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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Sentencia SL911-2019

Fecha
12 de marzo de 2019
Magistrado ponente
Omar de Jesus Restrepo Ochoa
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SL911-2019

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Parte resolutiva

DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, el doce (12) de abril de dos mil doce (2012), en el proceso que instauró JAIRO JAVIER FERNÁNDEZ SABOGAL, contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, ISS, hoy ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES, COLPENSIONES. Costas, como se indicó en los considerandos.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral

Sentencia SL911-2019

Magistrado ponente: Omar de Jesus Restrepo Ochoa

12 de marzo de 2019

OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA

Magistrado ponente

SL911-2019

Radicación n.° 57908

Acta 008

Bogotá, D. C., doce (12) de marzo de dos mil diecinueve (2019).

Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por JAIRO JAVIER FERNÁNDEZ SABOGAL, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, el 12 de abril de 2012, en el proceso que instauró contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, ISS, hoy ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES, COLPENSIONES.

ANTECEDENTES

Jairo Javier Fernández Sabogal llamó a juicio al ISS, con el fin de obtener el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez; los intereses moratorios y las costas procesales.

Fundamentó sus peticiones, en que nació el 29 de marzo de 1961; que en abril de 1989, a la edad de 28 años, sufrió un accidente que lo dejó parapléjico; que laboró para «PAPELERÍA PERNAL LTDA., MANUFACTURA DE VINILO, GRANCOL DE SEGURIDAD VALLE, ATEMPI DEL VALLE LTDA., ASEO Y MANT ATEMPI LTDA., INVERSIONES ANAMARÍA LTDA., KLONIS HOTELES LTDA., SESGOS IDEAL, AGROINDUSTRIAS EL GALLO Y SERVIPER», aproximadamente 9 años, desde abril de 1980, hasta abril de 1989, quienes lo habían afiliado al régimen de pensiones del ISS.

Señaló, que después de quedar inválido, se afilió al Consorcio Prosperar, régimen subsidiado, el 1 de agosto de 1996, en el cual cotizó para pensiones 587,14 semanas, hasta el 30 de octubre de 2007.

Expuso, que como se sentía muy enfermo, el 4 de junio de 2007, acudió a la Junta de Calificación de Invalidez y obtuvo como resultado el 66.8% de pérdida de capacidad laboral, con fecha de estructuración el 20 de agosto de 1990; que posteriormente, el médico tratante le diagnosticó escoliosis; que este deterioro de la salud le impidió seguir cotizando, por lo cual presentó solicitud de pensión de invalidez ante el ISS, el 15 de agosto de 2007, la cual le fue negada mediante la Resolución n.° 05833 del 14 de abril de 2008, por cuanto de conformidad con el artículo 6 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, solo contaba con 132 semanas de cotización en los últimos 6 años anteriores a la estructuración de la invalidez, aclarando que las semanas cotizadas con posterioridad no podían tenerse en cuenta para efectos de la prestación solicitada. Contra el referido acto administrativo intentó la revocatoria directa, la cual le fue resuelta desfavorablemente por Resolución n.° 05833 de 2008.

Admitió, que como estaba pasando una calamidad doméstica, decidió recibir la indemnización sustitutiva de la pensión de invalidez, por valor de $287.175, para cuyo cómputo no incluyeron las 587 semanas cotizadas a través de Prosperar.

Adujo, que los casi 9 años al servicio de las empresas mencionadas, le representarían 187.85 semanas de cotización, de no ser porque Aseo y Mant. Atempi Ltda., Atempi del Valle Ltda., Sesgos Ideal, Agroindustrias El Gallo y Serviper, no pagaron los periodos de cotización completos, es decir acordes con el tiempo laborado, tal como se evidenciaba en la historia laboral del ISS.

Al dar respuesta a la demanda, la parte accionada se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, aceptó la fecha de nacimiento del actor, dijo que no podían tenerse en cuenta las semanas con Prosperar, porque eran posteriores a la estructuración del estado de invalidez; admitió el dictamen de pérdida de capacidad laboral; expresó, que no era cierto que existiesen faltantes en las semanas de cotización, pues se había verificado con una nueva historia laboral, además, que el demandante no aportó la tarjeta de comprobación de derechos, con avisos de entrada y los números patronales. Adicionalmente, defendió las argumentaciones expuestas en los actos administrativos.

En su defensa propuso las excepciones de inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido y prescripción.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Veintinueve Laboral Adjunto del Circuito de Cali, mediante fallo del 30 de noviembre de 2011, resolvió:

PRIMERO: DECLARAR NO PROBADAS las excepciones formuladas por el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES al contestar la demanda, salvo la de PRESCRIPCIÓN, la cual se DECLARA PROBADA, sobre las mesadas causadas entre el 20 de agosto de 1990 y el 14 de agosto de 2004, por lo expuesto en la parte motiva.

SEGUNDO: CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES SECCIONAL VALLE DEL CAUCA […], a reconocer a favor del señor JAIRO JAVIER FERNÁNDEZ SABOGAL […], la pensión de invalidez a partir del 20 de agosto de 2000, en cuantía del salario mínimo legal mensual vigente.

TERCERO: CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES SECCIONAL VALLE DEL CAUCA […] a reconocer a favor del señor JAIRO JAVIER FERNÁNDEZ SABOGAL […], la suma de CUARENTA Y SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS ($46.148.600) M/CTE, por concepto de retroactivo pensional causado entre el 15 de agosto de 2004 y el 30 de noviembre de 2011, incluidas las mesadas adicionales y los reajustes anuales de ley, debiendo continuar pagando para el año 2011, la suma de QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS ($535.600) M/CTE por concepto de mesada pensional y en adelante la mesada mínima, sin perjuicio de los reajustes anuales de ley ordenados por el Gobierno Nacional.

CUARTO: CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES SECCIONAL VALLE DEL CAUCA […] a reconocer a favor del señor JAIRO JAVIER FERNÁNDEZ SABOGAL […], los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, causados a partir del 15 de agosto de 2004, sobre las mesadas aquí ordenadas los cuales deberá liquidar con aplicación de la tasa máxima vigente a la fecha en que se haga efectivo el pago.

[…]

SEXTO: SE AUTORIZA al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, a descontar al demandante de las condenas impuestas la suma reconocida por concepto de indemnización sustitutiva de la pensión, sólo en el caso en que la misma haya sido efectivamente cobrada por el afiliado.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Por apelación de la demandada, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, mediante sentencia del 12 de abril de 2012, revocó la decisión y, en su lugar, absolvió al ISS.

En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal consideró que el problema planteado le llevaba a determinar si el señor Fernández Sabogal tenía el derecho a la pensión de invalidez, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, artículos 4 y 5, por aplicación del principio de progresividad y con fundamento en la sentencia CC T-163-2011.

Dijo que no eran objeto de discusión los siguientes supuestos fácticos: i) que a folios 338 y 339, el ISS determinó que el demandante perdió el 66.8% de capacidad laboral, con fecha de estructuración el 20 de agosto de 1990; ii) que las normas aplicables eran las contenidas en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año; iii) que de conformidad con la historia laboral vista a folios 129 a 132 y 192 a 194, el demandante cotizó al ISS, entre el 10 de abril de 1980 y el 17 de abril de 1989, un total de 186 semanas y, que dentro de los 6 años anteriores sus cotizaciones sumaban 132 semanas; y iv) que el actor sufrió un accidente que lo dejó «inválido parapléjico» el 20 de agosto de 1990.

Refirió, que el a quo se equivocó al apoyar su decisión en la sentencia CC T-163-2011, porque en ella se señaló que «[…] el principio de progresividad se aplica para aquellas personas que padecen enfermedades crónicas, degenerativas o congénitas, en donde la pérdida de capacidad laboral es paulatina»; que en ese caso de la citada sentencia de tutela, el accionante padecía «[…] diabetes mellitas e insuficiencia renal crónica terminal […] y continuó cotizando al Sistema hasta la fecha del dictamen que le calificó la pérdida de capacidad laboral».

Insistió, que en el sub lite no se trataba de una enfermedad sino de un accidente, que le impidió al actor seguir cotizando como independiente, pues carecía de recursos económicos y se tuvo que afiliar al régimen subsidiado. En suma, argumentó que el caso sometido a su examen estaba regulado por los artículos 4 y 5 del Acuerdo 049 de 1990 (los cuales transcribió), aprobado por el Decreto 758 del mismo año, debido a la fecha de estructuración del estado de invalidez, y que no había elementos de juicio que permitieran concluir que el riesgo acaecido al actor fuera crónico, degenerativo o congénito; que de acuerdo con lo probado no se logró demostrar el requisito consistente en acreditar 150 semanas de cotización dentro de los 6 años anteriores a la invalidez.

RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Pretende el recurrente que la Corte case la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, «[…] revoque la sentencia de segundo grado, en la cual se absuelve a la entidad demandada, para en su lugar se confirme la sentencia de primer grado, donde se condena al Instituto de Seguros Sociales, al reconocimiento y pago de la pensión de invalidez».

Con tal propósito formuló dos cargos, por la causal primera de casación, que fueron replicados por Colpensiones y se resolverán conjuntamente, dada su afinidad argumentativa.

CARGO PRIMERO

Acusó la sentencia de violar la ley sustancial:

[…] por aplicación indebida del Art. 61 del Código de Procedimiento Laboral […] infracción proveniente de error de hecho que incurre el operador judicial de segunda instancia por indebida apreciación de la prueba certificación de la Junta Regional de Invalidez que obra a folio 32, evidentemente revisando la sentencia acusada se notan (sic) de manera clara como el Tribunal Superior de Cali yerro y violo (sic) de contera el Art. 61 del Código de Procedimiento Laboral, al manifestar que: ‘en la certificación de la Junta regional de Invalidez que obra a folio 32 no aparece la fecha de estructuración de invalidez como tampoco el diagnóstico’ lo que condujo a hacer una errada comparación entre los riesgos acaecidos en el referido en la sentencia T-163 del 11 de marzo de 2011 y el actor para concluir que el riesgo sufrido por el actor (sic) era un accidente y no una enfermedad crónica o degenerativa lo cual no daba lugar a aplicarse el principio de progresividad y que por lo tanto el ad quo (sic) se había equivocada al resolver el caso con fundamento en la sentencia T-163 del 11 de marzo de 2011.

En la demostración del cargo, expuso que el error del ad quem radicó en no haber apreciado en debida forma que en el dictamen de la Junta Regional de Invalidez se le diagnosticó un «TRAUMA RAQUIMEDULAR»; que hubo una segunda calificación, que obra a folio 32, realizada el 8 de noviembre de 2008, donde se le aumentó el porcentaje de la pérdida de capacidad laboral al 77%, que el Tribunal no tuvo en cuenta; que de ella se desprendía que la paraplejia, con el transcurrir del tiempo deterioró su estado de salud y le generó otras patologías como la escoliosis, escaras y problemas renales.

CARGO SEGUNDO

Acusó la sentencia de violar la ley sustancial, por la vía directa, en la modalidad de interpretación errónea de los artículos 48 de la CN, que condujo a la aplicación indebida del artículo 6 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, e infracción directa de los artículos 13, 47 y 366 de la CN.

En la demostración, dijo que el Tribunal se sustrajo de aplicar, a través del principio de progresividad, las normas que más le favorecían como persona en condición de discapacidad; que no aplicar ese principio a los casos regulados por el Decreto 758 (sic) y solo aplicarlo a los regulados por la Ley 860 de 2003, «[…] vulneraba el artículo 13 de la CN […]. Al calificarse el 4 de junio de 2007 se estableció la fecha de estructuración de manera retroactiva 17 años atrás (20 de agosto de 1990) pero él había cotizado hasta la fecha en que se calificó (4 de junio de 2007)».

Puntualizó que:

[…] si el Tribunal hubiera dado aplicación al principio de progresividad art. 48 de la CN (norma que violó) como consecuencia lógica inaplica para el caso la normatividad legal vigente para la fecha de estructuración de invalidez (art. 5 y 6 del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de 1990) para poder aplicar el régimen anterior que le resulte más favorable (art. 5 y 6 del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de 1990) pero tomando como fecha de pérdida de capacidad laboral de manera definitiva, la fecha en que se hace calificar 04 de junio de 2007 y toma en cuenta las semanas cotizas (sic) entre el 20 de agosto de 1990 (fecha que el fondo determinó como estructuración de invalidez) y la fecha en que se hizo calificar la PCL es decir 4 de junio de 2007 la consecuencia no sería (otra) que reconocerle el derecho a la pensión de invalidez al cumplir con las 300 semanas cotizadas anteriores a la fecha de la primera calificación (4 de junio de 2007).

RÉPLICA

Destacó graves e insuperables fallas de técnica en el recurso extraordinario, que impedían un pronunciamiento de fondo: en el primer cargo la proposición jurídica carecía de alguna norma sustancial de carácter nacional y debió formularse como violación de medio; en el segundo, la situación fáctica del actor no encajaba dentro de la descripción típica del artículo 6° del Acuerdo 049 de 1990, y no podía aceptarse la tesis de computar semanas sufragadas con posterioridad a la ocurrencia del siniestro asegurado.

CONSIDERACIONES

Es cierto que la redacción del alcance de la impugnación no es la más afortunada, al solicitar que una vez casado el fallo de segundo grado, se revoque, cuando quebrar el fallo implica que desaparece del mundo jurídico, razón por la cual no puede ser revocado; sin embargo, esas impropiedades pueden subsanarse, toda vez que del contexto de la pretensión se deduce que con el recurso se aspira a la casación del fallo del Tribunal y que en sede de instancia se confirme la decisión del a quo.

La Corte ha señalado en forma reiterada que la demanda de casación debe ajustarse a los requisitos establecidos en las normas procesales que la regulan, a efectos de que se pueda estudiar de fondo. Justamente, el cargo primero adolece de la exigencia prevista en el artículo 90 del CPTSS, en concordancia con el 51 del Decreto 2651 de 1991 (derogado por el CGP, art. 626, pero acogido por la jurisprudencia), consistente en que el recurrente en el cargo no menciona ni relaciona la norma sustantiva o sustancial que, a su juicio, quebrantó el fallo del Tribunal y que fue base esencial del mismo o que ha debido serlo.

Se afirma lo anterior, porque el censor en la formulación del cargo, únicamente mencionó el artículo 61 del CPTSS, el cual no es de carácter sustancial, en tanto no crea, modifica o extingue relaciones jurídicas. Sobre el tema, valga memorar que las normas adjetivas o instrumentales no son suficientes por sí solas para cumplir con el requisito de la proposición jurídica, a menos que se denuncien como violación medio de normas sustanciales, exigencia que no se cumple, pues no se incluyeron en el cargo preceptos sustantivos que consagren los derechos laborales reclamados por el demandante.

Aunque el primer embate no mencionó cuál era la vía escogida, si la directa o la indirecta, lo cierto es que enfatizó errores de hecho «[…] por indebida apreciación de la prueba certificación de la Junta Regional de Invalidez que obra a folio 32». Al respecto, es menester indicar que el Tribunal valoró y fijó el alcance de esta prueba; pero de todos modos tampoco sería apta para desarrollar un cargo en casación, como lo reiteró la Corporación en sentencia CSJ SL9184-2016, que replicó lo dicho en la CSJ SL 39863, 23 mar. 2011, en los siguientes términos:

[…]

En ese orden, es palmar que para dilucidar el punto medular del problema jurídico sometido a su decisión, el Tribunal valoró los dictámenes emitidos por el Instituto convocado a juicio, y por la Junta de Calificación de Invalidez, medios de prueba que, en los términos del artículo 7o de la Ley 16 de 1969, no son aptos para fundar un error de hecho en casación laboral, a no ser que se demuestre la comisión de un yerro de igual talante, sobre un documento auténtico, una confesión judicial, o una inspección ocular, que son las pruebas calificadas en esta sede.

En el segundo cargo, se acusó por la vía directa, la interpretación errónea del artículo 48 de la CN, que condujo a la aplicación indebida del artículo 6 del Acuerdo ISS 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año. Esta formulación merece las siguientes reflexiones:

El artículo 48 de la Carta Política de 1991, expresa:

La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la Ley.

Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la Seguridad Social.

El Estado, con la participación de los particulares, ampliará progresivamente la cobertura de la Seguridad Social que comprenderá la prestación de los servicios en la forma que determine la Ley.

[…]

INC.—Adicionado. A.L. 1/2005, art. 1º. Para adquirir el derecho a la pensión será necesario cumplir con la edad, el tiempo de servicio, las semanas de cotización o el capital necesario, así como las demás condiciones que señala la ley, sin perjuicio de lo dispuesto para las pensiones de invalidez y sobrevivencia. Los requisitos y beneficios para adquirir el derecho a una pensión de invalidez o de sobrevivencia serán los establecidos por las leyes del sistema general de pensiones.

En esta dirección, puede admitirse que el artículo 48 de la Carta Política se acuse como una norma de carácter sustancial, en la medida que se conecta con el derecho fundamental a la seguridad social en pensiones. A propósito, la Sala en sentencias CSJ SL16794-2015 y CSJ SL3210-2016, sostuvo:

[…] la fuerza normativa de los principios en la legislación laboral y de la seguridad social, se ve reflejada en la función tridimensional que cumplen. Por una parte, son bases estructurales y de ordenación, en tanto orientan, informan y articulan las reglas y, en tal medida, procuran por la coherencia interna de sus disposiciones. De otra parte, cumplen un rol interpretativo e integrador, pues actúan como directrices en el proceso de interpretación y aplicación de las reglas, y en los eventos de insuficiencia normativa, se emplean como fuente integradora del derecho para resolver los casos difíciles o no regulados.

Por ello, para dar cuenta de forma completa de las instituciones del derecho del trabajo, del alcance de algunas de sus reglas o de la solución más acertada, es factible que en la demanda de casación se haga alusión a los principios, para inclusive, derivar de su interpretación verdaderos derechos subjetivos de las partes y reglas materiales con vocación de solucionar directamente los casos.

En igual órbita, el Decreto 758 de 1990, «Por el cual se aprueba el Acuerdo número 049 de febrero 1 de 1990 emanado del Consejo Nacional de Seguros Sociales Obligatorios», también se concibe como una norma sustancial de carácter nacional, en tanto fue dictado, «[…] en ejercicio de la facultad conferida en el Decreto - ley 1650 de 1977, artículo 43, último inciso». Ya la Corporación, tiene este entendimiento, verbi gracia, en sentencia CSJ SL10029-2014, donde expuso:

No le asiste razón a la oposición en cuanto afirma que las disposiciones contenidas en los Acuerdos del Consejo Nacional de Seguros Obligatorios «y sus decretos reglamentarios» no tienen el carácter de normas jurídicas de alcance nacional pues, precisamente, tales Acuerdos han sido aprobados (no reglamentados) mediante Decretos expedidos por el Gobierno Nacional con el fin de que se conviertan en normas jurídicas de alcance nacional, cuya violación es la que legitima la procedencia del recurso extraordinario, por la causal primera de casación y sobre las cuales la Corte tiene la misión de unificar la jurisprudencia nacional. En estas condiciones, no es de recibo el reparo que en este aspecto se le hace al cargo.

Debe aclararse, en este punto, que los decretos 2879 de 1985; 3041 de 1966; 3063 de 1989; y 758 de 1990, mencionados en la proposición jurídica del ataque no son reglamentarios de los Acuerdos del ISS, como lo afirma la oposición, sino que son aprobatorios de éstos por lo que tales Acuerdos, una vez son aprobados por el ejecutivo mediante Decreto, adquieren el carácter de normas jurídicas de alcance nacional.

No obstante, emerge una falencia insubsanable en el segundo ataque, evidenciada en que a pesar de enfocarse por la vía directa o de puro derecho, que exige al recurrente en casación la plena conformidad con los presupuestos fácticos de la sentencia de segundo grado; lo cierto es que en su fundamentación trae reproches de naturaleza fáctica, propios de la vía indirecta, que remiten necesariamente al análisis de las pruebas arrimadas al juicio, tales como los dictámenes emanados de la Junta de Calificación de Invalidez, que como se indicó en precedencia, no constituyen prueba apta para fundar un cargo en sede extraordinaria.

Al margen de las falencias reseñadas en la demanda de casación, la flexibilidad asumida por la Corte en asuntos similares, donde se enfrenta la reclamación de un derecho protegido constitucionalmente, como lo es el derecho fundamental a la seguridad social en pensiones (art. 48 CN), llevan a que se acometa el estudio de fondo.

En la sentencia CSJ SL2358-2017, se condensa la hermenéutica vigente de la Sala en los temas relacionados con la vigencia de la ley en el tiempo, los derechos adquiridos, las expectativas legítimas o meras expectativas, y los principios de progresividad y de condición más beneficiosa o favorable, cuya aplicación pide el recurrente. En dicho pronunciamiento se adoctrinó:

[…]

1. Los efectos de la ley en el tiempo

1.1 Irretroactividad

La irretroactividad de la ley - salvo en materia penal-, es un principio universal, que en asuntos del trabajo y de la seguridad social tiene su fuente en el artículo 16 del Código Sustantivo del Trabajo, según el cual las normas sobre trabajo, por ser de orden público, tienen efecto general inmediato y no retroactivo en cuanto no pueden afectar situaciones definidas o consumadas con arreglo a leyes anteriores (sentencia CSJ SL4105-2016 del 2 de mar. 2016, rad. 52908). Lo anterior por razones de seguridad y estabilidad jurídica.

En los eventos de la pensión de invalidez, la nueva ley no puede afectar la prestación cuando se estructuró en vigencia de una normatividad anterior, es decir, cuando el afiliado se invalidó, en vigencia plena de la norma derogada, y dejó las cotizaciones mínimas que esta exigía.

1.2 Retrospectividad

La aplicación de la nueva ley a situaciones que están en curso o que no han quedado definidas conforme a leyes anteriores, es lo que se conoce como la retrospectividad de la ley, derrotero que también marca el citado precepto- 16 CST- (ibídem).

La nueva ley se aplica de manera inmediata a los casos de los afiliados que aún no se han invalidado y que se encuentran cotizando.

1.3 Ultractividad

Es conocida como «la posibilidad de subsistencia en el tiempo de los efectos de un precepto derogado en aquellos casos en que los derechos causados bajo su imperio sean reclamados posteriormente» (principio de supervivencia).

Se evidencia la ultractividad, entre otros eventos, cuando el legislador crea un régimen de transición para proteger a determinado grupo poblacional, con el fin de proteger sus expectativas (legítimas) frente al derecho extinguido o a sus condiciones de acceso.

2. Progresividad

Conforme al artículo 48 de la Constitución Política, en concordancia plena con las normas de derecho internacional ratificadas por nuestro país, en especial el Pacto de San José y el Protocolo de San Salvador, los sistemas de derechos sociales, económicos y culturales deben ser progresivos. Implica de manera general, dando aplicación al postulado de universalidad, que cuando se logra una determinada cobertura del servicio público, esta no puede ser disminuida posteriormente. En lo individual, los requisitos de acceso a las prestaciones otorgadas por el servicio público, en principio, no pueden ser agravados por la acción estatal, pues tales per se materializan el nivel de protección social alcanzado. Toda imposición de requisitos más exigentes para el acceso a las prestaciones es sospechosa de regresividad y, por tanto, pero sólo en principio, inconstitucional. No es que los sistemas de derechos sociales y económicos no puedan ser regresivos en un momento determinado, lo pueden ser; pero para que el Estado pueda contrariar el postulado de progresividad debe fundamentar su decisión en poderosas razones derivadas de cambios sociales o económicos que amenacen la viabilidad del sistema de derechos.

A la luz del principio de progresividad se entiende que una reforma beneficia a la generalidad de la población, tanto a nivel de cobertura como de protección individual, la aplicación de principios que permitan la aplicación retroactiva de la ley, se justifica en razones de favorabilidad, dada la presunción de progresividad, lo que en términos más simples, implica no expulsar a quienes, dada su situación concreta, ya están siendo protegidos.

Si en virtud de la urgencia de dar regresividad al sistema de derechos, se genera la medida regresiva y se justifica su real necesidad, aparece diamantino que la norma busca reducir la cobertura del servicio. Así, estas disposiciones son de aplicación inmediata y no se admite en forma alguna la posibilidad de aplicación ultractiva de los preceptos derogados más favorables, a través de principios. Se itera, la norma regresiva, para que sea constitucionalmente admisible, debe estar debidamente sustentada.

Ello, entre otras razones, justifica la aplicación del principio de la condición más beneficiosa para las pensiones de invalidez y de sobrevivientes en el tránsito legislativo a la Ley 100 de 1993, respecto de la normativa vigente inmediatamente anterior. En efecto, aparece que exigir un requisito de 26 semanas de cotización para el acceso a las prestaciones es más favorable para la mayoría de la población protegida; sin embargo, algunos que tenían una situación concreta con anterioridad podían verse desfavorecidos por la norma vigente: el principio emerge para brindar equidad natural al sistema y proteger al que ya se encontraba en el campo de protección de la seguridad social dada su situación concreta.

La Ley 797 de 2003 al ser sometida a escrutinio constitucional no fue tenida como regresiva al incrementar el requisito de semanas de cotización para el acceso a la pensión de invalidez y de sobrevivientes. Por tanto, opera la presunción general de que se trata de una norma progresiva y, como resultado, permite la aplicación de principios.

Finalmente, debe tenerse en cuenta que la aplicación de principios producto de los cambios normativos, en caso alguno pueden ser in eternum, pues existe un deber general, dada la obligatoriedad para el ciudadano de pertenecer al sistema, de cumplir con los programas de cotización establecidos en la ley vigente. Por tanto, trae como consecuencia que, en caso alguno, los postulados aplicables por un tránsito normativo tengan vocación de permanencia vitalicia, pues haría inane el cambio normativo.

3. Sobre los derechos adquiridos, expectivas de derecho o legítimas y meras expectativas

3.1. Derechos adquiridos

Se entiende que hay un derecho adquirido cuando una persona ha satisfecho la totalidad de los requisitos que establece la ley, es decir, es aquél que ha entrado en el patrimonio de aquella.

En el caso de la pensión de invalidez hablamos de derecho adquirido cuando se verifica, en el caso de un afiliado, la pérdida de la capacidad laboral igual o superior al 50% y las semanas mínimas de cotización, previas a la invalidez, exigidas como requisito de acceso a la prestación en el sistema general de seguridad social en pensiones.

3.2. Expectativas legítimas

Esta Sala en fallo CSJ SL del 18 de agos. 1999, rad. 11818, explicó que la expectativa de derecho comprende los derechos condicionales y los eventuales, que por su especial naturaleza confieren al futuro titular (de cumplirse la condición suspensiva, en los primeros, o completarse los elementos faltantes, en los segundos) posibilidades jurídicas de administración, conservación y disposición (artículos 575, 1215 y 1547 a 1549 del Código Civil).

Aclaró que, en tratándose de pensiones, integrados los requisitos necesarios para la consolidación del derecho en cabeza de su titular, nace la obligación de pagar la mesada que la ley impone, conforme a los parámetros en ella señalados, y el derecho correlativo de quien adquiere la prestación. Antes no, porque mientras el derecho eventual se perfeccionaba hay apenas una expectativa de derecho, o mejor, un derecho en perspectiva, esto es, en vías de adquirirse; pero, nunca, un derecho adquirido.

Siguiendo este derrotero, y para el presente caso, habría expectativa legítima cuando el afiliado ha cotizado las semanas mínimas que exige la ley para cubrir la contingencia, pero aún no ha ocurrido la invalidez.

3.3 Meras expectativas

Las meras expectativas no constituyen derecho en contra de la ley nueva que las anule o cercene (artículo 17 de la ley 153 de 1887).

Con las meras expectativas, en verdad, no se tiene nada, ninguno de los requisitos legales.

4. Sobre la norma aplicable en los eventos del reconocimiento de las pensiones de invalidez

Esta Corte de vieja data ha sostenido que la primera investigación, que debe hacer el juez al dictar el acto jurisdiccional, consiste en la selección de la norma aplicable, o sea determinar, la existencia y validez de esta. Será necesario entonces que considere los problemas de la ley en el tiempo y en el espacio, precisando los límites personales, temporales y espaciales de la disposición jurídica.

En ese horizonte, es criterio reiterado de esta Corporación que la regla general es la de que la contingencia está cobijada por la norma de seguridad social de la prestación pensional correspondiente vigente al momento de su ocurrencia, esto es, para la pensión de invalidez, la que está en vigor a la calenda de la invalidez del afiliado. Es claro que, además de ampararse el instituto jurídico del derecho adquirido, esta premisa respeta tanto el amplio margen de configuración que tiene sobre el sistema el Congreso de la República como las razones de necesidad, oportunidad y equidad que motivan la necesidad de un cambio legislativo. (Subrayas intencionales)

Para atenuar de alguna manera los efectos de un cambio abrupto en las reglas de juego, dada una reforma legal, se estila en las leyes sociales implementar regímenes de transición. Dado que los cambios legislativos en materia de derecho social, que obedecen a la necesidad de ajustar los parámetros de acceso y en algunas ocasiones de revaluar el alcance de los elementos esenciales del derecho en respuesta a los cambios económicos, sociales y aún culturales, establecen requisitos más exigentes de acceso a las prestaciones, la justificación de establecer un régimen de transición aparece lógico para lograr un tránsito armónico y pacífico que minimice las consecuencias que pudieran resultar tanto en la población que tenía una expectativa legítima, frente al acceso al derecho, como en el proveedor del derecho, en éste caso el Estado, por ejemplo en su necesidad de hacer sostenible financiera y económicamente el sistema de derechos prestacionales.

No obstante, lo anterior, en algunas ocasiones escapan al legislador ciertas consecuencias indeseables, por injustas e inequitativas, derivadas del tránsito legislativo, que ameritan, tanto desde el punto de vista constitucional como legal, la aplicación de los principios con venero en el orden jurídico, como el de la condición más beneficiosa, para resolver el problema social que se ocasiona por la implementación del nuevo ordenamiento.

Hechas las anteriores precisiones la Sala procede a estudiar el principio de la condición más beneficiosa.

B. En torno a los elementos característicos del principio de la condición más beneficiosa

Esta Corporación ha estimado que el postulado de la condición más beneficiosa tiene las siguientes características:

Es una excepción al principio de la retrospectividad.

Opera en la sucesión o tránsito legislativo.

Procede cuando se predica la aplicación de la normatividad inmediatamente anterior a la vigente al momento del siniestro.

Entra en vigor solamente a falta de un régimen de transición, porque de existir tal régimen no habría controversia alguna originada por el cambio normativo, dado el mantenimiento de la ley antigua, total o parcialmente, y su coexistencia en el tiempo con la nueva.

Entra en juego, no para proteger a quienes tienen una mera o simple expectativa, pues para ellos la nueva ley puede modificarles el régimen pensional, sino a un grupo de personas, que si bien no tienen un derecho adquirido, se ubican en una posición intermedia –expectativas legítimas- habida cuenta que poseen una situación jurídica y fáctica concreta, verbigracia, haber cumplido en su integridad la densidad de semanas necesarias que consagraba le ley derogada.

Respeta la confianza legítima de los destinatarios de la norma.

Expliquemos cada uno de ellos:

1. Excepción a la retrospectividad de la ley

La condición más beneficiosa, a no dudarlo, se entiende como un mecanismo que permite atenuar la rigurosidad del principio de la aplicación general e inmediata de la ley, pues permite que la disposición derogada permanezca vigente en presencia de una situación concreta, materializada en una expectativa legítima conforme a la ley anterior.

Opera en sucesión o tránsito legislativo

La pregunta relevante es ¿qué se entiende por tránsito legislativo? El tránsito legislativo es un momento único, que se da, en forma simple cuando se sanciona y promulga una nueva ley.

Los efectos del tránsito legislativo, como ya se dijo, por regla general son inmediatos. Existen, desde luego, excepciones, como la que rigen para los impuestos anuales, caso en el cual las normas tributarias, por ejemplo sobre impuesto de renta, rigen a partir del siguiente año fiscal; o las que protegen derechos adquiridos que no se pueden violar en virtud del artículo 58 de la Constitución Política. (Aunque puede obrar la expropiación).

En el caso de derechos sociales, el tránsito legislativo lleva a prever en la norma reformatoria, la protección a los derechos adquiridos y, en algunas ocasiones, regímenes de transición; en otras no: por ejemplo, la Ley 797 de 2003 que reformó la manera de determinar el monto y cuantía de la pensión de vejez para los afiliados al régimen de prima media no estableció régimen de transición alguno para salvaguardar estos aspectos.

Los derechos adquiridos y los regímenes de transición, plenos o parciales, otorgan protección temporal, total o parcial a los ciudadanos. En materia del derecho adquirido el amparo es vitalicio o pleno; en el caso de los regímenes de transición es temporal, pero puede ser pleno o parcial. En el evento de la Ley 33 de 1985 la garantía fue plena para quienes tenían 20 años de servicios, pues se les aplica en su integridad el régimen anterior; mientras que en la Ley 100 de 1993 la protección es parcial porque, para construir el derecho a la pensión, solo se toman los parámetros de edad, tiempo de servicios o semanas de cotización y monto del régimen anterior.

Entonces, es el legislador el que define qué protección concede y el lapso por el cual la otorga. Si no fija consecuencias temporales mediante medidas de protección, debe estarse, en principio, a la aplicación inmediata de la ley.

Aplicación de la normatividad inmediatamente precedente

No es admisible aducir, como parámetro para la aplicación de la condición más beneficiosa, cualquier norma legal que haya regulado el asunto en algún momento pretérito en que se ha desarrollado la vinculación de la persona con el sistema de la seguridad social, sino la norma inmediatamente anterior a la vigente que ordinariamente regularía el caso. Es decir, el juez no puede desplegar un ejercicio histórico, a fin de encontrar alguna otra legislación, más allá de la que haya precedido –a su vez- a la norma anteriormente derogada por la que viene al caso, para darle una especie de efectos «plusultractivos», que resquebraja el valor de la seguridad jurídica (sentencia CSJ SL, del 9 de dic. 2008, rad. 32642).

A falta de régimen de transición

Los regímenes de transición, por regla general, sólo protegen expectativas legítimas, es decir, se centran en la protección de aquellos grupos de población cercanos al cumplimiento de los requisitos de acceso a la prestación.

En la misma dirección la Corte Constitucional en fallo C-663/07, recalcó que los regímenes de transición, a) recaen sobre expectativas legítimas de los asociados y no sobre derechos adquiridos; b) su fundamento es el de salvaguardar las aspiraciones de quienes están cerca de acceder a un derecho específico de conformidad con el régimen anterior; c) su propósito es el de evitar que la subrogación, derogación o modificación del régimen anterior, impacte excesivamente las aspiraciones válidas de los asociados, especialmente si existe la posibilidad de minimizar esa incidencia y de armonizar las expectativas ciudadanas y los cambios legislativos a través de un régimen de transición; y d) es constitucionalmente legítimo que se utilice la figura del régimen de transición para evitar que una decisión relacionada con expectativas pensionales legítimas bajo la vigencia de una ley, se vea desvirtuada completamente por una ley posterior, en desmedro de quienes aspiraban a que sus derechos pudieran llegar a consolidarse bajo el régimen previo.

Conviene precisar que, en relación con las pensiones de invalidez y sobrevivientes, no ha existido un régimen de transición en nuestra historia legal. Ello no ha sido óbice para que el operador jurídico busque principios de favorabilidad a través, por ejemplo, de la definición de derecho adquirido recayendo en la fecha de estructuración, buscando normas de acceso más favorables que las que rigen al momento de la declaratoria. (Subrayas fuera del texto).

La pregunta que surge es ¿por qué si han existido normas de protección para las pensiones de jubilación o vejez, a través de regímenes de transición, no han existido normas de protección para la invalidez y la muerte? Un principio de respuesta puede darse si se tiene en cuenta que la vejez, durante la vida laboral del individuo, es un hecho relativamente cierto mientras que, por ejemplo, la invalidez es relativamente incierto y poco probable. Dicho en otras palabras, el régimen de transición en las pensiones de vejez se da porque es viable considerar la mayor o menor aproximación a la edad y al total de cotizaciones exigidas bajo un régimen, para determinar el grupo de la población que eventualmente puede acceder a esa prestación (por el transcurso del tiempo – hecho determinable -, ya para completar cierta edad o para sumar un período de cotizaciones); mientras que en la de invalidez, por ejemplo, obedece a contingencias improbables de predecir y, por ende, no regulables por un régimen de transición (sentencia CSJ SL de 5 de jul. 2005, rad. 24.280).

De manera que, por regla general, en presencia de regímenes de transición, la condición más beneficiosa no puede aplicarse pues haría nugatorios todos los objetivos económicos y sociales que con una reforma pretenden lograrse y, desde el umbral, debe aplicarse en torno a normas de impacto mediato.

El destinatario posee una situación jurídica concreta- expectativa legítima-

En pensiones de siniestro, como las de invalidez y sobrevivientes, no es fácil establecer qué es una situación jurídica concreta. Empero, se ha entendido por la Jurisprudencia que la situación es concreta si se cumple en estos casos con la densidad de semanas de cotización, dentro del plazo estrictamente exigido por la normatividad aplicable

Así, por ejemplo en el régimen de los seguros sociales obligatorios, la situación es concreta si el afiliado cotizó 300 semanas antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993, dado que la norma exigía ese número de semanas de cotización en todo el tiempo. (Subrayas adicionales).

Con la vigencia de la Ley 100 de 1993, en parte puede existir una definición de situación concreta a estos efectos, dado que la norma precisa tal situación dependiendo de la cotización efectiva.

6. Respeto a la confianza legítima

El objeto primordial de la confianza legítima es amparar una «expectativa legítima», entendida ésta, se itera, como aquella situación jurídica o material concretada en favor de un particular. No se trata, como lo ha explicado la jurisprudencia de la Corte Constitucional de que el administrado tenga un derecho adquirido «sino que simplemente tiene una mera expectativa en que una determinada situación de hecho o regulación jurídica no serán modificadas intempestivamente, y en consecuencia su situación jurídica puede ser modificada por la Administración». (Sentencia CC del 28 abr. 2011, rad. T-308-2011).

También se ha entendido como la expectativa que la Corte ha generado en los justiciables, sobre la procedencia del principio de la condición más beneficiosa en caso de sucesión inmediata de normas que regulan las prestaciones pensionales de invalidez y sobrevivientes, y que le impone actuar con coherencia y congruencia en asuntos donde se debaten similares situaciones a las cobijadas por éste, sin menoscabo de su facultad de variar la postura asumida de encontrar tal necesidad conforme a nuevos criterios (sentencia CSJ STL9394-2015, del 15 de jul. 2015, rad. 40552).

[…]

En el sub examine, es claro que el estado de invalidez del recurrente se estructuró el 20 de agosto de 1990, fecha del accidente de origen común que le produjo una pérdida de capacidad laboral del 66.8%; que dentro de los 6 años anteriores, sus cotizaciones sumaban 132 semanas; igualmente es innegable, que la norma vigente en esa época era el artículo 6, literal b) del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, disposición que exigía: «Haber cotizado para el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, ciento cincuenta (150) semanas dentro de los seis (6) años anteriores a la fecha del estado de invalidez, o trescientas (300) semanas, en cualquier época, con anterioridad al estado de invalidez».

Estas conclusiones fácticas no admiten discusión en la forma como fueron propuestos los cargos; pero además, no atentan contra el alcance del principio de progresividad, ni se adecúan a los parámetros de la condición más beneficiosa o favorable, porque no se trata de la aplicación de una norma anterior al referido Acuerdo del ISS de 1990, bajo la cual estuviese consolidado el derecho del recurrente; sino que busca una especie de aplicación retrospectiva de la norma, por el hecho de haber realizado cotizaciones al sistema de pensiones a través del régimen subsidiado – Consorcio Prosperar-, a fin de extender la estructuración de su estado hasta el 4 de junio de 2007, fecha en que dejó de cotizar y fue calificado, en la cual ya reunía la segunda alternativa de la norma aplicable, es decir 300 semanas de cotización en cualquier tiempo.

La propuesta del censor no es factible, dado que el estado de invalidez quedó definido desde el 20 de agosto de 1990. Sobre el particular, en sentencia SL2032-2018, la Sala reseñó:

[…] el juez de apelaciones no estaba facultado para modificar la fecha de estructuración de la invalidez hallada por la Junta Nacional de Calificación, dado que ese tópico no fue materia de apelación, como tampoco estaba debidamente probado en el juicio que la consolidación de la pérdida de la capacidad laboral lo fuese en calenda diferente, de modo que evidentemente desbordó su competencia.

[…]

Además, el Tribunal se apartó de la fecha de estructuración con base en suposiciones carentes de respaldo probatorio, al presumir de manera genérica que la invalidez efectivamente se materializó el 31 de julio de 2010, por el solo hecho de efectuarse cotizaciones hasta ese momento, lo cual no resulta contundente de cara a desvirtuar el concepto científico emitido por la Junta Nacional de Calificación integrado por un grupo interdisciplinario de profesionales de diferentes áreas de la medicina. (Subrayas impuestas).

En ese contexto, no es posible hablar de un beneficio irrenunciable que avale la competencia funcional del Tribunal para pronunciarse sobre tal tópico, debido a la falta de medios de convicción que den certeza al origen del derecho […].

En consecuencia, los cargos no prosperan.

Las costas en el recurso extraordinario serán a cargo de la parte recurrente, por cuanto la acusación no tuvo éxito y hubo réplica. Se fijan como agencias en derecho la suma de cuatro millones de pesos ($4.000.000), que se incluirán en la liquidación que realice el juez de primera instancia con arreglo a lo dispuesto en el art. 366 del Código General del Proceso.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, el doce (12) de abril de dos mil doce (2012), en el proceso que instauró JAIRO JAVIER FERNÁNDEZ SABOGAL, contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, ISS, hoy ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES, COLPENSIONES.

Costas, como se indicó en los considerandos.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA

ACLARA VOTO

OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA

GIOVANNI FRANCISCO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ

SALVA VOTO

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