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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Sentencia SL889-2020

Fecha
3 de marzo de 2020
Magistrado ponente
Ana Maria Muñoz Segura
Citada por
4 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SL889-2020

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Parte resolutiva

DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el veinte (20) de mayo de dos mil trece (2013) por la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, dentro del proceso ordinario laboral adelantando por LUIS FERNANDO PÉREZ MAYA en contra de la sociedad GASEOSAS POSADA TOBÓN S.A., POSTOBÓN S.A. Costas como se indicó en la parte motiva.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral

Sentencia SL889-2020

Magistrado ponente: Ana Maria Muñoz Segura

3 de marzo de 2020

ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA

Magistrada ponente

SL889-2020

Radicación n.° 63170

Acta 007

Bogotá D.C., tres (3) de marzo de dos mil veinte (2020).

Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por LUIS FERNANDO PÉREZ MAYA frente a la sentencia proferida por la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 20 de mayo de 2013, en el proceso que instauró en contra de la sociedad GASEOSAS POSADA TOBÓN S.A., POSTOBÓN S.A.

ANTECEDENTES

Luis Fernando Pérez Maya demandó a la sociedad Gaseosas Posada Tobón S.A. (en adelante Postobón S.A.), con el fin de que se declarara «[…] ilegal la suspensión del pago de la pensión restringida de jubilación que de manera unilateral hizo la demandada a partir del 1 de agosto de 2011».

En consecuencia, solicitó que dicha prestación se continuara pagando en los términos en que fue fijada por orden judicial, junto con los intereses moratorios y la indexación de todas las sumas adeudadas.

Como fundamento de sus pretensiones, indicó que, a través de la sentencia proferida el 15 de marzo de 1999 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Medellín, se condenó a la empresa al reconocimiento y pago de una pensión restringida de jubilación a partir del momento en que cumpliera 55 años de edad, de conformidad con el artículo 133 de la Ley 100 de 1993. Dicha decisión fue confirmada el 26 de abril de 1999 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín y por esta Corporación por medio de la providencia CSJ SL, 1º marzo 2000, radicación 13088.

Sostuvo que el otorgamiento de dicha pensión fue suspendido de manera arbitraria en julio de 2011, comoquiera que «[…] Postobón continuó realizando los aportes a la seguridad social, para que le fuera reconocida la compartibilidad con la pensión de vejez del ISS, de acuerdo con el artículo 6º del acuerdo 029 de 1985».

A su juicio, Postobón S.A. comenzó a cotizar de forma unilateral a partir del 6 de septiembre de 2004, por lo que era imposible que se subrogara de la obligación. Lo anterior, aunado al hecho de que ya existía una afiliación previa y mediaban aportes a cargo de otros empleadores, siendo el último de ellos la Universidad de Medellín.

Por último, expuso que la pensión legal de vejez concedida por el Instituto de Seguros Sociales (en adelante ISS), fue usada como excusa para suspender el pago de la restringida de jubilación, a pesar de que aquella no se causó con fundamento en los aportes realizados por Postobón S.A., sino por aquellos reportados con otros empleadores.

Así mismo, aclaró que el artículo 133 de la Ley 100 de 1993, no contempló la posibilidad de cotizar para compartir la prestación restringida cuando se causara la legal. Por el contrario, señaló que la conmutación era la única forma de subrogar la obligación o, en su defecto, se debía continuar con su pago en forma vitalicia, pues la misma ya constituía un derecho adquirido.

Al dar respuesta a la demanda, Postobón S.A. se opuso a la prosperidad de las pretensiones. Frente a los hechos, aceptó que reconoció al señor Pérez Maya una pensión restringida de jubilación por orden judicial, así como que suspendió el pago de la misma con ocasión del cumplimiento de los requisitos para causar la legal de vejez.

Aseguró que era posible subrogar la obligación a su cargo en virtud del artículo 6º del Acuerdo 029 de 1985, aprobado por el Decreto 2879 del mismo año, motivo por el que continuó efectuando aportes al Sistema hasta tanto el actor acreditara las exigencias para obtener el derecho a la pensión de vejez.

Finalmente, en lo atinente a que el demandante obtuvo el derecho a la pensión de vejez a partir de las cotizaciones hechas por otros empleadores, dijo:

Se acepta la manifestación del demandante de ser reconocida la pensión de vejez, con los aportes al sistema de seguridad social, realizado por diferentes empleadores, siendo uno de estos la empresa demandada Gaseosas Posada Tobón S.A., quien suspende el pago de una prestación ya que termina su obligación al producirse la subrogación legal por parte del sistema de Seguridad Social, situación objeto de estudio, en el proceso ejecutivo instaurado por Luis Fernando Pérez Maya contra la demandada, resuelto de no existir mandamiento ejecutivo, a la pretensión de pagar pensión después de Agosto de 2011, al producirse la subrogación por el Sistema de Seguridad Social.

En su defensa, propuso las excepciones de pago, compensación, «subrogación legal por novación» y prescripción.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Medellín, mediante sentencia del 30 de enero de 2013, absolvió a la sociedad demandada de todas las pretensiones incoadas en su contra.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Por apelación del demandante, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, mediante fallo del 20 de mayo de 2013, confirmó en su integridad la decisión proferida por el Juzgado.

Para sustentar su decisión, el Tribunal explicó que la pensión sanción equivalía a una pena que se le imponía al empleador, con el fin de garantizar la estabilidad del trabajador a través de la posibilidad de acceder al beneficio de una prestación proporcional. En tal sentido, dijo que la finalidad de dicha pensión era diferente de la de vejez o invalidez, pues mientra que estas últimas fueron subrogadas por el ISS, la otra indudablemente debía seguir en cabeza del empleador.

Sobre este punto, aclaró que,

Mientras estuvo vigente el acuerdo del 224 de 1966 aprobado por el Decreto 3041 de la misma anualidad, el seguro social no asumió el pago de la pensión sanción y la Corte Suprema Justicia insistió en la compatibilidad de esta pensión con la de vejez, criterio que cambio cuando fue expedido el Decreto 2879 de 1985 aprobatorio del Acuerdo 029 del ISS, pues a partir de ese momento y en relación con los trabajadores del sector privado dicha Corporación sostuvo que las pensiones restringidas eran de carácter prestacional considerando que las dos atendían el riesgo de vejez y que no era posible conceptuar que la pensión sanción tenía una finalidad diferente o buscaba sancionar el despido, que además esa sanción se lograba mediante la aplicación de la indemnizaciones previstas en la ley frente a la mora injustificada del vínculo contractual o mediante el reintegro del trabajador cuando este resultaba viable.

Señaló que la Ley 50 de 1990 en su artículo 37, subrogó el 8° de la Ley 171 de 1961 y que este, a su vez, fue derogado por el 133 de la Ley 100 de 1993.

Expuso que este último estableció una pensión a cargo del empleador y favor del trabajador en el escenario en que este último, habiendo trabajado de 10 a 15 años y no hubiera sido afiliado al Sistema General de Pensiones, fuera además despedido sin justa causa. Lo anterior, con el propósito de menguar en parte el derecho pensional frustrado con el actuar de la empresa.

Después dijo, que,

En este caso la pensión sanción se causó en vigencia del artículo 133 de la Ley 100 de 1993 porque el demandante Luis Fernando Pérez Maya cumplió los 55 años de edad el 13 de agosto de 2004 fecha en la cual la sociedad de empleadores empezó a pagarle la prestación y lo afilió al Sistema General de Pensiones del Instituto de Seguros Sociales.

De las Resoluciones 103087 de 2010 y 011252 de 2011, visibles a folios 31 y 32 del expediente se infiere que el derecho a la pensión por vejez se causó el 13 de agosto de 2009 y la demandada pagó aportes al sistema pensional hasta el 31 de agosto de 2010.

La prestación se concedió con fundamento en el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990 teniendo en cuenta el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 de cual es beneficiario el actor, esta Ley contempla en su artículo 31 que al régimen de prima media con prestación definida se le aplican las disposiciones vigentes para los seguros de invalidez y muerte a cargo del Instituto de Seguro Sociales con las definiciones, modificaciones y excepciones contenidas en tal normatividad.

El Acuerdo 049 de 1990 contentivo del reglamento general del Seguro Social obligatorio de invalidez, vejez y muerte expedido por el Consejo Nacional de Seguros Sociales y obligatorios consagra en los artículo 1° y 17 que los trabajadores al servicio de patronos particulares mediante contratos de trabajo están sujetos de manera forzosa al seguro social obligatorio contra los riesgos de invalidez vejez y muerte de origen no profesional y los que sean despedidos sin justa causa y tengan derecho, al cumplir la edad requerida por la ley, al pago de la pensión restringida, tendrán derecho a que el patrono cotice para el seguro de invalidez vejez y muerte desde la fecha en que cumpla dicha pensión hasta cuando cumpla los requisitos mínimos exigidos por los reglamentos para acceder a la pensión por vejez, momento en el cual el Instituto procederá a cubrir dicha pensión siendo de cuenta del patrono únicamente el mayor valor entre la pensión otorgada por el instituto y la que venía cubriendo al pensionado.

De lo anterior se concluye que los afiliados al régimen pensional del ISS están sometidos a las disposiciones contenidas en los reglamentos expedidos por el Consejo Nacional de Seguros Sociales obligatorios incluyendo las relacionadas con la pensión sanción, lo cual implica la posibilidad que se dé la subrogación del riesgo de vejez por parte de la entidad de seguridad social y la compartibilidad de la pensión contemplada por el ISS para este riesgo llamado pensión sanción.

Finalmente, agregó que vista la naturaleza prestacional de la pensión sanción, no era dable admitir la concentración de dos pensiones cubriendo el mismo riesgo, evitando así la duplicidad de beneficios en el campo de la seguridad social.

RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver en los términos propuestos y con los límites establecidos para el recurso extraordinario.

ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Pretende el recurrente que la Corte case la sentencia del Tribunal, para que, una vez constituida en sede de instancia, se revoque la del Juzgado y se concedan las pretensiones fijadas dentro de la demanda inicial.

Con tal propósito formuló dos cargos por la causal primera de casación, los cuales fueron replicados y serán resueltos de forma conjunta, teniendo en cuenta que persiguen idénticos fines y se fundan en similares disposiciones normativas.

PRIMER CARGO

Acusó la sentencia recurrida de ser violatoria «[…] directamente por interpretación errónea los artículos 31 y 133 de la Ley 100 de 1993, 8 de la Ley 171 de 1961, 37 de la Ley 50 de 1990, 267 del C.S.T, y 17 del acuerdo 049 de 1990 aprobado mediante Decreto 758 de 1990».

En la demostración del cargo, aseveró que, para los efectos de este cargo, aceptaba todas las situaciones fácticas que tuvo por demostradas el Tribunal en su decisión, y añadió que,

Para el Para el Ad quem no fue materia de discusión que antes de hacerse acreedor a la pensión sanción, el actor estuvo afiliado al sistema de seguridad social por otros empleadores distintos de POSTOBÓN S.A. entidad que solo lo afilió después de que por sentencia judicial se le condenó a pagarle la pensión sanción. Por lo tanto, la pensión de vejez reconocida por el ISS no se fundamentó en las cotizaciones realizadas por POSTOBÓN, si no en las cotizaciones que sus demás empleadores le habían efectuado.

Como quiera que la pensión sanción se causó y fue ordenada judicialmente en vigencia de la ley 100 de 1993, es esta normativa y no otra la llamada a regir la prestación que en este proceso se discute. Sin embargo, aunque el Tribunal parece aceptar que la pensión se rige por el artículo 133 de la ley 100 de 1993 y no por las normas que esta derogó, incurre en evidente dislate jurídico al considerar que la nueva normativa permite, al igual que la derogada por ella, la compartibilidad de esta prestación con la pensión de vejez reconocida por el ISS, postura absolutamente errada.

Por otro lado, argumentó que el artículo 8 de la Ley 171 de 1961 tenía un marcado carácter indemnizatorio, pues consiste en una pena impuesta para disuadir al empleador que buscara despedir sin justa causa a un trabajador con más de 10 años de servicios, condenándole al pago de una pensión proporcional que resarciera la aspiración pensional frustrada como consecuencia de tal desvinculación.

Agregó que, posteriormente los Acuerdos 029 de 1985 y 049 de 1990, le brindaron a la pensión sanción un carácter prestacional, haciéndola compartible con las asignaciones pensionales reconocidas por el Sistema General de Seguridad Social, condición que conservó el artículo 37 de la Ley 50 de 1990 y que fue ratificado por esta Corporación en la sentencia CSJ SL, 24 septiembre 1994, radicación 6919, cuando dijo:

Lo que el parágrafo primero del artículo 37 de la ley 50 de 1990 prevé es la posibilidad de que el empleador a cuyo cargo esté la pensión restringida, por no haber afiliado al trabajador oportunamente al seguro social, continúe pagando el valor de las cotizaciones que falten para que su antiguo servidor adquiera el derecho a la pensión de vejez con el fin de que, a partir de entonces, quede liberado de la dicha pensión especial. Pero esta facultad puede ser naturalmente renunciada por el empleador que prefiera abstenerse de continuar pagando el valor de esas cotizaciones y asumir el pago de la pensión restringida durante toda la vida del trabajador. Así mismo, el parágrafo segundo permite al empleador convenir con el seguro social la conmutación de la pensión, hipótesis en la cual igualmente se liberará de la obligación de continuar cotizando para el riesgo de vejez.

Enfatizó que las normas referidas en precedente fueron derogadas por el artículo 133 de la Ley 100 de 1993, dejando al empleador con dos posibilidades de cara a la pensión sanción, a saber, continuar pagando dicha prestación de forma vitalicia o conmutarla ante el ISS.

Así pues, concluyó lo siguiente:

Es absolutamente claro que al eliminarse la pensión sanción respecto de los trabajadores amparados por el sistema de seguridad social y consagrarse únicamente en aquellos casos en que por omisión de su empleador nunca fueron afiliados, se eliminó la posibilidad de hacer compartible esta prestación con la pensión de vejez, pues la pensión restringida se aplicaba como bien lo afirmaba el derogado parágrafo 1 del artículo 37 de la ley 50 de 1990 cuando el trabajador estaba afiliado al instituto de seguros sociales pero no alcanzaba el número de semanas que le da derecho a la pensión mínima de vejez.

[…]

Por lo anterior es evidente que erró el ad quem al fijar los alcances del artículo 133 de la ley 100 de 1993, y considerar que la prestación por reglada es compartible con la pensión de vejez que le reconoció el sistema al actor por las cotizaciones que hizo con otros empleadores y como consecuencia de ello se desconoció el derecho del accionante a continuar gozando de la pensión restringida, prestación que le fue reconocida por vía judicial en razón de que durante su vinculación laboral con la accionada no estuvo afiliado al sistema de seguridad, por lo que al despedirse sin justa causa se produjo la condena al pago de esta pensión restringida de vejez.

SEGUNDO CARGO

Sostuvo que la decisión de segunda instancia violó «[…] por infracción directa el 133 de la Ley 100 de 1993, violación que se produjo por interpretación errónea del 31 de la Ley 100 de 1993 y que lo condujo aplicar indebidamentee el artículo 17 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado mediante Decreto 758 de 1990, artículos 8 de la Ley 171 de 1961 y el 37 de la Ley 50 de 1990».

En la demostración del cargo, manifestó que, no obstante estar claro que la pensión sanción que venía percibiendo, se causó y fue ordenada judicialmente en vigencia de la Ley 100 de 1993, el Tribunal consideró que no era aplicable el artículo 133 de la norma en cita, sino, la inmediatamente anterior. En esa medida significó que,

Al obrar de tal manera desconoce no solo el tenor literal de la norma que regula hoy en día la pensión sanción y que solo admite la conmutación, sino que además se separó de los precedentes jurisprudenciales aplicables, ya que sobre el particular la Honorable Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral ha fijado claramente su posición al expresar que:

“la circunstancia de que las normas del Acuerdo 049 de 1990 formen parte del régimen de prima media con prestación definida no significa que todas ellas mantengan vigencia y que desplacen la aplicación de las de la Ley 100 de 1993, pues es claro que tendrán vocación jurídica de ser aplicadas, según el reseñado artículo 31 de ese estatuto, -con las adiciones, modificaciones y excepciones contenidas en esta ley-, esto es, en cuanto no hayan sido derogadas o modificadas por la Ley 100 de 1993.”

Una de las principales modificaciones de la ley 100 de 1993 fue precisamente la llamada pensión sanción pues el artículo 133 al modificar el artículo 267 del código sustantivo del trabajo, subrogado a su vez por el artículo 37 de la ley 50 de 1990, derogó toda regulación anterior sobre la pensión sanción y eliminó la posibilidad de acceder a esta pensión restringida de vejez en aquellos casos en que el empleador haya afiliado al trabajador dejando como único escenario aquellos casos en los cuales por la omisión del empleador no se produzca la vinculación, esto motivado por el principio de universalidad que regla el sistema integral de seguridad social que establece que el mismo se aplica en todo el territorio nacional, por lo cual, es deber de todo empleador vincular a su trabajadores al sistema y realizar las cotizaciones que de ellas se derivan, de igual forma se derogó el parágrafo 1 del artículo 37 de la ley 50 de 1990, que permitía la compartibilidad de la pensión sanción en aquellos casos en que el trabajador estuviera afiliado al Instituto de Seguros Sociales pero no alcanzara a completar el número mínimo de semanas que le da derecho a la pensión mínima de vejez.

Así las cosas, advirtió que las reglas de la compartibilidad plasmadas en el artículo 17 del Acuerdo 049 de 1990, no eran aplicables para todas aquellas prestaciones que fueran otorgadas en vigencia de la Ley 100 de 1993, comoquiera que el legislador derogó tácitamente dicha posibilidad a través de su artículo 133.

RÉPLICA

Se sustentó, principalmente, en que el texto del artículo 133 de la Ley 100 de 1993 era absolutamente claro y no presentaba dificultad alguna para inferir su aplicación, pues contenía los supuestos facticos que debía cumplir el trabajador cuando pretendía obtener la pensión restringida de jubilación, tal y como en su momento se le concedió al demandante.

A su vez, enfatizó en que la norma que regulaba el tema concerniente a la posibilidad de suborgar la prestación a cargo de empleador era el artículo 6 0 del Acuerdo 029 de 1985, aprobado por el Decreto 2879 del mismo año, en concordancia con el 17 del Acuerdo 049 de 1990.

A su juicio, tales disposiciones dieron cabida legal a la ya mencionada compartibilidad entre la pensión sanción y la de vejez, por lo que debieron ser atacadas por el casacionista so pena de mantener incólume el fallo atacado. En ese sentido, aclaró que en su calidad de empleador estaba legitimado para realizar aportes al Sistema de Seguridad Social de Pensiones hasta el momento en que el actor causara la prestación a cargo del ISS, con el fin de asumir únicamente el pago de la diferencia o mayor entre ambas asignaciones, según fuera el caso.

CONSIDERACIONES

Al ser la vía directa la escogida para fundar los dos cargos presentados, entiende la Sala que las discrepancias que guarda el censor respecto de la sentencia de segundo grado son de carácter eminentemente jurídico, estando de acuerdo con los postulados fácticos que tuvo por probados el Tribunal, a saber: (i) que mediante orden judicial, Postobón S.A. le reconoció a Luis Fernando Pérez Maya una pensión sanción de conformidad con el artículo 133 de la Ley 100 de 1993, a partir del 13 de agosto de 2004; (ii) que en ese momento, además, afilió al actor al Sistema General de Pensiones y realizó aportes hasta el 31 de agosto de 2010; (iii) que el ISS le adjudicó una pensión legal de vejez según los postulados del artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990 y a partir del 13 de agosto de 2009; y (iv) que en julio de 2011, la sociedad accionada suspendió el pago de la prestación económica que tenía a su cargo.

Por lo tanto, esta Corporación fija como problema jurídico a resolver determinar si la pensión sanción y la de vejez reconocidas al demandante son compartibles tal y como lo estimó el Tribunal o si, por el contrario, son compatibles de conformidad con lo argumentado por el recurrente en los cargos propuestos.

De la pensión sanción: naturaleza y desarrollo normativo

La pensión sanción surgió a partir de la necesidad de preservar la estabilidad en el empleo y, en el mismo sentido, castigar a aquellas empresas que despidieran a sus trabajadores sin una justa causa y después de años de servicio (CSJ SL15025-2017).

Así las cosas, conviene traer a colación, el artículo 8º de la Ley 171 de 1961 y que en su tenor literal establece:

Artículo 8º. El trabajador que sin justa causa sea despedido del servicio de una empresa o capital no inferior a ochocientos mil pesos ($800.000.00), después de haber laborado para la misma o para sus sucursales o subsidiarias durante más de diez (10) años y menos de quince (15) años, continuos o discontinuos anteriores o posteriores a la vigencia de la presente ley, tendrá derecho a que la empresa lo pensione desde la fecha de su despido, si para entonces tiene cumplidos sesenta (60) años de edad, o desde la fecha en que cumpla con esa edad con posterioridad al despido.

Si el retiro se produjere por despido sin justa causa después de quince (15) años de dichos servicios, la pensión principiará a pagarse cuando el trabajador despedido cumpla los cincuenta (50) años de edad o desde la fecha del despido, si ya los hubiere cumplido. Si después del mismo tiempo el trabajador se retira voluntariamente, tendrá derecho a la pensión pero solo cuando cumpla sesenta (60) años de edad (subrayas fuera del texto).

De su lectura se concluye, que los requisitos para acceder a cualquier de las pensiones proporcionales allí previstas son: (i) el tiempo de servicios según sea el caso (igual superior a 10 años pero inferior a 15 en el caso de la pensión sanción, o más de 15 en el escenario de la restringida de jubilación); y (ii) que el trabajador fuera despedido sin que mediara justa causa para ello (pensión sanción), o que hubiera existido retiro voluntario (pensión restringida de jubilación).

En cualquier caso, se debe entender entonces que el cumplimiento de la edad señalada (60 años), obedece a un elemento para su exigibilidad, es decir, para el disfrute del derecho (CSJ SL997-2015).

Dichas prestaciones proporcionales se mantuvieron vigentes para los empleados del sector privado hasta el momento en que se expidió la Ley 50 de 1990 y, para los trabajadores oficiales, hasta la vigencia de la Ley 100 de 1993 (CSJ SL, 6 agosto 2008, radicación 34126).

Al respecto, esta última norma cambió los requisitos para acceder a la pensión sanción y fijó los siguientes: (i) que el trabajador no estuviera afiliado al Sistema General de Pensiones; (ii) que hubiera laborado para el empleador un período equivalente a 10 años o más; y (iii) que hubiera sido despedido sin justa causa.

El anterior recuento evidencia que el Tribunal no se equivocó al determinar que la pensión sanción del señor Pérez Maya se otorgó de conformidad con el artículo 133 de la Ley 100 de 1993 -toda vez que se causó el 13 de agosto de 2004-, lo que de suyo no supone una transgresión de los artículos 8 de la Ley 171 de 1961 y 37 de la Ley 50 de 1990 como lo propuso la censura, en tanto que estas no hicieron parte de las consideraciones del fallo impugnado.

De la compartibilidad y/o compatibilidad de la pensión sanción con la legal de vejez

Frente a este punto, la Sala ya ha tenido la oportunidad de pronunciarse a través de su reiterada jurisprudencia, advirtiendo que el carácter compartible o compatible de la pensión sanción se define dependiendo de la fecha en la que esta hubiera sido causada.

2.1 De la pensión sanción otorgada en vigencia del Acuerdo 224 de 1966

En el escenario en que se hubieran cumplido los requisitos necesarios para el reconocimiento de la pensión sanción durante la vigencia del Acuerdo 224 de 1966, esta debía entenderse como compatible con la que en su momento concediera el empleador.

Lo anterior, comoquiera que dicha normatividad estableció que el ISS debía asumir el riesgo de vejez, sin que ello supusiera, además, que se subrogaba al empleador del pago de la pensión sanción que en su defecto le correspondía, producto del castigo que se le impuso por despedir intempestivamente al trabajador.

Al respecto, la providencia CSJ SL15025-2017, dispuso sobre ese punto lo siguiente:

Así lo ha adoctrinado la Corporación, entre otras razones porque esta prestación tiene un carácter subjetivo, es decir, no fue instituida precisamente para cubrir el riesgo de vejez sino para garantizar la estabilidad del trabajador o para reprimir al empleador que despedía a sus trabajadores después de muchos años de servicio, con cuyo proceder se enervaba el nacimiento pleno de sus derechos pensionales.

En efecto, la Sala en la sentencia SL 45545, 6 sep. 2011, reflexionó respecto al tema brindando unos argumentos que han servido de fundamento en las providencias SL818-2013, SL889-2013, SL16386-2014 y SL7659-2016, entre otras, allí así se enseño:

[…] Sobre este puntual aspecto en discusión, la Sala en sentencia del 26 de septiembre de 2007 radicado 30766, que a su vez rememoró las decisiones del 21 de septiembre de 2006 y 12 de febrero de 2007, radicación 29406 y 28733 respectivamente, fijó el criterio mayoritario que actualmente se mantiene, en cuanto a que la subrogación del Instituto de Seguros Sociales en vigencia del Acuerdo 224 de 1966 no opera tratándose de pensiones especiales de jubilación reguladas por el artículo 8° de la Ley 171 de 1961, las cuales quedan a cargo exclusivo del empleador. En esa oportunidad la Corte puntualizó:

[…]

“Con las anteriores precisiones, puntualiza la Corte que desde la expedición del Acuerdo 224 de 1966, emanado del Consejo Directivo del ISS y aprobado por el artículo 1º del Decreto 3041 del mismo año, se estableció la incompatibilidad entre las pensiones legales reconocidas por el empleador y las de vejez que debía reconocer el Instituto de Seguros Sociales. Desde luego, las pensiones legales incompatibles con el nuevo esquema de seguridad social que se implementó con la expedición del citado acuerdo, fueron aquellas instituidas precisamente para cubrir el riesgo de vejez y no las que se establecieron para garantizar la estabilidad del trabajador en su empleo o para reprimir al empleador que despedía injustamente al asalariado después de una más o menos larga prestación de servicios y por ello le impedía acceder a la pensión de jubilación (negrillas fuera del texto).

2.2 De la pensión sanción reconocida durante la vigencia del Acuerdo 029 de 1985 y el Acuerdo 049 de 1990

Ahora bien, en el caso en que la pensión sanción hubiera sido causada después del 17 de octubre de 1985, es decir, bajo la vigencia del Acuerdo 029 de 1985, esta es compartida con la que en su momento adjudique el ISS, de acuerdo a los postulados de los artículos 6º de la norma ya acusada y 17 del Acuerdo 049 de 1990.

Sobre este punto, la providencia CSJ SL1508-2018 hizo el siguiente análisis:

De acuerdo con los precedentes mencionados, ha sido postura expresa de la Sala que el artículo 17 del Acuerdo 049 de 1990 reconoce la compartibilidad entre las pensiones proporcionales (ambas) del artículo 8º de la Ley 171 de 1961 y la de vejez, sin hacer distinción si aquella es por retiro voluntario o si se trata de la denominada pensión sanción. Es de anotar en este aspecto que la Corte las trata también de igual manera, como cuando se refiere a la causación del derecho. Lo cual atiende a la lógica jurídica de que ambas pensiones tenían un elemento común, cual es el de tener como punto de referencia la pensión a cargo del empleador por haber laborado 20 años de servicio para él y cumplir la edad. El artículo 8º de la Ley 171 de 1961, con las pensiones proporcionales allí establecidas, le garantizaba al trabajador que su derecho pensional no se viera truncado por la decisión de despido tomada por el empleador o para que, por cualquier razón, él pudiese tomar la iniciativa de renunciar y no se viera obligado, es decir contra su voluntad, a seguir laborando para el mismo empleador con el fin de no perder el derecho pensional.

El texto del citado artículo del Acuerdo 049 de 1990 es como sigue:

ARTÍCULO 17. COMPARTIBILIDAD DE LAS PENSIONES SANCION.

Los trabajadores que sean despedidos por el patrono sin justa causa y tengan derecho al cumplir la edad requerida por la ley, al pago de la pensión restringida de que habla el artículo 8o. de la Ley 171 de 1961, tendrán derecho a que el patrono cotice para el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, a partir de la fecha en que cubra dicha pensión y hasta cuando cumplan con los requisitos mínimos exigidos por estos Reglamentos para la pensión de vejez. En este momento, el Instituto procederá a cubrir dicha pensión, siendo de cuenta del patrono únicamente el mayor valor, si lo hubiere, entre la pensión otorgada por el Instituto y la que venía cubriendo al pensionado.

Obsérvese que la redacción del artículo 17, en el cual se ha apoyado la Sala para reconocer la compartibilidad pensional entre las pensiones proporcionales y la de vejez, es similar a la del artículo 6º del Acuerdo 029 de 1985, así:

[…]

La obligación consagrada en el artículo 60 del Acuerdo 224 de 1966 y en esta disposición, de seguir cotizando al Seguro hasta cumplir con los requisitos mínimos exigidos por el Instituto para otorgar la pensión de vejez, sólo rige para el patrono.

En este orden de ideas, resulta que, si la Sala expresamente ha reconocido la compartibilidad entre las pensiones proporcionales de jubilación de responsabilidad del empleador con la de vejez a cargo del ISS con fundamento en el artículo 17 del Acuerdo 049 de 1990, la misma razón jurídica cabe predicar respecto del artículo 6º del Acuerdo 029 de 1985. Sobre todo, si la jurisprudencia laboral viene reconociendo que la compartibilidad entre las pensiones extralegales con la de vejez se convirtió en la regla general a partir del mismo Acuerdo 029 de 1985, pues, de cara a las legales, ya la venía aceptando desde el Acuerdo 224 de 1966 (negrillas fuera del texto).

Sin embargo, debe advertirse que la suborgación del riesgo aquí no procede de manera automática, sino que es obligación inexorable del empleador afiliar al trabajador al Sistema General de Pensiones durante o con posterioridad a la terminación del vínculo laboral, así como realizar los correspondientes aportes hasta tanto el afiliado cumpla con los requisitos para adqurir la pensión legal de vejez, para que así proceda la compartibilidad prestacional y este asuma la diferencia o mayor valor en caso de que proceda.

Tal entendimiento se desarrolló en la providencia CSJ SL769-2019, así:

De otra parte, como ya se dijo en sede casacional, la figura de la compartibilidad, no procede, pues la subrogación en el marco de los Acuerdos 029 de 1985 y 049 de 1990 incluso del Acuerdo 224 de 1966 operó siempre y cuando los empleadores estuvieren inscritos a la seguridad social, pues solo al registrarse la incorporación al régimen, darse la afiliación del trabajador y la cancelación de los respectivos aportes, podría concebirse la asunción de los riesgos por parte del ISS, una vez se reunieran los requisitos previstos en sus reglamentos.

[…]

De otra parte resulta oportuno advertir que ante la falta de afiliación al ISS, la pensión que le reconoció el ente de seguridad social al actor obedeció a algunos tiempos coincidentes con el servicio al Hospital La Misericordia, pero por los aportes efectuados por otros empleadores y bajo las previsiones de la Ley 33 de 1985, por lo que tampoco podría insinuarse una posible subrogación del riesgo frente a dicho ente, que además, no fue vinculado al proceso, pues reitérese, aún a riesgo de fatigar, el demandado jamás afilió al actor al I.S.S., ni durante ni después de la vinculación laboral (subrayas fuera del texto).

De la compartibilidad pensional con cotizaciones provenientes de otros empleadores

De igual forma, hizo parte de las objeciones del casacionista que se hubiera concluido que procedía la compartibilidad, aun cuando las cotizaciones efectuadas para cumplir los requisitos mínimos de causación de la pensión de vejez y subrogar el riesgo, provinieran en su mayoría de otros empleadores y no de Postobón S.A., el cual solo afilió e hizo aportes desde el 13 de agosto de 2004 hasta el 31 de agosto de 2010, según lo encontró probado el Tribunal y no fue objeto de ataque, dada la vía escogida en ambos cargos.

En ese orden de ideas, la Corte ha dispuesto con suficiencia que dichos aportes provenientes de otros empleadores no le restaba eficacia a la compartibilidad pensional, pues tales tiempos contribuyeron a que el trabajador hubiera causado los requisitos para acceder a la pensión legal de vejez, al igual que aquellos realizados en su momento por la accionada que le otorgó la pensión sanción y que significaron conjuntamente la viabilidad de subrogar el riesgo.

En ese sentido, la providencia CSJ SL14405-2015, indicó:

2.- Efectividad de la compartibilidad pensional – cotizaciones de otros empleadores.

En lo que atañe al segundo aspecto, consistente que para que opere la compartibilidad de las pensiones legales de jubilación, es posible completar la exigencia de la densidad de semanas para obtener del ISS la pensión de vejez, con cotizaciones de distintos empleadores; esta Corporación ha tenido la oportunidad de estudiar y definir el tema, fijando la postura consistente en que dicha compartibilidad no se pierde ni se le resta efectividad, si el requisito de las semanas cotizadas se cumple con aportes tanto del empleador pensionante como de otros empleadores. En sentencia del 14 de septiembre de 2005 radicado 23132, se dijo:

[…]

Así lo explicó en sentencia de 27 de febrero de 2003, radicación 19645, al interpretar el artículo 61 del Acuerdo 224 de 1966, aprobado por el Decreto 3041 del mismo año:

<Según puede verse, no es de la inteligencia de dicha norma, como lo asegura el censor, que para la compartibilidad de las pensiones legales de jubilación, el requisito de semanas cotizadas exigido por el I.S.S., para otorgar la pensión de vejez, deba ser cumplido, con cotizaciones hechas exclusivamente por el empleador pensionante, porque lo que el precepto exige, es que cuando éste lo pensione, debe continuar cotizándole hasta cuando el trabajador reúna los requisitos mínimos para adquirir el derecho.

[…]

Así las cosas, aunque la demandante completó el número de semanas cotizadas requerido con lo aportado con otro empleador, la verdad es que, la entidad bancaria demandada cotizó según los parámetros legales un significativo tiempo que le permitió a la afiliada adquirir la pensión de vejez, con el derecho a compartir la pensión de jubilación que le otorgó a su trabajadora; siendo menester aclarar, que en este segundo cargo no se está planteando como se hizo inapropiadamente en el primero la <invalidez> de algunas de las cotizaciones efectuadas por la accionada, lo que conduce a que no sea posible que la Sala se adentre en el estudio de este último aspecto”.

Y más recientemente en sentencia del 17 de julio de 2013, SL 566-2013 (Rad. 39730), esta Corporación precisó:

“(…..) Para la Sala es claro que el Tribunal no incurrió en el error jurídico que le enrostra el censor, pues la hermenéutica de la norma denunciada, no permite afirmar que el hecho de que un empleador no cotice al ISS a favor de un trabajador después de haberle reconocido la pensión legal de jubilación, desnaturalice la condición de compartibilidad de dichas pensiones para darle paso a la compatibilidad de las mismas.

La consecuencia de tal omisión es que el empleador no puede ser subrogado por el ISS en el pago de la pensión, o que el valor que le corresponde asumir por virtud de la compartibilidad sea mayor, pero nunca que las dos prestaciones adquieran el carácter de concurrentes”.

Siguiendo las anteriores directrices, a contrario de lo sostenido por el ad quem, se concluye que aun cuando el empleador jubilante no cotice después del reconocimiento de la pensión legal de jubilación y hasta cuando se otorgue la prestación de vejez del ISS, se mantiene la compartibilidad de tales pensiones (negrillas fuera del texto).

Caso concreto

Con fundamento en el recuento normativo y jurisprudencial desarrollado en precedente, concluye la Sala que el Tribunal no se equivocó al concluir que la pensión sanción a cargo de Postobón S.A. y la de vejez que le reconoció el ISS al señor Pérez Maya, ostentaban el carácter de compartibles.

Es así, pues se reitera, la prestación proporcional se concedió con fundamento en el artículo 133 de la Ley 100 de 1993, al igual que en el marco de las regulaciones que se encontraban vigentes en materia de compartibilidad y compatibilidad pensional, a saber, los artículos 6º del Acuerdo 029 de 1985 y el 17 del Acuerdo 049 de 1990, las cuales permitían que los empleadores se subrogaran de la obligación a su cargo siempre que afiliaran al trabajador aun después de la terminación del contrato de trabajo e hicieran los aportes a que hubiere lugar.

En el presente caso, dicha condición se produjo dado que Postobón S.A. afilió al actor al ISS una vez reconocida la pensión sanción (13 de agosto de 2004) y efectuó las cotizaciones hasta tanto este causara el derecho a la legal de vejez (13 de agosto de 2009).

De igual manera, el hecho de que el demandante hubiera obtenido el derecho a la pensión de vejez teniendo en cuenta las cotizaciones de otros empleadores, tampoco desnaturaliza la compartibilidad alegada, pues lo cierto es que la empresa accionada cumplió con sus respectivas obligaciones, esto es, afiliar al trabajador y contribuir con sus aportes para que obtuviera la pensión de vejez.

Con lo cual, los cargos no prosperan.

Las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo del recurrente, pues su recurso no salió avante y fue replicado. Se fijan como agencias en derecho la suma de cuatro millones doscientos cuarenta mil pesos ($4.240.000), que se incluirán en la liquidación que el juez de primera instancia haga, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el veinte (20) de mayo de dos mil trece (2013) por la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, dentro del proceso ordinario laboral adelantando por LUIS FERNANDO PÉREZ MAYA en contra de la sociedad GASEOSAS POSADA TOBÓN S.A., POSTOBÓN S.A.

Costas como se indicó en la parte motiva.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA

OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA

GIOVANNI FRANCISCO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ

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