Ficha de la providencia
Sentencia SL981-2021
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
Ficha de la providencia
Sentencia SL981-2021
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral
Sentencia SL981-2021
Magistrado ponente: Fernando Castillo Cadena
17 de febrero de 2021
FERNANDO CASTILLO CADENA
Magistrado ponente
SL981-2021
Radicación n.° 47767
Acta 6
Bogotá, D. C., diecisiete (17) de febrero de dos mil veintiuno (2021).
Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por AEROVÍAS COLOMBIANAS LIMITADA ARCA, contra la sentencia proferida por la Sala de Descongestión de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 31 de agosto de 2009, en el proceso que instauró la CAJA DE AUXILIOS Y DE PRESTACIONES DE LOS AVIADORES CIVILES ACDAC CAXDAC en contra del recurrente.
ANTECEDENTES
La Caja de Auxilios y de Prestaciones de los Aviadores Civiles Acdac Caxdac, llamó a la accionada con el fin de que se declarara que dicha entidad estaba obligada i) a elaborar y presentar los cálculos actuariales correspondientes a los años 1994 a 2003, ante la Superintendencia de Puertos y Transporte para su aprobación, previo el procedimiento de rigor establecido en la ley; ii) al pago del valor del 100% del cálculo actuarial de las transferencias por los pilotos beneficiarios del régimen de transición, que estuvieron y están a su servicio, de acuerdo con los plazos señalados en el artículo 3 de la Ley 860 de 2003 y la Circular Externa 0002 de 2004.
Como consecuencia de esas declaraciones, peticionó que se condenara a la accionada al pago del valor déficit actuarial derivado del cálculo actuarial por los años que van desde 1994 hasta 2003, correspondiente a los tiempos laborados por cada uno de los aviadores civiles beneficiarios del régimen de transición que administra CAXDAC.
Así mismo, solicitó el pago de los intereses moratorios causados desde el 1 de abril de los años 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005 fecha en que debió dar cumplimiento oportuno a lo previsto en el artículo 7 del Decreto 1283 de 1994, derogado por el artículo 3 de la Ley 860 de 2003, en armonía con la Circular Externa 0002 de 2004, de la Superintendencia de Puertos y Trasporte y hasta cuando se hiciera efectivo el pago total de la obligación de conformidad con el artículo 3 de la Ley 860 de 2003, y en armonía con el artículo 23 de la Ley 100 de 1993; finalmente que se le condenara al pago de costas procesales y las agencias en derecho a que hubiere lugar.
Fundamentó sus pretensiones, básicamente, en que CAXDAC era una caja del sector privado, que con fundamento en el artículo 52 de la Ley 100 de 1993 tenía el carácter de entidad administradora de pensiones del régimen de prima media con prestación definida, que se encontraba sometida a la inspección, vigilancia y control de la Superintendencia Bancaria hoy Financiera; que cumplía con deberes de administradora de pensiones de aviadores civiles, en relación con las especiales circunstancias pensiónales consagradas en los Decretos 1282, 1283 y 1302 de 1994, la Circular 088 de 1995 expedida por la Superintendencia Bancaria; la Circular 0002 de 2004 de la Superintendencia de Puertos y Transporte, y en lo pertinente, por lo contenido en la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios.
Que con el objeto de regular los aportes necesarios para integrar el fondo común que permitiera a Caxdac reunir el capital para el pago de las pensiones referidas en la normativa anotada, se estableció la obligación a las empresas empleadoras de aviadores civiles de presentar, ante la Superintendencia de Puertos y Transporte, los cálculos actuariales con corte al 31 de diciembre de cada año; que Aerovías Colombianas Ltda- Arc como empresa aérea empleadora vinculó por contrato laboral a aviadores civiles pensionados y/o pilotos beneficiarios del régimen de transición administrados por Caxdac frente a los que tenía la obligación de a) allegar los formularios de autoliquidación y pagar el aporte correspondiente al 13.5% del ingreso base de liquidación y, b) la cancelación, hasta su integración en el 100%, del cálculo actuarial de las transferencias por los pilotos beneficiarios del régimen de transición o pensionados; última obligación a la que la entidad demandada no dio cumplimiento, por cuanto no presentó los cálculos actuariales con corte al 31 de diciembre de los años 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003; vencidos el 31 de enero correspondiente de cada año; que la accionada contrato laboralmente y vinculó a Caxdac a pilotos beneficiarios del régimen de transición pensionados, situación que le había impuesto el deber de integrar la totalidad del cálculo actuarial por el tiempo laborado con dicha empresa.
Por último, informó que las transferencias originadas en el cálculo actuarial tenían la especial connotación de aportes parafiscales, según lo señalado por la Corte Constitucional. (fl.°31 a 37).
La empresa convocada al proceso, al dar contestación al escrito generatriz de la contienda, se opuso al éxito de las pretensiones incoadas; frente a los supuestos fácticos, manifestó que la mayoría no eran hechos sino conceptos jurídicos, de otros manifestó que eran imprecisos e inciertos.
En su defensa propuso como excepciones las de falta de capacidad para ser parte, falta de legitimación para obrar, indebida representación, falta de personería jurídica, inexistencia de causa petendi, falta de causa legal para demandar, falta de presupuesto procesal de demanda en forma, incoherencia de las pretensiones y prescripción (fl.° 96 a 115).
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
El Juzgado Sexto Laboral de Descongestión del Circuito de Bogotá, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 29 de agosto de 2008 (fl.° 214 - 225), decidió:
PRIMERO CONDENAR a la demandada AEROVIAS COLOMBIANAS LTDA a ELABORAR y PRESENTAR ante la Superintendencia de Puertos y Transporte los cálculos actuariales correspondientes a los años 1994 a 2003 y a CANCELARLOS A FAVOR DE CAXDAC, respecto de los aviadores relacionados en la presente sentencia, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia;
SEGUNDO CONDENAR a la demandada AEROVIAS COLOMBIANAS LTDA al pago del valor del déficit actuarial, previa presentación y aprobación de la Superintendencia de Puertos y Transportes, derivado del cálculo actuarial por los años 1994 a 2003 correspondiente a los tiempos laborados por cada uno de los aviadores civiles beneficiarios del régimen de transición que administra CAXDAC, relacionados previamente de acuerdo con los plazos señalados en el artículo 3 de la Ley 860 sancionada en el 2003 y la circular externa 0002 de 2004 expedido (sic) por la Superintendencia de Puertos y Transporte, conforme a la parte motiva de esta sentencia.
TERCERO CONDENAR a la demandada AEROVIAS COLOMBIANAS LTDA al pago de los intereses moratorios “igual al que rige para el impuesto sobre la renta y complementarios” desde el 1 de abril de 1995, en los términos del artículo 23 de la Ley 100 de 1993.
Al mismo tiempo, declaró no probadas las excepciones propuestas y condenó en costas a la parte demandada.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala de Descongestión de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, al resolver la apelación interpuesta por la entidad demandada, en providencia del 31 de agosto de 2009, confirmó íntegramente la proferida en primera instancia. Costas en ambas instancias a cargo de la demandante (fl.° 282 a 299).
En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal circunscribió el problema jurídico a «establecer si la demandada estaba obligada a presentar los cálculos actuariales correspondientes a los años 1994 a 2003, ante la Superintendencia de Puertos y Transporte, debiendo cancelar el valor del 100% del cálculo actuarial de las transferencias por los pilotos beneficiarios del régimen de transición que estuvieron, o están a su servicio de acuerdo con los plazos señalados en la norma; el pago del déficit actuarial, los intereses moratorios y las costas procesales».
Precisó que se detendría a estudiar «el margen impartido en el recurso de apelación rechazando la condena porque la acción fue imprecisa y genérica, situación que impide imponer condena».
Para abordar el problema principal, citó el artículo 6 y 7 del Decreto 1283 del 22 de junio de 1994, el artículo 3 de la Ley 860 de 2003, y la Circular Externa No. 0002 del 4 de marzo de 2004 de la Superintendencia de Puertos y Transporte, con base en lo cual indicó que en atención a los parámetros de las normas referidas la accionada debía -respecto de los aviadores civiles pensionados por Caxdac y de los beneficiarios del régimen de transición- cumplir con la obligación de completar la totalidad del cálculo actuarial de aquellos cuya pensión estuviera bajo la responsabilidad de Caxdac.
Al respecto precisó, que la Superintendencia de Puertos y Transporte manifestó que no se había encontrado ninguna aprobación de cálculo actuarial a la empresa Aerovías para los años de 1994 a 2003, así mismo, que no reposaba probanza alguna que hubiera permitido inferir el cumplimiento de dicha obligación, por lo que consideró acertada la conclusión del juez de primera instancia de que a la demandada le asistía «la obligación respecto de los aviadores civiles pensionados por CAXDAC y los beneficiarios del régimen de transición y no incurre en desacierto al imponer condena sobre la personas determinadas en la parte motiva de aquella sentencia.»
De otro lado dejó por sentado, que no le resultaron genéricos los hechos y las pretensiones de la demanda, ya que fueron aportadas las hojas de vida de los aviadores civiles que prestaban, o habían prestado sus servicios a la entidad demandada, frente a los cuales no se recibió oposición en la contestación de la demanda, en suma, que la situación de los aviadores fue debatida en el proceso, según evidenció del interrogatorio de parte rendido por el representante de la demandada, «en aquella oportunidad le preguntaron "Diga como es cierto si o no y yo afirmo que loes (sic) que los capitanes CUADROS VERNAL VICENTE, VICTORIA GUTIÉRREZ VICENTE, SILVA SARMIENTO ALFREDO, BECERRA SCARPPETA MANUEL VICENTE, LUNA URIBE FELIPE Y GUTIÉRREZ NAVARRO FERNANDO, con base en el tiempo laborado al servicio de la empresa que usted representa, se les reconoció la pensión de jubilación.", a lo que respondió "si es cierto según las pruebas que obran en el expediente» (folio 144).
De ello, el colegiado dio por sentado que la demandada sí conocía los aviadores sobre los cuales debía haber realizado el cálculo actuarial, lo que desvirtuaba su tesis, pues no hubo imprecisión en la delimitación del litigio, sino que, por el contrario, la empresa «en el devenir procesal realizó actos para evadir el reconocimiento de esta obligación, tan es así, que el a quo en la audiencia de interrogatorio absuelto por el representante de la demandada llamó la atención al mismo por evadir las preguntas relacionadas con el reconocimiento de los trabajadores señalados en las hojas de vida que reposan a folios 17 a 30, condición que no se puede desconocer al momento de decidir de fondo».
Así las cosas, el Juez de segundo grado determinó que la empresa de aviación tenía la obligación de presentar los cálculos actuariales correspondientes a los años 1994 a 2003, de conformidad con el certificado expedido por la Superintendencia de Puertos y Transporte que expresó que dichos cálculos actuariales no fueron elaborados ni presentados ante dicha entidad para su aprobación.
Por último, y en cuanto a la prescripción, precisó que el cálculo actuarial que tenía que elaborar la entidad demandada, no constituía un aporte parafiscal toda vez que el mismo hacía parte de los elementos constitutivos de la pensión y como tal no podía estar afectado de prescripción. Soportó su argumento en la Sentencia CSJ SL 31 mar, 2009. rad 30303.
En consecuencia, confirmó el fallo del juez de primer grado.
RECURSO DE CASACIÓN
Interpuesto por la parte demandada, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.
ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN
Pretende la recurrente que la Corte case la sentencia y, una vez constituida en sede de instancia, «REVOQUE en todas sus partes la sentencia proferida por el Juzgado sexto de descongestión del Circuito de Bogotá, y en su lugar, absuelva a la sociedad ARCA LTDA, y condene en costas a la demandante CAXDAC».
Con tal propósito formula dos cargos, por la causal primera de casación, los cuales fueron objeto de réplica y procede a resolverse.
CARGO PRIMERO
Acusa la sentencia de violar directamente la ley sustancial en la modalidad de «inaplicación de los artículos 16, 19, 20, 259 y 263 del CST; arts. 14, 15 y 16 del Decreto 656 de 1994; Ley 32 de 1961, reglamentada por el Decreto 60 de 1973 arts. 8 y 11 del Decreto 1161 de 1994; arts. 7, 8, 9, del Decreto 1282 de 1994; arts. 4. 5, 6, 70, 80 del Decreto 1283 de 1994; Decreto reglamentario 824 de 2001; art. 3 de la Ley 860 de 2003; arts. 18, 20, 115 y concordantes de la Ley 100 de 1993; arts.1649 y concordantes del C.C.».
Sustenta la entidad recurrente que el Tribunal incurrió en la inaplicación de los preceptos señalados en el cargo, por cuanto no tuvo en cuenta que conforme a dicha normatividad si dio cumplimiento a sus obligaciones relacionadas con el pago del cálculo actuarial.
Tras anotar la normativa relativa a la base y monto de cotizaciones de los aviadores civiles, asevera que fue precisamente con relación a dicha cotización hecha a Caxdac, de donde se desprende que la sentencia impuso obligaciones que no están en la norma, por cuanto la responsabilidad de las empresas cesaba con la entrega integra del cálculo actuarial, obligación que en su concepto satisfizo desde el momento en que puso a disposición de la entidad actora «los aportes correspondientes a los señores VICENTE CUADROS, VICENTE VICTORIA, FABIO A SILVA SARMIENTO,MANUEL BECERRA SCARPETTA,FELIPE LUNA URIBE Y LUIS F. GUTIERREZ NAVARRO, no siendo admisible en consecuencia el que ante la supuesta ausencia de prueba se deba condenar» al accionado, más aún si se tiene en cuenta que las afirmaciones por la accionada efectuadas al «ser afirmaciones indefinidas, no requieren de prueba, tal como se desprende del articulo (sic)177 del C.de P. C. puesto que oportunamente se dio cumplimiento a la obligación de pagar los aportes respectivos, resultando pues, contrario a derecho que después de satisfechas las obligaciones por parte de la demandada, aparezcan otras nuevas, no contempladas en el ordenamiento jurídico».
Manifiesta que los aportes con fines pensionales, tanto los patronales como los de trabajadores se cumplen desde el momento de su consignación o depósito, por lo que, habiendo satisfecho dicha obligación de manera oportuna, no procede el cálculo actuarial al que fue condenada, que por demás consideró contrario a lo dispuesto en el artículo 8 del Decreto 1283 de 1994.
En seguida la censura tras i) recordar la norma de creación de Caxdac y su objeto, ii) hacer alusión a una subrogación de obligaciones a cargo de las empresas nacionales de transporte aéreo, que debían contribuir a la financiación de Caxdac; iii) afirmar que las obligaciones pensionales de las empresas tenían carácter parafiscal y no podían ser tenidas en cuenta como obligaciones pensionales según la reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional, que por demás se concebían como pagos mensuales de aportes calculados sobre liquidaciones que la accionante presentaba a la Aeronáutica civil iv) aludir al Decreto 60 de 1973, reglamentario de la Ley 72 32 de 1961, la Ley 100 de 1993, los Decreto 1282 y 1283 de 1994, señala:
Las empresas que a la fecha del Decreto 1283 de 1994, eran empleadoras de los pensionados de CAXDAC, o los aviadores con derecho a pensión, o los beneficiarios del régimen de transición, debían completar la totalidad de su cálculo actuarial en la forma prevista en el artículo 7 de este Decreto, y eso es lo que precisamente hizo la demandada, no habiéndose desvirtuado hasta el momento por parte de la entidad demandante la afirmación relacionada con el pago de tal calculo actuarial, de donde se desprende claramente que la obligación reclamada por la demandante es inexistente, siendo por ello razonable la actuación del apoderado de la demandada al interponer y sustentar el recurso de apelación.
Posteriormente afirma que, frente a la regla de pago debe ser aplicado el artículo 1649 del CC «para el momento en que la entidad demandada pago los aportes para pensión de sus trabajadores, lo cual significa que de acuerdo a dicha norma se pagaron tanto el valor del bono pensional, como el del cálculo actuarial, como de los intereses.». En voces de la entidad recurrente, las empresas de aviación quedaban liberadas en el momento de efectuar el pago del cálculo; lo que ocurrió cuando se puso a disposición de Caxdac la totalidad del valor de los aportes.
En suma, acota que:
Situación diferente se presenta cuando ha recibido el total de los recursos, puesto que a partir de ese momento opera por ley la subrogación que se discute y cesa la responsabilidad de la empresa aportante, pues, en la práctica, se da una conmutación pensional.
Es preciso tener en cuenta que la Ley 860 de 2003 estableció a favor de los empleados de las diferentes empresas aéreas de carácter privado, el derecho de poder hacer la conmutación pensional pagando el cálculo actuarial a CAXDAC con el fin de liberarse de sus obligaciones patronales hasta el año 2023.
La Ley 860 de 2003 contempla, simplemente, un plazo máximo para efectuar su pago y a tal efecto establece cómo se calcula el pago mensual, pero ello no impide que una empresa haga el pago anticipado, pues como ya se dijo, de la propia redacción de la ley, así como de las reglas del Código Civil, se desprende que esto puede ocurrir.
Por consiguiente, al resultar de los textos legales cuál es la obligación que se debe pagar, quién lo debe hacer y que el pago puede ser anticipado, quedaban determinados los elementos propios de la obligación. El Gobierno lo único que hizo fue precisar la facultad de realizar el pago anticipado para asegurarse de que el mismo sea conforme a los principios que inspiran la ley
No habiendo aplicado el Sentenciador ninguna de las normas relacionadas en el presente asunto, se evidencia entonces que se estructura la causal de casación señalada en la enunciación del cargo.
Finalmente, se evidencia la incompatibilidad entre indexación e intereses.
RÉPLICA
El opositor resalta defectos en la técnica de casación que hace inestimable el cargo; sostiene que en cuanto a la formulación del cargo acusa al Tribunal de no aplicar los artículos 6 y 7 del Decreto 1283 de 1994 y 3 de la Ley 860 de 2003, los cuales, contrario a lo afirmado por el recurrente, sí fueron aplicados como se desprende de los folios 9 a 11 del fallo.
En torno a las demás disposiciones atacadas, precisa que, si bien no fueron aplicadas por el juez de alzada, las mismas carecen de pertinencia para resolver el asunto en contienda y por el contrario no se acusan las que gobiernan el caso y que fueron aplicadas por el Tribunal.
Por último, asevera que aun cuando el ataque es por la vía directa, entremezcla asuntos fácticos y que el mismo constituye un alegato de instancia.
CONSIDERACIONES
Debe recordarse que, en atención a la naturaleza propia del recurso extraordinario, la Sala, con insistencia, reclama de quien lo propone, el acatamiento de las mínimas formalidades que lo rodean en virtud a que aquellas constituyen su debido proceso, reglas que el censor no exhibe en el planteamiento del mismo.
En primer lugar, en la proposición jurídica hace una identificación genérica de normas – Ley 32 de 1961, Decreto 824 de 2001- sin precisar cuáles son los preceptos que violentó el Tribunal. De otro lado, acusa normas que no regulan el objeto del litigio, como son el Decreto 656 de 1994, que como lo indica su objeto, va dirigido a los fondos de pensiones del régimen de ahorro individual con solidaridad, régimen al cual no pertenece Caxdac, puesto que, si bien es una caja privada, su régimen es el de prima media con prestación definida
En segundo lugar, en la proposición jurídica acusa de falta de aplicación de los artículos 7º, 8º, 9º del Decreto 1282 de 1994 y 4º, 5º, 6º, 7º y 8º del Decreto 1283 de 1994, así como el 3º la Ley 860 de 2003, normas que sí aplicó el Juez colegiado para determinar la existencia de la obligación de integrar el cálculo actuarial, diferente a que el recurrente no compartiera la conclusión jurídica a la que llegó el Tribunal de estar obligado a dicha integración.
En tercer término, la fundamentación del cargo se asemeja más a un alegato de instancia, que a una argumentación propia del recurso de casación que busque derruir los pilares del fallo del juez de segundo grado; por el contrario, el recurrente en su escrito lo que busca es asimilar el aporte pensional como equivalente a la integración del cálculo actuarial, figuras completamente diferentes.
Una cosa hay que dejar clara, el pago del aporte pensional causado por la prestación del servicio del trabajador, al que están obligados los empleadores, para que sus colaboradores tengan cobertura dentro del sistema general de pensiones, no constituye el cumplimiento de la obligación de integración del cálculo actuarial al que se encuentran obligadas las empresas que contratan aviadores civiles que se hallan en régimen de especiales transitorios, o régimen de transición, aunque ambas cubren obligaciones en cabeza del empleador, son puntualmente disímiles aun cuando su finalidad sea la misma, financiar prestaciones pensionales de los trabajadores.
Por último, en su alegato incurre en el desafuero de entremezclar vías del ataque, ya que, aun cuando se dirige por la vía directa, invita a que se verifique que efectivamente se «dio el cumplimiento de la obligación de pagar aportes» a más de afirmar que «no siendo admisible en consecuencia el que ante la supuesta ausencia de prueba se deba condenar a la entidad […]».
Al respecto, la jurisprudencia ha destacado que cuando el ataque se dirige por la vía directa el impugnante debe estar conforme con los fundamentos fácticos de la sentencia acusada, toda vez que en ese sendero el debate se contrae a aspectos meramente jurídicos y no fácticos como ocurre en el presente caso.
Así las cosas, en la forma planteada, el cargo carece del desarrollo y fundamento adecuados para su prosperidad, de suerte que la Sala se ve en la imposibilidad de llevar a efecto la confrontación del fallo de segundo grado, en función de verificar la legalidad de lo resuelto, que es lo que compete realizar en esta Sede.
En fin, el ataque se rechaza.
CARGO SEGUNDO
Ataca la sentencia de violar directamente la ley sustancial en la modalidad de «inaplicación, de lo dispuesto en los artículos 2535, 2536, 2538 del Código Civil, y 489 del Código Sustantivo del trabajo».
Acusa el fallo de segundo grado por cuanto el mismo desconoció que en el ordenamiento jurídico colombiano no existe la imprescriptibilidad de obligaciones y, afirma, que al igual que todas las obligaciones, los aportes parafiscales prescriben en el tiempo, con ello, si la entidad obligada al recaudo de los aportes no ejerce las acciones de cobro en las oportunidades que debe hacerlo, se expone a la pérdida de dicha oportunidad como quiera que las obligaciones parafiscales son prescriptibles.
Agrega que
Ha de entenderse que en esta materia, también son aplicables los principios comunes en nuestro ordenamiento consagrados en las normas cuya infracción por la vía directa se denuncia en el presente recurso, en la medida en que no existen obligaciones imprescriptibles, y no puede abrirse paso la posibilidad de que una entidad como la que ha formulado la demanda, tenga la posibilidad absoluta de cobrar en cualquier tiempo obligaciones parafiscales.
De acuerdo con las anteriores consideraciones es evidente que, al no tener expresa calidad de imprescriptibles las obligaciones de carácter parafiscal, se deben aplicar las reglas generales en materia de prescripción, tanto las consagradas en el Código Civil, como las establecidas en el CST.
Los términos de prescripción extintiva de las acciones y derechos se encuentran regulados de forma general, y resultan aplicables para los casos en que no se tiene previsto un término específico, por el tipo de obligación de que se trate, en el Código Civil artículos 2535 y 2536.
Luego de citar los artículos en comento, reitera su argumento de que las obligaciones de índole pecuniario de carácter fiscal tienen una prescripción por el paso del tiempo, por lo que, las entidades que recaudan dichos aportes tienen facultad para ejercer su cobro judicialmente, facultad que encuentra su límite en la prescripción de la acción judicial.
Finalmente, afirma que cuando en los términos prescriptivos no está previsto uno específico, aplica el plazo contenido en el Código Civil artículos 2535 y 2536.
RÉPLICA
Enrostra defectos en la técnica de casación que también hace inestimable el cargo. Sostiene que en cuanto a los preceptos legales que fueron inaplicados en concepto del casacionista omite la denuncia de los que fueron base esencial del fallo; así mismo, que el fundamento el Tribunal para rechazar la prescripción alegada fue la sentencia de la CSJ SL, 31 mar. 2009, rad 30303 y, por tanto, el único concepto a atacar era a través de la interpretación errónea.
CONSIDERACIONES
Si bien este ataque tampoco es modelo, lo cierto es que la Sala puede entender que el descontento de la sociedad recurrente con la sentencia fustigada, gravita, en estricto rigor, en que el Tribunal erró al no tener en cuenta que nuestro ordenamiento jurídico no consagra obligaciones imprescriptibles, dado que si la entidad obligada al recaudo de tales aportes no los cobra dentro de las oportunidades, está expuesta a perderlos, ya que los mismos son objeto de verse afectados por el fenómeno de la prescripción.
Para dar al traste con el ataque solo basta rememorar y reiterar, la posición mayoritaria en cuanto a que el pago del valor del déficit derivado del cálculo actuarial por los tiempos laborados por los aviadores civiles, aludidos por la accionante, que le prestaron el servicio a la demandada no está afectado por el fenómeno de la prescripción.
Al punto, esta Sala en sentencia SL941-2018, razonó:
En lo que concierne a la excepción de prescripción, este fenómeno jurídico no aplica en cuanto al pago del cálculo actuarial a transferir a la actora, toda vez que los citados pagos hacen parte de los aportes que formarán el capital indispensable para el reconocimiento de la pensión de los pilotos civiles, prestación que como lo ha sostenido la jurisprudencia es imprescriptible por su carácter de vitalicia.
Ahora, los intereses moratorios que se adeudan por las sumas no transferidas, sí están sometidos a las normas generales de prescripción, y por tanto, a la luz del artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social […]
Siendo coherentes, con lo discurrido el cargo no se abre paso.
Las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo de la parte recurrente, téngase como agencias en derecho la suma de $8.800.000, las cuales liquidará el Juzgado de Primera Instancia conforme al artículo 366 del Código General del Proceso.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 31 de agosto de 2009, por la Sala de Descongestión de Decisión Laboral Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario laboral seguido por CAJA DE AUXILIOS Y DE PRESTACIONES DE LOS AVIADORES CIVILES ACDAC CAXDAC en contra del AEROVÍAS COLOMBIANAS LIMITADA ARCA.
Costas como se dijo en la parte motiva
Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.
OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR
Presidente de la Sala
GERARDO BOTERO ZULUAGA
FERNANDO CASTILLO CADENA
CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO
LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ
IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ
JORGE LUIS QUIROZ ALEMÁN
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