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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Sentencia SL822-2023

Fecha
15 de marzo de 2023
Magistrado ponente
Fernando Castillo Cadena
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SL822-2023

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Parte resolutiva

X. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia dictada el diecinueve (19) de julio de dos mil diecinueve (2019) por la Sala Tercera de decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, dentro del proceso ordinario laboral seguido por NICANOR EMILIO VIDAL PUELLO contra ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. ELECTRICARIBE S.A. E.S.P. En sede de instancia, para mejor proveer, se ordena que, por la Secretaría de la Sala, se oficie a Electricaribe S.A. E.S.P. en liquidación, para que en el término de quince (15) días contados a partir del recibo de la respectiva comunicación, certifique con destino a este proceso, en qué porcentaje ha incrementado año a año las mesadas del demandante a partir del año 2006 hasta la fecha, incluyendo el valor de la mesada a su cargo. Cumplido lo anterior, córrase traslado a las partes por el término de tres (3) días, conforme a lo dispuesto en el artículo 110 del CGP, vencido el cual ingresará nuevamente el expediente al Despacho para adoptar la decisión que en derecho corresponda. Sin costas en casación.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral

Sentencia SL822-2023

Magistrado ponente: Fernando Castillo Cadena

15 de marzo de 2023

FERNANDO CASTILLO CADENA

Magistrado ponente

SL822-2023

Radicación n.° 91881

Acta 9

Ibagué (Tolima), quince (15) de marzo de dos mil veintitrés (2023).

Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por NICANOR EMILIO VIDAL PUELLO contra la sentencia proferida por la Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, el 19 de julio de 2019, dentro del proceso ordinario laboral que promovió en contra de la ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.

AUTO

Téngase al doctor Germán Gonzalo Valdés Sánchez, identificado con C.C. 17.175.436 y portador de la T.P. 11.147 del C.S. de la J., como apoderado de la Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P, en los términos y para los efectos del memorial visible en el cuaderno digital de la Corte.

I. ANTECEDENTES

Nicanor Emilio Vidal Puello convocó a la entidad demandada para que, previa declaratoria de nulidad e ineficacia del Acuerdo del 23 de junio de 2006 y del acta de conciliación suscrita entre las partes el 11 de julio de 2006, se le reconociera y pagara los reajustes pensionales previstos en la Convención Colectiva de Trabajo vigente al momento del reconocimiento de la pensión extralegal, que corresponden a los previstos en la Ley 4ª de 1976 sin consideración a su vigencia, a partir del mes de agosto del año 2006, en adelante y en forma vitalicia; la indexación, ultra y extra petita y las costas del proceso.

En sustento de las pretensiones, indicó que: laboró para la Electrificadora del Atlántico; el 28 de noviembre de 1995 se le reconoció pensión de jubilación convencional; Electricaribe sustituyó patronalmente a la mencionada, y en el contrato de transferencia de activos se incluyó el correspondiente al actor; la demandada reajustó la prestación según lo pactado convencionalmente hasta el mes de julio de 2006; el 23 de junio de ese mismo año, la demandada suscribió un acuerdo con las asociaciones de pensionados para modificar el reajuste de las pensiones en menos de dos puntos, para los años 2006 a 2010; el 11 de julio siguiente las partes suscribieron un acta de conciliación para aplicar el referido convenio, por lo que entre agosto de 2006 y diciembre de 2010 se efectuó un descuento de menos dos puntos sobre el reajuste anual del IPC.

Como consecuencia de lo anterior para el año 2006 se aplicó un incremento de 2.85%; para el 2007: 2.48%; para el 2008: 3.69%; para el 2009: 5.67%; en el año 2010 no se incrementó. Reclamó el 9 de noviembre de 2015; los reajustes entre los años 2006 a 2010 que estuvieron por debajo de la variación porcentual del IPC certificado por el DANE para el año anterior y que la indebida aplicación del índice tiene injerencia negativa en las anualidades posteriores.

Electricaribe S.A. E.S.P., al dar respuesta a la acción incoada en su contra, se opuso a todas y cada una de las pretensiones; aceptó los hechos primero a quinto, sexto y 16, de los demás dijo que no eran ciertos o no eran hechos.

En su defensa, propuso las excepciones de inexistencia de la obligación, carencia de acción, prescripción, buena fe, pago y cosa juzgada.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Barranquilla, por decisión del 22 de enero de 2018, declaró probada la excepción de inexistencia de la obligación y, como consecuencia, absolvió a la demandada de todas las pretensiones y condenó en costas al promotor del juicio.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, al decidir en el grado jurisdiccional de consulta, mediante fallo del 19 de julio de 2019, resolvió:

MODIFICAR la sentencia consultada de fecha 22 de enero de 2018 proferida por el Juzgado Noveno Laboral del circuito de Barranquilla en el proceso adelantado por NICANOR VIDAL PUELLO contra LA ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. ESP “ELECTRICARIBE S.A. ESP”, la cual quedará así:

PRIMERO: DECLARAR que el contenido del acuerdo del 23 de junio de 2006 suscrito por ELECTRICARIBE y ELECTROCOSTA y las Asociaciones de Pensionados es ineficaz e inaplicable en la medida en que modifica la convención colectiva de trabajo en lo atinente al reajuste de la pensión de jubilación convencional.

SEGUNDO: ABSOLVER a la demandada de las demás pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva.

TERCERO: SIN COSTAS en este grado de jurisdicción.

En lo que interesa al recurso extraordinario, el colegiado consideró como fundamento de su decisión, luego de indicar que el objeto de decisión consistía en determinar si el Acuerdo del 23 de junio de 2006 podía modificar lo pactado en la convención colectiva de trabajo vigente en relación con el reajuste previsto en la Ley 4ª de 1976. Acto seguido adujo que el referido convenio constituyó una desmejora de los derechos de los trabajadores y al efecto se remitió a la decisión del 9 de julio de 2014, rad. 54116, a la cual procedió a dar lectura parcial, luego de lo cual afirmó que tales acuerdos son válidos en la medida en que mejoren las condiciones pactadas en la convención colectiva de trabajo, acudió a la decisión 32347 del 2 de julio de 2008, reiterada en la 39744 de 2012 y providencia de ese mismo sentenciador.

A continuación, expuso que el acuerdo no tiene la vocación de producir efectos jurídicos contrario a lo que estimó el juez de primera instancia.

Posteriormente, expresó que no había discusión en cuanto a que el actor es pensionado en virtud de la Convención Colectiva de Trabajo celebrada entre el sindicato de los trabajadores y la empresa, en la que se estableció que a los pensionados se les reconocerían los derechos estatuidos en la Ley 4ª de 1976, así les asistía el derecho a obtener el reajuste en los términos de la citada regulación (25 septiembre de 2012 rad. 29783 reiterada 9 de septiembre de 2015 rad., 47803), por lo que no hay duda de que al demandante le asiste el derecho a los reajustes solicitados.

Una vez refirió las reglas bajo las cuales se aplicaban tales incrementos, concretamente para las pensiones que no superaran los cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes y, al revisar el material probatorio observó que de la certificación expedida por Electricaribe visible a folio 170 del expediente, se desprendía que la asignación del actor siempre había sido superior a cinco salarios mínimos legales mensuales, vigentes por lo cual en este evento resultaba viable aplicarle el IPC. Por lo anterior, pese a que tenía derecho al reclamo no había lugar a los reajustes por lo que no se concedía el derecho deprecado, pero se revocó la sentencia en el sentido de que el Acuerdo del 23 de junio de 2006 era ineficaz.

Por solicitud de la parte actora, el 30 de septiembre de 2019, la sala sentenciadora negó la adición en cuanto a las costas y los reajustes convencionales. Con respecto a este último aspecto dijo que en la providencia se indicó que los incrementos eran aplicables a aquellas mesadas inferiores a cinco salarios mínimos que según las operaciones aritméticas realizadas el actor siempre devengó un monto superior al anotado por lo que se absolvió de la condena correspondiente; al observar el acápite de pretensiones no evidenció solicitud de condena por devolución del 2% sobre las mesadas pensionales, por lo que no fue objeto de controversia y, por tanto, no era dable pronunciarse sobre este punto.

En lo que hace relación a las costas, sostuvo que, dadas las resultas del grado de consulta, la decisión de primera instancia no fue revocada ni hubo prosperidad de las pretensiones pues pese a que se declaró la ineficacia del citado acuerdo.

Ordenó adicionar la sentencia de la siguiente manera:

Adicionar la sentencia de calenda 19 de julio de 2016 proferida por esta sala[...], respecto a conformar el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia proferida por el juez de primera instancia y se niega la solicitud en cuanto al pago de las diferencias de las mesadas pensionales.

IV. RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por el apoderado del demandante, concedido por el tribunal, admitido por la Corte, se procede a resolverlo.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Pretende el recurrente que la Corte case la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, revoque la de primer grado y, en su lugar, se acceda a la totalidad de las pretensiones de la demanda.

Con tal propósito formula dos cargos, por la causal primera de casación, los cuales se estudiarán conjuntamente por perseguir idéntico fin aun cuando se dirijan por diferente vía.

VI. PRIMER CARGO

Se acusa la sentencia por infringir directamente, en la modalidad de aplicación indebida «del artículo 467, 468, 469, 470 y 476 del Código Sustantivo de Trabajo; 66A y 69 del Código de Procedimiento Laboral; 281 del Código General del Proceso; en relación con el artículo 1º de la Ley 4ª de 1976; 14 de la Ley 100 de 1993; 666 del Código Civil; 13, 14, 18, 21; en concordancia con los artículos 2, 13, 48, 53 y 230 de nuestra Constitución Política […]».

Estima que la transgresión ocurre al no tener en cuenta la totalidad de las pretensiones de la demanda que debían ser revisadas en el grado jurisdiccional de consulta y el principio de consonancia, pues a pesar de estimar que por haber llegado a una conclusión diferente a la del a quo,

[…] indicó en la parte considerativa que debía revocarse la sentencia, para no revocarla, sino modificarla en la parte resolutiva de la misma; y que, aunque consideró que al demandante si le asistía razón para reclamar el reajuste de sus mesadas pensionales bajo la luz de la ley 4ª de 1976, luego indicó que no había lugar a dichos reajustes, por lo cual lo que resultaba viable era la aplicación del IPC, para en igual sentido no declararlo o condenarlo conforme se había impetrado.

Acota que solicitó la adición de la sentencia que fue desatada por auto del 30 de septiembre de 2019,

[…] en tanto negó al demandante las condenas de nulidad e ineficacia del Acta 5031 del 11 de julio de 2.006 pretendidas y condenas por los reajustes realizados indebidamente, argumentando que estas no habían sido solicitadas en condena, que ello no había sido motivo de controversia y que por lo tanto, no era dable a la Sala pronunciarse sobre el punto de los reajustes del 2% no realizados sobre sus mesadas.

Agrega que, pese a que declaró la pretensión de ineficacia del Acuerdo del 23 de junio de 2006, no obstante, consideró que las resultas del proceso eran las mismas, por lo que confirmó en lo demás la sentencia apelada, pero negó la adición en cuanto al pago de los reajustes de las mesadas y demás condenas pretendidas, en desconocimiento a que en el grado jurisdiccional de consulta debía pronunciarse sobre todas las declaraciones y condenas solicitadas, por lo que estima que se vulnera el principio de congruencia,

[…] pues a pesar de que la decisión es contraria a la de A quo y ordena en su considerativa que se debía revocar, solo se limitó en la resolutiva a decir que la modificaba, lo que no resulta aplicable y vulnera el debido proceso, en tanto el acto de modificación de una sentencia es totalmente contrario al de revocatoria de la misma, ya que el primero complementa, cambia partes de ella o aclara la decisión de primera instancia en el sentido de disminuirla o aumentarla, mientras el segundo, cambia íntegramente la decisión adoptada en la sentencia de primera instancia, tal y como ocurrió en el presente asunto, en la que, en primera instancia se absolvió a la demanda[da] de los cargos, mientras que en la segunda instancia se ordenó la ineficacia del Acuerdo demandado.

Añade que también se incurrió en yerro al indicar que al demandante le asistía razón para reclamar el reajuste de la Ley 4ª de 1976, y luego disponer que no había lugar al mismo por haber sido siempre su mesada superior a 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes, «por lo cual en este evento lo que resultaba viable era aplicarle el IPC». Lo que en su concepto denota una aplicación indebida de la norma invocada, «pues a pesar de que la demandada se oponía a la pretensión […] el Ad quem indicó que si tenía derecho a la aplicación de los reajustes previstos en la Ley 4ª de 1976, nada dijo en la parte resolutiva como condena, atendiendo que el demandante solicitaba su aplicación y la demandada se oponía a ello, por lo que la Magistrada Ponente tenía el deber de pronunciarse respecto de dicha pretensión».

Luego de citar la sentencia CSJ SL7302-2016 dice que la única interpretación posible de la norma convencional conlleva a la aplicación de la Ley 4ª de 1976, «sin perder de vista que este derecho siempre le será aplicable, pero teniendo en cuenta que cuando su mesada pensional sea igual o inferior a 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes, deberá aplicársele un reajuste del 15% sobre el valor de la mesada, mientras que cuando dicho monto sea superior […], deberá aplicársele el IPC como porcentaje de reajuste sobre sus mesadas pensionales». Y añade que «siempre tendrá derecho a la aplicación de los reajustes pretendidos en la Ley 4ª de 1976 […] como también tendrá derecho a las demás prerrogativas legales consagradas en dicha norma y su Decreto Reglamentario 732[…]».

Refiere que el Tribunal desatendió «del libelo demandatorio la integridad del acápite de declaraciones y condenas (folios 1 a 3), así como de los hechos (folio 3 a 5), la fijación del litigio sobre los hechos 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 y 20) DVD de la audiencia del 31 de agosto de 2017) y la estimación presuntiva y razonada de las condenas pretendidas (folio 11)», pues de haber observado debidamente tales elementos de juicio habría accedido a las súplicas de la demanda.

Resalta que al solicitar el reconocimiento de los reajustes de los años 2006 a 2010, ello repercute en las mesadas que se causen a futuro, en razón a que las mesadas fueron reajustadas por debajo de los términos mínimos ordenados en la ley como consecuencia del Acta de 5031 del 11 de julio de 2006, violando lo establecido en la convención colectiva, en la Ley 4ª de 1976 y en el artículo 14 de la Ley 100 de 1993, por lo que considera que la sentencia debe ser casada.

VII. SEGUNDO CARGO

Acusa la sentencia por quebrantar indirectamente la ley sustancial, por apreciación errónea de unas pruebas, entre ellas, la Convención Colectiva de Trabajo 1983-1985; la Compilación de Convenios Colectivos 1998-1999; la certificación de las mesadas pensionales devengadas por el actor; la contestación de la demanda;

lo que conllevó a la aplicación indebida de los artículos 1, 14, 15, 19, 21, 43, 167, 168, 169, 470, 471, 472, 476, 477 y 478 del Código Sustantivo del Trabajo; 25, 26, 50, 51, 54, 60 y 145 del Código de Procedimiento Laboral; 14 de la Ley 100 de 1993; 166 y 176 del Código General del Proceso; 1º de la Ley 4ª de 1.976, en relación con los artículos 13, 29 y 53 de la Constitución Política; generando con ello la falta de pronunciamiento sobre la mayoría de las pretensiones de la demanda».

Lo que condujo a la comisión de los siguientes errores de hecho:

1. Dar por demostrado, sin estarlo, que el demandante solo pretendía el reajuste previsto en la Ley 4ª de 1976 y no la solicitud de condena por los indebidos reajustes pensionales.

2. No dar por demostrado, estándolo, que el señor NICANOR EMILIO VIDAL PUELLO, pretendía entre otras condenas, la nulidad del acta 5031 suscrita el 11 de julio del año 2.006; el pago de las diferencias por los reajustes indebidos de sus mesadas pensionales entre los años 2.006 a 2.010 y subsiguientes por tener injerencia negativa sobre ellos; los reajustes previstos conforme lo ordena la norma convencional, sin que ellos fueron inferiores en todo caso al IPC; la indexación de las sumas debidas; lo que de manera extra y ultra petita se demostrara; y las costas y agencias en derecho.

3. No dar por demostrado estándolo, que el litigio se fijó con base a los hechos 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 y 20, y que ellos hacían relación a la manera ilegal en que se reajustaron sus mesadas pensionales (por debajo del IPC) y las consecuencias negativas de ello por la indebida aplicación de lo reglado en el artículo 14 de la Ley 100 de 1993.

4. No dar por demostrado, estándolo, que los reajustes de las mesada[s] pensionales fueron inferiores a los establecidos en el IPC para los años 2.006 a 2.010, contrariando con ello el derecho mínimo de reajustes consagrado en favor de los pensionados.

5. No dar por demostrado, estándolo, que el demandante tiene derecho a que se condene que sus mesadas pensionales deben reajustarse conforme lo reglado en la Ley 4ª de 1.976, sin que dichos reajustes puedan ser inferiores al IPC que para tales efectos certifique el DANE.

Como demostración sostiene que el error consistió en no tener en cuenta la mayoría de las documentales y entendió que ellas no formaban parte de las pretensiones, lo que resulta ser totalmente contrario a lo pretendido y demostrado en el plenario. Luego de transcribir las peticiones de la demanda sostuvo que era claro que lo solicitado era los debidos reajustes pensionales en aplicación mínima de los derechos consagrados a favor de los pensionados en el artículo 14 de la Ley 100 de 1993, la indexación de las sumas debidas, la reliquidación desde el año 2006 y siguientes, incluso 2010, en tanto ellos tienen injerencia en los reajustes posteriores, pero, además, podía haber verificado en los hechos con base en los cuales se fijó el litigio, las razones de hecho y derecho, al estimación presuntiva y razonada de la cuantía, la contestación de la demanda, las certificaciones de mesadas e incrementos.

Afirma que el peor yerro ocurrió al indicar que el actor sí tenía derecho a la aplicación de los reajustes predicados en la Ley 4ª de 1976, más nada condenó a su favor por considerar que debían realizarse con base en el IPC; concluye que de no haber incurrido en los errores endilgados las resultas del proceso hubieran sido diferentes, debió revocar la decisión consultada e imponer la condena como se solicitó en la demanda. Agrega que la sentenciadora se apartó de lo probado en el proceso, no tuvo en cuenta los derechos mínimos de los pensionados, no aplicó en debida forma los principios y normas aludidas y dejó de darle la interpretación más favorable en favor del actor, atendiendo que se trata de derechos pensionales, cuyo carácter es irrenunciable, intransigible e inconciliable, tratándose de derechos ciertos e indiscutibles.

Por último, invoca la aplicación del artículo 366 del CGP en cuanto a la posibilidad de casar la sentencia aún de oficio, cuando sea ostensible que compromete gravemente el orden y el patrimonio público o atenta contra derechos y garantías constitucionales.

VIII. RÉPLICA

Soporta la oposición en aspectos de orden técnico, pues indica que en el alcance de la impugnación se pide la casación total de la sentencia pese a que la misma modificó la decisión de primer grado para acceder a la declaratoria de ineficacia del acuerdo del 23 de junio de 2006, lo que conduce a la imposibilidad del estudio de la demanda. El primer cargo no tiene proposición jurídica, no indica concepto de violación, mezcla elementos jurídicos con fácticos, lo que es impropio de una acusación en casación por la vía directa a la que acude, advierte que se asimila a un alegato de instancia con varios argumentos, sin indicar la razón por la que se considera transgredidas las normas del Código Sustantivo del Trabajo, y los que se dirigen contra la norma adjetiva no son viables salvo que se utilice la violación medio que no se aclara en el cargo.

Añade que el Tribunal no realizó consideraciones en torno a la conciliación; en el cargo se acusa la diferencia entre revocar y modificar una sentencia, en lo que le asiste razón, pero la misma resulta inane porque de todos modos al conceder la ineficacia del acuerdo mencionado, no surte efecto real lo perseguido en el embate, pues en últimas favoreció su petición que en tal sentido elevó en la demanda.

Sostiene que el colegiado negó el ajuste pretendido por cuanto encontró que la pensión del actor siempre estuvo por encima de los 5 salarios mínimos mensuales legales vigentes, el cual es de contenido fáctico por lo que no podía ser cuestionado por la vía jurídica. Con relación a que no se solicitó condena por los dos puntos menos del IPC, considera ajustada la decisión judicial, pues de esa manera no fue planteada en las pretensiones, luego no hay yerro alguno en tal sentido.

Con relación al segundo cargo, también plantea reparos de técnica en la medida en que no aparece desarrollo alguno, se incluyen unas conclusiones. Posteriormente, aparece nuevamente un cargo segundo que involucra una contradicción porque acusa al Juez plural de haber apreciado erróneamente las pruebas que vincula a la acusación, «pero en el inicio de las explicaciones sostiene que “el Tribunal no tuvo la mayoría de esas documentales en cuenta”, con lo cual está sosteniendo que el Ad quem no las apreció y con ello incurre en una incoherencia que imposibilita el estudio de las pruebas […]» y añade que: «[u]nas pruebas no pueden ser mal apreciadas y al mismo tiempo no tenidas en cuenta».

Refiere que en el segundo error de hecho contiene varios elementos que imposibilitan la determinación de un yerro fáctico ostensible, pero que de todos modos las facultades extra y ultra petita corresponden al juez de primera instancia y no al colegiado, pero, además, este sí se pronunció sobre las costas por lo que no incurrió en el dislate que se le atribuye. Añade que el dislate contenido en el numeral quinto es de orden jurídico y no fáctico, como es definir la existencia o no de un derecho.

Asevera que en el numeral tercero se incurre en un elemento que puede generar confusión, pues aspira a que uno de los enunciados fácticos sea asimilado a una pretensión, lo que considera inadmisible, pues lo que se incluyó en la demanda fueron los ajustes pensionales de la Ley 4ª de 1976 y fue el objeto de pronunciamiento, en todo caso afirma que el eje de la decisión del juez de segundo grado fue que el salario del actor estuvo siempre por encima de los 5 SMLMV lo que no ataca en casación, por lo que la decisión resulta indestructible.

Por lo expuesto solicita no quebrar la sentencia.

IX. CONSIDERACIONES

Los defectos de orden técnico que acusa la oposición no están llamados a prosperar, pues aun cuando la demanda no es un modelo de claridad y concreción, lo cierto es que de la integración de los dos cargos, es posible entender que aspira a demostrar que el sentenciador incurrió en un yerro fáctico, consistente en no tener en cuenta que en la demanda se solicitó expresamente el pago de la diferencia entre lo reconocido por concepto de los incrementos pensionales para los años 2006 a 2010 y lo que falta hasta alcanzar el IPC en los términos del artículo 14 de la Ley 100 de 1993, que es precisamente el problema jurídico que la Sala abordará.

Como se recuerda el Tribunal fundamentó su decisión en que efectivamente el Acuerdo del 23 de junio de 2006 resulta ineficaz por cuanto desconoció derechos mínimos e irrenunciables, como lo es reajuste de la pensión de jubilación en el porcentaje establecido en la Ley 4ª de 1976, pero que, como quedó demostrado que el accionante devengaba una mesada superior al equivalente a cinco veces el salario mínimo legal mensual vigente para la época, no era procedente ordenar tales incrementos, en el entendido que éstos solamente proceden para montos inferiores a ese valor. De igual manera, al decidir sobre la solicitud de adición, sostuvo que en la demanda no se solicitó nada diferente a los incrementos referidos por lo que el ajuste hasta el equivalente al IPC no era objeto de pronunciamiento.

La censura radica su inconformidad en que el juzgador incurrió en yerro al decidir modificar la sentencia de primera instancia, pese a que declaró la ineficacia del Acuerdo del 23 de junio de 2006, por lo que, en su concepto, debió revocarla. Adicionalmente, no atendió que en la demanda, así como en la etapa de fijación del litigio, quedó determinado dentro del objeto del proceso el pago de los reajustes pensionales en aplicación mínima de los derechos consagrados a favor de los pensionados en el artículo 14 de la Ley 100 de 1993, la indexación de las sumas debidas, la reliquidación desde el año 2006 y siguientes, incluso 2010, en tanto ellos tienen injerencia en los reajustes posteriores, lo que también podía verificar en los anexos de la demanda.

Con relación al primer aspecto, esto es, si el colegiado debió revocar y no modificar la sentencia de primer grado al concluir que para el presente asunto el Acuerdo del 23 de junio de 2006 era ineficaz, más allá de la imprecisión conceptual referida, que no fue advertida oportunamente a través de las mecanismos previstos en la legislación adjetiva para corregir esa clase de yerros, lo cierto es que no genera efecto frente a la improsperidad de las pretensiones de la demanda derivadas del incremento de la pensión en los términos de la Convención Colectiva de Trabajo y de la Ley 4ª de 1976, pues en ese sentido fue clara la decisión que absolvió de tales peticiones al no encontrar acreditadas las condiciones establecidas en la disposición legal para que procedieran los ajustes, asunto sobre el que no se plantea inconformidad en casación, por lo que sobre este punto el recurso es impróspero.

Como se dijo, corresponde a la Sala ahora abordar el estudio del error de hecho endilgado a la sentencia del Tribunal en cuanto a la inadvertencia que se le atribuye al no observar que en las pretensiones de la demanda se solicitó el pago de la diferencia entre lo reconocido como incremento aplicado entre los años 2006 a 2010 y lo que falta hasta alcanzar el IPC de acuerdo al artículo 14 de la Ley 100 de 1993, y que en virtud de los acuerdos extra convencional y conciliatorio, fueron inferiores a lo previsto en la citada regulación.

En ese orden, es oportuno recordar que la Corte ha dicho que cuando la acusación se enderece formalmente por la vía indirecta, le corresponde al censor cumplir los siguientes requisitos elementales: precisar los errores fácticos, que deben ser evidentes; mencionar cuáles elementos de convicción no fueron apreciados por el juzgador y en cuáles cometió errónea estimación, demostrando en qué consistió ésta última; explicar cómo la falta o la defectuosa valoración probatoria, lo condujo a los desatinos que tienen esa calidad y determinar en forma clara lo que la prueba en verdad acredita. Dicho en otras palabras, cuando de error de hecho se trata, es deber del impugnante en primer lugar precisar o determinar los errores y posteriormente demostrar la ostensible contradicción entre el defecto valorativo de la prueba y la realidad procesal, sirviéndose para ello de las pruebas que considere dejadas de valorar o erróneamente apreciadas (CSJ SL, del 23 de mar. 2001, rad. 15.148).

Los errores de hecho endilgados por el censor en el presente asunto se resumen, tal como quedó expuesto, en que el sentenciador se equivocó al concluir que dentro de las pretensiones de la demanda no se solicitó el reconocimiento de las diferencias pensionales inferiores al IPC entre los años 2006 a 2010, de lo que se deriva sin mayor dificultad, que el laborío de la Corte consistirá en confrontar el documento con el que se dio inicio al proceso con la anterior inferencia fáctica del juez plural.

Para tal efecto, se considera necesario transcribir las pretensiones de la demanda de la siguiente manera:

1. DECLARACIONES Y CONDENAS:

A.- Se DECLARE

PRIMERO: Que el Acta de Acuerdo de Pensionados suscrito el día veintitrés (23) de junio del año dos mil seis (2.006) entre ELECTROCOSTA; ELECTRICARIBE S.A. E.S.P. y las Asociaciones de Pensionados de estas empresas, no modifica la Convención Colectiva ni los incrementos anuales previstos en la Convención Colectiva de Trabajo vigente al momento del reconocimiento de la pensión del señor NICANOR EMILIO VIDAL PUELLO ni de la Ley, por lo que no le resulta aplicable al demandante. -

SEGUNDO: La Nulidad absoluta del Acta de Acuerdo de Pensionados suscrita el día veintitrés (23) de junio del año dos mil seis (2.006) entre ELECTROCOSTA; ELECTRICARIBE S.A. E.S.P. y las Asociaciones de Pensionados de estas empresas. -

TERCERO: Que el Acta de Acuerdo de Pensionados suscrita el día veintitrés (23) de junio de dos mil seis (2006) entre ELECTROCOSTA; ELECTRICARIBE S.A. E.S.P. y las Asociaciones de Pensionados de estas empresas, resulta ineficaz como consecuencia de dicha nulidad. -

CUARTO: La Nulidad del Acta suscrita ante el Ministerio de la Protección social el día once (11) de julio del año dos mil seis (2.006) por el demandante NICANOR EMILIO VIDAL PUELLO identificado con la cedula de ciudadanía No. 7.466.959 de Barranquilla y la demandada ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P.-

QUINTO: Que consecuente a lo anterior, el Acta suscrita ante el Ministerio de la Protección Social por el demandante NICANOR EMILIO VIDAL PUELLO y la demandada ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. es ineficaz. -

SEXTO: que la demandada debe reconocer, liquidar y cancelar los reajustes pensionales establecidos en la Convención Colectiva vigente al momento del reconocimiento de la Pensión de Jubilación Convencional, que no son otros que los previstos en la Ley 4ª de 1.976, sin consideración a su vigencia. -

SEPTIMO: Que por tal razón mi representado tiene derecho a que la demandada le reconozca, liquide y cancele en debida forma, los reajustes legales anuales de sus mesadas pensionales causadas a partir del año 2.006 y en delante de manera vitalicia, y/o de aquellas diferencias que la empresa ha dejado de cancelar sobre tales incrementos.-

OCTAVO: Que mi representado tiene derecho a que se le retribuya el resarcimiento del poder adquisitivo de su moneda, como pérdida del valor que ésta ha sufrido por el no pago oportuno.

NOVENO: Que la demandada debe cancelar las costas y agencias en derecho del proceso.-

DECIMO: Que debe ser condenada extra y ultra petita sobre lo que resulta probado.-

Como consecuencia de las anteriores declaraciones,

B.) se CONDENE a la demandada ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. “ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.”:

PRIMERO: A RECONOCER, LIQUIDAR y CANCELAR al señor NICANOR EMILIO VIDAL PUELLO a partir del once (11) de julio del año dos mil seis (2.006), los reajustes pensionales previstos en la Ley 4ª de 1976, sin consideración a su vigencia y/o en suma no inferior a la certificada por el DANE para el IPC, cuando esta sea aplicable.

SEGUNDO: A RECONOCER, LIQUIDAR y CANCELAR al señor NICANOR EMILIO VIDAL PUELLO a partir del mes de agosto del año dos mil seis (2.006), las diferencias que resulten por el indebido reajuste de las mesadas pensionales. -

TERCERO: A RECONOCER, LIQUIDAR y CANCELAR la INDEXACIÓN de las sumas debidas, como resarcimiento por el poder adquisitivo de la moneda. -

CUARTO: A EXTRA y ULTRA PETITA, en aplicación del principio in dubio pro-operario, de la condición más beneficiosa, de mayor favorabilidad y/o de aquello que resulte probado.

QUINTO: A realizar las correspondientes inscripciones de Nulidad de las Actas, ante las entidades correspondientes. -

SEXTO: A CONDENAR en COSTAS PROCESALES y AGENCIAS EN DERECHO a la demandada. -

De acuerdo con lo anotado, se tiene que en efecto en la pretensión identificada como primera, la súplica se dirigió a obtener el pago de los reajustes pensionales previstos en la Ley 4ª de 1976 «y/o», en una suma no inferior a la certificada por el DANE para el IPC cuando esta sea aplicable. Si bien es cierto, la expresión referida «y/o», no permite tener suficiente claridad sobre lo solicitado, ya que una cosa es «y» (copulativa) y otra es «o» (disyuntiva), esta circunstancia no fue advertida por el juez de conocimiento en su momento procesal oportuno. Ahora, teniendo en cuenta que, ante la ambigüedad de los términos o la falta de claridad, ha sido reiterativa la jurisprudencia en el sentido de que el juez debe explorar o realizar una labor de interpretación de la demanda y para ello puede también apoyarse en el cuerpo integral de dicho documento o en otros instrumentos o, incluso de las pruebas que se recauden durante el juicio, a fin de determinar lo que realmente se pretende.

En el caso, evidentemente si el sentenciador de segundo grado hubiera realizado un análisis riguroso e integral de la demanda, habría observado que en el hecho 19 del escrito introductor se indicó: «Los reajustes de las mesadas pensionales del señor NICANOR EMILIO VIDAL PUELLO causadas entre los años 2.006 a 2.010, estuvieron por debajo de la variación porcentual del Índice de Precios al Consumidor certificado por el DANE para el año inmediatamente anterior», con lo que hubiera podido despejar cualquier duda acerca de la precisión de la petición. Es decir, que solicitó el reconocimiento de los reajustes previstos en la Ley 4ª de 1976 o (dado que éstos no fueron acogidos), los correspondientes al IPC o en suma no inferior a dicho índice.

En ese orden, considera la Sala que el juez plural incurrió en un evidente error, de lo que se deriva que debió estudiar la procedencia de la condena al pago de los incrementos pensionales de acuerdo con el IPC certificado por el DANE que, si se mira el fundamento jurídico de la demanda, tiene asidero en el artículo 14 de la Ley 100 de 1993. Como no lo hizo el cargo resulta avante.

Sin costas dada la prosperidad del recurso.

En sede de instancia, para mejor proveer, se ordenará que, por la Secretaría de la Sala, se oficie a Electricaribe S.A. E.S.P. en liquidación, para que en el término de quince (15) días contados a partir del recibo de la respectiva comunicación, certifique con destino a este proceso, en qué porcentaje ha incrementado año a año las mesadas del demandante a partir del año 2006 hasta la fecha, incluyendo el valor de la mesada a su cargo.

Cumplido lo anterior, córrase traslado a las partes por el término de tres (3) días, conforme a lo dispuesto en el artículo 110 del CGP, vencido el cual ingresará nuevamente el expediente al Despacho para adoptar la decisión que en derecho corresponda.

X. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia dictada el diecinueve (19) de julio de dos mil diecinueve (2019) por la Sala Tercera de decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, dentro del proceso ordinario laboral seguido por NICANOR EMILIO VIDAL PUELLO contra ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.

En sede de instancia, para mejor proveer, se ordena que, por la Secretaría de la Sala, se oficie a Electricaribe S.A. E.S.P. en liquidación, para que en el término de quince (15) días contados a partir del recibo de la respectiva comunicación, certifique con destino a este proceso, en qué porcentaje ha incrementado año a año las mesadas del demandante a partir del año 2006 hasta la fecha, incluyendo el valor de la mesada a su cargo.

Cumplido lo anterior, córrase traslado a las partes por el término de tres (3) días, conforme a lo dispuesto en el artículo 110 del CGP, vencido el cual ingresará nuevamente el expediente al Despacho para adoptar la decisión que en derecho corresponda.

Sin costas en casación.

Notifíquese, publíquese y cúmplase.

GERARDO BOTERO ZULUAGA

Presidente de la Sala

FERNANDO CASTILLO CADENA

LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ

IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ

OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR

MARJORIE ZÚÑIGA ROMERO

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