Ficha de la providencia
Sentencia SL781-2023
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
Ficha de la providencia
Sentencia SL781-2023
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral
Sentencia SL781-2023
Magistrado ponente: Donald Jose Dix Ponnefz
19 de abril de 2023
DONALD JOSÉ DIX PONNEFZ
Magistrado ponente
SL781-2023
Radicación n.°89614
Acta 12
Bogotá, D. C., diecinueve (19) de abril de dos mil veintitrés (2023).
La Sala decide el recurso de casación interpuesto por MARIELLA DORRONSORO DE REYES, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, 28 de febrero de 2020, en el proceso ordinario que instauró contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES-COLPENSIONES, al que fueron vinculados LA NACIÓN – MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO y LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL UGPP.
ANTECEDENTES
Mariella Dorronsoro de Reyes solicitó se reliquidara la mesada pensional de su cónyuge fallecido Carlos Alberto Reyes Delgado a partir del 12 de junio de 1998 y, por ende, se le reliquidara la pensión de sobrevivientes que ella disfruta desde el 19 de septiembre de 2013. Pidió el reconocimiento y pago de intereses moratorios y las costas del proceso.
En sustento de las anteriores pretensiones, indicó que el ISS reconoció a su esposo Carlos Alberto Reyes mediante resolución 013364 de 2000, pensión de vejez a partir del 12 de junio de 1998 en suma de $926.601; que al fallecer su cónyuge el 19 de septiembre de 2013, solicitó la sustitución de ese derecho pensional, que le fue reconocido en la misma cuantía que recibía el pensionado -$2.361.866-.
Contó que tras reclamar copia del expediente, se percató que la pensión de vejez fue mal liquidada, por cuanto a pesar de haber realizado su cónyuge cotizaciones hasta el año 2000, la liquidaron con los salarios entre abril de «1987» y enero de 1998, lo que genera diferencias considerables de cara a la prestación concedida (fs.°2 a 7 y 28 a 33 cdno. principal).
La Administradora Colombiana de Pensiones-Colpensiones, al dar respuesta a la demanda se opuso a las pretensiones. Aceptó los hechos, excepto las diferencias aludidas de las cuales afirmó eran meras apreciaciones.
En su defensa, sostuvo que la liquidación del ingreso base de quienes eran beneficiarios del régimen de transición y les faltaban menos de 10 años para adquirir la pensión cuando entró en vigencia el sistema, se regulaba por el art. 36 de la Ley 100 de 1993, que, por ende, la pensión de vejez del causante se encontraba ajustada a derecho.
Propuso las excepciones de inexistencia de la obligación, prescripción, buena fe, cobro de lo no debido, imposibilidad jurídica para cumplir lo pretendido, ausencia de causa para demandar y la «INNOMINADA» (fs.°55 a 58 cdno. principal).
Si bien el a quo profirió sentencia el 28 de abril de 2017 (cd f.°77 cdno. principal), fue nulitada por el Tribunal, al considerar necesaria la integración al proceso de «LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO – UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP» (cd. f.°56 cdno. Tribunal).
La Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público al contestar la demanda, se opuso al éxito de las pretensiones. Dijo que los hechos no le constaban. En su defensa, manifestó que no tenía injerencia en las funciones de la UGPP; que no es administradora de fondos de pensiones, además que no intervino en la expedición de los actos administrativos relacionados con los supuestos fácticos de la demanda.
Formuló como medios exceptivos de fondo los de indebida representación de la Nación, «una sentencia desfavorable al Ministerio de Hacienda y Crédito Público vulneraría el Principio de Legalidad» y «una sentencia desfavorable al Ministerio de Hacienda y Crédito Público vulneraría el Aspecto Presupuestal» (fs.°87 a 94 vto).
La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP, manifestó que no se oponía a las súplicas de la demandante. De los hechos, afirmó que eran ciertos los relativos al reconocimiento de las pensiones de vejez y sobrevivientes, porque así lo demostraban los documentos aportados con el escrito inaugural. De los demás, indicó que no le constaban.
En su defensa señaló que al no proferir los actos administrativos contentivos de los derechos pensionales cuestionados, no se encontraba legitimada para acceder a las pretensiones.
Propuso como excepciones de fondo las de inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, prescripción y buena fe (fs.°122 a 127 cdno. principal).
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
El Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Cali, mediante fallo de 5 de septiembre de 2019 (cd f.°267 cdno. principal), resolvió:
Primero: Declarar probada la excepción de inexistencia de la obligación respecto del pago de retroactivo pensional e intereses moratorios y, probada parcialmente la excepción de prescripción con relación a las diferencias pensionales causadas con antelación al 14 de diciembre de 2013.
Segundo: Declarar probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva formulada por la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Tercero: Declarar que la pensión de sobrevivientes de la demandante Mariela de Reyes para los años 2013 y siguientes corresponde a los siguientes montos:
• Año 2013 $3.321.100
• Año 2014 $3.385.529
• Año 2015 $3.509.440
• Año 2016 $3.747.029
• Año 2017 $3.962.483
• Año 2018 $4.124.549
• Año 2019 $4.255.709
Cuarto: Declarar que con ocasión de la compartibilidad de la pensión de sobrevivientes concedida por el ISS-Empleador hoy UGPP en favor de la señora Mariella Dorronsoro de Reyes con la de sobrevivencia a cargo de Colpensiones, por lo cual a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, le corresponde asumir el mayor valor que exista entre la pensión de sobrevivientes que viene pagándole a la señora Mariella Dorronsoro de Reyes con la de sobrevivientes a cargo de Colpensiones.
Quinto: Ordenar a la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones que gire a favor de la UGPP […], la suma de $38.975.790,17 por concepto de retroactivo generado por la reliquidación de la pensión de sobrevivientes de vejez y compartida, por el periodo del 14 de diciembre de 2013 al 31 de julio de 2019. Del valor de la diferencia por mesadas pensionales de sobrevivientes reconocidas, se debe descontar el porcentaje del 12% de que trata el artículo 1 de la Ley 1250 de 2008, con destino al sistema de seguridad social en salud, en cabeza del Fondo de Solidaridad y Garantías, por lo cual se autoriza a Colpensiones para que realice ese descuento, el cual debe aplicarse sobre la totalidad del retroactivo adeudado salvo mesadas adicionales.
Sexto: Condenar a la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones a reconocer y pagar a la señora Mariella Dorronsoro de Reyes […], la suma de $4.255.709 por concepto de mesada pensional a partir del 1 de septiembre de 2019, suma que deberá ser reajustada anualmente conforme lo estipulado por el gobierno nacional.
Séptimo: Desvincular a la Nación Ministerio de Hacienda y Crédito Público del presente proceso.
[…]
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, al desatar los recursos de apelación interpuestos por la demandante y Colpensiones y en grado jurisdiccional de consulta a favor de esta última, en sentencia de 28 de febrero de 2020 (cd f.°6 cdno. Tribunal), dispuso:
PRIMERO: Modificar el numeral primero de la sentencia número 362 del 5 de septiembre del 2019, proferida por el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Cali, objeto de apelación y consulta, el cual quedará así:
DECLARAR probada la excepción de inexistencia de la obligación respecto a los intereses moratorios y, probada parcialmente la excepción de prescripción respecto de las diferencias pensionales causadas antes del 14 de diciembre del 2013.
SEGUNDO: Modificar el numeral tercero de la sentencia número 362 del 5 de diciembre del 2019, proferida por el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Cali, objeto de apelación y de consulta, el cual quedará así:
DECLARAR que la mesada pensional reliquidada de vejez del causante Carlos Alberto Reyes Delgado, a cargo de Colpensiones para el año de 1998 era de $1.207.947; para el 2013, fecha del deceso de este, la mesada se cuantifica en $3.020.412 y para el año 2020 corresponde a la suma de $4.017.478.
TERCERO: Revocar el numeral 4 de la sentencia número 362 del 5 de septiembre del 2019, proferida por el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Cali, objeto de apelación y consulta, el cual quedará así:
DECLARAR que cesará la obligación a cargo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP, de cancelar el mayor valor de la mesada pensional a favor de la señora Mariela Dorronsoro de Reyes, ante la reliquidación del IBL, la mesada pensional de vejez que ostentaba el señor Carlos Alberto Reyes Delgado, al definirse que la mesada pensional por vejez a cargo hoy de Colpensiones es superior a la mesada pensional por jubilación a cargo de la UGPP.
CUARTO: Modificar el numeral 5 de la sentencia 362 del 5 septiembre del 2019 proferida por el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Cali, objeto de apelación y de consulta el cual quedará así:
a. DECLARAR que el valor del retroactivo pensional reconocido por Colpensiones en la Resolución SUB-261681 del 20 de noviembre de 2017, corresponde a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP, porque de acuerdo con la reliquidación que realizó Colpensiones en el acto administrativo citado, aun había mayor valor de la mesada pensional a cargo de la UGPP ante la compartibilidad de la pensión de vejez y la de jubilación.
b. CONDENAR a Colpensiones a pagar a la señora Mariela Dorronsoro de Reyes la suma de $4.934.364 por concepto de diferencias pensionales causadas desde el 14 diciembre del 2013 al 31 de enero del 2020, sin perjuicio de las diferencias que se sigan causando hasta que se reajuste la pensión por parte de Colpensiones, momento en el cual cesa la obligación del reconocimiento del mayor valor a cargo la UGPP ante la compartibilidad de la pensión.
c. AUTORIZAR a Colpensiones que del valor del retroactivo pensional, salvo lo que corresponde a mesadas adicionales, realice los descuentos por concepto de aportes en pensión, los que deberán ser transferidos a la EPS a la que se encuentre vinculada la señora Mariela Dorronsoro de Reyes.
QUINTO: Revocar el numeral 6 de la sentencia número 362 del 5 de septiembre del 2019, proferida por el juzgado séptimo laboral del circuito de Cali, objeto apelación y consulta.
SEXTO: Adicionar la sentencia número 362 del 5 de septiembre del 2019 en el sentido de conminar a la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones a informar a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP, entidad que viene reconociendo la sustitución pensional a la señora Mariela Dorronsoro de Reyes, sobre la reliquidación de la pensión de vejez y de sobrevivientes que conlleva a no existir mayor valor a cargo de la UGPP.
SÉPTIMO: Se confirma en lo demás la sentencia.
OCTAVO: Costas en esta instancia a cargo de Colpensiones y a favor de la demandante, fijándose como agencias en derecho que corresponden a esta instancia el equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente.
[…]
Centró los problemas jurídicos en resolver, si la pensión de vejez y de jubilación reconocidas a Alberto Reyes Delgado «son compartidas»; si había lugar a la reliquidación del IBL y determinar si se generaban diferencias pensionales. Asimismo, definir qué entidad debía responder por el pago, previo análisis de la excepción de prescripción.
Dejó por fuera de debate que Carlos Alberto Reyes Delgado, obtuvo pensión de vejez mediante resolución n.°013364 de 2000, a partir del 12 de junio de 1998 como beneficiario del régimen de transición; que por resolución n.°005 de 1994, el ISS como empleador le concedió pensión de jubilación a partir del 20 de octubre de 1993, en cuantía de $468.078; que Colpensiones otorgó a la demandante pensión de sobrevivientes en calidad de cónyuge supérstite de Reyes Delgado, a través de resolución GNR-182954 de 22 de mayo de 2014, lo que también hizo la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP–a través del acto administrativo RDP-016649 de 9 mayo de 2018.
Enfatizó en que Carlos Alberto Reyes Delgado disfrutaba de una pensión de jubilación reconocida por el Seguro Social en calidad de empleador, según resolución n.°005 de 3 de enero de 1994, desde el 20 de octubre de 1993, acto administrativo que dispuso que, en el evento de reconocerse la pensión por vejez, se procedería «a deducir de la pensión que en ese acto administrativo se está reconociendo».
Explicó en qué consistía la compartibilidad pensional, según el Acuerdo 029 de 1985, aprobado por el Decreto 2879 de esa misma anualidad. Indicó que al conceder el ISS la prestación por jubilación a Reyes Delgado en octubre de 1993, debía compartirse con la de vejez y que,
[…] la subrogación que de esta se hizo a favor de la demandante de esas dos pensiones, una a cargo de Colpensiones y la otra de la UGPP, quien asumió el pago de las pensiones del ISS empleador corren igual suerte de compartirse, siendo a cargo de la UGPP el mayor valor si este se genera y fue precisamente ese hecho el que llevó a solicitarse la integración de litisconsorcio necesario, citando al proceso a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social.
Prosiguió con la verificación del cálculo del IBL, conforme el inciso tercero del art. 36 y 21 de la Ley 100 de 1993. Expresó que por haber nacido Reyes Delgado el 12 de junio de 1938 (f.°10), cumplió 60 años el mismo día y mes de 1998; que, al entrar a regir la citada Ley 100 el 1 de abril de 1994,
le hacían falta 1511 días para adquirir el derecho pensional, es decir, menos de 10 años para ello, por ende, le es aplicable el inciso 3 del art. 36 de la Ley 100 del 93, a efecto de calcular el IBL, teniendo en cuenta que el afiliado cotizó 1357 semanas, como lo indica la resolución 013364 del 2000, lo que da derecho a aplicar una tasa de reemplazo en 90%, como lo prevé el artículo 20 del Acuerdo 049 del 90, aprobado por el Decreto 758 de 1990.
Al tener en cuenta los 1511 días e indexar con los IPC, obtuvo un IBL de $1.342.163, que al aplicarle una tasa de reemplazo del 90% por haber tenido más de 1357 semanas, estimó que la primera mesada correspondía a $1.207.947. Recordó que la pensión de vejez que se reconoció al causante fue de $926.601 (f.°13). Luego manifestó:
[…] si comparamos el valor de la mesada pensional que nos da a nosotros es inferior a la que calculó el a quo, porque este liquidó si bien los 1511 días, tomó para extraer esos 1511 días desde diciembre del 96 a octubre del 2000, cuando el derecho pensional que reconoció el Seguro Social fue a partir del 12 de junio de 1998, de ahí surge la diferencia en el resultado de las liquidaciones realizadas en primera instancia en comparación con las que realiza la sala, porque no puede pretenderse que se tome hasta la última cotización efectuada en el 2000, porque el derecho pensional se concedió antes, porque aceptarse esa pretensión debía entonces reintegrar la parte demandante a la entidad demandada los valores por concepto de mesadas pensionales que recibió el afiliado desde el 12 de junio de 1998 al 1 de noviembre del 2000, por lo tanto, lo correcto es liquidar el IBL, teniendo en cuenta hasta la última semana cotizada anterior al reconocimiento de la pensión, que lo fue en junio de 1998, por lo tanto, el valor liquidado por el operador judicial que determinó una mesada pensional de vejez para el año 1998 de $1.328.201 no está ajustada a derecho.
En ese orden, insistió en que la primera mesada para 1998 correspondía a $1.207.947, que no $926.601, como lo estableció el Seguro Social; que al aplicarle los IPC para 1998 sería de $1.188.085, «es decir que, si se hubiese efectuado por parte del Seguro Social en el año 1998 la correcta determinación del IBL, se subrogaba la obligación a cargo de la UGPP, porque no quedaría mayor valor que cubrir».
Al referirse a los cálculos aritméticos que realizó, manifestó lo siguiente:
[…] el primer cuadro es el valor de la mesada pensional de vejez que traía el señor que fue reconocida por el Seguro Social a partir de 1998, luego encontramos que Colpensiones le reliquidó la pensión, de acuerdo con el folio 174, en una suma dándole un ingreso base de liquidación de $3.027.695 y le aplicó una tasa del 90%, generando una pensión de $2.886.925, que corresponde a la casilla donde se dice valor mesada pensional reliquidada por Colpensiones […]. Ahí ya aparece la nueva reliquidación que da el Seguro Social y que reconoce un retroactivo al año 2017 en cuantía de $31.166.089, el que fue ordenado que se le cancelara a la UGPP, porque esta entidad viene pagando el mayor valor, decisión que se encuentra ajustada a derecho porque en el nuevo valor de la mesada reliquidada por Colpensiones para el año 2013, que fue de $2.886.924 y la que le correspondía a la UGPP para esa misma anualidad era de $2.970.748, es decir, seguía generándose un mayor valor ya de $83.824 que, como al existir mayor valor, ese retroactivo que reconoció […] Colpensiones, sí corresponde a la UGPP […], la parte actora estaba solicitando que ese retroactivo le fuera asignado a la demandante y no a la UGPP, por lo tanto, se declarará que, en efecto, esas diferencias pensionales corresponden a la UGPP. Pero volvamos a atender el valor real de la mesada pensional. Para el año 2013, lo que realmente se debió haber pagado por parte del Seguro Social era $3.020.412 que corresponde a la segunda casilla que tiene sombreado y no los $2.886.924 que aparece en la reliquidación que obra en la resolución de folio 174.
Con lo anterior, acotó que la mesada a cargo de Colpensiones era superior «a la que reconoce la UGPP, desapareciendo así el mayor valor y por lo tanto, quedó subrogada esa obligación», misma que se generaba «desde el mismo reconocimiento de la pensión de vejez si se hubiere liquidado correctamente el IBL», porque el valor de la primera mesada reliquidada fue de $1.207.947 y la de jubilación para 1998 fue de $1.188,085, es decir, una suma inferior a la que realmente le correspondía al causante.
Retomó el valor de la mesada por vejez y la de jubilación a partir de 2013, y luego de aplicar los IPC, estimó que «realmente reajustada es de $3.020.412, mientras la mesada de jubilación es de $2.970.748», lo que generaba una diferencia para esa anualidad de $49.664.
Acotó que al resultar un mayor valor en la mesada de Colpensiones y un menor en la de jubilación, desaparecía la compartibilidad de la pensión y quedaba solamente a cargo de Colpensiones el reconocimiento de la pensión; que al ser esas diferencias superiores a la prestación reconocida por esa entidad, le corresponden a la demandante, porque fue a ella a quién se le sustituyó la pensión de sobrevivientes y es una mesada de vejez que supera la de jubilación». Declaró que la mesada para 2020 a cargo de Colpensiones sería de $4.017.478.
Dedujo probada la excepción de prescripción de las mesadas causadas antes del 14 de diciembre de 2013, para lo cual tomó «como referente la edad» en la que se concedió pensión de vejez a Carlos Alberto Reyes Delgado, que fue notificada el 25 de septiembre de 2000 (f.°13), y «la solicitud de la reclamación lo anuncia la resolución sub 261681 del 20 de noviembre del 2017 (folio 174) para presentar la demanda el 14 de diciembre del 2016».
Calculó un retroactivo de $4.934.364 «desde el 14 diciembre de 2013 al 30 de enero de 2012 (sic)», con 14 mesadas anuales, sin perjuicio de las diferencias que se siguieran causando hasta que se reajustara la pensión por parte de Colpensiones, momento en que debía cesar la obligación del mayor valor a cargo de la UGPP, razón por la cual conminó «a Colpensiones para que informe sobre esta situación a la UGPP», y la autorizó para que del retroactivo pensional -salvo en lo que correspondía a mesadas adicionales-, realizara los descuentos por aportes en salud, y que los trasfiriera a la EPS donde se encontrara vinculada la actora.
RECURSO DE CASACIÓN
Interpuesto por la demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.
ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN
Pretende que se case la sentencia impugnada, que en sede de instancia,
[…] se realicen las siguientes revocatorias y modificaciones de la sentencia No. 362 de 2019 de la siguiente manera:
❖ Se revoque el punto primero y en su lugar se declare no probada la excepción de inexistencia de la obligación respecto del pago de retroactivo pensional e intereses moratorios.
❖ Se modifique el punto 3 en cuanto el valor de los montos pensionales devengados por la señora DORRONSORO como pensión de sobrevivientes, en el sentido de declarar que para el año 2013 el valor de la mesada pensional será de $3.379.745, para el 2014 de $3.503.443, para el 2015 de $3.740.626, para 2016 de $3.955.712, para 2017 de $4.117.501, para 2018 de $4.248.438, para 2019 de $4.409.878, para 2020 de $4.542.174, para 2021 de $4.678.439.
❖ Se revoque el punto 4 y en su lugar se declare que COLPENSIONES ha subrogado totalmente el valor de la mesada pensional a la UGPP.
❖ Se revoque el punto 5 y en su lugar se ordene a Colpensiones a girar a la señora MARIELA DORRONSORO DE REYES el retroactivo generado por la reliquidación de la pensión de sobrevivientes de vejez a partir del 14 de diciembre de 2013 y hasta que se haga efectivo el pago.
❖ Se modifique el punto 6 en cuanto al valor de la mesada pensional y en su lugar se condene a Colpensiones a reconocer y pagar a la señora DORRONSORO la suma de $4.409.878 por concepto de mesada pensional a partir del 1 de septiembre de 2019, suma que deberá ser reajustada anualmente conforme lo estipulado por el Gobierno Nacional, al igual que las diferencias causadas.
Para lograr lo anterior, formula tres cargos por la causal primera de casación, que merecieron réplica y se estudiarán de manera conjunta, en razón a su unidad de propósito y argumentación.
CARGO PRIMERO
Denuncia la decisión del Tribunal por la senda directa, en la modalidad de interpretación errónea del inciso 3 del art. 36 y del 21 de la Ley 100 de 1993.
Asevera que el juez colegiado dio un alcance equivocado a la norma que regula la liquidación de la mesada pensional, de aquellas personas beneficiarias del régimen de transición y, que les faltaban menos de 10 años para adquirir el derecho; que, se negó a tener en cuenta «hasta la última cotización realizada por el Dr. REYES», es decir, octubre de 2000 y, partió de los salarios devengados entre enero de 1992 y junio 12 de 1998, «que disminuye drásticamente la mesada pensional que le correspondería al causante».
Sostiene que se interpretó equivocadamente el art. 21 de la Ley 100 de 1993, dado que la pensión de vejez se reconoció en septiembre de 2000, de tal manera que los periodos que tomó en cuenta el a quo «son los correctos; 20 de agosto de 1996 al 31 de octubre de 2000, solo que mal indexados».
CARGO SEGUNDO
Acusa la sentencia por la vía indirecta, por la aplicación indebida de los arts. 5 del Decreto 2879 de 1985, 18 del Decreto 758 de 1990 y 141 de la Ley 100 de 1993.
Atribuye al ad quem la comisión de los siguientes errores de hecho:
No dar por demostrado estandolo (sic) que la pensión de jubilación del señor REYES(QEPD) reconocida por CAJANAL (sic) mediante resolución No. 0005 de 1994 nunca fue compartida con el ISS, que si bien tenía que serlo (sic) CAJANAL (sic) ahora UGPP nunca pagó diferencias generadas entre la pensión de CAJANAL (sic) y la subrogada por el ISS ahora COLPENSIONES a la señora DORRONSORO EN PENSION DE SOBREVIVIENTES.
No dar por demostrado estandolo (sic) que la pensión de sobrevivientes de la señora DORRONSORO solo vino a compartirse entre Colpensiones y la UGPP mediante resolución No.RDP 016649 del 9 de mayo de 2018 (fl.40-42 cuaderno 2 y 208-212 del cuaderno 1).
No dar por demostrado estandoló (sic) que el (sic) la UGPP paga por concepto de mayor valor de la mesada pensional de sobrevivientes con ocasión de la compartibilidad para el año 2018 la suma de $104.102 (fl.54 cuaderno 2) y pagó por concepto de retroactividad de diferencias pensionales generadas entre el 20 de septiembre de 2013 y hasta julio de 2018 el valor de [$]3.972.376 (fl.53 cuaderno 2).
No dar por demostrado, estandolo (sic) que la pensión de jubilación reconocida al señor REYES por CAJANAL (sic) mediante resolución No. 0005 DE 1994 se compartió con el ISS a partir de 1998 y la de la señora DORRONSORO a partir de la muerte del señor REYES, es decir septiembre de 2013.
No Dar por demostrado estandolo (sic) que la reliquidación de la pensión de sobrevivientes generó unas diferencias iniciales hasta que COLPENSIONES decide reliquidarla mediante resolución No. SUB261681 de 2017 entre el 12 de diciembre de 2013 y diciembre de 2017 en la suma de $31.166.089 Y que posteriormente generó unas diferencias entre lo reconocido por COLPENSIONES mediante la citada resolución y lo ordenado por el juez de primera instancia , entre el 12 de diciembre de 2013 y el 5 de septiembre de 2019 en la suma de $38.975.790, es decir que entre el 12 de diciembre de 2013 y septiembre 5 de 2019 se habia (sic) generado la suma de $70.141.879 de diferencias pensionales y la UGPP tan solo habia (sic) pagado por valor de diferencias pensionales $3.972.376 hasta julio de 2018 y la sentencia de segunda instancia ordena erradamente a Colpensiones devolver a la UGPP la suma de $31.166.089, sin advertir que dichos dineros nunca los habian (sic) cancelado a la señora DORRONSORO y solo despues (sic) de varias peticiones y de demostrarles que nunca habian (sic) compartido la pensión de sobrevivientes los regresan a Colpensiones como informan mediante comunicación del 24 de octubre de 2018 (fl 213 del primer cuaderno).
Aduce que los anteriores errores fueron producto de la falta de valoración de las siguientes pruebas:
Fls. 53 y 54 del cuaderno 2, en donde encontramos la certificación de la mesada pensional pagada por FOPEP para el año 2018 en cuantía de $104.000 y la retroactividad pagada en virtud de la resolución No.RDP 016649 del 9 de mayo de 2018 a partir del 20 de septiembre de 2013 y julio de 2008 en cuantía de [$]3.972.376 y no de $31.166.089 reconocidos por COLPENSIONES mediante resolución sub 261681 del 20 de noviembre del 2017.
FLS.247, 248 cuaderno 1, respuesta de la UGPP a requerimiento del juez de primera instancia en donde certifican el valor de la mesada que están reconociendo a la señora DORRONSORO para el año 2019, en cuantía de $107.412 […]
FL.213 del cuaderno 1 comunicación de la UGPP del 24 de octubre de 2018 mediante la cuál (sic) informan que los dineros fueron devueltos a Colpensiones, aquellos que Colpensiones había reconcido (sic) como retro patrono mediante resolución No. SUB261681 de 2017.
Y por la indebida valoración de:
FLS.40-42 cuaderno 2 y 208-212 del cuaderno 1 que corresponde a la resolución No.RDP 016649 del 9 de mayo de 2018, mediante la cuál (sic) la UGPP reconoce la pensión de sobrevivientes en cuantía del mayor valor que se obtenga entre la reconocida por COLPENSIONES y la de la UGPP, lo que quiere decir que la mesada pensional de sobrevivientes solo se comparte a partir de dicha fecha con efectos fiscales diciembre de 2013 fecha de la muerte del señor REYES.
En la demostración afirma que, si el colegiado hubiera observado lo anotado, se habría percatado que la pensión de sobrevivientes «solo vino a ser compartida» a partir de la resolución RDP 016649 de 9 de mayo de 2018 y,
[…] que el valor que estaba pagando para 2019 tan solo eran $107.412 por mes como lo certificó la UGPP y no de casi $1.000.000 mensuales que genera la reliquidación por mesada pensional, de tal manera que la compatibilidad (sic) tendría que desaparecer para la UGPP, Colpensiones subrogaba por completo la mesada pensional y las diferencias tendrían que ser a favor de la señora DORRONSORO y para nada la UGPP [podría] beneficiarse de dineros que no pagó.
Sostiene que existen diferencias en su favor causadas entre septiembre de 2019 «y la actualidad que se le deben cancelar», en tanto «Colpensiones ha subrogado el 100% de la mesada pensional al igual que los respectivos intereses moratorios como lo permite el actual precedente jurisprudencial».
CARGO TERCERO
Por el sendero «directo», acusa la sentencia por la aplicación indebida del inciso 3 del art. 36 y 21 de la Ley 100 de 1993.
Como errores de hecho, expone:
No dar por demostrado, estándolo, que la última cotización realizada por el Dr. REYES (qepd) fue en octubre de 2000.
No dar por demostrado, estándolo, que Colpensiones reconoció la pensión de vejez al Dr. REYES en septiembre de 2000 mediante resolución No.013364 de 2000.
Estima que los anteriores dislates fueron producto de la indebida valoración de la historia laboral (fs.°64 a 68), que enseña «los salarios devengados por el Dr. Reyes en los últimos 1511 días».
Expone que de atenderse los ingresos entre 1998 y 2000, «hasta el momento del reconocimiento de la pensión de vejez», se habría determinado un IBL de $2.042.304, que al aplicársele una tasa de reemplazo de 90%, para el año 2000 la mesada pensional hubiera sido de $1.838.074; para 2013 de $3.379.745 existiendo una diferencia considerable con la reconocida por Colpensiones de $2.361.866 para la misma fecha. Se apoya en la sentencia CSJ SL15091-2015.
RÉPLICA
La UGPP manifiesta que los errores jurídicos que se endilgan al Tribunal carecen de veracidad, debido a que la liquidación de la mesada pensional se efectuó de forma correcta «ya que tan solo de debían tener en cuenta las cotizaciones desde el año 1992 a junio de 1998». Dice que de las pruebas se desprende que «la pensión reconocida por CAJANAL (sic) mediante la resolución 0005 de 1994» se emitió con vocación de ser compartida con el ISS; que la recurrente se limita a narrar algunos hechos debatidos en las instancias anteriores, lo que es equivocado. En síntesis, que olvidó ceñirse al rigor técnico del recurso extraordinario.
Colpensiones en oposición conjunta, advierte falla en la técnica de la formulación del alcance de impugnación, dado que solicita la casación de la sentencia de segunda instancia, «precisando en un sentido que se revoque la del Juzgado Séptimo»; que no se esbozó en qué consistió «el error protuberante» ni cómo la valoración probatoria del ad quem condujo a la aplicación indebida de los artículos que acusa y que se limitó a mencionar la ausencia de valoración; que el escrito se asemeja a un alegato de instancia.
CONSIDERACIONES
El Tribunal estimó que al entrar en vigencia la Ley 100 de 1993, al causante le faltaban menos de 10 años para acceder a la pensión de vejez. Para calcular el IBL en virtud de lo previsto en el art. 36 ibidem, tuvo en cuenta 1511 días desde diciembre de 1996 hasta el 12 de junio de 1998, y como quiera que tenía cotizadas 1357 semanas, determinó que su IBL fue de $1.342.163, que al aplicarle una tasa de reemplazo del 90%, la primera mesada pensional correspondía a $1.207.947, que no $926.601 como la concedió el ISS como empleador. Indicó que no era posible atender la última cotización efectuada en octubre de 2000, como lo dispuso el a quo,
porque el derecho pensional se concedió antes, porque aceptarse esa pretensión debía entonces reintegrar la parte demandante a la entidad demandada, los valores por concepto de mesadas pensionales que recibió el afiliado desde el 12 de junio de 1998 al 1 de noviembre del 2000, por lo tanto, lo correcto es liquidar el IBL teniendo en cuenta hasta la última semana cotizada anterior al reconocimiento de la pensión, que lo fue en junio de 1998 […].
La censura reprocha que se hayan descartado las cotizaciones hasta octubre de 2000 y, que se razonara que, por haberse reconocido la pensión de vejez a partir del 12 de junio de 1998, no era posible atender los aportes posteriores a ese momento pues, se encuentra acreditado que estos se efectuaron en razón de tener vigente el vínculo laboral con el ISS.
De la lectura integral de los cargos, se colige que los argumentos expuestos en cada uno sirven de apoyo entre sí y se complementan, de manera que las falencias que exponen las opositoras pueden ser superadas.
No es materia de controversia en esta sede que el causante cumplió 60 años de edad el 12 de junio de 1998, por haber nacido el mismo día y mes de 1938 (f.°10); que era beneficiario del régimen de transición establecido en el art. 36 de la Ley 100 de 1993; que tenía más de 1000 semanas cotizadas en 1998; que el ISS le reconoció pensión de vejez a partir del 12 de junio de 1998, a través de la resolución 013364 de 2000 y que a la actora le fue sustituido ese derecho pensional. Igualmente, que el causante también disfrutaba de una pensión de jubilación concedida por el empleador desde 1994.
Así las cosas, corresponde a la Sala dilucidar, en primer lugar, si el Tribunal se equivocó al modificar el numeral tercero de la sentencia proferida por el juez unipersonal, cuando determinó que la pensión por vejez debía reconocerse desde 1998, descartando las cotizaciones que se efectuaron hasta octubre de 2000 y, que la mesada pensional por vejez correspondía a $1.207.947.
Esta Corporación tiene adoctrinado que cuando se trata de una pensión concedida en virtud del régimen de transición del art. 36 de la Ley 100 de 1993, en principio, su disfrute está condicionado a la desafiliación formal del sistema (sentencias CSJ SL15091-2015, CSJ SL6159-2016, entre otras). De acuerdo con lo prescrito en el art. 13 del Acuerdo 049 de 1990, la pensión de vejez se reconoce a partir del momento en que se reúnen los requisitos mínimos y para disfrutar del pago de las mesadas, es necesario acreditar la desafiliación o retiro del sistema pensional.
Esa disposición distingue entre la causación del derecho y su disfrute, pues se trata de tópicos diferentes. El primero refiere el momento en el que el afiliado reúne los requisitos mínimos de edad y tiempo de servicios o número de cotizaciones, esto es, cuando se estructura o se consolida el derecho y, el segundo, el instante a partir del cual se puede disfrutar, que conforme la norma está condicionado al retiro del sistema (CSJ SL6159-2016).
Es así que el cumplimiento de los requisitos para obtener el reconocimiento pensional, no supone una desafiliación automática del sistema, pues el retiro efectivo del sistema es una condición necesaria para el disfrute de la pensión. No obstante, esta Corporación ha admitido algunas excepciones a la obligación de desafiliación formal del sistema para disfrutar de la pensión de vejez.
El objetivo de lo preceptuado en los arts. 13 y 35 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el art. 1 del Decreto 758 de esa misma anualidad, «es adquirir certeza del momento a partir del cual el afiliado no desea seguir en el sistema, dicha situación puede ser igualmente cognoscible mediante otros actos exteriores e inequívocos, como lo puede ser la suspensión definitiva de los aportes o la manifestación expuesta en tal sentido» (subrayas fuera del texto original), en tanto que tales conductas demuestran la intención de cesar las cotizaciones al sistema (sentencia CSJ SL5603-2016).
En el caso que se revisa, si bien el causante elevó la solicitud de pensión de vejez tiempo después de haber cumplido los requisitos, lo que ocurrió según lo indica la resolución 013364 de 2000 (f.°35) el 18 de noviembre de 1999, lo cierto es que continuó con las cotizaciones, como quiera que su vínculo laboral se mantenía vigente y, el ISS expidió el acto administrativo de reconocimiento de la prestación solo hasta el 25 de septiembre de 2000, de ahí que aparezca la novedad de retiro en el reporte de semanas el 31 de octubre de 2000 (f.°65).
La Sala estima que el ad quem se restringió a la voluntad de la empleadora cuando reconoció la prestación a partir del 12 de junio de 1998, y omitió verificar aspectos relevantes sobre los cuales fincaba el debate. No se trataba de la devolución de las mesadas otorgadas entre 1998 y 2000, sino de diferencias pensionales en virtud de una reliquidación. Téngase en cuenta que tanto la suspensión definitiva de aportes (novedad de retiro en este caso), como la solicitud de pensión, son muestras de la voluntad real del afiliado para que se le reconociera y pagara la prestación de vejez, con posterioridad al cumplimiento de los requisitos de ley.
En ese orden, el sentenciador plural se equivocó en sus apreciaciones al soslayar los aportes que el causante efectuó hasta el año 2000, con el argumento falaz de que en el evento de admitir la pretensión de la demandante conllevaba la devolución de las mesadas pensionales recibidas desde esa data hasta el año 2000.
El anterior desacierto implica que se deba casar el fallo impugnado en lo que tiene que ver con el monto de la mesada pensional tanto de vejez como de sobrevivientes y, de contera en lo que atañe con el retroactivo pensional, en la medida en que de propiciarse diferencias, evidentemente se reflejaran en el monto del retroactivo que pueda llegar a generarse, inclusive, en lo que respecta a si permanece o no la compartibilidad pensional.
Se recuerda que el Instituto de Seguros Sociales como empleador, reconoció al causante pensión vitalicia de jubilación, mediante Resolución 0005 de 1994 a partir «del 20 de octubre de 1993» (expediente administrativo digital cd f.°61), es decir, que la pensión extralegal fue reconocida con posterioridad al 17 de octubre de 1985, fecha de entrada en vigencia del Decreto 2879 de 1985.
Sabido es que la pensión de sobrevivientes no es un derecho originario sino derivado, por tanto, sus condiciones de consolidación constituyen elementos arraigados del derecho principal. De manera que, al operar la compartibilidad pensional por ministerio de la ley respecto de la pensión de jubilación con la de vejez, corre la misma suerte la de sobrevivientes (sentencias CSJ SL, 30 nov. 2010, rad. 41137, reiterada en CSJ SL, 19 jul. 2011, rad. 47928, CSJ SL870-2013, CSJ SL4365-2016).
Es necesario advertir que los yerros fácticos 1 y 4 del cargo segundo son confusos pues, amén de que se hace alusión a Cajanal, entidad que no concedió la pensión de jubilación, pues fue el extinto ISS como empleador (fs.°9 a 12 cdno. Tribunal), se asevera que esa prestación nunca fue compartida con la de vejez, y luego, que sí lo fue, pero a partir de 1998 y que la de sobrevivientes desde 2013.
Pese a lo anterior, es claro que lo argüido por la censura se centra en la devolución del retroactivo pensional por Colpensiones a la UGPP, tópico que al igual que el retroactivo pensional que pueda generarse, correría la misma suerte, como quiera que al tenerse en cuenta los aportes que el causante efectuó hasta el 2000, estos pueden repercutir en el valor de las mesadas pensionales bien por vejez, ora por sobrevivientes y, por consiguiente, en su eventual compartibilidad y en el monto que pueda o no asumir la UGPP como diferencia en el evento que llegare a causarse.
Ahora bien, las pruebas que se acusan como preteridas, no lo son, dado que el ad quem sí las analizó. Téngase en cuenta que al realizar las operaciones aritméticas y reliquidar la pensión de vejez bajo el supuesto de que esta se debía reconocer desde el 12 de junio de 1998, estableció una suma superior a la de jubilación, por ello concluyó que se subrogaba la obligación pensional a cargo de la UGPP, porque no quedaba mayor valor que cubrir.
Aunque se refirió a unas diferencias entre ambas pensiones (sobrevivientes por vejez y por jubilación) y, que en la parte considerativa de la decisión indicó que su pago se debía hacer a la demandante, se puede colegir que aludía a las diferencias por la reliquidación de la pensión de vejez en virtud de los IPC, lo que conllevó que concluyera que desaparecía la compartibilidad pensional.
Para el colegiado, al pagar la UGPP sumas que finalmente no le correspondían, en tanto Colpensiones reconoció y liquidó una pensión de manera deficitaria, hecho que permitió que surgiera esa diferencia, estimó que no existía la mentada compartibilidad por cuanto el valor de la prestación de vejez le resultó superior a la de jubilación, de ahí que la administradora pública debía devolver a la UGPP, como así lo dispuso vía administrativa.
Se observa que la UGPP a través de la resolución RDP 016649 de mayo 8 de 2018 (fs.°208 a 212), reconoció pensión de sobrevivientes a la demandante con ocasión de la muerte de su cónyuge Carlos Alberto Reyes Delgado, y lo hizo
[…] a partir del 20 de septiembre de 2013 día siguiente al fallecimiento, en la misma cuantía devengada por el causante, pero con efectos fiscales a partir de 18 de enero de 2015, por prescripción trienal […].
PARAGRAFO: Teniendo en cuenta que se trata de una pensión compartida con el ISS ASEGURADOR hoy COLPENSIONES se reconocerá el valor de la mesada que corresponde pagar al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES en calidad de PATRONO razón por la cual se cancelará únicamente la diferencia si a ello hubiere lugar respecto de la mesada reconocida por el ISS ASEGURADOR hoy COLPENSIONES.
[…]
ARTICULO QUINTO: El valor de las mesadas cobradas de más por la beneficiaria entre la efectividad de la pensión de Sobrevivientes y la fecha de inclusión en nómina de esta resolución, en la cuantía que se determine por la Subdirección de nómina, deberá ser reintegrada por el BENEFICIARIO, quien para tal efecto deberá autorizar expresamente los descuentos respectivos de su mesada pensional, o en su defecto proceder a la consignación de los dineros reportados como doble pago que fueran determinados por la subdirección de Nomina (sic) en la cuenta designada para tal proceso con el fin de que sean reintegrados a la nación, en caso contrario se remitirá al área competente para el cobro correspondiente.
[…]
De lo anterior, se vislumbra que pese a que ese acto administrativo lo expidió la entidad en el año 2018, lo hizo con efectos retroactivos, inclusive aplicó prescripción en el pago de las mesadas pensionales.
La respuesta que envió la UGPP al juez unipersonal (fs.°247 y 247 vto), indica que la demandante es beneficiaria de la pensión de sobrevivientes a partir del 20 de septiembre de 2013, en la misma cuantía que devengaba el causante; que se encuentra en nómina de pensionados, y que recibe por sustitución pensional un valor de $107.412,85 que corresponde al mayor valor que asume esa entidad. En el folio 213 del cuaderno principal, obra respuesta de la UGPP a la apoderada de la demandante donde se expone:
En relación a su solicitud de confirmación de pago frente al proceso de devolución de dineros a favor de la señora DORRONSORO DE REYES MARIELLA (…), Le informamos que la subdirección financiera realizo (sic) el pago de la obligación contenida en la Resolución N°.1118 del 10 de agosto de 2018 a COLPENSIONES mediante la orden de pago No. 241436118 de fecha 09 de agosto de 2018.
En caso de requerir información sobre la destinación de los valores devueltos a Colpensiones por favor comunicarse con ellos directamente.
[…]
De lo expuesto se extrae que entre las citadas entidades hubo devolución de sumas de dinero, no obstante, se estima que al haber error en el valor de la mesada pensional por vejez, evidentemente se va a reflejar en el monto de la pensión de sobrevivientes reconocida por Colpensiones, como ya se advirtió.
La recurrente insiste en que la mesada pensional de sobrevivientes se comparte a partir de diciembre de 2013, y que el ad quem desconoció que la prestación que reconoció la UGPP, la que se compartió a partir de la resolución RDP016649 de mayo 9 de 2018 y, que como esa entidad jamás pagó las diferencias causadas, se equivocó al ordenar a Colpensiones la devolución de $31.166.080 a la UGPP, dado que dicha entidad nunca los desembolsó. Expone diferencias dinerarias en el retroactivo pensional por la compartibilidad, con sustento en la reliquidación de la prestación que efectuó Colpensiones, la ordenada por el juez a quo y el pago que hizo la UGPP.
Es necesario puntualizar que por haber descartado el Tribunal las cotizaciones que realizó el causante hasta el año 2000, tal yerro se refleja en las demás disquisiciones que expuso, de modo que no queda otro camino que quebrantar la decisión atacada.
Necesario colofón de lo expuesto, los cargos prosperan.
Sin costas.
Para mejor proveer, se ordenará que por Secretaría, se oficie a la Administradora Colombiana de Pensiones-Colpensiones y a La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social- UGPP, para que, dentro del término de 10 días contados al recibo de esta comunicación remitan a esta Corporación, certificación en la que se indiquen los pagos que por mesadas pensionales y/o diferencias, han efectuado a Mariella Dorronsoro de Reyes, identificada con cédula de ciudadanía n.° 29.656.266 y también todas las actuaciones relacionadas con la pensión de jubilación y de vejez concedidas al causante Carlos Alberto Reyes Delgado.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, el 28 de febrero de 2020, en el proceso ordinario que instauró MARIELLA DORRONSORO DE REYES, contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES-COLPENSIONES, al que fueron vinculados LA NACIÓN – MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO y LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL UGPP, en cuanto modificó y revocó la sentencia de primer grado.
Por Secretaría solicítese a la Administradora Colombiana de Pensiones-Colpensiones y a La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social- UGPP, para que, dentro del término de 10 días contados al recibo de esta comunicación, remitan a esta Corporación, certificación en la que se indiquen los pagos que por mesadas pensionales y/o diferencias, han efectuado a Mariella Dorronsoro de Reyes, identificada con cédula de ciudadanía n.° 29.656.266 y todas las actuaciones relacionadas con las pensiones de jubilación y de vejez que se concedieron al causante Carlos Alberto Reyes Delgado, junto con los que valores de las mesadas que devengó.
Sin costas como se dijo.
DONALD JOSÉ DIX PONNEFZ
JIMENA ISABEL GODOY FAJARDO
JORGE PRADA SÁNCHEZ
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