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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Sentencia SL806-2022

Fecha
16 de marzo de 2022
Magistrado ponente
Jorge Prada Sanchez
Citada por
5 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SL806-2022

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Parte resolutiva

DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 5 de junio de 2019, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, dentro del proceso seguido por WILSON JIMÉNEZ PARRA y NUBIA ESPERANZA MATAMOROS, en nombre propio y el de sus menores hijas S.V.J.M, y M.J.J.M, contra INGENIERÍA, DISEÑO, MONTAJES Y CONSTRUCCIONES S.A.S. DIMOC AGROINDUSTRIAL S.A.S. Sin costas.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral

Sentencia SL806-2022

Magistrado ponente: Jorge Prada Sanchez

16 de marzo de 2022

JORGE PRADA SÁNCHEZ

Magistrado ponente

SL806-2022

Radicación n.° 85849

Acta 9

Bogotá, D. C., dieciséis (16) de marzo de dos mil veintidós (2022).

La Sala decide el recurso de casación interpuesto por INGENIERÍA, DISEÑO, MONTAJES Y CONSTRUCCIONES S.A.S. DIMOC S.A.S, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, el 5 de junio de 2019, en el proceso que instauró WILSON JIMÉNEZ PARRA y NUBIA ESPERANZA MATAMOROS, en nombre propio y de sus menores hijas S.V.J.M, y M.J.J.M. contra la recurrente.

ANTECEDENTES

En la condición mencionada, los promotores del juicio convocaron en sede judicial a Ingeniería, Diseño, Montajes y Construcciones S.A.S. (Dimoc S.A.S.), antes del cambio de razón social, Ingeniería, Diseño de Obras y Montajes S.A.S., para que se le declarara culpable y responsable del accidente de trabajo que sufrió el primero de los demandantes. Pidieron el pago de perjuicios patrimoniales, fisiológicos, daño moral y a la vida de relación irrogados a Jiménez Parra y su compañera permanente; los morales sufridos por sus hijas y el daño a la vida de relación a Nubia Esperanza Matamoros.

En sustento de sus pretensiones, comentaron que Wilson Jiménez fue contratado por la demandada el 15 de junio de 2009 como soldador y oxicortador, para el que fue capacitado. Que la vinculación laboral fue verbal, con un salario de $900.000 mensuales, que no fue indexado.

Informaron que una «cizalla mecánica» que poseía la empresa y permitía desarrollar el objeto social, revestía peligro al no ser operada por personas capacitadas. Que el 16 de septiembre de 2011, se produjo un accidente laboral al introducir la mano izquierda a la cizalla para acomodar la lámina, pero el auxiliar John López la puso en funcionamiento antes de que la víctima sacara la extremidad que resultó atrapada.

Adicionalmente, dijeron, otro factor generador del infortunio, según el informe correspondiente, consistió en la inexistencia de un canal de comunicación efectivo, así como la falta de experiencia y capacitación de los operadores de la máquina; tampoco, se evaluaron las condiciones de seguridad para operar la cizalla y se ejecutaron procedimientos peligrosos para ejecutar la labor.

Relataron que debido al riesgo que implicaba su activación, muy esporádicamente se operaba la máquina de marras, mediante la contratación de terceros externos el servicio de cortado de metal; empero, inexplicablemente se dejó de contratar ese servicio y se empezó a hacer uso de la cizalla, sin la capacitación requerida y sin las medidas de seguridad necesarias para su operación.

Narraron que el trabajador accidentado contaba 35 años, 11 meses y 24 días, era una persona laboriosa, y su expectativa de vida era de 45.6 años. Que se le han practicado 14 intervenciones quirúrgicas, pero su mano quedó «inutilizable»; ha sido imposible su reincorporación al trabajo, y la ARL le reconoció pensión de invalidez, en cuantía de un salario mínimo legal, dada la pérdida de la capacidad laboral del 53,10%, mientras que él devengaba $990.000 mensuales.

Reiteraron que el empleador no lo capacitó en el manejo de la cizalla mecánica y la puesta en funcionamiento se hacía en forma empírica, por órdenes del empleador. Que el núcleo familiar del accidentado ha padecido «aflicción, congoja y zozobra» por las múltiples cirugías a las que fue sometido, la disminución de sus ingresos, que repercutió negativamente en la calidad de vida que tenían. Igualmente, ha sufrido afecciones morales con ocasión a los perjuicios fisiológicos sufridos, la pérdida funcional de su mano, sus hábitos, pasatiempos y vida social que se han disminuido, por razón de las secuelas notorias en su brazo y mano.

La demandada se opuso al éxito de las pretensiones y excepcionó inexistencia de nexo de causalidad y cobro de lo no debido. Aceptó la contratación del actor, los extremos temporales del vínculo, el cambio de razón social, la afiliación al sistema de seguridad social, su objeto social, que fue modificado. También, admitió la capacitación impartida al trabajador como soldador y oxicortador, la experiencia informada, la fecha del accidente de trabajo, cuando estaba operando la cizalla mecánica, la lesión que sufrió, las incapacidades y la imposibilidad de su recuperación.

Dio por ciertos, además, el porcentaje de pérdida de la capacidad laboral, el reconocimiento de la pensión de invalidez y su monto. Negó los demás hechos o dijo que no le constaban.

Adujo haber actuado con diligencia y cuidado para garantizar la seguridad del trabajador y los demás colaboradores de la empresa, brindado capacitaciones sobre cuidado personal, operación de máquinas y herramientas de la empresa y entregado, elementos de protección. Negó que se hubiera tercerizado ese tipo de cortes y sostuvo que al momento del accidente contaba con los elementos de seguridad, que no fueron suficientes, dado que el trabajador introdujo la mano por su propia decisión, con riesgo innecesario y contra la experiencia de más 15 años. Exigió demostración de la culpa.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El 19 de febrero de 2019, el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Tunja, negó las pretensiones y no impuso costas (fls. 542 Cd y 543).

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Al resolver la apelación formulada por la parte actora, el Tribunal revocó el fallo de primer grado, declaró la responsabilidad del empleador DOMOC S.A.S. en el accidente laboral sufrido por Wilson Jiménez Parra el 16 de septiembre de 2011. A favor de Wilson Jiménez dispuso el pago de $75.335.259 y $118.060.740 por lucro cesante consolidado y futuro, así como el equivalente a 30 y 25 salarios mínimos legales mensuales vigente por daños morales y fisiológicos. A Nubia Esperanza Matamoros, ordenó pagar el equivalente a 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes. A favor de las hijas, condenó en el equivalente a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, a título de perjuicios morales.

Dejó las costas de primera instancia a cargo de la accionada y no las impuso por la alzada.

Tras describir que el «actor» sufrió el accidente cuando cortaba láminas en una cizalla mecánica y, sin percatarse de que aquel intentaba acomodar una lámina en una abertura del aparato y entender que se le había hecho la señal correspondiente, el auxiliar John López presionó el pedal que activó la guillotina y atrapó la mano izquierda de la víctima. Que el atrapamiento generó amputación y heridas en los dedos, muñeca y mano izquierda, para una pérdida de capacidad laboral (PCL) del 53.10%, según dictamen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Boyacá (fls. 285 a 287).

Remembró que, según los términos del artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, el reconocimiento de la indemnización plena y ordinaria de perjuicios está supeditada a la demostración de la culpa del empleador. Que, entre muchas otras, en sentencia «SL13653 del 2015, rad. 49681», la Corte adoctrinó que sobre la parte demandante recae la carga de probar la culpa o negligencia del empleador y que, cuando se imputa a este una omisión como detonante del accidente o la enfermedad profesional, al mismo incumbe probar que no incurrió en la negligencia que se le endilga; en ese propósito, dijo, debe demostrar que protegió la salud y la integridad física de sus trabajadores, tal cual lo mandan los artículos 177 del Código de Procedimiento Civil y 1604 del Código Civil.

Luego de recordar las razones por las que el fallador de la instancia inicial negó las pretensiones, así como los fundamentos de la apelación, coligió que debía ocuparse de verificar si había sido probada la culpa del empleador, por: i) no haberse suministrado suficiente capacitación para operar la cizalla mecánica (hecho 16); ii) el auxiliar López puso en marcha la máquina antes de que el actor sacara la mano porque no existía un canal de comunicación eficaz; iii) falta de experiencia de los operadores y de evaluación de las condiciones de seguridad; y, iv) realización de procedimientos peligrosos (hecho 17). Por ello, dijo, el éxito de la pretensión dependía de la acreditación de al menos uno de estos supuestos fácticos y que al empleador le correspondía probar que no incurrió en la negligencia u omisión achacadas, en cuyo propósito debió aportar elementos de convicción de que impartió capacitación y adoptó medidas encaminadas a proteger la salud e integridad de sus trabajadores.

Del reporte del siniestro y el informe de investigación y análisis del mismo, rendidos por Idom S.A.S y la ARL Positiva, dedujo que, al suponer que Jiménez Parra le hizo una señal y, sin percatarse de que tenía la mano en una abertura de la máquina, el auxiliar López «activó la guillotina de la cizalla ocasionándole al actor graves heridas en su mano izquierda».

Estimó equivocada la conclusión del juez de primera instancia pues, si bien en la demanda inicial no se mencionó omisión, descuido o negligencia del empleador en punto al programa de salud ocupacional o el mantenimiento de la máquina, sí se precisó que el accidente se produjo por falta de capacitación en el uso de la cizalla, que propició falta de coordinación entre los operarios y, en últimas, que el auxiliar activara la máquina erróneamente, tal cual lo declararon los testigos y lo acredita la documental incorporada.

Consideró que si los accionantes afirmaron la falta de capacitación del empleador a sus colaboradores para que operaran cizalla mecánica (hecho 20), a aquel correspondía demostrar que no incurrió en dicha omisión; para ello, debió acreditar el hecho contrario, es decir, la adopción de medidas dirigidas a capacitar a sus trabajadores, específicamente para proteger su salud e integridad física.

En ese orden, infirió que en la demanda inicial no solo se adujo omisión en la capacitación del uso de la cizalla, sino también en la implementación de las medidas de seguridad necesarias para mitigar el riesgo de accidentes. Por tal razón, consideró que la enjuiciada debió demostrar que sus trabajadores recibieron capacitación y tenían pleno conocimiento de las medidas de seguridad requeridas para usar la referida máquina.

Sobre el informe de accidente laboral elaborado por la demandada (fl. 517), destacó que allí se señalaron como fallas generadoras del siniestro, faltas de experiencia y evaluación de las condiciones de seguridad para operar, así como la práctica de métodos y procedimientos peligrosos.

Igualmente, relievó el contenido de las recomendaciones de la ARL Positiva (fls. 347 y 348), consistentes en la necesidad de que la empresa evaluara y fortaleciera el programa de inducción y reinducción, de acuerdo a los factores de riesgo a los que podían estar expuestos los trabajadores nuevos y antiguos, así como que las máquinas que representen peligro durante la ejecución de las tareas, deberían ser analizadas puntualmente, para lograr la máxima seguridad posible; también, impartir formación específica para cada puesto de trabajo, y el instructivo que asegure el mantenimiento de las medidas de protección; la implementación de manuales de procedimientos seguros para la operación de todas las máquinas, incluida las cizalladora, y la divulgación de todos esos instrumentos.

Consideró relevantes tales medios de convicción, porque su valoración conjunta con las demás pruebas testimoniales y documentales, develan el desatino del pronunciamiento final del a quo, para quien el infortunio ocurrió exclusivamente por negligencia o imprudencia del actor, con base en que si bien, no fue capacitado específicamente para operar la cizalla mecánica, la experiencia que adquirió era suficiente para poder utilizarla.

En ese orden, lo que infirió fue la culpa del empleador por falta de cuidado, en tanto no diseñó procedimientos que tuvieran presente la adecuada coordinación entre los distintos trabajadores para proteger y dar seguridad al personal laborante; lo anterior, dijo, a pesar de la presencia de algunas certificaciones de capacitación (fls. 441 y 466), ajenas a la operación de la cizalla mecánica, ni medidas de seguridad que mitigaran el riesgo de accidentes.

Si bien, no desconoció el testimonio de Patricia Leiva Suárez, no le dio relevancia, en tanto en la demanda inicial no se afirmó que la empresa hubiera omitido el programa de salud ocupacional o de seguridad industrial.

Dado que halló suficientemente probada la culpa del empleador en la producción del accidente, incursionó en la estimación de las pretensiones, derivadas de la aplicación del artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo.

Definió y clasificó los perjuicios materiales, con apoyo en la providencia CSJ SL5619-2016 y en cuanto a su prueba, precisó que no se reclamó algún valor por daño emergente; aludió a la pérdida de capacidad laboral del 53.10 %, para definir que debía reconocerse el lucro cesante de acuerdo con la fórmula utilizada por la Corte en la decisión referida; es decir que debía tener en cuenta:

[…] la actualización del salario a la fecha de la sentencia el IPC final e inicial y la pérdida de capacidad laboral y teniendo en cuenta que la fecha del accidente fue el 16 de septiembre del 2011 y el lucro cesante se consolidó hasta el 29 de mayo del 2019, es decir un total de 92,4333 meses, además actualizando la renta nos da un total de lucro cesante consolidado de $75.335.259, estas liquidaciones se incorporan en un escrito anexo que hace parte del acta que corresponde a esta audiencia para dar claridad sobre las operaciones realizadas.

Para obtener el lucro cesante futuro, partió de la fecha de la sentencia y tomó como fecha probable de vida el 6 de diciembre del 2056, en tanto nació el 30 de octubre de 1975 y de conformidad con las tablas de supervivencia expedidas por la Superintendencia Financiera de Colombia, daba un total de 450.2333 meses, para un total de $193.395.999.

Con base en el arbitrio judicial (CSJ SL13074-2014), tasó el perjuicio moral del trabajador en el equivalente a 30 salarios mínimos legales mensuales, no sin antes expresar que dicha cuantificación no es caprichosa, sino en la observancia de la sana crítica, las reglas de la experiencia y el vínculo afectivo, de suerte que entre más fuerte y estrecho sea el lazo afectivo y de familiaridad con la víctima, mayor debería ser el precio del perjuicio. Tuvo en cuenta la historia clínica que refleja los padecimientos sufridos a raíz del accidente.

De las declaraciones extra proceso que rindieron Wilson Jiménez y Nubia Esperanza Matamoros (fls. 4 a 8) extrajo que convivían desde hacía 15 años de manera permanente e ininterrumpida en unión libre; así mismo observó que a folios 290 y 317, obraban los registros civiles de nacimiento de las 2 menores hijas. Consideró prudente tasar este perjuicio en el equivalente a 15 salarios mínimos legales mensuales para la compañera y 10 para cada una de las hijas.

En lo que concierne al daño a la vida de relación y los perjuicios fisiológicos, recordó la decisión «39867, (…) de 6 de julio de 2011» para concluir que era procedente su reconocimiento. Al igual que en los dos puntos anteriores, acudió al prudente arbitrio, que debía ser ponderado, razonable y coherente según la singularidad, especificación, individualización y magnitud del impacto; sin abrir paso a sumas antojadizas. Con base en el dictamen de pérdida de capacidad laboral y el concepto del especialista tratante, que dio cuenta de que el actor no podía sujetar o agarrar objetos con la mano izquierda, se le imposibilita soportar cargas, dificultad para usar el transporte público y desarrollar actividades cotidianas, etc, dedujo el equivalente a 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por la sociedad demandada, fue concedido por el Tribunal y admitido por la Corte. Se procede a resolver.

ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Pretende que la Corte case totalmente la sentencia impugnada, «confirmando la de primer grado». En sede de instancia, pide «revocar las declaraciones y condenas impuestas en el fallo de segunda instancia (…), absolviendo a mi representada de la totalidad de las pretensiones».

Con tal propósito formula 3 cargos por la causal primera de casación, que no se replicaron. Se resolverán conjuntamente porque denuncian similar elenco normativo y persiguen la misma finalidad.

VI. CARGO PRIMERO

Acusa violación directa, por «aplicación indebida y la interpretación errónea» del artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo y el régimen de responsabilidad civil colombiano, «interpretando de manera indebida» los artículos 1604, 1613, 1614, 1615 y 1617 del Código Civil.

Señala que el Tribunal aplicó los artículos 216 del Código Sustantivo del Trabajo y 1604 del Código Civil, sin haber demostrado el «supuesto de hecho que dio lugar a la sentencia condenatoria, es decir, la culpa comprobada del empleador en el accidente de trabajo» y que «no se acreditan los axiomas clásicos que constituyen responsabilidad civil», como daño, nexo de causalidad y hecho culposo.

Enrostra intelección equivocada del artículo 1604 del Código Civil, por no resolver bajo el régimen de responsabilidad subjetiva, conforme con lo previsto en el artículo 216 del ordenamiento sustantivo laboral, «sin encontrarse debidamente probados los elementos de la responsabilidad ni la culpa comprobada del empleador en la ocurrencia del accidente de trabajo»; lo anterior, dice, por aplicar parcialmente «la sentencia SL13653/15, decidiendo invertir la carga de la prueba, sin que en esta sentencia dicha tesis haya sido sostenida por la Corte». Por tal razón, afirma, se aplicó mal el régimen de responsabilidad, de suerte que se omitió el juicio tendiente a «demostrar el supuesto de hecho consagrado en la norma»; para el caso, la culpa del empleador en la producción del siniestro, que impedía la imposición de las condenas; que dicha interpretación errónea generó que el Tribunal desapercibiera su diligencia.

Aduce que el ad quem interpretó con error los artículos 1613, 1614, 1615 y 1617, en tanto desconoció que el daño tiene un carácter personal, cierto y que el fallo censurado vulnera el principio de reparación integral del daño.

Expone que si bien, el litigio gira en torno a la prueba de la culpa patronal, ello no era óbice para dejar de lado el análisis y aplicación del régimen de responsabilidad civil y, de esa manera, definir si era atribuible a la entidad demandada y, además, si hay lugar a indemnizar los daños causados.

Reitera que el ad quem estimó que la culpa del empleador estaba «demostrada sin estarlo, únicamente con la afirmación de la ausencia de una capacitación especifica (sic) en el manejo de la máquina denominada en el expediente como cizalla mecánica, pero sin tener en cuenta y ni siquiera valorar las circunstancias en que ocurrió el accidente»; lo anterior, dice, lo condujo a aplicar un régimen de responsabilidad diferente al previsto en el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo.

Insiste que el anterior desacierto proviene de la inversión de la carga de la prueba, como consecuencia de la falta de capacitación del trabajador y en aplicación del artículo 1604 del Código Civil. Que no obstante lo dicho en sentencia CSJ SL13653-2015, el Tribunal modificó el régimen de responsabilidad que debía aplicarse, partiendo de la obligación del demandante de probar el incumplimiento del deber de protección y seguridad del trabajador y que siempre había que demostrar «las circunstancias concretas en las que ocurrió el accidente y (…) que la causa eficiente del infortunio fue la falta de previsión por parte de la persona encargada de prevenir cualquier accidente (…)”» (Negrilla del texto).

Afirma que el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo no consagra la responsabilidad objetiva del empleador, que permita prescindir de la prueba del daño, el nexo de causalidad y el hecho culposo. Que dicha norma debe ser interpretada y aplicada conforme al régimen de responsabilidad, que impone aplicar los axiomas clásicos referidos y que, ante la ausencia de uno de estos elementos, dicho juicio está llamado al fracaso.

Sin embargo, agrega, el Tribunal se limitó a verificar la culpa del empleador, por ausencia de capacitación calificada, sin tener en cuenta que el demandante reconoció en su declaración que operaba la máquina, incluso antes de la vinculación con la demandada; con ello, dice, sin motivación probatoria o jurídica descartó la imprudencia demostrada, por manera que prescindió del nexo de causalidad, en contra de la exigencia del plurimencionado artículo 216.

Estima demostrada su diligencia y cuidado, «no obstante las pruebas en este sentido no fueron tenidas en cuenta al desatar el recurso de alzada por la indebida aplicación del régimen de responsabilidad subjetiva» de que trata el referido artículo 216 y no se estudiaron las tradicionales eximentes de responsabilidad, como fuerza mayor, caso fortuito, hecho exclusivo y determinante de un tercero o culpa de la víctima.

Por último, expresa que el juzgador de la alzada interpretó con error los artículos 1613, 1614, 1615 y 1617 del Código Civil, en lo que respecta al daño y la indemnización, en la medida en que desconoció claramente el principio de reparación integral.

Asevera que la condena por concepto de lucro cesante consolidado y futuro, carece de análisis y fundamento y va en contra del principio de indemnización integral, en tanto desconoce la pensión de invalidez concedida a la víctima; que reconoció por lucro cesante consolidado valores no pedidos en la demanda, pues no podrían haberse demandado por los accionantes, por cuanto durante todo el tiempo que estuvo incapacitado, a Jiménez Parra se le pagaron sus salarios y prestaciones. Luego, expone:

Frente al lucro cesante consolidado: además de no haberse solicitado en la demanda, no hay prueba del mismo, y no podría existir pues mientras estuvo incapacitado el señor Wilson Jiménez Parra no se dejaron de cancelar sus salarios y prestaciones, en la demanda se solicito (sic) por este concepto la suma de $4.008.823, pero no se establece el sustento del valor que se reclaman por este concepto.

Frente al lucro cesante futuro: Se desconoció por parte del Tribunal la pensión de invalidez que actualmente recibe el trabajador, en consecuencia, existe un enriquecimiento sin causa del trabajador pues además de recibir la pensión de invalidez se le va a pagar los salarios que devengaría, lo cual constituye un doble pago por el mismo concepto.

Menciona que la afectación de la persona en sus dimensiones material, corporal, social y sentimental, sin fundamento jurídico, impone devolver al afectado a la misma situación en que estaba antes del infortunio, sin superar sus estrictos límites.

VII. CARGO SEGUNDO

Acusa violación indirecta, por «ERROR DE HECHO POR INDEBIDA APRECIACIÓN DE LAS PRUEBAS (sic)», al dar por demostradas las exigencias fácticas del artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, en relación con el numeral 2 del artículo 57 ibídem, el artículo 1604 del Código Civil y el artículo 167 del Código General del Proceso.

Acusa la comisión de los siguientes errores de hecho:

Dar por demostrado, sin estarlo, que la parte demandante logró acreditar que hubo una “culpa suficientemente comprobada” del empleador.

No dar por demostrado, estándolo, que el accidente ocurrió por culpa exclusiva de la víctima, por negligencia, omisión y violación del deber de autocuidado.

No dar por demostrado, estándolo, que el trabajador recibió capacitación en riesgos laborales y prácticas seguras.

Expone que, en el escrito inaugural, se afirmó que el accidente ocurrió por falta de capacitación para el manejo de la cizalla mecánica. Que a la contestación a la demanda se adjuntó copia del programa de salud ocupacional vigente en la fecha del accidente, cuya elaboración y puesta en práctica fue demostrada con «el testimonio de la profesional en medicina laboral, ingeniera Patricia Leiva». Dice que esta declaración fue ignorada por el Tribunal, por considerarlo no relevante, sin fundamento de fondo.

Manifiesta que si bien, el testimonio no es prueba calificada, es necesario tomarlo en cuenta, dado que corrobora que siempre veló por la seguridad y salud en el trabajo, como lo indicó John López.

Argumenta que según el informe de accidente de trabajo emitido por Positiva ARL, el trabajador conocía los riesgos de introducir su mano en la parte móvil, y aun así lo hizo; que la experiencia del trabajador accidentado en reparación de maquinaría del ramo, desvirtúa la afirmación de que aquel desconocía ese riesgo.

Así mismo, que a la contestación de la demanda se anexó el documento denominado identificación del cargo, en el que se describe el puesto de trabajo de soldador, que ocupaba Jiménez Parra; que dentro de sus funciones incluyó el buen manejo de las herramientas, el equipo menor, las pulidoras, los taladros, las cizallas eléctrica y manual, de suerte que dentro de sus tareas estaba el manejo del equipo en el que se presentó el accidente y que, al no haberse considerado en la sentencia gravada el perfil del trabajador, se presumió que era obligación de la empresa capacitarlo.

Reitera que el siniestrado contaba con el conocimiento y la experticia para la operación de la máquina, puesto que si había aplicado para el cargo, es lógico pensar que tenía conocimiento y experiencia para ejecutar la labor.

VIII. CARGO TERCERO

Aunque no aparece debidamente identificado, la Sala entiende que el listado de normas enunciadas en la página 21 del escrito, así como los párrafos que le siguen, corresponden a una tercera acusación.

A través de ella, se le endilga al juez de apelaciones haber transgredido por vía indirecta, en el concepto de aplicación indebida, los artículos 1, 2, 25, 53 y 228 de la Constitución Política; 3, 4, 16, 23, 56, 57, 199, 216, 348 y 349 del Código Sustantivo del Trabajo; 63, 1604, 1613, 1614, 1615,1617, 1757 y 2485 del Código Civil; 58, 60, 61 y 145 del Código Procesal del Trabajo; 8 de la Ley 153 de 1887 y 164, 165, 167 y 176 del Código General del Proceso.

Recrimina al ad quem por haber omitido «la prueba de la culpa del empleador, por la indebida aplicación del régimen de responsabilidad sino que se omitió por parte del fallador considerar la existencia de los eximentes de responsabilidad acreditados», que fueron aceptados por la parte demandante en sus intervenciones y en el recurso, en tanto consideró inadmisible la concurrencia de culpas y que no se podía pedir diligencia y prudencia, cuando no se había capacitado.

Repite que cuando pretende la indemnización prevista en el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, el accionante tiene la carga de acreditar que el empleador no actuó con diligencia y cuidado (CSJ SL2799-2014, CSJ SL5832-2014, CSJ SL17216-2014 y CSJ SL4350-2015), puesto que no es suficiente la prueba del accidente laboral, que fue lo que ocurrió en este caso.

Estima equivocado que el juzgador de la alzada diera por probada la culpa, a pesar de que está demostrada la imprudencia del trabajador, «al introducir de manera inexplicable su mano dentro de las partes móviles de la cizalla». Que aun en el evento de que no hubiera mediado capacitación, quedó sin acreditar el nexo causalidad entre tal omisión y el accidente (CSJ SL14420-2014).

Resalta que el Tribunal dio por probado, sin estarlo, que la operación de la cizalla mecánica requería conocimiento calificado, en tanto no se arrimó un manual de operaciones o dictamen técnico que estableciera que la operación de la máquina lo exigiera. Que, al momento de ingresar a prestar el trabajador, había manejado y operado la cizalla mecánica desde el año 2000, de suerte que conocía el funcionamiento de la máquina y su manejo. Asegura que, según el perfil del cargo, el soldador debe tener buen manejo de herramienta y equipo menor, (pulidoras, taladros, cizallas eléctrica y manual), de donde se sigue que, si lo escogieron, es lógico pensar que poseía conocimientos y experiencia para ejecutar dicha labor, a más que la cizalla mecánica se encontraba calificada como equipo menor, básico.

Expone que, al momento del infortunio, el trabajador portaba los elementos de protección, se realizaban las capacitaciones sobre autocuidado y se aplicaba el programa de salud ocupacional y seguridad industrial.

Asevera que se pretirió el testimonio «del señor López», quien afirmó que él accionó la cizalla eléctrica sin percatarse de que Wilson Jiménez tenía la mano inmersa en ella; por tal virtud, afirma, quedó demostrada la eximente de responsabilidad, que denomina la «causa de un tercero», tal cual lo confirmó el testigo Segundo Javier García.

Insiste que el ad quem debió analizar «las tradicionalmente denominadas causales eximentes de responsabilidad, dentro de las cuales encontramos la fuerza mayor, caso fortuito, hecho exclusivo y determinante de un tercero o culpa de la víctima» (negrilla original).

Por último, sostiene que se violó el artículo 66 A del ordenamiento adjetivo laboral pues, contra la realidad, se dio por probado sin haberlo argumentado el recurrente, que la enjuiciada no tenía procedimientos que impusieran una adecuada coordinación entre los trabajadores para su protección y seguridad; arguye que no tuvo oportunidad de allegar pruebas, ni pronunciarse, pues eso no se alegó en la demanda, ni en el recurso de apelación.

CONSIDERACIONES

Como en precedencia se anunció, la censura propone a la Corte definir si la condena por la indemnización contenida en el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo que le impuso el Tribunal, se ajusta a derecho.

A pesar de que los cargos segundo y tercero están enderezados por la senda fáctica, no es controversial que el último salario que devengó Wilson Jiménez Parra por ejecutar la labor de soldador y oxicortador al servicio de la demandada, fue de $900.000 mensuales, ni que, en desarrollo de su labor, el 16 de septiembre de 2011, sufrió un accidente de trabajo. Tampoco, está en discusión que a consecuencia del infortunio tuvo una pérdida de capacidad laboral del 53.10%, ni que la ARL Positiva le reconoció pensión de invalidez, el 30 de agosto de 2016.

A pesar que el primer cargo se anuncia por la vía jurídica, en la demostración se involucran cuestionamientos de orden probatorio, no atendibles por aquel sendero. No obstante, como la acusación contiene reproches jurídicos, la Sala entiende que al ad quem se le atribuye la aplicación indebida de los artículos 216 del Código Sustantivo del Trabajo y 1604 del Código Civil, «sin tener prueba del supuesto de hecho».

Afirma que el juzgador de alzada aplicó parcialmente la providencia CSJ SL13653-2015 y, con ello, invirtió la carga de la prueba; que se debió aplicar el régimen de responsabilidad civil; que el artículo 216 referido no consagra responsabilidad objetiva y que ignoró que se había reconocido la pensión de invalidez, lo cual impide que se fulminen condenas por lucro cesante consolidado y futuro. La Sala procede a dar respuesta a los reparos formulados.

La aplicación de los artículos 216 del Código Sustantivo del Trabajo y 1604 del Código Civil.

La censura señala que esas disposiciones legales fueron aplicadas, sin tener prueba del supuesto de hecho que ellas contienen.

La anterior afirmación, que indudablemente es más fáctica que jurídica, no es atinada. Luego de referirse al informe de accidente laboral de la demandada, las recomendaciones de la ARL Positiva, que estimó relevantes, así como al análisis completo del documento de investigación del accidente de trabajo, en conjunto con las demás pruebas, el Tribunal concluyó desacertado colegir que el accidente laboral había ocurrido exclusivamente por negligencia o imprudencia del actor, en tanto halló demostrada la culpa del empleador con las omisiones descritas en esas documentales, que acreditaron los supuestos fácticos contenidos en la norma.

Inversión de la carga de la prueba.

La censura sostiene que el Tribunal aplicó parcialmente la providencia CSJ SL13653-2015, en la medida en que invirtió la carga de la prueba.

En lo pertinente, según la sentencia gravada, «si el trabajador alega que la accionada omitió capacitar a los empleados para operar la cizalla mecánica, a esta le corresponde demostrar que no incurrió en dicha negligencia aportando las pruebas de haber adoptado las medidas pertinentes (…)». Este entendimiento se aviene con el antecedente jurisprudencial que se dice fue desconocido parcialmente. Ciertamente, en la providencia del año 2015, se discurrió:

En efecto, en primer lugar, esta Sala de la Corte ha dicho insistentemente que «…la parte demandante tiene la carga de probar la culpa o negligencia del empleador que da origen a la indemnización contemplada en el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, además de que el empleador puede desligarse de ella demostrando diligencia y cuidado en la realización del trabajo…» (CSJ SL2799-2014).

Adicionalmente, como lo subraya la censura, ha dicho que a pesar de lo anterior, «…cuando se imputa al patrono una actitud omisiva como causante del accidente o la enfermedad profesional, a éste le corresponde demostrar que no incurrió en la negligencia que se le endilga, aportando las pruebas de que sí adoptó las medidas pertinentes en dirección a proteger la salud y la integridad física de sus trabajadores.» (CSJ SL7181-2015).

Esto es, la Corte ha reivindicado históricamente una regla jurídica por virtud de la cual, por pauta general, al trabajador le corresponde demostrar las circunstancias de hecho que dan cuenta de la culpa del empleador en la ocurrencia de un accidente de trabajo, pero, por excepción, con arreglo a lo previsto en los artículos 177 del Código de Procedimiento Civil y 1604 del Código Civil, cuando se denuncia el incumplimiento de las obligaciones de cuidado y protección, se invierte la carga de la prueba y es el empleador el que asume la obligación de demostrar que actuó con diligencia y precaución, a la hora de resguardar la salud y la integridad de sus servidores. (Al respecto pueden verse decisiones como las CSJ SL, 10 mar. 2005, rad. 23656, CSJ SL, 10 mar. 2005, rad. 23489, CSJ SL, 10 may. 2006, rad. 26126, entre muchas otras). (Subraya la Sala).

De esta suerte, el argumento del atacante no encuentra respaldo en la providencia parcialmente trascrita, por cuanto el Tribunal acusado se ciñó ese precedente.

Régimen de la responsabilidad civil.

La censura manifiesta que el Tribunal ha debido acudir a las normas del Código Civil, a fin de resolver sobre la responsabilidad por la indemnización de marras.

En reiteradas oportunidades, la Corte ha adoctrinado que la norma que gobierna la indemnización plena de perjuicios, por la culpa del empleador en la ocurrencia del accidente laboral, es el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo. En fallo CSJ SL, 14 ago. 2012, rad. 39446, reiteró:

En tal virtud, el cargo prospera, por ser lo cierto que la Ley 776 de 2002, que introdujo normas sobre la organización, administración y prestaciones del Sistema General de Riesgos Profesionales, no es la llamada a regular el presente asunto, presentándose entonces la indebida aplicación de dicha preceptiva, tal como lo propuso el extremo recurrente, por debatirse en realidad lo atinente a la responsabilidad ordinaria y plena de perjuicios, por culpa del empleador en la ocurrencia del accidente de trabajo en mientes, siendo entonces el precepto que rige la materia, el artículo 216 del C.S.T. (Se subraya).

En consideración a este inveterado criterio, no se equivocó el Tribunal al resolver el conflicto con fundamento en el artículo 216 del ordenamiento sustantivo laboral.

La responsabilidad objetiva. Incompatibilidad entre la pensión de invalidez y el lucro cesante.

Como lo afirma la censura, es cierto que la norma citada no consagra la responsabilidad objetiva, que el recurrente entiende dedujo el Tribunal para infligir su condena. Desde luego, tal comprensión es equivocada, como quiera que el juez de alzada no impuso la indemnización plena, por la sola acreditación de la afectación de la salud del trabajador accidentado. Como ya se dijo, el fallador de segundo grado encontró probado que el empleador no logró demostrar que había adoptado las medidas tendientes a garantizar la salud del trabajador, toda vez que dedujo evidente que no tuvo el cuidado debido «al no establecer procedimientos de trabajo que tuvieran presente la adecuada coordinación entre los distintos trabajadores para proteger y dar seguridad al personal que labora en ese lugar», máxime si las certificaciones sobre capacitación (fls. 441 y 466), no se relacionan con la operación de la cizalla mecánica, ni con las medidas de seguridad necesarias para mitigar el riesgo de accidente. La solución pasó, entonces, por la previa constatación de la culpa suficientemente comprobada, que desecha la solución objetiva que se alega.

La impugnante recrimina al Tribunal por haber concedido la indemnización «en contravía directa del principio de indemnización integral, al desconocer la pensión de invalidez de que goza la victima por el perjuicio que el ad quem pretende indemnizar». Para desestimar este reproche, basta memorar que la Corte en forma pacífica ha adoctrinado:

La Sala entiende que la recurrente en este reparo se refiere a la pensión de invalidez de origen laboral que le fue concedida a Gilberto Moreno Cano.

Pues bien, la Corte advierte de entrada que no le asiste razón a la censura en este cuestionamiento, toda vez que de manera reiterada y pacífica la jurisprudencia de la Corporación ha establecido que son compatibles e independientes las prestaciones que reconoce el sistema de riesgos laborales y las sumas que debe asumir el empleador por concepto de indemnización plena de perjuicios contemplada en el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, toda vez que las primeras son de naturaleza prestacional y la segunda meramente indemnizatoria (CSJ SL, 30 nov. 2010, rad. 35158, CSJ SL10985-2014 y CSJ SL5463-2015) (Subraya extra texto).

Con lo anterior, se responde también el reparo de la recurrente, fundado en que al demandante Wilson Jiménez Parra durante el tiempo que estuvo incapacitado, le pagaron sus salarios y prestaciones; pues se itera, no son incompatibles las prestaciones que otorga el Sistema Integral de Seguridad Social, con las contenidas en el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo.

Para restar toda posibilidad de éxito al ataque dirigido por la condena impuesta a título de indemnización por perjuicios morales, es suficiente comprobar que el fallador de segundo nivel definió esa clase de daño, trajo a escena la providencia CSJ SL5619-2016, y verificó su demostración.

En el segundo cargo, también orientado por la vía indirecta, la censura denuncia la copia del programa de salud ocupacional; el testimonio de Patricia Leyva, el informe de accidente de trabajo emitido por ARL Positiva, la hoja de vida del demandante y el documento denominado identificación del cargo.

De los anteriores elementos de convicción denunciados, la recurrente se limita a imputar preterición del testimonio y el documento de identificación del cargo; empero, guarda silencio sobre los demás y no precisa si fueron soslayados o equivocadamente apreciados por el ad quem.

No obstante, si por amplitud la Sala se detuviera en el informe del accidente de trabajo, no podría abordar su estudio de fondo, en tanto no es una prueba calificada en casación, dad su naturaleza testimonial. En providencia CSJ SL1906-2021, se dijo:

Ahora, el precedente de la Sala ha establecido cuando los informes e investigaciones administrativas pueden ser analizadas y, aunque se reitera en principio, estos no constituyen prueba calificada de conformidad con lo sostenido por la jurisprudencia, este tipo de documentos señala el precedente constituyen un documento declarativo y, en virtud de lo dispuesto en el artículo 277 del Código de Procedimiento Civil, aún con la modificación introducida por el artículo 27 de la Ley 794 de 2003, aplicable al proceso laboral por así permitirlo el 145 del estatuto adjetivo del trabajo y de la seguridad social, los documentos simplemente declarativos emanados de terceros, deben apreciarse en la misma forma que los testimonios. (SL 17468-2014, SL3169-2018, SL716 - 2021). Es así como se podrá asumir el estudio del informe y la investigación del accidente de trabajo, en la medida en que se demuestre error respecto de una prueba calificada en casación (CSJ SL 4514-2017).

Por supuesto, igual suerte corre el testimonio de Patricia Leyva. Basta leer el artículo 7 de la Ley 16 de 1969, para reiterar que no es uno de los medios de prueba que el legislador considera apto para estructurar un error de hecho manifiesto en casación.

En lo que concierne a la copia del programa de salud ocupacional de la demandada, la demandada solo expone que ese reglamento fue «implementado por un profesional idóneo en tal campo»; se fundamenta en la declaración de la testigo recién mencionada. De ahí, que no sea posible su análisis y, además, ningún otro razonamiento esgrime la censura para probar la incidencia que tuvo el supuesto yerro en la decisión que se ataca.

Finalmente, la demandada aduce que si la experticia del trabajador dio lugar a que fuera seleccionado para ejecutar la labor en la que se accidentó, con su hoja de vida y el documento que contiene la identificación del cargo, no era necesaria la capacitación en el manejo de la máquina que le causó las lesiones.

Esa particular visión, desconoce que el eventual cumplimiento de las exigencias para ejercer un oficio en la organización empresarial, de ninguna manera suple la obligación legal de protección integral de la salud del trabajador, por más destreza, trayectoria o especialización que posea el trabajador.

No sobra destacar que si, en gracia de discusión, se admitiera que en la producción del siniestro incidió algún nivel de imprudencia o negligencia de la víctima, el mejor escenario sería el de la concurrencia de culpas. Sin embargo, esta nueva configuración del horizonte fáctico no afectaría el sentido de la decisión gravada, en tanto el criterio de la Sala es el vertido en sentencia CSJ SL4538-2021. La Sala reiteró:

Así también resulta necesario precisar que en torno al actuar imprudente del trabajador o inclusive de un tercero pues, lo cierto es que ello no exime al empleador de su culpa, pues como quedó señalado en sede de casación, aquel faltó a su deber de implementar medidas de protección adecuadas y efectivas para evitar que la demandante estuviera en riesgo en el lugar de trabajo, de lo que se deriva su necesaria responsabilidad, que no desaparece siquiera por la eventual concurrencia de culpas (CSJ SL633-2020).

Las carencias técnicas que presenta la tercera acusación son insuperables. Bien se sabe que la posibilidad de incursionar en el análisis de fondo de un cargo dirigida por el sendero de los hechos, impone al recurrente la carga de identificar los errores imputados, así como de los medios de persuasión erróneamente apreciados o preteridos. Este básico, pero lógico, requerimiento es declinado por la enjuiciada, en tanto la demostración se contrae a cuestionar la supuesta falta de consideración de los eximentes de responsabilidad.

También, se adentra en disquisiciones relativas a la carga de la prueba, que constituye un debate de marcada índole jurídica, no viable de proponer por la senda fáctica. Relaciona 6 hechos no acreditados, pero únicamente denuncia «el testimonio del señor López», que no es calificado en sede extraordinaria, como ya se explicó.

De lo que viene de decirse, no prosperan los cargos.

Como quiera que no se presentó escrito de réplica, no se imponen costas por el recurso.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 5 de junio de 2019, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, dentro del proceso seguido por WILSON JIMÉNEZ PARRA y NUBIA ESPERANZA MATAMOROS, en nombre propio y el de sus menores hijas S.V.J.M, y M.J.J.M, contra INGENIERÍA, DISEÑO, MONTAJES Y CONSTRUCCIONES S.A.S. DIMOC AGROINDUSTRIAL S.A.S.

Sin costas.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

DONALD JOSÉ DIX PONNEFZ

JIMENA ISABEL GODOY FAJARDO

Aclara el voto

JORGE PRADA SÁNCHEZ

ACLARACIÓN DE VOTO

Radicación nº. 85849

Magistrada Ponente: JORGE PRADA SÁNCHEZ

WILSON JIMÉNEZ PARRA y NUBIA ESPERANZA MATAMOROS, en nombre propio y de sus menores hijas S.V.J.M, y M.J.J.M. contra INGENIERÍA, DISEÑO, MONTAJES Y CONSTRUCCIONES S.A.S. DIMOC AGROINDUSTRIAL S.A.S.

Con el acostumbrado respeto por las decisiones que toma esta Corporación, a continuación, presento los argumentos que me llevan a aclarar el voto en la sentencia proferida en el asunto de la referencia.

Si bien acompaño el sentido de la decisión adoptada, pues el recurso no de tenía vocación de prosperidad, no comparto una parte de la argumentación, especialmente la forma en que se registró el punto atinente a la inversión de la carga de la prueba.

Como lo ha dicho en varias oportunidades esta ponente, al acoger el precedente de la Sala Permanente sobre la materia, no basta endilgar «culpa por abstención» para que se invierta la carga de la prueba, pues la sentencia que cita el recurrente, la CSJ SL13653-2015, reiterada en las CSJ SL2336-2020 y CSJ SL3942-2020, estableció una carga previa del trabajador, que la sentencia que es objeto de aclaración de voto no transcribió en su contexto, y fue lo que ocurrió en el caso analizado.

Procedo a hacer la transcripción del aparte completo, por corresponder a la real y actual postura de la Corte.

Ahora bien, en torno a los referidos tópicos, desde el punto de vista jurídico, la decisión del Tribunal estuvo fundada en las siguientes premisas: i) que cuando el trabajador pretende el pago de la indemnización ordinaria de perjuicios, con arreglo a lo previsto en el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, «…tiene la carga de acreditar que el empleador no actuó con la debida diligencia y cuidado…», pues «…es deber probatorio a cargo del demandante acreditar los hechos que fundamentan sus pretensiones, para el caso concreto la culpa del empleador en la ocurrencia del accidente de trabajo y los perjuicios generados…»; ii) que aunque se trate de una «…culpa por abstención…», tal situación «…no releva totalmente al trabajador de la actividad probatoria, sino que reafirma que es su deber demostrar el incumplimiento patronal y el nexo de causalidad del mismo con la ocurrencia del accidente.»; iii) y que aunque la actividad de la demandada esté catalogada como de alto riesgo, «…para poder determinar si existió culpa patronal era necesario acreditar las circunstancias de ocurrencia del mismo [accidente de trabajo], deber probatorio que estaba en cabeza de la parte demandante…»

Dichas reflexiones, en la forma esquematizada, están plenamente acordes con la jurisprudencia desarrollada por esta Sala de la Corte en torno a las reglas relativas a la carga de la prueba, en procesos dirigidos a indagar por la culpa patronal en la ocurrencia de accidentes de trabajo, por lo que el Tribunal no incurrió en el error jurídico del que se ocupa el tercer cargo.

En efecto, en primer lugar, esta Sala de la Corte ha dicho insistentemente que «…la parte demandante tiene la carga de probar la culpa o negligencia del empleador que da origen a la indemnización contemplada en el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, además de que el empleador puede desligarse de ella demostrando diligencia y cuidado en realización del trabajo…» (CSJ SL2799-2014).

Adicionalmente, como lo subraya la censura, ha dicho que a pesar de lo anterior, «…cuando se imputa al patrono una actitud omisiva como causante del accidente o la enfermedad profesional, a éste le corresponde demostrar que no incurrió en la negligencia que se le endilga, aportando las pruebas de que sí adoptó las medidas pertinentes en dirección a proteger la salud y la integridad física de sus trabajadores.» (CSJ SL7181-2015).

Esto es, la Corte ha reivindicado históricamente una regla jurídica por virtud de la cual, por pauta general, al trabajador le corresponde demostrar las circunstancias de hecho que dan cuenta de la culpa del empleador en la ocurrencia de un accidente de trabajo, pero, por excepción, con arreglo a lo previsto en los artículos 177 del Código de Procedimiento Civil y 1604 del Código Civil, cuando se denuncia el incumplimiento de las obligaciones de cuidado y protección, se invierte la carga de la prueba y es el empleador el que asume la obligación de demostrar que actuó con diligencia y precaución, a la hora de resguardar la salud y la integridad de sus servidores. (Al respecto pueden verse decisiones como las CSJ SL, 10 mar. 2005, rad. 23656, CSJ SL, 10 mar. 2005, rad. 23489, CSJ SL, 10 may. 2006, rad. 26126, entre muchas otras).

Lo anterior no implica, no obstante, como lo plantea la censura, que le baste al trabajador plantear el incumplimiento de las obligaciones de cuidado y protección, para desligarse de cualquier carga probatoria, porque, como lo dijo el Tribunal y lo ha precisado la Sala, teniendo en cuenta que no se trata de una especie de responsabilidad objetiva como la del sistema de riesgos laborales, para que opere la inversión de la carga de la prueba que se reclama, primero deben estar demostradas las circunstancias concretas en las que ocurrió el accidente y «…que la causa eficiente del infortunio fue la falta de previsión por parte de la persona encargada de prevenir cualquier accidente…» (CSJ SL, 10 mar. 2005, rad. 23656.)

En torno a lo anterior, en la sentencia CSJ SL17216-2014 la Corte insistió en que «…corresponde a quien pretende el pago de la indemnización demostrar la inobservancia injustificada de los deberes por parte del patrono, que como se anotó también derivan del pacto contractual, y la plena incidencia que tuvo en la ocurrencia del siniestro, pues no siempre que exista un resultado dañoso aquella opera, en tanto corresponde atenderse la naturaleza de la tarea, el riesgo en su realización, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrió el siniestro y, fundamentalmente, la diligencia de quien lo creó.»

En igual dirección, en la sentencia CSJ SL4350-2015, la Sala precisó:

La censura se duele de que, según su decir, el ad quem no aplicó el artículo 1604 del CC que establece que la prueba de la diligencia o cuidado incumbe a quien ha debido emplearla, esto es a la empresa; reproche jurídico que no se aviene a la situación del sublite, puesto que, para beneficiarse el trabajador de los efectos de esta norma del Código Civil, primero él debe probar el incumplimiento de parte del empleador de su deber de protección y seguridad del trabajador, en cuyo evento le traslada a aquel la carga de probar que sí actuó con diligencia y cuidado para exonerarse de la responsabilidad por la culpa leve que aplica en asuntos laborales como el presente.

[…]

De acuerdo con las anteriores consideraciones, se repite, el Tribunal no incurrió en error jurídico alguno, al concluir que aún en los eventos en los que se plantea una «…culpa por abstención…», el trabajador no queda relevado totalmente de sus cargas probatorias, pues «…es su deber demostrar el incumplimiento patronal y el nexo de causalidad del mismo con la ocurrencia del accidente.» (Negrita propia)

Fecha ut supra,

JIMENA ISABEL GODOY FAJARDO

Magistrada

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