecto:

“La regla general es la irrenunciabilidad de los derechos y prerrogativas que conceden las leyes laborales, y por eso la salvedad para esa regla exige excepción expresa de la misma ley, según el artículo 14 del CST. Otras normas reafirman esa regla; así, en materia de salarios, el artículo 149, y en cuanto a prestaciones, el 340, ambos del mismo Código citado.

“Aunque pudiera decirse que la dicha regla general está referida a la irrenunciabilidad de los derechos cuya fuente es la ley, abriendo la muy discutible posibilidad de la renuncia a los derechos laborales originados en otra fuente, una tal apreciación pierde firmeza ante el artículo 15 del CST, porque un derecho causado, uno que está ya en el patrimonio del trabajador, no admite negociación alguna, y porque la dicha norma solo permite la renuncia, a través de la transacción, cuando de derechos inciertos y discutibles se trata; como también lo dice la norma sobre conciliación.

En igual sentido, la Corte, al resolver un asunto de similares contornos, mediante acto jurisdiccional CSJ SL3615-2020, reiterado en el CSJSL3820-2020, enseñó con profusión lo siguiente:

El carácter normativo que caracteriza a los convenios colectivos implica su reconocimiento como derecho laboral objetivo que ingresa a la noción de orden público laboral y piso mínimo en la regulación de las condiciones de trabajo individuales. Por consiguiente, el convenio colectivo de cara a los acuerdos individuales de trabajo es irrenunciable e inderogable, y su infracción equivale al desconocimiento del orden público laboral.

La fuerza normativa de la convención colectiva que ha acompañado al Derecho del Trabajo desde su formación histórica deriva de ese especial reconocimiento que el Estado hace a los sujetos colectivos para autorregular las condiciones de trabajo y empleo. En efecto, se reconoce que el sindicato tiene un poder de negociación derivado de la unión o suma de trabajadores, del cual carecen los trabajadores individualmente. Estos en sus negociaciones se encuentran subordinados; en contraste, en el plano colectivo las organizaciones gozan de suficiente fuerza y mecanismos legales que acompañan el ejercicio de sus libertades sindicales para entablar negociaciones reales en favor de la colectividad que representan.

Adicionalmente, admitir que a través de acuerdos individuales se pueden socavar los derechos alcanzados en la negociación colectiva, equivale a dejar sin valor y efecto el derecho fundamental a la negociación colectiva. De nada serviría a las organizaciones de trabajadores obtener mejoras para sus representados si a través de acuerdos individuales se puede implosionar lo logrado en el plano colectivo.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Organización Internacional del Trabajo ha insistido en que los acuerdos individuales no pueden erosionar las convenciones colectivas, de manera que aquellos son admisibles en la medida que sean más favorables que los previstos en los acuerdos colectivos. En tal dirección, la Recomendación n.° 91 de la OIT sobre los contratos colectivos refiere tres reglas a considerar respecto a la eficacia de los convenios colectivos:

1) Todo contrato colectivo debería obligar a sus firmantes, así como a las personas en cuyo nombre se celebre el contrato. Los empleadores y los trabajadores obligados por un contrato colectivo no deberían poder estipular en los contratos de trabajo disposiciones contrarias a las del contrato colectivo;

2) Las disposiciones en tales contratos de trabajo contrarias al contrato colectivo deberían ser consideradas como nulas y sustituirse de oficio por las disposiciones correspondientes del contrato colectivo; y

3) Las disposiciones de los contratos de trabajo que sean más favorables para los trabajadores que aquellas previstas por el contrato colectivo no deberían considerarse contrarias al contrato colectivo.1

Con base en estas consideraciones, la Sala observa que en este caso el acuerdo al que arribaron las partes pretendió el reajuste futuro de la pensión sobre dos puntos menos del IPC y el pago de unos bonos anticipados, lo que implicó un desconocimiento de lo pactado en la convención colectiva respecto al reajuste del 15% de las pensiones y una desmejora para el demandante.

De manera que ante mecanismos exógenos a la negociación colectiva, tales como la conciliación o los acuerdos extra convencionales que disminuyen beneficios previstos en aquella, la jurisprudencia laboral ha sido reiterativa en restarles eficacia, tal como se advierte en procesos de similares características adelantados contra la misma entidad acá demandada y consta, entre otras, en sentencias CSJ SL12138-014, CSJ SL2105-2015, CSJ SL12575-2017, CSJ SL4455-2018, CSJ SL4468-2019, SL3071-2020 y CSJ SL517-2020.

Siendo coherentes con lo explicado, el cargo no sale victorioso.

Sin costas por cuanto no hubo réplica.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, el 14 de julio de 2017, en el proceso ordinario laboral que le promueve RITA CECILIA MONTAÑEZ DE GONZÁLEZ en contra de la ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. - ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.

Sin costas.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Impedido.

OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR

Presidente de la Sala

GERARDO BOTERO ZULUAGA

FERNANDO CASTILLO CADENA

CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO

LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ

IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ

JORGE LUIS QUIROZ ALEMÁN

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