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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Penal

Sentencia SP209-2026(60550)

Fecha
15 de abril de 2026

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SP209-2026(60550)

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Penal

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: No casar el fallo proferido por el Tribunal Superior de Bogotá el 27 de agosto de 2021, que resolvió no anular parcialmente y ratificó la sentencia condenatoria emitida por el Juzgado 9° Penal del Circuito Especializado con Función de Conocimiento de la misma ciudad, el cual se impuso a LUIS ALBERTO GIL CASTILLO las penas de54 meses de prisión, multa de 1.424,99 S.M.M.L.V., inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 5 años, por las conductas punibles de concierto para delinquir agravado, cohecho propio y tráfico de influencias de servidor público. Contra el presente fallo no procede recurso alguno.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Penal

Sentencia SP209-2026(60550)

15 de abril de 2026

FERNANDO LEÓN BOLAÑOS PALACIOS

Magistrado ponente

SP209-2026

Radicación N° 60550

Aprobado acta número N°. 112

Bogotá, D. C., quince (15) de abril de dos mil veintiséis (2026).

I. ASUNTO

1. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia decide el recurso extraordinario de casación interpuesto por el Ministerio Público, contra el fallo proferido por el Tribunal Superior de Bogotá el 27 de agosto de 2021, que resolvió no declarar la nulidad parcial desde el preacuerdo y confirmó la sentencia emitida por el Juzgado 9° Penal del Circuito Especializado con Función de Conocimiento de Bogotá, que condenó a LUIS ALBERTO GIL CASTILLO como “cómplice” en las conductas punibles de concierto para delinquir agravado, en concurso con cohecho propio y tráfico de influencias de servidor público.

II. ANTECEDENTES

A. Fácticos

2. Desde diciembre de 2018 hasta el 1° de marzo de 2019, LUIS ALBERTO GIL CASTILLO (ex senador) se concertó con Carlos Julián Bermeo Casas, Luis Orlando Villamizar Gamboa, Yamith Alejandro Prieto Acero y otras personas con el fin de cometer diversos delitos en contra de la administración pública y la seguridad pública. Esto es, cohecho propio, tráfico de influencias de servidor público y concierto para delinquir agravado.

GIL CASTILLO, ofrecía el uso indebido de la influencia de Carlos Julián Bermeo Casas como Fiscal adscrito a la JEP, para beneficiar a diferentes personas con la realización de trámites en los asuntos que conociera esa jurisdicción, en la cual, se afirmaba tenía cercanía con varios servidores públicos que le colaborarían en ese propósito.

De esa actividad irregular, un agente de la DEA -Drug Enforcement Administration- de los Estados Unidos, el 25 de febrero de 2019 informó al Cuerpo Técnico de Investigación -CTI- de la Fiscalía General de la Nación, que se realizaría una reunión en Bogotá entre una fuente humana, alías Wilson, alías Giovanny, alías Gil y alías Villamizar para tratar temas relacionados con corrupción; ya habían ofrecido vender, retardar y omitir decisiones dentro de procesos penales por narcotráfico y procesos administrativos, así como influir en asuntos sensibles para Colombia y Estados Unidos a cambio de aproximadamente USD500.000.

Autorizada la participación de un agente encubierto y la entrega controlada de dinero, se acordó una reunión para el 1° de marzo de 2019 en la ciudad de Bogotá, la cual se adelantó en los siguientes términos:

(i) En las instalaciones del hotel The Artisan DC localizado en la calle 72#5-51 de Bogotá, se dio el encuentro de la fuente humana y el agente encubierto con un hombre llamado Orlando que estaba acompañado con otra persona, quienes dijeron que esperarían la orden de recibir el dinero y que se efectuaría una nueva reunión en el hotel JW Marriot. En el primer lugar se dejó una maleta con cuatrocientos sesenta mil dólares (USD460.000).

(ii) En el lobby del hotel JW Marriot ubicado en la calle 73#8-60 de la misma ciudad, se encontraron con LUIS ALBERTO GIL CASTILLO, momento en el que éste comenzó a comentar las actividades con las que retrasarían, con quien él tenía confianza Carlos Julián Bermeo Casas, trámites de extradición y el valor que tenía esa gestión, así como lo realizado en el caso de alías Jesús Santrich.

(iii) Al citado lugar llegó Carlos Julián Bermeo Casas, Fiscal de Apoyo en la Jurisdicción Especial para la Paz, corroboró lo indicado por GIL CASTILLO, explicó a la fuente cómo se lograría retrasar un trámite de extradición ante la JEP, por 90 días aproximadamente. Refirió las actividades desplegadas dentro del caso de esa naturaleza de alías Jesús Santrich, afirmó haber logrado la dilación del trámite por dos meses y quince días, mediante la emisión de órdenes a policía judicial, solicitud de prórrogas al magistrado asignado, realizar gestiones con un secretario, acercarse con personas y extraviar documentación, como una carta que evitaron que llegara a Estados Unidos.

(iv) Luego de la conversación, en presencia del aquí procesado, el agente encubierto entregó a Bermeo Casas por debajo de la mesa cuarenta mil dólares (USD40.000), los recibió y guardó en su chaqueta.

La situación fue conocida por un agente de la DEA -Drug Enforcement Administration- de los Estados Unidos, el cual el 25 de febrero de 2019 informó al Cuerpo Técnico de Investigación -CTI- de la Fiscalía General de la Nación.

B. Procesales

3. Ante el Juzgado 22 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, el 2 de marzo de 2019, se llevaron a cabo las audiencias preliminares de legalización de captura y se le formuló imputación a LUIS ALBERTO GIL CASTILLO y a otros. Al aquí procesado a título de autor por el delito de concierto para delinquir agravado por concertarse para cometer delitos de tráfico de estupefacientes y para cometer punibles contra la administración pública, y, en grado de participe interviniente, por cohecho propio y tráfico de influencias de servidor público. (arts 340 inciso 2, 405 y 411 del CP). El implicado no aceptó los cargos.

4. Finalmente, se le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario. El Ministerio Público y la defensa de otros de los imputados apelaron.

5. El proceso fue asignado al Juzgado 9° Penal del Circuito Especializado de Bogotá, ante el cual, el 8 de julio de 2019, la Fiscalía radicó acta de preacuerdo. Por tal motivo el 5 de septiembre de 2019 se declaró la ruptura de la unidad procesal.

6. El 14 de octubre de 2020 se verbalizaron los términos en que GIL CASTILLO aceptó su responsabilidad penal en los punibles de concierto para delinquir agravado, cohecho propio y tráfico de influencias de servidor público; a cambio, se degradó el grado de participación imputado al de cómplice en los tres delitos. El Ministerio Público se opuso a la negociación respecto al delito de tráfico de influencias de servidor público al considerar que no existe base probatoria para inferir su ocurrencia; y por tal motivo, no es procedente condenar por dicha conducta.

7. El 14 de diciembre de 2020el juzgado impartió legalidad al preacuerdo. El delegado del Ministerio Público interpuso recurso de apelación.

8. El 12 de abril de 2021 el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá confirmó el auto recurrido, tras desestimar los planteamientos del impugnante

9. El 20 de abril de 2021 el A quo concedió “la libertad provisional, con los requisitos de la libertad condicional” (sic) de la pena de prisión a partir del 27 de abril siguiente.

10. El 29 de junio siguiente el Juzgado de Conocimiento corrió el traslado de que trata el artículo 447 de la Ley 906 de 2004 y profirió sentencia.

En ella, condenó a LUIS ALBERTO GIL CASTILLO a 54 meses de prisión, multa de 1.424,99 S.M.M.L.V., e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 5 años, como “cómplice” de los punibles de concierto para delinquir agravado, cohecho propio y tráfico de influencias de servidor público. De otra parte, le fue negada la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria.

11. La sentencia de primera instancia fue apelada por el Ministerio Público.

Como motivos de disenso, el Procurador delegado expuso los siguientes:

(a) No hay soporte probatorio mínimo sobre la ocurrencia del delito de tráfico de influencias de servidor público, que desvirtúe la presunción de inocencia de GIL CASTILLO, al no cumplir el requisito que establece el artículo 327 de la Ley 906 de 2004 en el último inciso.

(b) El procesado GIL CASTILLO aceptó que participó en el ofrecimiento de influencias del mencionado fiscal de la JEP (Bermeo Casas) para retrasar un trámite de extradición de alías Jésus Santrich. Sin embargo, no se configuró el delito de tráfico de influencias de servidor público, pues se requiere usar de manera indebida influencias derivadas de su cargo y no simplemente ofrecer a un tercero las de otro servidor público que conozca el asunto.

En esas circunstancias, los hechos encuadran únicamente en el delito de cohecho.

(c) Así mismo, el implicado aceptó haber logrado que una carta enviada a los Estados Unidos dentro del mencionado trámite de extradición no llegara a su destino. Con ello, tampoco configura el delito de tráfico de influencias de servidor público, pues era necesario probar que el exfiscal de la JEP influyó sobre algunos funcionarios que se encargaban de los trámites de extradición.

d) Por lo anterior, al no existir fundamento fáctico ni probatorio para condenar respecto del delito de tráfico de influencias de servidor público se configuró una violación al debido proceso y por tal motivo solicitó declarar la nulidad de lo actuado.

12. Al desatar la alzada, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, el 27 de agosto de 2021, resolvió no declarar la nulidad. Determinación fundamentada en que no se advirtió la existencia de violación alguna al debido proceso ni a la presunción de inocencia de LUIS ALBERTO GIL CASTILLO, pues el preacuerdo fue respetuoso del principio de legalidad.

Además, la condena se fundó en un mínimo de prueba y la aceptación voluntaria de su responsabilidad penal; de modo que sí satisfizo los elementos para emitir un fallo anticipado. Inconforme con tal determinación, el Ministerio público interpuso recurso de casación.

13. Presentada la demanda por el Procurador delegado, mediante auto del 29 de mayo de 2023 se admitió y se dispuso el trámite correspondiente.

III. LA DEMANDA

14. El censor, luego de referirse a los antecedentes fácticos y procesales, planteó un único cargo:

14.1. Con base en la causal 2ª del artículo 181 de la Ley 906 de 2004, se debe declarar la nulidad parcial de lo actuado desde la audiencia que aprobó el preacuerdo entre la Fiscalía y LUIS ALBERTO GIL CASTILLO el 14 de diciembre de 2020, frente a la conducta de tráfico de influencias de servidor público, por estos motivos:

14.2. Las sentencias de primer y segundo grado desconocieron la garantía procesal de la presunción de inocencia del implicado, puesto que los juzgadores “optaron por un falso raciocinio en los medios probatorios para sustentar una condena”.

14.3. En allanamientos a cargos o preacuerdos se debe cumplir el estándar de conocimiento del artículo 327 de la Ley 906 de 2004, esto es, un mínimo de prueba para inferir la autoría o participación en la conducta que será objeto de sentencia condenatoria, para así no comprometer la presunción de inocencia.

14.4. En el caso bajo estudio, los elementos materiales de prueba y la evidencia no acreditan la materialidad del tráfico de influencias de servidor público, ni la responsabilidad del implicado.

La conversación sostenida por GIL CASTILLO y Bermeo (Fiscal de la JEP) en la que se refirió a lo sucedió en un trámite de extradición, no dejó en evidencia que el trámite se hubiera afectado por el extravió o demora de una carta. No se probó en qué entidad se torpedeó el proceso de extradición, ni cuál fue la autoridad o el poder moral que el aquí acusado ejerció para “intimidar, persuadir o presionar a otro servidor público” ni tampoco se sabe a quién.

14.5. En ese contexto, el preacuerdo, en lo que respecta al delito de tráfico de influencias de servidor público, no debió ser aprobado dada la violación a la presunción de inocencia. Y, aunque la pretensión no tiene impacto considerable en la dosificación de la pena, se trata de la “legitimación de la decisión judicial” que debe buscar “la verdad de las preposiciones fácticas” y la “determinación racional de la responsabilidad del procesado”.

14.6. Aun cuando termine el proceso de forma anticipada no basta para condenar la aceptación de cargos sin ningún tipo de corroboración probatoria.

La anterior falencia conllevaría una decisión de carácter absolutorio. Sin embargo, atendiendo lo dicho por la jurisprudencia se debe optar por restablecer la garantía vulnerada y el medio es la anulación de lo actuado desde la decisión que impartió legalidad al preacuerdo, puesto que la actuación no cumplió con la finalidad destinada y afectó una garantía fundamental.

Por ello concluyó, se debe anular parcialmente el fallo condenatorio, a partir de la aprobación de preacuerdo, exclusivamente con relación al delito de tráfico de influencias de servidor público.

IV. LA SUSTENTACIÓN

15. Procurador Segundo Delegado para la Casación Penal.

En, en líneas generales, reiteró los argumentos de la demanda de casación, en el sentido que:

-. En los casos de un preacuerdo debe existir un mínimo de prueba para emitir la condena.

• En el tráfico de influencias de servidor público, el sujeto activo impone o hace prevaler una condición sobre otro servidor público, ya sea su rango de superioridad, jerarquía o por cualquier razón tiene la posibilidad de incidir en un asunto en el que conoce o va a conocer quien la recibe.

-. Si la acción carece de la capacidad para incidir sobre quien ejerce, la conducta se torna atípica. En este caso, con lo derivado de una interceptación en la cual se menciona haber influido en retardar un proceso de extradición no se puede deducir la materialidad de la infracción y la responsabilidad de GIL CASTILLO.

-. No se conoce en qué entidad estatal se entrabó el proceso de extradición.

-. Llama la atención la sentencia de segunda instancia en la cual se exige como estándar probatorio para condenar en un preacuerdo el mismo necesario luego de surtido el debate en el juicio oral, es decir, el conocimiento más allá de toda duda. Sin embargo, ese estándar no se satisfizo y, por tanto, solicitó casar el fallo demandado.

No recurrentes

16. El defensor del procesado solicitó no casar la sentencia por las siguientes razones:

i) Con que de los elementos materiales probatorios presentados por la Fiscalía sí se verificó el tráfico de influencias, el cual no es del señor Bermeo hacía el interior de la JEP. Fue de GIL CASTILLO sobre Bermeo, debido que el aquí implicado fue el presidente y fundador de un partido político, quien le dio el aval al funcionario Bermeo para aspirar a un cargo y con ello se demostró la influencia sobre tal ciudadano.

(ii) La aceptación de cargos fue asesorada por él mismo, en calidad de abogado defensor de GIL CASTILLO.

Por ello se renunció al juicio, debido a que en conjunto con la defensa anticiparon que serían vencidos respecto de los punibles aceptados: concierto para delinquir, cohecho y tráfico de influencias de servidor público; motivo por el cual solicitó no casar la sentencia pues GIL CASTILLO debidamente asistido renunció al debate probatorio..

17. El Fiscal Octavo delegado ante la Corte Suprema de Justicia solicitó no casar el fallo demandado, con base en estos planteamientos:

-. El preacuerdo implica que el procesado debidamente asesorado renuncia a un juicio. En este caso aceptó la responsabilidad penal incluida la conducta de tráfico de influencias de servidor público.

-. La norma prevista en el artículo 327 de la Ley 906 de 2004, dispone la procedencia de los preacuerdos sin que se comprometa la presunción de inocencia cuando exista un mínimo de prueba que permita establecer la autoría y participación en la conducta punible, diferente al estándar probatorio “más allá de toda duda” cuando se surten todas las fases procesales. En el presente caso se requiere una inferencia razonable.

-. El conocimiento necesario se deriva de los elementos materiales probatorios e información legalmente obtenida que, junto con la aceptación de cargos, dan cuenta de la comisión del delito de tráfico de influencias de servidor público. Esto es, el informe de fecha 25 de febrero de 2019 suscrito por un agente de la DEA, en el cual identificó reuniones en las cuales GIL CASTILLO trató temas relacionados con corrupción, encaminados a incidir en procesos penales y administrativos a cambio de una suma de dinero, agregado a los resultados de la operación encubierta.

Y con ello se concluyó que el ex senador GIL CASTILLO estaba pendiente de un pago para Julián Bermeo, Fiscal de la JEP, quien en su contraprestación se comprometía a desarrollar acciones para retardar trámites. Entre ellos, mencionó el caso de Jesús Santrich.

-. GIL CASTILLO pactó recibir dádivas o prebendas a cambio de tal acción, de lo cual debía entregar USD 500.000 al Fiscal Bermeo, en quien aquel incidía, con el fin de que influyera en los funcionarios de la JEP. Entonces se ejecutó la influencia a servidor público, esto es, del Fiscal de la JEP Julián Bermeo, a un secretario y a un magistrado de la JEP, último con quien GIL CASTILLO sostuvo reuniones.

-. Beneficio que se concretaría, por parte del Fiscal Bermeo en expedir ordenes de policía judicial y solicitudes de prórrogas para retardar el trámite, y de ello se puede inferir razonablemente que utilizó en provecho propio o de otros, influencias derivadas del ejercicio del cargo, hecho en el que participó GIL CASTILLO al ser quien hacía los contactos, cobraba y distribuía el dinero recibido como contraprestación al hecho indebido.

-. El delito se configuró con el acto de anteponer la condición de servidor público derivado del ejercicio del cargo, función u ocasión de este, sin que importe el impacto o consecuencia en el destinatario.

18. El representante de la víctima, Jurisdicción Especial para la Paz, solicitó casar el fallo demandado, propósito para el cual afirmó las siguientes razones:

-. Los supuestos fácticos del presente asunto menoscaban la reputación de la JEP de forma genérica y de algunos de sus funcionarios.

-. La demanda cumple con los requisitos de forma y el rigor argumentativo pues en la aprobación del acuerdo se dio a una grabación un alcance que no corresponde. Entonces, tal irregularidad de valoración probatoria generó un vicio in procedendo que contaminó la actuación posterior.

-. El contenido de la grabación permitió inferir un acuerdo de voluntades para la comisión de delitos indeterminados, concierto para delinquir, y requerimiento de dinero en desleal e ilegítima práctica de la función pública por parte del Fiscal Bermeo, cohecho. Pero no se encuentran los elementos del delito de tráfico de influencias, dado el déficit de investigación.

-. La solución es la declaratoria de nulidad, sin perjuicio de que la Sala considere emitir un fallo de reemplazo ante la naturaleza del vicio.

V. CONSIDERACIONES

Competencia:

19. De conformidad con el numeral 1° del artículo 235 de la Constitución Política y 32 de la Ley 906 de 2004, la Sala es competente para resolver sobre la demanda de casación presentada contra el fallo proferido por el Tribunal Superior de Bogotá, que decidió no anular parcialmente la condena emitida en contra del procesado LUIS ALBERTO GIL CASTILLO, como cómplice en los punibles de concierto para delinquir agravado cohecho propio y tráfico de influencias de servidor público.

Lo anterior, dado que con la admisión de la demanda se tiene por superado cualquier defecto del que pueda adolecer, por razón de la prevalencia de los fines del recurso extraordinario de casación, a saber, la eficacia del derecho material, el respeto a las garantías de los intervinientes, la reparación de los agravios inferidos a las partes y la unificación de la jurisprudencia, tal como lo establece el artículo 180 de la Ley 906 de 2004.

El Ministerio Público expresó su inconformidad frente a lo decidido por el Ad-quem, a través de la senda de la casación, únicamente respecto de la condena por tráfico de influencias de servidor público, no así frente a los punibles concursales. En consecuencia, en virtud del principio de limitación, la labor de la Corporación se concretará en examinar los aspectos sobre los cuales recae la inconformidad, estudio que, de ser necesario, se extenderá a los temas inescindiblemente vinculados al objeto de disenso.

20. Se estima oportuno recordar que la Jueza Novena Penal del Circuito Especializada de Bogotá, en sentencia de 29 de junio de 2021, condenó anticipadamente a LUIS ALBERTO GIL CASTILLO, vía preacuerdo, por los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho propio y tráfico de influencias de servidor público.

20.1. La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, confirmó integralmente esa condena, dado que, desde su punto de vista, sí existen elementos para acreditar la tipicidad objetiva y la responsabilidad del procesado en cuanto al punible objeto de controversia, esto es, tráfico de influencias de servidor público.

21. Con el fin de resolver la tensión entre esas posturas, la Sala abordará el estudio del caso con base en el cuestionamiento del demandante a través del cual, pretende la nulidad de la actuación, supuestamente porque los falladores incurrieron en el desconocimiento de la garantía de la presunción de inocencia, pues optaron por un falso raciocinio de los medios de conocimiento para fundamentar la condena por tráfico de influencias de servidor público.

21.1. Con ese propósito, en primer orden, se debe analizar la procedencia del cuestionamiento a la aceptación de cargos unilateral o preacordada, la cual, para el caso, resulta relevante, que el Ministerio Público y la representación de víctimas en el curso de la sustentación del recurso extraordinario insisten en la carencia de soporte probatorio respecto del referido punible: y, en consecuencia, se vulneraron las garantías del implicado.

21.2. La Fiscalía y la defensa se oponen a esa postulación. Esta última afirma la inexistencia del yerro de los juzgadores, debido a que, al verificar los elementos de conocimiento, observó los suficientes para acreditar todos los delitos aceptados, contexto por el cual con el procesado convinieron en la aceptación de responsabilidad a través de un preacuerdo como la salida más benéfica: en consecuencia, acceder a la pretensión del casacionista conllevaría a la afectar los derechos del acusado.

Nulidad del allanamiento a cargos

22. Esta Sala ha reiterado que la aceptación consciente y voluntaria de los cargos se rige por los principios de irretractabilidad, preclusividad y progresividad de las actuaciones; en consecuencia, luego de aprobado el allanamiento unilateral o por preacuerdo, no habrá lugar al arrepentimiento por parte del implicado, ni discusión por alguna de las partes e intervinientes, salvo que se demuestre un vicio del consentimiento o la transgresión de sus prerrogativas, conforme indica el parágrafo del artículo 293 de la Ley 906 de 2004, agregado por la Ley 1453 de 2011.

22.1. Cabe recordar que, si la sentencia fue obtenida anticipadamente porque el implicado asesorado por su defensor, aceptó los cargos previa negociación con la Fiscalía, el interés jurídico para la apelación se restringe sustancialmente, al punto que, en principio, no son admisibles críticas tendientes a cuestionar los elementos estructurales de los delitos admitidos –tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad- dado que con ello se estaría manifestando en realidad una retractación, que desnaturaliza la característica consensual del sistema procesal penal acusatorio.

22.2. Sobre esa específica temática, la Sala de Casación Penal, desde los albores del proceso penal con tendencia adversarial expresó:

“Ha insistido la jurisprudencia de esta Sala en que la culminación anticipada del proceso mediante una sentencia que surge a raíz del allanamiento a cargos participa de la naturaleza de la justicia consensuada y a su vez forma parte del denominado derecho premial, puesto que el implicado manifiesta consciente, espontánea y libremente su voluntad de aceptar los cargos que la Fiscalía le imputa; y a cambio de ello, en compensación al ahorro de instancia que el sometimiento a la justicia genera, recibe como beneficio una sustancial rebaja de la pena que correspondiere.

Una de las consecuencias de aquel sometimiento premiado es la irretractabilidad. La aceptación consciente y voluntaria de la culpabilidad se rige por el principio de irretractabilidad, en virtud del cual, una vez el juez de conocimiento aprueba el allanamiento, no hay lugar para el arrepentimiento; y la defensa renuncia al derecho de controvertir la imputación, al juicio oral y al debate probatorio.

Ello implica que, verificada por el Juez de conocimiento la legalidad del allanamiento, la defensa carece de interés jurídico para interponer los recursos de ley contra el fallo, cuando la impugnación pretenda cuestionar los extremos de la adecuación típica imputada y de la culpabilidad que ya se había aceptado en el marco de ese allanamiento.” (Auto de 30 de enero de 2008, radicación 28772)

22.3. Hermenéutica que ha permanecido y se ha reiterado pluralidad de veces, hasta la actualidad. (SP031-2023, rad. 58720, 25 de enero de 2023; SP485-2023, rad. 59016, 29 de noviembre de 2023; SP2491-2024, rad. 62354, 11 de septiembre de 2024).

22.4. En ese orden, es claro que, por vía de principio, la manifestación de culpabilidad aceptada por allanamiento unilateral o preacuerdo, una vez aprobada por el Juez de conocimiento, es irretractable o inmodificable, como lo señala el artículo 293 del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004), precepto que la Corte Constitucional declaró exequible, en la Sentencia C-1195 de 2005, en la que acotó:

“Una vez realizada la manifestación de voluntad por parte del imputado, en forma libre, espontánea, informada y con la asistencia del defensor, de modo que sean visibles su seriedad y credibilidad, no sería razonable que el legislador permitiera que aquél se retractara de la misma, sin justificación válida y con menoscabo de la eficacia del procedimiento aplicable y, más ampliamente, con detrimento de la administración de justicia, como lo pretende el demandante.”

22.5. Otra importante consecuencia de la aceptación de los cargos consiste en que, para efectos del acercamiento a la verdad, tal manera de sometimiento a la justicia es procesalmente válida en cuanto refleja una decisión voluntaria y libre a cambio de una rebaja de la pena correspondiente; la cual, de manera conjunta con las evidencias y principios de prueba que presente la Fiscalía, se erige en legítimo fundamento de la sentencia condenatoria:

“Por otra parte, en lo concerniente a la determinación de dicha responsabilidad y la consiguiente condena en la sentencia, es evidente que el fundamento principal es la aceptación voluntaria de aquella por parte del imputado, lo cual en el campo probatorio configura una confesión, de modo que se puede deducir en forma cierta que la conducta delictiva existió y que aquél es su autor o partícipe.” (Corte Constitucional, Sentencia C-1195 de 2005).

22.6. Así, la aceptación de responsabilidad preacordada o por allanamiento a cargos alcanza el estatus de una decisión post delictual legítima, que contribuye a desvirtuar la presunción de inocencia y, en general, no es retractable o modificable; siempre que sea voluntaria, consciente y respaldada por el abogado defensor. Tal como ocurre en este caso, pues ni la defensa técnica ni material la discuten; contrario a ello, abogan para que se mantenga la decisión, mientras la representación de víctimas y Procuraduría delegada consideran necesario invalidar esa determinación.

22.7. No obstante, como ha insistido la misma Corte Suprema de Justicia, desde el Auto de 30 de enero de 2008 (radicación 28772) e invariablemente hasta hoy, en el sistema acusatorio colombiano puede exceptuarse la regla que restringe la impugnación de los fallos de instancia obtenidos anticipadamente, en algunos eventos específicos:

“cuando se trata de remover a través de los recursos alguna causa que produzca la afectación sustancial del debido proceso o la vulneración de las garantías fundamentales; problemática que, por lo general, es enmendable por vía de nulidad; y también es válida la impugnación por motivos diferentes, pero en todo caso ajenos al contenido de la conducta y la culpabilidad aceptadas, tales como el monto de la pena y las condiciones en que ha de cumplirse la misma.” (Resaltado actual.)

22.8. Con todo, en complemento a lo anterior, también de tiempo atrás, la Sala de Casación Penal (Sentencia de 30 de mayo de 2012, radicación 37668), advirtió que, de conformidad con el artículo 293 de la Ley 906 de 2004, era excepcionalmente viable la retractación y cuestionamiento del allanamiento o aceptación negociada a cargos.

Pareció entenderse por la comunidad jurídica que la retractación antes de que el Juez de Conocimiento verifique la legalidad del allanamiento a cargos era una potestad discrecional del implicado y no requería sustentación ni justificación alguna, pues operaría como una especie de simple arrepentimiento de haber admitido la responsabilidad penal.

22.9. No obstante, poco más adelante, a partir de la Sentencia de 13 de febrero de 2013 (radicación 39707), con relación al mencionado artículo 293, la Corte aclaró que, en todos los casos en los que se postula una invalidación o retractación de la aceptación se exige:

“la fundamentación de dicha manifestación, sustento orientado a poner de presente que la aceptación no obedeció a un acto voluntario, libre o espontáneo o que fue producto de la violación de garantías fundamentales.

(…)

Será deber, por tanto, del acusado o de su defensor exponer fundamentadamente las razones de la retractación referidas, se repite, a los supuestos antedichos, tras lo cual corresponderá al juez de conocimiento tomar la decisión de rigor, ponderando los motivos alegados y los elementos probatorios aducidos para respaldar la solicitud.

(…)

Es necesaria, adicionalmente, como ya se dijo, una declaración judicial a partir del estudio de las circunstancias alegadas para sustentar el vicio que supuestamente afectó el consentimiento o erigió vulneración de garantías fundamentales, irregularidades constitutivas de nulidad procesal que, de concurrir alguna de ellas, obligaría al juzgador a retrotraer la actuación para rehacerla con sujeción a la legalidad.”

22.10. En el mismo sentido, la Corte Constitucional, en la Sentencia C-1195 de 2005, al declarar exequible el artículo 293 de la Ley 906 de 2004, por los aspectos cuestionados en la demanda, expresó:

“una vez realizada la manifestación de voluntad por parte del imputado, en forma libre, espontánea, informada y con la asistencia del defensor, de modo que sean visibles su seriedad y credibilidad, no sería razonable que el legislador permitiera que aquel se retractara de la misma, sin justificación válida y con menoscabo de la eficacia del procedimiento aplicable y, más ampliamente, con detrimento de la administración de justicia, como lo pretende el demandante”.

(…)

“En este orden de ideas, la garantía constitucional del derecho de defensa del imputado no puede traducirse en que la terminación anticipada del proceso en virtud de la aceptación de responsabilidad por parte de aquel, con o sin acuerdo con la Fiscalía, quede condicionada a nuevas manifestaciones de voluntad del mismo, de modo que la primera manifestación sería visiblemente precaria y a la postre el proceso no podría terminar anticipadamente, eliminando así la entidad y la utilidad de dicho mecanismo, que es esencial dentro del nuevo procedimiento, y contrariando también el principio de seguridad jurídica, de singular relevancia en un Estado de Derecho”

23. En el presente asunto, en lugar de un planteamiento tendiente a demostrar la vulneración de garantías fundamentales, el Ministerio Público como demandante, extrañamente, desconoce la ratificación constante del procesado, coadyuvado por su defensor de confianza, de su determinación de aceptar los cargos por vía de preacuerdo, decisión derivada de la constatación de elementos de conocimiento suficientes para acreditar el tráfico de influencias de servidor público.

No se entienden los motivos o razones por los cuales el delegado del Ministerio Público insiste en anteponer su criterio por sobre el entendimiento del implicado y su defensor, como si los dos últimos carecieran de facultades para discernir acerca de su situación real frente a la justicia, y sobre la salida que mejor convenga a sus intereses de parte.

24. En el caso bajo estudio, la Sala no observa trasgresión a los derechos y garantías de LUIS ALBERTO GIL CASTILLO, en razón a la actuación surtida por el fiscal delegado, los jueces de garantías y los falladores de instancias y la defensa.

En la audiencia celebrada el 14 de octubre de 2020, se verbalizó el preacuerdo previamente concertado entre la Fiscalía y la defensa, en el cual, el implicado aceptó su responsabilidad por los punibles de concierto para delinquir agravado, cohecho propio y tráfico de influencias de servidor público. Se otorgó como beneficio la degradación del grado de participación al de cómplice.

Aún así, desde esa oportunidad, el Ministerio Público, sin discutir la existencia de algún vicio del consentimiento del procesado, aseguró la inexistencia de soporte probatorio para acreditar la ocurrencia y responsabilidad en el último delito.

24.1. Desde aquella audiencia, el Ministerio Público ha mostrado la misma inconformidad, sin explicar, cuáles serían los elementos de conocimiento que darían suficiencia a la acreditación del tráfico de influencias de servidor público, aspecto que constituiría la creación de una exigencia no prevista legalmente para la aceptación de cargos.

Tampoco ha indicado las razones por las cuales no deben ser compartidos los fundamentos con los que los falladores contestaron esa postulación, en estas decisiones: (i) el proveído que aprobó el preacuerdo; (ii) el que resolvió la apelación contra el mismo; (iii) el fallo de primer grado; y (iv) la providencia del Tribunal Superior de Bogotá que fue demandada en casación.

24.2. El casacionista sólo ha reiterado que era imprescindible probar que el exfiscal Bermeo de la JEP ejecutó algún comportamiento ante los funcionarios encargados del trámite de extradición de Seuxis Paucias Hernández Solarte, alías Jesús Santrich y que se logró retrasarlo. Y persiste en afirmar que los informes presentados, las grabaciones de las conversaciones aportadas y la aceptación del implicado son los únicos elementos, de los cuales sólo se advierte que se trata de la “jactancia” de una persona sin que ello sea suficiente para la demostración que efectivamente influyó en alguien; por lo cual no se demuestra el delito cuestionado ni la responsabilidad atribuida al procesado.

Del tráfico de influencias de servidor público

25. La conducta punible, a la cual se limita la censura por parte del Ministerio Público, encuentra su descripción típica en el artículo 411 del Código Penal, de la siguiente forma:

ARTÍCULO 411. TRAFICO DE INFLUENCIAS DE SERVIDOR PÚBLICO. Penas aumentadas por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, a partir del 1o. de enero de 2005. El texto con las penas aumentadas es el siguiente:> El servidor público que utilice indebidamente, en provecho propio o de un tercero, influencias derivadas del ejercicio del cargo o de la función, con el fin de obtener cualquier beneficio de parte de servidor público en asunto que éste se encuentre conociendo o haya de conocer, incurrirá en prisión de sesenta y cuatro (64) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses, multa de ciento treinta y tres punto treinta y tres (133.33) a trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de ochenta (80) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses.

PARÁGRAFO. Parágrafo adicionado por el artículo 134 de la Ley 1474 de 2011. El nuevo texto es el siguiente:> Los miembros de corporaciones públicas no incurrirán en este delito cuando intervengan ante servidor público o entidad estatal en favor de la comunidad o región.

25.1. La Sala de Casación Penal, sobre la estructura de este punible, reiteradamente ha explicado estos aspectos:

El delito de tráfico de influencias de servidor público es un tipo penal de sujeto activo calificado, en tanto, solamente puede ser ejecutor material de este comportamiento quien ostente la condición de servidor público e incurra en un ejercicio indebido del cargo o de la función.

La misma cualificación especial se exige del sujeto pasivo de la conducta –el Estado–, al tiempo que, se requiere de manera imprescindible, como objeto material personal del punible, otro servidor público que tenga a su cargo asunto sobre el cual precisamente recaiga el interés del influenciador, quien ejerce, en consecuencia, el poder que se deriva de su cargo o de su función.

El tipo penal introduce como verbo rector “utilizar”, acepción que denota “hacer que una cosa sirva para algo” seguido del adjetivo “indebidamente”. Ello supone, que no basta que se utilice la influencia sino que ésta debe ser ajena a los parámetros de comportamiento de todo servidor público, consagrados en la Constitución, las leyes y los reglamentos.

Ahora bien, acerca del significado de “influencia”, la Real Academia Española trae como definición: “persona con poder o autoridad en cuya intervención se puede obtener una ventaja, favor o beneficio”.

Las características de la influencia, en concreto, se contraen a lo siguiente:

debe ser cierta y real su existencia, con la entidad y potencialidad suficiente para llegar a influir en el otro, que trascienda en un verdadero abuso de poder; de ahí que la influencia simulada, falsa o mentirosa, no haya quedado penalizada en este tipo, pues, no se puede abusar de lo que no se tiene;

no cualquier influencia es delictiva, debe ser utilizada indebidamente;

lo indebido, como elemento normativo del tipo, es aquello que no está conforme con los parámetros de conducta de los servidores públicos; estos parámetros se encuentran precisados en la Constitución, la ley o los reglamentos, a través de regulaciones concretas, o derivan de los principios gobiernan la administración pública.

Además de lo indebido en la utilización de la influencia, es muy significativo poner de presente que, la conducta del influenciador adquiere relevancia penal con el simple acto de anteponer o presentar la condición de servidor público derivado del ejercicio del cargo o de la función o con ocasión del mismo, sin que importe el impacto o consecuencias en el destinatario, ubicando el delito en aquellos denominados de mera conducta, en tanto que no se requiere la consecución del resultado, esto es, el éxito en la gestión del influenciado o la aceptación del requerimiento por parte de éste, basta que se despliegue el acto de la indebida influencia para consumar el delito.

Así lo ha sostenido la jurisprudencia de esta Corte (CSJ SP, 27 sep. 2012, rad. 37322):

[…] el tipo penal de tráfico de influencias no requiere para su estructuración de remuneración o lucro, pues indistintamente que se reciba o no un beneficio económico, el comportamiento delictivo se consuma en el mismo instante en que se utiliza indebidamente la influencia. Ahora, cuando por la influencia se recibe el dinero como pago, compensación o remuneración de la ilícita gestión, se genera, además, una afrenta autónoma e independiente al interés tutelado.

La conducta del traficante de influencias es determinable y autónoma, en cuanto, emerge consecuencia del ejercicio indebido de su posición preponderante de poder o superioridad, razón por la cual, para la estructuración del delito de tráfico de influencias no es necesario establecer si el propósito o finalidad de la indebida influencia comporta la realización de otras actividades delictivas.

Pero, si el influenciador, además de influir indebidamente, realiza actos ilícitos sucesivos e independientes, destinados a cristalizar o materializar sus propósitos y finalidades, se tipificarían otros delitos, por ejemplo, el traficante de influencias cuya finalidad está en que se falsifiquen documentos y esto se lleva a cabo, respondería por el tráfico de influencias y por la falsedad documental como autor o partícipe, según el caso; igual sucedería si la influencia se ejerce con el fin de apoderarse de bienes públicos, responde por el tráfico de influencias y por peculado, siempre que se den los elementos de la determinación.

Por su parte, el servidor público influenciado puede aparecer como la víctima o, dependiendo del comportamiento que despliegue a partir de ese momento para que el propósito de la influencia se lleve a cabo, su conducta puede pasar a ser típica.

En cuanto se refiere al objeto jurídico y la antijuridicidad material del tráfico de influencias, esto es, la protección del correcto funcionamiento de la administración pública, particularmente se enfoca a sancionar al servidor público que pretenda derivar de su investidura privilegios o provechos indebidos para él o para un tercero, quebrando la moralidad, imparcialidad, neutralidad, transparencia e igualdad, que se espera recibir de la administración pública, y deformando los fines del Estado y la prevalencia del interés general.

La jurisprudencia reiterada de la Sala ha identificado, con base en la descripción típica anterior, los siguientes elementos de esa conducta (CSJ. AP, jul. 27 de 2016, rad. 28202):

“a) Que el sujeto agente sea un servidor público, esto es, una persona que esté vinculada con el Estado en forma permanente, provisional o transitoria.

b) Que dicho servidor haga uso indebido de influencias derivadas del ejercicio de su cargo o función. Es decir, que aprovechando la autoridad de que está investido, por su calidad de servidor público, ejerza unas determinadas influencias.

c) El uso de la indebida influencia puede darse bien en provecho del mismo servidor que la ejerce, o bien en provecho de un tercero (…).

d) La utilización indebida de la influencia, debe tener como propósito el obtener un beneficio de parte de otro servidor público, sobre un asunto que éste conozca o vaya a conocer.

O lo que es lo mismo, la influencia mal utilizada, para estructurar el punible, debe ejercerse para que otro servidor del Estado haga u omita un acto propio de sus funciones, esto es, que esté dentro del resorte de su cargo. (CSJ SP 25 Sep 2013, Rad. 28141; AP, 2 Mar 2005, Rad. 21678 y 21 Jul 2011, Rad. 34908, entre otros)”.

Así, el delito de tráfico de influencias de servidor público comporta la utilización indebida de la posición preponderante que el cargo le otorga al sujeto agente, quien, debido al interés privado que a nombre propio o de un tercero le asiste en un asunto, el cual corresponde conocer a otro funcionario, ejerce sobre él «un influjo psicológico el cual lleva al influenciado a realizar la actuación que no efectuaría de no ser por la calidad de quien se lo solicita, sin que necesariamente deba tratarse de un subalterno(…) Es el efectivo uso inadecuado de la autoridad, de la investidura que ejerce una presión psicológica en el influenciado, precisamente por esa investidura. Se trata de una sugestión, de una instigación que altera el proceso motivador de quien conoce el asunto» (CSJ AP 27 Abr. 2011, rad. 30682, reiterada en CSJ SP 21 Sep. 2011, rad. 35331).

Del caso concreto

26. Dicho lo anterior, para afrontar el debate propuesto en la censura elevada por el Ministerio Público, aunque suficiente sería anunciar que la Corte no advierte vulneración alguna de las garantías del implicado en su determinación informada de allanarse a los cargos que le formuló la Fiscalía, es conveniente, abordar la situación fáctica atribuida desde la imputación, ratificada en el escrito de preacuerdo y por la cual fue condenado en las instancias LUIS ALBERTO GIL CASTILLO, así como los medios probatorios que ratifican la existencia del tráfico de influencias de servidor público.

26.1. Un agente de la DEA -Drug Enforcement Administration- de los Estados Unidos, el 25 de febrero de 2019 informó al Cuerpo Técnico de Investigación -CTI- de la Fiscalía General de la Nación, sobre la existencia de una organización criminal internacional dedicada a la “venta de procesos judiciales en Colombia”, y de información reservada de actuaciones judiciales. Además, que se realizaría una reunión en Bogotá entre una fuente humana, alías Wilson, alías Giovanny, alías Gil y alías Villamizar para tratar temas relacionados con corrupción; quienes ya habían ofrecido vender, retardar y omitir decisiones dentro de procesos penales por narcotráfico y procesos administrativos, así como influir en asuntos sensibles para Colombia y Estados Unidos, a cambio de, aproximadamente, USD500.000.

26.2. Mediante Resolución 0039 de 27 de febrero de 2019, la Fiscalía autorizó la participación de un agente encubierto y la entrega controlada de dinero, para acudir el 1° de marzo de ese año a una reunión previamente convenida, la cual se surtió en los siguientes términos:

(i) A las 10:33 en las instalaciones del hotel The Artisan DC de Bogotá, se dio el encuentro de la fuente humana y el agente encubierto, con un hombre llamado Orlando que estaba acompañado con otra persona; quienes dijeron que esperarían la orden de recibir el dinero y que se efectuaría una nueva reunión en el hotel JW Marriot de la misma ciudad.

En el primer lugar se dejó una maleta con cuatrocientos sesenta mil dólares (USD460.000).

(ii) A las 11:36 el agente encubierto y la fuente humana se dirigieron al Hotel JW Marriot, en el lobby se encontraron con LUIS ALBERTO GIL CASTILLO, momento en el que éste implicado comenzó a comentar las actividades con las que retrasarían trámites de extradición y el valor que tenía esa gestión.

(iii) A las 12:15 llegó al Hotel JW Marriot Carlos Julián Bermeo Casas, Fiscal de Apoyo en la Jurisdicción Especial para la Paz, quien explicó a la fuente humana cómo se lograría retrasar un trámite de extradición ante la JEP durante 90 días aproximadamente; refirió las actividades desplegadas dentro del trámite de esa naturaleza respecto alías Jesús Santrich, afirmó haber logrado dos meses y quince días de dilación, mediante la emisión de órdenes a policía judicial, solicitud de prórrogas al magistrado asignado, realizar gestiones con un secretario, acercarse con personas y extraviar documentación, como sucedió con una carta que evitaron que llegara a Estados Unidos.

(iv) Luego de la conversación, en presencia del aquí procesado, el agente encubierto a las 12:35 hizo entrega a Bermeo Casas, por debajo de la mesa, de cuarenta mil dólares (USD40.000), los recibió y guardó en su chaqueta.

(v) En ese contexto, se procedió a la captura de Luis Orlando Villamizar Gamboa y Yamith Alejandro Prieto Acero quienes se habían quedado con la maleta en el primer hotel; y también se capturó a Carlos Julián Bermeo Casas y LUIS ALBERTO GIL CASTILLO en el segundo hotel.

26.3. En el curso de esos actos, se obtuvo la grabación de las conversaciones de quienes intervenían en cada momento. Así quedó en evidencia que el implicado GIL CASTILLO ofrecía su vínculo con Carlos Julián Bermeo Casas, servidor público, Fiscal de la JEP, quien afirmaba tener injerencia ante funcionarios de esa entidad, con quienes podía intervenir para el manejo de los procesos; y afirmó que con ocasión a su función gestionó indebidamente con un secretario, un magistrado y un senador, la demora de la extradición de Seuxis Paucias Hernández Solarte, alías Jesús Santrich, con lo cual logró dos meses y quince días de retraso.

26.4. De ese modo, la calificación jurídica de “interviniente” en el delito de tráfico de influencias de servidor público dada por la Fiscalía al comportamiento de LUIS ALBERTO GIL CASTILLO se ajusta a la conducta que ejecutó, pues sin tener la calidad exigida, gestionó el uso indebido de la función pública que ostentaba el Fiscal Bermeo Casas ante la JEP, con la finalidad irregular ya indicada. Esto es, para incidir ante otros funcionarios de la misma entidad, para la ejecución de actos tendientes a torpedear el normal desarrollo de procesos judiciales que estuvieran conociendo o les correspondiera conocer, así, el implicado también obtendría un provecho económico irregular, como en el caso de alías Jesús Santich.

26.5. En las grabaciones aportadas se advierte que Carlos Julián Bermeo Casas, ratificó su disposición para la ejecución de las conductas ya anunciadas por LUIS ALBERTO GIL CASTILLO, explicó la forma y los resultados que podría lograr; por consiguiente, no se trató de un simple acto donde el implicado se “jactara” de la relación con el servidor público. Contrario a ello, correspondió al ofrecimiento en nombre de aquel en una gestión indebida, irregular e ilícita ante otros servidores públicos, sin que el autor rechazara o desmintiera la misma cuando intervino en la reunión; por el contrario, la avaló y ratificó que ello se realizó en el caso mencionado.

26.6. Contrario a lo afirmado por el Ministerio Público, no era necesario demostrar si los funcionarios de la JEP en realidad actuaron acorde a la injerencia de Bermeo Casas, porque el tráfico de influencias de servidor público no exige resultado específico por ser de mera conducta.

Entonces, lo relevante era la acreditación, como se cumplió, de que aquel antepusiera o presentara su condición de servidor público para una finalidad irregular, sin importar si se consiguió algún resultado en los otros servidores de la entidad, en tanto no se requiere la obtención del resultado, esto es, el éxito en la gestión del influenciado.

26.7. No obstante, se probó que el trámite de extradición de Seuxis Paucias Hernández Solarte, alías Jesús Santrich, se retardó un tiempo, correspondiente al que se prometió, pues efectivamente se extravió un documento y aquel logró darse a la fuga antes de ser extraditado.

27. En aquellas condiciones, ningún déficit probatorio se detecta en la verificación efectuada por los jueces de conocimiento sobre la aceptación de cargos por preacuerdo, que incluyó, por supuesto, el tráfico de influencias de servidor público.

27.1. Y, como la Fiscalía aportó aquellos elementos de conocimiento, es palmario que para emitir la sentencia condenatoria en el proceso por aceptación de cargos también se rebasó con suficiencia aquel “mínimo de prueba que permitan inferir la autoría o participación en la conducta y su tipicidad”, exigido en el inciso 2° del artículo 327 del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004).

27.2. Particularmente, refulge la consciencia actual de la antijuridicidad, pues LUIS ALBERTO GIL CASTILLO como lo expresó en las audiencias ante el juzgado de primera instancia y lo ratificó su defensor en la audiencia de sustentación celebrada ante esta Corporación, tenía comprensión de lo irregular de su conducta, sabía que afectaba sin justa causa el bien jurídico tutelado; y, a pesar de tal conocimiento intervino en el uso indebido de las influencias derivadas del cargo de Bermeo Casas como Fiscal de la JEP, en el caso de Jesús Santich y ofrecieron la misma actividad en los casos que pudieran presentarse.

27.3. Así las cosas, contrario a lo indicado por el Ministerio Público, coadyuvado por el representante de la JEP como víctima, la Fiscalía sí aportó evidencias con entidad para demostrar la conducta punible de tráfico de influencias de servidor público, así como las de concierto para delinquir y cohecho y la responsabilidad de LUIS ALBERTO GIL CASTILLO.

De manera que, la Corte no advierte vulneración alguna de derechos al procesado LUIS ALBERTO GIL CASTILLO.

28. En suma, con la valoración de los elementos aportados y la manifestación de aceptación de cargos del implicado, ratificada en el desarrollo de la actuación procesal, es evidente que el Tribunal valoró adecuadamente las circunstancias del caso y subsumió las conductas en los delitos de cohecho propio, tráfico de influencias de servidor público y concierto para delinquir agravado, con base en criterios objetivos y según la jurisprudencia vigente, por lo que el cargo por nulidad no prospera.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: No casar el fallo proferido por el Tribunal Superior de Bogotá el 27 de agosto de 2021, que resolvió no anular parcialmente y ratificó la sentencia condenatoria emitida por el Juzgado 9° Penal del Circuito Especializado con Función de Conocimiento de la misma ciudad, el cual se impuso a LUIS ALBERTO GIL CASTILLO las penas de54 meses de prisión, multa de 1.424,99 S.M.M.L.V., inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 5 años, por las conductas punibles de concierto para delinquir agravado, cohecho propio y tráfico de influencias de servidor público.

Contra el presente fallo no procede recurso alguno.

Notifíquese, cúmplase y devuélvase el proceso.

CARLOS ROBERTO SOLÓRZANO GARAVITO

Presidente

MYRIAM ÁVILA ROLDÁN

GERARDO BARBOSA CASTILLO

FERNANDO LEÓN BOLAÑOS PALACIOS

GERSON CHAVERRA CASTRO

DIEGO EUGENIO CORREDOR BELTRÁN

JORGE HERNÁN DÍAZ SOTO

HUGO QUINTERO BERNATE

JOSÉ JOAQUÍN URBANO MARTÍNEZ

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