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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Sentencia SL845-2021

Sanción moratoria

Fecha
17 de febrero de 2021
Magistrado ponente
Clara Cecilia Dueñas Quevedo
Citada por
21 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SL845-2021

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Problema jurídico

  1. ¿La crisis financiera de la empresa basta para demostrar buena fe y excluir la sanción moratoria por salarios impagos?

  2. ¿Procede la responsabilidad solidaria de la UIS y Ecopetrol por los salarios adeudados al trabajador de la contratista?

  3. ¿Puede atribuirse responsabilidad solidaria a la empleadora cuando el trabajador también era socio con injerencia en la administración y en la fijación de su salario?

Reglas

  1. La crisis financiera no excluye por sí sola la sanción moratoria; el empleador debe probar insolvencia o iliquidez que le impidiera cumplir sus obligaciones laborales.

    «es necesario que el empleador demuestre que esa circunstancia le produjo una insolvencia o iliquidez tal que le impidió cumplir con sus obligaciones laborales»
  2. La concurrencia de calidad de socio y trabajador es válida y, en principio, cada relación conserva autonomía y régimen jurídico propio.

    «cada relación es autónoma, independiente, sus regímenes jurídicos disímiles»
  3. La solidaridad del artículo 34 CST protege al trabajador frente a omisiones de su empleador directo cuando este y el trabajador son sujetos distintos.

    «tal figura jurídica está prevista para proteger al trabajador de las omisiones de su empleadora directa, siempre que uno y otra sean diferentes»
  4. La solidaridad laboral puede configurarse cuando el contratista ejecuta para el beneficiario labores consustanciales a las actividades normales de este, aunque los objetos sociales difieran.

    «si bajo la subordinación del contratista independiente, el trabajador realiza labores consustanciales a las normales del beneficiario, se configura la solidaridad»
  5. El socio trabajador con poder efectivo para intervenir en la administración y fijación de su remuneración puede compartir responsabilidad por la omisión de pago que contribuyó a producir.

    «la responsabilidad derivada de la omisión en el pago de su remuneración, también le era atribuible»

Decisión

La Corte no casó la sentencia del Tribunal que resolvió las reclamaciones laborales y la responsabilidad solidaria de la UIS y Ecopetrol.

Parte resolutiva

DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia que la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá profirió el 10 de abril de 2018, en el proceso ordinario laboral que LUIS ALFONSO IBARRA TRUJILLO adelanta contra WORLDWIDE ENERGY INVESTMENTS LIMITED SUCURSAL COLOMBIA y solidariamente contra la EMPRESA COLOMBIANA DE PETRÓLEOS - ECOPETROL S.A. y la UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER – UIS -, trámite al que se vinculó a la ASEGURADORA CONFIANZA DE FINANZAS S.A. y a WORLDWIDE ENERGY INVESTMENTS LIMITED SUCURSAL COLOMBIA como llamadas en garantía. COMPULSAR copias a la Fiscalía General de La Nación para que investigue la posible comisión de conductas delictivas, conforme lo advertido en esta providencia. Sin costas.

Ficha elaborada por RuleX: cada regla va con el pasaje literal de la providencia que la sostiene.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral

Sentencia SL845-2021

Magistrado ponente: Clara Cecilia Dueñas Quevedo

17 de febrero de 2021

CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO

Magistrada ponente

SL845-2021

Radicación n.° 83444

Acta 6

Bogotá, D.C., diecisiete (17) de febrero de dos mil veintiuno (2021).

Decide la Corte el recurso de casación que interpuso LUIS ALFONSO IBARRA TRUJILLO contra la sentencia que la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá profirió el 10 de abril de 2018, en el proceso ordinario laboral que adelanta contra WORLDWIDE ENERGY INVESTMENTS LIMITED SUCURSAL COLOMBIA y solidariamente contra la EMPRESA COLOMBIANA DE PETRÓLEOS - ECOPETROL S.A. y la UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER – UIS -, trámite al que se vinculó a la ASEGURADORA CONFIANZA DE FINANZAS S.A. y a WORLDWIDE ENERGY INVESTMENTS LIMITED SUCURSAL COLOMBIA en calidad de llamadas en garantía por parte de la institución de educación superior.

ANTECEDENTES

El citado accionante promovió demanda laboral contra Worldwide Energy Investments Limited sucursal Colombia y solidariamente contra la Universidad Industrial de Santander – UIS y Ecopetrol S.A, con el propósito de que se declare que existió un contrato de trabajo con la primera de las empresas mencionadas desde el 15 de marzo de 2010; que se condene al pago de los salarios dejados de recibir en julio, agosto y septiembre de 2012, al valor indexado de las vacaciones causadas en la vigencia de la relación laboral y a la sanción moratoria; en subsidio de esta, reclamó la indexación de los salarios debidos; también pidió que se disponga que Ecopetrol y la UIS son solidariamente responsables «respecto de las acreencias laborales que se adeudan al demandante».

En respaldo de sus pretensiones, refirió que el 15 de marzo de 2010 empezó a laborar al servicio de Weil Group – Bovil S.A.S. y a partir del 1.° de noviembre de 2011 en favor de Worldwide Energy Investments Limited sucursal Colombia, en virtud de una sustitución patronal; que desempeñó el cargo el cargo de director HSEQ (administrador de salud, seguridad, medio ambiente y calidad); que en el año 2010 su remuneración ascendió $6´695.000, en el 2011 a $30´000.000 y en el 2012 a $31´740.000; que no recibió el pago del salario acordado desde el mes de julio de 2012 hasta el 21 de septiembre de la misma anualidad, fecha en la que renunció; que durante la vigencia de la relación laboral nunca disfrutó de vacaciones, y que no recibió la liquidación definitiva de prestaciones sociales.

En lo relativo a la responsabilidad solidaria de las codemandadas, sostuvo que en el año 2006 Ecopetrol y la UIS suscribieron un acuerdo interadministrativo por el cual la primera entregó a la segunda la operación del campo de explotación petrolera denominado «campo escuela colorado». En el marco de tal convenio, el 30 de diciembre de 2009 la referida institución educativa y Weil Group Energy Limited sucursal Colombia hoy Worldwide Energy Investments Limited sucursal Colombia, firmaron un acuerdo de alianza estratégica, científica y tecnológica para la explotación del mencionado campo de hidrocarburos bajo la supervisión de Ecopetrol S.A. (f.° 138 a 147).

Al contestar el escrito inicial, Ecopetrol S.A. se opuso a las pretensiones. Respecto a los hechos, aceptó unos y expresó que otros no le constaban o no eran ciertos.

En su defensa, manifestó que no tuvo ninguna relación laboral con el actor; que la llamada a responder por las súplicas de la demanda es Worldwide Energy, y que no se configuró la solidaridad de que trata el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, porque los contratos que derivaron en la administración del campo de hidrocarburos tenían por objeto el desarrollo de actividades académicas, científicas y tecnológicas, no consustanciales al objeto social de Ecopetrol S.A. que corresponde a la explotación de hidrocarburos. Formuló las excepciones de inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido y buena fe (f.° 155 a 166).

Worldwide Energy Investments Limited sucursal Colombia se resistió al éxito de las pretensiones. En cuanto a los supuestos fácticos, admitió los relacionados con los salarios que devengó el demandante y el extremo final del contrato de trabajo; de los demás expresó que no eran ciertos o que no le constaban.

En su defensa, manifestó que en caso de imponerse el pago de alguna acreencia laboral, la UIS y Ecopetrol S.A. no deben responder solidariamente, porque en el acuerdo que suscribió con la institución educativa se estipuló que, durante su ejecución, no habría vínculos laborales entre esta y las personas que reclutara Worldwide Energy.

En relación con el accionante, indicó que después de un proceso de sustitución patronal, lo incluyó en nómina a partir del 1.° de noviembre de 2011, en iguales condiciones a las que tenía para ese entonces, en el cargo de director HSEQ; que los incrementos salariales se fundaron en supuestos análisis de mercadeo que no la atan; que, en todo caso, indagó con la anterior empresa acerca de tal circunstancia, la que le comunicó que se estaban investigando posibles irregularidades sobre la materia. Propuso las excepciones de prescripción y pago parcial.

La Universidad Industrial de Santander también se opuso a la prosperidad de las súplicas de la demanda. Frente a los hechos, aceptó los relativos a la entrega del campo de petróleo por parte de Ecopetrol, y los demás le merecieron aclaraciones o los negó.

En su defensa, manifestó que, contrario a lo que aludió el actor, la relación jurídica que tuvo con Worldwide Energy, no demuestra la solidaridad alegada, dado que no existe nexo de causalidad entre el contrato de trabajo del demandante con las actividades a las que se dedica la UIS; y que tampoco se demostró que las funciones del accionante se desarrollaran en el campo de hidrocarburos, cuya administración se le otorgó por parte de Ecopetrol S.A. Planteó las excepciones de inexistencia de solidaridad laboral, inexistencia de las obligaciones y prescripción (f.° 300 a 307).

La institución educativa llamó en garantía a la Aseguradora Confianza de Finanzas S.A. y a la convocada a juicio Worldwide Energy Investments Limited sucursal Colombia, las cuales se vincularon al proceso mediante autos de 15 de enero de 2015 (f.° 73, cuad. 2) y 11 de mayo de la misma anualidad (f.° 157 a 160 cuad. 2).

Worldwide Energy Investments Limited sucursal Colombia, contestó la demanda, esta vez en calidad de llamada en garantía, para lo cual se opuso a las pretensiones. En su defensa, replicó los argumentos que plasmó al responder al escrito inicial como accionada. Formuló las excepciones de responsabilidad de un tercero, prescripción, pago parcial y la genérica.

La Aseguradora Confianza de Finanzas S.A. se abstuvo de pronunciarse acerca de las pretensiones. En cuanto a los hechos, expresó no constarle ninguno. En lo que atañe al llamamiento en garantía, manifestó que no se oponía a su condena en caso demostrarse la responsabilidad solidaria de la UIS. Propuso las excepciones de ausencia de solidaridad laboral, pérdida del derecho a la indemnización moratoria cuando han transcurrido más de dos años de terminado el vínculo laboral y la genérica.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

A través de fallo de 24 de agosto de 2017, el Juzgado Treinta y Cinco Laboral del Circuito de Bogotá resolvió:

Primero: Condenar a la sociedad Worldwide Energy Investments Limited a pagar al demandante […], la suma de $84´640.000 por concepto de salarios insolutos, suma que deberá ser debidamente indexada, conforme lo expuesto en la parte motiva de la presente sentencia.

Segundo: Condenar a la sociedad Worldwide Energy Investments Limited a pagar al demandante la suma de $39´895.417, por concepto de vacaciones, suma que deberá ser debidamente indexada, conforme lo expuesto en la parte motiva de la presente sentencia.

Tercero: Absolver a Worldwide Energy Investments Ltda. de las demás pretensiones incoadas en su contra.

Cuarto: Absolver a las demandadas solidarias […] y los llamados en garantía […], de todas las pretensiones incoadas en su contra.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Al resolver el recurso de apelación que formuló el demandante, mediante la sentencia recurrida en casación, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá confirmó la del a quo.

En lo que interesa a los fines del recurso extraordinario, el ad quem señaló que los problemas jurídicos se contraían a establecer si procedía el reconocimiento de la sanción moratoria, y si la UIS y Ecopetrol deben responder solidariamente por las condenas proferidas en primera instancia a favor del actor.

Con tal objeto, indicó que eran hechos indiscutidos que entre el accionante y Worldwide Energy Investments Limited sucursal Colombia, existió un contrato de trabajo del 12 de marzo de 2010 al 20 de septiembre de 2012, que el último salario ascendió a la suma de $31´740.000, y que el cargo que aquel desempeñó fue el de director de HSEQ.

Tras recordar que el a quo absolvió de la sanción moratoria al advertir que la omisión patronal en el pago de salarios en los últimos meses del contrato de trabajo estuvo enmarcada en los parámetros de la buena fe, señaló que en la contestación de la demanda se alegó una situación económica deficitaria conocida por el accionante, quien era socio de la empresa, lo que se acreditó con el balance general de la operación realizada en los años 2011 a 2012 (f.° 96), «donde se verifica […] un resultado operacional negativo»; y que ello justificó la ausencia de pagos salariales en favor del demandante en el segundo semestre de 2012.

Adicionalmente, indicó que, en el interrogatorio de parte, en lo pertinente, el actor sostuvo que constituyó la compañía junto a su hermano, otros familiares y unos amigos; que inicialmente fijaron su propio salario en $6´000.0000, y al advertir resultados positivos, decidieron incrementarlo de una manera «exorbitante» a partir de enero de 2011, lo que se reflejó en los excesivos gastos de la empresa. Al respecto, expresó que tales circunstancias eran conocidas por el accionante en su calidad de miembro y directivo de la sociedad, «por lo que ahora no le es dable reconocer que fruto de su actuar la empresa se insolventó, motivo por el cual se evidencia que no es dable imputarle a la sociedad de la cual fue socio y miembro activo mala fe, pues ello sería como admitir que pudiera alegarse su propia torpeza»; y que, por tanto, no podía alegar en su favor la omisión propia en el pago de salarios, y si era responsabilidad de un socio en particular, ello no se acreditó.

En lo relativo a la responsabilidad solidaria de Ecopetrol y de la UIS, tras citar el texto del artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, recordó lo señalado en la sentencia CSJ SL7789-2016, en la que esta Sala adoctrinó que, en aras de establecer el cumplimiento de los supuestos estipulados en la norma en cita, las labores que ejecute el contratista independiente deben ser afines a las del beneficiario; al igual que lo adoctrinado en la «CSJ rad. 39000 de 2013», en la que expresó que la solidaridad se presenta cuando la actividad que realiza el contratista independiente cubre una necesidad propia del beneficiario o dueño de la obra, y además cuando constituye una función directamente vinculada a la explotación de su objeto social.

En tal contexto, identificó las siguientes características de la relación jurídica que existió entre las codemandadas en solidaridad:

(i) que la iniciativa que la UIS presentó a Ecopetrol se tradujo en la posibilidad de desarrollar un objetivo común a través de la cooperación interadministrativa, esto es, el de la formación de los estudiantes de la primera y de los funcionarios de la segunda;

(ii) que ello condujo a que suscribiera un «convenio interadministrativo de colaboración empresarial con fines científicos y tecnológicos», cuyo objeto consistió en «desarrollar conjuntamente bajo una estructura de cooperación […], un proyecto de campo escuela […]» que permitiría a las partes tener un campo de entrenamiento y de práctica para el personal de Ecopetrol y de los estudiantes de la universidad;

(iii) que en aras del cumplimiento de lo acordado, la institución educativa invitó a terceros interesados en unirse al proyecto en calidad de aliados tecnológicos;

(iv) que por ello, la UIS aceptó la propuesta que presentó Worldwide Energy Investments Limited sucursal Colombia, y a su vez, Ecopetrol consintió que dicha entidad fuera el aliado;

(v) que, en consecuencia, el 30 de diciembre de 2009 la UIS y Worldwide Energy Investments Limited sucursal Colombia suscribieron un convenio de alianza tecnológica sujeto a los lineamientos del convenio interempresarial de la universidad y Ecopetrol y a la Ley 1286 de 2009 y;

(vi) el objeto de dicho pacto se contrajo al desarrollo científico y tecnológico del proyecto campo escuela, para lo cual el aliado de la institución educativa «se comprometió a adelantar las actividades y operaciones tecnológicas, investigativas, académicas, explorativas y de la perforación establecidas en dicho convenio, así como un mejoramiento en los programas y capacitación que ofrece la universidad».

En lo relativo a los objetos sociales de las demandadas, indicó que el de Ecopetrol y la institución universitaria no tenían identidad, «como tampoco con la empresa Worldwide Energy Investments Limited Sucursal Colombia, porque valga la pena aclarar que la relación de causalidad que se debe tener es con quien lo contrató, que en este caso fue la universidad y no Ecopetrol, aunado al hecho de que Ecopetrol no contrató a la universidad para la realización de una obra, sino que lo que existió entre ellos fue un convenio administrativo de carácter educativo, para capacitar de un lado a los estudiantes del centro universitario, y de otro a los trabajadores de dicha compañía, donde Worldwide Energy Investments Limited Sucursal Colombia fue vinculado como socio estratégico de la universidad para que contribuyera en el desarrollo de los programas de formación ya referidos, dado su conocimiento en la exploración, explotación y manejo de yacimientos».

Finalmente, expresó que si bien los objetos sociales de Ecopetrol y de la sociedad empleadora del accionante eran similares, la finalidad del convenio al que se vinculó esta última consistió en el desarrollo del programa científico y tecnológico de colaboración empresarial, que se desarrolló en un centro de entrenamiento académico y práctico para la industria petrolera, y en un ambiente de práctica para los estudiantes; que aun cuando ello demandaba producción de crudo, sus réditos se utilizaron para financiar al centro de formación e investigación. Además, la institución universitaria debió aliarse con un tercero que tuviera conocimientos especializados en la materia, lo que requería para concretar sus propósitos académicos.

RECURSO DE CASACIÓN

El recurso extraordinario de casación, lo interpuso el demandante, lo concedió el Tribunal y lo admitió la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Pretende el recurrente que la Corte case la sentencia controvertida, para que, en sede de instancia, revoque parcialmente la del a quo y, en consecuencia, condene a pagar la sanción moratoria de que trata el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo y declare la responsabilidad solidaria de Ecopetrol S.A. y de la UIS.

Con tal propósito, formula cuatro cargos por la causal primera de casación, que fueron objeto de réplica por Worldwide Energy Investments Limited sucursal Colombia, la Universidad Industrial de Santander y Ecopetrol S.A.

El primero y el segundo se analizarán conjuntamente, dado que, aun cuando se dirigen por diferentes vías, tienen la misma finalidad y cuentan con argumentos complementarios. Por las mismas razones, de igual forma se abordará el estudio de los cargos tercero y cuarto.

CARGO PRIMERO

Acusa la sentencia de ser violatoria de la ley sustancial, por la vía directa, en la modalidad de interpretación errónea del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, en relación con los artículos 1.°, 9.°, 10.°, 13, 14, 22, 23, 57, 59 y 142 ibidem.

En la demostración, indica que no discute la conclusión fáctica a la que arribó el ad quem, según la cual la demandada estaba en una difícil situación económica que conocía el actor.

Refiere que la equivocación del Tribunal consistió en entender que las dificultades económicas de la sociedad accionada para justificar la falta de cancelación de los salarios debidos la ubicaban en el campo de la buena fe que la eximen del pago de la suma resarcitoria regulada en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo. Señala que, en contraste, en sentencias CSJ SL, 24 en. 2012, rad. 34288 y CSJ SL16280-2014, esta Sala adoctrinó que dicha circunstancia no exonera de la sanción moratoria, porque los trabajadores no asumen los riesgos o pérdidas de su empleador, aunado a que los créditos laborales son de primera clase y excluyen a los demás.

RÉPLICA

El apoderado de Worldwide Energy Investments Limited sucursal Colombia se opone a la prosperidad del cargo al considerar que adolece de errores de técnica. Explica que, pese a que se encauza por la vía directa, el casacionista no esgrime ningún argumento jurídico, aunado a que olvida mencionar que el accionante era socio directivo de la sociedad enjuiciada, y que él era el encargado de pagar su salario «con lo cual se acredita la inexistencia de la mala fe por parte de mi representado».

Añade que el recurrente también omite mencionar que la falta de liquidez de la empresa no fue el único motivo del que se valió el ad quem para excluir la conducta patronal de los parámetros de la mala fe.

Ecopetrol S.A. también se opone al éxito del cargo, al afirmar que, al dirigirse por la senda de puro derecho, la censura debía aceptar todas las conclusiones fácticas a las que arribó el juez de las apelaciones, entre otras, el haber dado «por probada la buena fe de la empleadora», soporte del fallo que no es posible derruir a través de la vía de violación directa de la ley.

Asevera que, al confirmar la decisión de primera instancia, el Tribunal obvió la aplicación del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, de manera que el casacionista se equivoca en el planteo de la acusación cuando sostiene que en la sentencia confutada se le dio a dicha norma un alcance del que carecía.

La Universidad de Santander no plantea en la oposición ningún reparo contra el cargo.

CARGO SEGUNDO

Acusa la sentencia de ser violatoria de la ley sustancial por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida del artículo del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, en relación con los artículos 1.°, 9.°, 10.°, 13, 14, 22, 23, 57, 59 y 142 ibidem.

Aduce que dicho quebranto se produjo por el error manifiesto de hecho de tener por demostrado, sin estarlo, que World Wide Energy Investments Limited sucursal Colombia obró con buena fe cuando omitió el pago de los salarios del accionante del 1.° de julio al 21 de septiembre de 2012.

Denuncia como pruebas apreciadas equivocadamente, los estados financieros de la empleadora y del interrogatorio de parte que absolvió el demandante.

En la demostración, refiere que para la fecha en que se produjo la renuncia del promotor del juicio, los estados financieros de World Wide Energy Investments Limited sucursal Colombia, no reflejaban que estuviera en estado de iliquidez, en alguna causal de liquidación, o en general cualquier eventualidad que impidiera forzosamente el pago de los salarios de aquel; y que además, tampoco se demostró que después de la terminación del contrato de trabajo, subsistiera el supuesto déficit monetario de la compañía que generara el incumplimiento de las mencionadas obligaciones.

Indica que de lo declarado por el actor no se deduce que «él fuera el encargado de las finanzas de la empresa o que tuviera responsabilidad alguna en el pago de salarios, en los incrementos de éstos [sic], o que hubiera dado la orden de dejar de pagarlos […]», o que el incremento de los salarios desatara la caída de las finanzas de la compañía, o que ello se derivara de sus decisiones como socio. Expone que, contrario a ello, lo sostenido por el demandante fue que su cargo no tenía relación con el pago de acreencias laborales.

Expresa que lo reflexionado por el ad quem contradice la tesis de esta Sala según la cual la sanción estatuida en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, no opera automáticamente, sino que debe analizarse la conducta del empleador para establecer si tuvo razones serias y fundadas para incumplir el pago de las acreencias laborales, y que dentro de ellas no es válido esgrimir la crisis económica de la empresa, según se plasmó en sentencias CSJ SL, 24 en. 2012, rad. 34288 y CSJ SL1680-2014.

RÉPLICA

El apoderado de World Wide Energy Investments Limited sucursal Colombia se opone a la prosperidad del cargo, al sostener que aun cuando se dirige por la vía indirecta, su demostración se asemeja más a un alegato de instancia, dado que omite puntualizar los supuestos yerros apreciativos y su incidencia en la sentencia confutada. Para soportar tal afirmación, cita las sentencias de esta Sala CSJ SL, 23 mar. 2001, rad. 15148 y CSJ SL, 22 feb. 2011, rad. 36684.

Ecopetrol también se resiste al éxito del cargo, bajo el argumento que la conclusión fáctica del Tribunal estribó en que la compañía empleadora obró con buena fe al omitir el pago de salarios, y no, como lo refiere la censura, en que la compañía estuviese ilíquida o en alguna causal de liquidación. Indica, además, que la declaración de parte del actor no es prueba calificada en casación, dado que lo que expresó no es confesión por no haber beneficiado a su contraparte.

La UIS no replicó el cargo.

CONSIDERACIONES

Al contrario de lo que sostiene la réplica, la Corte considera que los cargos reúnen los requisitos formales para su estudio de fondo. En el primero, orientado por la vía directa, el recurrente bien podía afirmar que es un error interpretativo del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, aducir que la crisis financiera de la empresa es una razón legal válida para declarar improcedente la sanción moratoria, sin el examen correspondiente de la conducta del empleador. El segundo cargo, encauzado por la vía indirecta, tiene la estructura legal requerida, ya que enuncia unos errores de hecho, las pruebas que, en su opinión, los propiciaron y un análisis probatorio crítico.

Bajo la anterior precisión, a la Sala le corresponde establecer si la omisión patronal en el pago de salarios excusada en la crisis financiera de la empresa revela, por si sola, buena fe de la empleadora; y si el mismo parámetro de conducta se deduce en este particular caso, teniendo en cuenta que el demandante era socio de la compañía.

Por anticipado, se advierte que la censura tiene razón cuando asevera que el ad quem desacertó al concluir que la crisis financiera de la empresa constituye por sí sola una conducta justificante del impago de los salarios y prestaciones. En efecto, esta Corporación tiene adoctrinado que dichas situaciones no exoneran de la de la sanción moratoria prevista en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, dado que es necesario que el empleador demuestre que esa circunstancia le produjo una insolvencia o iliquidez tal que le impidió cumplir con sus obligaciones laborales.

Bien puede ocurrir que, a pesar de encontrarse en crisis, la empresa tenga alternativas para cumplir con sus responsabilidades, por ejemplo, porque aún tiene caja para pagar salarios y prestaciones, valores en cuentas bancarias o recursos disponibles. Pero también puede suceder que la debacle económica le impida por completo y sin salidas posibles, satisfacer las deudas laborales.

Lo anterior, adquiere mayor relevancia si se tiene en cuenta que el artículo 28 del Código Sustantivo del Trabajo establece que el trabajador nunca asume los riesgos o pérdidas de la empleadora; y por su parte, el artículo 2495 del Código Civil estatuye que los créditos causados o exigibles de los empleados por concepto de salarios y prestaciones sociales tienen privilegio excluyente sobre los demás. Es decir, el salario y los créditos laborales ocupan un lugar privilegiado especial en sistema normativo, debido a que de ellos dependen sus trabajadores y sus familias. De allí que los empleadores deban realizar cuanto esté a su alcance para satisfacerlos oportunamente.

Ahora, si bien el Tribunal se equivocó al señalar que el déficit financiero de la compañía develaba la buena fe de la accionada al omitir el pago de los salarios del actor, ello es inane frente al quiebre de la sentencia controvertida, en tanto su otro pilar estribó en que la sanción moratoria era improcedente porque el demandante en su calidad de socio no solo conocía la crisis de aquella, sino que además tenía capacidad de gestionar su propio salario.

Al respecto, conviene recordar que a la luz de lo estatuido en el artículo 25 del Código Sustantivo del Trabajo, es viable que el contrato de trabajo concurra con otros de diferente naturaleza, sin que ello implique la pérdida de tal connotación ni de las prerrogativas que le son consustanciales (CSJ SL10126-2017). Por ello, es válido que una persona en relación con una misma empresa tenga una doble calidad: de trabajadora subordinada, sometida a la legislación laboral, y de socio o accionista cuyo status es regulado por el derecho societario. En un caso, el vínculo se formaliza a través de un contrato de trabajo y, en el otro, mediante la suscripción o adscripción a un contrato de sociedad o de colaboración.

Así, pueden concurrir válidamente las calidades de socio y de trabajador, tal como ocurrió con Luis Alfonso Ibarra Trujillo. Y, al margen de la simultaneidad, cada relación es autónoma, independiente, sus regímenes jurídicos disímiles, y la ejecución de la una en principio no incide en la de la otra.

Se dice que en principio porque bien puede ocurrir que una persona en ejercicio de las facultades de las que está provisto por su calidad de socio de una organización, tenga la posibilidad de incidir en decisiones que corresponden a los órganos ejecutivos, como las atinentes a la administración y gestión de los contratos de trabajo.

En tal panorama, cabe recordar que el Tribunal concluyó que, en el interrogatorio de parte, el accionante reconoció que en su calidad de socio de la empresa, estaba provisto de facultades para incidir en aspectos relacionados con su remuneración como trabajador, «por lo que ahora no le es dable reconocer que fruto de su actuar la empresa se insolventó, motivo por el cual se evidencia que no es dable imputarle a la sociedad de la cual fue socio y miembro activo mala fe, pues ello sería como admitir que pudiera alegarse su propia torpeza»; y que, por tanto, no podía alegar en su favor la omisión propia en el pago de salarios, y que si era responsabilidad de un socio en particular, ello no se acreditó.

En efecto, se tiene que sobre el particular, el accionante admitió circunstancias, tales como: (i) que junto a familiares y amigos advirtieron una posibilidad de negocio para la explotación de un campo de petróleo, y que luego de obtener los recursos necesarios para la inversión, constituyeron la sociedad Weil Group Energy Limited sucursal Colombia hoy World Wide Energy Invesments Limited sucursal Colombia; (ii) que comenzando en condición de «socios; nosotros podíamos tener cualquier sueldo, pero decidimos $6’000.000»; (iii) que posteriormente, cuando la explotación del campo petrolero incrementó, aumentó su salario a $30´000.000 pues «se hizo un análisis en algo justo, analizamos nuestras competencias y se fijó por la parte administrativa de la empresa ese sueldo»; (iv) que puntualmente «hay un aumento de sueldo, en el cual todos los directivos de la empresa estaban de acuerdo, de $6’000.000 a $30’000.000, la parte administrativa de la empresa fue conocedora totalmente […]»; y (v) que dicho incremento lo autorizaron «los administradores de la empresa, el ingeniero Jairo Osorio, supongo que Agustín Blanco, de las personas que yo sepa porque yo trabajaba en campo».

Lo anterior, pone en evidencia la conformación de una sociedad para el desarrollo de negocios específicos, integrada por individuos vinculados por lazos de familia y de amistad; para su gestión se designaron unos administradores; y según lo explicó el demandante, en lo relativo a su propio salario, lo dispuesto por los accionistas como máximo órgano de dirección, reflejaba la voluntad de la sociedad, incluso por encima del ente administrativo.

En tal dirección, era razonable colegir, como lo hizo el ad quem, que el mismo órgano directivo con intervención activa del accionante, poseía facultades administrativas concernientes a la gestión de los salarios, de modo que a él también le cabía responsabilidad en la omisión en el pago de sus salarios de julio, agosto y septiembre de 2012. Ello, por cuanto la junta de socios, de la que hacía parte el actor, poseía la potestad de incidir en la administración de los contratos de trabajo, al punto de que podían fijar y modificar libremente los salarios.

En consecuencia, la Sala no advierte un error manifiesto de hecho en la conclusión del ad quem, según la cual, la mala fe que alega el accionante no puede predicarse respecto de la empresa empleadora cuando, como en este caso, el actor en su doble calidad de socio y trabajador, contaba con potestades administrativas y societarias, que concomitantemente le permitían intervenir directamente en el gobierno de la sociedad (puntualmente participar en las deliberaciones de su salario) y en la administración de la empresa; por tanto, la responsabilidad derivada de la omisión en el pago de su remuneración, también le era atribuible.

Por tanto, los cargos no son prósperos.

CARGO TERCERO

Acusa la sentencia de ser violatoria de la ley sustancial, por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida del artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, en relación con los artículos 1.°, 9.°, 10.°, 13, 14, 22, 23, 57, 59 y 142 ibidem.

Aduce que tal quebranto se produjo por el error ostensible de hecho en que incurrió el Tribunal, al dar por demostrado, sin estarlo, que la demandada World Wide Energy Invesments Limited sucursal Colombia contrató con la UIS, a su vez contratista de Ecopetrol S.A., labores extrañas a las actividades de estas últimas.

Cita como pruebas mal apreciadas las siguientes: la iniciativa que la UIS le presentó a la estatal petrolera; el convenio interadministrativo que celebraron World Wide Energy Invesments Limited y la UIS; el «documento proceso de selección aliado tecnológico campo escuela colorado»; el certificado de existencia y representación de World Wide Energy Invesments Limited sucursal Colombia; la ordenanza de creación y los estatutos de la mencionada institución educativa; y el certificado de existencia y representación legal, al igual que los estatutos de Ecopetrol S.A.

En la demostración, refiere que el error del ad quem estribó en entender que las relaciones jurídicas que se ejecutaron entre Ecopetrol S.A. y la UIS y entre esta y World Wide Energy Invesments Limited sucursal Colombia, tenían objetos académicos y científicos, «y que por esa sola razón era suficiente para que no se diera la solidaridad establecida en el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo respecto de las obligaciones laborales para con el demandante», y que «el único beneficiario de la obra en el contrato con World Wide Energy Invesments Limited sucursal Colombia lo era la UIS».

Aduce que ello es erróneo, dado que el Colegiado de instancia no advirtió que el convenio suscrito entre la UIS y Ecopetrol S.A., además de poseer una finalidad académica, también obligaba a la universidad a «operar el campo petrolero con todas sus actividades e implicaciones»; y que, además, el contrato que firmó la institución educativa con World Wide Energy Invesments Limited sucursal Colombia, tenía la finalidad de desarrollar actividades ligadas con la academia, pero también a la explotación de hidrocarburos.

Sostiene que lo que se advierte de los medios de convicción acusados, es que el dueño o beneficiario de la obra era Ecopetrol S.A., que la UIS era su contratista con la obligación de ejecutar actividades académicas y de operar el campo petrolero, y respecto de esta actividad, World Wide Energy Invesments Limited sucursal Colombia concurrió en calidad de subcontratista.

Para soportar tales reflexiones, citó la sentencia CSJ SL14692-2017, en la que esta Sala señaló que en aras de determinar la solidaridad en materia laboral, no basta con la comparación de los objetos sociales del contratista independiente con el del beneficiario de la obra, dado que en concreto, se debe establecer que la obra ejecutada o el servicio prestado al beneficiario o dueño de la obra, no constituyan labores extrañas a las actividades normales de la empresa o negocio de este, de manera que si bajo la subordinación del contratista independiente, el trabajador realiza labores consustanciales a las normales del beneficiario, se configura la solidaridad.

CARGO CUARTO

Acusa la sentencia de ser violatoria de la ley sustancial, por la vía directa, en el concepto de infracción directa del artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, en relación con los artículos 1.°, 9.°, 10.°, 13, 14, 22, 23, 57, 59 y 142 ibidem.

En la demostración, manifiesta que el juez de apelaciones se resistió a aplicar el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, pese a que halló acreditados los supuestos de hecho que lo fundamentan. Para sustentar tal afirmación, cita en extenso lo adoctrinado por esta Sala en sentencia CSJ SL14692-2017.

RÉPLICA

El apoderado de World Wide Energy Invesments Limited sucursal Colombia no replica las acusaciones.

La Universidad de Santander se opone a la prosperidad de los cargos y reitera que, en el marco de sus fines institucionales, celebró con Ecopetrol S.A. un convenio interadministrativo de colaboración empresarial con objetivos científicos y tecnológicos, «no para la simple entrega de un campo petrolero como lo plantea el actor»; y luego, bajo la égida de la «ley de ciencia y tecnología», suscribió con la empleadora del accionante un convenio de alianza tecnológica atado en su ejecución al primero. Según ello, afirma que dichas relaciones jurídicas no generan solidaridad entre sus firmantes.

Añade que, en su ejercicio argumentativo, el recurrente omite demostrar la relación de los medios de prueba que acusa con los supuestos normativos que establece el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo para predicar la solidaridad, esto es, fundamentalmente «la relación de causalidad entre los dos contratos, es decir que la obra o labor contratada pertenezca a las actividades normales de quien encargó su ejecución».

Ecopetrol S.A., también se resiste a la prosperidad de los cargos, al sostener, en síntesis, que ninguno de ellos tiene la virtud de derruir la sentencia confutada, en tanto que es evidente que los objetos sociales de la UIS y de la empleadora del actor son disímiles; que el convenio que la estatal suscribió con la universidad tiene fines exclusivamente académicos y científicos; y que, en todo caso, el Tribunal «no aplicó el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, no fue por la ignorancia del texto legal o la rebeldía contra su mandato, la razón de la inaplicación fue el no haber encontrado probado el supuesto de hecho del artículo 3.° del Decreto 2351 de 1965».

CONSIDERACIONES

No se discuten en el recurso extraordinario los hechos relativos a que el 10 de julio de 2010 el demandante empezó a trabajar al servicio de Weil Group – Bovil S.A.S., en el cargo de director HSEQ; y que el 1.° de noviembre de 2011 la anterior empresa fue sustituida como empleadora por Weil Group Energy Limited sucursal Colombia, hoy World Wide Energy Invesments Limited sucursal Colombia.

Así, a la Sala le corresponde determinar si World Wide Energy Invesments Limited sucursal Colombia, actuó como contratista de la UIS en beneficio de Ecopetrol S.A., y si durante tal relación jurídica, ejecutó actividades idénticas o similares a las desarrolladas por la universidad y por la empresa petrolera.

Con tal objeto, precisa explorar el contenido de las relaciones jurídicas existentes entre Ecopetrol S.A. y la UIS, y entre esta y World Wide Energy Invesments Limited sucursal Colombia; y conforme ello, establecer si las dos primeras son solidarias en el pago de las acreencias laborales debidas al accionante.

1. De las relaciones jurídicas ejecutadas entre Ecopetrol S.A. y la UIS, y esta con World Wide Energy Invesments Limited sucursal Colombia

1.1. Del convenio interadministrativo firmado entre Ecopetrol S.A. y la UIS

Según se lee en el documento de folios 457 a 498, Ecopetrol S.A. y la Universidad Industrial de Santander suscribieron un «convenio interadministrativo de colaboración empresarial con fines científicos y tecnológicos», por el cual la primera entregó a la segunda, a partir del año 2006 y por el término de 10 años, la operación del campo petrolero «colorado». La alianza se encaminó a fortalecer la acción educativa de la UIS al tener un campo de prácticas para maximizar sus propuestas en las áreas de investigación y formación, mientras que la estatal podía consolidar sus políticas de desarrollo e innovación tecnológica; además de contar con un escenario para la formación de sus funcionarios.

Puntualmente, dicho convenio se firmó con el siguiente objeto:

[…] desarrollar conjuntamente, bajo una estructura de cooperación que no dará lugar al nacimiento de una nueva persona jurídica, el proyecto Campo Escuela el cual permitirá a las partes contar con un centro de entrenamiento académico y práctico para la industria en general y especial para funcionarios y personal de soporte y apoyo de ECOPETROL y de la UIS.

Allí se plasmaron como objetivos específicos, la posibilidad de otorgarle a la UIS un componente práctico en sus programas académicos y un ambiente que le permitiera el desarrollo de investigaciones en el sector de los hidrocarburos; también permitirle a Ecopetrol S.A. que contara con un campo de entrenamiento para sus funcionarios; y «ejecutar la operación del Volumen del Convenio asegurando el cumplimiento de la Curva Básica». Esto último bajo las siguientes precisiones: que el volumen del convenio es el área geográfica en la que se encontraban los pozos de petróleo donde se ejecutaría el proyecto; que el concepto de operación correspondía a «todas las acciones necesarias para realizar los procesos de extracción, recolección, tratamiento, almacenamiento y bombeo de la producción del volumen»; y que la curva básica de producción «son las gráficas o líneas que representan el pronóstico de producción de hidrocarburos definidas de acuerdo con el comportamiento de declinación de los yacimientos que aportan producción en los campos actualmente en explotación y bajo las condiciones actuales».

Para el desarrollo de lo pactado, Ecopetrol S.A. se comprometió a aportar la «infraestructura de producción y logística», al igual que un porcentaje en dinero de la producción de los pozos. Por su parte, la UIS se obligó a suministrar los «recursos necesarios para la operación del volumen del convenio», cuya ejecución le correspondía exclusivamente a la universidad, pero con la obligación de entregar a la petrolera todos los barriles del crudo producido.

Finalmente, se lee en el anexo b) del mencionado convenio, que la UIS sería el «operador» y como tal, ejercería las actividades por su cuenta y riesgo de «explotación técnica, eficiente y económica de los hidrocarburos que se encuentren dentro del volumen del convenio […]».

Por tanto, queda claro que, el desarrollo del proyecto académico, científico y tecnológico en el campo petrolífero se financiaba con la monetización de un porcentaje de lo producido en el campo de hidrocarburos, que era el aporte de Ecopetrol S.A., y con los recursos brindados por la UIS. También es cristalino que la institución educativa se le abrogó la operación del volumen del convenio (el campo petrolífero).

En el contrato también se estipuló que la institución educativa podía realizar, entre otras, alianzas estratégicas con terceros para la ejecución del proyecto, sometiéndose a la ley de ciencia y tecnología y las autónomas de contratación de la UIS (Acuerdo 019 de 2005 del Consejo Superior y la Resolución de Rectoría 809 de 2005). Al respecto, también se acordó que dichos actos debían comunicarse a Ecopetrol S.A. para su aprobación, es decir, todo aliado tecnológico y científico de la UIS en el marco del convenio no podía tener tal calidad si la empresa petrolera no lo convalidaba.

Finalmente, se definió la red de aliados o socios científicos y tecnológicos como «todas aquellas instituciones públicas o privadas que desarrollan actividades de investigación, capacitación, desarrollo e innovación en virtud de acuerdos de cooperación con las partes del convenio».

En ese contexto, se celebró el convenio de alianza tecnológica entre la institución educativa y Weil Group Energy Limited sucursal Colombia, que se analiza a continuación.

1.2. Del convenio de alianza tecnológica suscrito entre la UIS y Weil Group Energy Limited sucursal Colombia hoy Worldwide Energy Investments Limited sucursal Colombia

A folios 1 a 17 del cuaderno 2, se observa el «convenio de alianza tecnológica» que suscribieron en el año 2009 Weil Group Energy Limited sucursal Colombia con la UIS, con el siguiente objeto:

En virtud del presente convenio, Weil Group actuará como aliado estratégico, científico y tecnológico de la UIS para el desarrollo del proyecto y se compromete a adelantar las actividades y operaciones tecnológicas, investigativas, académicas, exploratorias, y de perforación establecidas en la propuesta y en el presente documento, con el fin de lograr la eficiencia operativa del Campo escuela Colorado, así como un mejoramiento en los programas y capacitaciones que ofrece la UIS.

Asimismo, se estipuló que el convenio se regiría por «los lineamientos del convenio interadministrativo de colaboración empresarial firmado entre la UIS y Ecopetrol S.A., dentro del marco de la Ley 1286 de 2009, de ciencia y tecnología».

Con el fin de adelantar dicho proyecto, la aliada de la universidad se comprometió a «realizar una inversión mínima del equivalente en pesos colombianos a diez millones seiscientos cinco mil quinientos cincuenta y nueve dólares de Estados Unidos de América (USD$10’605.559) […]», en aras de realizar la explotación de hidrocarburos, mantener la curva básica de producción, efectuar trabajos de producción, reactivación y cañoneo de determinados pozos, estudiar «el proyecto de Gas».

En el régimen de contraprestación de que trata la cláusula 4.ª, se estipuló que Weil Group Energy Limited sucursal Colombia tendría derecho a un porcentaje en dinero de lo producido por encima de la curva básica menos 2,5% - que conservaría la UIS - en «los pozos Colorado 25, 37, 38, 70 y 75»; y en relación con los demás pozos, «a la monetización de la producción del crudo que recibe la UIS en virtud del Convenio suscrito con Ecopetrol, menos el 2.5% que la UIS conservará». Asimismo, se pactó que el pago de tal contraprestación efectuaría a los 8 días hábiles siguientes a la fecha del pago que realizara Ecopetrol S.A. a la UIS.

En conclusión, la universidad y Worldwide Energy Investments Limited sucursal Colombia, se asociaron con el objeto de impulsar el desarrollo del proyecto Campo escuela Colorado. Para ello, la segunda de las entidades se comprometió a realizar una importante inyección de capital, traducido en diferentes actividades académicas y de explotación de hidrocarburos, de cuya producción dependían directamente las ganancias que obtenía.

2.- De la responsabilidad solidaria de las codemandadas

De lo plasmado en los numerales anteriores, se concluye que la responsabilidad de Worldwide Energy Investments Limited sucursal Colombia respecto al pago de los créditos laborales del demandante, se extendió a la UIS y a Ecopetrol S.A., en tanto se dieron los supuestos estatuidos en el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, según se explica a continuación.

Frente a la responsabilidad solidaria de los empresarios, la citada disposición consagra que el beneficiario del trabajo o dueño de la obra -a menos que se trate de labores extrañas a las actividades normales de su empresa o negocio- será solidariamente responsable con el contratista por el valor de los salarios y de las prestaciones e indemnizaciones a que tengan derecho los trabajadores. Asimismo, el inciso segundo de dicha norma establece que «el beneficiario del trabajo o dueño de la obra también será solidariamente responsable, en las condiciones fijadas en el inciso anterior, de las obligaciones de los subcontratistas frente a sus trabajadores, aún en el caso de que los contratistas no estén autorizados para contratar los servicios de subcontratistas».

En tal dirección, debe destacarse que el objeto social de Ecopetrol S.A., en Colombia o en el exterior, es el desarrollo de actividades comerciales o industriales correspondientes o relacionadas con la exploración, explotación, refinación, transporte, almacenamiento, distribución y comercialización de hidrocarburos, sus derivados y productos.

Ahora, la finalidad del convenio celebrado entre la estatal petrolera y la UIS consistió en el desarrollo de un proyecto científico, tecnológico y académico -de ahí que se suscribiera bajo la égida de la ley de ciencia y tecnología-, cuya financiación provenía de un porcentaje de los recursos generados por la explotación económica de hidrocarburos en el campo de petrolero «colorado», a cargo exclusivo de la institución educativa con los medios de producción de la petrolera. Sin embargo, el hecho de que se pactara una proporción de lo obtenido por el usufructo, implicó que la empresa estatal no solo se beneficiara de las actividades científicas, económicas y tecnológicas; también del producto de la explotación del crudo, lo cual le podía generar réditos económicos en razón de la cantidad de barriles de crudo extraídos.

Igualmente, cuando la UIS y Worldwide Energy Investments Limited sucursal Colombia firmaron el contrato de alianza tecnológica, acordaron adelantar acciones para el desarrollo del proyecto plasmado en el convenio primigenio con fines académicos, científicos y tecnológicos. Allí también se concertó que, la aliada de la universidad, bajo la supervisión de Ecopetrol S.A., tendría a su cargo la exploración y explotación del campo de petróleo colorado y, en contraprestación, recibiría la monetización de un porcentaje de la producción de crudo en los pozos del campo.

Así, la Sala advierte que aun cuando los contratos asociativos en los que intervinieron las mencionadas entidades, se celebraron para ejecutar labores relacionadas con la academia, su contenido también develó una herramienta contractual que descentralizó la actividad productiva de Ecopetrol S.A. con sus medios de producción y en beneficio de esta. En consecuencia, los procesos de exploración y explotación de hidrocarburos en el mencionado campo de petróleo se dejaron a cargo de un agente externo, que en primera instancia fue la UIS, y que luego esta delegó en la empleadora del actor.

Es decir, se diseñó una figura asociativa que resultó en la asignación a la UIS y a Worldwide Energy Investments Limited sucursal Colombia de una parte de la cadena productiva de Ecopetrol S.A., esto es, de la exploración y explotación de hidrocarburos en el campo Colorado, cuyos derechos y medios de producción eran de la estatal petrolera como beneficiaria de la obra.

En suma: (i) a partir del año 2006 Ecopetrol permitió que la UIS implementara un componente práctico a sus programas académicos dentro del campo colorado; (ii) sin embargo, la universidad también debía adelantar proceso de exploración y explotación del crudo en el mismo campo; (iii) en el año 2009 la institución educativa se alió con Worldwide Energy Investments Limited sucursal Colombia, quien haría aportes financieros a investigaciones, y a cambio, asumiría la explotación del campo de petróleo; (iv) de esta actividad económica se beneficiaba Ecopetrol como dueño del campo y, (v) en contraprestación, la UIS y Worldwide Energy Investments Limited sucursal Colombia recibían una proporción de las ganancias en razón de la cantidad de barriles de crudo producidos.

Así, lo que en principio se erigió como una alianza entre los sectores productivo y educativo que tenía como objeto la cooperación con fines científicos y tecnológicos en el marco de la ley de educación, también implicó la operación para desarrollar la actividad principal de Ecopetrol.

Por tanto, se insiste, en el marco del convenio interadministrativo, las labores ejecutadas por la UIS no se limitaron a las prácticas de sus programas académicos y de investigaciones en el sector de los hidrocarburos, pues además realizó actividades relacionadas con el objeto de social de Ecopetrol y en beneficio de esta.

Asimismo, cuando la institución educativa usó la figura de la alianza tecnológica para que Worldwide Energy Investments Limited sucursal Colombia desarrollara las actividades de exploración y explotación del campo colorado, en la realidad subcontrató con un tercero la ejecución de labores relacionadas con el giro ordinario de negocios de la beneficiaria final del proyecto del campo petrolero Colorado en el aspecto relativo a la exploración y explotación petrolera, esto es, Ecopetrol S.A.

En consecuencia, tanto la universidad como Ecopetrol son solidariamente responsables del pago de los salarios que el empleador debe pagar a Luis Alfonso Ibarra Trujillo, en los términos del citado artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo.

Sin embargo, pese a que el cargo es fundado, en sede instancia la Sala arribaría a la misma conclusión del ad quem, por las siguientes razones:

Se ha entendido como fraude a la ley la conducta de aquel que, con amparo en determinadas leyes, elude o trata de eludir la aplicación de otras, o bien alcanza o trata de alcanzar un fin prohibido por el ordenamiento jurídico. De esta forma, se trata de actos que, bajo la cobertura de una disposición jurídica, pretenden alcanzar ciertos objetivos contrarios a la finalidad de esa norma, institución o a los principios del sistema jurídico.

Ahora bien, se configura fraude a la ley del trabajo cuando evocando la solidaridad laboral prevista en el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, la pretensión aparente (salarios insolutos) en realidad se utiliza para defraudar. Esta situación podría ocurrir cuando, por ejemplo, los contratistas de entidades u organismos públicos generan relaciones de trabajo ficticias cuyos costos luego se cargan a los recursos públicos a través de la figura de la solidaridad laboral, cuando se inflan emolumentos laborales con el ánimo de defraudar los intereses de los estamentos oficiales, o cuando sin una razón creíble se omite el pago de salarios y prestaciones para generar sanciones e intereses que a la postre los termina por asumir el Estado.

En este caso, el accionante, en su condición de socio-trabajador y dadas sus calidades dentro de la estructura de la empleadora, tenía injerencia, desde esa doble calidad, sobre la administración de su propio contrato de trabajo, al punto que incidió en la cadena de actos que derivaron en el desconocimiento de sus prebendas laborales. En consecuencia, no es posible endilgar responsabilidad solidaria a Ecopetrol S.A., en la medida que tal figura jurídica está prevista para proteger al trabajador de las omisiones de su empleadora directa, siempre que uno y otra sean diferentes, mas no como en este particular caso, en el que las condiciones de trabajador y empresa concurrieron en Ibarra Trujillo constituyendo una unidad indisoluble.

En efecto, se advierte que dentro de la estructura de la compañía accionada, el demandante estaba provisto de derechos administrativos, que lo facultaban para participar directamente en las deliberaciones de sus socios, relativas a su contrato de trabajo. En otras palabas, el órgano directivo del que formaba parte el actor, contaba con el poder de gestionar su salario.

Ello se infiere del interrogatorio de parte, en el que el accionante relató que ante la posibilidad de obtener la explotación de un campo del petróleo «colorado», cuyos derechos poseía Ecopetrol S.A., él y sus socios lograron construir la empresa después de dos años de trabajo, aplicación de esfuerzos financieros y la búsqueda de inversionistas; que tras ello, una vez se formalizó la constitución de la sociedad junto a la designación de su representante legal con facultades para administrarla (f.° 243 a 247), los directivos, que incluían al demandante, fijaron el salario de este que también tenía el rol de trabajador.

Esto da cuenta de que aun cuando la compañía contaba con un órgano ejecutivo que podía fijar las remuneraciones de los servidores, su máximo órgano de dirección se arrogó tal facultad, por lo menos en lo que respecta a la remuneración del accionante. Ello, posteriormente, se reafirmó cuando el mismo órgano, con su concurrencia aumentó su salario de $6´000.000 a $30´000.000.

También resulta importante subrayar que, en la mencionada declaración, el actor sostuvo que tenía conocimiento de que en el 2012 la compañía atravesaba dificultades económicas; sin embargo, al analizar los estados financieros de la empresa 2011 – 2012, se evidencia que aun cuando se deducen problemas en el flujo de caja, sí era posible pagar créditos laborales.

Ello, porque las obligaciones derivadas de los contratos de trabajo respecto del año 2012 representaban solo el 2,43% del total de los pasivos expresados en la vigencia. Sin embargo, paradójicamente se realizaron gastos destinados a satisfacer otros rubros sin atender a la prelación de los créditos laborales.

Aunado a lo anterior, del total de ingresos en la anualidad de 2012, la compañía destinó el 3,14% para el pago de costos operacionales relativos a los rubros de mantenimiento, reparaciones, adecuaciones e instalaciones; el 1,78% en casino y restaurantes; y el 7,28% para honorarios. Y en la misma vigencia se produjo un incremento respecto al año 2011, en el ítem de equipos de oficina en un 615%, equipos de cómputo en 107%, y en materiales para proyectos petroleros en un 8%.

En este contexto, también llama la atención lo expresado por el demandante, cuyo relato informa que renunció al cargo y cedió sus acciones de la compañía producto de un acuerdo previo, con la particularidad que los salarios debidos corresponden a los tres meses inmediatamente anteriores a que ocurriera dicho negocio.

Como si lo anterior fuera poco, del resumen de cotizaciones al sistema de seguridad social en pensiones, se lee que, en el periodo de enero de 2011 a septiembre de 2012, el ingreso base de cotización del actor nunca superó los $13´390.000 (f.° 341), lo que por lo menos genera duda acerca del verdadero ingreso salarial del demandante, sobre el que, se insiste, este tenía influencia como directivo de Worldwide Energy Investments Limited sucursal Colombia.

Así, se advierte que Ibarra Trujillo quien tenía la posibilidad de incidir en la gestión de su contrato de trabajo como socio de la compañía, también compartía la responsabilidad derivada de cualquier directriz empresarial que afectara el pago de su salario, como cuando la empresa efectuó gastos que no se compadecieron con las obligaciones laborales a su cargo, y sobre ingresos que tampoco correspondieron a lo reportado al sistema de seguridad social en pensiones, o incluso con la cesión accionaria a través de un negocio jurídico que coincidió en el tiempo con la deuda derivada de la relación laboral.

En tal panorama, se observa una combinación de actos empresariales irregulares, sobre los que el demandante tenía incidencia como integrante del máximo órgano de dirección de la compañía, entre los que se encuentra la omisión de obligaciones salariales; y de tales anormalidades, junto al empleo de la figura de la solidaridad laboral, el actor pretende obtener por parte de Ecopetrol S.A. el pago de créditos laborales insatisfechos. Sin embargo, ello no es viable, porque la responsabilidad del Estado no puede afectarse si, como en este asunto, la omisión empresarial es susceptible de atribuirse directa o indirectamente a actuaciones cuya legalidad es cuestionable y si además sobre las mismas el interesado tenía poder de deliberación.

En otras palabras, la responsabilidad de la empleadora concurre en igual forma en el trabajador por su calidad concomitante de socio, y no se extiende a Ecopetrol S.A. por la simple razón de que con ello se avalarían gestiones por lo menos irregulares que, injustificadamente, afectarían el patrimonio del Estado en beneficio de quien era parte del órgano que se arrogó la gestión de su propio salario.

En consecuencia, pese a que los cargos son prósperos, no se casará la sentencia confutada.

Asimismo, se compulsará copias de este proceso con destino a la Fiscalía General de La Nación, para que investigue la posible comisión de conductas delictivas, conforme lo advertido en esta sentencia.

Sin costas en casación.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia que la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá profirió el 10 de abril de 2018, en el proceso ordinario laboral que LUIS ALFONSO IBARRA TRUJILLO adelanta contra WORLDWIDE ENERGY INVESTMENTS LIMITED SUCURSAL COLOMBIA y solidariamente contra la EMPRESA COLOMBIANA DE PETRÓLEOS - ECOPETROL S.A. y la UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER – UIS -, trámite al que se vinculó a la ASEGURADORA CONFIANZA DE FINANZAS S.A. y a WORLDWIDE ENERGY INVESTMENTS LIMITED SUCURSAL COLOMBIA como llamadas en garantía.

COMPULSAR copias a la Fiscalía General de La Nación para que investigue la posible comisión de conductas delictivas, conforme lo advertido en esta providencia.

Sin costas.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR

Presidente de la Sala

GERARDO BOTERO ZULUAGA

FERNANDO CASTILLO CADENA

CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO

LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ

IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ

JORGE LUIS QUIROZ ALEMÁN

CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO

Magistrada Ponente

ACLARACIÓN DE VOTO

Radicación n.° 83444

REFERENCIA: LUIS ALFONSO IBARRA TRUJILLO vs. WORLDWIDE ENERGY INVESTMENTS LTDA SUCURSAL COLOMBIA Y OTROS.

Con el acostumbrado respeto por las decisiones de la Sala, me permito aclarar mi voto por las razones que expongo a continuación.

Respecto a la figura de la solidaridad del beneficiario del dueño de la obra

El artículo 34 del CST dispone lo siguiente:

Contratistas independientes. 1. Son contratistas independientes y, por tanto, verdaderos patronos y no representantes ni intermediarios las personas naturales o jurídicas que contraten la ejecución de una o varias obras o la prestación de servicios en beneficios de terceros, por un precio determinado, asumiendo todos los riesgos, para realizarlos con sus propios medios y con libertad y autonomía técnica y directiva. Pero el beneficiario del trabajo o dueño de la obra, a menos que se trate de labores extrañas a las actividades normales de su empresa o negocio, será solidariamente responsable con el contratista por el valor de los salarios y de las prestaciones e indemnizaciones a que tengan derecho los trabajadores, solidaridad que no obsta para que el beneficiario estipule con el contratista las garantías del caso o para que repita contra él lo pagado a esos trabajadores.

2. El beneficiario del trabajo o dueño de la obra también será solidariamente responsable, en las condiciones fijadas en el inciso anterior, de las obligaciones de los subcontratistas frente a sus trabajadores, aun en el caso de que los contratistas no estén autorizados para contratar los servicios de subcontratistas.

En la sentencia SL3718-2020, dijo la Corte sobre la mencionada institución jurídica en materia laboral lo siguiente:

La jurisprudencia ha considerado que la solidaridad legal prevista en el art. 34 del CST entre el beneficiario o dueño de la obra y el contratista independiente tiene como objetivo central garantizar la protección de los trabajadores en lo que respecta al reconocimiento y pago efectivo de las acreencias laborales, producto de la contratación que efectúe el beneficiario o dueño de la obra con un contratista independiente para la realización o prestación de una obra o servicio determinado, salvo que se trate de labores extrañas a las actividades normales de la empresa o negocio de aquel. Así lo ha dicho esta Corporación en sentencias CSJ SL, 26 sept. 2000, rad. 14038, 1 marzo 2010, rad. 35864 y SL217-2018, entre otras, donde ha sostenido:

[…] el legislador, con el sentido proteccionista que corresponde al derecho laboral, previendo la posibilidad de que el contrato por las grandes empresas, como vehículo que les sirva para evadir las obligaciones sociales, y dada la frecuencia con que los pequeños contratistas independientes caen en la insolvencia o carecen de la responsabilidad necesaria, sin desconocer el principio de que el beneficiario de la obra no es en caso alguno el sujeto patronal, estableció expresamente, a favor exclusivo de los trabajadores, la responsabilidad solidaria del contratista y del beneficiario por el valor de los salarios y de las prestaciones e indemnizaciones a que puedan tener derecho, sin perjuicio de que el beneficiario estipule con el contratista las garantías del caso o repita con él lo pagado a esos trabajadores.

[…]

De esta manera lo ha dicho esta Corporación:

‘La fuente de la solidaridad, en el caso de la norma, no es el contrato de trabajo ni el de obra, aisladamente considerados, o ambos en conjunto, sino la ley: esta es su causa eficiente y las dos convenciones su causa mediata, o en otros términos: los dos contratos integran el supuesto de hecho o hipótesis legal. Ellos y la relación de causalidad entre las dos figuras jurídicas, son los presupuestos de la solidaridad instituida en la previsión legal mencionada (Sent., 23 de septiembre 1960, “G.J.”, XCIII, 915).’…” Sentencia CSJ SL de 26 de sept. de 2000, n.° 14038.

De la figura jurídica se deriva que tiene por objeto garantizar al trabajador el pago de sus salarios, prestaciones e indemnizaciones ante la eventualidad de que el contratista o subcontratista independiente carezca de capacidad económica para asumir su pago; para que surja la obligación solidaria, debe existir identidad, o al menos conexidad, entre las actividades del contratante y las del contratista independiente, lo cual se encuentra en el objeto social de cada una, o en la labor desarrollada por el trabajador.

Caso concreto

Se observa en el expediente que entre Ecopetrol y la UIS, se han suscrito diferentes contratos y convenios con objetos de consultoría y capacitación. El que generó la atención de la Sala es el convenio interadministrativo de colaboración empresarial con fines científicos y tecnológicos con el objeto de «[d]esarrollar conjuntamente […] el proyecto Campo Escuela el cual permitirá a las PARTES contar con un centro de entrenamiento académico y práctico para la industria en general y en especial para funcionarios y personal de soporte y apoyo de ECOPETROL y de la UIS […]».

La Universidad celebró con la empleadora Weil Group Energy Limited, posteriormente sustituida por World Wide Energy Investments Ltda sucursal Colombia, un convenio de alianza tecnológica con el objeto de actuar como aliados estratégicos científicos y tecnológicos para el desarrollo del proyecto Campo Escuela Colorado, en virtud del cual esta última se comprometió a «adelantar actividades y operaciones tecnológicas, investigativas, académicas, exploratorias, y de perforación establecidas en la propuesta […] con el fin de lograr la eficiencia operativa del Campo Escuela Colorado, así como el mejoramiento en los programas y capacitaciones que ofrece la UIS».

Se explica en la sentencia:

Ahora, la finalidad del convenio celebrado entre la estatal petrolera y la UIS consistió en el desarrollo de un proyecto científico, tecnológico y académico -de ahí que se suscribiera bajo la égida de la ley de ciencia y tecnología-, cuya financiación provenía de un porcentaje de los recursos generados por la explotación económica de hidrocarburos en el campo de petrolero «colorado», a cargo exclusivo de la institución educativa con los medios de producción de la petrolera. Sin embargo, el hecho de que se pactara una proporción de lo obtenido por el usufructo, implicó que la empresa estatal no solo se beneficiara de las actividades científicas, económicas y tecnológicas; también del producto de la explotación del crudo, lo cual le podía generar réditos económicos en razón de la cantidad de barriles de crudo extraídos.

Igualmente, cuando la UIS y Worldwide Energy Investments Limited sucursal Colombia firmaron el contrato de alianza tecnológica, acordaron adelantar acciones para el desarrollo del proyecto plasmado en el convenio primigenio con fines académicos, científicos y tecnológicos. Allí también se concertó que, la aliada de la universidad, bajo la supervisión de Ecopetrol S.A., tendría a su cargo la exploración y explotación del campo de petróleo colorado y, en contraprestación, recibiría la monetización de un porcentaje de la producción de crudo en los pozos del campo.

Así, la Sala advierte que aun cuando los contratos asociativos en los que intervinieron las mencionadas entidades, se celebraron para ejecutar labores relacionadas con la academia, su contenido también develó una herramienta contractual que descentralizó la actividad productiva de Ecopetrol S.A. con sus medios de producción y en beneficio de esta. En consecuencia, los procesos de exploración y explotación de hidrocarburos en el mencionado campo de petróleo se dejaron a cargo de un agente externo, que en primera instancia fue la UIS, y que luego esta delegó en la empleadora del actor.

De lo expuesto, no se deriva la descentralización de la actividad productiva de Ecopetrol S.A. a través del citado convenio, pues aun cuando ésta se realizó en el campo petrolero «colorado», no se puede sostener la solidaridad pretendida, ya que una cosa es la producción, exploración y explotación a nivel industrial, y otra diferente, es la que tiene por objeto una capacitación con fines estrictamente académicos, más allá de que por obvias razones exista una producción como parte de la formación, lo que no puede llegar a entenderse como una descentralización, pues ello llevaría al punto de que cualquier incumplimiento de la universidad con el pago de salarios y prestaciones a un profesor, deba ser asumido de manera solidaria por la estatal petrolera en virtud del acuerdo celebrado, se insiste, con fines académicos.

No son extraños los convenios que se realizan entre entidades públicas y privadas e instituciones educativas, para la realización de labores de formación de los trabajadores que en muchas ocasiones se realizan en las instalaciones de las empresas con medios y materias de éstas y para la producción de los bienes que corresponden a su objeto social, y ello no puede llevar a entender que esa sola circunstancia genera la descentralización de la cadena productiva ni a una obligación solidaria automática frente a obligaciones laborales de estas últimas, ya que ello sería extender los efectos de la solidaridad prevista en el artículo 34 del CST más allá de lo previsto por el legislador.

Por otra parte, tampoco se evidencia que la actividad concreta realizada por el demandante como administrador de salud, seguridad, medio ambiente y calidad, pueda considerarse como parte de la cadena productiva de Ecopetrol, es decir, no se probó cuáles fueron concretamente las labores a cargo del actor en desarrollo del convenio varias veces citado, esto es, si fueron estrictamente académicas o de supervisión, o realmente hacían parte del objeto social de la empresa y la universidad.

Asimismo, la deducción de la mayoría en el sentido de que el solo incremento del salario del actor es motivo para derivar un fraude a la ley, no resulta suficientemente desarrollado en la sentencia y da la impresión de que se trata de una deducción o suposición de una oculta intención de derivar un provecho protervo contra Ecopetrol, cuando ello no encuentra asidero probatorio. Insisto, la sola circunstancia de que el promotor se hubiera incrementado el salario no puede llevar a presumir un ánimo torticero, pues resulta lógico que, ante el incremento de mayores ingresos para la empresa, sus directivos decidan recibir una mayor compensación salarial, salvo que se encuentren otras circunstancias de las que se pueda derivar que la intención fue dolosa.

En los anteriores términos dejo sentadas las razones por las que aclaro mi voto.

Fecha ut supra

FERNANDO CASTILLO CADENA

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