FERNANDO CASTILLO CADENA
Magistrado ponente
SL960-2022
Radicación n.° 88778
Acta 09
Bogotá, D.C. dieciséis (16) de marzo de dos mil veintidós (2022)
Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por OLGA OLAYA MURILLO, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 14 de agosto de 2019, en el proceso que promovió contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES.
I. ANTECEDENTES
Olga Olaya Murillo llamó a juicio a Colpensiones, con el fin de que se le condenara al reconocimiento del retroactivo pleno de las mesadas pensionales, desde el 7 de junio de 2007 al 25 de febrero de 2015, los intereses moratorios a partir de esa misma fecha, reliquidar la pensión y la indexación de las sumas reconocidas.
Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que nació el 7 de enero de 1952, cumplió 55 años en la misma fecha del año 2007, data en la que contaba con 700 semanas; al ser informada que debía seguir cotizando acudió al Consorcio Colombia Mayor por lo que totalizó 986 semanas en toda su vida laboral. Mediante la Resolución GNR 52639 del 25 de febrero de 2015, la demandada le reconoció pensión de vejez de acuerdo con lo normado en el Acuerdo 049 de 1990, en cuantía equivalente al salario mínimo legal mensual vigente, sin que se le hubiera otorgado retroactivo alguno; el 6 de noviembre de 2015 solicitó el pago del retroactivo y la reliquidación, que se le negó por acto administrativo del 12 de enero de 2016 con fundamento en que cotizó hasta el 30 de abril de 2015.
Al dar respuesta a la demanda, la parte accionada se opuso a las pretensiones, aceptó la mayoría de los hechos y, en su defensa propuso las excepciones de prescripción, inexistencia del derecho reclamado, buena fe, cobro de lo no debido, compensación y la genérica.
II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
El Juzgado Treinta y Nueve Laboral del Circuito de Bogotá, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 7 de febrero de 2019, absolvió a la demandada de todas las pretensiones e impuso costas a la actora.
III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en providencia del 14 de agosto de 2019, confirmó la decisión apelada por la parte accionante y no condenó en costas.
En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal consideró como fundamento de su decisión, que debía determinar a partir de cuándo procedía el reconocimiento de la pensión a la demandante y, como consecuencia, si hay lugar al pago del retroactivo reclamado.
Después de verificar la calidad de pensionada de la actora, se remitió al Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año y a la jurisprudencia de esta Corporación, subrayó la diferencia entre la causación y el disfrute de la pensión; posteriormente, verificó que la accionante cumplió los 55 años de edad el 7 de enero de 2007, fecha en la que contaba con más de 500 semanas dentro de los veinte años anteriores al cumplimiento de la edad, según la historia laboral de Colpensiones; no obstante, la demandante siguió cotizando ininterrumpidamente hasta el 30 de septiembre de 2008 y, realizó aportes como independiente con el régimen subsidiado entre noviembre de 2008 y el 31 de octubre de 2014 hasta completar 986 semanas, sin que se hubiera acreditado reclamación alguna a la administradora pública antes del 27 de noviembre de 2014, por lo que no se demostró que esta la hubiera hecho incurrir en error.
IV. RECURSO DE CASACIÓN
Interpuesto por la demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.
V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN
Pretende la recurrente que la Corte case «la sentencia acusada en cuanto confirmó la decisión del a quo para que en su lugar en sede de instancia REVOQUE tal decisión de segundo grado y se CONDENE a la demandada a todas y cada una de las prestensiones[sic] de la demanda».
Con tal propósito formula un cargo, por la causal primera de casación, que fue objeto de oposición.
VI. CARGO ÚNICO
Acusa la sentencia recurrida por «violación indirecta en la modalidad de aplicación indebida del artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990 y artículos 333 del CGP, 336 del CGP numeral 2 y 145 del C.P Laboral».
Señala que la anterior transgresión ocurrió como consecuencia de los siguientes errores evidentes de hecho:
1. No dar por demostrado estándolo que la desafiliación o retiro del sistema tuvo lugar el 31 de octubre de 2014.
2. En sentido inverso, dio por establecido, sin estarlo, que no hubo negligencia por parte de Colpensiones.
Como pruebas mal apreciadas se remitió a la historia laboral, a la Resolución GNR 52639 de 25 de febrero de 2015 y a las solicitudes elevadas a Colpensiones.
Como demostración del cargo señala que la demandante reunió los requisitos para pensionarse conforme a lo dispuesto en el Decreto 758 de 1990[sic] «pues para el año 2007 ya contaba con 500 semanas y la edad que oscilaba entre los 35 y 55 años, además para el año 2005 tenía más de 750 semanas por lo que daba cumplimiento al [A]cto [L]egislativo 01 de 2005». Añade que:
Efectivamente la jurisprudencia enseña que se debe tener la certeza del momento a partir del cual el afiliado no desea seguir en el sistema, esta situación puede conocerse por otros medios inequívocos, de igual manera la misma jurisprudencia enseña que el retroactivo reclamado y los intereses de mora pueden entrar a disfrutarse con la desafiliación tácita.
Tampoco analizo[sic] de forma independiente el caso, toda vez que nos encontramos ante una falta de información del fondo de pensiones que provoco[sic] que la señora OLGA OLAYA continuara cotizando a COLOMBIA MAYOR cuando ya en el año 2007 TENÍA CONFIGURADO su derecho pensional lo cual en principio, debió ser analizado por el HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA[sic] SALA LABORAL a favor de mi mandante.
En reiterada jurisprudencia de la honorable Corte Suprema de Justicia como la SL 2918 M Jorge Prada Sanchez[sic], sostuvo que adquirir la certeza del momento a partir del cual el afiliado no desea seguir en el sistema, dicha situación puede ser igualmente cognoscible mediante otros actos exteriores e inequívocos como lo puede ser la suspensión definitiva de los aportes o la manifestación expuesta en tal sentido.
Acto seguido se remite a la providencia CSJ SL1810-2020 y transcribe algunos apartes y luego, lo que denomina como Decreto 758 de 1990.
VII. RÉPLICA
Señala el opositor que «de conformidad con las pruebas allegadas al plenario, logra acreditarse que se cumplieron todos los requisitos de hecho y de derecho para el traslado de régimen […]». Enseguida acude a los artículos 13 y 35 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, a la sentencia CC T-626-2014, a una decisión de esta Corporación del 1° de febrero de 2011, sin indicar el radicado, sobre la diferencia entre causación y disfrute de la pensión y a una Circular Interna 01 de 2012; luego de lo cual sostiene que revisada la historia laboral de la pensionada se constata que presenta cotizaciones hasta el ciclo 30/04/2015 incluyendo algunas en el régimen subsidiado, y que se le reconoció la pensión de vejez desde el 1° de noviembre de 2014, «día siguiente de la cotización al régimen subsidiado que presentaba al momento de proyectar la Resolución GNR 52639 del 25 de febrero de 2015», por lo que estima que no le asiste derecho a retroactivo alguno.
VIII. CONSIDERACIONES
Revisada la demanda de casación se observa que carece de los más mínimos requisitos de formalidad que exige la ley y, por ende, también de fondo; de tal suerte que no podría prosperar, ni aun recurriendo a la morigeración de los primeros, que en algunos casos y en aplicación del principio constitucional de prevalencia del derecho sustancial consagrado en el artículo 228 de la Carta se ha permitido cuando del documento en su totalidad se puede rescatar el querer del recurrente, la norma denunciada y la modalidad de ataque. Veamos solo algunos dislates:
El alcance de la impugnación es el petitum de la demanda de casación, y debe contener las pretensiones del recurrente sobre dos aspectos: a) lo que pide a la Corte como tribunal de casación respecto del fallo acusado, o sea que este se case o rompa total o parcialmente, y, en esta última modalidad en relación con qué puntos del mismo; y b) lo que solicita que la Corte haga como tribunal de instancia, ello como consecuencia del quiebre del acto jurisdiccional censurado.
La determinación de instancia de la Corte, en este segundo aspecto, debe referirse al fallo de primera instancia, puesto que aquella en virtud de la anulación de la providencia del tribunal (si no se trata de casación per saltum), ocupa el lugar de este fallador y al proveer sobre lo principal de la litis, revisa la decisión de primer grado (sentencia CSJ, SL, 10 sep. 1974). Entonces, le corresponde al impugnador señalar la actividad de esta Corporación en sede de instancia, o sea, precisar si la sentencia del juez debe confirmarse, revocarse o modificarse; y, en estos dos últimos casos, qué debe disponerse como reemplazo. Laborío que, como salta a vista, el censor soslayó.
En efecto, lo que plantea el recurrente es una impropiedad al pedirle a la Corte la casación del fallo de alzada «en su lugar en sede de instancia REVOQUE tal decisión de segundo grado» lo que lógicamente no es posible, pues de informarse el fallo por razón de la prosperidad del recurso, es apenas lógica su anulación. Pero tal deficiencia del alcance de la impugnación puede disculparla la Corte, habida consideración de ser posible entender que lo que en últimas persigue el impugnante con el recurso es la casación del fallo del Tribunal y que, en instancia, se revoque el de primer grado para que se le reconozcan sus pretensiones iniciales.
Empero, si se superara la deficiencia que presenta el alcance de la impugnación, tampoco se abriría paso la Sala a estudiar el recurso por lo siguiente:
La Corte juzga conveniente memorar lo adoctrinado en la decisión CSJ SL, 15 mar. 2011, rad. 43345, en cuanto a que el recurso de casación propende por el imperio y preservación de la ley sustancial de alcance nacional, la cual puede ser infringida de dos formas por los falladores, (las llamadas «causales»): mediante la violación de aquella ley (causal 1ª), o, a través del desconocimiento del principio de la no reformatio in pejus (causal 2ª). Sin olvidar, desde luego la violación medio.
Si bien es cierto que el texto del artículo 87 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, expresamente no señaló como senderos de ataque dentro del primer motivo del recurso extraordinario, la vía «directa» y la «indirecta», también lo es, que en casación se ha venido aceptando su existencia como géneros de violación, donde el primero de ellos, el directo comprende los tres conceptos o submotivos de trasgresión de la Ley sustantiva denominados infracción directa, aplicación indebida e interpretación errónea, mientras que el indirecto en el cual no tiene cabida la interpretación equivocada de la ley, se orienta a la cuestión meramente probatoria, que encierra lo relativo a la segunda parte de la causal primera, esto es, la violación de la Ley proveniente de la apreciación errónea o de la inestimación de determinada prueba donde ha de demostrarse que se incurrió en un error de hecho o uno de derecho (sentencia CSJ SL, 25 may. 2004, rad. 22.543).
En el presente asunto el recurrente invoca la violación indirecta en la modalidad de aplicación indebida, que válidamente puede la Corte entender que se trata de un lapsus pues realmente hace relación a la vía indirecta, con respecto a la cual es oportuno señalar que se acude a ésta cuando el sentenciador estime erróneamente, o deje de contemplar algún medio de prueba. Tal proceder lo conducirá a incurrir en errores de hecho o de derecho, consistentes ambos, en tener por probado dentro del proceso algo que realmente no lo está, o, en no tener por acreditado lo que realmente sí lo está; los primeros, (conocidos como «de hecho»), se cometen –en la casación del trabajo- sólo respecto de las pruebas calificadas, estas son, la confesión judicial, la inspección judicial o el documento auténtico y, los segundos (llamados «de derecho»), sobre las pruebas solemnes.
Ha dicho la Corte que cuando la acusación se enderece formalmente por la vía indirecta, le corresponde al censor cumplir los siguientes requisitos elementales: precisar los errores fácticos, que deben ser evidentes; mencionar cuáles elementos de convicción no fueron apreciados por el juzgador y en cuáles cometió errónea estimación, demostrando en qué consistió ésta última; explicar cómo la falta o la defectuosa valoración probatoria, lo condujo a los desatinos que tienen esa calidad y determinar en forma clara lo que la prueba en verdad acredita. Dicho en otras palabras, cuando de error de hecho se trata, es deber del impugnante en primer lugar precisar o determinar los errores y posteriormente demostrar la ostensible contradicción entre el defecto valorativo de la prueba y la realidad procesal, sirviéndose para ello de las pruebas que considere dejadas de valorar o erróneamente apreciadas (sentencia CSJ SL, del 23 de mar. 2001, rad. 15.148, CSJ SL3131-2021).
Evidentemente, el cargo se dirige a cuestionar la valoración probatoria realizada por el Tribunal en torno a que dio por demostrado que la desafiliación o retiro del sistema de la actora ocurrió el 31 de octubre de 2014 y a la supuesta negligencia de Colpensiones; no obstante, en el desarrollo del cargo se limita a señalar que para el año 2007 contaba con 500 semanas cotizadas y tenía más de 750 a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005 y de manera genérica, que «nos encontramos ante una falta de información del fondo de pensiones que provocó que la señora OLGA OLAYA continuara cotizando a COLOMBIA MAYOR cuando ya en el año 2007 TENIA CONFIGURADO su derecho pensional […]».
Revisada la decisión impugnada no se observa que el Tribunal hubiese concluido que existió desafiliación o retiro del sistema el 31 de octubre de 2014, sino que la actora cotizó ininterrumpidamente entre noviembre de 2008 y el 31 de octubre de 2014 hasta completar 986 semanas, de lo que fluye que el error endilgado parte de una premisa que no se encuentra en la decisión y, a partir de allí, cualquier ejercicio argumentativo quedaría sin sustento.
En todo caso, en ninguno de los apartes de la demanda de casación se expresa en qué radicó la equivocada apreciación de las pruebas citadas. Cabe reiterar, como se indicó atrás, que no es suficiente con enunciar los medios de convicción o los errores, sino que se hace necesario que a través de un ejercicio de razonamiento lógico se demuestre la ostensible contradicción entre lo que encontró probado el sentenciador y la realidad procesal, con mayor razón si se tiene en cuenta que en el presente asunto el colegiado si encontró en la historia laboral que la actora cumplió los requisitos para acceder a la pensión de vejez en el año 2007, lo que no halló fue prueba de que ésta hubiera continuado cotizando al sistema hasta el año 2014 por culpa atribuible a la administradora demandada, y era precisamente a ese pilar de la sentencia al que debió dirigir su embate mostrándole a la Corte qué medios permitían inferir que la conducta de la entidad conllevó a que erróneamente la accionante continuara realizando aportes al sistema, en el entendido que el colegiado no encontró solicitud de reconocimiento pensional anterior a la del 27 de noviembre de 2014, aspecto no debatido por el censor.
Tampoco se avizora el desconocimiento de la jurisprudencia de la Corporación sobre la materia por parte del sentenciador de segundo grado, aspecto que se denuncia en el cargo y aunque no es viable su discusión a través de la vía fáctica, lo cierto es que la Corte no ha eximido de prueba a quien alegue una equivocada información por parte de la administradora que conduzca a continuar realizando cotizaciones con posterioridad al cumplimiento de los requisitos para acceder a la pensión, sino que existen conductas a partir de las cuales se puede derivar el interés concreto del afiliado de no continuar cotizando, aun cuando expresamente no se haya reportado el retiro en el sistema, asunto jurídico que no guarda correspondencia con el caso en estudio, pues ciertamente el recurrente no aduce hechos o actos de la afiliada que condujeran inequívocamente que su interés era recibir el pago de la pensión desde el año 2007 y la entidad se lo negó, por el contrario, lo que observó el juez plural fue que se mantuvo la afiliación y la cotización sin ninguna manifestación externa en un sentido diferente, sin que se hubiera desvirtuado por la recurrente.
Las razones anotadas resultan suficientes para despachar desfavorablemente el cargo.
Las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo de la demandante recurrente y en favor de la parte demandada. Se fijan como agencias en derecho la suma de cuatro millones setecientos mil pesos ($4.700.000) m/cte., que se incluirán en la liquidación que se practique conforme a lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso.
IX. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el catorce (14) de agosto de dos mil diecinueve (2019) por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario laboral seguido por OLGA OLAYA MURILLO contra ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES.
Costas como se dijo.
Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.
(Salva Voto)
IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ
Presidente de la Sala
GERARDO BOTERO ZULUAGA
FERNANDO CASTILLO CADENA
LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ
OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR
SALVAMENTO DE VOTO
Demandante: Olga Olaya Murillo
Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones
Radicación: 88778
Magistrado Ponente: Fernando Castillo Cadena
Con el debido respeto a los demás integrantes de la Sala y tal como lo expresé en la sesión en la que se debatió el asunto, manifiesto que salvo mi voto en este asunto, pues si bien la demanda de casación tiene imprecisiones, considero que los defectos técnicos señalados eran superables y, en consecuencia, la Corte podía estudiar de fondo el único cargo propuesto.
Inicialmente es oportuno destacar que en el sub lite la actora solicitó el reconocimiento del retroactivo de las mesadas pensionales causadas del 7 de junio de 2007 al 25 de febrero de 2015 junto con los intereses moratorios a partir de esa misma fecha, la reliquidación de la pensión y la indexación de las sumas reconocidas.
El juez de primera instancia absolvió a la demandada de las pretensiones incoadas en su contra mediante sentencia de 7 de febrero de 2019, decisión que confirmó la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, a través de providencia de 14 de agosto de esa misma anualidad.
En sede de casación, la actora propuso un cargo, que a juicio de la mayoría de la Sala carece de la técnica necesaria para que esta Corporación emitiera una decisión de fondo.
No obstante, en mi criterio el cargo contiene una acusación viable de estudio por la vía indirecta relativa a la desafiliación tácita del sistema por parte de la actora y el error en que la hizo incurrir Colpensiones para que continuara cotizando, pese a tener acreditadas las semanas necesarias para adquirir el derecho pensional.
Precisamente, en sustento de tal ataque, la recurrente cuestiona como pruebas mal apreciadas la historia laboral, la Resolución GNR 52639 de 25 de febrero de 2015 y las solicitudes elevadas a Colpensiones, las que es oportuno precisar, son aptas en casación.
De ahí que, si bien comparto las consideración general de la mayoría relativa a que existen conductas a partir de las cuales se puede derivar el interés concreto del afiliado de no continuar cotizando, aun cuando expresamente no se haya reportado el retiro en el sistema, no estoy de acuerdo cuando se concluye específicamente que la recurrente no aduce hechos o actos que condujeran inequívocamente a tener por demostrado que su interés era recibir el pago de la pensión desde el año 2007 y que la entidad se lo negó, sin que precisamente se analizaran las solicitudes que la demandante presentó a Colpensiones y que adujo fueron mal apreciadas por el Colegiado de instancia.
Así, considero que en el sub lite, estaban dados los supuestos necesarios para decidir de fondo el reproche que propuso la actora.
En los anteriores términos sustento el salvamento de voto en el presente asunto.
Fecha ut supra.
IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ
Magistrado