RuleX

Jurisprudencia › Corte Suprema de Justicia › SL976-2019

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Sentencia SL976-2019

Fecha
12 de marzo de 2019
Magistrado ponente
Ana Maria Muñoz Segura

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SL976-2019

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Parte resolutiva

DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el veinticuatro (24) de abril de dos mil doce (2012), por la Sala Laboral de Descongestión para los Tribunales Superiores de los Distritos Judiciales de Cartagena, Valledupar, Montería y Santa Marta, leída el trece (13) de junio de dos mil doce (2012) por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Santa Marta, dentro del proceso que promovió IVÁN ENRIQUE TORO BORNACHERA contra LA NACIÓN -MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES-, FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A. y PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES DE TELECOM –PAR TELECOM-. Costas como se indicó en la parte motiva.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral

Sentencia SL976-2019

Magistrado ponente: Ana Maria Muñoz Segura

12 de marzo de 2019

ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA

Magistrada ponente

SL976-2019

Radicación n.° 59571

Acta 08

Bogotá, D. C., doce (12) de marzo de dos mil diecinueve (2019).

Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por IVÁN ENRIQUE TORO BORNACHERA, contra la sentencia proferida el 24 de abril de 2012, por la Sala Laboral de Descongestión para los Tribunales Superiores de los Distritos Judiciales de Cartagena, Valledupar, Montería y Santa Marta, leída el 13 de junio de 2012 por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Santa Marta, dentro del proceso que promovió contra LA NACIÓN -MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES-, FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A. y PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES DE TELECOM –PAR TELECOM-.

ANTECEDENTES

Iván Enrique Toro Bornachera demandó en proceso ordinario laboral a la Nación –Ministerio de Telecomunicaciones-, a la Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. –Fiduagraria S.A.- y al Patrimonio Autónomo de Remanentes de Telecom –Par Telecom-, con el fin de que se declarara la existencia de un contrato de trabajo y se reconociera el incumplimiento de las obligaciones contenidas en los artículos 33 y 58 de la Convención Colectiva de Trabajo, así como del artículo 143 del Código Sustantivo del Trabajo y los artículos 13 y 53 de la Constitución Política.

Del mismo modo, peticionó el pago de lo adeudado por concepto de nivelación salarial, la indemnización por despido sin justa causa y la reliquidación de las prestaciones sociales, junto con la indemnización moratoria y la respectiva indexación de dichas sumas.

Fundamentó sus pretensiones en que laboró para la Empresa de Telecomunicaciones de Santa Marta E.S.P., desde el 8 de enero de 1993 hasta el 5 de junio de 2004, fecha en la que la entidad dio por terminado el contrato de trabajo; que desempeñó, en principio, el cargo de «Auxiliar Instalador», para después desempeñarse como «auxiliar administrativo» en la misma entidad; que las funciones desempeñadas en el segundo cargo eran muy diferentes a las del primero, como lo señala la Resolución n.° 424 del 30 de diciembre de 2003; que el promedio de lo devengado correspondía aproximadamente a $2.007.137 mensuales.

Agregó que, en varias ocasiones, elevó petición ante la entidad accionada solicitando la nivelación salarial a la que tenía derecho, de conformidad con el artículo 33 de la Convención Colectiva de Trabajo, donde se prevé «[…] la diferencia salarial que hay que reconocer a todo trabajador que en forma temporal reemplace a otro que devengue una mayor remuneración».

Por último, manifestó que al momento de dar por terminado el contrato de trabajo, la entidad demandada no tuvo en cuenta lo señalado por el artículo 58 de la Convención Colectiva del Trabajo, conforme al cual, se debe pagar una indemnización del ciento por ciento.

Al dar respuesta a la demanda, el Ministerio de Comunicaciones se opuso a todas las pretensiones, aduciendo que nunca fue empleador del actor. De igual forma, refirió que no era representante de la extinta Telesantamarta en liquidación, comoquiera que la misma era una empresa autónoma e independiente de cualquier entidad estatal. En cuanto a los hechos, señaló que no le constaba ninguno, dado que no conocía al demandante y tampoco tenía noción de la relación laboral que existía entre él y Telesantamarta.

Finalmente, propuso las excepciones que denominó indebida integración del contradictorio, inexistencia del derecho e ineptitud de la demanda.

Por su parte, el Consorcio de Remanentes Telecom, en vocería de Par Telecom, se opuso a todas las pretensiones del actor. Frente a los hechos, aceptó los extremos de la relación laboral, el promedio salarial, las fechas de terminación del vínculo y lo relacionado con las labores desempeñadas por el actor. No obstante, refirió que no hallaba razón el demandante al alegar la violación de los artículos 33 y 58 de la Convención Colectiva del Trabajo, puesto que ésta ya no se encontraba vigente. Además, adujo que el actor había sido reubicado en un cargo permanente y no temporal, y que su liquidación de las prestaciones sociales se había dado de manera legal.

En su defensa, propuso las excepciones que denominó «imposibilidad para proferir sentencia de fondo contra las fiduciarias que forman el Consorcio de Remanentes Telecom», falta de legitimación en la causa por pasiva, inexistencia de la obligación, buena fe, prescripción, pago y falta de los presupuestos de hecho y de derecho para el reconocimiento y pago de horas extras.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Santa Marta, mediante sentencia proferida el 30 de septiembre de 2010, condenó a las entidades demandadas en los siguientes términos:

PRIMERO.- DECLARAR no prosperadas las excepciones de (sic) meritos invocadas por el demandado PATRIMONIO AUTONOMO (sic) DE REMANENTES “PAR”, a excepción de falta de presupuesto de hecho para el reconocimiento y pago de horas extras.

SEGUNDO.- CONDENAR, como en efecto condena a la demandada FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A. – FIDUAGRARIA S.A. a pagar a favor del demandante, con cargo al PATRIMONIO AUTONOMO (sic) DE REAMENTES (sic) PAR la nivelación salarial comprendida entre el periodo del día 17 de abril de 2001 y el 5 de junio de 2004 en cuantía de OCHO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON 91 ($8.345.588,91)

TERCERO.- CONDENAR, como en efecto condena al demandado PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES “PAR”, a pagar a favor del demandante, los siguientes valores y conceptos:

La suma de CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON 37/100 ($ 41.431,37), por la cual se elevará condena en razón de la diferencia de vacaciones.

La suma de SESENTA Y CIETE (sic) MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON 25/100 ($67.329,25), por la cual se elevará condena en razón de la diferencia de vacaciones.

La suma de UN MILLON (sic) QUINCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON 21/100 ($1.015.689,21), por la cual se elevará condena en razón de la diferencia de vacaciones extralegales.

La suma de de (sic) UN MILLON (sic) SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATRICIENTOIS (sic) OCHENTA Y UN PESOS CON 64/100 ($1.765.481,64), por la cual se elevará condena en razón de las cesantías causadas.

La suma de OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON 92/100 ($86.781,92), por la cual se elevará condena en razón de los intereses de cesantías causadas.

DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 98/100 ($ 241.499,98), por la cual se elevará condena en razón de la diferencia de prima de navidad extralegal.

La suma de $ 73.623,20 diarios desde el 06 de junio de 2004 hasta cuando se verifique el pago como indemnización por mora en el pago de las prestaciones sociales.

La suma de de (sic) UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL VEINTISEIS PESOS CON 80/100 ($1.599.026,80), por la cual se elevará condena en razón de la diferencia de primas de servicios.

La suma de DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON 62/100 ($17.552.319.62) por concepto de INDEMNIZACIÓN CONVENCIONAL por despido sin justa causa.

CUARTO.- CONDENAR en costas al PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES “PAR”, Liquídense oportunamente por secretaria (sic).

QUINTO.- ABSOLVER a los demandados MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A. de las pretensiones de la demanda.

SEXTO.- ABSOLVER al demandado PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES “PAR”, de las demás pretensiones de la demanda.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Por apelación de la parte demandada Par Telecom, la Sala Laboral de Descongestión para los Tribunales Superiores de los Distritos Judiciales de Cartagena, Valledupar, Montería y Santa Marta, mediante sentencia proferida el 24 de abril de 2012 y leída el 13 de junio de 2012, revocó la proferida por el a quo, para en su lugar, absolver al Par Telecom de las pretensiones incoadas en su contra, en los siguientes términos:

PRIMERO: ACEPTAR el desistimiento del recurso de apelación por parte del recurrente sobre la sentencia apelada, de fecha 30 de septiembre de 2010, dictada por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Santa Marta en el asunto de la referencia, en lo atinente a la condena por indemnización convencional por despido sin justa causa, conforme a la conciliación extrajudicial suscrita por las partes.

SEGUNDO: REVOCAR la sentencia apelada, de fecha 30 de septiembre de 2010, dictada por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Santa Marta en el asunto de la referencia, en lo atinente a las condenas por nivelación salarial, reliquidación de prestaciones sociales legales y extralegales, vacaciones legales y extralegales e indemnización moratoria por falta de pago y en su lugar ABSOLVER al PATRIMONIO AUTONOMO (sic) DE REMANENTES de tales pretensiones.

Para arribar a la anterior decisión, en lo que interesa al recurso de casación, el Tribunal empezó por señalar que el problema jurídico a dilucidar se circunscribía a determinar si «[…] el PATRIMONIO AUTONOMO (sic) DE REMANENTES DE TELECOM Y SUS O TELEASOCIADAS y FIDUAGRARIA S.A. están obligadas al pago de las pretensiones elevadas por el actor».

En tal sentido, manifestó que para resolver el problema jurídico planteado, convenía realizar un estudio de los artículos 1226 y 1227 del Código de Comercio, disposiciones normativas relativas a la fiducia mercantil, así como de aquellas referentes a la liquidación de Telecom, esto es, los Decretos 1773 de 2004, 4781 de 2005 y 4782 del mismo año. Lo anterior, comoquiera que la controversia objeto de estudio se dio en virtud de la administración fiduciaria establecida en las normas que dieron lugar a la liquidación de la empresa Telesantamarta S.A. E.S.P.

Aclaró que de conformidad con el Acuerdo consorcial entre las sociedades Fiduagraria S.A. y Fidupopular S.A., obrante a folios 16 a 20 del plenario, aquellas presentaron propuesta conjunta para participar en la invitación pública que tenía como objeto la constitución de Par Telecom y Teleasociadas en liquidación. De esta manera, al ser seleccionado ese consorcio para constituir el Patrimonio Autónomo de Remanentes de Telesantamarta en Liquidación, se obligó a «[…] atender los procesos judiciales, arbitrales y administrativos, o de otro tipo que se hayan iniciado contra las entidades en liquidación con anterioridad al cierre de los procesos liquidatorios y la extinción jurídica de las mismas». Lo anterior, también se refleja a folios 118 a 160 del expediente, donde consta la copia de la celebración del contrato de fiducia mercantil.

Así las cosas, de la aplicación de la mencionada normatividad al caso concreto, y teniendo en cuenta que la extinción jurídica de Telesantamarta S.A. E.S.P. en liquidación se produjo el 30 de abril de 2006, el juez colegiado concluyó lo siguiente:

[…] el artículo 1226 del Código de Comercio, señala en forma clara, que la fiducia es un negocio jurídico, por el cual el fideicomitente transfiere al fiduciario, unos bienes para administrarlos o enajenarlos y así cumplir una finalidad determinada. Pero, tal como lo indica el artículo 1227 de la misma obra, los bienes objeto de la fiducia no forman parte de la garantía general de los acreedores del fideicomitente, y solo garantiza obligaciones contraídas en el cumplimiento de la finalidad de la fiducia.

Ahora bien, en el caso que nos ocupa, los Decretos 4781 y 4782 de 2005, en forma taxativa, indica como objeto o finalidad de la fiducia, la atención de los procesos judiciales y reclamaciones en curso al momento de la terminación del proceso liquidatario, y este proceso judicial nace el 17 de septiembre de 2007, con posterioridad a la terminación del proceso liquidatario que se produjo el 30 de abril de 2006. Luego entonces, las obligaciones que se pretenden, no hacen parte de las la que a su cargo PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES DE TELECOM Y SUS TELEASOCIADAS EN LIQUIDACION "PAR" administrado por las fiduciarias respectivas.

RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por la parte demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Fue planteado por el recurrente de la siguiente manera:

Pretende el recurso que la Honorable Corte CASE la sentencia impugnada en cuanto revocó la de primer grado para que en sede de instancia, revoque totalmente la sentencia de segunda instancia en cuanto absolvió a la demandada y en su lugar confirme las condenas de primera instancia en lo que tiene que ver con el pago de diferencias salariales derivadas de la nivelación salarial, reliquidación de prestaciones sociales, vacaciones, e indemnización moratoria por falta de pago de las prestaciones sociales al término de la relación laboral y absolverlo de la indemnización convencional, por cuanto esta fue conciliada y se canceló en su totalidad. Sobre costas decidirá lo pertinente.

Con tal propósito formuló tres cargos por la causal primera de casación, que fueron oportunamente replicados y que se resolverán conjuntamente, porque están orientados por la misma vía, denuncian similar conjunto normativo y persiguen igual finalidad.

PRIMER CARGO

Acusó la sentencia impugnada de:

[…] violar directamente, en el concepto de INFRACCION (sic) DIRECTA, de los artículos, 9, 13, 19, 143 del Código Sustantivo del Trabajo y del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

Para la demostración del cargo, manifestó que el Tribunal dejó de cumplir con el principio proteccionista del derecho laboral, comoquiera que no aplicó la norma que era más favorable para el trabajador. En tal sentido, refirió que el ad quem se limitó a analizar la procedencia de la excepción de inexistencia de la obligación, sin tener en cuenta que la prosperidad de ésta suponía el menoscabo de los derechos laborales del trabajador.

SEGUNDO CARGO

Se formuló de la siguiente manera:

Acusa la sentencia impugnada de violar directamente, en el concepto de APLICACIÓN INDEBIDA, el articulo 189 numeral 15 de la Constitución Política, ley 489 de 1998 artículo 52, parágrafo 1o, Arts. 2º del Decreto Ley 254 de 2000, decreto ley 573 DE 2000, los artículos 1,10, 26 Y 27 del Decreto1773 de 2004, articulo 3 del decreto 4781 de 2005, articulo 3 del decreto 4782 de 2005.

En la demostración del cargo, señaló que el juez colegiado había interpretado y aplicado de manera indebida el artículo 3º del Decreto 4782 de 2005, donde se señala como una de las responsabilidades de la fiducia mercantil «[…] la atención de las obligaciones remanentes y contingentes, así como de los procesos judiciales o reclamaciones en curso al momento de la terminación del proceso liquidatorio». Lo anterior, toda vez que el Tribunal debió haber concluido que Par Telecom y Fiduagraria S.A. debían asumir el pago adeudado al actor como una responsabilidad contingente, en vez de liberarlas de cualquier responsabilidad. Y luego, concluyó lo siguiente:

[…] el acreedor podría hacer valer su crédito, inclusive judicialmente si fuere necesario, con posterioridad al proceso liquidatario y mientras el derecho no prescriba, frente a la entidad que se subrogo en los derechos y fas obligaciones de la entidad liquidada, en este caso el PAR, la cual fue señalada en el acto que ordeno (sic) la supresión o disolución y consiguiente liquidación de Telesantamarta S.A. E,S.P., conforme a lo dispuesto en los Arts. 2º del Decreto Ley 254 de 2000 y 52 de la Ley 489 de 1998.

TERCER CARGO

Acusó la sentencia del Tribunal, en los siguientes términos:

Acusa la sentencia impugnada de violar directamente, en el concepto de INTERPRETACIÓN ERRÓNEA, el articulo 189 numeral 15 de la Constitución Política, ley 489 de 1998 artículo 52, parágrafo 1o, decreto ley 573 DE 2000, los artículos 1,10, 26 Y 27, decreto ley 254 de 2000 del Decreto1773 de 2004, articulo 3 del decreto 4781 de 2005, articulo 3 del decreto 4782 de 2005.

Para la demostración del cargo, reiteró que el juez colegiado le dio una interpretación errada a la normatividad en la que basó su decisión, pues éste debió haber concluido que «[…] sí existía una obligación por parte de las demandadas», de conformidad con el Decreto 4781 de 2005, y que se debían proteger los derechos laborales del trabajador.

RÉPLICA

El Consorcio de Remanentes de Telecom, en vocería del Par Telecom, adujo en su réplica que la censura no había atacado los verdaderos fundamentos sobre los cuales el Tribunal había soportado su sentencia. Así mismo, manifestó que, de conformidad con el principio de la doble instancia, el fallo del juez colegiado ostentaba el carácter de «sentencia de cierre», y como consecuencia, el recurrente tenía el deber de precisar el tipo de error que cometió el Tribunal, si el ataque es directo. No obstante, indicó que, en este caso, el censor no señaló las normas jurídicas transgredidas sobre las cuales el ad quem formó su convencimiento, así como tampoco indicó las normas sustanciales que consagraban los derechos aducidos como vulnerados.

Por último, aseveró que el recurrente no desarrolló la argumentación requerida para acreditar los desaciertos que, en su parecer, cometió el Tribunal. De esta manera, concluyó lo siguiente:

[…] se encuentra que las consideraciones del sentenciador se edificaron bajo soportes probatorios y éstos tampoco fueron removidos por el censor, por ello prestan su concurso para soportar el fallo impugnado.

CONSIDERACIONES

En múltiples ocasiones la Sala ha explicado que este medio de impugnación no le otorga competencia para juzgar el pleito con el fin de resolver a cuál de los litigantes le asiste la razón, ya que sus facultades, siempre y cuando la demanda cumpla con los requisitos de la ley procedimental, se limitan a enjuiciar la sentencia con el objeto de establecer si el juez de apelaciones, al dictarla, transgredió o no la ley sustancial de alcance nacional.

Para proceder a ese estudio, también se ha reiterado, la demanda de casación debe cumplir con las exigencias legales contenidas en el artículo 90 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, y con las que jurisprudencialmente se han definido, las cuales no pueden ser subsanadas de oficio, en razón del carácter dispositivo del recurso extraordinario. De esta manera, resulta necesario que el recurrente, además de precisar lo que pretende una vez obtenga el quiebre del fallo acusado, debe indicar la normal legal sustantiva de orden nacional que estime fue vulnerada y el concepto de la violación, es decir, si el tribunal incurrió en infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea de la ley; también debe explicitar si se denuncia la violación por la vía directa o indirecta de la ley, tornándose indispensable en este último evento, que se singularicen los protuberantes o evidentes errores de hecho en que incurrió el Tribunal, por apreciar indebidamente o dejar de valorar las pruebas, que también debe enumerar.

Es evidente que la demanda con la cual se sustenta en el presente caso el recurso extraordinario, no cumple con algunas de las exigencias técnicas legales y jurisprudenciales que habiliten su estudio y resolución de fondo. Ello por cuanto en el alcance de la impugnación, que constituye el petitum de la demanda, la censura persigue que se case la sentencia impugnada y luego que se revoque totalmente la sentencia de segunda instancia, es decir, que no comprende que casada la sentencia del ad quem, ésta desaparece del mundo jurídico tornándose imposible su revocatoria posterior.

Además, porque al denunciar en el primer cargo la infracción directa de los artículos 9°, 13, 19 y 143, a renglón seguido se mencionó que son normas «[…] del Código Sustantivo del Trabajo y del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social», esto es, no individualizó dentro de su proposición jurídica las normas que estaban contenidas en el estatuto sustantivo, o si se quería denunciar una violación de medio por el desconocimiento de normas adjetivas, impidiendo de esa forma el estudio de fondo del cargo, porque dado el carácter dispositivo del recurso no es posible subsanarlo de oficio, menos aun cuando en la demostración del mismo se repite el error, al sostenerse que el Tribunal «[…] no tuvo en cuenta principios y normas del Código Sustantivo del Trabajo y Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social», es decir, mantuvo la incoherencia mostrada al plantear el cargo.

En relación con los cargos segundo y tercero, que denuncian también la violación directa de la ley, en los conceptos de aplicación indebida e interpretación errónea, respectivamente, se observa que el recurrente omitió incluir dentro de la proposición jurídica los artículos 1226 y 1227 del Código de Comercio, frente a los cuales el Tribunal manifestó lo siguiente:

Y es que el artículo 1226 del Código de Comercio, señala en forma clara, que la fiducia es un negocio jurídico, por el cual el fideicomitente transfiere al fiduciario, unos bienes para administrarlos o enajenarlos y así cumplir una finalidad determinada. Pero, tal como lo indica el artículo 1227 de la misma obra, los bienes objeto de la fiducia no forman parte de la garantía general de los acreedores del fideicomitente, y solo garantiza obligaciones contraídas en el cumplimiento de la finalidad de la fiducia.

La señalada falencia resulta incomprensible, máxime porque el Tribunal centró su sentencia en el análisis de esas normas relacionadas con la fiducia mercantil, para determinar si el Par Telecom o Fiduagraria S.A. estaban «[…] obligadas al pago de las pretensiones elevadas por el actor», y que su decisión sobre el particular fue que atendiendo lo preceptuado por los Decretos 4781 y 4782 de 2005, a la fiducia le correspondía atender «[…] los procesos judiciales y reclamaciones en curso al momento de la terminación del proceso liquidatorio, y este proceso judicial nace el 17 de septiembre de 2007, con posterioridad a la terminación del proceso liquidatorio que se produjo el 30 de abril de 2006», razonamiento jurídicamente incorrecto, tal como lo entendió esta Corte en la sentencia CSJ SL3746-2018, que al resolver un asunto de contornos similares al presente, relacionado con la empresa Telenariño S.A. E.S.P. dijo:

Entre las disposiciones enlistadas en la proposición jurídica, se encuentra el Decreto 1607 del 12 de junio de 2003, a través del cual se dispuso la disolución y liquidación de la empresa Telecomunicaciones de Nariño S.A. E.SP. -Telenariño S.A. E.SP.-, modificado y adicionado por el Decreto 4763 de 2005, que en su artículo 3º consagró las funciones del liquidador, entre las cuales, en su numeral 12.29, preceptuó:

[…]

De su texto se desprende, que en efecto, incurrió el Tribunal en una indebida interpretación de la misma, en razón a que aquella previó entre las finalidades del PAR, la atención de las obligaciones remanentes y contingentes, sin que se hubiese condicionado su responsabilidad a obligaciones ya reconocidas, como lo entendió el Tribunal, por ello no podía dársele dicha intelección a la norma, por resultar aquella restrictiva.

Ni en la norma, ni en el contrato de fiducia mercantil celebrado en cumplimiento de lo allí ordenado, entre Fiduciaria La Previsora S.A., actuando en su calidad de liquidador de Telecom (en liquidación) y Teleasociadas (en liquidación), y el Consorcio Remanentes Telecom conformado por Fiduagraria S.A. y Fiduciaria Popular S.A., el 30 de diciembre de 2005, para la constitución del Patrimonio Autónomo de Remanentes Telecom y Teleasociadas en liquidación -PAR-, obrante a folios 321 a 360, se condicionó la responsabilidad del PAR a obligaciones reconocidas.

A pesar de la precisión efectuada por la Corte, en el sub lite el ataque propuesto en estos cargos resulta, además de defectuoso, verdaderamente insuficiente, pues es bien sabido que la sentencia de segunda instancia goza de las presunciones de legalidad y acierto, de modo que debe ser atacada en todos sus pilares, porque al mantenerse en pie uno solo de ellos, la decisión se mantendrá incólume. Así lo ha precisado esta Sala en infinidad de ocasiones, en las que ha asentado, como lo hizo en las sentencias CSJ SL9159-2017 y CSJ SL9162-2017, lo siguiente:

La Sala reitera el carácter extraordinario del recurso de casación, que impone al recurrente la carga de destruir todos los soportes sobre los que se encuentra construido el pronunciamiento impugnado, por manera que, de no lograrlo, la presunción de acierto y legalidad que lo ampara, permanecerá invariable y acarreará, como necesaria consecuencia, el fracaso de la impugnación.

Adicionalmente, el extenso recurso omite derruir los pilares fundamentales de la decisión del Tribunal, principalmente los que tienen que ver con la falta de acreditación de vicios del consentimiento en los acuerdos conciliados o, la vulneración de derechos ciertos, indiscutibles e irrenunciables, que por no ser atacados, tienen la virtud de mantener incólume la sentencia fustigada.

Además, en la sentencia CSJ SL5522-2018, reiterando el criterio anterior, esta Sala destacó lo siguiente:

En este aspecto debe recordar la Corte, que las acusaciones exiguas o parciales son insuficientes para quebrar una sentencia en el ámbito de la casación del trabajo y de la seguridad social, por cuanto dejan subsistiendo sus fundamentos sustanciales y, por tanto, nada consigue la censora si se ocupa de combatir razones distintas a las aducidas por el juzgador o cuando no ataca todos los pilares en que se basó la decisión, porque, en tal caso, así tenga razón en la critica que formula, la decisión sigue soportada en las inferencias que dejó libres de ataque.

[…]

Corresponde entonces al censor identificar los soportes del fallo que controvierte y, consecuente con el resultado que obtenga, dirigir el ataque por la senda fáctica o la jurídica, o por ambas, en cargos separados, desde luego, si es que el fundamento de la decisión es mixto.

Los soportes fácticos de una decisión judicial, son aquellas inferencias o deducciones que el juez de alzada obtiene luego de analizar el contenido de los medios de prueba regular y oportunamente incorporados al expediente, que le permiten construir el escenario sobre el cual cobraran vida las normas llamadas a gobernar los hechos acreditados; al paso que los jurídicos corresponden al alcance, aplicación o falta de aplicación de una o varias preceptivas llamadas a regular el caso sometido a su consideración, esto con total independencia de los aspectos de hecho que estructuran cada caso.

Las anteriores son razones suficientes para desestimar la acusación.

Costas en el recurso extraordinario a cargo del recurrente. Como agencias en derecho se fija la suma de cuatro millones de pesos ($4.000.000), que se incluirá en la liquidación que el juez de primera instancia haga, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el veinticuatro (24) de abril de dos mil doce (2012), por la Sala Laboral de Descongestión para los Tribunales Superiores de los Distritos Judiciales de Cartagena, Valledupar, Montería y Santa Marta, leída el trece (13) de junio de dos mil doce (2012) por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Santa Marta, dentro del proceso que promovió IVÁN ENRIQUE TORO BORNACHERA contra LA NACIÓN -MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES-, FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A. y PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES DE TELECOM –PAR TELECOM-.

Costas como se indicó en la parte motiva.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA

OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA

GIOVANNI FRANCISCO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre la sentencia SL976-2019 completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.