Ficha de la providencia
Sentencia SL878-2019
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
Ficha de la providencia
Sentencia SL878-2019
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral
Sentencia SL878-2019
Magistrado ponente: Ana Maria Muñoz Segura
12 de marzo de 2019
ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA
Magistrada ponente
SL878-2019
Radicación n.° 60861
Acta 08
Bogotá, D.C., doce (12) de marzo de dos mil diecinueve (2019).
Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por VÍCTOR ESCORCIA ALCÁZAR, contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., Sala Laboral de Descongestión, el 28 de septiembre de 2012, en el proceso que instauró contra el FONDO DE PASIVO SOCIAL DE LOS FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA.
AUTO
No se acepta la renuncia de poder del abogado Elías Enrique Cabello Álvarez presentada a folio 65 del cuaderno de la Corte, por no cumplir con los requisitos estipulados en el artículo 76 del Código General del Proceso.
ANTECEDENTES
Víctor Escorcia Alcázar, llamó a juicio al Fondo de Pasivo Social de los Ferrocarriles Nacionales de Colombia, con el fin de que se le reconociera y pagara la indexación de su pensión plena de jubilación «[…] con efectividad a partir de la fecha en la que empezó el goce de dicho derecho pensional, es decir, del 26 de noviembre de 2000. […] y a las diferencias de pensión resultantes de la aplicación de la indexación en comento, hasta la fecha de la inclusión en nómina de esta novedad».
Fundamentó sus peticiones señalando que, durante su relación laboral con la extinta Ferrocarriles Nacionales de Colombia, ostentó la calidad de trabajador oficial; la entidad le reconoció una pensión de jubilación a partir del 14 de abril de 1992, la cual se liquidó con base en el último salario promedio, es decir, $380.004,88 con un monto igual al 64% del IBL. Relató que alcanzó los 50 años de edad el 26 de noviembre de 2000, fecha en la que le fue reconocida y pagada la pensión plena de jubilación. La entidad le adicionó a su pensión $41.800,53 lo cual es equivalente al 11% de su último salario promedio de liquidación y tal suma «[…] se mantuvo congelada durante 8 años, 7 meses y 12 días, perdiendo con el paso ineluctable del tiempo su poder adquisitivo».
Al dar respuesta a la demanda, el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, se opuso a las pretensiones. En cuanto a los hechos manifestó que era cierto el reconocimiento de la pensión de jubilación vitalicia, con el monto de la primera mesada pensional igual al 64% del último salario promedio de liquidación del señor Escorcia Alcázar; que a partir del 26 de noviembre del año 2000 le otorgó el pago de la pensión plena de jubilación; y respecto de los otros hechos dijo que no le constaban o que no eran ciertos.
Propuso como excepciones la inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, carencia de la acción y falta de legitimación en causa, buena fe, pago total de la obligación, compensación, y prescripción.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
El Juzgado Primero Adjunto Laboral del Circuito de Bogotá, mediante providencia del 30 de marzo de 2011, resolvió así:
PRIMERO: CONDENAR a la demandada a reajustar el valor de la primera mesada pensional a partir del 26 de noviembre de 2000, en cuantía inicial de $ 1.183.251.96, junto con los respectivos reajustes de ley.
SEGUNDO: DECLARAR PROBADA la excepción de prescripción propuesta por la accionada únicamente respecto de las diferencias de las mesadas pensionales que correspondan al actor entre el periodo comprendido entre el 26 de noviembre de 2000 y hasta el 20 de agosto de 2005.
TERCERO: CONDENAR a la entidad a pagar a favor del actor las diferencias resultantes entre las sumas pagadas por la demandada a título de mesadas pensionales y las sumas realmente causadas a favor de la misma por tal concepto, atendiendo el valor real de la primera mesada aquí ajustada, junto con sus respectivos ajustes de ley, a partir del 26 de noviembre de 2000 y mesadas adicionales de junio y diciembre, conforme la parte motiva de esta providencia.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., Sala Laboral de Descongestión, mediante providencia del 28 de septiembre de 2012, al resolver el recurso de apelación interpuesto por el fondo demandado, revocó la sentencia proferida por el juzgador de primer grado, para en su lugar absolver a la entidad demandada.
En primer lugar, advirtió que no existía controversia frente a los siguientes supuestos fácticos:
(i) que por resolución 0677 de 1992 el FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES reconoció una pensión mensual vitalicia de jubilación de carácter especial por la suma de $243.266, efectiva a partir del 15 de abril de 1999. La liquidación se basó en un tiempo de servicios de 19 años, 1 mes y 26 días, con un salario de $380.104.50, y con tasa de reemplazo de 64% (folios 8 a 19); (ii) que por resolución 2307 de 1994, se reajustó el valor de la pensión a la suma de $243.203.12 (folios 11 a 12); (iii) que por resolución 3125 de 2001, se modificó la resolución 677 de julio 14 de 1992 en el sentido de reconocer y pagar la pensión plena de jubilación a favor del promotor del litigio, a partir del 26 de noviembre de 2000 en cuantía de $1.153.076.26 (folios 13 a 14); (iv) que a octubre de 2000 la pensión del promotor del litigio ascendió a la suma de $983.959 (folio 53).
Para el juez colegiado el problema jurídico se ciñó en determinar «[…] si el Sentenciador a quo desconoció que por Resolución 3125 de 2001, se reconoció la pensión plena de jubilación al demandante en un monto del 75% equivalente a $1.153.076.26, a partir del 26 de noviembre de 2000 fecha inmediata en que cumplió el requisito de la edad, en aplicación del literal f) del artículo 9 de la Ley 21 de 1989».
Seguidamente estimó:
[…] por resolución 677 de 1992 se reconoció al actor la pensión sanción en cuantía de $243.266.88, a partir del 15 de abril de 1992, liquidada con un salario promedio de $380.194.50 y una tasa de reemplazo del 64%, de tal forma que el aumento del 11% que aplicó la entidad a efecto de elevar la tasa de equivalente a la suma de $41.800.88 del salario último devengado por el actor a la terminación de la relación laboral en la suma de $380.004.88, se indexó en debida forma a noviembre de 2000, para arrojar un valor actualizado de $169.177.85 que sumado el valor de la pensión a noviembre de 2000 en la suma de $983.958.41, totalizó la suma de $1.153.076,26 por concepto de pensión plena efectiva a parir del 26 de noviembre de 2000, de suerte que no existe diferencia por concepto de mesada pensional a partir de la fecha en mención como lo dedujo el a quo erróneamente porque al aplicar la fórmula de indexación presentó inconsistencia en el resultado de la base de actualización, toda vez que el actor percibió un salario último en la suma de $380.004.88 en la proporción del 11%, equivalente a la suma de $41.800.53 y no $48.600 como lo dedujo el a quo para aplicar la fórmula de indexación.
De la relación expuesta, resulta evidente que el 11% del salario último percibido por el actor a la terminación del contrato acaecida el 14 de abril de 1992 en la suma de $48.600 como lo dedujo el a quo (folio 108). Luego, como la actualización de la proporción del salario anterior ($41.811.49) a noviembre de 2000 arroja la suma de $168.773.98, que sumada al valor de $983.959 percibido por el actor a octubre de 2000, (fecha inmediatamente anterior al cumpleaños número 50, folio 53), suma un total de $1.152.732.98, se infiere que la cuantía que reconoció la entidad accionada por concepto de pensión plena (mediante la elevación de la cuantía de la pensión en un porcentaje equivalente al 11% que arroja la diferencia entre el porcentaje de la pensión sanción -64%- y el porcentaje de la pensión plena 75%-) en la suma de $1.153.076.26 (folio 13) se ajusta a derecho.
RECURSO DE CASACIÓN
Interpuesto por la parte demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.
ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN
Pretende el recurrente que la Corte case totalmente la sentencia dictada por el ad quem, para que, en sede de instancia, confirme la sentencia proferida por el a quo y, en su lugar, «[…] dicte sentencia sustitutiva que contenga un pronunciamiento favorable acerca del petitum deprecado a favor de mi mandante desde el libelo genitor».
Con tal propósito formuló un cargo, que fue oportunamente replicado.
CARGO ÚNICO
Acusó la sentencia de ser violatoria de la ley sustancial por la vía directa bajo la modalidad de aplicación indebida de los «[…] artículos 1, 9, 10, 13 y 16 del Código Sustantivo del Trabajo; 7 del Decreto 895 de1991; 3 del Decreto 1651 de 1991; 133 de la ley 100 de 1993; en relación con los artículos 11, 21, 33, 36 y 143 Ibídem».
DEMOSTRACIÓN DEL CARGO
Señaló que resultaba pertinente precisar lo siguiente:
[…] el fundamento basilar de la sentencia gravada para haber denegado la INDEXACION (sic) DE LA PENSION (sic) PLENA deprecada a favor de mi mandante, lo constituyó que el H. TRIBUNAL encontró que “indexado el 11% del último salario promedio percibido por el actor –que fue de $380.104.60. Es decir, $41.811.49, que al actualizarlo a la fecha en que aquel completó 50 años a octubre de 2000, esto arroja la suma de $168.773.98, que al sumarlo al valor de la mesada para aquella calenda ($983.859) suma un total de $1.153.076.26, se ajusta a derecho. Y mi tarea como promotor de la casación de dicha sentencia, estriba en derruir el mentado basamento axial, teniendo como punta de alza en mi ataque de casación que el H. Tribunal debió haber establecido LA INDEXACION (sic) DE LA PENSION (sic) PLENA y entonces debió sumarlo al monto de la pensión que estaba percibiendo el actor para la fecha en la que había adquirido el derecho a dicha pensión plena, es decir, para el 26 de noviembre de 2000 (cuando completó 50 años de edad).
Bajo el subtítulo de «CONVERGENCIAS FUNDAMENTALES CON LAS CONSIDERACIONES DEL ADQUEM (sic)» manifestó que:
[…] mi cliente fue favorecido con una pensión de jubilación con base en lo establecido en los decretos de liquidación expedidos para la estatal, hoy extinta FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA.
-Que mi procurado fue pensionado a partir del 15 de Abril de 1992.
-Que mi poderdante fue pensionado con el 64% de su salario promedio devengado.
-Que a partir del 16 de noviembre de 2000, la demandada le reconoció pensión plena a mi mandante, en cuantía del 75%, en un valor de $1.153.076.24.
-Que mi (sic) último salario base de liquidación para efectos pensionales de mi procurado fue de $380.104.50.
-Que el 11% último salario base de liquidación para efectos pensionales de mi procurado indexado desde el 15 de Abril de 1992 al 26 de Noviembre de 2000, es equivalente a $168.773.98.
En este orden de ideas, explicó:
Sin desatender que el Ad quem si (sic) trató de aplicar la INDEXACION (sic) DE LA PENSION (sic) PLENA a favor de mi cliente OSCAR MAHECHA (sic) con resultados negativos para mi prohijado en mención, esto se produjo a consecuencia de la aplicación indebida de las normas denunciadas en el CARGO, precisamente al darles un alcance no querido por el legislador.
Puntualmente el yerro jurídico del H. Tribunal se debió a que intentó darle aplicación a la indexación de la PENSION (sic) PLENA deprecada por mi mandante, pero comparado con ITEMS o factores que abiertamente y que en estricta armonía con las normas enunciadas en el CARGO no había que enfrentar. Ciertamente, considero con pleno reconocimiento de causa que el Ad quem para fallar como lo hizo, realizó la siguiente operación aritmética: INDEXÓ el 11% del último salario base de liquidación, es decir, la suma de $41.811.49., (teniendo en cuenta que para efectos pensionales el IBL de mi procurado fue de $380.104.50), y lo actualizó para el 26 de noviembre de 2000 (fecha en la que completó los 50 años de edad) y finalmente la comparó con el monto de la mesada pensional pagada por la demandada para dicha calenda y esto lógicamente arrojó un resultado negativo en materia de indexación para mi representado en comercio. Y con esto cometió la violación de las normas denunciadas en el CARGO.
Si el Ad quem después de analizar la demanda inicial hubiese conducido la operación aritmética de indexación hacia INDEXAR la PENSION (sic) PLENA de mi coprocurado, es decir, la suma de $41.811.49., (equivalente al 11% del último salario base de liquidación, porcentaje que le faltaba para alcanzar el 75% de la Pensión de Jubilación Plena previsto entre otro en los artículos 7 y 3 de los Decretos 895 y 1651 respectivamente) tomando como parámetros cronológicos la fecha de su retiro que fue el 15 de abril de 1992 y la fecha en la que causó la PENSION (sic) PLENA DE JUBILACIÓN que fue el 26 de noviembre de 2000 y atendiendo la fórmula aritmética establecida por ésta H. Corte en la sentencia de casación 32002 adiada el 24 de enero de 2008, que para los efectos que nos interesa, al respecto de la fórmula matemática para INDEXAR, incluso a la PENSION (sic) PLENA, señaló: Así pues, que en lo sucesivo…,(sic) se aplicará la siguiente fórmula, que más adelante se desarrollará:
Donde:
VA es= a IBL o valor actualizado.
VH es= a valor histórico que corresponde al último salario promedio mes devengado.
IPC Final es = a índice de Precios al Consumidos de la última anualidad en la fecha de pensión.
IPC Inicial es = a índice de Precios al Consumidos de la última anualidad en la fecha de retiro o desvinculación del trabajador”.
ADECIACION (sic) AL SIB-LITE (sic) DE LA FORMULA (sic) MATEMATICA (sic) ESTABLECIDA COMO DOCTRINA JURISPRUDENCIAL, DE LA SENTENCIA DE CASACION (sic) 32002 […].
[…]
SALARIO BASE DE LIQUIDACIÓN de mi mandante, que en este caso como valor a INDEXAR es el equivalente al 11% del IBL ($380.104.50): $41.811.49
FECHA DE RETIRO de mi representado: Abril 14 de 1992.
FECHA DE INICIO DE GOCE DE PENSION (sic) PLENA de mi mandante: 26 de Noviembre de 2000.
ANUALIDAD ANTERIOR A LA FECHA DE RETIRO de mi procurado: Diciembre de 1990.
ANUALIDAD ANTERIOR A LA FECHA DE INICIO DE GOCE DE PENSION (sic) de mi co-cliente (sic) OSCAR MAHECHA (sic): Diciembre de 2000.
VA=VH x IPC FINAL/INICIAL
VA= $41.811.49., X 61.597459/11.000410= $168.773.98. Que para efectos de que no resulte pago doble debemos restarle el incremento de PENSION (sic) PLENA aplicado por la demandada para el 26 de noviembre de 2000 a mi mandante ($41.811.49.), esto arroja el siguiente resultado:
$168.773.98., - $41.811.490 126.962.49., que nos da el VALOR DE LA PENSION (sic) PLENA INDEXADA Y CONCOLIDADA (sic) (restada ala (sic) que finalmente le aplicó la demandada) desde el 15 de Abril de 1995 al 26 de noviembre de 2000, lo cual al sumársele a la mesada pensional que determinó el H. tribunal para esta última calenda, que fue de $1.153.007.26, nos brinda un resultado final de MESADA para el 26 de noviembre de 2000 con lel (sic) REAJUSTE DE PENSION (sic) plena indexado, IGUAL A $1.280.038.75, con lo cual nos resulta definitivamente una diferencia de pensión producto de la indexación de la pensión plena equivalente a $126.962.49 y de aquí en adelante las diferencias pensionales resultantes de ello. Si ésta hubiese sido la operación matemática efectuada por el H. Tribunal PARA BUSCAR LA INDEXACIÓN DE LA PENSION (sic) PLENA a favor de mi procurado, habría sin ningún rescoldo de duda confirmado la sentencia del A quo.
Finalmente insistió en que el ad quem no comprendió que:
[…] la «PENSIÓN PLENA DE JUBILACIÓN FERROVIARIA es un incremento pensional, es decir, un REAJUSTE de pensión para todo aquel pensionado que habiendo sido jubilado con los Decretos 895 y 1651 de 1991 con menos del 75% de su IBL, SE LE AUMENTA SU PENSION (sic) EN EL PORCENTAJE QUE LE FALTE PARA ALCANZAR DICHO TECHO PENSIONAL, pero sin que sea dable como erradamente lo hizo el H. tribunal de comparar MONTOS DE PENSION (sic) PLENA […] PARA INDEXARLOS, pues siempre el Item PENSION (sic) DE JUBILACION (sic) INDEXADO dará un resultado mayor que el ítem PENSION (sic) PLENA INDEXADA. […] Si el H. tribunal hubiese al tenor de lo normado en los artículos 7 y 3 de los Decretos 895 y 1651 respectivamente, hubiese indexado el 11% del último salario base de liquidación configurado por mi mandante para el 14 de Abril de 1992 ($380.104.50), desde el 15 de abril de 19928 (fecha de retiro de los FERROCARRILES) al 26 de noviembre de 1992 cuando mi mandante cumplió 50 años) y a esto le hubiese restado los $41.811.49, (que la demandada al tenor de los artículos acabados de citar tuvo que aplicar ineluctablemente como REAJUSTE DE PENSIÓN PLENA) esto en operación matemática.
VII. RÉPLICA
Manifestó que los artículos señalados del Código Sustantivo del Trabajo en la proposición jurídica, eran normas que hacían parte del título preliminar, «[…] que según la jurisprudencia de la CSJ SL, 18 de octubre de 001 (sic), radicación 16.678. no estatuyen derechos sustanciales porque son “principios generales”», razón por la cual no eran susceptibles de ser estudiados en casación.
Con respecto al fondo del asunto, alegó que era un error jurídico afirmar que el ad quem había aplicado indebidamente «[…] los artículos 1, 9, 10, 13 y 16 del código sustantivo del trabajo, 9 del decreto 895 de 1991; 3 del decreto 1651 de 1991; 133 de la Ley 100 de 1993; en relación con los artículos 11, 21, 33, 36 y 143 de la Ley 100 de 1991 (sic)», puesto que dichos preceptos no fueron siquiera mencionados por el colegiado para resolver el sub lite.
Así mismo, aseveró que, si aún el Tribunal los hubiese mencionado, era desacertado afirmar que:
El ad quem las aplicó indebidamente considerando que de aquellas se desprende sin lugar a duda que es el 11% el que debió adicionar la entidad demandada al momento de la reliquidación de la pensión para efectos de otorgar la pensión de jubilación; que eso fue lo que hizo la demandada al reajustar dicha pensión, y que la discusión se limita a el valor de dicho porcentaje, cual es el 11% del valor del último salario percibido a la terminación del contrato acaecida el 14 de abril de 1992 (que asciende a $380.104.50), y que como fue verificado por el Ad quem corresponde a un monto de $41.811.49 y no a $48.600 como concluyó erróneamente el a quo; suma que actualizada y adicionada a los $983.959 correspondientes a lo recibido por el actor en octubre de 2000 por concepto de pensión proporcional (reconocida inicialmente por el 64%), da un total de $1.152.732,98 dando como resultado el 75% correspondiente a dicha prestación y pudiendo el Ad quem inferir sin lugar a dubitación que la entidad reconoció y pagó el valor correcto por pensión de jubilación plena. Efectivamente, el FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES reconoció pensión mensual vitalicia de jubilación de carácter especial al Señor Víctor Escorcia Salazar por un valor de $243.266, desde el 15 de abril de 1992, la cual fue reajustada mediante Resolución 2307 de 1994 para un total de $243.203.12. el primer acto administrativo fue modificado por la misma entidad, mediante Resolución 3125 de 2001 mediante la cual se ordena reconocer y pagar a su favor pensión plena de jubilación a partir del 26 de noviembre de 2000 en cuantía de $1.153.076.26. de los hechos probados y relacionados previamente, el H. Tribunal concluyó asertivamente al inferir que “resulta evidente que el 11% del salario último percibido por el actor a la terminación del contrato acaecida el 14 de abril de 1992 en la suma de $380.104.50, equivale a $41.811.49 y no $48.600 como lo dedujo el a quo (folio 108). Luego, como la actualización de la proporción del salario anterior ($41.811.49) a noviembre de 2000, arroja la suma de $168,773.98, que sumada al valor de $983.959 percibido por el actor a octubre de 2000, (fecha inmediatamente anterior al cumpleaños número 50, folio 53), suma un total de $1.152.732.98, se infiere que la cuantía que reconoció la entidad accionada por concepto de pensión plena.
CONSIDERACIONES
Dada la vía de ataque escogida por el censor, esto es, la del puro derecho, no existe discusión sobre los siguientes supuestos fácticos: (i) que a Víctor Escorcia Alcázar le fue reconocida la pensión de jubilación mediante la Resolución n.° 0677 de 1992 en cuantía equivalente a $243.266,88 con un salario promedio de liquidación de $380.104,50 y una tasa de reemplazo del 64% (folio 9); (ii) que la Resolución n.° 2307 de 1994 revocó la anterior decisión modificando el valor de la pensión a la suma de $243.203,12 (folio 12); y (iii) que el recurrente solicitó la «[…] pensión plena de jubilación» cuando alcanzó los 50 años, la cual fue concedida a través de la Resolución n.° 3125 de 2001 con un monto del 75%, en cuantía de $1.153.076.25, a partir del 26 de noviembre de 2000 (folio 13).
En este orden, el problema jurídico que se plantea a la Sala para su estudio consiste en determinar si erró el Tribunal cuando consideró que:
[…] no existe diferencia por concepto de mesada pensional a partir de la fecha en mención como lo dedujo el a quo erróneamente porque al aplicar la fórmula de la indexación presentó inconsistencia en el resultado de la base de actualización, toda vez que el actor percibió un salario último en la suma de $380.004.88 (sic) en la proporción del 11%, equivalente a la suma de $41.800.53 (sic) y no $48.600 como lo dedujo el a quo para aplicar la fórmula de la indexación.
Se advierte que el ad quem no utilizó fórmula matemática alguna, simplemente, no encontró ajustada a derecho la operación efectuada por el Juzgado en su sentencia. Adicionalmente, tampoco se refirió, tal y como lo señala el opositor, a las normas acusadas en la proposición jurídica como indebidamente aplicadas, esto es, «[…] los artículos 1, 9, 10, 13 y 16 del código sustantivo del trabajo, 9 del decreto 895 de 1991; 3 del decreto 1651 de 1991; 133 de la Ley 100 de 1993; en relación con los artículos 11, 21, 33, 36 y 143 de la Ley 100 de 1991 (sic)».
A lo anterior debe agregársele que para el Tribunal el último salario percibido por Víctor Escorcia Alcázar fue de $380.004,88 que en la proporción del 11% equivaldría a $41.800,53; mientras que, para el casacionista el salario base de liquidación debió ser $380.104,50 y con equivalencia al 11% resultaría un valor de $41.811,49.
Salta a la vista una discrepancia entre ambos valores, de suerte que, la Corte para resolver la controversia jurídica debe examinar el expediente descendiendo a las pruebas allegadas al plenario, siendo improcedente en un cargo dirigido por la vía directa, pues como lo ha dicho la Sala, «[…] la violación directa de la ley supone que el error de juicio, que debe ser de puro derecho, debe constar en el cuerpo o texto de la sentencia, pues si es necesario acudir al examen de piezas, pruebas o elementos distintos de la decisión que se acusa, se estará frente a otro motivo de violación de la ley» (CSJ SL10763-2014).
Lo expuesto impone desestimar el cargo.
Costas en el recurso extraordinario a cargo del recurrente. Como agencias en derecho se fija la suma de cuatro millones de pesos mil ($4.000.000), valor que se incluirá en la liquidación que haga el juez de primera instancia, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el veintiocho (28) de septiembre de dos mil doce (2012) por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., Sala Laboral de Descongestión, dentro del proceso ordinario laboral promovido por VÍCTOR ESCORCIA ALCÁZAR contra el FONDO PASIVO SOCIAL DE LOS FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA.
Costas como se indicó en la parte motiva.
Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.
ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA
OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA
GIOVANNI FRANCISCO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ
(Salvo voto)
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