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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Sentencia SL904-2020

Fecha
3 de marzo de 2020
Magistrado ponente
Ana Maria Muñoz Segura
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SL904-2020

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Parte resolutiva

DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el primero (1º) de junio de dos mil quince (2015) por la Tercera de Decisión Laboral del Distrito Judicial de Barranquilla, dentro del proceso ordinario laboral promovido por MARÍA TERESA ESQUIVEL ÁLVAREZ, iniciado contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES. Costas como se dispuso en la parte motiva.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral

Sentencia SL904-2020

Magistrado ponente: Ana Maria Muñoz Segura

3 de marzo de 2020

ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA

Magistrada ponente

SL904-2020

Radicación n.° 72912

Acta 007

Bogotá D.C., tres (3) de marzo de dos mil veinte (2020).

Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por MARÍA TERESA ESQUIVEL ÁLVAREZ, contra la sentencia proferida por la Sala Tercera de Decisión Laboral del Distrito Judicial de Barranquilla, el 1° de junio de 2015, dentro del proceso adelantado por esta contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES, COLPENSIONES.

ANTECEDENTES

María Teresa Esquivel Álvarez presentó demanda contra la Administradora Colombiana de Pensiones (en adelante Colpensiones), con el fin de que se declarara que era beneficiaria de la pensión de sobrevivientes, en consecuencia, se condenara al pago de la prestación económica, junto con la indexación del IBL, los ajustes anuales del artículo 14 de la Ley 100 de 1993 y los intereses moratorios del 141 de la misma ley.

Como fundamento de sus pretensiones señaló que su compañero permanente, Leonel Posada Suárez, nació el 15 de abril de 1938; que cotizó a Colpensiones a partir del 19 de febrero de 1972 acreditando un total de 380 semanas cotizadas y que convivió en unión libre con el causante desde 1980 hasta la fecha del deceso ocurrido el 23 de mayo de 2008.

Informó que el 26 de febrero de 2013 solicitó a la entidad el pago de la pensión de sobrevivientes, sin embargo, el 27 de junio del mismo año dicha solicitud fue negada porque el causante no cumplió con el requisito mínimo de semanas cotizadas.

Al dar respuesta a la demanda, Colpensiones se opuso a la totalidad de las pretensiones. En cuanto a los hechos, aceptó las fechas de nacimiento y fallecimiento del causante, la solicitud pensional y su correspondiente rechazo. Frente a los restantes, aseguró que contenían consideraciones personales y se trataba de supuestos fácticos ajenos a la administradora.

En su defensa, presentó las excepciones que denominó ausencia de causa para demandar, imposibilidad jurídica para cumplir con las obligaciones pretendidas, falta de cumplimiento de los requisitos de la Ley 797 de 2003, prescripción, buena fe e improcedencia del cobro de los intereses moratorios por violación del principio de la inescindibilidad de la norma.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Quince Laboral del Circuito de Barranquilla, mediante sentencia del 28 de agosto de 2014, absolvió a la demandada.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala Tercera de Decisión Laboral del Distrito Judicial de Barranquilla, mediante sentencia del 1º de junio de 2015, al resolver el recurso de apelación interpuesto por la demandante confirmó la sentencia de primera instancia.

Para el Tribunal, no existió controversia frente a los siguientes hechos: i) que Leonel Posada Suarez falleció el 23 de mayo de 2008; ii) que en vida cotizó a Colpensiones ; iii) que María Teresa Esquivel solicitó a la entidad el pago de la pensión de sobrevivientes; iv) que dicha solicitud fue negada por ausencia del número de semanas mínimas requeridas para el pago de la prestación económica; y v) que el causante cotizó 380 semanas al Sistema, entre el 1° de mayo de 1975 y el 31 de octubre de 1997.

Planteó como problema jurídico a resolver, determinar si «[…] a la gestora del juicio le es aplicable el principio de la condición más beneficiosa y en consecuencia de lo anterior le asiste el derecho al reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente que depreca».

Explicó que, la normatividad que regulaba el asunto era la que se encontraba vigente al momento del deceso del causante, refiriéndose al artículo 12 de la Ley 797 de 2003, toda vez que el fallecimiento ocurrió el 23 de mayo de 2008. Indicó que, dicha normativa exigía que hubiese cotizado 50 semanas dentro de los tres años inmediatamente anteriores a la muerte, requisito que no fue cumplido.

Frente a la condición más beneficiosa, explicó que:

[…] el principio busca la aplicación de la norma derogada que resulta favorable a quién demande este y se construye es con la aplicación de la legislación derogada o modificada por la norma vigente, que para el caso en estudio no resulta ser el Acuerdo 049 de 1990 sino los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993, con base en la cual, y dando aplicación al principio, el causante debía tener cotizadas 26 semanas en el año anterior a la entrada en vigencia de la Ley 797 de 2003 y esa misma cifra en el año anterior a su fallecimiento.

De las documentales obrantes en el informativo se infiere que el compañero permanente de la actora a cuyo favor se pretende obtener el reconocimiento pensional demandado no realizó cotizaciones en los tres últimos años anteriores a su deceso tal como consta a los folios 72 a 74 del expediente, por consiguiente no llena los requisitos para la aplicación de la condición más beneficiosa.

Como consecuencia de lo anterior para el caso bajo estudio de haber cotizado por lo menos 50 semanas dentro de los tres años inmediatamente anteriores al momento del fallecimiento, requisito éste que tampoco cumplió el afiliado fallecido para dejar causado el derecho a favor de su compañera permanente con la aplicación del régimen general, vale decir la Ley 100 de 1993 con la reforma de la ley 797 de 2003.

Por último, argumentó que el juez de primera instancia no violó el principio fundamental de la igualdad consagrado en el artículo 13 de la Constitución Política, toda vez que «[…] la providencia que arguyó como sustento la gestora del presente juicio para sustentar su recurso de apelación es un criterio auxiliar al que no se encuentra (sic) sometidos los jueces tal como viene establecido en el artículo 230 de la Constitución nacional».

RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por María Teresa Esquivel Álvarez, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver, de acuerdo con los términos en que fue presentado y dentro de las competencias que otorga este recurso extraordinario.

ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Pretende la recurrente que la Corte case la sentencia para que, en sede de instancia, revoque en su totalidad el fallo de primer grado, en cuanto absolvió a Colpensiones de las pretensiones impetradas en su contra.

Con tal propósito formuló un cargo por la causal primera de casación, el cual fue oportunamente replicado.

ÚNICO CARGO

Acusó la sentencia del Tribunal,

[…] por aplicación indebida de la Ley 100 de 1993 y la norma del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 753 (sic) de la misma anualidad, como consecuencia de errores de hecho cometidos en la apreciación de las pruebas que en adelante singularizaré, al dar por probado sin estarlo, que el causante no cotizó por lo menos 50 semanas, dentro de los 3 años inmediato (sic) antes de ocurrir el fallecimiento, consecuencialmente con base en el artículo 46 de la ley 100 de 1993, modificado por el artículo 12 de la ley 797 del 2003, se desprende la razón fundamental para no acceder al conocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes.

Como demostración del cargo comenzó por señalar que la normatividad aplicada al caso objeto de estudio por el Tribunal, no era la correspondiente, toda vez que la Corte Suprema de Justicia,

[…] ha reiterado que si el asegurado no acredita 26 semanas de cotización al año anterior al fallecimiento, paro (sic) ha satisfecho, antes de la entrada en vigencia de la ley 100 de 1993, como las cotizaciones a que se refiere a los artículos 6 y 25 de la (sic) acuerdo 049 de 1990, aprobado mediante el Decreto 758 del mismo año, sus beneficiarios adquieren el derecho a la pensión de sobrevivientes.

Argumentó que, no era posible negar la pensión bajo el argumento de que el causante no cumplió las 26 semanas en el año inmediatamente anterior a su fallecimiento, siempre y cuando hubiese acreditado,

[…] cabalmente con los requisitos exigidos en el artículo 6 del acuerdo 049 de 1990, es más el inciso 4 del artículo 48 de la ley 100 de 1993, garantiza el derecho a optar por una pensión de sobreviviente equivalente al régimen de pensión de sobrevivientes del Instituto de Seguro Social “ISS”, vigente con anterioridad a la fecha de vigencia de la ley 100, es un principio medular de la seguridad social de rango constitucional (53 de la Constitución Nacional) y el postulado de la condición más beneficiosa.

RÉPLICA

Manifestó que, el recurso contenía «[…] muy graves e insuperables fallas de técnica que impiden poder pronunciarse sobre el fondo del mismo». Explicó que, la demanda se encausó por la vía indirecta, atribuyéndole al Tribunal varios errores de hecho cometidos por la apreciación errónea de las pruebas aportadas al proceso. Sin embargo, el desarrollo del cargo se centró en erigir un alegato jurídico en busca de la aplicación de la condición más beneficiosa, sin debatir ningún supuesto fáctico, siendo la vía directa la idónea para la presentación del recurso.

Por otra parte, en cuanto al fondo del recurso, explicó que, si llegase a ser aplicable el principio de la condición más beneficiosa, este únicamente permitiría aplicar la normatividad inmediatamente anterior a la vigente en el momento del deceso del afiliado, que en este caso corresponde a la Ley 100 de 1993.

Agregó que, ni bajo dicha norma ni la Ley 797 de 2003, se cumplían los requisitos para acceder a la prestación, pues,

[…] no se cumplieron con los requisitos consagrados en las Leyes 797 de 2003 (-“… (sic) éste [- (sic) el afiliado] hubiere cotizado cincuenta semanas dentro de los tres últimos años inmediatamente anteriores al fallecimiento…”, artículo 12-) (sic), ni 100 de 1993 (-“… (sic) Que habiendo dejado de cotizar al sistema, hubiere efectuado aportes durante por lo menos veintiséis [26] semanas del año inmediatamente anterior al momento en que se produzca la muerte”, artículo 46-) para hacerse acreedor al reconocimiento y pago de una pensión de sobrevivientes, ni con los requerimientos jurisprudenciales para acceder al pretendido derecho bajo el Acuerdo 049 de 1990 ni la Ley 100 de 1993.

[…]

En segundo lugar, de acuerdo con el Acto Legislativo 01 de 2005 para adquirir el derecho a una prestación económica dentro del sub sistema pensional deben reunirse los requisitos establecidos en la ley, y sólo en la ley, por ser una materia sujeta a estricta reserva legal, en aras de garantizar el principio de sostenibilidad fiscal.

CONSIDERACIONES

Inicia la Sala por recordar que el proceso laboral y de la seguridad social tiene unas formas propias, establecidas en el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, que incluyen las que regulan la interposición y trámite del recurso extraordinario de casación.

Los artículos 87, 90 y 91 de aquel estatuto, junto con la normativa de la Ley 16 de 1969, instituyen las reglas mínimas a las que debe sujetarse el recurrente en casación, para que la Corte pueda ejercer el estudio de legalidad de la sentencia controvertida.

La exigencia del cumplimiento de lo dispuesto en aquellas normas, por parte de quien recurre en aras de que se anule una sentencia de segunda instancia, o una de primera, en el marco de la casación per saltum del artículo 89 ibídem, hace parte del respeto al debido proceso judicial, dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Nacional, por ello no puede aducirse que se esté priorizando una especie de ritualismo, en desmedro de derechos de otra estirpe, como los sustantivos laborales o de seguridad social.

En esta dirección, en la sentencia CSJ SL4281-2017, se dijo,

Al Juez de la casación, le compete ejercer un control de legalidad sobre la decisión de segundo grado, siempre que el escrito con el que se sustenta el recurso extraordinario satisfaga las exigencias previstas en el artículo 90 del Código Procesal del Trabajo, las cuales no constituyen un culto a la formalidad, en tanto son parte esencial de un debido proceso preexistente y conocido por las partes, según los términos del artículo 29 de la Constitución Política.

Se puntualiza lo anterior, porque, como lo advirtió el replicante, el cargo no cumple con los requisitos básicos propios del recurso extraordinario, como pasa a explicarse.

Deficiencias técnicas del recurso de casación

La censura no estableció claramente la vía por medio de la cual se encausa el ataque a la sentencia del Tribunal, incumpliendo con una carga básica del casacionista, comoquiera que se limita a acusar la sentencia «[…] por aplicación indebida de la Ley […] como consecuencia de errores de hecho cometidos en la apreciación de las pruebas» (CSJ SL2491-2018).

Sobre el punto esta Corte en sentencias como la CSJ SL4238-2019 ha dicho:

Se recuerda que, al tener esta Corporación la obligación de evaluar las discrepancias que el casacionista tiene respecto del fallo de segundo grado, además de si estas se encuentran o no fundadas, la ley ha provisto de manera taxativa las vías de ataque y las modalidades en que el cargo debe ser presentado, a efectos de acusar la violación de las normas sustanciales en que incurrió el Tribunal, bien sea porque este forjó desacertadas conclusiones de orden jurídico o, por el contrario, debido a que cometió desatinos de carácter fáctico o probatorio.

Es cierto que, de la demostración del cargo, la Corte puede entender que la recurrente solicitó la aplicación del principio de la condición más beneficiosa para concederle la pensión de sobrevivientes. Sin embargo, la acusación se asemeja más a un alegato de instancia que a un escrito con el que se pretenda demostrar lógica y razonadamente las equivocaciones en que incurrió el fallo de segunda instancia, y por ese motivo no constituye una crítica sustentada contra la sentencia que se pretende impugnar.

Ahora bien, es posible interpretar que el ataque a la sentencia se hizo por la vía directa, en razón a que la discusión planteada es netamente jurídica, pues se solicitó el estudio de un principio del derecho laboral sin discutir los supuestos fácticos que se declararon como ciertos por el Tribunal.

En este caso, la recurrente habría escogido la vía idónea para presentar el recurso, como lo ha declarado en repetidas ocasiones esta Corporación (CSJ SL14059-2017, CSJ SL13779-2017, CSJ SL13777-2017, CSJ SL13885-2017, SL13907-2017 y SL13856-2017).

No obstante, como la impugnante le atribuyó al Tribunal diferentes «[…] errores de hecho cometidos en la apreciación de las pruebas […]», es evidente que no existe una congruencia entre la proposición jurídica y la demostración del cargo, lo cual es un error, pues esta Corporación ha insistido en la necesidad de coherencia entre la vía de ataque, la modalidad a través de la cual fue vulnerada la norma sustancial y los argumentos que dan sustento a la selección de la vía expresada.

De esta forma, si se considerara que la pretensión de la censura era acusar la sentencia por la senda indirecta, igualmente se estaría ante una deficiencia de orden técnico, pues no se cumple con las obligaciones que se le impone al impugnante en estos casos. Al respecto, la sentencia, CSJ SL4235-2019, entre otras, reiterada en la CSJ SL159-2019 dispuso:

Es importante reiterar que existen dos cargas ineludibles del recurrente en esta esfera casacional, que no fueron atendidas y que se han explicado con amplitud. La primera, es que no basta que señale que el Tribunal cometió un yerro, sino que debe argumentar y demostrar de acuerdo con las pruebas no apreciadas o mal apreciadas la incidencia de ese error, de acuerdo a lo establecido por el artículo 87 numeral 1º y artículo 90 numeral 5º literal b) del CPTSS. La segunda, relacionada con que se deben desvirtuar todos los soportes, fácticos, probatorios y jurídicos de la sentencia impugnada, pues con uno que se deje en firme, es suficiente para no quebrar la decisión de segundo grado, pues continuaría protegida por la doble presunción de acierto y legalidad.

Siguiendo lo anterior, es claro que cuando el cargo se orienta por la vía de los hechos es menester atacar todas las pruebas que soportan el fallo pretendido, pues las acusaciones parciales no se comprenderán como válidas. Así mismo, es necesario demostrar y singularizar la configuración del yerro fáctico señalado, junto con las razones que demuestran su existencia, carga que tampoco fue cumplida por la censura.

En definitiva, acogiendo una u otra opción, lo que se observa es una mixtura de vías, que representa una deficiencia técnica como lo ha establecido la jurisprudencia de esta Sala en la sentencia CJS SL1001-2019, que puntualizó:

Sin embargo, del cargo puede concluir una indebida combinación de las vías de ataque, pues en la sustentación del mismo, se acusa al Tribunal de arribar de manera errónea e injustificada a conclusiones de tipo fáctico y probatorio, las cuales sólo son posibles discutir bajo la vía indirecta y no por la directa.

A pesar de que los errores señalados serían suficientes para desvirtuar la acusación, esta Sala en un ejercicio de laxitud por tratarse de un derecho fundamental en discusión y dada la flexibilización que se viene acogiendo de la técnica de casación, estudiará el recurso presentado. Sin embargo, se anticipa que no se llegará a una conclusión diferente a la del Tribunal.

Caso objeto de estudio

Para la censura erró el Tribunal al declarar que a María Teresa Esquivel no le eran aplicables los artículos 6 y 25 del Acuerdo 049 de 1990 en virtud del principio de la condición más beneficiosa.

Se resalta que no existe controversia sobre los siguientes supuestos fácticos: i) que el causante falleció el 23 de mayo de 2008; ii) que este cotizó a Colpensiones 380 semanas, entre el 1 de mayo de 1975 y el 31 de octubre de 1997; iii) que la impugnante solicitó a la entidad el pago de la pensión de sobrevivientes; iv) que dicha solicitud fue negada por no haber cotizado el número de semanas requeridas para el pago de la prestación económica.

Conviene recordar que, por regla general, la norma que define los requisitos para acceder a la pensión de sobrevivientes es aquella que se encuentra vigente al momento del deceso del causante. En el caso objeto de estudio, dado que el fallecimiento se produjo el 23 de mayo de 2008, la disposición aplicable es el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, que exige haber cotizado 50 semanas dentro de los 3 años anteriores al fallecimiento como requisito para dejar causada la pensión de sobrevivientes.

El requisito señalado, para el tribunal, no se cumple por cuanto el causante no cotizó ninguna semana en los 3 años anteriores a su deceso, toda vez que su última cotización correspondió al 10 de octubre de 1997.

Ahora bien, esta Corporación ha establecido que en casos excepcionales es posible realizar un estudio de la causación del derecho en aplicación del principio de la condición más beneficiosa, definido como un «[…] puente de amparo o una zona de paso edificada temporalmente para que transiten, entre una legislación anterior y una nueva, aquellas personas que tienen una situación jurídica concreta, con el objetivo de que mientras estén en ese tránsito, construyan las cotizaciones que la normativa actual les demandaría» (CSJ SL2358-2017).

Dicho principio permite remitirse a la normatividad inmediatamente anterior a la vigente, para el momento del deceso del causante, siempre que se cumplan las condiciones establecidas en la sentencia CSJ SL4650-2017, en la que se estimó:

Entonces, algo debe quedar muy claro. Solo es posible que la Ley 797 de 2003 difiera sus efectos jurídicos hasta el 29 de enero de 2006, exclusivamente para las personas con una expectativa legítima. Con estribo en ello se garantiza y protege, de forma interina pero suficiente, la cobertura al sistema general de seguridad social frente a la contingencia de la muerte, bajo la égida de la condición más beneficiosa. Después de allí no sería viable su aplicación, pues este principio no puede convertirse en un obstáculo de cambio normativo y de adecuación de los preceptos a una realidad social y económica diferente, toda vez que es de la esencia del sistema el ser dinámico, jamás estático. Expresado en otro giro, durante dicho periodo (29 de enero de 2003 – 29 de enero de 2006), el artículo 46 de la Ley 100 de 1993 continúa produciendo sus efectos con venero en el principio de la condición más beneficiosa para las personas con expectativa legítima, ulterior a ese día opera, en estrictez, el relevo normativo y cesan los efectos de este postulado constitucional.

[…]

No es admisible aducir, como parámetro para la aplicación de la condición más beneficiosa, cualquier norma legal que haya regulado el asunto en algún momento pretérito en que se ha desarrollado la vinculación de la persona con el sistema de la seguridad social, sino la norma inmediatamente anterior a la vigente que ordinariamente regularía el caso. Es decir, el juez no puede desplegar un ejercicio histórico, a fin de encontrar alguna otra legislación, más allá de la que haya precedido –a su vez- a la norma anteriormente derogada por la que viene al caso, para darle una especie de efectos «plusultractivos», que resquebraja el valor de la seguridad jurídica (sentencia CSJ SL, del 9 de dic. 2008, rad. 32642).

Así las cosas, como en el caso objeto de estudio, el afiliado falleció el 23 de mayo de 2008, no sería posible aplicar la condición más beneficiosa, pues su deceso no ocurrió dentro de la denominada «zona de paso» que permitiría estudiar esta excepción jurisprudencial, esto es, entre 29 de enero de 2003 – 29 de enero de 2006.

De lo anterior, es posible vislumbrar que no hubo error del Tribunal, al no conceder la pensión de sobrevivientes

En consecuencia, el cargo no prospera.

Las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo de los recurrentes, pues su recurso no salió avante y fue replicado. Se fijan como agencias en derecho la suma de cuatro millones doscientos cuarenta mil pesos ($4.240.000), valor que se incluirá en la liquidación que haga el juez de primera instancia, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el primero (1º) de junio de dos mil quince (2015) por la Tercera de Decisión Laboral del Distrito Judicial de Barranquilla, dentro del proceso ordinario laboral promovido por MARÍA TERESA ESQUIVEL ÁLVAREZ, iniciado contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES.

Costas como se dispuso en la parte motiva.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA

OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA

GIOVANNI FRANCISCO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ

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