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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Sentencia SL756-2020

Fecha
4 de marzo de 2020
Magistrado ponente
Jorge Prada Sanchez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SL756-2020

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Parte resolutiva

DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, revoca los numerales 2, 3 y 4 de la sentencia proferida por el Juzgado Veintinueve Laboral de Oralidad del Circuito de Bogotá D.C, el 18 de septiembre de 2014, en cuanto absolvió a las demandadas de las pretensiones y, en su lugar, resuelve: Primero: Condenar a la Compañía de Seguros Bolívar S.A., Capitalizadora Bolívar S.A. y Seguros Comerciales Bolívar S.A., a pagar al demandante: a). Cesantías por $197.446.249 b). Intereses a las cesantías por $29.356.117 c). Primas de servicios por $13.662.666 d). Indemnización moratoria por $198.479.520; a partir del 16 de julio de 2014, intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificados por la Superintendencia Financiera, sobre el valor de las condenas por prestaciones sociales, hasta que el pago se verifique. Segundo: Declarar probada la excepción de prescripción de todos los derechos exigibles antes del 24 de octubre de 2010. Tercero: Negar las restantes pretensiones. Cuarto: Costas en las instancias a cargo de las demandadas.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral

Sentencia SL756-2020

Magistrado ponente: Jorge Prada Sanchez

4 de marzo de 2020

JORGE PRADA SÁNCHEZ

Magistrado ponente

SL756-2020

Radicación n.° 72354

Acta 7

Bogotá, D. C., cuatro (4) de marzo de dos mil veinte (2020).

La Corte procede a pronunciar fallo de instancia en el proceso ordinario que instauró MANUEL RICARDO RUBIO SÁNCHEZ contra la COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLÍVAR S.A, CAPITALIZADORA BOLÍVAR S.A y SEGUROS COMERCIALES BOLÍVAR S.A.

ANTECEDENTES

Mediante sentencia CSJ SL3575-2019, esta Sala de la Corte casó la proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., el 7 de octubre de 2014. Para mejor proveer, dispuso oficiar a las compañías Seguros Bolívar S.A. y Seguros Comerciales del Estado para que certificaran los salarios devengados por el trabajador, entre el 1 de octubre de 1988 y el 15 de febrero de 1993, información que fue allegada el 7 de octubre de 2019.

CONSIDERACIONES

Dado que el recurso de apelación presentado por el demandante (fl. 476 Cd) se solicitó que se declarara que Rubio Sánchez no se acogió a la modalidad de salario integral por lo que siempre estuvo bajo remuneración ordinaria, lo dicho en sede extraordinaria es suficiente para revocar la decisión proferida el 18 de septiembre de 2014, por el Juzgado Veintinueve Laboral de Oralidad del Circuito de Bogotá D.C.

Lo anterior, como quiera que escuchado el fallo de primer grado (fl. 476 Cd), se advierte que el a quo se equivocó al considerar que hubo «aceptación tácita» del demandante, la cual se materializó cuando «realizó ciertos actos de voluntad tales como el cobro de la liquidación final de prestaciones sociales y la continuidad de la labor en dichos términos», por manera que no solo desconoció el contenido del artículo 18 de la Ley 50 de 1990, el cual exige que para la variación de salario ordinario a integral debe constar escrito de aceptación del subordinado, sino que, además, pasó por alto las múltiples reclamaciones hechas por el trabajador, quien desde el inicio se opuso al cambio.

Es claro para la Sala que la falta de consentimiento de Rubio Sánchez deslegitima el actuar de la Compañía, quien pretendió imponerle la retribución a su arbitrio, de suerte que, debe decirse, la remuneración de Rubio Sánchez nunca pasó de ordinaria a integral, más aún si se tiene en cuenta que esa fue la figura salarial convenida desde el inicio de la relación laboral, sin que se llegara a un posterior acuerdo, como quedó demostrado. Así las cosas, proceden las pretensiones de la demanda inicial las cuales se liquidarán a continuación:

En cuanto a la excepción de prescripción formulada por las demandadas, se observa que la relación contractual finalizó el 15 de julio de 2012, al paso que la demanda se presentó el 24 de octubre de 2013 (fls. 150 a 159). Así las cosas, se declararán prescritos los intereses a las cesantías, primas de servicio y demás sumas que deban ser liquidadas periódicamente, exigibles antes del 24 de octubre de 2010, en los términos del artículo 151 del Código de Procedimiento Laboral.

El actor tiene derecho a percibir cesantías retroactivas por $197.446.249 de conformidad con el artículo 249 del Código Sustantivo del Trabajo, toda vez que no estuvo en discusión que laboró para la Compañía por 23 años y 315 días, entre el 1 de octubre de 1988 y el 15 de julio de 2012, y que percibió como último salario la suma de $8.270.000, pues así se desprende del soporte de liquidación definitiva de prestaciones sociales emanado de la encausada (fl. 26). Además, en el expediente no reposa documento que demuestre que el trabajador se acogiera al parágrafo del artículo 98 de la Ley 50 de 1990.

De igual manera, tiene derecho a intereses sobre las cesantías por valor de $29.356.117 a partir del 24 de octubre de 2010 y hasta la terminación del vínculo contractual pues, como ya se dijo, las sumas anteriores se encuentran prescritas. El anterior monto, se desprenden del siguiente cuadro:

Intereses a las cesantías:

AÑO

CESANTÍAS ACUMULADAS

TIEMPO DE SERVICIO

DÍAS A LIQUIDAR

TOTAL

2010

$164.809.166

22 años y 60 días

66

$664.730

2011

$181.163.333

23 años y 60 días

360

$21.739.599

2012

$197.447.249

23 años y 315 días

195

$6.951.788

TOTAL

$29.356.117

De conformidad con el artículo 306 del Código Sustantivo del Trabajo, el actor tiene derecho a percibir primas de servicio por valor de $13.662.666, por el periodo comprendido entre el 24 de octubre de 2010 y el 15 de julio de 2012, así:

AÑO

SALARIO

DÍAS A LIQUIDAR

TOTAL

2010

$7.435.000

66

$1.363.083

2011

$7.820.000

360

$7.820.000

2012

$8.270.000

195

$4.479.583

TOTAL

$13.662.666

En cuanto a la indemnización moratoria, el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo dispone que si a la terminación del contrato, el empleador no sufraga los salarios y prestaciones adeudadas, debe pagar al asalariado una suma igual al último salario diario por cada día de retardo, hasta por 24 meses, e intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificados por la Superintendencia Bancaria hoy Superintendencia Financiera, a partir de la iniciación del mes 25 y hasta cuando se verifique el pago.

Como es criterio reiterado y pacífico que dicha indemnización no debe ser impuesta de forma automática, se procede al estudio de los medios de convicción en procura de verificar si se acreditaron razones atendibles y relevantes con la entidad suficiente para exonerar a las enjuiciadas de su imposición.

Para la Sala es claro que la buena fe que alegaron las demandadas, lejos está de haber sido acreditada, en la medida en que lo que se observa es que valiéndose de su poder subordinante, en forma unilateral y a pesar de la negativa del trabajador, la Compañía adoptó la modalidad introducida por la Ley 50 de 1990, a pesar de que a través de sendos comunicados y correos electrónicos (fls. 14 a 19), el accionante repudió la variación del esquema remuneratorio.

De esta suerte, antes que buena fe, lo que develan las pruebas es una conducta reprochable por parte de Seguros Bolívar S.A., en la medida en que, a sabiendas de que en los términos de la Ley 50 de 1990, debía mediar consentimiento del trabajador, para que fuera válida la migración del antiguo sistema al nuevo, lo que se evidenció es que Manuel Ricardo Rubio se opuso radicalmente a que su salario quedara gobernado por las disposiciones que modificaron el régimen retroactivo del auxilio de cesantías y, a pesar de ello, dejó de pagarle las prestaciones sociales que correspondía.

Se dice lo anterior, toda vez que según las certificaciones expedidas por la enjuiciada (fls. 42 a 82), el actor devengaba un salario promedio mensual que no estaba sometido a modalidad integral; si bien, la Sala entiende que la aceptación del trabajador de acogerse al nuevo esquema sobre la materia, no está condicionado a la exigencia de algún tipo de solemnidad, lo que sí tiene claro, como también lo tiene la jurisprudencia, es que el cambio de modelo no puede quedar al arbitrio del empleador, en la medida en que ello comportaría un manifiesto compromiso de la libertad y dignidad del asalariado.

Igualmente, estima la Corte que en episodios como el que registran los autos, nada tiene que ver el principio consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política, sobre la primacía de la realidad sobre las formalidades adoptadas por los contratantes, en tanto lo que en esta contención se ventiló, giró en torno a la necesidad de que se hubiera acreditado la voluntad del empleado de aceptar la propuesta del patrono que, a la sazón, quedó huérfana de demostración, a más que, como ya se expresó, lo que se probó fue su decidido rechazo a tal determinación.

De esta suerte, se impondrá condena a la Compañía encausada por $198.479.520, en tanto el último salario devengado por el trabajador fue de $8.270.000 (fl. 26); a partir del 16 de julio de 2014, deberá pagar intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificados por la Superintendencia Financiera, sobre el valor de las prestaciones sociales impuestas en esta sentencia, hasta que se verifique el pago.

No procede la indemnización por no consignación de cesantías del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 pues, como ya se dijo, las cesantías del actor permanecieron retroactivas a la luz del artículo 249 del Código Sustantivo del Trabajo, pagaderas a la terminación del vínculo contractual.

Costas en ambas instancias a cargo de la Compañía de Seguros Bolívar S.A.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, revoca los numerales 2, 3 y 4 de la sentencia proferida por el Juzgado Veintinueve Laboral de Oralidad del Circuito de Bogotá D.C, el 18 de septiembre de 2014, en cuanto absolvió a las demandadas de las pretensiones y, en su lugar, resuelve:

Primero: Condenar a la Compañía de Seguros Bolívar S.A., Capitalizadora Bolívar S.A. y Seguros Comerciales Bolívar S.A., a pagar al demandante:

a). Cesantías por $197.446.249

b). Intereses a las cesantías por $29.356.117

c). Primas de servicios por $13.662.666

d). Indemnización moratoria por $198.479.520; a partir del 16 de julio de 2014, intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificados por la Superintendencia Financiera, sobre el valor de las condenas por prestaciones sociales, hasta que el pago se verifique.

Segundo: Declarar probada la excepción de prescripción de todos los derechos exigibles antes del 24 de octubre de 2010.

Tercero: Negar las restantes pretensiones.

Cuarto: Costas en las instancias a cargo de las demandadas.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

DONALD JOSÉ DIX PONNEFZ

JIMENA ISABEL GODOY FAJARDO

JORGE PRADA SÁNCHEZ

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