Ficha de la providencia
Sentencia SL944-2020
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
Ficha de la providencia
Sentencia SL944-2020
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral
Sentencia SL944-2020
Magistrado ponente: Donald Jose Dix Ponnefz
DONALD JOSÉ DIX PONNEFZ
Magistrado ponente
SL944-2020
Radicación n.° 67042
Acta 01
Bogotá, D. C., veintidós (22) enero de dos mil veinte 2020).
La Sala decide el recurso de casación interpuesto por MARÍA ZULMA SERNA ESTRADA contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, el 10 de marzo de 2014, dentro del proceso ordinario laboral que promovió contra LA NACIÓN – MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL hoy DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES hoy liquidado y la FIDUPREVISORA S.A.
Se reconoce a la abogada Elsa Victoria Alarcón Muñoz, como apoderada judicial de la Nación –Ministerio de Salud y Protección Social, en los términos y para los fines del poder otorgado (f.° 66 a 71 cuad. de la Corte), conforme a lo previsto en el artículo 75 del Código General de Proceso.
ANTECEDENTES
María Zulma Serna Estrada, llamó a juicio a las mencionadas entidades y a la FIDUAGRARIA S.A., para que se le reliquidara la pensión de jubilación reconocida mediante la Resolución n.° 001564 de 2009, en la forma ordenada en el artículo 98 de la convención colectiva de trabajo con inclusión de todos los factores salariales, sobre el 100% del promedio percibido en los últimos tres años de servicios; la reliquidación del retroactivo reconocido a noviembre de 2008; pago de la compensación por servicios prestados y de la bonificación por jubilación consagrada en las cláusulas 72 y 103; las diferencias causadas hasta la fecha efectiva de su pago; la indemnización moratoria o en subsidio la indexación sobre las sumas adeudadas; lo extra o ultra petita; y, las costas del proceso.
En respaldo de sus peticiones, señaló que se vinculó al Instituto de Seguros Sociales mediante contrato de trabajo desde el 2 de junio de 1998, en calidad de trabajadora oficial y posteriormente fue incorporada a la planta de personal de la ESE Rita Arango Álvarez del Pino en liquidación, sin solución de continuidad, por disposición del Decreto 1750 de 2003; que esta entidad sustituyó al ISS en «todos sus derechos y obligaciones laborales», por lo que deben respetarse los derechos adquiridos legales y extralegales; que era beneficiaria de la convención suscrita por el ISS y su sindicato entre el 1 de noviembre de 1999 y el 31 de diciembre de 2004, la cual se ha venido prorrogando y se encuentra vigente y que nunca renunció a sus beneficios extralegales.
Relató que la empresa social del Estado, le reconoció la pensión de jubilación desconociendo que laboró 20 años en el ISS y la ESE; que en el mencionado acto administrativo, se indicó que se promediaron los factores previstos en el artículo 98 convencional, durante el último año de servicios, esto es, entre «el 07-10-2007 y 06-10-2008», el cual arrojó una suma de $16.417.831 y promedio mensual de $1.368.152, sobre el cual aplicó el 75%, que dio como resultado el valor de $1.026.114; que el retroactivo hasta noviembre de 2008, ascendió a $1.847.005 pero no fue liquidado sobre la base del 100% como correspondía; que para el reconocimiento de la prestación debió hacerse en aplicación de la cláusula 98 extralegal en su integridad, sin acudir a dos regímenes; y que la última empleadora no le reconoció la compensación por servicios ni la bonificación por jubilación de los preceptos 72 y 103 convencional.
Finalmente señaló que la empresa social del Estado se extinguió el 2 de octubre de 2009; que celebró contrato de fiducia mercantil para la administración del patrimonio autónomo, integrado con los activos que transfirió a la FIDUPREVISORA S.A., y luego fue cedido al Ministerio de Protección Social.
El Instituto de Seguros Sociales, al contestar, se opuso al éxito de todas las pretensiones. En cuanto a los hechos, admitió el vínculo laboral mediante contrato de trabajo, su extremo inicial, la condición de trabajadora oficial, la existencia de la convención colectiva, con vigencia del 31 octubre de 2001 al mismo día y mes de 2004 por no haber sido denunciada, el reconocimiento de la pensión, en los términos consignados en la Resolución n.° 001564 de 4 diciembre de 2008, respecto a la cuantía, promedio y porcentaje de liquidación; el no pago de la compensación y bonificación por jubilación; así como la liquidación definitiva de la ESE, el 2 de octubre de 2009 y la asunción de las obligaciones por parte del Ministerio de Protección Social de las obligaciones laborales a cargo de aquella.
Propuso como excepciones, las de prescripción, falta de legitimación en la causa por pasiva; cobro de lo no debido y las que se pudieren declarar de oficio (f.° 82 a 88).
La Nación- Ministerio de Protección Social hoy de Salud y Protección Social, manifestó que se oponía a la prosperidad de todas las pretensiones de la demanda. Esgrimió en su defensa que por disposición del Decreto 1750 de 2003, se escindió el ISS y se crearon las empresas sociales del Estado de la que hizo parte la ESE Rita Arango Álvarez del Pino; que conforme al artículo 185 de la Ley 100 de 1993, estas tenían autonomía administrativa, técnica y financiera y conforme al 194 ibídem, constituían una categoría especial de entidad pública descentralizada, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa; que la Corte Constitucional en la sentencia C-314 de 2004, precisó que en lo relativo a los servidores de estas entidades, se limitaba a la regulación general de la Ley 10 de 1990, esto es, la calidad de empleados públicos y excepcionalmente trabajadores oficiales.
Agregó que la convención colectiva de trabajo no era aplicable en este caso, que no existió sustitución patronal, ya que de conformidad con el artículo 67 del CST, es figura propia del derecho privado, ajena entre entidades del Estado y entre la ESE y el ISS no se configuró tal sustitución, que ella no se presume y la misma debía demostrarse.
De los hechos, aceptó la liquidación y extinción de la entidad hospitalaria estatal, el 2 de octubre de 2009, la celebración del contrato de fiducia mercantil para la administración del patrimonio autónomo integrado con los activos transferidos por la ESE y manejo de los pagos y recursos por parte de la FIDUPREVISORA S.A. y que fue cedido posteriormente a ese ente ministerial; de los demás hechos, aludió que no le constaban.
Presentó las excepciones de «INEXISTENCIA DE LEGITIMIDAD EN LA CAUSA POR PASIVA»; «INEXISTENCIA DE LA FACULTAD Y CONSECUENTE DEBER JURÍDICO DE ESTE MINISTERIO PARA RECONOCER RELIQUIDACIÓN DE PENSIÓN DE JUBILACIÓN CONFORME A CONVENCIONES COLECTIVAS»; «INEXISTENCIA DE CAUSA PARA DEMANDAR»; «INEXISTENCIA DE LA SOLIDARIDAD ENTRE LAS DEMANDADAS»; «INEXISTENCIA DEL DEMANDADO»; y, la «INNOMINADA» (f.° 98 a 112).
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al contestar señaló que se oponía a las pretensiones de la demanda, para lo cual adujo que desconocía la vulneración de las normas convencionales y que cada uno de los contratos de trabajo eran de responsabilidad de la ESE Rita Arango Álvarez de Pino. Respecto a los hechos de la demanda, indicó que no le constaban.
Propuso las excepciones de fondo, de «INEXISTENCIA DE SOLIDARIDAD O SUSTITUCIÓN DE OBLIGACIONES ENTRE LA ESE RITA ARANGO ALVAREZ DEL PINO SUPRIMIDA Y LA NACION- MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO»; «PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN CONTRA EL MINISTERIO DE HACIENDA»; «INEXISTENCIA DE OBLIGACIÓN CUYO ACREEDOR SEA LA PARTE DEMANDANTE Y DEUDOR EL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO”; “COBRO DE LO NO DEBIDO»; y la «GENÉRICA» (f.° 113 a 134 y 167 a 188).
Mediante auto de 16 de octubre de 2012, el a quo aceptó el desistimiento de la demanda contra FIDUAGRARIA S.A. (f.° 205).
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
El Juzgado Primero Laboral Adjunto del Circuito de Manizales, dictó sentencia el 10 de mayo de 2013 (f.° 369 a 390), en la que resolvió:
[…]
SEGUNDO: DECLARAR NO PROBADAS las excepciones de COBRO DE LO NO DEBIDO, FALTA DE LEGITIMACION EN LA CAUSA POR PASIVA, INEXISTENCIA DE SOLIDARIDAD O SUSTITUCIÓN DE OBLIGACIONES ENTRE LA ESE RITA ALVAREZ DEL PINO SUPRIMIDA Y LA NACIÓN – MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, INEXISTENCIA DE OBLIGACIÓN CUYO ACREEDOR SEA LA PARTE DEMANDANTE Y DEUDOR EL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO y PRESCRIPCIÓN, interpuestas por EL ISS Y EL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO y PROBADA la excepción de fondo propuestas (sic) por el MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL denominadas (sic) FALTA DE LEGITIMIDAD EN LA CAUSA PASIVA, por lo indicado en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: CONDENAR a la FIDUPREVISORA S.A. y a la NACIÓN –MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO en calidad de responsables de los créditos adeudados por la ESE RITA ARANGO ÁLVAREZ DEL PINO –LIQUIDADA-, a reliquidarle y pagarle la pensión de jubilación a la señora MARIA ZULMA SERNA ESTRADA, en la forma indicada en el artículo 98 de la convención colectiva ya señalada en la parte considerativa. La diferencia obtenida entre la pensión que venía recibiendo y la que realmente debe percibir, deberá pagarse con retroactividad al 7 de octubre del 2008, debidamente indexada hasta la fecha en que se produzca el pago, en la forma como se indicó en las consideraciones de este proveído.
También se condenará al INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES a reconocer y pagar el mayor valor que le corresponda a la señora MARÍA ZULMA SERNA ESTRADA de la pensión de jubilación, teniendo en cuenta el tiempo que la misma laboró en dicha entidad y dado que se comparte el pago de la pensión de jubilación de la demandante. Ese mayor valor será cancelado por el ISS a la pagadora de la pensión de la actora.
CUARTO: CONDENAR a la FIDUPREVISORA S.A. y a la NACIÓN – MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO en calidad de responsables de los créditos adeudados por la ESE RITA ARANGO DE ÁLVAREZ DEL PINO – LIQUIDADA, a cancelar a la señora MARÍA ZULMA SERNA ESTRADA la compensación por servicios prestados y la bonificación por jubilación, de la manera como están consagradas en los artículos 72 y 103 convencionales, las cuales deberán pagarse con la correspondiente indexación, como atrás se indicó.
QUINTO: ABSOLVER al MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL de todas las pretensiones de la demanda incoada en su contra por la señora MARÍA ZULMA SERNA ESTRADA, conforme a los razonamientos hechos por el Juzgado en la parte considerativa de esta sentencia.
SEXTO: ABSOLVER a la FIDUPREVISORA S.A. y a la NACIÓN – MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO y al INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES de las restantes pretensiones de la demanda incoada en su contra por la señora MARÍA ZULMA SERNA ESTRADA, conforme a los razonamientos hechos por el Juzgado en la parte considerativa de esta sentencia.
SÉPTIMO: CONDENAR a la FIDUPREVISORA S.A. y a la NACIÓN –MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO y al INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES a pagar las costas procesales a favor de la actora en un 80%. Como agencias en derecho se fija la suma de $3.000.000.oo a cargo de cada demandada.
OCTAVO: CONDENAR a la señora MARÍA ZULMA SERNA ESTRADA a pagar las costas procesales a favor de la demandada NACIÓN –MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL en un 100%. Como agencias en derecho se fija la suma de $500.000.
[…]
(Negrillas del texto original).
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, en grado jurisdiccional de consulta, profirió sentencia el 10 de marzo de 2014 (f.° 32 a 49), en la que decidió revocar el fallo de primera instancia, para en su lugar absolver a las entidades demandadas sin gravar en costas.
En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal, comenzó por señalar que María Zulma Serna Estrada, cumplió 50 años de edad el 5 de diciembre de 2006, que laboró para el Instituto de Seguros Sociales, desde el 2 de junio de 1988 hasta el 25 de junio de 2003, esto es, 15 años y 24 días, «por lo que tenía que acumular el tiempo servido con otra entidad de derecho público como en la ESE RITA ARANGO ÁLVAREZ DE PINO en liquidación (16 de junio del año 2003 y el 6 de octubre del año 2008) para jubilarse con los 20 años de servicios» y por ello, la ESE, le reconoció a partir del 7 de octubre de 2008, la pensión de jubilación, mediante la Resolución n.° 1564 de 4 de diciembre del mismo año, con el 75% del promedio de los ingresos percibidos durante el último año de servicios, conforme a lo establecido en el artículo 101 de la convención colectiva de trabajo.
Refirió que no obstante lo anterior, el a quo consideró que debían computarse los tiempos laborados por la demandante en el ISS y en la entidad social del Estado y tenerse como exclusivamente trabajados en aquel, la totalidad del tiempo servido y dispuso la reliquidación de la prestación en el 100% del promedio devengado en los tres últimos años, de acuerdo al artículo 98 extralegal.
Ante lo colegido por el fallador de primer grado, el Tribunal razonó:
Existiendo una continuidad y, por ende, unicidad en el contrato laboral de la actora, tras su tránsito del ISS a la ESE RITA ARANGO ÁLVAREZ DEL PINO en junio del año 2003, en virtud de la aplicación del decreto 1750 ib., la convención colectiva de trabajo de la que se reclama su aplicación está incorporada a su contrato individual laboral, tal y como lo prevé el artículo 467 del código sustantivo del trabajo. Por lo demás, la Corte Constitucional en la sentencia C-314 del primero (1º.) de abril de 2004, autorizó la continuidad de su aplicación a los servidores del ISS que pasaron a laborar a entidades como la demandada.
Bajo el mismo hilo discursivo, en la aplicación de la convención colectiva de trabajo de la que se reclama sus beneficios la actora, se deberá señalar que frente a la vigencia de la misma la Corte Constitucional en la sentencia SU-897 del 31 de octubre del año 2012, recogiendo criterios anteriores, señaló que dicho acuerdo convencional tuvo una duración hasta el 31 de octubre del año 2004 […].
Dicho esto, copió varios segmentos de la sentencia de unificación de la Corte Constitucional citada y finalizó con el argumento de que tal precedente, era suficiente para desestimar las reclamaciones convencionales de la actora, toda vez que para el momento en que perdió vigencia el instrumento extralegal del 31 de octubre de 2004, no había cumplido el requisito para acceder al derecho pensional, por haber nacido el 5 de diciembre de 1956 y menos aún, podía reclamar el pago de la compensación por servicios prestados y la bonificación por jubilación previstas en los artículos 72 y 103 del referido acuerdo, pues para el 6 de octubre de 2008 (f.° 4), fecha en que dejó de laborar para la empresa social del Estado Rita Arango Álvarez del Pino, ya no era beneficiaria de la convención.
RECURSO DE CASACIÓN
Interpuesto por la demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.
ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN
Pretende la recurrente que la Corte, case totalmente la sentencia impugnada y en sede de instancia confirme en todas sus partes la proferida por el juzgado.
Con tal propósito formula un cargo, por la causal primera de casación, que fue replicado oportunamente por los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Salud y Protección Social.
CARGO ÚNICO
Denuncia la sentencia impugnada, de ser violatoria de la ley sustancial por «VÍA INDIRECTA, a causa de la INTERPRETACIÓN ERRÓNEA del artículo 54 del Decreto 2127 de 1945, decreto reglamentario de la Ley 6a de 1945 y modificado por el artículo 6o de la Ley 64 de 1946, además de los artículos 3o y 17 del Decreto 1750 de 2003».
Señala que el Tribunal incurrió en la comisión de los siguientes errores de hecho:
No dar por demostrado estándolo, que entre las codemandadas Instituto de Seguros Sociales y la ESE Rita Arango Álvarez del Pino, existió SUSTITUCIÓN PATRONAL.
Dar por demostrado sin estarlo, que el tiempo de servicios prestados por la actora, a la ESE RITA ARANGO ÁLVAREZ DEL PINO y al Instituto de Seguros Sociales, fue independiente uno del otro.
No da por demostrado estándolo, que el tiempo servido por la demandante en la ESE RITA ARANGO ÁLVAREZ DEL PINO y al Instituto de Seguros Sociales, fue uno solo y que nunca sufrió interrupción.
Aduce que los anteriores yerros fácticos fueron consecuencia de la aplicación indebida de los artículos 98 y 101 de la Convención Colectiva de Trabajo, suscrita entre el Instituto de Seguros Sociales y SINTRASEGURIDAD SOCIAL, el 31 de octubre de 2001.
Para su demostración, arguye que el ad quem se equivocó al considerar que la demandante laboró para el Instituto de Seguros Sociales durante 15 años y 24 días; que debía acumular un tiempo de servicios de 20 años con otras entidades de derecho público como la ESE Rita Arango Álvarez del Pino, para obtener el derecho a la pensión de jubilación que consagra el artículo 101 convencional.
Asevera que el colegiado desconoció que la incorporación de los trabajadores oficiales que laboraban en el ISS, pasaron de manera automática a la mencionada ESE, sin solución de continuidad, que no cambiaron sus condiciones de trabajo conforme a lo dispuesto en el artículo 17 del Decreto 1750 de 2003, «máxime cuando el demandante nunca mudó su condición de trabajador oficial a la de empleado público».
Destaca que el Tribunal ignoró que para que haya sustitución patronal, deben confluir tres elementos, que están plenamente identificados, como el «cambio de patrono, lo cual nunca fue discutido en el presente proceso; continuidad de la empresa, pues así lo especificó el artículo 3o del Decreto 1750 de 2003; y, continuidad del trabajador, como quedó demostrado en el expediente»; que la sustitución del patrono no interrumpe, modifica, ni extingue los contratos de trabajo celebrados por el patrono sustituido «antes por el contrario, éste debe responder solidariamente con el sustituto durante el año siguiente a la fecha en que se consume la sustitución por todas las obligaciones anteriores derivadas de los contratos de trabajo o de la ley», y en este caso, la ESE Rita Arango Álvarez del Pino, debe responder por las obligaciones que surjan a partir del 26 de junio de 2003.
Agrega que de conformidad con las disposiciones citadas, el régimen laboral existente entre trabajadores y patronos no se altera por la sustitución patronal, por tanto los derechos que se deriven del contrato individual de trabajo, de pactos y convenciones colectivas, permanecen incólumes y en consecuencia responden solidariamente «los patronos sustituto y sustituido durante el año siguiente a la fecha en que tenga lugar la sustitución» (f.° 4 a 10).
RÉPLICA
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, atribuye al cargo error de orden técnico y por tanto está llamado al fracaso; que el censor no cuestionó con verdaderos argumentos y tampoco dirigió correctamente el ataque contra el fallo del Tribunal, en tanto solo realizó consideraciones subjetivas y críticas que se asimilan más a un alegato de instancia, contrario a lo previsto por el artículo 91 del Código Procesal del Trabajo; que en atención al asunto de fondo, los trabajadores del ISS que se incorporaron a la planta de personal de la ESE Rita Arango Álvarez de Pino, tenían calidad de empleados públicos, por disposición del Decreto 1750 de 2003 y en consecuencia, no podían derivar derechos convencionales (f.° 13 a 15).
Por su parte, el Ministerio de Protección Social, hoy de Salud y Protección Social, aduce que el censor no logra concretar los supuestos errores cometidos por el Tribunal y los ataques no son suficientes para quebrantar el fallo de segunda instancia; y, que la naturaleza jurídica de la ESE Rita Arango Álvarez del Pino era de una empresa social del Estado y sus servidores por regla general, tenían calidad de empleados públicos, de acuerdo al Decreto 1750 de 2003 y Ley 489 de 1998; que en este caso, la actora estando al servicio de la entidad hospitalaria, no cumplió el requisito de la edad contemplado en el artículo 98 de la Convención Colectiva de Trabajo 2001-2004, para acceder a la reliquidación de la pensión de jubilación (f.° 19 a 21).
CONSIDERACIONES
Concluyó el Tribunal en la sentencia impugnada, que María Zulma Serna Estrada, no tenía derecho a la reliquidación de la pensión de jubilación consagrada en la convención colectiva de trabajo 2001-2004, suscrita entre el ISS y Sintraseguridad social, ni a las demás aspiraciones pretendidas en la demanda, ya que cuando cumplió el requisito de la edad, el mencionado convenio colectivo ya no se encontraba vigente; que según la Resolución n.° 1564 del 4 de diciembre de 2008 (f.° 4 a 6), la demandante cumplió los 50 años, el 5 de diciembre de 2006 y laboró para el Instituto de Seguros Sociales desde el 2 de junio de 1988 hasta el 25 de junio de 2003, esto es, 15 años, 24 días, teniendo que acumular el tiempo servido en otras entidades de derecho público, como en la ESE codemandada, para jubilarse con los 20 años de servicio, razón por la que esta entidad le reconoció la pensión del artículo 101 convencional con el 75% del promedio de los ingresos percibidos en el último año de servicios, a partir del 7 de octubre de 2008.
Para el ad quem, la promotora del proceso tampoco podía reclamar el pago de la compensación por servicios prestados y la bonificación por jubilación previstas en los artículos 72 y 103 del referido acuerdo extralegal, pues para el 6 de octubre de 2008 (f.° 4), fecha en que dejó de laborar para la empresa social del Estado Rita Arango Álvarez del Pino, ya no era beneficiaria de la convención.
La inconformidad de la censura se centra en que el Tribunal desconoció que la incorporación de los trabajadores oficiales que venían vinculados al ISS y que pasaron a la ESE Rita Arango Álvarez del Pino, fue de manera automática, sin solución de continuidad; y, en virtud de ello, en nada cambiaron las condiciones de trabajo, según el mandato del artículo 17 del Decreto 1750 de 2003; que la demandante «nunca mudó su condición de trabajador oficial a la de empleado público» y al no sufrir la relación laboral ninguna alteración por la sustitución patronal entre estas entidades, los derechos derivados del contrato de trabajo y de la convención colectiva, permanecían incólumes, por lo que el tiempo servido en ellas, es uno solo sin interrupción y le otorgaba el derecho a la reliquidación pensional reconocida en primera instancia, como lo establece la cláusula 98 convencional.
Advierte esta Sala, que las razones esbozadas por la recurrente y sobre las cuales sustenta su acusación, a pesar de venir dirigidas por la vía indirecta, son de índole jurídica, por cuanto su planeamiento se relaciona con la exégesis del Tribunal, sobre del artículo 17 del Decreto 1750 de 2003, y la no declaración de la sustitución de empleadores entre el ISS y la empresa social del Estado.
Desde esta perspectiva, y a fin de garantizar el derecho sustancial en esta sede extraordinaria, se analizará el cargo desde la óptica de puro derecho, debiéndose indicar que el colegiado no hizo ningún pronunciamiento respecto al mencionado decreto, razón por la que no es posible afirmar que lo interpretó erróneamente; sin embargo, como quiera que en la demostración del ataque alude a que hubo desconocimiento de lo allí previsto, entiende la Corte, de acuerdo a los argumentos sobre los cuales construye su ataque, que el problema jurídico a resolver por esta Sala, consiste en determinar si entre el Instituto de Seguros Sociales y la ESE Rita Arango Álvarez del Pino, hubo sustitución patronal y consecuentemente la unicidad del vínculo laboral de la demandante.
En el sub judice, no son materia de controversia los siguientes supuestos fácticos: i) que María Zulma Serna Estrada, prestó sus servicios al ISS desde el 2 de junio de 1988 hasta el 25 de junio de 2003, para un total de 15 años, 24 días (f.° 4 a 8 y 59-71); ii) que desempeñó el cargo de Ayudante Grado 6, era trabajadora oficial y beneficiaria de la convención colectiva de trabajo 2001-2004, suscrita entre el ISS y SINTRASEGURIDAD SOCIAL (f.° 324); iii) que se incorporó sin solución de continuidad a la ESE Rita Arango Álvarez del Pino en el mismo cargo de Ayudante, en virtud del Decreto 1750 de 2003, a partir del 26 de junio de 2003, hasta el 6 de octubre de 2008 (f.° 40 a 45) y; iv) que nació el 5 de diciembre de 1956 y cumplió los 50 años de edad, el mismo día y mes de 2006 (f.° 4); y, iv) que mediante Resolución n.° 1564 del 4 de diciembre de 2008, se le reconoció una pensión de jubilación, a partir del 7 del mismo mes y año, con el 75% del promedio devengado en el último año de servicios (f.° 4 a 6).
Advierte la Corte, que el ISS liquidado y la ESE Rita Arango Álvarez del Pino, eran entidades autónomas e independientes, cada una con personería jurídica, razón por la cual, en principio se podría pensar que no es posible la sumatoria de tiempos. Sin embargo, el artículo 17 y parágrafo del referido Decreto 1750 de 2003, dispuso:
Artículo 17. Continuidad de la relación. Los servidores públicos que a la entrada en vigencia del presente decreto se encontraban vinculados a la Vicepresidencia de Prestación de Servicios de Salud, a las Clínicas y a los Centros de Atención Ambulatoria del Instituto de Seguros Sociales, quedarán automáticamente incorporados, sin solución de continuidad, en la planta de personal de las Empresas Sociales del Estado creadas en el presente decreto. Los servidores que sin ser directivos desempeñen funciones de mantenimiento de la planta física hospitalaria y de servicios generales conservarán la calidad de trabajadores oficiales, sin solución de continuidad.
Parágrafo. El tiempo de servicio de los servidores públicos que pasan del Instituto de Seguros Sociales a las Empresas Sociales del Estado, creadas en el presente decreto, se computará para todos los efectos legales, con el tiempo que sirvan en estas últimas, sin solución de continuidad.
De conformidad con la norma transcrita, el paso automático de los servidores del ISS a las nuevas empresas sociales del Estado, debía hacerse, y en el caso de autos así se hizo, sin solución de continuidad en las relaciones laborales; que el tiempo servido al ISS se computaría para todos los efectos legales con el servido en aquella, lo que permite afirmar que dichos tiempos se pueden sumar para efectos pensionales, lo que surge incontrastable, en los términos del artículo 53 del Decreto 2127 de 1945, por haber operado la sustitución de empleadores entre las citadas entidades (CSJ SL1409-2015).
Desde esta arista, le asiste razón a la recurrente al predicar que su antiguo empleador fue reemplazado por uno nuevo, dándose las condiciones previstas en la norma precedentemente citada, para que opere la figura jurídica de la sustitución de empleadores, toda vez que en la relación laboral que inició la actora en el ISS en el cargo de Ayudante grado 06, como trabajadora oficial, no hubo solución de continuidad luego de su incorporación automática a la ESE Rita Arango Álvarez del Pino, pues continuó en la misma actividad y cargo, por lo que se entiende que fue única dicha relación y en virtud de ello, es dable, para efectos de los derechos pensionales, la acumulación de los tiempos laborados en ambas entidades.
A esta conclusión arribó esta Corte en sentencia CSJ SL, 29 nov. 2011, rad. 39808, en la que se dilucidó un caso similar al presente, en el que las demandadas eran las mismas, la cual fue reiterada en la sentencia precedentemente citada, CSJ SL1409-2015:
De otra parte, esta Sala de la Corte en sentencia 35588 de 14 de septiembre de 2010, precisó que respecto de los trabajadores oficiales que venían prestando sus servicios al Instituto de Seguros Sociales, y en virtud de la escisión pasaron automáticamente a las Empresas Sociales del Estado conservando la condición de trabajadores oficiales, y en tanto su antiguo empleador fue reemplazado por uno nuevo que continuó cumpliendo las mismas funciones de seguridad social que desempeñaba el primero, se daban las condiciones precisadas por el artículo 53 del Decreto 2127 de 1945 para que operara la figura jurídica de la sustitución de empleadores. En esos eventos los trabajadores oficiales no pierden los beneficios convencionales, pues como se entiende que los contratos de trabajo no se extinguen por razón de la sustitución, los derechos incorporados a ellos como lo serían los derivados de la convención colectiva, se mantienen mientras ésta permanezca vigente de conformidad con lo previsto en el artículo 49 de la Ley 6ª de 1945.
Por lo discurrido, le asiste razón a la recurrente, el cargo sale avante y se casará la sentencia impugnada. Sin costas, dada la prosperidad del recurso.
SENTENCIA DE INSTANCIA
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 69 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, modificado por el 14 de la Ley 1149 de 2007, se revisa el fallo proferido en primera instancia, en grado jurisdiccional de consulta a favor de la Nación–Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
La Corte encuentra que los derechos reclamados por la demandante tienen su fuente en la convención colectiva de trabajo suscrita entre el ISS y SINTRASEGURIDAD SOCIAL en razón a que laboró durante el tiempo exigido en el artículo 98 de la convención colectiva de trabajo 2001-2004, al ente de seguridad social y a la ESE Rita Arango Álvarez del Pino, por haberse incorporado automáticamente a la planta de esta por virtud de lo dispuesto en el Decreto 1750 de 2003, por lo que no hubo solución de continuidad en la mencionada relación.
A partir de la premisa incontrovertible de que Serna Estrada, ostentó la calidad de trabajadora oficial en el ISS, en el que desempeñó el cargo de Ayudante grado 06 de la Clínica «Villa del Pilar»; que mantuvo el referido cargo, en la ESE accionada, como lo confirma la certificación expedida el 7 de mayo de 2008 (f.° 7-8, 45 y 58) y la Resolución n.° 001564 del 4 de diciembre de 2008, proferida por la ESE Rita Arango Álvarez del Pino, de cuyo contenido se desprende que el tiempo de servicio, prestado al ISS y a la ESE fue de 7.325 días (f.° 4 a 6), y se le reconoció la pensión mensual vitalicia de jubilación a partir del 7 de octubre de 2008, en cuantía de $1.026.114, equivalente al 75% del promedio devengado certificado en el último año de servicios, desde el 7 de octubre de 2007 hasta el mismo día y mes de 2008, conforme a la cláusula 98 extralegal (f.° 270).
No obstante, la citada norma convencional, prevé:
El Trabajador Oficial que cumpla veinte (20) años de servicio continuo o discontinuo al Instituto y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) años si es hombre y cincuenta (50) años si es mujer, tendrá derecho a pensión de jubilación en cuantía equivalente al 100% del promedio de lo percibido en el periodo que se indica a continuación para cada grupo de trabajadores oficiales:
(i) Para quienes se jubilen entre el primero de enero de 2002 y treinta y uno de diciembre de 2006, 100% del promedio mensual percibido en los dos últimos años de servicio.
(ii) Para quienes se jubilen entre el primero de enero de 2007 y treinta y uno de diciembre de 2016, 100% del promedio mensual de lo percibido en los tres últimos años de servicio.
(iii) Para quienes se jubilen a partir del primero de enero de 2017, 100% del promedio mensual de lo percibido en los cuatro últimos años de servicio.
Para estos efectos se tendrán en cuenta los siguientes factores de remuneración:
[…].
Y el artículo 101, estatuye:
ACUMULACIÓN DE TIEMPOS DE SERVICIOS
Los servicios prestados sucesiva o alternativamente en las demás entidades de derecho público podrán acumularse para el cómputo del tiempo requerido para poder tener derecho a pensión de jubilación y el monto correspondiente se distribuirá en proporción al tiempo laborado en cada una de tales entidades.
En este caso, la cuantía de la pensión del 75% del promedio de lo percibido en el último año de servicios, por concepto de todos los factores de remuneración que constituyen salario.
(f.° 19 a 60 cuad. 1).
En este orden, es claro que a la actora en calidad de trabajadora oficial del ISS, le era aplicable el artículo 98 de la convención colectiva de trabajo 2001-2004, por lo que le asiste razón en sus pedimentos, habida consideración que para el 26 de junio de 2003, fecha de entrada en vigencia del Decreto 1750 de 2003 (Diario Oficial n.°45230), quedó incorporada automáticamente a la planta de personal del ente hospitalario Rita Arango Álvarez del Pino, como trabajadora oficial y por tanto, tenía derecho a que su pensión fuera liquidada con una tasa de reemplazo del 100% del promedio de lo percibido en los tres años anteriores al reconocimiento de la prestación, como lo previó el tercer inciso del artículo 98 convencional y no con el 75%, conforme al 101 ibídem, teniendo en cuenta que obtuvo el reconocimiento de la pensión en 2008.
Respecto a la vigencia de la convención colectiva de trabajo 2001-2004, de acuerdo a lo afirmado por la actora, dicho convenio se hizo extensivo a los trabajadores oficiales que en igual condición pasaron a las ESE y según el artículo 2 de dicho acuerdo tendría «una vigencia de tres años contados a partir del primero (1) de noviembre de dos mil uno (2001) hasta el 31 de octubre de dos mil cuatro (2004). Salvo los artículos que en la presente convención se les haya fijado una vigencia diferente».
La salvedad prevista en el último inciso de este precepto, hace referencia a las prerrogativas relacionadas con la pensión de jubilación, como se infiere de la cláusula 98, en la que se estipuló que varios de estos privilegios tienen una vigencia superior al 31 de octubre de 2004; así mismo se destaca, que no obra en el expediente una convención colectiva de trabajo celebrada con posterioridad a la de 2001-2004.
Dicho en otros términos, el mismo instrumento colectivo contempló en su cláusula 2, una vigencia más allá de 2004 para derechos pensionales que se causaran entre el 1 de enero de 2002 y el 31 de diciembre de 2017; sin embargo, su vigor fue hasta el 31 de julio de 2010, como lo estableció el Acto Legislativo n.° 01 de 2005, pero en el caso de la demandante, logró consolidar su derecho pensional, dado el cumplimiento de los dos presupuestos exigidos por el artículo 98 convencional, antes de esta data, pues acreditó los 20 años de servicios y los 50 años de edad, 5 de diciembre de 2006 en su condición de trabajadora oficial, antes de la fecha límite consagrada en la reforma constitucional, aunque el reconocimiento de la pensión, lo fue a partir de la fecha de su retiro del ente hospitalario, esto es, el 8 de octubre de 2008.
Lo anterior lo explicó la Sala Laboral de esta Corte, en sentencia CSJ SL, 29 nov. 2011, rad. 39808, reiterada en la sentencia CSJ SL1409-2015 y CSJ SL2549-2019, en las que asentó:
2º) En punto a la vigencia de la convención colectiva de trabajo 2001-2004, bien vale la pena remitirnos al citado pronunciamiento que realizó un estudio profundo al respecto, así:
la misma se hizo extensiva a los trabajadores oficiales que en esa misma condición pasaron a las E.S.E. y según su artículo 2, su vigencia tendría “una vigencia de tres años contados a partir del primero (1) de noviembre de dos mil uno (2001) hasta el 31 de octubre de dos mil cuatro (2004). Salvo los artículos que en la presente convención se les haya fijado una vigencia diferente”. Frente a ello, podría decirse que algunas cláusulas de esa convención lleva al convencimiento de que varias de sus prerrogativas y concretamente las relativas a la pensión de jubilación tienen una vigencia superior al 31 de octubre de 2004, en tanto de conformidad con el artículo 98 su vigencia se extiende hasta el año 2017. Asimismo, importa resaltar que no obra en el expediente una convención colectiva de trabajo celebrada con posterioridad a la mencionada anteriormente.
Empero, como está de por medio el Acto Legislativo No. 1 de 2005, debe recordarse lo que dijo la Corte en la sentencia de anulación del 31 de enero de 2007, radicación 31000, en los siguientes términos:
2.- El recurrente sustenta igualmente su planteamiento sobre el Acto Legislativo No. 1 de 2005, que a la letra y en lo que aquí interesa, reza:
PARÁGRAFO 2º. A partir de la vigencia del presente acto legislativo no podrán establecerse en pactos, convenciones colectivas de trabajo, laudos o acto jurídico alguno, condiciones pensionales diferentes a las establecidas en las leyes del sistema general de pensiones.
PARÁGRAFO TRANSITORIO 3º. Las reglas de carácter pensional que rigen a la fecha de vigencia de este acto legislativo contenidas en pactos, convenciones colectivas de trabajo, laudos o acuerdos válidamente celebrados, se mantendrán por el término inicialmente estipulado. En los pactos, convenciones o laudos que se suscriban entre la vigencia de este acto legislativo y el 31 de julio de 2010, no podrán estipularse condiciones pensionales más favorables que las que se encuentren actualmente vigentes. En todo caso perderán vigencia el 31 de julio de 2010.” (Subraya fuera del texto)
[…]
Y volviendo al contenido del Acto Legislativo 1 de 2005, atrás reproducido en lo pertinente, se desprende:
Una regla general, cual es la de que a partir de la vigencia del citado acto legislativo, no se puede acordar en pactos, convenciones colectivas, laudos o acto jurídico alguno, regímenes pensionales diferentes a los establecidos en las leyes que regulan el sistema general de pensiones. Es decir, que desde entonces, no es lícito que los convenios colectivos de trabajo o actos jurídicos de cualquier clase establezcan sistemas pensionales distintos al implementado por la ley, aun cuando sean más favorables a los trabajadores.
Sin embargo, hay un régimen de naturaleza transitoria, según el cual las condiciones pensionales que regían a la fecha de vigencia del acto legislativo contenidas en convenios colectivos de trabajo, laudos o acuerdos válidamente celebrados, mantienen su vigencia por el término inicialmente estipulado sin que en los convenios o laudos que se suscriban entre la vigencia del acto legislativo y el 31 de julio de 2010, puedan pactarse condiciones pensionales más favorables a las que se encontraren vigentes, perdiendo vigencia en cualquier caso, en la última fecha anotada.
En esta última hipótesis, cabe distinguir tres situaciones:
a) -El “término inicialmente estipulado” hace alusión al que las partes celebrantes de un convenio colectivo expresamente hayan pactado como el de la duración del mismo, de manera que si ese término estaba en curso al momento de entrada en vigencia del acto legislativo, ese convenio colectivo regiría hasta cuando finalizara el “término inicialmente pactado”. Ocurrido esto, el convenio pierde totalmente su vigencia en cuanto a materia pensional se refiere y no podrán las partes ni los árbitros disponer sobre dicha materia en un conflicto colectivo económico posterior.
b) - En el caso en que al momento de entrada en vigencia del Acto Legislativo un convenio colectivo estaba vigente por virtud de la figura de la prórroga automática.
c).-Cuando la convención colectiva de trabajo a la entrada en vigencia del acto legislativo se encuentra surtiendo efectos por virtud de la denuncia de la convención colectiva de trabajo y la iniciación posterior del conflicto colectivo de trabajo que no ha tenido solución.
En las dos últimas situaciones, debe advertirse que la convención sigue vigente por ministerio de la ley y no por voluntad de las partes. En estos casos, de conformidad con el parágrafo 3º transitorio, las disposiciones convencionales en materia de pensiones continúan su observancia hasta el 31 de julio de 2010 y no pueden las partes ni los árbitros, entre la vigencia del acto legislativo y el 31 de julio de 2010, pactar o disponer condiciones más favorables a las que están en vigor a la fecha en que entró a regir el acto legislativo.
Quiere decir lo anterior, que por voluntad del constituyente delegado, las disposiciones convencionales en materia de pensión de jubilación que se encontraban rigiendo a la fecha de entrada en vigencia del Acto Legislativo 1 de 2005, mantendrán su curso máximo hasta el 31 de julio de 2010, lo que indica que ni las partes ni los árbitros pueden regular condiciones más benéficas a las estipuladas, pues la voluntad superior les ha prohibido expresamente tratar ese punto.
Es decir, que en lo relacionado con esa materia, la intención legislativa y la del constituyente delegado es la de que sea regulada única y exclusivamente por la ley de seguridad social, la cual tiende a evitar la proliferación de pensiones a favor de un mismo beneficiario y a acabar los dispersos regímenes en ese aspecto, procurando con ello cumplir con los fines y principios que le fueron asignados y que aparecen consignados en el Título Preliminar, Capítulos I y II de la Ley 100 de 1993.
Ahora, frente a aquellas personas que se encontraban cercanas al cumplimiento de los requisitos para acceder a una pensión de jubilación y con el fin de que sus expectativas no resultaran frustradas por disposiciones posteriores, el Gobierno Nacional, para garantizar ese objetivo, invocó el mecanismo tantas veces utilizado por el legislador, cual es el de la transición normativa, propósito que quedó claramente consignado en la referenciada exposición de motivos, en la que sobre el particular, inicialmente, así se expresó:
“En todo caso, siguiendo los principios que se han venido estableciendo en materia constitucional, al hacer la reforma debe procurarse conciliar el interés general que impone hacer la reforma con la situación de las personas que se encuentran en una situación próxima a la pensión.
Si bien no existe un derecho adquirido mientras no se hayan cumplido los supuestos previstos en la norma que otorga el derecho, y por ello no se puede hablar de un derecho adquirido a un régimen pensional, también es cierto que cuando se realizan reformas debe tomarse en cuenta la situación de las personas que están próximas a adquirir el derecho, y en la medida de lo posible establecer un tránsito normativo de tal manera que sus legítimas expectativas se tomen en cuenta.
Es por ello que el proyecto de Acto Legislativo mantiene los regímenes legales vigentes especiales hasta el año 2007. Igualmente se mantienen las convenciones y pactos colectivos celebrados hasta la fecha prevista para su extinción, y máximo hasta el año 2007” (Gaceta citada, pág. 16)
En ese orden, como quiera que la demandante causó su derecho a la pensión convencional el 31 de agosto de 2007, fecha en la que cumplió 20 años de servicio, es indudable que cualquiera que sea la fecha en que se tome como vigencia de la convención, si la que pactaron las partes, o la del 31 de julio de 2010, señalada por el Acto Legislativo 1 de 2005, lo cierto es que la actora está dentro del rango de cualquiera de las dos, de manera que su pretendida pensión es legítima.
Ahora bien, como la demandante solicitó le fuera reconocida su pensión de jubilación convencional a partir del año 2007, tal y como lo admite en el cuerpo de su demanda (Folio 4), pues a esa fecha tenía más de 50 años de edad, acumulando los tiempos servidos al Instituto de Seguros Sociales y a la E.S.E. Rafael Uribe Uribe, y por cuanto debe tenerse como una sola relación laboral por las razones expuestas, la cláusula 98 de la convención 2001-2004 se insiste, es la que rige la prestación, y por haberse causado ésta con posterioridad al 1 de enero de 2007 y antes, en todo caso, del 31 de julio de 2010, le asiste el derecho a que el monto de la pensión sea calculado en el “100% del promedio mensual de lo percibido en los tres últimos años de servicio”, conforme al inciso tercero del artículo 98 ibídem (folio 69).
En cuanto a la mencionada prestación jubilatoria a la que tienen derecho los trabajadores por disposición convencional, en virtud del respeto de los derechos adquiridos, se ha interpretado la procedencia de la pensión extralegal reclamada, en la medida que el cumplimiento de los requisitos se reúnen en condición de trabajador oficial y se causa el derecho, cuando se acredita la edad y tiempo de servicio requerido, como en efecto aconteció en el sub judice.
De otra parte, esta Sala en sentencia CSJ SL, 23 jul. 2009, rad. 35.399, expresó respecto al momento desde el cual se entiende que existe un derecho adquirido a la pensión prevista en la cláusula 98 del convenio colectivo, que de acuerdo a los términos del artículo 18 del Decreto 1750 de 2003, «es indispensable que tanto el requisito de tiempo de servicios como el de edad, sean reunidos mientras tuvieron la condición de trabajadores oficiales», tal como aconteció en este caso.
De lo anterior surge, tal como lo concluyó el a quo, en la sentencia apelada, la calidad de responsables de la Fiduprevisora S.A. y la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público, frente a los créditos adeudados a favor de la demandante, en razón a lo dispuesto en el artículo 19 del Decreto Ley que 1105 de 2006, que modificó el 254 de 2000 y 1 del Decreto 3751 de 30 de septiembre de 2009 y posteriormente modificado por el Decreto 1833 del 10 de noviembre de 2016 (Diario Oficial 50.053 de 10 de noviembre de 2006), mediante el cual se compilan las normas del Sistema General de Pensiones y en cuyo precepto 2.2.10.36.1, dispuso la asunción de los pasivos laborales y pensionales de la extinta “ESE RITA ARANGO ÁLVAREZ DEL PINO”, a cargo de la Nación- Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en los siguientes términos:
ART. 2.2.10.36.1.- Asunción de pasivos pensionales. La Nación asume el valor de las obligaciones laborales reconocidas insolutas a cargo de la Empresa Social del Estado Rita Arango Álvarez del Pino en liquidación, únicamente por concepto del valor de la normalización pensional aprobado por la entidad ante la cual se surtió dicho mecanismo, las obligaciones laborales oportunas y extemporáneas, las obligaciones laborales clasificadas en el pasivo cierto no reclamado y las clasificadas como gastos administrativos.
Las obligaciones laborales cuyo valor es asumido por la Nación corresponderán exclusivamente a aquellas que se encuentran incorporadas como tales en el contrato de fiducia mercantil suscrito por la entidad en liquidación, en cumplimiento del artículo 35 del Decreto-Ley 254 de 2000 modificado por el artículo 19 de la Ley 1105 de 2006. El valor de la normalización pensional asumido es aquel que hace parte del Convenio suscrito por la empresa en liquidación y la entidad ante la cual se surtió dicho mecanismo.
El valor de las obligaciones laborales a que hace referencia el presente artículo, será asumido por la Nación luego de descontada la totalidad de recursos de activos líquidos o no líquidos que la empresa en liquidación haya trasladado al patrimonio autónomo de remanentes al finalizar el proceso de liquidación, en cumplimiento de las normas vigentes sobre liquidación de entidades públicas.
La asunción del valor de los pasivos laborales incluye los aportes a la seguridad social solo por concepto de pensiones y de salud.
Esta asunción excluye cualquier otra obligación de la Empresa Social del Estado Rita Arango Álvarez del Pino en liquidación que esté determinada o pueda determinarse.
PAR.- Los recursos para el pago de las obligaciones laborales cuyo valor asume la Nación de conformidad con el presente artículo serán girados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a la entidad fiduciaria contratada por la entidad en liquidación, de conformidad con el artículo 35 del Decreto-Ley 254 de 2000 modificado por el artículo 19 de la Ley 1105 de 2006, para lo cual en el contrato de fiducia mercantil se incluirán las previsiones correspondientes.
Los recursos de la normalización pensional serán girados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a la entidad que será la obligada frente a los beneficiarios para realizar los pagos correspondientes.
(Lo resaltado del texto original).
Así mismo, se mantendrá la condena impuesta en primera instancia al Instituto de Seguros Sociales en su calidad de ex empleador de la actora, a reconocer y pagar el mayor valor de la prestación pensional que le corresponda, en virtud al tiempo servido a este y a la ESE liquidada, como se reconoció en la Resolución n.° 1564 de 4 diciembre de 2008 (f.° 4 a 6) y la cual deberá cancelar a la entidad pagadora.
Lo anterior se predica de la reclamación por compensación de servicios prestados y bonificación por jubilación previstas en las cláusulas 72 y 103 extralegales (f.° 260 y 271), a las que tiene derecho la demandante por ser beneficiaria del convenio colectivo y haber reunido los presupuestos allí consagrados como quedó acreditado en el proceso y conforme a lo resuelto por el a quo.
Finalmente, no prospera la excepción de prescripción propuesta en la contestación de la demanda por la Nación- Ministerio de Hacienda y Crédito Público, ya que a María Zulma Serna Estrada le fue reconocida la prestación pensional a partir del 7 de octubre de 2008, fecha de su retiro de la empresa social del Estado Rita Arango Álvarez del Pino y la presente demanda la instauró el 22 de marzo de 2011 como se constata con el folio 1 del expediente.
Así las cosas, se confirmará la sentencia proferida el 10 de mayo de 2013, por el Juez Primero Laboral Adjunto del Circuito de Manizales.
Sin costas, por cuanto la segunda instancia se surtió en grado jurisdiccional de consulta.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, el 10 de marzo de 2014, dentro del proceso ordinario laboral que promovió MARÍA ZULMA SERNA ESTRADA contra LA NACIÓN – MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL hoy DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES hoy liquidado y la FIDUPREVISORA S.A.
En sede de instancia, se RESUELVE:
CONFIRMAR la sentencia dictada por el Juzgado Primero Laboral Adjunto del Circuito de Manizales, el 10 de mayo de 2013.
Costas como se dijo.
Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.
DONALD JOSÉ DIX PONNEFZ
JIMENA ISABEL GODOY FAJARDO
JORGE PRADA SÁNCHEZ
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