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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Sentencia SL837-2023

Fecha
22 de febrero de 2023
Magistrado ponente
Fernando Castillo Cadena
Citada por
6 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SL837-2023

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Parte resolutiva

X. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 21 de mayo 2020 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario laboral seguido por JOSÉ JOAQUÍN WILCHES GUIO contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES. Costas como se dijo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral

Sentencia SL837-2023

Magistrado ponente: Fernando Castillo Cadena

22 de febrero de 2023

FERNANDO CASTILLO CADENA

Magistrado ponente

SL837-2023

Radicación n.° 90535

Acta 6

Bogotá, D.C., veintidós (22) de febrero de dos mil veintitrés (2023).

Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por JOSÉ JOAQUÍN WILCHES GUIO contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 21 de mayo de 2020, en el proceso que promovió contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES.

I. ANTECEDENTES

JOSÉ JOAQUÍN WILCHES GUIO llamó a juicio a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES, con el fin de que se le condenara al pago de la pensión de vejez por hijo inválido, de conformidad con

el parágrafo 4 del artículo 9 de la Ley 797 de 2003; los intereses de mora de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993; que se impongan las condenas con motivo de las declaraciones ultra y extra petita y; las costas del proceso incluyendo agencias en derecho.

Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que: mediante la Resolución SUB 215437 del 3 de octubre de 2017, Colpensiones le negó la pensión por hijo inválido de acuerdo con una investigación administrativa; el 1 de febrero de 2018 solicitó un nuevo estudio, que también se negó mediante acto administrativo SUB 35001 del 6 de ese mismo mes y año; su hijo D.A.W.R. tiene una pérdida de capacidad laboral del 100% con estructuración el 12 de julio de 2007; tiene derecho a la pensión por cuanto su filial depende económicamente de él y es padre cabeza de familia.

Al dar respuesta a la demanda, la parte accionada, se opuso a las pretensiones por considerar que al demandante «se le reconoció una pensión de invalidez conforme a la ley» (sic); aceptó los hechos primero a tercero y séptimo, de los demás dijo que no son ciertos o no le constan.

En su defensa propuso las excepciones de inaplicabilidad de la sentencia CC SU769-2014; buena fe de Colpensiones; prescripción; cobro de lo no debido; falta de causa para pedir; inexistencia de intereses moratorios e indexación, y la innominada o genérica.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Bogotá, al que correspondió el trámite de primer grado, mediante fallo del 25 de junio de 2019, absolvió a la demandada de todas las pretensiones y no impuso costas.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante fallo del 21 de mayo de 2020, confirmó el fallo, al resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora.

En lo que interesa al recurso extraordinario, el colegiado se remitió al contenido del inciso 2 del parágrafo 4º del artículo 9 de la Ley 797 de 2003, que modificó el canon 33 de la Ley 100 de 1993, que establece la excepción a los requisitos generales para otorgar la pensión de vejez a la madre trabajadora cuyo hijo padezca invalidez física o mental; posteriormente, con base en la sentencia CC C-989- 2006, indicó que la Corte Constitucional señaló que el derecho referido se hace extensivo al padre cabeza de familia.

Que: a folio 9 se acredita la condición de padre de D.A.W.R.; el 1 de diciembre de 2016 el grupo médico laboral de Colpensiones dictaminó que el hijo del actor padece una invalidez del 100% como consta a folios 33 a 37, y de acuerdo con la Resolución SUB-35002 del 6 de febrero de 2018, desde febrero de 1998 y hasta diciembre de 2017, el demandante cotizó a Colpensiones un total de 1326 semanas.

Acudió al testimonio de Ingrid Milena Ramírez, esposa del actor y madre del menor en condición de discapacidad, quien manifestó ser docente y realizar trabajos esporádicos en EEUU por lo que, recibe como remuneración 8 dólares por hora, la cual no es fija. Añadió que el cuidado de su hijo está repartido con el demandante y quien también debe trabajar en oficios varios.

Posteriormente, refirió que, en diligencia de interrogatorio de parte, el actor dijo ser docente pero no ejercer desde octubre de 2018; que su esposa se dedica al cuidado de su hijo en condición de discapacidad; ambos desempeñan trabajos esporádicos y él es quien, básicamente, se dedica a trabajar.

Analizados los elementos probatorios, concluyó que el actor no demuestra su calidad de padre cabeza de familia, para lo cual se remitió a lo dispuesto por la Corte Constitucional en las sentencias que anunció como CC SU388-2005 y CC SU389-2005; luego de que leyó algunos de sus apartes afirmó:

Descendiendo al caso que ocupa la atención del tribunal se tiene que el demandante demostró que convive con su hijo menor discapacitado y que le brinda el apoyo que requiere. Ahora, de acuerdo con lo manifestado por la señora INGRID MILENA RAMÍREZ TUNJANO madre del menor en condición de discapacidad, en Colombia se desempeñaba como docente y desde que están en EEUU es asistente de educación y hace reemplazos por hora, medio tiempo o todo el día de manera esporádica, por lo que el dinero que ha recibido depende de los trabajos que pueda [inaudible] precisando que mensualmente no tiene un sueldo fijo.

Conforme a lo anterior se tiene que en el presente asunto aunque de conformidad con el dictamen de folio 33 a 37 se demuestra que el menor DAWR padece una condición de discapacidad del 100% desde el momento del nacimiento, la parte actora no logró demostrar, como se alega en la apelación, que la madre esté dedicada de manera exclusiva al cuidado de su hijo y que por ello no puede generar ingresos para su familia por lo que el promotor del juicio se constituye en la cabeza de la familia, por el contrario, como se vio en precedencia, ella narró que se desempeña laboralmente y por ello percibe una contraprestación.

En ese horizonte concluye la Sala que el actor no demostró ser padre cabeza de familia pues recibe el apoyo de su cónyuge tanto en la manutención como en el cuidado de su hijo en condición de discapacidad, en consecuencia, se confirma el fallo apelado.

IV. RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Pretende el recurrente que se case la sentencia recurrida para que, en sede de instancia, «proceda a revocar en todos sus puntos las decisiones la sentencia [sic]. Sobre costas se procederá conforme a la ley».

Con tal propósito formula dos cargos, por la causal primera de casación, que fueron objeto de réplica.

VI. PRIMER CARGO

Por la vía indirecta denuncia la violación del parágrafo 4 del artículo 9 de la Ley 797 de 2003.

Lo anterior ocurrió como consecuencia de los siguientes errores evidentes de hecho:

Dar por demostrado, sin estarlo, que una declaración de la esposa del poderdante donde decía que hacía unos turnos para hacer terapias, en los [E]stados [U]nidos que eran de carácter ocasional, para ayudar al hogar, era suficiente para eximir a COLPENSIONES de otorgar la pensión de vejez anticipada por hijo inválido.

Dar por demostrado que COLPENSIONES manifiestan que el demandante por(sic) es cabeza de de(sic) familia cuando dentro del proceso se demostró que mi poderdante es quien tiene en cabeza el hogar y su manutención y por demostrado sin estarlo que el demandante no es beneficiario de la pensión anticipada por hijo inválido cuando [é]l tiene más de 1326 semanas cotizadas al Colpensiones. Y se demostró que el hijo de mi poderdante DAWR tiene un[a] perdida[sic] de capacidad laboral del 100% con fecha extructuración[sic] del 12 de julio del 2007.

Lo anterior ocurrió por:

Pruebas mal apreciadas:

Documentos:

Escrito de demanda

La historia laboral de semanas cotizadas.

Interrogatorios de Parte: CDS

C) Demostración del cargo

El primer error manifiesto:

La sentencia cuestionada yerra de forma manifiesta cuando señala como prueba principal de que MI PODERDANTE NO ES CABEZA DE FAMILIA

El fallo de segunda instancia que registra este error evidente dice:

Por solo acoge una declaración de la esposa del poderdante manifestó hacer unos turnos para hacer terapias, en los estados unidos que eran de carácter ocasional, para ayudar al hogar, y que eso era suficiente para eximir a COLPENSIONES de otorgar la pensión de vejez anticipada por hijo inválido.

Declaración de la demandante:

También se apreció en forma equivocada el interrogatorio que absolvió el demandante.

Las precarias circunstancias de la fugaz entrevista con desde[sic] [E]stados [U]nidos donde reside mi poderdante era difícil y no se considero[sic] que mi poderdante es cabeza de familia y trabaja en ese país, y la esposa le ayuda muy de vez en cuando haciendo unos turnos para poder sostener a un hijo totalmente invalido[sic].

Por ello, se evidencia otra vez más el error de la sentencia cuando declara la suficiente ilustración en las declaraciones cuando no se tuvo en cuenta la forma como una familia emigra a [E]stados [U]nidos a buscar una mejor vida para su hijo.

Queda así expuesta la demostración del primer cargo formulado contra la sentencia del Tribunal.

Segundo error manifiesto:

[…]

En efecto, el actor sí es cabeza de familia y es el que se encarga con sus oficios varios de mantener la familia en [E]stados [U]nidos como se demostró y tiene más de 1326 semanas cotiz[a]das y su hijo es totalmente incapaz de sostenerse por sí solo.

VII. SEGUNDO CARGO

Denuncia por la vía directa, en la modalidad de interpretación errónea, la transgresión del parágrafo 4 del artículo 9 de la Ley 797 de 2003.

Como desarrollo del cargo expone:

Colpensiones en [C]ircular [I]nterna 08 de 2014, respecto de la pensión que nos ocupa:

Pensión especial madres o padres cabeza de familia por hijo invalido(sic), físico(sic) o mental del parágrafo(sic) 4 del articulo(sic) 9 de la Ley 797 d l 2003. Pensión anticipada por hijo invalido(sic).

Se debe acreditar la condición de padre o madre cabeza de familia cuyos miembr[o]s dependen económicamente de el[sic].

Acreditar que tiene un trabajo que el[sic] impide atender a su hijo invalido[sic] y que de dicho ingreso depende el sustento familiar.

Haber cotizado el mínimo de semanas en este caso m[á]s de 1300 semanas.

La Corte Constitucional en sentencia C-034 del 1999, al señalar el estado civil de la mujer es irrelevante a la hora de determinar si es o no cabeza de familia en este caso se debe asimilar a mi poderdante hombre.

[…]

Demostración del cargo: Que mi poderdante es cabeza de familia y quien responde por su hijo invalido, y se condene a Colpensiones a conceder la pensión especial por hijo invalido(sic) a mi poderdante señor José Joaquín Wilches Guio identificado con la C.C. No. 79.576.262, se condena en costas a las(sic) demandada.

VIII. RÉPLICA

Funda la oposición en que la demanda adolece de insuperables yerros de técnica pues denuncia la interpretación errada de normas, pero omite señalar la exégesis incorrecta que hizo el colegiado y cuál sería la correcta; se limita a indicar errores que bajo su criterio incurrió el fallador, pero omitió puntualizar cómo se configuró el dislate protuberante que permita derrumbar la presunción de acierto y legalidad, lo que asemeja un alegato de instancia.

Posteriormente, se remite al dictamen del 1° de diciembre de 2016 emitido por Colpensiones en el que se determinó que el menor hijo del actor presenta una pérdida de capacidad laboral del 100%; que mediante la Circular 01 de 2012, la Vicepresidencia Jurídica y Doctrinal de la Vicepresidencia de Prestaciones y Beneficios, se pronunció sobre los efectos de la sentencia CC C-986-2006, y en la Circular Interna 08 de 2014, se estableció que la pensión especial de madres o padres cabeza de familia por hijo inválido, físico o mental, requiere acreditar dicha condición y la dependencia económica.

Afirma entonces que, en el caso, se aduce que no se acreditó dicha calidad por parte del actor, puesto que tanto él como su cónyuge se encuentran laborando, aportan al hogar y, en el mismo documento que contiene el análisis de capacidad del menor, se incluyó que éste vive con los padres, abuelos y hermano «por lo tanto cuenta con otras personas que se hacen cargo de su aspecto social; desvirtuándose así la dependencia social del hijo frente al padre que reclama la pensión especial anticipada de vejez por hijo inválido».

Estima que el demandante debió dilucidar los presupuestos que acreditaran las causales de procedencia de la prestación económica, pero no se indican las razones por las cuales considera que debe concederse, a más que el fallador realizó un análisis detallado del acervo probatorio y concluyó que el actor no era padre cabeza de familia.

IX. CONSIDERACIONES

Revisado el escrito que contiene la demanda de casación presentada por el apoderado judicial de José Joaquín Wilches Guio, la Sala observa que adolece de deficiencias técnicas que no es posible subsanar de oficio por razón del carácter dispositivo del recurso extraordinario, ni mediante un ejercicio de flexibilización, pues de conformidad con el artículo 90 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, debe reunir una serie de requisitos que, desde el punto de vista formal, son indispensables a efectos de que la Corte pueda proceder a la revisión del fallo impugnado.

Así pues, es necesario que el recurrente formule coherentemente el alcance de su impugnación, exponga los motivos de casación indicando el precepto legal sustantivo, de orden nacional, que estime lesionado y el concepto de la violación, esto es, si lo fue por infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea; ahora, en caso de que considere que la infracción ocurrió como consecuencia de errores de derecho o de hecho al apreciar las pruebas hábiles en la casación del trabajo, las singularice y exprese la clase de error que estima se cometió.

La Sala al entrar a analizar el documento con el cual se pretende dar sustento a la casación advierte una serie de deficiencias técnicas insalvables que se pasan a revisar.

En el alcance de la impugnación se debe señalar qué es lo que se espera que esta Corporación haga como tribunal de casación, esto es, si se pretende el quiebre parcial o total del fallo proferido por el colegiado y, en tratándose de este último aspecto, en relación con cuáles puntos específicos del mismo; lo que se pretende que haga la Corporación en sede de instancia, ya sea confirmar, modificar o revocar la sentencia de primer grado y, en este último evento, si se debe proferir condena total o parcial.

El recurrente, en el alcance de la impugnación, pide la casación «total de la sentencia de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, en cuanto CONFIRMO [sic] la sentencia dictada por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Bogotá, con el fin de que la honorable Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, constituida en sede de instancia, proceda a revocar en todos sus puntos las decisiones la sentencia [sic]».

Frente a lo anterior, advierte la Sala que, si bien no es el mejor modelo de alcance, lo cierto es que se puede avizorar y entender lo que la parte recurrente pretende con el recurso impetrado, pues se busca el quiebre total del fallo proferido por el juez plural, lo que se entiende con claridad, aun cuando lo que debe hacer en instancia resulta confuso e incompleto, dado que el juez negó la totalidad de las pretensiones; sin embargo, puede deducirse que se aspira a la revocatoria de esa decisión.

No obstante, la Corte encuentra otras falencias que pasan a exponerse.

Claros en lo antes analizado, la Sala juzga conveniente memorar que el recurso de casación propende por el imperio y preservación de la ley sustancial de alcance nacional, la cual puede ser infringida de dos formas por los falladores, (las llamadas «causales»): mediante la violación de aquella ley (causal 1ª), o, a través del desconocimiento del principio de la no reformatio in pejus (causal 2ª). Sin olvidar, desde luego la violación medio.

Si bien es cierto que el texto del artículo 87 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, no refiere como senderos de ataque dentro del primer motivo del recurso extraordinario, la vía «directa» y la «indirecta», también lo es, que en casación se ha venido aceptando su existencia como géneros de violación, donde el primero de ellos, el directo comprende los tres conceptos o submotivos de trasgresión de la Ley sustantiva denominados infracción directa, aplicación indebida e interpretación errónea, mientras que el indirecto en el cual no tiene cabida la interpretación equivocada de la Ley, se orienta a la cuestión meramente probatoria, que encierra lo relativo a la segunda parte de la causal primera, esto es, la violación de la Ley proveniente de la apreciación errónea o de la inestimación de determinada prueba donde ha de demostrarse que se incurrió en un error de hecho o uno de derecho (sentencia CSJ SL, del 25 de may. 2004, rad. 22543).

Con el fin de dar claridad al tema en particular, es menester realizar una breve explicación de las vías así:

Vía directa:

En la vía directa, el fallador vulnera la ley mediante tres posibilidades: la inaplica por ignorancia o rebeldía (infracción directa), la interpreta erróneamente (interpretación errónea), o la utiliza indebidamente (aplicación indebida). Doctrina y jurisprudencia han precisado los alcances de cada una de dichas expresiones.

La transgresión por la vía directa implica llegar a decisiones distanciadas de la ley sustancial de alcance nacional, por dislates exclusivamente jurídicos; lo que significa que, en dicho nivel, el juzgador obtiene una conclusión específica mediante la aplicación, inaplicación o interpretación de una determinada norma jurídica, quedando por fuera de su razonamiento todo lo relativo a las pruebas del proceso o aspectos netamente fácticos.

Vía indirecta:

A su turno, se violará la ley sustancial de alcance nacional por la vía indirecta, cuando el sentenciador estime erróneamente, o deje de contemplar algún medio de prueba. Tal proceder lo conducirá a incurrir en errores de hecho o de derecho, consistentes ambos, en tener por probado dentro del proceso algo que realmente no lo está, o, en no tener por acreditado lo que realmente sí lo está; los primeros, (conocidos como «de hecho»), se cometen –en la casación del trabajo- sólo respecto de las pruebas calificadas, estas son, la confesión judicial, la inspección judicial o el documento auténtico y, los segundos (llamados «de derecho»), sobre las pruebas solemnes.

Ha dicho la Corte que cuando la acusación se enderece formalmente por la vía indirecta, le corresponde al censor cumplir los siguientes requisitos elementales: precisar los errores fácticos, que deben ser evidentes; mencionar cuáles elementos de convicción no fueron apreciados por el juzgador y en cuáles cometió errónea estimación, demostrando en qué consistió ésta última; explicar cómo la falta o la defectuosa valoración probatoria, lo condujo a los desatinos que tienen esa calidad y determinar en forma clara lo que la prueba en verdad acredita. Dicho en otras palabras, cuando de error de hecho se trata, es deber del impugnante en primer lugar precisar o determinar los errores y posteriormente demostrar la ostensible contradicción entre el defecto valorativo de la prueba y la realidad procesal, sirviéndose para ello de las pruebas que considere dejadas de valorar o erróneamente apreciadas (sentencia CSJ SL, del 23 de mar. 2001, rad. 15.148).

Primer cargo

Aun cuando se indica que se dirige por la vía indirecta, se acusan errores de hecho y las pruebas mal apreciadas, entre estas la demanda, la historia laboral y los interrogatorios de parte; en el desarrollo del cargo únicamente cuestiona la apreciación de la declaración de la esposa del actor y la de este último en el interrogatorio formulado por el juzgado, y concluye que con éstos se demuestra que el mencionado sí es cabeza de familia, se encarga de oficios varios en los Estados Unidos, tiene más de 1326 semanas y su hijo es totalmente incapaz de sostenerse por sí solo, pruebas que no son hábiles en casación por lo que se pasa a exponer.

Pruebas hábiles en la casación del trabajo

Sobre este punto, es pertinente recordar que, si la aspiración anulatoria se erige sobre la vía indirecta, de acuerdo con la ley adjetiva del trabajo y la línea de pensamiento de esta Sala, ella no puede edificarse en torno a cualquier elemento de persuasión que tenga presencia en el decurso procesal. Así lo preceptúa el artículo 7º de la Ley 16 de 1969, que modificó el artículo 23 de la Ley 16 de 1968, al disponer: «El error de hecho será motivo de casación laboral solamente cuando provenga de falta de apreciación o de apreciación errónea de un documento auténtico, de una confesión judicial o de una inspección ocular», norma que fue declarada exequible por la Corte Constitucional en sentencia CC C-140-1995, por lo que no es posible abordar el estudio de la prueba testimonial, dado que no quedó acreditado ningún dislate de hecho con alguna de las tres probanzas calificadas en casación.

El Tribunal Constitucional, en dicha providencia, explicó:

[…]

Resulta entonces de particular interés observar que el artículo 7o de la Ley 16 de 1969, excluyó la posibilidad de demandar en casación aspectos en materia probatoria diferentes al error de hecho “por falta de apreciación o apreciación errónea de un documento auténtico, de una confesión judicial o de una inspección ocular”. Esta decisión no se basó únicamente -como se señaló- en el argumento de que los asuntos procedimentales se podían ventilar ante los jueces de instancia, pues no debe olvidarse que el juez que dirige el proceso tiene un contacto directo y permanente con el proceso y, lo que es más importante, evalúa en forma personal y autónoma cada una de las pruebas, asignándole a cada una de ellas su respectivo valor jurídico. De ello resulta que mal podría el juez de casación entrar a evaluar si el juez de instancia apreció correctamente o no un testimonio u otra prueba cuya relevancia no pueda ser definida objetivamente. Por ello, en estos casos la casación sólo se permite del error de hecho por indebida apreciación de un documento auténtico, una confesión judicial o una inspección judicial, y siempre y cuando ese yerro altere sustancialmente el resultado del proceso.

Adicionalmente, esta Corporación encuentra que las causales previstas en la disposición demandada respetan los postulados contemplados en el artículo 29 superior. En efecto, quien desee acudir en casación en materia laboral, conoce los procedimientos establecidos para tales propósitos en la ley; conoce también que la Corte Suprema de Justicia es el tribunal competente para esos eventos (Art. 235-1 C.P.); se le ha garantizado la posibilidad de apelar la sentencia de primera instancia y de controvertir ahora la proferida en segunda instancia; y, lo que es más importante, ha podido, en cada una de esas oportunidades procesales, presentar y controvertir pruebas. Como si lo anterior no fuese suficiente, nótese que la decisión de restringir en casación el error de hecho para sólo tres medios probatorios (documento auténtico, confesión judicial e inspección judicial), responde a la imposibilidad del juez de casación de apreciar las consideraciones subjetivas y valorativas que tuvo el juez de instancia al ser, en virtud de lo ordenado por la ley, quien dirigió y practicó personalmente las pruebas a lo largo del litigio. Así las cosas, esa determinación garantiza también el derecho de defensa, pues hace que el juez de casación funde sus argumentaciones en hechos objetivos y no en meras especulaciones respecto de la forma de pensar, concluir, razonar o actuar de quienes administraron justicia en materia probatoria, tanto en primera como en segunda instancia.

Para una mayor claridad, resulta pertinente transcribir los siguientes argumentos expuestos por la Corte Suprema de Justicia, los cuales esta Corte comparte en su integridad:

“Es, en efecto, al juez de la primera instancia a quien corresponde principalmente la valoración de las pruebas, pues es dicho juez el funcionario que actúa como instructor del proceso. Por lo mismo, en la alzada, al superior fundamentalmente le compete ejercer un control de legalidad, no debiendo en principio separarse de las apreciaciones de su inferior sobre el grado de credibilidad que le hubiera merecido la exposición de un testigo, sin importar si ha sido citado por el empresario o por el trabajador, a quien el juez directamente oyó rendir su declaración, salvo cuando esa valoración aparezca clara y frontalmente contradicha con medios de convicción que, tal cual ocurre con el documento auténtico, la confesión judicial y la inspección ocular, permitan registrar de manera evidentemente objetiva e irrefragable hechos distintos u opuestos a los afirmados en el testimonio. Lo mismo acontece con la prueba pericial a la cual puede acudir el juez cuando considere que requiere asesoría judicial (Art. 51 C.P.T.), elemento de convicción que por su misma índole no permite la mayoría de las veces un control objetivo de valoración del que pueda deducirse un evidente error de apreciación por un juez distinto al que lo requirió. En cambio, lo que establece un documento auténtico (única prueba que consideró calificada el artículo 23 de la Ley 16 de 1968), cuando su texto es claro e inequívocas las manifestaciones allí contenidas, no puede ser normalmente leído en forma diferente sin incurrir en yerro manifiesto. Lo mismo puede decirse de la confesión que se rinde en el proceso, dadas las características y condiciones que exige el artículo 195 del CPC, y de lo registrado por el juez dentro de la inspección ocular, medios de prueba a los cuales el artículo 7o. de la Ley 16 de 1969 extendió la calificación de idóneos para estructurar el error de hecho en la casación laboral”.

Al ser ello así, se tiene que el desarrollo del cargo presentado únicamente se funda en la declaración de la cónyuge y el interrogatorio del demandante, la primera no es hábil en casación y, la segunda, únicamente lo es cuando contiene confesión según se acaba de citar, lo que acarrea en el incumplimiento de las exigencias mínimas legales y jurisprudenciales en el escrito casacional, por lo que este último, se asemeja más a un alegato de instancia, lo que contraviene las previsiones consignadas en el artículo 90 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

Vale agregar que también se enuncian como infringidas la demanda y la historia laboral, pero ningún ejercicio dialéctico se hace con respecto a la apreciación de éstas por parte del sentenciador de segundo grado, la correcta intelección de las mismas y la manera como éstas influyeron en la decisión, lo que impide a la Corte hacer un análisis de la sentencia de cara a establecer un yerro que conlleve su quebranto.

Segundo cargo

El segundo cargo, si bien en el enunciado es claro que se dirige por la vía directa en la modalidad de interpretación errónea, en su desarrollo, se limita a realizar consideraciones generales e inconexas de la decisión judicial confutada, al parecer hace referencia al contenido de una circular interna de Colpensiones, luego de lo cual reafirma que está probado que su poderdante es padre cabeza de familia y, por ello, tiene derecho a la pensión especial por hijo inválido, que no permite proceder a la confrontación de la sentencia con la ley denunciada como infringida y, así determinar, luego del respectivo ejercicio hermenéutico, si se incurrió en yerro alguno.

En ese orden de ideas, al igual que el embate anterior, lo que parece cuestionar es la estimación probatoria del sentenciador, en cuanto a que efectivamente sí probó la condición de padre cabeza de familia, sin cuestionar directamente dicha calificación jurídica.

Conforme con lo discurrido, los cargos propuestos se rechazan.

Las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo de la parte recurrente, por cuanto su acusación no salió avante y hubo réplica. Como agencias en derecho se fija la suma de $5.300.000,oo que se incluirán en la liquidación que haga el juez de primer grado, con arreglo en lo dispuesto en el artículo 366 del CGP.

X. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 21 de mayo 2020 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario laboral seguido por JOSÉ JOAQUÍN WILCHES GUIO contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES.

Costas como se dijo.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

GERARDO BOTERO ZULUAGA

Presidente de la Sala

Salva voto

FERNANDO CASTILLO CADENA

LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ

IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ

Salva voto

OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR

MARJORIE ZÚÑIGA ROMERO

FERNANDO CASTILLO CADENA

Magistrado ponente

SALVAMENTO DE VOTO

Radicación n.º 90535

José Joaquín Wilchez Guio vs. Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones.

Con el acostumbrado respeto por las decisiones mayoritarias de la Sala, en este especial asunto me aparto de la postura adoptada, pues en mi prudente juicio, considero que la sustentación del primer cargo satisfizo las exigencias técnicas mínimas que permiten adentrarse en el estudio de los planteamientos esbozados por la censura.

Bastante se ha expuesto en cuanto a que quien dirige el embate por la vía fáctica debe cumplir ciertas reglas, que son básicamente, enlistar los errores de hecho, consistentes en dar por probado dentro del proceso algo que no lo está, o no dar por acreditado, lo que sí está, e identificar las pruebas dejadas de apreciar, y en cuáles cometió errónea estimación, demostrando en que consistió ésta última, y explicar cómo la falta o la defectuosa valoración probatoria, lo condujo a los desatinos que tienen esa calidad (CSJ SL17123-2014, CSJ AL1347-2020, CSJ AL2668-2023).

Revisado el escrito a través del cual sustentó el recurso la censura, advierto contrario a lo colegido por los integrantes de la Sala, que tales reglas lucen satisfechas, puesto que el recurrente dirigió el primer embate por la vía indirecta; que si bien, no mencionó la modalidad, lo cierto es que se trata de la aplicación indebida del parágrafo 4 del artículo 9 de la Ley 797 de 2003, pues bastante se ha ilustrado en cuanto a que aquella es propia de la violación de tal senda.

Desde luego, que enlistó los errores de hecho en los que criticó al juez de alzada al dar por demostrado, sin estarlo, que como la esposa del actor laboró fuera del país en pocas oportunidades, de forma ocasional, tal situación lo relegaba de su papel como padre cabeza de familia; aludió las pruebas que consideró mal apreciadas por el Tribunal, y realizó una corta pero concisa demostración del cargo que hacía viable su estudio.

En este último punto, vale precisar que aunque critica el análisis que el juez colegiado hizo a la versión de los hechos expuestos por la cónyuge del actor, lo que es igual a la prueba testimonial, la cual solo puede ser controvertida en el amparo del análisis de alguna prueba que si pueda ser valorada, lo cierto es que también denuncia la errada apreciación de la declaración de parte expuesta por aquel, de la cual el fallo confutado desprendió los efectos de la confesión, por lo que en tales términos, sí tiene la virtud de ser calificada y soporta argumentativamente la decisión gravada.

De esta suerte, disiento de las conclusiones arribadas en la sentencia bajo análisis, pues esta última prueba sí tenía la virtud de ser analizada con base las razones enunciadas en el acápite de demostración del cargo; esta situación, por supuesto, habría permitido evidenciar si el juez de segundo grado erró al no hallar probada la calidad de padre cabeza de familia que ostentaba el actor, necesaria a fin de acceder a la pensión deprecada.

Tampoco es cierto que el recurrente denunció la historia laboral, sin que hubiera realizado un ejercicio dialectico con respecto a la apreciación de dicha prueba, pues con ella lo que logra acreditar evidentemente es que aportó al sistema general de pensiones un total de 1326 semanas, suficientes para obtener el beneficio prestacional.

En ese orden, y por lo expuesto, insisto en que el cargo al que refiero tenía la virtud de ser estudiado y/o analizado en sede de casación; con esto, se habría detectado si el juez de segunda instancia erró al confirmar la negativa de acceder a la pensión de vejez por hijo inválido, situación última que dicho sea de paso, quedó acreditada en las instancias, pues no se fue materia de disenso que el menor tenía una merma en sus capacidades del 100 %.

En los anteriores términos consigno mi salvamento de voto.

Fecha ut supra,

SALVAMENTO DE VOTO

Demandante: José Joaquín Wilches Guio

Demandados: Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones

Radicación: 90535

Magistrado Ponente: Fernando Castillo Cadena

Pese a que en la sesión en la que se debatió este asunto manifesté que salvaba mi voto, al leer el texto definitivo de la decisión considero que ello no es necesario.

Fecha ut supra.

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