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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Sentencia SL794-2023

Fecha
12 de abril de 2023
Magistrado ponente
Donald Jose Dix Ponnefz
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SL794-2023

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Parte resolutiva

DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, el 22 de abril de 2022 en el proceso que instauraron MARÍA ELVANIA FLÓREZ DE LÓPEZ y VÍCTOR JULIO LÓPEZ PÉREZ contra la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A., en cuanto revocó parcialmente el fallo de primer grado. En sede de instancia, RESUELVE: PRIMERO: MODIFICAR el numeral cuatro de la sentencia proferida por el Juez Cuarto Laboral del Circuito de Bucaramanga, el 13 de septiembre de 2017, en cuanto autorizó a la AFP Protección S.A., a descontar el valor de $14.746.316, del retroactivo pensional a la demandante MARÍA ELVANIA FLÓREZ DE LÓPEZ, para en su lugar, autorizar a deducirle de la suma indexada de $2.500.000. SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás, el fallo apelado y consultado. Costas como se indicó.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral

Sentencia SL794-2023

Magistrado ponente: Donald Jose Dix Ponnefz

12 de abril de 2023

DONALD JOSÉ DIX PONNEFZ

Magistrado ponente

SL794-2023

Radicación n.° 83344

Acta 11

Bogotá, D. C., doce (12) de abril de dos mil veintitrés (2023).

La Sala decide el recurso de casación interpuesto por MARÍA ELVANIA FLÓREZ DE LÓPEZ y VÍCTOR JULIO LÓPEZ PÉREZ contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, el 22 de abril de 2022, en el proceso que instauraron contra la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.

ANTECEDENTES

María Elvania Flórez de López y Víctor Julio López Pérez, llamaron a juicio a la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A., con el objeto de que se declarara que tienen derecho al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes con ocasión de la muerte de su hijo Johanny López Flórez; en consecuencia, que se le condenara a pagarles pensión de sobrevivientes a partir del 1 de agosto de 2003, el retroactivo, intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, lo que se encontrare probado extra o ultra petita y las costas.

Para fundamentar sus pretensiones, relataron que su hijo Johanny López Flórez, era afiliado y realizó sus aportes a seguridad social a través de la AFP PROTECCIÓN, desde el 21 de junio de 1999 hasta el «1 de septiembre de 2003 (sic)», fecha de su fallecimiento con ocasión de un accidente; que solicitaron el reconocimiento de la prestación, pero fue negada mediante la «resolución n.° 2003-6269 de 09 de octubre de 2003», con el argumento de que «no cumplieron el requisito de la dependencia total y absoluta con el causante» y en cambio les pagaron la suma de «$29.942.633», por concepto de devolución de saldos.

Afirmaron que su descendiente fallecido era soltero, no tenía compañera permanente «ni hijos reconocidos o por reconocer», que dependían del ingreso económico por su labor con la firma Forero Rodríguez para suplir sus necesidades básicas, que «no perciben ingresos por pensión, salarios, rentas ni subsidios de entidades públicas o privadas para sobrevivir» (f.°1 a 5).

La Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A., se opuso a las pretensiones; de los hechos, aceptó la calidad de los actores de padres del de cujus, su afiliación, la causa y fecha de fallecimiento, la solicitud elevada para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, su negativa con los motivos alegados y la devolución de saldos, salvo el monto que por dicho concepto indicaron los demandantes; sobre los demás, dijo que no eran ciertos.

Manifestó que los demandantes no se encontraban bajo la sujeción económica del asegurado fallecido, sino del otro hijo, William Flórez; que la madre era su beneficiaria en salud, convivía con ambos, pero éste, cubría la mayor parte de los gastos del hogar antes y después del deceso de Johanny López, quien debía asumir los suyos dentro de la vivienda, «razón por la cual en algún evento pudo llegar a realizar algún aporte, pero se debe entender que el mismo se hacía para financiar sus propios gastos».

Indicó que el padre demandante, «confesó que no dependía económicamente del afiliado fallecido», que se encontraba vinculado como cotizante dependiente en salud a la «EPS SOLSALUD», a través de la empresa COTEMPO, contaba con retribución por su labor de conductor de taxi y hacía 10 años no convivía con la madre del causante y que «percibía ingresos por arrendamiento de una casa y del negocio de su actual esposa».

Propuso como excepciones de mérito, las de «prescripción consagrada en el artículo 50 del Decreto 758 de 1990 (sic)», inexistencia de la obligación, buena fe, inexistencia de la obligación por ausencia de requisitos legales para tener derecho a la pensión y la «INNOMINADA o GENÉRICA» (f.°62 a 76).

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Bucaramanga, a través de fallo dictado el 13 de septiembre de 2017 (f.°CD 1), resolvió:

PRIMERO: Declarar que la señora MARÍA ELVANIA FLÓREZ DE LÓPEZ, tiene derecho a disfrutar en su calidad de madre del fallecido JOHANNY LÓPEZ FLÓREZ en forma vitalicia del 100% de la pensión de sobrevivientes, desde el 20 de noviembre de 2010.

SEGUNDO: Declarar probada parcialmente la excepción de prescripción propuesta por la entidad demandada.

TERCERO: Condenar a la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A., a pagar a favor de la señora MARÍA ELVANIA FLÓREZ DE LÓPEZ, la suma de $58.823.589, por concepto de retroactivo pensional, correspondiente a las mesadas causadas entre el 20 de noviembre de 2010 y el 30 de agosto de 2017.

CUARTO: Autorizar a la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A., a efectuar los descuentos a la señora MARÍA ELVANIA FLÓREZ DE LÓPEZ, en la suma de $14.746.316 debidamente indexados por concepto de devolución de saldos.

QUINTO: Absolver a la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A., de los demás cargos formulados en su contra.

SEXTO: Condenar en costas a la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A. y fijar como agencias en derecho a su cargo y a favor de la señora MARÍA ELVANIA FLÓREZ DE LÓPEZ, la suma de $3.529.415.

SÉPTIMO: Condenar en costas al señor VÍCTOR JULIO LÓPEZ PÉREZ y fijar como agencias en derecho a su cargo y a favor de la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A., la suma de $737.717.

Inconforme con la anterior decisión, la demandante y la AFP, la impugnaron.

La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, dictó sentencia el 12 de julio de 2018, revocó el fallo del a quo y en su lugar absolvió a la demandada de todas las pretensiones y gravó con costas a los actores.

La Corte, mediante auto calendado 19 de enero de 2022, dejó sin efecto todo lo actuado a partir de la admisión del recurso extraordinario, con fundamento en que el Tribunal, no surtió el grado jurisdiccional de consulta previsto en el artículo 69 del CPTSS a favor del demandante Julio López Pérez, lo declaró improcedente por anticipado y ordenó la devolución de las diligencias para la adopción de los correctivos procesales y surtir en legal forma de la segunda instancia (f.°36 a 39 cuaderno de la Corte).

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, por apelación de María Elvania Flórez de López, Protección S.A. y en grado jurisdiccional de consulta a favor de Víctor Julio López Pérez, profirió sentencia el 22 de abril de 2022 (f.°51 a 66 cuaderno de la Corte), en los siguientes términos:

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia de fecha 13 de septiembre de 2017, proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Bucaramanga, en el proceso ORDINARIO impetrado por los señores MARÍA ELVANIA FLÓREZ DE LÓPEZ y VÍCTOR JULIO LÓPEZ PÉREZ en contra de la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A., es decir, en lo que hace a los numerales 1º., 2º., 3º., 4º. y 6º. del resolutivo (sic). En su lugar:

DECLARAR PROBADA la ‘EXCEPCIÓN PERENTORIA DE INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN’. Consecuencialmente, ABSOLVER a PROTECCIÓN S.A. de todas y cada una de las pretensiones formuladas en su contra por cuenta de MARÍA ELVANIA FLÓREZ DE LÓPEZ.

SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia, en lo demás.

TERCERO: NO CONDENAR en costas de esta instancia al señor VÍCTOR JULIO LÓPEZ PÉREZ, en tanto el examen de la decisión que le resultó desfavorable se abordó en el grado jurisdiccional de consulta.

CUARTO: En estricta sujeción de lo dispuesto en el numeral 4º. del artículo 365 del CGP, CONDENAR en costas de ambas instancias a la demandante MARÍA ELVANIA FLÓREZ DE LÓPEZ, a favor de PROTECCIÓN S.A. FIJAR, por concepto de agencias en derecho en sede de apelación, la suma de medio (0.5) salario mínimo legal, según esté vigente para el momento en se pague el importe.

QUINTO: En firme esta providencia, DEVOLVER la actuación al juzgado de origen para lo pertinente. […].

En torno al grado jurisdiccional de consulta en favor del demandante, señaló que debía verificar si el a quo acertó al considerar que no acreditó la dependencia económica en relación con su hijo fallecido, para tener la calidad de beneficiario de la pensión de sobrevivientes. En cuanto a las apelaciones de María Elvania Flórez de López y Protección S.A., advirtió que la decisión del juez de primera instancia fue parcialmente acertada.

Explicó que si bien, el requisito de la dependencia económica exigida a los padres, no debía ser «total y absoluta›», sí se requería la demostración de «su monto significativo y relevante para las finanzas familiares de los progenitores», toda vez que no podía predicarse subordinación de cualquier contribución, lo que echó de menos en el caso de la madre del causante, razón por la cual dijo, que revocaría la decisión que le fue favorable y «por sustracción de materia, se tornaba inane el examen de sus reparos».

Avaló la absolución de Protección S.A., en relación con Víctor Julio López Pérez, por cuanto ninguno de los medios persuasivos incorporados al expediente, demostraron la subordinación pecuniaria del hijo, pues sus declaraciones «carecen de eficacia probatoria para demostrar su propio dicho».

Dejó por fuera de controversia, los siguientes supuestos: i) la calidad de padres del causante, alegada por los demandantes; ii) que Johanny López Flórez, se encontraba afiliado al sistema de seguridad social en pensión a través de la AFP demandada y falleció el 1 de agosto de 2003; iii) que el 1 de septiembre de ese mismo año, los accionantes solicitaron al fondo de pensiones, el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes y fue negada el 9 de octubre siguiente; y, iv) Protección S.A., hizo devolución a los demandantes, de los saldos de la cuenta de ahorro individual del hijo fallecido.

Anunció que no fue objeto de debate lo relativo a la causación de la pensión de sobrevivientes y por tanto desechaba una discusión en torno a ella, en virtud del «principio de la non reformatio in pejus que gobierna la consulta».

Resaltó que la normativa aplicable a la definición de los beneficiarios de la pensión, era el literal d) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, modificatorio del 74 de la Ley 100 de 1993; citó las sentencias CC C-111 de 2006 y la de esta Corporación CSJ SL, 12 feb. 2008, rad. 31346, alusiva a la recta interpretación de la norma sobre la exigencia de la subordinación económica de los progenitores en relación con el hijo fallecido, de las cuales copió unos segmentos.

Se remitió al artículo 167 del CGP y adujo que el padre demandante no cumplió con la carga probatoria «comprobando que su hijo fallecido lo apoyaba financieramente en su sostenimiento y que esa contribución era relevante y significativa, en entidad suficiente para que, en su ausencia, se viera afectada su digna subsistencia».

Arribó a la anterior conclusión, luego de analizar los testimonios de Jackeline Calderón Forero, Floralba Ballesteros Antolinez, Ludwing Martínez Sanabria, Martha Cecilia Garzón y Beatriz Delgado Cabeza; destacó que de la declaración de los primeros, no se infería la dependencia económica del demandante en relación con el hijo, «o de la entrega de algún aporte o contribución»; que la última declarante, nunca aseveró haber observado que LÓPEZ FLÓREZ entregara directamente a su padre alguna contribución, «sino que más bien, era esa su percepción basada sobre el convencimiento de que los progenitores convivían en la misma vivienda ubicada en el barrio Limoncito de Bucaramanga».

Aseveró que, no obstante, los testigos y los demandantes afirmaron que «se mantuvieron unidos dentro de la misma vivienda sin solución de continuidad», del examen crítico del «FORMULARIO PARA VISITA FAMILIAR» (f.°84 a 88), -cuya autenticidad no fue discutida- y de los interrogatorios de parte, se desprendía que Víctor Julio López Pérez, «no residía en la misma vivienda que habitaban su consorte y sus hijos desde hacía 10 años, por cuenta de la ocurrencia de la separación conyugal. Allí mismo admitió que convivía en unión libre con otra pareja sentimental»; reprodujo parcialmente su contenido, con la constancia de que «Debió realizarse entrevista a visita domiciliaria aparte porque el señor Víctor Julio López tiene un domicilio diferente al de la señora María Elvania Flórez».

Adicionó que el demandante en el curso del interrogatorio, suministró una dirección de domicilio distinta a la que indicaron la progenitora del causante y los testigos. Advirtió que aunque el formulario para visita de María Elvania Flórez de López, era coincidente con la afirmación del actor sobre la no convivencia en el mismo lugar de residencia desde hacía 10 años, no podía atribuirle validez probatoria por ausencia de firmas de la accionante y de la funcionaria que realizó la visita.

Precisó que, si bien conforme el artículo 197 del CGP, aplicable en materia laboral en virtud de la integración normativa prevista en el 145 CPTT, la confesión podía ser desvirtuada a través de otros medios de convicción, en este caso no ocurrió, pues el «argumento de cierre» del actor en cuanto al «FORMATO DE DECLARACIÓN PARA ACREDITAR DERECHOS A PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES», que contiene la afirmación de que «vivía con su hijo en la misma vivienda desde hacía 22 años», no producía las consecuencias jurídicas del artículo 191 de aquella codificación y tampoco la de que los gastos totales del hogar ascendían a $700.000, de cuyo monto, el causante cubría $200.000; que por el contrario, «resulta probatoriamente eficaz lo (sic) por él mismo declarado en todo aquello que le resultara perjudicial»; y, se apoyó en las sentencias de esta Corte, CSJ SL2168-2019, CSJ SL1980-2019 y CSJ SL469-2019 entre otras.

Señaló que de las anteriores pruebas y de los registros civiles de nacimiento de los demandantes, del afiliado y de su deceso, las resoluciones que negaron la pensión solicitada y ordenaron la devolución de saldos y del extracto de la cuenta de ahorro individual del causante (f.°19 a 22 y 24 a 25), no se acreditaba la dependencia económica de Víctor Julio López Pérez en relación con el hijo.

A la misma conclusión arribó sobre la sujeción financiera alegada por la madre del de cujus, toda vez que si bien, reconoció que «el afiliado le colaboraba a su señora madre», dicha contribución carecía de relevancia o importancia suficiente para configurar la dependencia necesaria para alcanzar la pensión, debido a que el fallecido solo cubría sus propios gastos y sostenimiento; que el apoyo económico del hijo debe ser significativo y suficiente para el sostenimiento digno de sus ascendientes, de modo tal que se cumplan las condiciones reseñadas por esta Corte en la sentencia CSJ SL1079-2021.

No le dio relevancia al hecho de que la AFP hubiese alegado que la demandante vivía en un bien inmueble de su propiedad, debido a que ello no era óbice para negar el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, de acuerdo con la sentencia de esta Corte CSJ SL1263-2015; sin embargo, dijo que no halló demostrada la dependencia económica aducida por María Elvania Flórez de López, en la medida en que así lo confesó, al afirmar que:

[…] para la época en que ocurrió el deceso de su hijo JOHANNY LÓPEZ FLÓREZ, ella sí trabajaba y que lo hacía en la actividad de oficios varios como aseo y planchado de ropa. También admitió que su esposo y su propia madre también contribuían con su sostenimiento, que su fallecido hijo no le entrega[ba] dinero más allá de lo que eventualmente a aquél le sobraba y que el mercado era lo que él llevara, o lo que ella concreta y puntualmente le pidiera, si alguna cosa le hacía falta en la casa.

De otro lado, si bien todos los testigos fueron unánimes al señalar que el hijo fallecido solía llegar a la casa con bolsas de mercado e incluso, le entregaba a su señora madre sumas líquidas de dinero, ninguno de ellos reportó siquiera un punto de referencia para por lo menos, inferir si las sumas pecuniarias entregadas eran sustanciales, o si el alegado mercado resultaba relevante o no, dentro de la canasta familiar.

Concluyó que la demandante no se encontraba subordinada financieramente al hijo fallecido, de modo tal que no pudiera valerse por sí misma y que «se viera afectada en su mínimo vital, […] tampoco logró demostrar qué tan relevantes y significativos eran los aportes del de cujus y, fue ella misma quien confesó que gozaba de recursos derivados de su propia actividad laboral […] y recibía contribuciones de otras fuentes, como su madre y su esposo».

RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por los demandantes, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Pretende la parte recurrente, que la Corte, case la sentencia impugnada, para que, en sede de instancia, «dé lugar a las pretensiones de la demanda».

Con tal propósito, formula un cargo que fue replicado.

CARGO ÚNICO

Denuncia que la sentencia recurrida es violatoria de la ley por vía indirecta en la modalidad de aplicación indebida de,

[…] los arts. 73 y 74 de la Ley 100 de 1993, modificado éste último, por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, relacionados con los arts. 11, 12, 13, 25, 50, 141, 142, ibídem; arts. 16, 18 al 21 del CST; 167 y 256 del CGP; arts. 60, 61 y 145 del CPTSS; y 40, 42, 48 y 53 de la Constitución Nacional.

Aduce que el juzgador plural incurrió en dos errores de hecho:

No dar por acreditado, estándolo, la dependencia económica de los padres demandantes señores MARÍA ELVANIA FLÓREZ DE LÓPEZ y VÍCTOR JULIO LÓPEZ PÉREZ, la subordinación, si bien no total y absoluta, por lo menos sí significativa y relevante de cara a su digno sostenimiento; y,

No dar por acreditado, estándolo, que el aporte económico periódico que el hijo fallecido JOHANNY LÓPEZ FLÓREZ, entregó a sus progenitores, era significativo y relevante de cara a su digno sostenimiento.

Asegura que los mencionados yerros fácticos fueron consecuencia de la equivocada apreciación de los documentos arrimados al plenario, como los «FORMULARIOS PARA VISITA FAMILIAR y DECLARACIONES PARA ACREDITAR DERECHOS A PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES, […] debidamente diligenciados y firmados por el entrevistador de la pasiva», (f.°77 a 92); que con ellos demostró la sujeción económica de los demandantes en relación con su hijo fallecido.

Agrega que erró el ad quem en la valoración de los interrogatorios de parte de los actores y testimonios de «Jesús Evelio Ballesteros (sic)», Jackelin Calderón Forero, Floralba Ballesteros Antolinez, Ludwing Martínez Sanabria, Martha Cecilia Garzón y Beatriz Delgado Cabeza.

Afirma que, con los testimonios recaudados, logró acreditar la dependencia económica de los progenitores del causante, «entendida como la subordinación, si bien no total y absoluta, por lo menos, significativa y relevante de cara a su digno sostenimiento»; que los deponentes,

[…] fueron unánimes en aseverar que el hijo fallecido solía llegar a casa con bolsa de mercado e incluso, entregaba a su señora madre sumas líquidas de dinero, pues a más de que fueron todos, conocedores de las circunstancias en razón de su antigua y prolongada situación de vecindad, estos fueron contundentes, consistentes y coherentes respecto a lo sucedido hace 14 años, cuando señalaron que JOHANNY LÓPEZ FLÓREZ, le hacía un aporte económico periódico a sus progenitores, con la que sufragaban pagos de los servicios públicos y sus propios gastos, lo cual, incluso ocurrió en presencia de MARTHA CECILIA GARZÓN y FLORALBA BALLESTEROS ANTOLINEZ, como ellas se lo manifestaron. La testigo BEATRÍZ DELGADO CABEZA señaló concretamente que ambos padres dependían del causante en lo económico, que los progenitores convivían en la misma vivienda en el barrio El Limoncito de Bucaramanga.

Aduce que con las pruebas documentales que no fueron tachadas, se corrobora la subordinación financiera de los promotores del litigio, pues «su hijo aportaba una suma mensual de dinero entre $100.000 y $200.000, que ellos asignaban al pago de servicios públicos y a sus propios gastos, entre ellos, vestuario»; contribución financiera que era significativa y relevante, pues «él tenía por salario $332.000, máxime que luego del deceso, los padres demandantes tuvieron que ajustarse (sic) y en su patrocinio, se hizo necesaria la intervención de su otro hijo, WILLIAM LÓPEZ FLÓREZ».

Reprocha que el Tribunal hubiese aceptado los argumentos de la demandada en su contestación, que conllevó colegir que la contribución económica periódica del causante a sus padres para cubrir ciertos gastos del hogar, solo constituían un mero aporte del buen hijo y en esa medida, no demostró el requisito de la dependencia económica que permitiera acceder al derecho pensional pretendido.

Por último, resalta que el supuesto de la sujeción financiera no se descarta ni se desvirtúa como un aporte periódico, relevante y significativo para la digna subsistencia, por el hecho de que la ascendiente del afiliado fallecido «recibía ingresos por su trabajo por días, que lo hacía en la actividad de oficios varios como aseo y planchado de ropa, o por aportes de su esposo o de su propia madre; o que, respecto al padre, recibía ingresos por su actividad como taxista, vendedor de cebolla en una plaza de mercado», disertaciones que apoya con las sentencias de esta Corte, CSJ SL16574-2014 y CSJ SL2845-2018 (f.°77 a 87).

RÉPLICA

La Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A., señala que el fallador de segunda instancia realizó una evaluación ponderada de las pruebas y «aunque difiera de la apreciación que la parte recurrente pretende, no por esto se percibe un dislate con la enjundia exigida para casar su sentencia y por tanto, el ataque intentado no puede prosperar»; que adicionalmente, el juzgador obró en forma plausible cuando exigió la prueba de la dependencia económica, como se corrobora con la sentencia CSJ SL4103-2016 y resulta suficiente comparar la decisión del ad quem con la jurisprudencia de esta Sala, para colegir el acierto del Tribunal con su decisión (f.°88 a 92).

CONSIDERACIONES

El Tribunal concluyó que los demandantes no demostraron el requisito de la subordinación financiera en relación con su hijo fallecido, toda vez que si bien, de manera periódica contribuía económicamente con la madre, no era relevante y significativa que le garantizara una subsistencia digna. En el mismo sentido se pronunció sobre el padre, Víctor Julio López Pérez, toda vez que, en el curso de su interrogatorio, admitió que tenía más de 10 años de no residir en el mismo lugar de vivienda de la demandante y sus hijos, por «cuenta de la ocurrencia de la separación conyugal y admitió que convivía en unión libre con otra pareja sentimental».

En ese orden, razonó con fundamento en las pruebas documentales adosadas al proceso, los interrogatorios de parte y los testimonios recaudados, que los recursos que aportaba el causante no eran necesarios para la subsistencia de su progenitora con quien convivía, pues la madre percibía ingresos de otros integrantes de la familia y el padre no recibía ayuda alguna, en tanto desde hacía varios años mantenía una relación sentimental y de convivencia con persona distinta a la actora, como se dijo.

La censura muestra inconformidad con las deducciones del colegiado y le atribuye la comisión de los errores de hecho que menciona en la acusación, al no tener por demostrado estándolo, que el causante Yohanny López Flórez, suministraba a sus padres un aporte financiero periódico e importante, que los hacía subordinados económicos, con independencia de sus ingresos por las actividades realizadas de «lavado y planchado de ropa», conducción de taxi y «venta de cebolla».

No son objeto de controversia, los siguientes supuestos fácticos: i) que el deceso de López Flórez se produjo el 1 de agosto de 2003 (f.°13); ii) que se encontraba afiliado a la AFP accionada y había realizado aportes desde el 21 de junio de 1999, hasta la fecha de su muerte (f.°19); iii) que los demandantes María Elvania Flórez de López y Víctor Julio López Pérez, son los progenitores del causante.

El debate se mantiene en torno a la dependencia económica a efectos de determinar si, del apoyo brindado por el de cujus a sus progenitores, podría derivarse el derecho a la pensión.

De un examen al documento de fecha 1 de septiembre de 2003 (f.°81 a 83), suscrito por la actora, formato pre elaborado por Protección S.A., contentivo de 8 preguntas, titulado «DECLARACIÓN PARA ACREDITAR DERECHOS A PENSIÓN DE SOBREVIVENCIA – PENSIÓN OBLIGATORIA» se lee que indicó como ocupación, el hogar, que desde el 1 de enero de 2001, se encontraba afiliada a la EPS CAFESALUD, en calidad de beneficiaria de su hijo William López, que su descendiente fallecido era soltero, el hogar lo integraban 3 hijos, incluido el causante y sus padres y, tenía más de dos años que no trabajaba, siendo la «última vez en un restaurante».

Del otro, denominado «DEPARTAMENTO DE BENEFICIOS Y PENSIONES – FORMULARIO PARA VISITA FAMILIAR» (f.°89 a 92) de fecha 19 de septiembre de 2003, también consistente en un formato con varias casillas en el que se señala «QUE DEBE LLENARSE POR APARTE PARA CADA UNO DE LOS SOLICITANTES MAYORES DE EDAD», y a renglón seguido dice: «Llenar esta Hoja por cada uno de los padres», aparece registrado a nombre María Elvania Flórez de López, con parentesco: «Madre» y las anotaciones como respuestas a las preguntas pre formuladas, además de confirmar los anteriores datos, dice que convivía bajo el mismo techo con el fallecido desde hacía 22 años, cuyo último empleo fue en «Megaredil», que ella tenía 25 años de casada y de separada de su cónyuge, 10 años, que «ahora el único que aporta para los gastos es William» y, que su ayuda provenía de éste, como hijo mayor.

Si bien, este último, carece de las firmas de la actora y de la del funcionario que realizó la visita familiar, contrario a lo dicho por el juez colegiado, en cuanto la falta de mérito probatorio a pesar de no haber sido cuestionado, la Sala sí le confiere pleno valor a dicha prueba, toda vez que la investigación la inició la misma AFP demandada, además, de que la relacionó y anexó a su respuesta a la demanda con esa finalidad, circunstancia indicativa de la aceptación de su contenido, al tenor de lo dispuesto en los artículos 193 e inciso 3 del 244 del CGP, aplicable en materia laboral por analogía según el artículo 145 del CPTSS, toda vez que opera la presunción de autenticidad de todos los documentos públicos y privados, emanados de las partes o de terceros, en original o en copia, elaborados, firmados, manuscritos, y «los que contengan la reproducción de voz o de la imagen, mientras no hayan sido tachados de falso o desconocidos según el caso», lo cual conlleva inferir como evidente, la comisión del yerro fáctico que le atribuye la censura al sentenciador plural en la apreciación del citado documento.

Por otro lado, del documento que firmó el padre del causante, Víctor Julio López Pérez, se obtiene que, desde hacía 3 meses, «a veces manejaba un taxi», que el ingreso del grupo familiar era de $700.000, de los cuales él aportaba $150.000, su hijo fallecido, $200.000 para «servicios y gastos generales» y su otro descendiente, William López Flórez, $350.000; precisó el actor, que él no dependía del causante, pero sí vivían bajo el mismo techo.

Del «FORMULARIO PARA VISITA FAMILIAR» suscrito por Víctor Julio López Pérez, el 24 de septiembre de 2003 (f.°84 a 88), se extrae que el actor expresó que tenía 25 años de casado con la madre del causante, pero «no convive con su esposa desde hace 10 años», por su separación; que cohabitaba en unión libre «con su compañera actual, desde hacía tres meses», lo que conllevó que la mencionada visita, se realizara en el lugar real de su domicilio, diferente al del causante y su núcleo familiar, como consta al pie del mismo.

Igualmente, se evidencia en esa prueba documental, que López Pérez, no dependía económicamente de su descendiente fallecido; que en respuesta a las preguntas establecidas en el formato sobre el sustento económico, manifestó que se derivaba del «aporte que recibe actualmente», por conducción «del taxi y del empleo de la esposa (sic)», a lo cual agregó a renglón seguido, que dicho aporte era «el de la esposa actual» (f.°87 y 88).

Por manera que, la Sala colige que no se equivocó el Tribunal al concluir que el accionante no tenía derecho a la prestación pensional, en tanto no acreditó la subordinación financiera alegada en el libelo inicial, en calidad de progenitor del afiliado fallecido, como lo admitió expresamente en el documento que suscribió y así lo corroboró durante el interrogatorio que absolvió, al manifestar que no recibía contribución del de cujus, lo cual es suficiente para considerar frustrada su aspiración de obtener el reconocimiento de la prestación.

Así las cosas, acertó el juzgador plural, al inferir que López Pérez no tiene derecho a obtener el reconocimiento de la prestación de sobrevivientes, dada la ausencia de demostración del requisito de la dependencia económica en relación con su hijo.

Sin embargo, como la Sala encontró probado que el ad quem se equivocó en sus inferencias sobre el valor probatorio del documento que contiene la visita familiar realizada por la enjuiciada a la progenitora del causante, se abstiene de examinar en sede de casación, las restantes pruebas denunciadas por estimar fundado el cargo y casar la sentencia impugnada.

Sin costas, dada la prosperidad del recurso.

SENTENCIA DE INSTANCIA

Concluyó el juez de primera instancia que la demandante tenía derecho al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes por la muerte de su descendiente, en el 100% del salario mínimo legal vigente, debido a que encontró acreditados los presupuestos exigidos por el artículo 74 de la Ley 100 de 1993, como la calidad de afiliado del causante a la AFP accionada, la densidad de 217.43 semanas cotizadas, realizadas desde el 21 de junio de 1999 hasta el 1 de agosto de 2003, fecha de su deceso, de las cuales 152.14 se aportaron en los últimos tres años; así mismo, la condición de beneficiaria y la subordinación financiera en relación con su hijo Johanny López Flórez.

Así lo dedujo de las documentales aportadas al plenario y de los testimonios recaudados en el proceso, pues manifestó que las declaraciones fueron coherentes y coincidentes, le brindaron certeza y credibilidad por tratarse de personas que conocían a la demandante,

[…] desde hace mucho tiempo por razones de vecindad, además por lo coincidente de sus versiones, lo que sin duda constituye una prueba coherente y con la consistencia suficiente al provenir de personas que gozan de capacidad para relatar los hechos que están en su conocimiento, rememoran los testigos sobre hechos ocurridos hace 14 años al indicar que en efecto Johanny López Flórez quién convivía con su señora madre le aportaba económicamente para sufragar los gastos del hogar, lo que hacía a través de sumas de dinero que ella utilizaba para el pago de servicios públicos domiciliarios y para sus propios gastos, ayuda que derivaba de la contraprestación que recibía por los servicios prestados en el establecimiento de comercio denominado Megaredil, […] las señoras Floralba Ballesteros y Martha Cecilia Garzón señalaron haber estado presentes en diferentes ocasiones cuando el causante le entregaba, no solo mercado sino las sumas de dinero a la señora María Elvania Flórez de López, con el objeto de brindarle los medios necesarios para su subsistencia.

Igualmente destacó de los formularios de visita familiar efectuados por el departamento de beneficios y pensiones de la demandada (f.°84 a 92), que la demandante fue clara en afirmar que dependía económicamente de su hijo, en tanto «le aportaba, para esa época, la suma de $100.000 mensuales, los que utilizaba para el pago de servicios y su vestuario», suma que en atención a lo devengado por el afiliado, por su labor en el establecimiento «MEGAREDIL», resultaba representativa, pues el salario recibido ascendía a $332.000; que desde su muerte, percibe la ayuda del otro hijo William López, quien no convivió con ella por mucho tiempo, pero después de la muerte de su hijo Johanny, asumió la ayuda económica para su sustento.

La accionante impugnó la anterior decisión concretamente, por la autorización que dio el a quo a la AFP demandada, para descontarle la suma $14.744.316, por concepto de devolución de saldos que le fue cancelado en calidad de progenitora del fallecido, ya que «nunca recibió una devolución por el monto total de $29.488.632», sino el valor de $2.500.000 «como devolución de aportes, para eso existe un documento que tenemos en nuestro poder, pero que no fue allegado al expediente […] y se puede tener en cuenta en la medida que la señora juez lo autorice como prueba sobreviniente para efectos que el proceso sea remitido al superior jerárquico».

La demandada, en su apelación, arguyó que el fallador se equivocó al conceder la prestación, porque María Elvania Flórez de López, no probó la dependencia económica en relación con su hijo, como se demuestra con «la declaración para acreditar derechos a pensión de sobrevivientes»; que es autosuficiente, en tanto recibía aportes económicos de su hijo William López y era propietaria de la vivienda en la que residía, «dejando ver que contaba con recursos económicos y propiedades».

Agregó que, en el curso del interrogatorio, manifestó que «trabajaba realizando aseo, planchando ropa, es decir que tenía unos ingresos propios» y el hijo fallecido le suministraba $100.000, monto que no se puede considerar suficiente para alegar dependencia económica; y, en los testimonios recaudados en el plenario, se evidencian contradicciones.

Para resolver las apelaciones y el grado jurisdiccional de consulta a favor de Víctor Julio López Pérez, sirvan los argumentos planteados en sede de casación para concluir que la demandante tiene derecho a obtener el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes reclamada, por cuanto, si bien del interrogatorio de parte no emerge una confesión en los términos del artículo 191 del CGP, dado que las partes no pueden constituir su propia prueba, del examen de las pruebas documentales y de los testimonios recaudados en el plenario, se extrae:

Conforme el dicho de Jackeline Calderón (CD f.°1), cuando el causante «empezó a laborar vino su colaboración», devengaba el salario mínimo, «lo veía que llegaba con bolsas de mercado y que cuando hacía reuniones él llevaba todo, esto y aquello, sacaba plata» y le constaba «que el fallecido llegaba con bolsas de mercado, implementos de aseo porque trabajaba en Megaredil, los cuáles eran para sus padres quienes son propietarios de la vivienda donde viven».

Flor Alba Ballesteros, dijo que era vecina de la actora desde hacía 24 años y tenía conocimiento que «María Elvania no trabajaba y que el señor Víctor Julio era independiente vendiendo papa y cebolla, el señor Johanny le colaboraba a su madre y que creo que devenga un salario mínimo, lo veía cuando llegaba con el mercado y decía ‘ahí le traje’.

Adicionó la mencionada deponente, que el de cujus, era quien «más tenía obligación en su casa, ya que compraba el mercado y cuando al papá no le iba muy bien él decía, tranquilo que pagara los servicios […] William su hermano, no colabora en los gastos de la señora Elvania porque se encontraba en una finca, en la municipalidad de Belén» y que creía que Johanny devengaba $350.000 mensuales.

De otro lado, Ludwing Martínez Sanabria, manifestó que el causante «estuvo al cuidado de la manutención de sus papás, conocimiento que obtuvo porque frecuentaba su casa y lo veía a llegar con bolsas de mercado, trabajaba con Megaredil» y le constaba que «con su sueldo mantenía la casa porque le da plata a la mamá […] el señor Víctor vendía papa, yuca o frutas y que con eso procuraban su manutención de la familia, que actualmente sabe que maneja un vehículo pirata». En el mismo sentido de los anteriores, rindió su versión la testigo Martha Cecilia Garzón.

Por lo expuesto, se encuentra probado no solo la cuantía del aporte económico realizado por Johanny López Flórez, con independencia de su necesidad de acreditar el monto, de acuerdo con la jurisprudencia de esta Corte, sino que la contribución era determinante, oportuna y suficiente, para sufragar los gastos esenciales de la demandante, en condiciones dignas, pues el hecho de percibir aportes de otros integrantes de la familia y poseer un bien inmueble en el cual residía, no la hacía autosuficiente; recuérdese que el concepto de dependencia económica, no se circunscribe a un estado de mendicidad o a «la carencia absoluta de recursos» (CSJ SL 4 dic. 2007, rad. 30385 y CSJ SL, 29 jul. 2008, rad. 30847). Explicó esta Sala en la sentencia CSJ SL14923-2014:

La dependencia económica debe ser:

Cierta y no presunta:

se tiene que demostrar efectivamente el suministro de recursos de la persona fallecida hacia el presunto beneficiario, y no se puede construir o desvirtuar a partir de suposiciones o imperativos legales abstractos como el de la obligación de socorro de los hijos hacia los padres.

Regular y periódica

de manera que no pueden validarse dentro del concepto de dependencia los simples regalos, atenciones, o cualquier otro tipo de auxilio eventual del fallecido hacía el presunto beneficiario;

Significativas, respecto al total de ingresos de beneficiarios

se constituyan en un verdadero soporte o sustento económico de éste; por lo que, tales asignaciones deben ser proporcionalmente representativas, en función de otros ingresos que pueda percibir el sobreviviente, de tal manera que si, por ejemplo, recibe rentas muy superiores al aporte del causante, no es dable hablar de dependencia.

Y en decisión CSJ SL18980-2017, del 1º de nov. 2017, rad. 75081, se reiteró que las contribuciones que configuran la dependencia deben ser significativas, respecto al total de ingresos de los beneficiarios, de manera que se constituyan en un verdadero soporte o sustento económico de este; por lo que tales asignaciones deben ser proporcionalmente representativas en función de otros ingresos que pueda percibir el sobreviviente, de tal manera que si, por ejemplo, recibe rentas muy superiores al aporte del causante, no es dable hablar de dependencia. (Negrillas del texto original).

En línea con lo transcrito, es pertinente traer a colación la sentencia CSJ SL386-2023 de esta Corporación, en la que se discurrió sobre la misma temática propuesta:

No puede olvidarse que, como se explicó en precedencia, la subordinación financiera que permite acceder al derecho pregonado no es absoluta por la falta de ingresos; o que se encuentren en estado de «pobreza extrema», pues se repite, si existen otros ingresos adicionales permanentes o esporádicos, ello no significa, necesariamente, que se conviertan en autosuficientes económicamente, conclusión que fue la que el Tribunal determinó (CSJ SL, 12 feb. 2008, rad. 31346, reiterada, entre otras, en las providencias CSJ SL2800-2014, CSJ SL6558-2017 y CSJ SL1243-2019).

En cuanto a la reclamación de la actora por la suma que debe reintegrar a la administradora de pensiones por concepto de devolución de saldos que le fue cancelado, ciertamente, de la Resolución n.°2003-6269 del 9 de octubre de 2003 (f.°19 a 21), suscrita por ambos demandantes, se desprende, que el valor consignado en la cuenta de ahorro individual del afiliado por parte de la demandada, fue de $2.108.933 y de la n.° 2003-0066 de «septiembre de 2003» (f.°24 y 25), que indica la suma de $29.492.633 por igual concepto de devolución de saldos en porcentajes iguales del 50% a cada demandante, no aparece firmado por ellos, por lo que, se equivocó el juez de primer grado, al autorizarle a la accionante el reintegro por $14.746.316. Sin embargo, como la misma actora afirmó que recibió $2.500.000, esta será la suma que deberá reintegrar a Protección S.A.

Por lo expuesto, se modificará el numeral cuatro de la sentencia proferida por el Juez Cuarto Laboral del Circuito de Bucaramanga, a través de fallo dictado el 13 de septiembre de 2017, en cuanto autorizó a la AFP PROTECCIÓN S.A., a descontar del retroactivo pensional la suma de $14.746.316, para en su lugar, ordenar la deducción la suma de $2.500.000, debidamente indexada y se confirmará en lo demás.

Costas en ambas instancias, a cargo de la accionada

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, el 22 de abril de 2022 en el proceso que instauraron MARÍA ELVANIA FLÓREZ DE LÓPEZ y VÍCTOR JULIO LÓPEZ PÉREZ contra la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A., en cuanto revocó parcialmente el fallo de primer grado.

En sede de instancia, RESUELVE:

PRIMERO: MODIFICAR el numeral cuatro de la sentencia proferida por el Juez Cuarto Laboral del Circuito de Bucaramanga, el 13 de septiembre de 2017, en cuanto autorizó a la AFP Protección S.A., a descontar el valor de $14.746.316, del retroactivo pensional a la demandante MARÍA ELVANIA FLÓREZ DE LÓPEZ, para en su lugar, autorizar a deducirle de la suma indexada de $2.500.000.

SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás, el fallo apelado y consultado.

Costas como se indicó.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

DONALD JOSÉ DIX PONNEFZ

JIMENA ISABEL GODOY FAJARDO

JORGE PRADA SÁNCHEZ

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