Ficha de la providencia
Sentencia SL774-2020
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
Ficha de la providencia
Sentencia SL774-2020
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral
Sentencia SL774-2020
Magistrado ponente: Giovanni Francisco Rodriguez Jimenez
3 de marzo de 2020
GIOVANNI FRANCISCO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ
Magistrado ponente
SL774-2020
Radicación n.° 70986
Acta 007
Bogotá DC, tres (3) de marzo de dos mil veinte (2020).
Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por CECILIO LARA PADILLA, contra la sentencia proferida el 27 de mayo de 2014 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, Sala Segunda de Decisión Laboral, dentro del proceso que le sigue a AUGUSTO DE JESÚS AREIZA.
ANTECEDENTES
Cecilio Lara Padilla demandó al señor Augusto de Jesús Areiza, para que se declare que entre ellos, existió un contrato de trabajo verbal a término indefinido desde el 17 de agosto de 1990 hasta el 28 de julio de 2009, el cual terminó por decisión unilateral del demandado sin justa causa, en consecuencia, que se le condene a pagarle las indemnizaciones por no consignarle oportunamente las cesantías a un fondo, la del artículo 64 del CST y la moratoria del 65 del CST, por no cancelarle los salarios, prestaciones y la indexación; la reliquidación de las prestaciones sociales como cesantías, intereses a las cesantías, primas de servicio y vacaciones; el valor de los conceptos por no afiliación a salud, pensión y riesgos profesionales durante la vigencia del contrato; la pensión establecida «[…] en el artículo 267 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual fue subrogado por la Ley 50 de 1990, art. 37. Ley 100 de 1993, art. 133»; los valores por no afiliarlo a una caja de compensación familiar; perjuicios materiales por no entregarle el calzado y vestido de labor; subsidio de transporte; los recargos nocturnos, horas extras diurnas y nocturnas; dominicales y festivos.
Como fundamento de sus pretensiones manifestó que prestó sus servicios personales bajo la continua subordinación y dependencia del demandado, quien es propietario del establecimiento de comercio Autogrúas; que celebraron contrato laboral verbal a término indefinido desde el 17 de agosto de 1990 hasta el 28 de julio de 2009, fecha última en que terminó la relación laboral el empleador de manera unilateral y sin justa causa, por haber servido como testigo en contra de este, en un proceso iniciado por Fernando Simanca Gulfo, que cursaba en el Juzgado Laboral del Circuito de Cartagena; que el cargo desempeñado fue el de ayudante de grúas, en el horario de 6:00 a.m. a 8:00 p.m.; que el último salario devengado fue de $461.500, más un 10% del valor del remolque o desvare.
Agregó, que, a la terminación del contrato de trabajo sin justa causa, no le cancelaron lo que pretende.
Augusto de Jesús Areiza al contestar la demanda se opuso a las pretensiones. En cuanto a los hechos dijo que no eran ciertos.
Aclaró que Lara Padilla nunca había prestado sus servicios personales bajo su subordinación; que jamás celebró contrato de trabajo con él; que no fue su trabajador ni mediante contrato verbal ni escrito, ni a término fijo como tampoco indefinido, por lo que no era cierto que hubiese terminado unilateralmente y sin justa causa.
Aceptó que el actor fue testigo en el proceso laboral iniciado en su contra por Fernando Simanca Gulfo, y precisó que era una persona totalmente independiente, que se embarcaba en las diferentes grúas que funcionaban en Cartagena, con ingresos por porcentaje del producido diario de las mismas; que el conductor ganaba un 20% y el ayudante un 10%, y el primero echaba combustible y entregaba al dueño de la grúa un 70%; que el demandante prestaba sus servicios cuando habían bienes que transportar, con total independencia del dueño de los vehículos, ya que no había subordinación, ni existía salario.
Expuso que por razones humanitarias y para la realización de ciertos servicios, Lara Padilla fue afiliado a salud, pensión y riesgos, ya que las empresas contratistas exigían como requisito primordial para ingresar a ellas para realizar servicios de traslado de mercancías, que las personas portaran carnet de salud y ARP; que no ha actuado de mala fe; que no tiene nada que ver la declaración rendida por el actor.
Propuso como excepciones las de cobro de lo no debido e inexistencia de la obligación.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
El Juzgado Segundo Laboral de Descongestión del Circuito de Cartagena, mediante fallo del 31 de julio de 2012, absolvió a la parte pasiva de las pretensiones de la demanda.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Por apelación de la parte actora, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, Sala Segunda de Decisión Laboral, mediante sentencia del 27 de mayo de 2014, decidió:
REVOCAR parcialmente la sentencia dictada por el Juzgado Segundo Laboral de Descongestión del Circuito de Cartagena el día 31 de julio de 2012, para en su lugar disponer:
Condenar a la demandada a pagar al demandante en este proceso la suma de CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS CON CATORCE CENTAVOS ($4.298.184.14), por concepto de indemnización por despido injusto.
Condenar a la demandada a pagar al demandante la suma de CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($5.267.628), por concepto de auxilio de transporte.
Condenar en costas de ambas instancias a cargo de la parte demandada. En esta instancia se fijan agencias en derecho en la suma de un salario mínimo legal mensual vigente para la época, es decir, la suma de SEISCIENTOS DIECISÉIS ML PESOS ($616.000).
El juez plural para arribar a su decisión, manifestó:
Según el recurrente, el Juzgado se equivocó al dar por establecida la existencia del contrato de trabajo porque, en su sentir, las declaraciones de GUILLERMO LEÓN ZAMBRANO, FERNANDO SIMANCAS GULFO, ALFREDO HERNÁNDEZ PADILLA y la prueba documental visible a folio 16, ponen de manifiesto que fue de tal naturaleza la relación que lo unió al demandado.
De acuerdo con lo dispuesto en el art. 24 del C.S.T., "Se presume que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo". Atendiendo a este precepto, no es necesario demostrar directamente el elemento subordinación para que se configure el contrato de trabajo, sino que, demostrada la prestación del servicio obra a favor de quien lo ejecutó dicha presunción y corresponde entonces al presunto empleador desvirtuar la misma demostrando que el servicio personal no fue dependiente sino autónomo.
Las pruebas testimoniales visibles a folios 57 a 59, 62 a 63 y 72 a 74, no dejan duda de que la actividad realizada por el actor era de ayudante de grúas, sin embargo, no están de acuerdo los declarantes respecto a la forma en que se ejecutaba la labor, pues, mientras unos aseguran que su empleador era el demandado, que estaba sujeto a un horario y al cumplimiento de órdenes impartidas por el mismo, otros refieren que dicha actividad era ejecutada en forma independiente y que si bien, el actor trabajó en las grúas de propiedad del demandado, también lo hacía para otros propietarios porque en desarrollo de su actividad debía permanecer en el tránsito esperando que se presentara la necesidad del servicio.
Para la Sala, le asiste razón al recurso cuando acusa de errada la valoración probatoria del juez de primer grado puesto que, examinada en conjunto la prueba fácilmente se arriba a la conclusión de que el demandado era empleador del demandante como lo afirman varios de los testigos ya que, el dicho de éstos aparece respaldado por las pruebas documentales visibles a folios 16, 50 y 54 a 56, las cuales contienen un carnet de afiliación del actor a una EPS donde figura como empleador el demandado y el pago de aportes a pensión por parte del mismo. Además, no entiende la Sala cómo el accionado en su condición de propietario de una grúa que debe estar disponible para prestar el servicio en el momento que se necesite, no tenga disponible a aquellas personas que se requieran para movilización y adecuada prestación del servicio, sino que este mismo depende de que esté presente o no un operario que realice la labor.
Las anotadas probanzas no dejan duda de que el demandante trabajó al servicio de la demandada y en consecuencia, se tendrá como extremo inicial de la relación laboral el día 17 de agosto de 1996, indicado en el documento de folio 54, contentivo de la afiliación al Sistema de Seguridad Social en pensión, donde figura como empleador el demandado. Y en cuanto al extremo final de la misma, se tendrá como tal el 8 de febrero de 2009, fecha en la cual según el reporte de pagos efectuado por el demandado a la EPS donde se encontraba afiliado el actor, éste se encontraba trabajando al servicio de aquel.
Seguidamente, expresó, que una vez establecido lo anterior, pasaría a analizar «[…] si están llamadas a prosperar las súplicas relacionadas con el pago de los créditos sociales que, según la demanda, se derivaron de esa relación», lo que hizo de la siguiente manera:
El actor reclama el pago del mayor valor dejado de cancelar por concepto de cesantías, intereses, primas de servicio y vacaciones. Sin embargo, no obra prueba en el expediente de cuáles fueron las sumas pagadas para poder establecer si el valor pagado resultó o no ajustado a lo que legalmente corresponde. En consecuencia, esta súplica tampoco estaba llamada a prosperar.
Tampoco procede condena alguna por concepto de perjuicios materiales derivados de no haberle suministrado al trabajador calzado y vestido de labor, pues, si bien pueden reclamarse los perjuicios derivados del incumplimiento de dicha obligación, debe acreditarse el monto de los mismos y esta prueba no se allegó al proceso.
En relación con la falta de pago por concepto de recargos nocturnos, horas extras, dominicales y festivos se advierte, que no existe constancia en el proceso del número de horas trabajadas en tiempo suplementario, o días de descanso obligatorio, prueba ésta, que debe ser precisa puesto que, como lo ha señalado la Jurisprudencia no es dable al juzgador hacer cálculos o suposiciones para determinar el número probable de días y horas trabajadas. Por tanto, no es procedente la condena por este concepto.
En cuanto a la indemnización por despido se tiene que, según la prueba testimonial de folios 57 a 59 y 63 a 64, el empleador propició la ruptura del vínculo y como no aparece demostrada la existencia de una justa causa, resulta procedente la condena al pago de indemnización de la misma.
Respecto al auxilio de transporte, no obra prueba que acredite su pago en vigencia del contrato de trabajo ni a la terminación del mismo, por tanto, procede la condena impetrada.
Teniendo en cuenta que no aparece demostrado el monto del salario devengado por el actor, puesto que, según lo afirmado por los testigos (fols. 57 a 59, 63 a 63 72 a 74 y 85 a 86), no tenía un salario fijo, sino que ganaba por porcentaje, se tomará como base para liquidar la indemnización por despido y el auxilio de transporte, el salario mínimo vigente para los años 1996 a 2009.
Luego se ocupó de la pensión reclamada por el actor, para ello, reprodujo el artículo 133 de la Ley 100 de 1993, y dijo, que era la norma aplicable al presente asunto, por ser la vigente para la fecha de la desvinculación. Enseguida, expresó:
En el presente caso, las pruebas documentales visibles a folios 54 a 56, acreditan la afiliación del trabajador al Sistema General de Seguridad Social en pensión por parte del demandado. Por tanto, es fácil concluir que por esta sola circunstancia, no era viable acceder al reconocimiento de la prestación reclamada.
Cabe anotar finalmente que, si bien existe deuda de carácter prestacional a cargo de la empleadora no se impondrá condena por concepto de indemnización moratoria debido a que existió controversia en torno a la existencia del contrato de trabajo y la demandada demostró que existían razones fundadas para creer para creer (sic) que no debía.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 392 del C.P.C., se impondrán costas de ambas instancias a cargo de la parte demandada. En esta instancia se fijan agencias en derecho en la suma de un salario mínimo legal mensual vigente para la época, es decir, la suma de SEISCIENTOS DIECISÉIS MIL PESOS ($616.000).
RECURSO DE CASACIÓN
Interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.
ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN
Solicitó que se casase parcialmente «[…] la sentencia acusada en lo tocante con las condenas que impuso y las absoluciones que confirmó, para que en sede de instancia se revoquen los numerales primero y segundo de la parte resolutiva de la decisión del A quo y se condene a todas y cada una de las pretensiones del líbelo demandador».
Con tal propósito formuló dos cargos, por la causal primera de casación, que no fueron replicados.
CARGO PRIMERO
Acusó la sentencia por la «[…] vía directa por interpretación errónea de los artículos 47, 186, 249, 267 del CST el cual fue subrogado por la ley 50 de 1990, artículo 37. Ley 100 de 1993 artículo 193, 306 del C.S.T. el artículo 3° de la Ley 797 de 2003 modificatorio del artículo 15 de la Ley 100 de 1993, 99 de la Ley 100 de 1993».
Para demostrar el cargo, dijo, que:
Los errores jurídicos en que incurrió el tribunal son:
Afirmar que el actor reclama el pago del mayor valor dejado de cancelar por concepto de cesantías, interés, prima de servicios, vacaciones, argumentando que no obraba pruebas en el expediente de cuáles eran las sumas pagadas para poder establecer que el valor pagado resultó o no ajustado a lo que realmente corresponde.
En este aspecto cabe anotar que se solicitó la reliquidación de las prestaciones sociales y vacaciones por todo el tiempo laborado debido a que en la demanda se manifestó por el demandado le cancelaba $50.000.oo, Cincuenta mil pesos mensuales por concepto de liquidación de prestaciones sociales y vacaciones. Le incumbía la carga de la prueba a la parte demandante de probar que había hecho esos pagos, sin embargo en la contestación del hecho 8° de la demanda ésta confesó que no había cancelado estos conceptos por considerar que no existía contrato laboral con el Actor. Sin embargo, la Sala no condenó por estos conceptos, a pesar de lo manifestado.
Interpreta erróneamente el tribunal cuando manifiesta que el actor reclamaba el pago del mayor valor dejado de cancelar por concepto prestaciones sociales y vacaciones. Al observar la pretensión número 4 del libelo demandador se puede leer que la condena al demandado AGUSTO DE JESÚS AREIZA quien es propietario del establecimiento de comercio AUTO GRÚAS a pagar a mi representado CECILIO LARA PADILLA, el valor de la reliquidación de prestaciones sociales (cesantías, Interés sobre las cesantías, prima de servicios) y vacaciones durante el contrato de trabajo verbal por término indefinido es decir, desde el 17 de agosto de 1990 a 28 de julio de 2009 razón por la cual el tribunal debió condenar a la reliquidación de prestaciones sociales atendiendo a las probanzas.
El segundo se produce cuando el tribunal considera que lo concerniente a la pensión reclamada por el actor del artículo 133 de la ley 100 de 1993 norma aplicada al presente asunto, porque era la vigente para la fecha de la desvinculación, dispone:
[…]
En relación a la no condena en el sentido de que se le consigne los aportes a Pensión al Actor, la Sala considera que a folios 54 a 56, se acredita la afiliación del trabajador al Sistema General de Seguridad Social, argumentando que por esa sola constancia no era viable acceder al reconocimiento de la prestación reclamada.
Si bien es cierto que aparece una constancia de afiliación, no es menos cierto que solo aparecen (17) semanas cotizadas, desde el 3 de Enero de 1996, fecha que tuvo la Sala como extremo inicial del contrato de trabajo, desconociendo que esa fecha del reporte de la afiliación no tiene por qué tornarse como extremo inicial máxime si la prueba testimonial en cabeza de los señores FERNANDO SIMANCA GULFO Y ALFREDO HERNÁNDEZ PADILLA, ex compañeros de trabajo del Actor, determinaron la fecha de iniciación de la relación laboral, es decir, 17 de Agosto de 1990 y terminación el 28 de julio de 2009 máxime que el alto tribunal considero que el despido del trabajador fue injusto por lo cual la pretensión contemplada numeral 6 del libelo demandador es decir la pensión del 267 del CST el cual fue subrogado por la ley 50 de 1990, artículo 37. Ley 100 de 1993 artículo 193 se torna viable se conceda en esta instancia.
El tercero radica en que las anotadas probanzas no dejan duda de que el demandante trabajó al servicio de la demandada y en consecuencia, se tendrá como extremo inicial de la relación laboral el día 17 de agosto de 1996, indicado en el documento de folio 54, contentivo de la afiliación al sistema de seguridad social en pensión, donde figura como empleador el demandado. Y en cuento al extremo final de la misma, se tendrá como tal el 8 de febrero de 2009, fecha en la cual según el reporte de pagos efectuados por el demandado a la EPS donde se encontraba afiliado el actor, este se encontraba trabajando al servicio de aquel.
De las documentales arrimadas al plenario como la prueba testimonial de los señores GUILLERMO ENRIQUE LEÓN ZAMBRANO, FERNANDO SIMANCAS GULFO y ALFREDO HERNÁNDEZ PADILLA se pudo establecer que la relación de los extremos laborales se inicia el 17 de agosto de 1990 y termina el 28 de julio de 2009.
El cuarto se produce cuando el tribunal omite totalmente pronunciarse sobre la pretensión 5 del libelo demandador en el sentido que se condenara al demandando a pagar los valores correspondientes a los aportes a pensión por la vigencia del contrato de trabajo es decir desde el 17 de agosto de 1990 hasta el 28 de julio de 2009.
CONSIDERACIONES
La Sala reitera una vez más, que la demanda de casación conforme al sistema constitucional y legal, está sometida a ciertas formalidades, las que más que un culto a la técnica, son supuestos fundamentales de la racionalidad del recurso, constituyen su debido proceso y son ineludibles para que este no se desnaturalice; por ello, el escrito contentivo del mencionado recurso extraordinario, debe reunir no solo los requisitos formales previstos en el artículo 90 del CPTSS, sino que además, la acusación debe ser lógica y ajustada a los requisitos mínimos de orden técnico, clara en su planteamiento, completa en su desarrollo y eficaz en el objetivo buscado (CSJ SL5268-2017).
De igual manera se ha sostenido, que este recurso no le otorga competencia a la Sala para juzgar el litigio planteado en el proceso a fin de resolver a cuál de los contendientes le asiste la razón, toda vez que su labor, siempre que el recurrente efectúe un planteamiento adecuado de la acusación, se circunscribe a enjuiciar la sentencia acusada, para establecer si el Tribunal atendió las normas jurídicas que estaba obligado a aplicar para rectamente dirimir el conflicto sometido a su consideración y a mantener el imperio de la ley.
Dicho lo anterior, pertinente es resaltar, además, que es deber del recurrente identificar los pilares de la decisión a fin de escoger la vía que corresponda, ya que si los juicios son fácticos el recurso debe dirigirse por la vía indirecta, y si son jurídicos por la vía directa, y si son mixtos para atacar la sentencia la acusación debe formularse en cargos separados, porque como es bien sabido, no se pueden entremezclar argumentos fácticos y jurídicos.
En sentencia SL 17937-2017, se dijo:
Esta Sala de la Corte ha advertido con suficiencia que «(…) la confrontación de una sentencia, en la intención de lograr su derrumbamiento en el estadio procesal de la casación, comporta para el recurrente una labor persuasiva y dialéctica, que ha de comenzar por la identificación de los verdaderos pilares argumentativos de que se valió el juzgador para edificar su fallo; pasar por la determinación de si los argumentos utilizados constituyen razonamientos jurídicos o fácticos; y culminar, con estribo en tal precisión, en la selección de la senda adecuada de ataque: la directa, si la cuestión permanece en un plano eminentemente jurídico; la indirecta, si se está en una dimensión fáctica o probatoria» (CSJ SL, 27 feb. 2013, rad. 43132).
En la misma, sentencia se enseñó:
[…] quien escoja como vía de ataque la directa, debe allanarse a las conclusiones fácticas contenidas en el fallo así como al análisis probatorio realizado por el fallador para dar por establecidos los hechos del proceso, y mantener la controversia en un plano estrictamente jurídico. Por el contrario, quien opte por el sendero indirecto, discrepa de todos o algunos de los soportes fácticos de la sentencia. Por lo tanto, debe orientar su ataque en ese sentido, sin que esté permitido en uno y otro caso, acudir de manera indiscriminada a argumentos propios de cada una de esas vías.
Se pone de relieve lo anterior, por cuanto el cargo formulado por el recurrente adolece de desatinos técnicos, no acordes con las normas mínimas que rigen el recurso extraordinario de casación, por lo siguiente:
El recurrente, plantea el cargo por la vía directa, en la modalidad de interpretación errónea de unas normas sustanciales, lo que implica total conformidad con todas las conclusiones fácticas y probatorias del juez plural, y por ende su embate dado el submotivo de violación escogido, debe ir dirigido única y exclusivamente a poner de presente en sede casacional la equivocación del Tribunal en el ejercicio interpretativo de las normas que aplicó y que efectivamente regulan el caso controvertido, pensamiento, que además, debe haberse expresado en el cuerpo de la sentencia.
En ese norte, la censura no cumple los cometidos que un error de esa naturaleza exige para demostrar el dislate de juicio en que incurrió el ad quem, pues no dice de manera expresa, clara y precisa, cuál fue la inteligencia distinta que en las normas acusadas el colegiado halló, como tampoco lo confronta con el verdadero sentido que debió darle, pues se limitó a entremezclar situaciones eminentemente fácticas del proceso con argumentos jurídicos, contrariando, como ya se dijo, lo expuesto por esta Corporación, en el sentido de que cuando se escoge la vía directa se aceptan las conclusiones fácticas y probatorias a las que arribó el Tribunal, y que evidentemente quedan fuera de toda discusión en esta senda.
Aunque es evidente que el cargo es inestimable, si en un exceso de holgura considerara la Sala que a partir de la demostración del mismo se puede estructurar una acusación fáctica, tampoco tendría éxito el ataque por ese sendero, por cuanto, lo que el Tribunal dice que pretendió el actor en su demanda, es lo que se deriva de la pretensión cuarta del libelo genitor (pagos deficitarios), y ello no se desvirtúa con los hechos que soportan las pretensiones de la demanda, específicamente el octavo a que se refiere el recurrente, pues en este, se observa que durante todo el tiempo que duró la relación laboral, el demandado le pagó las cantidades relacionadas, del año 1990 al 2007, es decir, por los mismos conceptos relacionados en aquella pretensión, por lo tanto, el Tribunal no incurrió en ningún error cuando consideró que el actor reclamaba «[…] el pago del mayor valor dejado de cancelar por concepto de cesantías, intereses, primas de servicio y vacaciones. Sin embargo, no obra prueba en el expediente de cuáles fueron las sumas pagadas para poder establecer si el valor pagado resultó o no ajustado a lo que legalmente corresponde», incumbiéndole a la censura el deber de demostrar que sí existían en el plenario tales probanzas, y que estas fueron mal valoradas o no apreciadas por el fallador de alzada, lo que evidentemente no ocurrió.
En cuanto a los extremos temporales que dio por demostrado el Tribunal, con las pruebas visibles a folios 16, 50 y 54 a 56, como son el carnet de afiliación del actor a una EPS donde figura como empleador el demandado y el pago de aportes a pensión por parte del mismo, no se encuentra que haya podido incurrir el juez plural en ningún dislate fáctico, pues durante la fecha de afiliación y el tiempo hasta que el empleador hizo los aportes al sistema de seguridad social, era indiscutible la existencia del contrato de trabajo, y bajo ese entendido, si existían pruebas calificadas que indicaran lo contrario, era deber del recurrente acusarlas y a partir de ellas poner en evidencia el error.
Los medios de convicción que llevaron al operador judicial de segundo grado a inferir los extremos temporales de la relación laboral, fueron los que condujeron a que el mismo no accediera a la pensión deprecada, pues es claro, que con base ellos concluyó la afiliación al sistema de seguridad social en pensiones, circunstancia que impide acceder a tal prestación, ello de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Ley 100 de 1993, ya que al producirse esta afiliación, es un imposible pretender se conceda la prestación establecida en el referido precepto, norma vigente al momento en que se produjo la desvinculación sin justa causa, tal como lo coligió el juez de apelaciones. En sentencia de esta Sala, CSJ SL011-2020, se rememoró la sentencia CSJ SL3508-2019, se dijo:
De tal manera que al producirse esa afiliación, no se puede pretender la aplicación del artículo 133 de la Ley 100 de 1993, porque si los demandantes fueron afiliados el 1º de abril de 1994, esto significa que la accionada cumplió a cabalidad con dicha previsión legal, por lo que resulta contrario a dicha normatividad imponerle el pago de la prestación reclamada.
Pertinente es advertir, que fueron precisamente los pilares fácticos con los que el colegiado estableció los extremos temporales del vínculo contractual, los que soportaron su decisión de no ordenar los aportes solicitados en la pretensión quinta del líbelo genitor, así lo dejó dicho el ad quem, cuando mediante auto de fecha 5 de agosto de 2014 (f.° 70), negó la solicitud de aclaración y adición de la sentencia, solicitada por el recurrente, lo que por más, no fue objeto de ningún ataque en casación por parte de la censura.
Así las cosas, al no evidenciarse error ostensible del Tribunal en las pruebas calificadas en casación, no está facultada la Corte para estudiar los testimonios a que hace referencia la censura en el desarrollo del cargo, pues solo es posible su revisión y análisis si de las pruebas idóneas en esta sede, se demuestra un error con el carácter de protuberante, lo que en el presente caso no ocurrió.
En lo pertinente dijo esta Corporación en la sentencia CSJ SL4596-2019, lo siguiente:
Al respecto, cabe agregar que el impugnante menciona en el segundo cargo la falta de apreciación de los testimonios que demuestran la actividad de alto riesgo que ejecutó. Sin embargo, frente a tales declaraciones conviene precisar que no son medio calificado en casación, pues, conforme lo establece el artículo 7.° de la Ley 16 de 1969, solamente puede refutarse en el recurso extraordinario por la vía de errores de hecho, la falta de valoración o apreciación errónea de documentos auténticos, la confesión judicial y la inspección judicial, salvo que se demuestre error con prueba calificada, lo que no ocurre en este asunto.
Por lo expuesto, se desestima el cargo.
CARGO SEGUNDO
Acusó la sentencia de violar, «por vía indirecta y por aplicación indebida la siguiente disposición sustancial del orden nacional: artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo modificado por la ley 789 de 2002 artículo 9 numeral 1 parágrafo 2».
Como error de hecho endilgado al Tribunal, señaló:
No dar por demostrado estándolo que si bien existen una deuda de carácter prestacional a cargo de la empleadora no se impuso condena por concepto de indemnización moratorio debido a que existió controversia en torno al contrato de trabajo debiendo haber condenado.
Como pruebas mal apreciadas, relacionó:
1. Escrito de demanda como herramienta procesal y como contentivo de confesión
2. Contestación de demanda como pieza procesal
3. Conducta sustancial y procesal del demandado
Para demostrar el cargo, expuso, que:
40879011444970El Tribunal erróneamente considero que si bien es cierto que el demandado le adeuda conceptos laborales al demandante no era suficiente razón para imponer condena por concepto de indemnización moratoria argumentando que había existido discusión sobre la existencia del contrato de trabajo y yerra aún más cuando concluye que el demandado demostró que existía razones fundadas para creer que no debía. Las pruebas interpretadas erróneamente conllevan a establecer que el actuar del demandado no reviste mala fe a pesar de que armo diseño (sic) un procedimiento sustancialmente lesivo a los intereses del actor a tal punto que se desconoce la vinculación de casi 19 años de servicio del trabajador a favor del empleador lo que constituye un periodo bastaste prolongado del cual se le privo del tratamiento que debía de dársele al trabajador al adoptar el demandado estrategias para disfrazar las verdadera naturaleza del vínculo, vulnero de manera ostensible los derechos mínimos que debió recibir mi apadrinado entonces no es de recibió que el tribunal de manera simplista y en pocas palabras manifieste que el encartado siempre actuó pensado que nada le debía al demandante razón por la cual el tribunal debió hacer un estudio complejo de la conducta sustancial y procesal del accionado lo cual devenía en el (sic) condena de indemnización moratorio que hoy se reclama en esta demanda de casación.
CONSIDERACIONES
Conforme al cargo planteado, y que hace referencia a la mala fe del empleador, si bien es cierto podría pensarse que no es suficiente argumento para negar la indemnización pretendida el que hubiese sido objeto de controversia la existencia del contrato de trabajo, no puede pasarse por alto que la colegiatura complementó su argumentación con el hecho de que no se aportaron elementos de convicción o de prueba, que desvirtuaran la mala fe del empleador.
Para derruir el pilar fáctico que soportó la negación de la indemnización pretendida del art. 65 del CST, el recurrente acusó de mal apreciada la demanda como pieza procesal y contentiva de confesión, la contestación de la demanda y la conducta procesal del demandado, pretendiendo derivar de ello que el empleador armó un entramado para sustraerse de las obligaciones laborales que le correspondía, embate que resulta insuficiente para derruir el juicio del Tribunal, por cuanto lo que existe en la demanda es una confesión de que el empleador cumplió con el pago de las acreencias laborales derivadas del contrato, y como lo que se pretende es una reliquidación, tal pedimento lleva implícito la idea de revisar lo que ya fue pagado, y la actuación procesal lo que determinó es que esos pagos se realizaron aunque en una temporalidad menor a la aducida en el libelo genitor del proceso.
Ahora en cuanto a la contestación de la demanda, para que sea estimable en esta sede como pieza procesal, debe contener una confesión, aspecto no se avizora en ese libelo y, además, ninguna referencia realiza el recurrente al respecto.
Por otra parte, no puede la Sala oficiosamente buscar en toda la actuación procesal dónde estuvo el error endilgado, pues ello es posible si el censor especifica cuáles son las piezas procesales o pruebas pertinentes, indicando las no valoradas o no erradamente apreciadas por el ad quem, manifestando qué derivó de ellas, qué es lo que a su juicio de estas probanzas en realidad acreditan y cuál hubiese sido la decisión de haberse analizado o valorado correctamente, y como solo indicó y acusó las ya referidas en párrafos precedentes, no le es dable a la Sala descender al material probatorio a auscultar lo que no fue individualizado y precisado por el recurrente, deberes del censor que la Corte ha precisado verbigracia en la sentencia CSJ SL 1548, 23 mar. 2001.
Por lo anteriormente expuesto, el cargo no sale avante.
Sin costas en casación, por no haber réplica.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, Sala Segunda de Decisión Laboral, el veintisiete (27) de mayo de dos mil catorce (2014), dentro del proceso ordinario laboral seguido por CECILIO LARA PADILLA contra AUGUSTO DE JESÚS AREIZA.
Costas como se dijo en la parte motiva.
Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA
OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA
Aclara voto
GIOVANNI FRANCISCO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ
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