Ficha de la providencia
Sentencia SL751-2020
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
Ficha de la providencia
Sentencia SL751-2020
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral
Sentencia SL751-2020
Magistrado ponente: Omar de Jesus Restrepo Ochoa
3 de marzo de 2020
OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA
Magistrado ponente
SL751-2020
Radicación n.° 71218
Acta 007
Bogotá, DC, tres (3) de marzo de dos mil veinte (2020).
Decide la sala el recurso de casación interpuesto por CARLOS ARIEL BARRIOS GRAJALES contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 26 de agosto de 2014, en el proceso que instauró contra la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL - CAJANAL EICE EN LIQUIDACIÓN, hoy PATRIMONIO AUTÓNOMO CAJANAL EICE EN LIQUIDACIÓN PROCESOS Y CONTINGENCIAS NO MISIONALES.
ANTECEDENTES
Carlos Ariel Barrios Grajales demandó a Cajanal EICE - en liquidación pretendiendo que previa la declaratoria de que sostuvo con aquella un contrato de trabajo ficto o presunto de trabajador oficial que terminó sin justa causa, se le condenara al pago de la bonificación de servicio; las primas de servicio, de navidad y de vacaciones; las vacaciones; el subsidio de alimentación y el auxilio de transporte; las cesantías y el interés sobre las mismas; las indemnizaciones por despido injusto y moratoria; y, las costas.
Como sustento de sus pretensiones, adujo que laboró para Cajanal EICE suscribiendo 29 contratos de prestación de servicios y órdenes de trabajo, siendo la primera la OPS del 24 de febrero de 2004 por valor de $1.100.000, y la última el contrato n.° 1219 de 2009 por valor de $1.900.000; que prestó sus servicios de manera personal, y en continua subordinación para la entidad, en sus dependencias, y con los equipos y elementos proporcionados por aquella; que según el último contrato, sus funciones correspondían a «[…] prestar los servicios como profesional para atender los requerimientos de los entes de control y la ejecución de los procedimientos relacionados con el proceso de reconocimiento de Prestaciones Económicas de la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL»; que aquellas no requerían de un conocimiento especializado, diferente al que manejaban los funcionarios de planta, sin que pudiera delegarlas en terceras personas; que la entidad se transformó de establecimiento público a empresa industrial y comercial del Estado, mediante la Ley 490 de 1998, como consecuencia de ello sus funcionarios pasaron de ser empleados públicos a trabajadores oficiales; que las labores desempeñadas eran del giro normal de la persona jurídica; que aquella con sus actos le dio el tratamiento otorgado al personal de planta; y, que elevó reclamación administrativa el 24 de septiembre de 2011.
Cajanal EICE - en liquidación al dar respuesta a la demanda, se opuso a las pretensiones. En cuanto a los hechos, aceptó el cambio de naturaleza jurídica de la entidad, de establecimiento público a empresa industrial y comercial del Estado, y la reclamación administrativa elevada por el demandante.
Negó los demás por considerar que la vinculación con el señor Barrios Grajales, obedeció a la suscripción de varios contratos civiles de prestación de servicios profesionales, ejecutados de manera autónoma e independiente de su parte, debiendo aquel seguir unos lineamientos básicos señalados, concernientes a especificaciones sobre el objeto del vínculo; y, que la relación de fechas referida por el demandante, no coincide totalmente con aquellas en que aquel prestó sus servicios en forma independiente.
En su defensa propuso las excepciones que denominó inexistencia de la obligación y del contrato de trabajo, carencia de derecho, cobro de lo no debido, pago, prescripción, compensación y buena fe.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
El Juzgado Veintinueve Laboral del Circuito de Bogotá mediante sentencia del 25 de noviembre de 2013, declaró que las partes estuvieron vinculadas por medio de un contrato de trabajo vigente desde el 4 de febrero de 2004 hasta el 12 de junio de 2009, devengando el demandante un último salario promedio mensual de $1.741.666, en consecuencia, condenó a la entidad a pagarle la suma de $15.093.510 por concepto de prestaciones sociales y vacaciones; y la absolvió de las demás pretensiones.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá a través de sentencia del 26 de agosto de 2014, al resolver los recursos de apelación interpuestos por las partes, modificó los numerales primero y segundo de la providencia de primer grado, en el sentido de establecer que los salarios mensuales devengados por el demandante fueron de $1.400.000 para el año 2006 y $1.900.000 para los años 2007, 2008 y 2009, en consecuencia, condenó a la entidad demandada a pagarle la suma de $14.796.390 por concepto de prestaciones sociales y vacaciones; y la confirmó en lo demás.
En lo que interesa al recurso extraordinario, el ad quem luego de referirse al art. 2 del Decreto 2127 de 1945, que consagra los elementos del contrato de trabajo, así como el 3, señaló que en el presente evento Carlos Ariel Barrios Grajales, fue vinculado por contratos de prestación de servicios y órdenes de servicio con arreglo a la Ley 80 de 1993, modalidad que si bien es válida, finalmente es la realidad de la relación, la que determina la misma, la cual debe preferirse frente a los datos aparentes que ofrezcan los documentos o contratos, en atención al principio constitucional de primacía de la realidad consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política.
Afirmó que es posible que de un contrato en el cual las partes no tengan la intención de que sea laboral, resulte una relación de trabajo, en razón de la misma actividad y por las características que la prestación de servicios adquiera durante la ejecución del acuerdo inicial, transformándose de autónoma en subordinada.
Transcribió apartes de la sentencia de la Corte Constitucional CC C-154-1997, al estudiar la exequibilidad del art. 32 de la Ley 100 de 1993; e indicó que, conforme a ella, le corresponde al juzgador examinar en cada caso si la subordinación señalada, se da en el conflicto puesto a consideración, evento en el cual debe aplicar las normas que rigen el contrato de trabajo.
Se adentró en el análisis de los documentos contentivos de los contratos de prestación de servicios y órdenes de servicios suscritas por las partes, las certificaciones expedidas por la entidad al respecto, las constancias de tiempos de servicio, las reclamaciones elevadas por el demandante, las copias de los pagos de aportes a la seguridad social como trabajador independiente, la comunicación suscrita por el subgerente de prestaciones económicas, la respuesta de la liquidadora de Cajanal EICE al actor relacionada con la cuenta de cobro, la tarjeta profesional de éste, las circulares y directivas dadas por la Gerencia General de la entidad para los funcionarios y contratistas, y el carné que se le entregó, concluyendo que con aquellos quedó acreditada su vinculación a través de contratos de prestación de servicios y órdenes de servicio, así como las actividades desarrolladas.
Igualmente tuvo en cuenta el interrogatorio rendido por el demandante; y, las declaraciones de Mauricio Lobo Rodríguez, Juan Carlos Solaque Guzmán y Carlos Arturo Ochoa Moreno.
Concluyó que el material probatorio relacionado, se desprende la presencia de dos de los elementos de todo contrato de trabajo, a saber, la actividad personal desplegada por el actor, y la contraprestación por sus servicios, por lo que resulta aplicable la presunción legal prevista en el art. 20 del Decreto 2127 de 1945, correspondiéndole a la demandada, desvirtuar la subordinación jurídica, lo cual no ocurrió.
Señaló que si bien formalmente la relación de trabajo entre las partes estuvo signada por contratos de prestación de servicios, la realidad demuestra que la actividad desarrollada por el señor Barrios Grajales, se ejecutó bajo una verdadera vinculación contractual laboral, pues la función ejercida no comportaba autonomía e independencia en su realización.
Indicó que los veinte contratos de prestación de servicios, incluidas sus adiciones, dieron origen a una vinculación contractual que inició el «2 de noviembre de 2004 y finalizó el 23 de junio de 2009», advirtiendo que si bien entre uno y otro transcurrieron algunos lapsos de tiempo, la prueba testimonial da cuenta de que el demandante continuaba prestando sus servicios mientras se suscribía el siguiente.
Consideró improcedente la indemnización por despido injusto, en atención a que el demandante no demostró que la decisión de terminar el contrato hubiera provenido de la entidad demandada.
En lo referente a la indemnización moratoria, relacionó el art. 1º del Decreto 797 de 1949, y señaló que jurisprudencialmente se ha considerado que ésta es equiparable a la del art. 65 del CST, en el entendido de que su aplicación no es automática ni inexorable; por lo tanto dijo, que la discusión en cuanto a la naturaleza del vínculo contractual permite inferir razones válidas para no cancelar las prestaciones sociales derivadas de un verdadero contrato de trabajo oficial.
Sin embargo precisó, que cuando se han utilizado contrataciones reguladas por la Ley 80 de 1993, pese a configurarse los elementos de un contrato de trabajo de carácter oficial, para evadir los derechos y las prerrogativas propias de estas vinculaciones, amparándose en una aparente legalidad, la Corte Suprema de Justicia ha sostenido la procedencia de la sanción moratoria; para el efecto relacionó la sentencia CSJ SL 44370, 10 julio de 2012.
Expresó que según la sentencia de la Corte Constitucional CC T-068-1998, Cajanal EICE utilizó la modalidad contractual de la Ley 80 de 1993, para vincular personal al que somete a subordinación; figura que de conformidad con el art. 32 ibidem, debe ser de carácter transitorio, por ello la conducta de la entidad carece de justificación atendible, y procedería la indemnización reclamada, sin embargo como el último vínculo contractual del demandante finalizó el 23 de junio de 2009, no hay lugar a imponerla con arreglo al Decreto 2196 de 2009 que ordenó su supresión y liquidación, ya que a partir de esa situación, las obligaciones pasaron a ser reconocidas y pagadas con sujeción al trámite previsto en el Decreto Ley 254 de 2000 y la Ley 1105 de 2006.
Por último relacionó la sentencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia CSJ SL25456, 5 oct. 2005, referente al tema del límite de la indemnización moratoria cuando una entidad es intervenida para su liquidación.
RECURSO DE CASACIÓN
Interpuesto por el demandante, concedido por el tribunal y admitido por la corte, se procede a resolver.
ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN
Pretende el recurrente que la corte case la sentencia impugnada, para que, en sede de instancia, «[…] se servirá REVOCAR PARCIALMENTE, el fallo de primer grado, para en su lugar CONDENAR a los demandados conforme a las súplicas de la demanda, sobre costas hará la respectiva provisión de rigor».
Con tal propósito formuló dos cargos, por la causal primera de casación, los cuales fueron objeto de réplica y serán resueltos a continuación.
CARGO PRIMERO
Acusó la sentencia impugnada por la vía indirecta en la modalidad de aplicación indebida de: «[…] los Arts. 13 y 53 (sic), al igual que los Arts. 22, 27, 36, 55, 134, 138, 186, 249, del C.S.T., Arts. 47 y 51 Decreto Ley 2127 de 1945; Arts. 28 y 29 de la ley 789 del 2.002; Arts. 51 y 61 del C.P.L., Arts. 174, 213, 217, 251, 268 y 289 del C.P.C.; Art. 26 Ley 794 del 2.003; Arts. 22 y 25 del Decreto 2651 de 1991 […]».
Señaló que ello tuvo lugar por haber incurrido el tribunal en los siguientes errores de hecho:
a. No dar por demostrado, contra todas las evidencias y pruebas recaudadas, la existencia de la voluntad del empleador de dar por terminado el contrato de trabajo invocado en la demanda.
b. No dar por demostrado estándolo la procedencia de la indemnización moratoria con ocasión de las contrataciones que realizara la entidad según los preceptos establecidos en la Ley 80 de 1993.
Como pruebas dejadas de apreciar, relacionó los siguientes contratos y órdenes de prestación de servicios: la OPS del 24 febrero de 2004 por valor de $1.100.000; la OPS del 25 marzo de 2004 por valor de $1.100.000; la OPS del 28 de abril de 2004 por valor de $2.200.000; la OPS del 16 de junio de 2004 por valor de $1.100.000; la OPS del 1 de julio de 2004 por valor de $ 3.300.000; la OPS del 2 agosto de 2004 por valor de $1.100.000; el contrato 017 de 2004 por valor de $2.163.333; el contrato 027 de 2005 por valor de $1.100.000; el contrato 027 de 2005 por valor de $183.000; el contrato 0340 de 2005 por valor de $1.100.000; el contrato 0340 de 2005 por valor de $806.667; el contrato 684 de 2005 por valor de $1.100.000; el contrato 1032 de 2005 por valor de $513.333; el contrato1685 de 2005 por valor de $403.333; la OPS 2132 de 2005 por valor de $4.200.000; la OPS 2651 de 2005 por valor de $3.966.667; la OPS 049 de 2006 por valor de $980.000; el contrato 281 de 2006 por valor de $8.773.333; el contrato 273 de 2006 por valor de $5.700.000; el contrato 274 de 2007 por valor de $11.400.000; el contrato 871 de 2007 por valor de $5.171.332; el contrato 24 de 2008 por valor de $950.000; el contrato 005 de 2008 por valor de $5.700.000; el contrato 727 de 2008 por valor de $17.036.667; el contrato 1091 de 2008 por valor de $18.500.000; el contrato 1091 de 2008 por valor de $550.000; el contrato 515 de 2009 por valor de $5.700.000; el contrato 515 de 2009 por valor de $2.850.000; y, el contrato 1219 de 2009 por valor de $1.900.000.
Dijo que el colegiado dejó de valorar, en especial, la orden de prestación de servicios n.° 1219 del 8 de junio de 2009, en la que se indica, que la última vinculación laboral con la entidad tuvo un término de duración de un mes, el cual inició en la data mencionada; así como lo expresado al absolver interrogatorio; y, el Decreto 2196 del 12 de junio de 2009, por medio del cual se ordenó la liquidación de Cajanal EICE, prueba que fue incluida en la contestación del libelo introductorio.
En la demostración del cargo explicó, que el ad quem no quiso apreciar la orden de prestación de servicios n.° 1219 del 8 de junio de 2009, en donde consta que el último vínculo laboral con la entidad demandada tuvo un término de vigencia de un mes, el cual finalizaría el 8 de julio de 2009, pero al contrario de lo que dictan las normas sobre la materia, aquel terminó de manera abrupta por la militarización de hecho en la sede de Cajanal EICE, el día 12 de junio del mismo año.
Afirmó que tal razonamiento lleva a concluir inequívocamente, que existió un despido injusto, teniendo en cuenta, que la orden de liquidación definitiva de la entidad establecida en el Decreto 2196 del 12 de junio de 2012, fijó ciertos parámetros que incluían la supresión de cargos y la terminación de las vinculaciones laborales, según los artículos 5 a 19 ibidem, pero de forma paulatina.
Señaló que teniendo en cuenta que se vinculó a través de sucesivos contratos de prestación de servicios, y posteriormente se le reconoció el estatus de trabajador oficial de conformidad con los fallos proferidos en las instancias, debió el juez de alzada acogerse a lo dispuesto en el Decreto 2127 de 1945, que establece las cláusulas para dar por terminado el contrato de trabajo, o en última medida, haber dado por finiquitado el mismo según las causales contempladas en la misma orden de prestación de servicios, la cual remite a los arts. 15 a 17 de la Ley 80 de 1993, a través de la cláusula denominada «TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERAL», en virtud de la cual debió la entidad, al momento de dar por terminado el contrato vigente, emitir un acto administrativo, debidamente motivado, en el que estableciera las razones para ello, no por capricho, sino porque la norma así lo exigía, lo anterior sin perjuicio del procedimiento contemplado en el decreto que dispuso su liquidación, no obstante, aquella decidió de manera unilateral y de forma arbitraria, terminar con todo contrato que no representara algún tipo de interés; hipótesis que tiene aún más fuerza, cuando a todas luces es sabido, que luego de ese decreto, aquella continuó funcionando hasta su liquidación definitiva que se produjo en el año 2013.
Aseguró que como el tribunal no valoró su interrogatorio, concluyó, que la terminación del contrato obedeció a la liquidación de la entidad, sin embargo no tuvo en cuenta que para aquellos quienes aún tenían vigente una relación laboral, aquella terminó abruptamente, por lo que se trató de un despido injusto.
Manifestó que si el colegiado le hubiera dado una lectura simple al Decreto 2196 del 12 de junio de 2009, mediante el cual se ordenó la liquidación de Cajanal EICE, se habría percatado de que para la terminación de los contratos de trabajo que mantenía vigentes al momento de la citada liquidación, existía un procedimiento específico para la supresión de cargos y terminación de la vinculación laboral, previstos en los arts. 15 a 19, el cual contempló el pago de las indemnización a los trabajadores que con dicha situación se les terminaba el contrato.
RÉPLICA
Aseguró la opositora que el petitum de la demanda fue indebidamente formulado, porque el recurrente peticionó que una vez se case la sentencia recurrida, en sede de instancia se revoque parcialmente la sentencia de primer grado, omitiendo decir qué parte de esta última debía ser modificada, y cuáles pretensiones debían ser concedidas, ya que la decisión del juez singular accedió parcialmente a sus peticiones, y el ad quem modificó la condena disminuyendo su cuantía.
Indicó que el cargo presenta además graves falencias técnicas, a saber: el censor expresó que la sentencia recurrida fue violatoria por vía indirecta en la modalidad de aplicación indebida de los art. 51 y 61 del CPTSS y 174, 213, 217, 251, 268 y 289 del CPC, cuando lo acertado frente a tales preceptos, era plantear una violación medio, ya que dicha acepción jurídica debe señalarse respecto de normas procesales; así mismo, le da el carácter de prueba no apreciada, a la declaración rendida de su parte, e igualmente al Decreto 2196 de 2009, desconociendo su carácter normativo; además, pese a haberse formulado por la vía indirecta, se hace alusión en su demostración, a aspectos propios de la vía directa o de puro derecho, al entrar a discutir aspectos jurídicos, cuando ambas vías deben ser tratadas de manera autónoma y excluyentes entre sí.
CONSIDERACIONES
Si bien es cierto como lo puso de presente la opositora, el petitum de la demanda fue indebidamente planteado, en la medida en que se solicitó que una vez casada la sentencia, en sede de instancia se revoque parcialmente la de primer grado, sin indicar qué partes de aquella debían ser modificadas, también lo es, que en virtud de la flexibilización del recurso, se entenderá por superada dicha falencia técnica, debido a que del desarrollo de ambos cargos, puede colegirse, que lo que se pretende es la casación de la providencia recurrida en cuanto confirmó la absolución de primer grado, respecto de las indemnización por despido injusto y moratoria.
Igualmente, pese a no haberse alegado en el primer cargo en forma expresa una violación medio, habrá de analizarse la misma, en razón de haberse acusado en la proposición jurídica que lo soporta, además de normas sustanciales, otras de carácter procedimental.
Acusó el recurrente la sentencia de violar por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida, los artículos 51 y 61 del CPTSS, y 174 del CPC, lo que a su vez condujo a la infracción del art. 51 del Decreto 2127 de 1945, que consagra la indemnización por despido injusto, entre otros.
La violación medio se presenta cuando se denuncian como violadas, normas instrumentales, que se constituyen en el vehículo para transgredir las de carácter sustantivo de alcance nacional que consagren el derecho reclamado (CSJ SL4536-2019, SL5066-2019 y SL5548-2019).
Pese a haberse formulado el cargo por la senda indirecta, debe advertirse que el tribunal tuvo por acreditados los siguientes supuestos fácticos: (i) que Carlos Ariel Barrios Grajales prestó sus servicios para Cajanal EICE a través de una relación laboral que se llevó a cabo desde el 2 de noviembre de 2004 hasta el 23 de junio de 2009; (ii) que aquel se desempeñó como trabajador oficial; (iii) que a la finalización de su contrato le quedaron adeudando prestaciones sociales; y, (iv) que por medio del Decreto 2196 del 12 de junio de 2009, se ordenó la supresión y liquidación de la entidad.
En lo que tiene que ver con la indemnización por despido injusto, consideró el tribunal que no había lugar a ella, porque el demandante no demostró que la decisión de terminar el contrato hubiera provenido de la entidad demandada.
Como el cargo se fundó en la senda indirecta, de conformidad con lo normado en el artículo 7 de la Ley 16 de 1969 modificatorio del 23 de la Ley 16 de 1968, para que se configure el error de hecho, es indispensable que venga acompañado de las razones que lo demuestran, que su existencia aparezca notoria, protuberante y manifiesta; y además, como lo ha dicho de vieja data la corte, que provenga de manera evidente de alguna de los medios calificados, esto es, de prueba documental, de una confesión judicial o de la inspección judicial.
Cuando el ataque se encauza por la vía de los hechos, el censor tiene la carga de acreditar, de manera razonada, la concreta equivocación en que incurrió la colegiatura en el análisis y valoración de los medios de convicción, y su incidencia en la decisión impugnada, que lo llevó a dar por probado lo que no está demostrado y a negarle evidencia a lo que sí lo está; yerros que surgen a raíz de la equivocada valoración o de la falta de apreciación de la prueba calificada.
En ese orden, no es cualquier desacierto el que puede dar lugar a la anulación de lo resuelto por el juez de segunda instancia, en tanto, son solo aquellos errores que provienen de la lectura abiertamente equivocada de un medio probatorio, esto es, que tenga la connotación de manifiesto y visiblemente contrario a lo que objetivamente muestran las pruebas del proceso.
Los errores de hecho enrostrados por el censor radican, en no haber dado por demostrado el colegiado, la existencia de la voluntad del empleador de dar por terminado el contrato de trabajo sostenido con el demandante.
Para el efecto relacionó como pruebas dejadas de apreciar, los contratos y las órdenes de prestación de servicios, el interrogatorio rendido, y el Decreto 2196 de 2009 por medio del cual se ordenó la liquidación de Cajanal EICE.
En forma preliminar se advierte, que todas aquellas afirmaciones que favorecen a la parte, no son más que simples manifestaciones, y solo serían prueba calificada en casación, en cuanto de ellas se desprenda una confesión, para cuya existencia se requiere que verse sobre hechos que produzcan consecuencias jurídicas adversas a ella o que favorezcan a la parte contraria, conforme a lo preceptuado en el art. 195 del CPC, hoy 191 del CGP.
Por su parte, el último contrato de prestación de servicios suscrito entre las partes, que obra a folios 24 a 26, corresponde al n.° 1219 de 2009, fechado del 8 de junio, consagra un plazo de ejecución de un mes, que se cumpliría el 8 de julio de la misma anualidad; y, el Decreto 2196 del 12 de junio de 2009, aunque tiene carácter normativo, también lo es que da cuenta del supuesto de la supresión y liquidación de la entidad.
De la valoración de dichas pruebas, no es posible colegir, que el contrato de trabajo celebrado entre las partes hubiera finiquitado por una decisión unilateral de la demandada, pues lo primero no da mas que cuenta, de la suscripción formal del último contrato, con vigencia hasta el 8 de julio de 2009, y el segundo, de que el día 12 de junio del mismo año, se dispuso la supresión y liquidación de la entidad; a contrario sensu, el juez de la apelación dio por sentado que el vínculo contractual finalizó de manera definitiva el 23 de junio de 2009, supuesto fáctico concreto frente al cual no se alegó la existencia de un error de hecho. Lo anterior conduce a entender, que el contrato no finalizó en el plazo previsto como de ejecución en el último suscrito formalmente, ni en la fecha en que se ordenó la supresión y liquidación de la entidad, por ende, indefectiblemente debía el actor, demostrar que su finalización obedeció a la decisión unilateral de la empleadora, lo que se echa de menos en el proceso, debiendo recordarse al respecto, la regla de procedimiento, según la cual, los fundamentos fácticos que dan soporte al petitum deben estar demostrados plenamente en el plenario, como lo exige el art. 174 del CPC, de aplicación al procedimiento del trabajo y de la seguridad social, por la integración normativa ordenada por el art. 145 del CPTSS.
Sobre este tema se pronunció esta corporación en la sentencia CSJ SL 36074, 24 en. 2012, en la que señaló:
Ahora, debe recordarse que una de las funciones o deberes de los jueces es la de pronunciarse sobre las pretensiones formuladas, tarea que conlleva, lógicamente y respetando los principios de la carga probatoria, verificar si están acreditados los hechos que fundamentan esas aspiraciones, de manera que si ello ocurre, debe proferir la correspondiente decisión accediendo al derecho cuya tutela judicial se busca.
Así las cosas, no se configuró el error de hecho referido, y por ende, no hubo una aplicación indebida del art. 51 del Decreto 2127 de 1945.
Por lo expuesto, el cargo no está llamado a prosperar.
CARGO SEGUNDO
Acusó la sentencia impugnada de violar por vía directa en la modalidad de interpretación errónea del artículo 1 del Decreto 797 de 1949, lo que en su sentir condujo a la infracción directa de los artículos 1, 2, 3 y 26 del Decreto 2127 de 1945; 3, 7, 12, 17, 18 y 19 de la Ley 6 de 1945; 8 del Decreto 13 de 1967, todos ellos en relación con los arts. 16, 23, 24, 61 y 64 del CST; Decreto 3135 de 1968; artículos 13 y 53 de la CN; y, 145 del CPTSS.
Para sustentar el cargo expuso que el colegiado le dio una interpretación errónea a la sentencia de la Corte Suprema de Justicia CSJ SL 44370, 2012, mediante la cual se dispuso, que en los eventos en que se utilizara la modalidad de contratación regida por la Ley 80 de 1993, pese a configurarse los elementos de un verdadero contrato de trabajo de carácter oficial en los términos del Decreto 2127 de 1945, para evadir derechos y prerrogativas propias de estas vinculaciones, procedía la sanción moratoria, sin embargo, el fallador consideró que aquella no tenía vocación de prosperidad, porque la finalización de la relación laboral se dio con arreglo al Decreto 2196 del 12 de junio de 2009, teniendo en cuenta que el vínculo terminó el día 23 del mismo mes y año.
Dijo que dicha intelección transgredió el art. 1 del Decreto 797 de 1949; y que tal como fue discutido en la instancia procesal, el contrato se interrumpió por hechos ajenos a su voluntad, y debido a que su contratación se realizó bajo los parámetros de la Ley 80 de 1993, nunca se le reconocieron las prestaciones sociales a que tenía derecho, a pesar de existir disposición expresa que prohibía la contratación de personal bajo esa modalidad, la cual se encuentra consagrada en la sentencia de la Corte Constitucional CC T-068-1998, así como en la sentencia C-154-1997.
Indicó que es claro, que desde hace más de 15 años, la entidad demandada tenía conocimiento de la prohibición de realizar contrataciones de conformidad con la Ley 80 de 1993, menos aun cuando aquellas contemplaban los tres requisitos de existencia de un contrato de trabajo, y se buscaba con ellas cubrir vacantes, y a pesar de esa clara disposición, Cajanal EICE continuó suscribiendo contratos de prestación de servicios, transgrediendo de esa forma las normas de orden legal y constitucional.
Señaló que incurrió el tribunal en un grave desatino, al incluir una nueva condición para absolver a la demandada, referida a su liquidación consagrada en el Decreto 2196 de 2009, pues la razón para que opere la indemnización moratoria, según el precedente jurisprudencial, es la formalización de contratos de prestación de servicios bajo el amparo de la Ley 80 de 1993, cuando existen claros elementos que evidencian que se actúa frente a un contrato de trabajo.
Afirmó que el contrato de trabajo no terminó el 23 de junio de 2009, como lo señaló el sentenciador de segundo grado, sino el día 12 del mismo mes y año, fecha en la cual se militarizó la sede de Cajanal EICE; y que pese a haberse expedido el decreto de liquidación, en aquel se establecieron las pautas para dar por terminados paulatinamente los contratos vigentes con la entidad.
Concluyó que el hecho de la liquidación definitiva de la entidad a que hizo alusión el ad quem para no acceder a la indemnización moratoria, no es un argumento válido para negarla, por ello debe asumirse una nueva posición jurisprudencial acorde con tales planteamientos, señalándose una verdadera realización del derecho objetivo conculcado.
Agregó que en el presente proceso deben sobresalir dos principios fundamentales del derecho laboral, a saber, el contrato realidad, y el indubio pro operario.
RÉPLICA
Advirtió el opositor que el cargo no entra en discusión sobre las normas causadas, lo que se torna en un grave error que no puede pasar desapercibido, ya que no basta con indicar la vía escogida y la modalidad, sino que debe explicarse, en qué consistió el dislate de la sentencia frente a la normativa, pero además precisarse, cómo debió haberse hecho la valoración; aspecto este último que no se hizo.
Dijo que examinada la sentencia recurrida, se encuentra que el ad quem desató acertadamente la alzada, determinando que no era procedente la indemnización moratoria cuando la entidad se encuentra intervenida para su liquidación, con apoyo en lo expresado por la Corte Suprema de Justicia en la sentencia CSJ SL 25546, 5 oct. 2005.
CONSIDERACIONES
Fundó el cargo el recurrente por la vía directa en la modalidad de interpretación errónea del art. 1 del Decreto 797 de 1949, que consagra la indemnización moratoria.
Para que se configure aquella, es necesario que el sentenciador de a la norma un entendimiento que no corresponda con su genuino e íntegro sentido, lo que exige que en la sentencia acusada aparezca una clara referencia a la norma mal interpretada o, por lo menos, que resulte indudable que en ella se aplicó la disposición dándole un entendimiento contrario a su verdadera hermenéutica (CSJ SL 11535, 14 abr.1999).
El juez de segundo grado absolvió a Cajanal EICE de la indemnización moratoria, por considerar, que pese a que su conducta de acudir a la Ley 80 de 1993, para vincular personal al que somete a subordinación, como ocurrió con el señor Barrios Grajales, carece de justificación atendible, y habría lugar a la indemnización reclamada, como el último vínculo contractual del demandante finalizó el 23 de junio de 2009, no hay lugar a imponerla, ya que con arreglo al Decreto 2196 de 2009, se ordenó la supresión y liquidación de la entidad, por ello, a partir de esa situación, las obligaciones pasaron a ser reconocidas y pagadas con sujeción al trámite previsto en el Decreto Ley 254 de 2000 y la Ley 1105 de 2006.
Por su parte, el censor soportó la interpretación errónea del ad quem, en dos razonamientos, a saber, haberle dado una interpretación errónea a la sentencia de esta corporación CSJ SL 44370 de 2012, mediante la cual se dispuso, que en los eventos en que las entidades utilizaran la modalidad regida por lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, pese a configurarse los elementos de un verdadero contrato de trabajo de carácter oficial en los términos del Decreto 2127 de 1945 para evadir derechos y obligaciones, procedía dicha sanción; e «[…] incluir una nueva condición para absolver a la demandada del pago de la indemnización moratoria al indicar que la terminación de la relación laboral obedeció a la liquidación contemplada en el decreto 2196 del 12 de Junio de 2009»; planteándose el cargo, contrario a lo expuesto por la opositora, en debida forma.
De entrada debe descartarse la alegada interpretación errónea por parte del tribunal, en relación con lo expuesto por esta corporación en la sentencia CSJ SL 44370 de 2012, pues precisamente la postura asumida por el colegiado, corresponde a la esbozada por el recurrente, simplemente que el fallador concluyó la improcedencia de la sanción moratoria, bajo la consideración, de que como el último vínculo contractual del demandante finalizó el 23 de junio de 2009, no había lugar a imponerla con arreglo al Decreto 2196 de 2009, que ordenó la supresión y liquidación de Cajanal EICE, ya que a partir de esa situación, las obligaciones pasaron a ser reconocidas y pagadas con sujeción al trámite previsto en el Decreto Ley 254 de 2000 y la Ley 1105 de 2006.
En efecto, aquella postura corresponde a la esbozada por esta corporación, en el sentido de que dicha sanción, no puede imponerse más allá de la liquidación de la entidad responsable. En un caso similar promovido en contra del ISS, en el que operó la liquidación de la entidad, en la sentencia CSJ SL194-2019, se expresó:
La sanción moratoria operará hasta la liquidación de la entidad responsable, esto es, hasta la suscripción del acta final de liquidación del ISS que fue publicada en el Diario Oficial 49470 del 31 de marzo de 2015. Como quiera que la entidad existió hasta la fecha indicada, es hasta ese momento que debe liquidarse la sanción, pues con posterioridad a esa data el Instituto perdió toda posibilidad de dar cumplimiento a las obligaciones que pudiesen estar a su cargo.
La Sala subraya que con la extinción definitiva de la entidad, la obligación se tornó de imposible ejecución y, en tal virtud, se presenta el fenómeno de la inimputabilidad de la mora, por tanto, no es viable extender la sanción más allá del 31 de marzo de 2015. Así, lo ha entendido esta Corporación en los eventos de disolución y liquidación de entidades en los que tampoco es posible emitir orden de reintegro o de reinstalación más allá de la existencia de la entidad, entonces, lo mismo sucede en tratándose de la sanción moratoria dado que no es lógico condenar por la demora en la atención de obligaciones a quien se encuentra imposibilitado para cumplir.
En consecuencia, precisa la Corte Suprema de Justicia su criterio a fin de establecer que cuando ocurre la liquidación de la entidad, la sanción moratoria se calcula hasta que aquella deja de existir. Esto se explica, porque al no tener el ISS la posibilidad de atender las obligaciones ordenadas en este trámite judicial con posterioridad a su liquidación final, necesariamente debe considerarse esta circunstancia para limitar la condena por concepto de indemnización moratoria hasta la fecha de extinción de la entidad, acaecida el 31 de marzo de 2015.
Valga precisar, que pese a que la extinción definitiva de Cajanal EICE tuvo lugar el 11 de junio de 2013, como lo da cuenta el Decreto 877 del mismo año, el recurrente no mostró inconformidad en cuanto al supuesto fáctico establecido por el tribunal, que determinó como fecha en que tuvo lugar ello, el 12 de junio de 2009, cuando se expidió el Decreto 2196, sino que su planteamiento por la vía de puro derecho, se limitó a señalar que la liquidación de la entidad no podía condicionar el reconocimiento de la sanción moratoria por parte de la entidad demandada.
Así las cosas, no incurrió el sentenciador de segundo grado, en interpretación errónea de la citada norma.
Corolario de lo anterior, el cargo no está llamado a prosperar.
Costas en el recurso extraordinario a cargo del recurrente. Como agencias en derecho se fija la suma de cuatro millones doscientos cuarenta mil pesos ($4.240.000), valor que se incluirá en la liquidación que haga el juez de primera instancia, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el veintiséis (26) de agosto de dos mil catorce (2014), dentro del proceso ordinario laboral promovido por seguido por CARLOS ARIEL BARRIOS GRAJALES en contra de la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL - CAJANAL EICE EN LIQUIDACIÓN, hoy PATRIMONIO AUTÓNOMO CAJANAL EICE EN LIQUIDACIÓN PROCESOS Y CONTINGENCIAS NO MISIONALES.
Costas como se expresó en la parte motiva.
Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.
ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA
OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA
GIOVANNI FRANCISCO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ
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