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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Penal

Sentencia SP238-2026(63418)

Fecha
24 de abril de 2026

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SP238-2026(63418)

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Penal

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: NO CASAR la sentencia de 27 de octubre de 2022, dictada en el Tribunal Superior de Bogotá, mediante la cual, confirmó: de una parte, la condena de ASTRID FERNANDA CANTOR VARELA, BLANCA CECILIA RUBIO RODRÍGUEZ, JESÚS HERNANDO CALDAS LEYVA y Ronald Harvey Rivera Rodríguez, como autores de concierto para delinquir agravado; y de otra, la absolución de José Alexis Mahecha Acosta, German Albeiro Ospina Arango, Sergio Pérez Barrera y Jimmy Galvis Caballero respecto de la misma conducta punible. SEGUNDO: CONFIRMAR, con ocasión del mecanismo de impugnación especial, y en observancia de la garantía de doble confirmad, la aludida sentencia de segunda instancia en cuanto condenó, por primera vez, a CARLOS ALBERTO OROZCO GARCÉS, como autor del delito de concierto para delinquir agravado, a raíz de los hechos debatidos en esta actuación. TERCERO: SEÑALAR que en los aspectos que no fueron objeto del recurso de casación o del mecanismo de impugnación especial, la decisión revisada se mantiene incólume. CUARTO: Contra la presente sentencia no proceden recursos ordinarios ni extraordinarios.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Penal

Sentencia SP238-2026(63418)

24 de abril de 2026

FERNANDO LEÓN BOLAÑOS PALACIOS

Magistrado Ponente

SP238-2026

Radicación N° 63418

Acta No. 132

Tunja (Boyacá), veinticuatro (24) de abril de dos mil veintiséis (2026).

I. ASUNTO

1. Decide la Corte de fondo el recurso de casación presentados por los defensores de ASTRID FERNANDA CANTOR VARELA, BLANCA CECILIA RUBIO RODRIGUEZ, JESUS HERNANDO CALDAS LEYVA, y el Delegado de Fiscalía General de la Nación, así como el mecanismo de impugnación especial formulado por CARLOS ALBERTO OROZCO GARCÉS, contra la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá, de 27 de octubre de 2022.

2. En esa decisión el ad-quem confirmó el fallo del Juzgado Sexto Penal del Circuito Especializado de Bogotá, dictado el 21 de julio de 2021, por el cual los tres primeros y Ronal Harbey Rivera Rodríguez fueron condenados como autores de concierto para delinquir agravado, y absueltos José Alexis Mahecha Acosta, German Albeiro Ospina Arango, Sergio Pérez Barrera y Jimmy Galvis Caballero, respecto de ese delito; además, revocó la absolución a favor de CARLOS ALBERTO OROZCO GARCÉS, y en su lugar lo condenó, por primera vez, como autor de la señalada conducta punible.

II. SÍNTESIS FÁCTICA

3. Los fallos de primer y segundo grado acogieron los hechos plasmados en la resolución de acusación de primera instancia, en los siguientes términos:

«El acontecer fáctico que originó la presente investigación, se concreta en el acuerdo ilegal de servidores del extinto Departamento Administrativo de Seguridad –DAS-, con el fin de atentar contra diferentes bienes jurídicos de organizaciones defensoras de derechos humanos (ONGs), de sus miembros, de periodistas y políticos reconocidos a nivel nacional; organismos y personas cuyas posturas eran contrarias al gobierno nacional de turno. Dicha concertación tuvo lugar desde el año 2003 y se prolongó hasta octubre del 2005, fecha en que el denominado Grupo Especial de Inteligencia 3 (en adelante G-3) dejó de funcionar; a través de este se ejecutó el plan criminal.

Es importante precisar, que, al tratarse el Concierto para delinquir de un delito de ejecución permanente, el marco temporal que interesa a esta investigación tramitada bajo el procedimiento de la ley 600 de 2000, comprende los hechos ocurridos desde el año 2003 hasta octubre de 2005.»

4. Según el mismo acto de acusación:

«[L]a creación y funcionamiento del denominado Grupo Especial de Inteligencia 3 (G-3), cuyo funcionamiento inicio en el año 2003, continuo en el 2004, y se prolongó hasta octubre del 2005; se trató de una empresa criminal conformada por entonces servidores públicos del DAS de todos los niveles, varios de los cuales hicieron parte del mismo desde su génesis y otros se fueron adhiriendo durante su operación, con vocación de continuidad y permanencia, que tuvo por objeto la comisión de un numero plural de actos delictivos con el fin de perseguir y neutralizar a periodistas, miembros de ONGs y otras personalidades opositoras del gobierno de turno.

Todo indica, que la idea de la creación de la empresa delictiva nació en la cúpula de la institución (por lo menos de lo que se conoce, desde allí se gestó e irradio a los restantes niveles), y se fue articulando con funcionarios de los distintos estamentos directivos, administrativos y operativos; su principal líder desde el comienzo fue el hoy fallecido Jaime Fernando Ovalle Olaz, quien en sus distintas apariciones procesales, aseguro que el Director de Inteligencia encargado Gian Carlo Auque de Silvestri en el año 2003, le pidió que creara un grupo con la finalidad de conseguir información de ONGs, el cual funcionaría bajo las órdenes del asesor de la dirección del DAS, José Miguel Narváez…»

«(…) [Su finalidad] fue la de lesionar bienes jurídicos indeterminados, dado que, a través de él, quienes se concertaron de manera previa, concomitante y posterior a su fundación, desarrollaron labores de inteligencia que desbordaron los límites de la legalidad, porque a cambio de ejercer la labor constitucional y legal inmanente a su esencia, esto es, la de proteger la seguridad nacional y al Estado de inminentes ataques, lo que hizo fue hostigar, reprimir, vigilar a entidades no gubernamentales, a sus miembros, a periodistas, y en general, a cualquier persona que mantuviera posturas distintas al gobierno de entonces, sin que mediara orden de autoridad judicial.»

III. SÍNTESIS PROCESAL RELEVANTE

5. Durante la fase instructiva —iniciada para este segmento el 28 de mayo de 2009—, entre otros, fueron legalmente vinculados a la actuación: ASTRID FERNANDA CANTOR VARELA, BLANCA CECILIA RUBIO RODRÍGUEZ, JESÚS HERNANDO CALDAS LEYVA, CARLOS ALBERTO OROZCO GARCÉS, Ronal Harbey Rivera Rodríguez, Jimmy Galvis Caballero, Germán Albeiro Ospina Arango, José Alexis Mahecha Acosta, Sergio Pérez Barrera, William Gabriel Romero Sánchez, William Alberto Merchán López y Juan Carlos Sastoque Rodríguez.

6. También fueron procesados por el supuesto fáctico aquí debatido: Carlos Alberto Herrera Romero, Oscar Barrero López, Carlos Fabián Sandoval Sabogal, Ibet Senovia Gutiérrez Guardó, Neider de Jesús Ricardo Hoyos, Juan Carlos Gutiérrez Galván, y Juan Carlos Benavidez Suárez.

7. Luego de que, en distintas fechas, fue resuelta la situación jurídica provisional de los antes citados, dispuesto el cierre de la investigación el 4 de diciembre de 2015 respecto de ellos, el Fiscal Once Delegado ante la Corte Suprema de Justicia, el 30 de agosto de 2016, profirió acusación contra el primer grupo de implicados atrás citados (supra 5), por el delito de concierto para delinquir agravado (con invocación de los artículos 340 y 342 de la Ley 599 de 2000, y 8 de la Ley 733 de 2002), y preclusión de la instrucción en favor del segundo grupo (supra 6).

8. Tal determinación fue objeto del recurso de reposición —resuelto adversamente en decisiones de 1 y 28 de noviembre siguientes—, y de apelación, este último desatado el 28 de diciembre de 2016, con la emisión del pronunciamiento del Vicefiscal General de la Nación con el que impartió confirmación integral a la citada providencia.

9. El juicio le correspondió al Juzgado Sexto Penal del Circuito Especializado de Bogotá, cuyo titular, luego de que se declarara infundada una recusación promovida por la bancada de la defensa, dicto sentencia, el 21 de julio de 2021, mediante la cual adoptó las siguientes decisiones:

9.1. ABSOLVIÓ de los cargos formulados por el delito de concierto para delinquir agravado, a: José Alexis Mahecha Acosta, German Albeiro Ospina Arango, Sergio Pérez Barrera, Jimmy Galvis Caballero y CARLOS ALBERTO OROZCO GARCÉS.

9.2. CONDENÓ, como autores del delito de concierto para delinquir agravado, a: BLANCA CECILIA RUBIO RODRÍGUEZ, ASTRID FERNANDA CANTOR VARELA, JESÚS HERNANDO CALDAS LEYVA y Ronal Harbey Rivera Rodríguez.

9.3. En consecuencia, con sujeción a la sanción prevista en el artículo 340 de la Ley 599 de 2000, modificada por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, y en armonía con la circunstancia específica de agravación del artículo 342 del Código Penal, impuso a los últimamente citados pena principal de setenta y dos (72) meses de prisión y la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo lapso; les negó cualquier subrogado penal, y los condenó a cancelar a cada una de las víctimas reconocidas, por concepto de daños morales, el equivalente a cien (100) salarios mínimos mensuales legales vigentes para la época de los hechos «actualizados al momento de su liquidación y pago».

9.4. La sentencia de primer grado no se ocupó de la situación de los acusados William Gabriel Romero Sánchez, William Alberto Merchán López y Juan Carlos Sastoque Rodríguez, toda vez que, de manera previa —el 9 de septiembre de 2019— se dispuso ruptura de la unidad procesal frente a ellos por cuanto se aceptó su sometimiento a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

10. Contra el referido fallo, en tiempo, interpusieron y sustentaron el recurso de apelación, de un lado, los apoderados de la Parte Civil y la Fiscalía General de la Nación, respecto de la absolución allí adoptada; y de otra, los defensores de cada uno de los condenados, motivo por el que, el 27 de octubre de 2022, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, resolvió la controversia en los siguientes términos:

10.1. NO ACCEDIÓ a decretar la nulidad de la actuación ni la prescripción de la acción penal, deprecadas por algunos de los apelantes.

10.2. REVOCÓ, parcialmente, la decisión absolutoria respecto de CARLOS ALBERTO OROZCO GARCÉS, a quien declaró autor del delito de concierto para delinquir agravado. Por tanto, con sujeción a la sanción prevista en el artículo 340 de la Ley 599 de 2000, modificada por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, en armonía con la circunstancia específica de agravación del artículo 342 del Código Penal, lo condenó, a la pena principal de setenta (70) meses de prisión, y la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo lapso, y le negó cualquier subrogado penal.

10.3. CONFIRMÓ en todo lo demás la sentencia apelada.

11. Contra el fallo de segunda instancia interpusieron en tiempo y sustentaron el recurso extraordinario de casación, únicamente los apoderados de ASTRID FERNANDA CANTOR VARELA, BLANCA CECILIA RUBIO RODRÍGUEZ y JESÚS HERNANDO CALDAS LEYVA, como también lo hizo el Fiscal Once Delegado ante la Corte Suprema de Justicia, este, respecto de la decisión de confirmar la absolución emitida en favor José Alexis Mahecha Acosta, German Albeiro Ospina Arango, Sergio Pérez Barrera y Jimmy Galvis Caballero.

12. Por su parte la defensa de CARLOS ALBERTO OROZCO GARCÉS formuló impugnación especial, mecanismo respecto del cual se cumplieron los traslados de rigor ante el Tribunal.

13. Al pronunciarse sobre la concesión de los señalados instrumentos de controversia, el Tribunal Superior de Bogotá, mediante auto de 13 de marzo de 2023, «rechazó de plano» el escrito de sustentación del recurso de casación presentado por la defensa técnica de Ronal Harvey Rivera Rodríguez, habida cuenta que, según constancia secretarial, ese sujeto procesal ni el acusado OROZCO GARCÉS, interpusieron en tiempo el mecanismo extraordinario.

14. La Sala de Casación Penal declaró ajustas las demandas, y en relación con las mismas el Procurador Primero Delegado para la casación penal presentó el concepto de rigor, con sujeción al artículo 213 de la Ley 600 de 2000.

IV. DEMANDAS DE CASACIÓN

15. El apoderado de ASTRID FERNANDA CANTOR VARELA, formuló cinco cargos en todos los cuales postuló la nulidad de la actuación, con base en:

(i) La falta de competencia del fiscal que tramitó la etapa instructiva, porque ese funcionario era un Delegado ante la Corte Suprema, mientras que su prohijada, y ninguno otro de los aquí implicados, ostentaban fuero constitucional para ser investigados por aquel.

(ii) La violación del derecho de defensa técnica, porque durante buena parte de la fase instructiva el fiscal «rehusó» conceder personería para actuar al defensor de confianza de la acusada y la adelantó con un abogado de oficio.

(iii) El juez de primer grado y el magistrado ponente de la Sala de decisión penal del tribunal que emitieron sendos fallos, no se declararon impedidos para resolver este asunto, pese a que, por las rupturas procesales previas, conocieron de estos hechos respecto de otros implicados; y

(iv) Alegó otras informalidades en los cargos cuatro y cinco, como que el expediente no fue sometido a reparto, sino que se adjudicó por conocimiento previo, o que sin resolver «solicitudes de colisión competencia» se despacharon adversamente peticiones de nulidad.

Como consecuencia de corregir uno u otro de los alegados «vicios» y de la necesidad de retrotraer la actuación a estadios anteriores en los que tuvieron lugar, deprecó declarar prescrita la acción penal, ya en la instrucción, ora en el juzgamiento.

16. Es necesario resaltar que cuando el expediente estaba en esta Corporación en trámite de los recursos de casación, el defensor de ASTRID FERNANDA CANTOR VARELA, elevó solicitud de prescripción de la acción penal, según él materializada durante el trámite del recurso extraordinario, pretensión de las de la que se ocupará la Sala al inicio de las consideraciones.

17. El defensor de BLANCA CECILIA RUBIO RODRÍGUEZ, planteo cinco cargos, todos por violación indirecta de la ley sustancial, a consecuencia de falsos juicios de identidad por tergiversación o adición de las pruebas en las que se sustentó la atribución de responsabilidad de su asistida, ya que la apreciación fidedigna de los elementos suasorios, no permite concluir que ella, en las labores administrativas que cumplió para el G-3, mientras estuvo asignada al mismo, tuvo conocimiento del fin ilícito de los otros concertados, de las acciones ilegales por ellos realizadas y de su voluntad de hacer parte de la connivencia delictiva, argumento con base en el cual solicitó absolver a su asistida del cargo formulado en la resolución de acusación.

18. Por su parte, el apoderado de JESÚS HERNANDO CALDAS LEYVA, presentó una censura en la que planteó la configuración de un «falso raciocinio», habida cuenta que ambas instancias aceptaron como hecho cierto que su asistido laboró para el G-3, solamente hasta el 1° de abril de 2004; sin embargo los falladores concluyeron su adhesión a las actividades delictivas que se le atribuyeron a esa célula de inteligencia, hasta octubre de 2005, con base en que la desvinculación al cargo «… no implica, per se, que desde el siguiente cargo que ocupó en el DAS, como subdirector de la seccional, no pudiese apoyar las actividades de ese grupo…».

18.1. Resaltó que las instancias, sin esgrimir un postulado de la sana critica acertado, dedujeron «…un segundo hecho que no aparece acreditado directamente en la actuación penal –hecho indicado–, para arribar a la conclusión de que CALDAS LEYVA siguió en la presunta concertación criminal después del 1º de abril de 2004 hasta el año 2005 por tratarse, el concierto para delinquir, de un delito de ejecución permanente…».

18.2. Advirtió el censor que, como consecuencia de la enmienda del dislate anunciado, al aceptar que con las pruebas obrantes sólo puede afirmarse que su representado perteneció al G-3 hasta el 1 de abril de 2014, siendo esa la fecha de su último acto en el concierto para delinquir endilgado no es posible aplicar, en su caso, el incremento de pena previsto en el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, para el delito de concierto para delinquir del artículo 340, inciso primero, de la Ley 599 de 2000.

18.3. Por lo tanto, con base en la pena máxima prevista en la última norma y el agravante del artículo 342 de la misma obra, devendría indiscutible la prescripción de la acción penal antes de la ejecutoria del pliego de cargos, esto es, el 1° de abril de 2016, sentido en el que deprecó hacer el pronunciamiento de cara a la prosperidad de la queja.

19. El Fiscal Once Delegado ante la Corte Suprema de Justicia propuso dos cargos frente a la decisión de confirmar la absolución de José Alexis Mahecha Acosta, German Albeiro Ospina Arango, Sergio Pérez Barrera y Jimmy Galvis Caballero.

Según este demandante, los jueces de instancia incurrieron en un falso raciocinio porque al apreciar las pruebas no llevaron a cabo una «articulación correcta» de las mismas, y dejaron de valorar —falso juicio de existencia— otros medios probatorios que, sopesados en conjunto, permiten pregonar la connivencia de los absueltos en el concierto para delinquir endilgado.

20. Finalmente, la impugnación especial presentada en nombre de CARLOS ALBERTO OROZCO GARCÉS, se contrae a que el Tribunal, para sustentar la decisión de primera condena, valoró medios de prueba que se refieren a supuestos fácticos posteriores a la época para la que se predica la connivencia de voluntades, y que, aun en el evento de poder ser valorados esos elementos, con los demás allegados en la instrucción y en el juicio, no es posible afirmar en grado de certeza que el acusado, a través de las funciones que debía cumplir para el G-3, contribuyó en forma consciente y voluntaria al fin ilícito atribuido a esa dependencia.

V. CONCEPTO DE LA PROCURADURÍA

21. El Procurador Primero Delegado para la Casación Penal, parte de la premisa general consistente en que la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá llega a la sede extraordinaria amparada de la doble presunción de legalidad y acierto, razón por la cual corresponde a los demandantes demostrar, con argumentos claros y contundentes, la existencia de errores de juicio o de actividad con entidad suficiente para desvirtuarla, y desde esa orientación encuentra que, salvo la censura enarbolada por la defensa de JESÚS HERNANDO CALDAS LEYVA, y la agitada en contra de Germán Albeiro Ospina Arango por la Fiscalía, las demás no están llamadas a prosperar.

21.1. En relación con las quejas que por diversas circunstancias postuló la defensa de ASTRID FERNANDA CANTOR VARELA, como causales de nulidad, las desestimó con base en que:

21.1.1. La alegada falta de competencia del fiscal de la Unidad Delegada Ante la Corte que tramitó toda la etapa instructiva, no es acertada, pues una irregularidad de ese calado no se configura en relación con los fiscales, debido a que al mencionado organismo le son esenciales los principios de unidad de gestión y jerarquía funcional, por virtud de los cuales el Fiscal General tiene amplias atribuciones constitucionales para asignar y desplazar fiscales, sin que ello implique vulneración del juez natural.

21.1.2. Respecto de la inconformidad vinculada con la transgresión al derecho de defensa técnica, explicó que la revisión de lo actuado permite corroborar que esa garantía siempre estuvo resguardada, primero con la gestión de defensores que asistieron a la indagatoria y posteriormente con defensor de oficio debidamente designado y posesionado; y el hecho de que, ocasionalmente, esta último hubiese adoptado una gestión pasiva, no se traduce objetivamente en falta de defensa técnica, porque ello puede obedecer a una estrategia dentro de la libertad en que se adelanta el encargo, máxime cuando no se demostró la trascendencia real de la crítica a esa forma de representación, ni que al haber sido de otra forma el resultado habría sido favorable a la acusada.

21.1.3. En cuanto al hecho de que el juez de primera instancia haya conocido previamente, a raíz de rupturas procesales, sobre los sucesos aquí debatidos en relación con otros comprometidos, indicó que ello no genera necesariamente causal de impedimento, porque tal intervención fue con ocasión del ejercicio regular de sus funciones y, precisamente, de cara a situaciones personales distintas de la de CANTOR VARELA; si bien el Tribunal tampoco hizo un pronunciamiento expreso acerca de ese aspecto, por el hecho de que a esa Corporación le fue adjudicado por conocimiento previo el presente asunto, ello, afirmó el Delegado, es insuficiente para decretar nulidad como lo reclama el defensor de la citada procesada.

21.1.4. Finalmente, acerca de la omisión en el trámite de una colisión de competencia invocada por la defensa al fallador de primer grado, sobre la base de que este asunto era del resorte de un juez de circuito común, y no de uno especializado, opinó el agente del Ministerio Público que tal aspecto no constituyó irregularidad sustancial, pues, en realidad, nunca se trabó un auténtico conflicto de esa naturaleza, ya que frente a la referida propuesta, los demás sujetos procesales, a saber, Fiscalía, delegado de la Procuraduría y apoderado de la Parte Civil, se opusieron a la solicitud ante su manifiesta improcedencia, y el juzgador especializado mantuvo la competencia, conforme a la ley y la jurisprudencia vigente para el delito de concierto para delinquir, sin que fuera obligatoria la remisión del expediente a otro juzgado para discutir el punto.

21.2. Acerca de los cargos propuestos en nombre de BLANCA CECILIA RUBIO RODRÍGUEZ, el agente del Ministerio Público señaló que los reparos sobre la configuración de falsos juicios de identidad no estaban llamados a prosperar en la medida que los juzgadores de segundo y primer grado no alteraron materialmente los medios de prueba respecto de los que se predicó tal dislate; al contrario, destacó, el ejercicio de estimación fue objetivo, conjunto, contextual y coherente, mientras que la crítica intentada por el demandante se agotó en una discrepancia frente a las inferencias realizadas por los falladores, mediante las cuales concluyeron que la procesada conocía los fines del grupo G‑3 y desarrolló funciones activas como analista de información dentro de una estructura ilícita, con acceso a información obtenida por medios ilegales, lo que fundamenta su responsabilidad penal.

21.3. Respecto de la censura planteada por la defensa de JESUS HERNANDO CALDAS LEYVA, el Delegado es de la opinión que la misma está llamada a prosperar, porque, según la acusación, el nexo de aquel con el grupo G‑3 se derivó exclusivamente del cargo de Subdirector de Análisis del DAS, desempeñado entre octubre de 2003 y el 1º de abril de 2004, y, de manera contraria a como lo sostuvieron las instancias, no existe prueba de que, con posterioridad a esa fecha, hubiera mantenido el acuerdo criminal o ejecutado actos de permanencia en la organización.

Por ello, el término prescriptivo debe calcularse conforme al marco punitivo vigente al momento de su desvinculación —Ley 733 de 2002, sin el incremento del artículo 14 de la Ley 890 de 2004—, lo cual conduce a un lapso de doce (12) años, que habría devenido cumplido el 1º de abril de 2016, antes de que se profiriera y quedara ejecutoriada la resolución de acusación, razón por la cual solicitó el Ministerio Público acceder a decretar la nulidad parcial de lo actuado en relación con el citado y a decretar en su favor cesación de procedimiento por el aludido fenómeno.

21.4. Finalmente, respecto de la demanda promovida por la Fiscalía contra la confirmación de la sentencia absolutoria emitida respecto de varios procesados, el Ministerio Público escindió su concepto, así:

21.4.1. Se ocupó, en primer lugar, de los reproches que tienen relación con la situación de JIMMY GALVIS CABALLERO, JOSÉ ALEXIS MAHECHA ACOSTA y SERGIO PÉREZ BARRERA, respecto de lo cual opinó que el demandante no logró derruir, con la acreditación de auténticos errores de existencia o de raciocinio, los argumentos de primera y segunda instancia, sobre la no acreditación de la adhesión consciente de aquellos al acuerdo criminal, en tanto la participación de los mismos, como con acierto lo sostuvieron los falladores, se limitó a actuaciones funcionales aisladas, carentes de prueba de dolo o conocimiento del plan ilícito.

21.4.2. Y, en segundo término, acerca de GERMÁN ALBEIRO OSPINA ARANGO, estimó que la queja de la Fiscalía resultaba fundada e idónea para quebrar la decisión absolutoria, pues los juzgadores habrían incurrido en error de hecho por falso raciocinio, al “no valorar de manera integral” que el citado coordinó el grupo GONI, estructura que funcionó como prolongación operativa del G‑3, bajo cuyo ejercicio suministro de información relevante al engranaje delictivo, por lo que su actuación no fue neutral ni meramente institucional, sino funcional al concierto criminal, razón por la que conceptuó que aquel debió ser condenado por concierto para delinquir agravado.

VI. CONSIDERACIONES

22. No concita debate la competencia que ostenta la Sala para resolver de fondo este asunto, con la adopción de la decisión que en derecho corresponda, pues la misma, para efectos del recurso de casación, se la confieren, en este caso, los artículos 75-1°, 205 y siguientes de la Ley 600 de 2000.

Y, en cuanto a la impugnación especial, la facultad la ostenta en virtud de la modificación introducida al artículo 235 de la Constitución Política, por el Acto Legislativo 01 de 2018, artículo 3, numeral 7°, en armonía con el criterio jurisprudencial sentado desde el AP1263-2019 (3 de abril).

23. Con apego a la doctrina de esta Sala, una vez se ha declarado la demanda ajustada a derecho al superar los defectos lógico-argumentativos del cargo, en armonía con los fines del recurso de casación (artículo 206 de la Ley 600 de 2000), lo procedente es resolver los problemas jurídicos evidenciados, bien con sujeción a la queja, o los advertidos a raíz del examen de la actuación.

24. En esa dirección, para la cabal resolución de la controversia, la Sala: (A) se ocupará, en primer lugar, de exponer brevemente las razones por las que, como ya lo advirtió, no es atendible la solicitud de prescripción elevada por el defensor de ASTRID FERNANDA CANTOR VARELA; (B) luego puntualizará las razones por las que, igualmente, deviene impróspera la pretensión de nulidad que, soportada en distintos tópicos, agitó el mismo sujeto procesal; (C) seguidamente, abordará el cargo sobre la prescripción de la acción pernal derivada de errores de valoración probatoria por los que, respecto de JESÚS HERNANDO CALDAS LEYVA, presuntamente, se aplicó una ley no vigente; (D) resolverá después la censura del defensor de BLANCA CECILIA RUBIO RODRÍGUEZ sobre indebida valoración probatoria de las instancias para concluir su participación consciente y voluntaria en el delito endilgado; (E) luego, los reproches del Delegado de la Fiscalía, relacionados con la crítica a la negada eficacia y univocidad de las pruebas recaudadas por parte de los falladores de primero y segundo grado respecto de los procesados absueltos del delito de concierto para delinquir agravado.

Y, finalmente, (F) resolverá la inconformidad expresada en la impugnación especial elevada por el abogado de CARLOS ALBERTO OROZCO GARCÉS, relacionada con defectos en la valoración probatoria por parte del Tribunal, de cara la primera condena emitida en su contra por la conducta punible a que se restringió el proceso.

25. Con el fin de centrar la discusión, la Sala considera necesario anticipar que no hará ninguna disertación extensa acerca de la objetiva configuración del delito de concierto para delinquir, estructurado sobre la operación de la dependencia conocida como G-3 del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), pues, ninguno de los reproches cuestiona ese aspecto; esto es, que a través de la referida célula, diversos integrantes, y en distintos niveles, del desaparecido organismo estatal, se concertaron para cometer delitos indeterminados.

26. Frente a esa condición de punibilidad basta con señalar que constituye un hecho probado y no controvertido por los recurrentes, que desde la cúpula del DAS se orquestó la integración, desde marzo de 2003, del llamado “Grupo Especial de Inteligencia 3”, en adelante G-3, organización bajo la cual, con apoyo en personal que servía en la Dirección General de Inteligencia, así como en las subdirecciones de Operaciones, Contrainteligencia, Fuentes Humanas, Análisis, Desarrollo Tecnológico y las Direcciones Seccionales, se ejecutaron diversas actividades al margen de la ley —interceptación de comunicaciones, seguimiento a personas, etc.— para vincular las labores de ONG’s, sus miembros, periodistas, políticos opositores al gobierno de turno y personalidades defensoras de derechos humanos, con el obrar de grupos armados al margen de la ley —las FARC y ELN, específicamente— buscando desprestigiarlas.

Por lo tanto, como la oposición expuesta en las demandas (en los cargos distintos a las pretensiones de nulidad y de prescripción de la acción penal) radica en que, por vicios de valoración probatoria, no es posible afirmar que los actos endilgados a los aquí convocados, evidencian conocimiento y voluntad de pertenecer y servir a la finalidad ilegal de la referida empresa criminal, de esa única arista objeto de debate se ocupará la Corte al responder los planteamientos de los sujetos procesales inconformes, dando por descontada o superada cualquier controversia, se reitera, acerca del elemento objetivo del delito de concierto para delinquir estructurado en los hechos concernientes a este proceso.

A. Prescripción de la acción penal.

27. La Constitución y la ley, en aras de proteger bienes jurídicos trascendentales para la convivencia y desarrollo social, otorga a las autoridades la facultad de expedir leyes penales, así como la de investigar, juzgar y sancionar a sus infractores. Sin embargo, esta última potestad no es atemporal, sino que está limitada por el inexorable paso del tiempo, al punto que, una vez cumplido el término máximo fijado por el legislador para su ejercicio, sin que se haya materializado contra el sujeto pasivo de la acción penal la decisión que defina su situación judicial con fuerza de cosa juzgada, cesa, por prescripción, toda posibilidad de continuar detentando tal prerrogativa.

28. El escenario natural para invocar la configuración del fenómeno en cuestión es, precisamente, el proceso penal; y dentro de este, desde la perspectiva de la casación y bajo el régimen procesal de la Ley 600 de 2000, como ya se sabe por abundante pedagogía jurisprudencial, el mismo puede ocurrir antes de la sentencia de segunda instancia, con ocasión de una decisión adoptada en ella con repercusión en la punibilidad; o con posterioridad a aquella.

29. Cuando quiera que el suceso prescriptivo se materializa en las dos primeras alternativas aludidas, el fallo es ilegal y demandable a través de la casación; empero, cuando ello no es así; es decir, si el o los recurrentes no formulan un determinado reproche en esa dirección, le corresponde a la Corte analizar la ocurrencia del dislate, casar de oficio para corregirlo y, como consecuencia de ello declarar la ocurrencia del fenómeno.

30. En este asunto, luego de que arribara a esta Sala para el trámite del recurso extraordinario, el defensor de ASTRID FERNANDA CANTOR VARELA, elevó solicitud de prescripción de la acción penal, con base en que desde «el 16 de septiembre de 2016», fecha que para el peticionario debe ser la de «ejecutoria de la acusación» respecto de su prohijada, «han transcurrido más de 7 años», plazo que, para el mismo sujeto procesal, es el requerido para la configuración de ese fenómeno.

30.1. En aquel contexto, necesario es recordar que como la sentencia de segunda instancia llega a esta sede ungida de la doble presunción de acierto y legalidad, la discusión respecto de la prescripción, sin necesidad de remover sus fundamentos, solo puede hacerse con referencia a los hitos facticos y jurídicos en ella declarados, y desde esa perspectiva es evidente que en la pretensión del memorialista, expuesta al interior de la demanda o en la solicitud elevada con posterioridad, no se atienden esos referentes.

30.2. En efecto, el pliego de cargos cobró ejecutoria en este asunto el 28 de diciembre de 2016, fecha en la que fue resuelto el recurso de apelación interpuesto contra la resolución, por parte de varios de los acusados, tal y como quedó puntualizado en la síntesis procesal consignada al inicio de este pronunciamiento.

30.3. En segundo término, según reiterado y vigente criterio jurisprudencial, la calificación jurídica del delito definida en la sentencia irradia consecuencias sustanciales para todos los efectos legales, no sólo para la pena, sino inclusive respecto de los cómputos de la prescripción de la acción penal en referencia a cualquiera de las fases del proceso.

30.4. Con sujeción a ello, tanto en la sentencia de primera instancia, como en la de segundo grado, la calificación jurídica del delito de concierto para delinquir agravado, atribuido en el pliego de cargos, fue soportada en los artículos 340, inciso primero, y 342 de la Ley 599 de 2000, con la modificación que, en cuanto a la magnitud de la sanción, le introdujo al primero de esos preceptos el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, habida cuenta que los supuestos fácticos del injusto —de ejecución permanente— se concretaron en Bogotá, entre el año 2003 y el mes de octubre del año 2005.

30.5. Por lo tanto, según el artículo 340, inciso primero, de la Ley 599 de 2000, en armonía con la modificación introducida por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, para el tipo básico de concierto para delinquir está prevista una pena máxima de nueve (9) años de prisión, y como en la acusación se dedujo la circunstancia específica de agravación del artículo 342 del Código Penal, ese guarismo se incrementa en la mitad; es decir, asciende a trece (13) años y seis (6) meses —o lo que es igual, ciento sesenta y dos (162) meses—.

30.6. Definida la pena máxima que materialmente, y en abstracto, corresponde al tipo penal por el que se procede en este asunto, para efectos de la prescripción, conforme lo disponía el artículo 83, inciso quinto, de la Ley 599 de 2000, vigente al tiempo de los hechos, el quantum debe aumentarse en una tercera parte; esto es, en cincuenta y cuatro (54) meses, de donde se obtiene como plazo para la configuración del fenómeno en cita, dieciocho (18) años, en la etapa de la instrucción, término que en este asunto, desde el último acto del delito (octubre de 2005), contrario a lo reclamado por defensor de ASTRID FERNANDA CANTOR VARELA, no se cumplió antes de la ejecutoria del pliego de cargos (28 de diciembre de 2016).

30.7. Ahora bien, para la fase del juicio, el referido lapso, con sujeción al artículo 86 del Código Penal, inciso segundo, se reduce a la mitad: nueve (9) años; y, según la misma norma, se computa nuevamente desde la ejecutoria del pliego de cargos.

30.8. Por lo tanto, si la acusación cobró ejecutoria el 28 de diciembre de 2016 en este asunto, la acción penal, en principio, prescribiría el 28 de diciembre de 2025. Sin embargo, este límite se ve alterado por las recusaciones formuladas en la fase de la causa al Juez y la Sala Penal del Tribunal de Bogotá, trámites por los que la actuación se vio paralizada cuatro (4) meses y cinco (5) días, tiempo durante el cual no corren los términos de prescripción, según lo dispuesto en el inciso final del artículo 108 de la Ley 600 de 2000. En efecto:

(I) La primera recusación, presentada el 7 de septiembre de 2018 por la bancada de la defensa, fue resuelta adversamente el 22 de octubre siguiente, y regresó al juez de conocimiento el 2 de noviembre de 2018 (Cfr. Cuaderno # C0023, fol. 1 a 12, 161 a 165 y 225. Cuaderno Tribunal # 2, fol. 14 a 19; C0023, fol. 225).

(II) La segunda, mientras se hallaba la actuación en el Tribunal para resolver la apelación de un auto interlocutorio, el 22 de abril de 2019 la respectiva Sala de decisión también fue recusada, pretensión que, igualmente, fue declarada infundada el 23 de mayo de ese año, por lo que retornó a la Sala cognoscente el 4 de junio de 2019 (Cfr. Cuaderno del Tribunal # 3, folios 6 a 28, 29 a 34, 55 a 78, y 103).

(III) Y, finalmente, el 11 de mayo de 2022, cuando el expediente estaba en el Tribunal para resolver la apelación del fallo, la Sala volvió a ser recusada, por las mismas razones de la última oportunidad, reconvención finalmente decidida de manera desfavorable el 2 de junio siguiente, reasumiendo competencia la Sala el 3 de dicho mes y año (Cfr. Cuaderno del Tribunal # 6, folios: 1 a 16 y 411 a 429, y 433).

(IV) De lo anterior se concluye que por los referidos incidentes la actuación estuvo suspendida: (i) desde el 7 de septiembre de 2018, hasta el 2 de noviembre de 2018, cuando reasumió el funcionario competente, durante 57 días calendario; (ii) desde el 22 de abril de 2019, hasta el 4 de junio de 2019, cuando reasumió la Sala competente, 44 días calendario; y (iii) desde el 11 de mayo de 2022, hasta el 3 de junio de 2022, cuando reasumió la Sala competente, 24 días calendario; luego a la fecha límite de prescripción del 28 de diciembre de 2025, deben sumarse 125 días, o lo que es igual, 4 meses y 5 días, como ya se advirtió, por lo que el aludido fenómeno solo vendría a cristalizarse el 3 de mayo de 2026.

30.9. Si bien es cierto el artículo 108 de la Ley 600 de 2000, señala que la aludida suspensión del término de extinción de la acción penal se extiende hasta la resolución del correspondiente incidente, no lo es menos que la jurisprudencia de la Sala de Casación ha considerado que en eventos semejantes la competencia aplazada al respectivo funcionario solo se restaura o restablece hasta que materialmente nuevamente tiene a disposición las diligencias.

31. Ahora bien, es importante precisar que aun cuando este asunto se adelantó bajo los lineamientos procesales de la Ley 600 de 2000, al supuesto fáctico aquí tratado y sometido a esa dinámica le es aplicable el incremento general de penas de la Ley 890 de 2004, artículo 14, por principio de estricta legalidad, habida cuenta que el delito de concierto para delinquir dilucidado, proyectó sus actos ejecutivos hasta octubre de 2005, como expresamente se precisó en la resolución de acusación dictada en la presente causa.

31.1. Corrobora lo anterior el hecho de que, a partir de la SP379-2018 (21 de febrero) radicación 50472, la Corte matizó su criterio jurisprudencial, en orden a reconocer que el señalado incremento general de penas opera, por parejo, para delitos ocurridos con posterioridad al 1° de enero de 2005, investigados y juzgados, tanto por el sistema de la Ley 906 de 2004, como de la Ley 600 de 2000, dado que para los reglados bajo la última sistemática, por favorabilidad, resultan, también, aplicables los descuentos de pena y mecanismos de negociación consagrados en la Ley 906 de 2004.

31.2. En esa dirección, la jurisprudencia de esta Sala de Casación Penal también ha precisado que el citado aumento general de penas aplica con independencia del régimen procesal, a condición de que: (i) se trate de sucesos acaecidos después del 1º de enero de 2005; (ii) la sentencia haya sido proferida después del 21 de febrero de 2018 y (iii) la imputación jurídica contenida en la resolución de acusación haya hecho expresa mención del quantum punitivo debidamente incrementado.

31.3. Esos requisitos, con excepción del último, se cumplen en el presente asunto, dado que los hechos constitutivos del delito de concierto para delinquir atribuidos a los encausados se extendieron hasta octubre de 2005; y las sentencias de instancia fueron proferidas, la de primera, el 21 de julio de 2021, y la de segunda, el 27 de octubre de 2022.

31.4. Y, pese a que en la acusación no se hizo referencia a la Ley 890 de 2004, tal situación no excluye, per se, la aplicación de su artículo 14, habida cuenta que para la fecha del pliego de cargos, 30 de agosto de 2016, en primera instancia, y 28 de diciembre del mimo año, en segunda, estaba en vigor un criterio jurisprudencial que sostenía la inaplicabilidad de la Ley 890 a asuntos tramitados bajo la Ley 600 de 2000, lo cual permite excepcionar para el presente asunto el cumplimiento del último requisito, como, en eventos semejantes, esta Sala de Casación Penal lo tiene decantado.

B. LOS CARGOS POR NULIDAD FORMULADOS EN NOMBRE DE ASTRID FERNANDA CANTOR VARELA.

32. Esencialmente, son cuatro los aspectos en los que se sustenta esa pretensión del demandante, a saber: (i) por falta de competencia del funcionario de la Fiscalía que adelantó la etapa instructiva, ya que, por ser un Delegado ante la Corte Suprema de Justicia, solo podía ejercer esa atribución ante aforados, condición de la que carece la citada y los demás coprocesados; (ii) violación del derecho a la defensa técnica, por cuanto durante un considerable tramo de la instrucción se negó el reconocimiento del abogado de confianza de la acusada, y en tal lapso estuvo asistida por uno de oficio; (iii) vulneración del derecho a un juez imparcial, dado que los falladores de primero y segundo grado, previamente a este asunto, conocieron del mismo supuesto fáctico debido a rupturas de la unidad procesal frente a otros vinculados a la actuación; y (iv) afectación del debido proceso por cuanto se omitió tramitar una colisión de competencia propuesta desde los inicios del juicio.

Desde ya, advierte la Corte que las señaladas postulaciones deben ser desestimadas como causal de nulidad, dado que ninguna de ellas constituye irregularidad capaz de erigirse en vicio enervante de la acción penal, sin que sobre resaltar que los puntualizados aspectos fueron ampliamente discutidos en las instancias e igualmente, en esas sedes, rechazados con acierto como irregularidad determinante de la invalidación de lo actuado.

33. En efecto, en lo atinente a la falta de competencia del fiscal que instruyó y calificó el mérito del sumario en el presente asunto, el censor hizo abstracción en cuanto a que, de acuerdo con lo regulado en el artículo 250, inciso tercero, de la Constitución Política, el Fiscal General y sus delegados tienen competencia para investigar y actuar en todo el territorio nacional, y, consecuente con esta atribución, la actividad instructiva que le es propia a ese ente, en principio, no supone la existencia de una concreta y previa determinación de asuntos de los cuales deba conocer; o lo que es igual, que dada la amplia órbita de competencias que tiene para el cumplimiento de sus funciones dentro de dicha fase, no es viable afirmar de manera general que los actos de instrucción puedan verse afectados de nulidad por no haber sido adelantados por una autoridad especial de dicha entidad.

33.1. En consonancia con lo anterior, impera destacar que bajo la sistemática procesal de la Ley 600 de 2000 (como ocurre igual en la consagrada en la Ley 906 de 2004), según criterio fijado por la Sala de Casación Penal para la época en la que se adelantó aquí la fase instructiva, la competencia de la Fiscalía General de la Nación es general, y las asignaciones internas o especializadas no afectan, per se, la validez de los actos de instrucción, salvo cuando se trate de asuntos expresamente exceptuados, como ocurre con los procesos contra aforados en los casos en que la Constitución reserva la actuación a un funcionario específico.

33.2. Con relación a esto último, se precisa que el fuero constitucional es de interpretación estricta y excepcional, y que opera, exclusivamente, en favor del aforado, no como una prohibición general de actuación frente a personas no aforadas; de suerte que el hecho de que un fiscal, con competencia para aforados, actúe respecto de no aforados, no configura por sí mismo causal incompetencia, siempre que se trate de actos propios de la instrucción penal ordinaria, y que el funcionario haya sido investido de esa atribución o jurisdicción, sin ejercer facultades que no le correspondan.

33.3. En consecuencia, a manera de colofón, la Sala puntualiza que como en este asunto el Fiscal Once Delegado ante la Corte Suprema de Justicia, efectivamente obró, para el desarrollo de la instrucción en este caso, revestido de las aludidas facultadas, según Resolución 02090 del 28 de mayo de 2009, emitida por el Fiscal General de la Nación (dentro de sus atribuciones superiores, artículo 351-3 de la C.P.), la tacha intentada por el censor no resulta eficaz respecto de la validez de la actuación, máxime cuando no acreditó un concreto y objetivo quebranto de las garantías fundamentales de la acusada CANTOR VARELA.

34. Suerte semejante acompaña al reproche acerca de la afrenta al derecho a la defensa técnica de la antes citada, durante la fase instructiva, pues, la queja objetivamente no acredita un vicio de la estirpe alegada, por lo siguiente:

34.1. La procesada fue vinculada mediante indagatoria el 24 de noviembre de 2009, acto en el que nombró un defensor de confianza quien la representaría en lo sucesivo; luego, su situación jurídica provisional fue resuelta el 30 de julio de 2009, resolución en la que el fiscal se abstuvo de imponerle cautela alguna, y que fue notificada legalmente.

34.2. Con posterioridad, la actividad investigativa y práctica probatoria, se concentró en relación con un numeroso grupo de procesados vinculados, antes y después de los aquí involucrados, y en relación con aquellos se produjeron definiciones de situación jurídica, cierres parciales de investigación, y las consiguientes calificaciones del mérito del sumario, tramites que por la complejidad del asunto y los recursos formulados por los afectados, dilataron varios años la adopción de los pronunciamientos pertinentes con respecto de los aquí convocados.

34.3. De suerte que, el cierre de la investigación con relación a CANTOR VARELA, y restantes implicados, tuvo lugar hasta el 4 de diciembre de 2015, previa designación para aquella, y otros, de un defensor de oficio (el 5 de noviembre anterior), que tomó cabal posesión del encargo el 20 de noviembre de ese año, ante la constatación de que los datos suministrados por la citada desde su vinculación, no permitían su ubicación ni la de su apoderado; y con el aludido abogado de oficio se cumplió la notificación, por estado, de la clausura del ciclo instructivo, y la calificación el mérito del sumario (el 30 de agostos de 2016), también por estado, previas citaciones enviadas a una u otro, para que concurrieran al enteramiento personal del pliego de cargos.

34.4. Además, mediante decisión de 1º de noviembre de 2016, al resolver los recursos de reposición y otras solicitudes, presentadas contra la providencia que en primera instancia calificó el mérito del sumario, la Fiscalía respondió la misma queja sobre la, supuesta, marginación de la acusada y carencia de defensa técnica respecto de ella, incoada por la propia acusada el 23 de septiembre de ese año, durante los traslados para sustentar el aludido medio de impugnación, acto material de defensa, en el que la implicada suministró un teléfono y dirección de residencia distintos de los aportados en su indagatoria, amen que luego de ello (el 7 de octubre de dicho calendario) designó como defensor al profesional del derecho que la representa desde entonces y funge como demandante.

34.5. De cara a lo anterior, para la Corte es necesario recordar que, si bien es cierto, de conformidad con el artículo 8 de la Ley 600 de 2000, el derecho de defensa debe garantizarse en forma integral, ininterrumpida y permanente, en sus aristas técnica y material, desde el inicio de la actuación y hasta su culminación, igualmente es cierto que dicha garantía no se traduce en el deber estatal de imponer una estrategia defensiva activa o exitosa, ni elimina el margen de autonomía técnica del defensor, ni la carga mínima de diligencia que también recae sobre el procesado una vez válidamente vinculado.

34.6. Frente a asuntos adelantados, de tiempo atrás, bajo la sistemática que gobernó este asunto (Ley 600 de 2000), esta Corporación tiene decantado que la simple inconformidad con la actuación del defensor o con la estrategia adoptada no estructura una violación del derecho de defensa, dado que no basta reprobar la labor del abogado, ni señalar que su actuación fue deficiente o desacertada, pues la nulidad por violación del derecho de defensa exige la demostración de un verdadero estado de abandono, generador de indefensión real.

34.7. En esa misma dirección, la Sala de Casación Penal ha advertido que no existen fórmulas uniformes de defensa, y que la elección de una estrategia —incluso pasiva— se encuentra amparada por la autonomía profesional del letrado, siempre que no se traduzca en una ausencia absoluta de asistencia jurídica, e igualmente tiene dicho que la vulneración del derecho de defensa sólo se configura cuando existe abandono categórico; esto es, cuando el procesado queda materialmente inerme frente a la actuación penal, ya que la violación al derecho de defensa real o material se patentiza por el absoluto estado de desamparo, no por la simple percepción de que su gestión pudo ser mejor o más activa.

34.8. Y respecto de la misma temática, la Corte ha indicado que, cuando el procesado, debidamente vinculado, adopta una actitud de desentendimiento de la causa que se le adelanta, no puede alegar indefensión derivada de su propia conducta; a este respecto, en el sistema de la Ley 600 de 2000, la indagatoria constituyen el acto a partir del cual se adquiere la calidad de sindicado y sujeto procesal, quedando habilitado plenamente desde entonces el ejercicio del derecho de defensa en sus dos aristas (técnica y material); cumplido ese acto con las formalidades de ley, al procesado le asiste la carga de asumir una conducta mínimamente diligente frente al trámite, como, a guisa de ejemplo, informar los cambios de residencia o de domicilio, o datos idóneos y objetivos de ubicación (número telefónico, por ejemplo), para ser citado, así como comunicar las eventuales modificaciones sobre el profesional que ejerce la representación de sus intereses en la actuación penal.

34.9. Entonces, con sujeción a la puntual reconstrucción de los supuestos fáctico-procesales que enmarcan la presunta irregularidad, y teniendo como norte los reseñados criterios jurisprudenciales, la Sala de casación concluye lo siguiente:

(i) La acusada CANTOR VARELA fue debidamente vinculada a este asunto, adquiriendo plenamente la condición de sujeto procesal, con conocimiento formal del proceso;

(ii) Se acreditó que voluntariamente dejó de estar pendiente del trámite, lo cual excluye cualquier alegato de indefensión estructural;

(iii) Desde la indagatoria, aquella designó un defensor de confianza que optó por una estrategia pasiva, facultad de ejerció del encargo que, conforme a reiterada jurisprudencia, no equivale a abandono real ni a ausencia absoluta de defensa;

(iv) Con el fin de garantizar el derecho a la representación técnica, la Fiscalía proveyó a la investigada de un defensor de oficio;

(v) Antes de que se consolidara la etapa instructiva, la procesada desplegó actos de defensa material y renovó el apadrinamiento de sus intereses con la designación del abogado que hoy hace las veces de demandante; y

(vi) El actual censor omitió demostrar que la actuación de los profesionales que lo antecedieron realmente significó para la implicada un estado de indefensión material, o que la irregularidad alegada tuvo una incidencia determinante, objetiva y trascendente sobre las decisiones adoptadas contra la procesada en aquel interregno.

35. En conclusión, la Sala no encuentra configurada una violación del derecho de defensa que haga imperativa la declaratoria de nulidad, pues: la actuación se desarrolló con defensa técnica formal y material, permanente e intangible; la pasividad alegada responde a una estrategia defensiva legítima y a la conducta voluntaria de la propia encausada; de ahí que sea evidente que la nulidad pretendida desconoce los principios de trascendencia, residualidad, y protección que gobiernan el régimen de invalidez bajo la Ley 600 de 2000.

36. El otro reproche con el que el demandante postuló la ineficacia de la actuación, por desconocimiento del debido proceso, tiene que ver con la supuesta omisión de tramitar una colisión de competencia, alegada por ese sujeto procesal en los inicios del juicio, así como por los apoderados de otros acusados, sobre la base de considerar que, como el hecho típico investigado se trata de un concierto para delinquir básico, su conocimiento estaría atribuido a los jueces penales del circuito ordinario, y no a los especializados.

36.1. La verdad es que el punto fue materia de debate en desarrollo de la audiencia preparatoria, en la que el Juez Sexto Penal del Circuito Especializado, escuchados los argumentos de abierta improcedencia frente a tal solicitud sostenidos por la Fiscalía, el Delegado del Ministerio Público y el apoderado de la Pate Civil, con remisión a la ley y la jurisprudencia vigente, con absoluto acierto, no accedió a declararse incompetente para conocer de la causa. La corrección de tal juicio deriva o está respaldada en el decantado estudio jurisprudencial que sobre esa temática tiene sentado esta Corporación, en los siguientes términos:

«En orden a decidir lo pertinente, importa recordar que el numeral 7º del artículo 5º transitorio de la Ley 600 de 2000 asignaba a los jueces especializados el conocimiento del delito de concierto para delinquir previsto en el inciso 2º del artículo 340 del estatuto punitivo de 2000, esto es, cuando el punible se cometía bajo la agravante allí establecida.

Como la norma procesal en cita no incluía el concierto para delinquir básico o simple, esto es, el contemplado en el inciso 1º del artículo 340 en mención, el mismo entonces caía bajo la regla de competencia residual, de manera que su conocimiento correspondía a los jueces penales del circuito.

Se recuerda también que el artículo 14 de la Ley 733 de 2002, como lo precisó la Sala en varias decisiones que se emitieron en su momento, modificó el numeral 7º del artículo 5º transitorio para incluir también dentro de la competencia de los jueces especializados, entre otros punibles, el de concierto para delinquir básico o simple, incrementando así la gama de conductas delictivas de conocimiento de esos funcionarios judiciales.

Debe precisarse que el artículo 14 no implicó la derogatoria del numeral 7º del artículo 5º transitorio, sino simplemente su adición normativa, en la medida en que, se insiste, sumó al listado de punibles de competencia de los jueces especializados, en punto al concierto para delinquir, el previsto en el inciso 1º del artículo 340, y ratificó la que ya le estaba asignada, vale decir, la del concierto para delinquir agravado.

Significa lo anterior que, en lo concerniente al concierto para delinquir, la competencia de los jueces especializados estaba dada por dos normas, en primer lugar, por el numeral 7º del artículo 5º transitorio que le atribuía la modalidad agravada, y, en segundo término, por el artículo 14 de la Ley 733 que le asignaba la modalidad básica.

Ahora bien, el artículo 23 de la Ley 1121 de 2006 modificó el numeral 7º del artículo 5º transitorio en cita, señalando que el mismo quedaría así:

“… Del concierto para cometer delitos de terrorismo y de financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas, narcotráfico, secuestro extorsivo, extorsión o para conformar escuadrones de la muerte, grupo de justicia privada o bandas de sicarios, lavado de activos u omisión de control (artículo 340 del Código Penal), testaferrato (artículo 326 del Código Penal); extorsión en cuantía superior a ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.

Como se observa, respecto de la norma original el único cambio que sufrió dicho numeral fue la inclusión del delito de concierto para la financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas.

En ese orden de ideas, se tiene que dicha norma de la Ley 1121 de 2006 no significó modificación a las competencias que regían hasta antes de su expedición. Simplemente, ratificó que el conocimiento del concierto para delinquir agravado correspondía a los jueces especializados, y que de su resorte también es el punible de financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas, que por virtud de lo dispuesto en el artículo 19 de la precitada ley adquirió también el carácter de concierto para delinquir agravado.

Por lo anterior, la competencia para el conocimiento del concierto para delinquir básico o simple quedó intacta. La norma que radicó su conocimiento en los jueces especializados, esto es, el artículo 14 de la Ley 733 de 2002, no sufrió en ese sentido modificación alguna con ocasión de la expedición de la Ley 1121 de 2006, cuyo artículo 23 no hizo sino ratificar la competencia de los jueces especializados en punto al concierto para delinquir agravado, competencia que, como quedó visto, ya estaba asignada a los referidos funcionarios por parte del original numeral 7º del artículo 5º transitorio.

Se concluye de lo considerado que, actualmente, sigue siendo del resorte de los jueces especializados todo tipo de concierto para delinquir, sin importar su modalidad, esto es, básica o agravada».

36.2. Ahora bien, el demandante no planteó debate sobre la vigencia del anterior discernimiento jurisprudencial, sino que, entiende que, a pesar de su contundencia, el Juez Sexto Penal del Circuito Especializado estaba en el deber de remitir al superior el asunto para que este lo resolviera de plano, convicción huérfana de un argumento serio que lo respalde, pues, como lo pone de presente el Delegado de la Procuraduría ante esta Sala, en este caso no se trató en verdad de un conflicto de competencia, fenómeno que, en la sistemática de la Ley 600 de 2000, se presenta, únicamente, cuando dos funcionarios rehúsan el conocimiento de un asunto o ambos reivindican la competencia para conocer del mismo, situación que no tuvo cabal concreción en el presente proceso.

36.3. Lo anterior constituye razón suficiente para desestimar la crítica analizada, dado que la misma carece de una argumentación seria y suficiente en torno a los principios que rigen las nulidades, en particular los de taxatividad, trascendencia y demostración efectiva de una irregularidad que conspire contra las bases del debido proceso o el derecho de defensa.

37. Semejante deficiencia argumentativa ostenta la réplica sobre el desconocimiento del principio del juez imparcial, vulneración que el recurrente asegura configurada por cuanto el fallador de primera instancia y el juez plural de segundo grado estaban impedidos para pronunciarse en el presente asunto, atendido que esos funcionarios, previamente habían conocido de los hechos aquí debatidos, con ocasión de rupturas de la unidad procesal antecedentes; al efecto, para dotar de base a su reclamo, cita las sentencias adoptadas respecto de Carlos Alberto Arzayús Guerrero, el 19 de marzo de 2014 (Rad. 110001310700620100035); Rodolfo Medina Alemán y otros, del 19 de septiembre de 20014 (Rad. 110013107006201100091) y José Miguel Narváez Martínez, el 18 de julio de 2016 (Rad. 110013107006201100077).

37.1. No concita discusión el afirmar que la institución de los impedimentos y recusaciones tiene como fin garantizar la imparcialidad e independencia de los jueces, en procura de que el administrador de justicia actúe con transparencia y ecuanimidad, al prevenir que un funcionario conozca un asunto cuando concurre una de las taxativas causales previstas en el ordenamiento jurídico para esos efectos —en este caso Ley 600 de 2000, artículo 99—.

37.2. Sin embargo, el demandante pretende revivir una discusión zanjada en las instancias con apego al trámite legal pertinente, como quiera que ante la recusación planteada el 7 de septiembre de 2018 por la bancada defensiva, apoyada en el supuesto fáctico de esta queja, el Juez Sexto Penal del Circuito Especializado accedió a declararse impedido, con base en el artículo 99-4 del Código de Procedimiento Penal aplicable a este asunto, y remitió las diligencias al funcionario que le seguía en turno, el cual no aceptó la manifestación impeditiva y remitió la actuación al superior, esto es, el Tribunal Superior de Bogotá, autoridad que el 22 de octubre de 2018, declaró infundada la manifestación.

37.3. Y bajo la misma dinámica y con recurso a idéntico supuesto de hecho, en dos oportunidades, la Sala de Decisión del Tribunal Superior de Bogotá que en segunda instancia conoció de este asunto, también fue recusada y, con observancia del trámite legal, la consecuente pretensión igualmente se declaró infundada.

37.4. Entonces, de cara esa constatación material, no se trata aquí de que los funcionarios que conocieron de esta causa en primera y segunda instancia hayan pretermitido considerar el punto que inquieta al demandante, sino que el mismo sí fue tratado y resuelto de manera adversa a su criterio; circunstancia que en manera alguna es constitutiva de una irregularidad sustancial con capacidad de enervar el trámite procesal.

38. Sin perjuicio de lo anterior, cuando se invocan circunstancias a las que se atribuye la capacidad de enervar la actuación, no puede perderse de vista que no toda irregularidad es idónea para ocasionar el efecto invalidante, de suerte que para la prosperidad de un reproche como el aquí analizado, esto es, la excepcional nulidad derivada de un impedimento, no basta su verificación formal, sino que es indispensable que se establezca de qué manera concreta se afectó la imparcialidad o se comprometió el debido proceso, discusión que no fue desarrollada por el casacionista, más allá de extensas y repetitivas elucubraciones abstractas.

39. Lo cierto es que, en este asunto, los funcionarios de primero y segundo grado respecto de quienes no prosperó el motivo impeditivo, conocieron en razón de sus funciones de los hechos aquí debatidos, ante rupturas procesales anteriores y en relación con personas distintas a las aquí procesadas; luego el ejercicio argumentativo que estaba llamado a agotar el demandante le imponía, con absoluta objetividad, demostrar que las consideraciones sentadas por aquellos en las decisiones que emitieron previamente, contenían afirmaciones constitutivas de un concreto prejuzgamiento frente a la responsabilidad de CANTOR VARELA, labor que como no fue cumplida por el censor condena la crítica a su desestimación, por inobservancia de los principios que orientan la declaración de nulidades.

40. Para terminar, la Sala aludirá al aspecto postulado por el demandante, concerniente a que, como el delito de concierto para delinquir aquí tratado se extendió hasta octubre del 2005, el régimen procesal aplicable, por favorabilidad, era el de la Ley 906 de 2004, y no el consagrado en la Ley 600 de 2000, por lo que consideró vulnerado el debido proceso, y reclamó la consecuente declaratoria de nulidad.

41. Frente a tal planteamiento, también se advierte su improsperidad, pues, en los eventos de delito permanente, continuado y concurso de conductas punibles, cuando las acciones constitutivas se ejecutan o desarrollan en vigencia de distintos esquemas procedimentales, la Sala tiene sentada la tesis de la razón objetiva, como forma de solucionar el problema que implica la escogencia del método de procesamiento que debe gobernar la actuación, la cual consiste en determinar bajo qué régimen se iniciaron las actividades investigativas, pues una vez establecido dicho aspecto, será ese el procedimiento por el que debe tramitarse in integrum la actuación, sin que tengan cabida consideraciones sobre la favorabilidad de uno u otro:

«Descartado, entonces, un tal fundamento en la búsqueda del procedimiento a seguir en el caso planteado, se inclina la Sala por acudir a criterios objetivos y razonables, edificados estos esencialmente en determinar bajo cuál de las legislaciones se iniciaron las actividades de investigación, la que una vez detectada y aplicada, bajo su inmodificable régimen habrá de adelantarse la totalidad de la actuación, sin importar que (al seleccionarse por ejemplo la Ley 600) aún bajo la comisión del delito —dada su permanencia— aparezca en vigencia el nuevo sistema.

(…)

Así las cosas, la Sala se inclina por estructurar la tesis de razón objetiva como mecanismo para solucionar el eventual problema de selección del sistema procesal a desarrollar en el caso del delito permanente cuando en desarrollo de su ejecución surge a la vida jurídica la nueva normatividad».

Con base en lo anterior, la correspondiente queja no está llamada a prosperar.

C. REPROCHE POSTULADO POR LA DEFENSA DE JESÚS HERNANDO CALDAS LEYVA.

42. La censura única promovida en nombre de CALDAS LEYVA se enmarca dentro de la violación indirecta, por falso raciocinio, sobre la base de que de los hechos probados los juzgadores infirieron equivocadamente que la efectiva adhesión consiente y voluntaria, del procesado al concierto para delinquir fraguado por diversos funcionarios a través del G-3, se extendió hasta cuando ese organismo dejó de funcionar, en octubre de 2005, sin que tal conclusión tenga sustento en postulado alguno de la sana critica.

42.1. No discute el recurrente que en la acusación y en los fallos, conforme a los medios de prueba allegados, el rol funcional del acusado, mediante actos materiales, al servicio de la empresa criminal se concretó con ocasión del desempeño del cargo como subdirector de Análisis del DAS, entre el 10 de octubre de 2003 y el 1º de abril de 2004; el reparo está en que, luego de esa última fecha, como subdirector Seccional de esta entidad, en el departamento de Caldas, desde el 12 de abril de 2004 hasta el 15 de septiembre de 2005, las pruebas no enseñan de que desde allí halla ejecutado un acto que lo comprometa con la asociación delictiva en ciernes.

42.2. Por tanto, concluye, se equivocó el fallador de segundo grado al razonar que su compromiso con el delito se extendió hasta octubre de 2005, por el solo hecho del carácter permanente de la conducta punible y, de contera, al negar el reconocimiento de la prescripción de la acción penal, computada con base en la pena prevista para el concierto para delinquir según las normas vigentes al 1º de abril de 2004; esto es, el artículo 340 del Código Penal, con la modificación de la Ley 733 de 2002, y la circunstancia específica de agravación del artículo 342 de la Ley 599 de 2000.

42.3. Con base en lo anterior, concluyó que, como la sanción máxima, según ese conjunto de preceptos, es de 9 años de prisión, al aplicar el incremento en el lapso prescriptivo de una tercera parte para servidor público, según el artículo 83 del Código Penal, el plazo para el decaimiento de la potestad punitiva del Estado era de 12 años, los que, computados desde el 1º de abril de 2004, cuando dejó de ser subdirector de Análisis del DAS, se cumplieron el 1º de abril de 2016, antes de emitirse (el 30 de agosto siguiente) el pliego de cargos con el que fue convocado a juicio.

43. Sintetizado en los anteriores términos el cargo estudiado, respecto del cual el Delegado de la Procuraduría ante la Sala de Casación Penal expresó su respaldo, se advierte que el mismo no está llamado prosperar.

44. En efecto, sin que esté de más destacar que el recurrente no fue claro al determinar cuál fue el postulado de la sana critica conculcado por el Tribunal, lo cual deja el reproche sin una dirección concreta, esta Sala encuentra que el error de razonamiento lo padece el censor, y radica en la comprensión dogmática del injusto de concierto para delinquir.

44.1. Con esa orientación, es preciso recordar que el tipo penal previsto en el artículo 340 del Código Penal, ha sido definido de manera constante por esta Corporación como un delito autónomo y de carácter permanente, cuyo injusto no se agota en la simple concurrencia ocasional o episódica de varias personas, ni en la realización de actos delictivos concretos, sino en la asociación criminal dotada de vocación de permanencia en el tiempo, orientada a la comisión de delitos indeterminados; el concierto para delinquir se distingue de la coautoría, en cuanto a que ésta se predica de la ejecución conjunta de hechos punibles determinados, mientras que el primero supone la estructuración de una empresa criminal estable, cuya existencia se prolonga mientras subsista el acuerdo asociativo.

44.2. Desde esta perspectiva, el núcleo del tipo penal no reside en la ejecución continuada de conductas materiales, sino en la adhesión voluntaria, consciente y estable al acuerdo criminal. La Sala ha explicado que la antijuridicidad de la conducta se consuma con la decisión libre del sujeto de integrar la organización, y permanece en el tiempo mientras dicha voluntad no sea objetivamente desvirtuada: el «delito de concierto para delinquir se configura con la adhesión voluntaria al acuerdo criminal, sin que resulte exigible la ejecución permanente de conductas materiales distintas a la pertenencia misma, pues el injusto se agota en la decisión consciente de integrar la organización».

44.3. Tal comprensión del punible permite sostener que la pertenencia jurídica al concierto no se extingue por la sola inactividad del procesado, ni por la ausencia temporal de aportes visibles, sino únicamente cuando se acredita de manera objetiva y verificable la ruptura del vínculo asociativo, verbi gracia, mediante actos inequívocos de desvinculación, abandono aceptado por la organización o, en casos de grupos armados al margen de la ley, a través de la desmovilización efectiva de la célula ilegal o de uno de sus miembros, respecto del grupo, en tanto ello evidencia la ruptura del nexo volitivo con la estructura criminal.

44.4. Lo anterior tiene especial relevancia en materia de prescripción de la acción penal, pues, de cara a la naturaleza de esta conducta, dicho fenómeno empieza a contarse desde el momento en que esté probado que el sujeto dejó de participar del acuerdo; dicho de otra manera, el cómputo del término prescriptivo no puede iniciar mientras subsista la adhesión al acuerdo criminal, de donde se sigue que el nexo volitivo al concierto para delinquir, se predica y mantiene jurídicamente mientras esté demostrada esa determinación de pertenecer a la organización criminal, y sólo cesa cuando obre prueba clara y objetiva de su desvinculación. Hasta que ello no ocurra, la conducta permanece en fase de consumación y no es posible iniciar la contabilización del término prescriptivo.

45. Cabe recordar que, en el asunto examinado, las instancias encontraron acreditado que CALDAS LEYVA ejecutó actos de adhesión consciente y voluntaria a la empresa criminal articulada a través del G-3, como subdirector de Análisis del DAS, entre el 10 de octubre de 2003 y el 1º de abril de 2004. Aquellos comportamientos, no discutidos por el recurrente, fueron suficientes para concluir, sin ambigüedad, la decisión libre y deliberada de aquel de integrar el acuerdo delictivo, lo cual resulta suficiente para estructurar el tipo penal de concierto para delinquir, en tanto, como ha reiterado esta Corporación, el núcleo del injusto reside en la adhesión volitiva al pacto criminal y no en la comisión reiterada de delitos específicos.

45.1. Ahora bien, es también una verdad material acreditada y declarada en los fallos de primero y segundo grado, no debatida por el demandante, que la aludida asociación delictiva operó hasta, aproximadamente, octubre de 2005 cuando el referido Grupo Especial de Inteligencia fue desarticulado o dejó de funcionar, sin que en el expediente obre prueba alguna que permita afirmar que el citado acusado, con anterioridad a esa fecha, se desvinculó efectiva y objetivamente de la organización; no se acreditó abandono expreso del acuerdo, retiro aceptado por la estructura criminal, colaboración con el aparato judicial, ni ningún otro acto inequívoco que permita inferir la ruptura volitiva con la empresa criminal.

45.2. Desde la perspectiva dogmática adoptada por la Sala, esta circunstancia resulta decisiva, pues, tratándose de un delito de carácter permanente, la consumación del concierto para delinquir se prolonga en el tiempo en tanto subsista la adhesión del sujeto al acuerdo criminal; es decir, mientras no estén acreditados hechos objetivos de los que pueda colegirse su desvinculación real, de ahí que la mera ausencia de actos materiales de pertenencia posteriores al 1º de abril de 2004 no es razón suficiente para dar por finalizada la adhesión, toda vez que, se reitera, la vigencia de la concertación delictiva no depende de una actividad material constante.

45.3. A este respecto, el censor estima que, como su representado, luego de la señalada fecha ocupó el cargo de subdirector Seccional del DAS, en el Departamento de Caldas, entre el 12 de abril de 2004 y hasta el 15 de septiembre de 2005, ello es suficiente para concluir que en aquel se extinguió su voluntad de permanencia a la empresa criminal por ausencia de actos concretos cumplidos desde ese cargo, lo cual es equivocado, pues bajo tal comprensión equipara la condición de autor del el delito de concierto, a la coautoría, la cual si depende de aportes concretos, visibles, al delito común mente querido por sus ejecutores; en otras palabras, en la coautoría la contribución es instantánea o episódica, mientras que el concierto para delinquir se configura con la adhesión voluntaria al acuerdo criminal, con vocación de permanencia, sin que resulte exigible la ejecución continuada de actos materiales distintos a la pertenencia misma.

45.4. Por lo tanto, frente a la propuesta del demandante, impera resaltar que lo acreditado de manera objetiva, y sin lugar a reproche por el demandante, es que la voluntad de adhesión o de pertenencia a la asociación delictiva en ciernes por parte de CALDAS LEYVA, tuvo soporte en los actos funcionales que cumplió para los fines ilegales del concierto, entre el 10 de octubre de 2003 y el 1º de abril de 2004, como subdirector de Análisis del DAS, y el hecho de que con posterioridad a la última fecha hubiese sido trasladado o reubicado como Subdirector Seccional del DAS en Caldas, no proyecta efecto resolutivo sobre su continuidad en esa asociación, por la sencilla razón de que esta no dependía del cargo ocupado, como si se tratara de un «asunto de nómina», sino de la voluntad consciente de estar comprometido con los actos de la empresa delictiva, sin importar la dependencia en la que desempeñara sus funciones.

45.5. Corrobora lo anterior lo ampliamente discurrido en las instancias en cuanto a que las acciones ilegales que desarrolló el llamado G-3 se nutría con aportes de personal de la Dirección General de Inteligencia, las Subdirecciones de Operaciones, Contrainteligencia, Fuentes Humanas, Análisis, Desarrollo Tecnológico y las Direcciones Seccionales; de ahí que, con acierto, los falladores de primero y segundo grado concluyeron que probada como fue la vinculación o pertenencia de CALDAS LEYVA a la empresa criminal que se gestó y efectivamente operó bajo la sombra del llamado G-3, era predicable su adhesión a la misma hasta cuando la propia organización fue desarticulada con la cesación de funciones de esa célula, es decir, en octubre de 2005; solo en ese instante (por desaparición fáctica y estructural del acuerdo criminal) puede afirmarse que desapareció la permanencia del delito, y, por tanto, la vinculación al mismo respecto de todos sus integrantes, incluso de aquellos que antes de esa fecha, desde otras dependencias, estuvieron en condición de contribuir con los fines del contubernio criminal al que estaban ligados.

45.6. En consecuencia, en el caso debatido, el análisis sobre prescripción debe tomar como punto de referencia, para el inicio de ese fenómeno, el momento en que cesó la permanencia del acuerdo delictivo, esto es, la cesación funcional del grupo G-3 en octubre de 2005, lo cual apareja que para el delito de concierto para delinquir descrito en el artículo 340 de la Ley 599 de 2000, le es aplicable, para la consecuencia punitiva, la modificación del artículo 14 de la Ley 890 de 2004, lo cual conduce a que, como se analizó en el acápite “A”, numerales 27 a 31.4., de esta decisión, el fenómeno extintivo no se configuró en la fase de instrucción, como tampoco, aun, en la de juzgamiento.

Por lo anterior, la pretensión casacional no prospera.

D. LAS CENSURAS PLANTEADAS POR LA ASISTENCIA TÉCNICA DE BLANCA CECILIA RUBIO RODRÍGUEZ.

46. Con independencia de la norma procesal que la censora invocó para identificar la causal, su queja se sustenta en los siguientes, supuestos, vicios de estimación probatoria:

46.1. Tergiversación por «adición» de los memorandos de 20 de junio y 29 de noviembre de 2005, en la medida que como ellos acreditan que la acusada llegó al G-3 por un traslado interno, luego esa célula de inteligencia estaba creada con anterioridad, no puede predicarse que ella se adhirió a la misma en cumplimiento de un acuerdo criminal, sino a desarrollar las funciones inherentes a su cargo, asignadas por el directos de el aludido grupo, las que tuvieron que ver con clasificación y revisión de «contenidos públicos tales como las publicaciones de DICK EMANUELSON en la página web de ANCOL y la revisión del programa de televisión CONTRAVIA de HOLLMAN MORRIS».

46.2. En otros cuatro reproches, presentados cada uno como subsidiario, se refiere a las declaraciones de Jaime Fernando Ovalle Olaz, Yuli Paulín Quintero, Carlos Alberto Herrera Romero, y Lina María Romero Escalante, advirtiendo que los juzgadores las «tergiversaron», ya que lo manifestado por cada uno de ellos sobre la pertenencia de su defendida al G-3, es falso y carece de sustento.

46.3. Compendiado en estos términos el alcance de la impugnación extraordinaria, impera señalar que, como una vez admitida una demanda de casación, lo pertinente es atender el problema jurídico que subyace a la inconformidad, por virtud de esa regla, y a pesar de la evidente falta de rigor y suficiencia argumentativa de los reproches, la Sala responderá puntualmente la postulación acerca de la supuesta ajenidad de la acusada con el delito endilgado.

47. Para esa labor, es importante señalar que en ambas instancias quedó ampliamente demostrado —aspecto no criticado por la demandante—, que a través del llamado G-3 del DAS, entre marzo de 2003 y octubre de 2005, personal de la Dirección General de Inteligencia, en coordinación con funcionarios de las Subdirecciones de Operaciones, Contrainteligencia, Fuentes Humanas, Análisis, Desarrollo Tecnológico y las Direcciones Seccionales, se ejecutaron interceptación sin orden judicial de teléfonos, correos, fax, así como seguimientos personales, actividades dirigidas contra miembros de ONG’s, periodistas, políticos y personalidades defensoras de derechos humanos, quienes no estaban incursos ni les era atribuible actividad ilícita alguna, sino que solo podía reprochárseles su oposición al gobierno nacional de turno, siendo la finalidad de tales labores vincular a los «blancos» u «objetivos» con grupos armados al margen de la ley (las FARC y el ELN) buscando desprestigiarlos.

48. Es dentro de ese contexto o engranaje delictivo que debe mirarse el obrar de la señora RUBIO RODRIGUEZ, quien, de acuerdo con las pruebas, desde 1997 se desempeñaba como Oficial de Inteligencia del extinto DAS, y para el periodo que aquí interesa trabajó en la Subdirección de Análisis, desplegando labores que se integraron al obrar ilegal del llamado G-3, sin que en la actuación obren medios de contraste que permitan respaldar la calificación de mendaces hecha a los concretos señalamientos que se desprenden de la prueba testimonial reprochada, ni soporte objetivo para predicar distorsionada la realidad que informa la prueba documental que demuestra su adhesión voluntaria a los fines de la aludida empresa delictiva.

48.1. Jaime Fernando Ovalle Olaz, coordinador de las actividades ilegales que se cumplieron a través del G-3, sin que se advierta en sus manifestaciones ánimo de faltar a la verdad, precisó que, junto con otros funcionarios, la señora RUBIO RODRIGUEZ, era analista de información, y que en tal condición tenía pleno acceso al material recopilado respecto de «blancos» a través de los seguimientos, la interceptación de llamadas y de correos electrónicos; aseguró la asistencia de aquella a reuniones en las que se compartían los resultados y avances de ese tipo de actividades; y que los analistas de información tenían plena autonomía para incluir en las carpetas u hojas de vida de los «blancos» asignados, los datos más sensibles o de interés para los fines perseguidos.

48.2. Las actividades investigativas permitieron recuperar varias actas de reuniones celebradas por integrantes del G-3 para «organizar y encomendar tareas específicas». Entre ellas obran las siguientes:

48.2.1. La del 25 de julio de 2005, en la que se atribuye a la aquí acusada: (i) «Organizar presentación sobre Dick Emanuelsson, para el día miércoles 27 de julio de 2005 (encargada Blanca Cecilia Rubio)», y (ii) «Organizar presentación sobre Hollman Morris, para el día miércoles 27 de julio de 2005 (encargada Blanca Cecilia Rubio)».

48.2.2. También, la del 19 de septiembre de 2005, en la que se reúnen para «designar tareas y dar algunas instrucciones respecto a nuestros blancos», entre otras: «presentar para el día 20 de septiembre un informe donde se plasme los avances y las proyecciones sobre cada blanco», «solicitar CIFIN, Datacredito, antecedentes, Sifdas, movimientos migratorios, vehículos y demás dataos de interés de cada uno de los objetivos del Grupo», y «Coordinar con el funcionario de Informática para empezar a alimentar la base de datos creada para el Grupo».

48.2.3. No solo son los anteriores documentos, debidamente firmados por la acusada, los que permiten deducir su conocimiento de los fines del G-3, y su concertación o adhesión a la descrita empresa ilegal.

Adicional a ellos, se recaudaron otros, como el acta de la reunión del 20 de agosto de 2005, en la que se le relaciona como asistente, junto con el Coordinador del G-3, y se deja constancia de la perentoriedad de: «Alimentar aspectos sobre finanzas de CCAJAR»; «Preparar ofensiva para el Movimiento de Víctimas»; «Consecución de información relacionada con la Comisión Colombiana de Juristas Cifin, Datacredito; Cámara de Comercio, Anotaciones de inteligencia, Registros migratorios, Vehículos y demás datos de interés», «Proyectar ofensiva contra CCAJAR publicando aviso en el periódico»; «Proyectar ofensiva a periodista»; «Ofensiva a Dick en Europa».

49. La citada prueba documental, como lo concluyeron las instancias, permite controvertir la negación de la acusada de su asistencia a las reuniones del G-3; además, existen otros elementos de conocimiento que igualmente derrumban la exculpación de la procesada en el sentido de que ella cumplió solamente labores administrativas de archivo en las carpetas asignadas de los «blancos», pues, varios de los asistentes a los referidos cenáculos, dan cuenta que ella era absolutamente cercana a Ovalle Olaz, quien delegaba en ella todo el tema político, así como que, en virtud de ello, a la acusada le fueron asignados «blancos» específicos.

49.1. Así, en ampliación de indagatoria William Gabriel Romero Sánchez sostuvo respecto de BLANCA CECILIA RUBIO RODRÍGUEZ que «ella es, ella fue compañera mía como analista en mis primeros 3 años de la subdirección de análisis, tengo entendido que ella era de las que llegó a conformar el grupo de análisis de Fernando Ovalle, persona de mucha confianza de Fernando Ovalle, de todo el tema político de oposición (…) una persona de trayectoria que era de mucha confianza de Fernando Ovalle».

49.2. Por su parte, Jorge Armando Rubiano Jiménez, en declaración bajo juramento rendida el 6 de octubre de 2009, reconoció haber estado encargado dentro del G-3 de dos «blancos» específicos, y agregó que tuvo conocimiento que «…la recolección de información del colectivo de Abogados-CAJAR este lo manejaba la compañera LINA con el Jefe del Grupo, el señor Ovalle, conocí lo de HOLMAN NORRIS (sic), que lo manejaba la compañera CECILIA…».

50. Atendido el contenido de los medios de prueba reseñados, sin que se advierta que los juzgadores al citarlos alteraron, cercenaron o adicionaron su literalidad, la deducción que de los mismos hicieron aquellos funcionarios, acerca de la adhesión y voluntaria concertación de la aquí acusada a la empresa criminal, deviene acertada, sin que sea de recibo lo asegurado por la defensa, en el sentido de que como ella, en estricto rigor, no participó en los actos de interceptaciones de comunicaciones ilegales, su obrar no puede ser concebido como un aporte al concierto, o que los labores realizadas por ella fueron en estricto cumplimiento de órdenes de sus superiores.

50.1. Frente a lo primero, impera señalar que, con sujeción a la dogmática del delito de concierto para delinquir, tal hipótesis delictiva no exige que todos y cada uno de sus integrantes ejecuten un concreto hecho delictivo propio o inherente al convenio ilícito; lo relevante para su configuración es la voluntad de adhesión al fin vulnerador del bien jurídico, esto es, la connivencia hacia la comisión de conductas punibles indeterminadas, aunque determinables.

Y tal elemento fluye sin la menor duda de las gestiones realizadas por la acusada en punto de la recolección de información de los «blancos» asignados —así fuera acopiada en medios abiertos— y de la entrega del producto de esa labor al G-3 en las reuniones en las que se discutían y ponderaban todos los resultados, lícitos e ilícitos, de la actividad desplegada por los concertados, mismos que ella también se encargaba de sistematizar y organizar en las carpetas, como en ultimas lo reconoció en su injurada.

50.2. Y respecto del segundo aspecto, en el que se insinúa una presunta «obediencia debida», compatible con la causal de exclusión de responsabilidad, derivada del «cumplimiento de orden legítima de autoridad competente emitida con las formalidades legales», la Corte no observa configurados los elementos definidos en la doctrina y jurisprudencia para poder predicar objetiva y válidamente su estructuración.

50.3. Lo anterior, sin perjuicio de agregar que, aún en el caso de que el extinto DAS hubiese sido una entidad castrense sustentada en la disciplina militar, que no lo era, no se observa que la acusada estuviera compelida a acatar directrices manifiestamente ilegales; es decir, no legítimas, entre ellas, el acopio y sistematización de información con el expreso propósito de realizar, sin previa orden de judicial, seguimientos pasivos, respecto de varias personas y organizaciones, de quienes no existía evidencia fundada y razonable de eventuales vínculos con grupos armados ilegales, o ligados a cualquier otro tipo de actividad delictiva.

En conclusión, ninguno de los cinco cargos por falso juicio de identidad tiene vocación de prosperidad.

E. LOS REPROCHES ENTORNO A LA ABSOLUCIÓN FORMULADOS POR LA FISCALÍA.

51. Las dos censuras planteadas por la Fiscalía respecto de las absoluciones adoptadas en ambas instancias en favor de JIMMY GALVIS CABALLERO, GERMÁN ALBEIRO OSPINA ARANGO, JOSÉ ALEXIS MAHECHA ACOSTA y SERGIO PÉREZ BARRERA, no pueden salir avantes, tomando distancia la Corte, parcialmente, del concepto del agente del Ministerio Público, al deprecar ese colaborador la revocatoria de la aludida decisión respecto de OSPINA ARANGO.

51.1. En esa dirección, como lo resaltó el Delegado de la Procuraduría, en la primera censura, el demandante no alcanzó a desarrollar un argumento tendiente a acreditar un falso raciocinio por desatención de los postulados de la sana crítica, que no son otra cosa que las reglas del correcto entendimiento humano, con sujeción a la ciencia, la lógica y la experiencia, las cuales no advierte esta Corporación que hubieren sido lesionadas por los falladores.

51.2. Dejó sin identificar el recurrente el principio de la lógica, ley de la ciencia o máxima de la experiencia desatendido o aplicado equivocadamente por los jueces de instancia; en su lugar, se quejó de manera reiterada por una supuesta falta de adecuada «articulación» de las pruebas, con remisión a afirmaciones que tienen que ver, más bien, con posibles aprehensiones incompletas del contenido de los medios de prueba (falso juicio de identidad), y la exclusión de otros (falso juicio de existencia) , los que en su opinión, si hubieren sido apreciados en conjunto, conducirían a una conclusión diferente sobre la responsabilidad de los citados procesados; sin embargo, no determinó el censor cuál era el postulado de la sana critica, que indefectiblemente obliga a esa síntesis, con lo que su alegato quedó enmarcado apenas en un criterio valorativo diferente.

51.3. Además, en el segundo reproche, por la vía del falso juicio de existencia, citó, en relación con cada uno de los procesados, otros medios de prueba que, en su criterio, si hubiesen sido debidamente articulados y valorados conjuntamente, habrían permitido llegar a la convicción acerca de que los citados enjuiciados se concertaron con la finalidad delictiva del G-3, porque conocían de su objetivo y prestaron aportes significativos en esa dirección

52. Independientemente de los defectos argumentativos atrás resaltados, se atenderá la regla sentada por esta Sala, en cuanto a que, una vez declarada ajustada la demanda, lo pertinente es dar respuesta al problema jurídico de fondo.

Como el mismo, en este caso, tiene que ver con el conocimiento y voluntad de JIMMY GALVIS CABALLERO, GERMÁN ALBEIRO OSPINA ARANGO, JOSÉ ALEXIS MAHECHA ACOSTA y SERGIO PÉREZ BARRERA, para pertenecer a la empresa crimina que se gestó y operó en el DAS a través del G-3, entre marzo de 2003 y octubre de 2005, a ello procede la Sala; reiterando que no encuentra fundamento para casar las razones de absolución integradas en los fallos de primero y segundo grado.

52.1. Con relación GERMÁN ALBEIRO OSPINA ARANGO, lo primero es señalar que, de ningún medio de prueba, en particular de las aseveraciones hechas por Jaime Fernando Ovalle Olaz, Coordinador del G-3 —atestación que el demandante invoca unas veces como cercenado y otras como omitido— se desprende que aquel hubiese asistido a alguna de las reuniones de esa célula, donde se determinaban los «blancos» y se adoptaban las acciones «ofensivas» —interceptaciones de comunicaciones o seguimiento personales sin orden judicial— contra aquellos, o que, de cualquier otro modo, conociera la ejecución de esos actos y consciente de los mismos prestara un rol funcional a su consumación.

52.1.1. Al respecto, la valoración del fallo de segundo grado sobre el aludido medio de prueba es ilustrativa, de una parte, de tal ausencia de vínculo; y de otra, permite adverar la sinrazón de la censura sobre los vicios que el demandante atribuye al pronunciamiento atacado. Señalo el Tribunal:

«De otro lado, se cuenta con la declaración de Ovalle Olaz en la que en la diligencia de indagatoria dijo:

“PREGUNTADO. Que papel y relación tuvo GERMAN ALBEIRO OSPINA con el grupo G-3 CONTESTO. Era el coordinador del grupo GONI de la subdirección de Contrainteligencia PREGUNTADO. Que (sic) labor realizaba el GONI CONTESTO. Grupo de observación nacional e internacional y nos suministraba información sobre ONGS en estas áreas nacional e internacional”.

Más adelante agregó: “PREGUNTADO. GONI y G-3 trabajaron blancos, o temas conjuntos. CONTESTO. No, nada. PREGUNTADO. El G-3 envió sus archivos o información para que el GONI continuara trabajándola. CONTESTO No tengo conocimiento porque yo salí del G-3 intempestivamente el 27 de octubre de 2005”.

Tal aspecto revela que el ámbito temporal objeto de la resolución de acusación no cobija las manifestaciones del deponente, amén que el suministro de información sobre ONGS en áreas nacional e internacional, por el GONI, sin más elementos de juicio, mal podría derivar en la conclusión de que el procesado se concertó para delinquir, pues el objetivo de verificar información de inteligencia nacional e internacional estaba dentro de los fines institucionales del DAS.

Adicionalmente, el mentado coordinador del G-3 en indagación preliminar refirió: “El GONI, era el grupo de Observación Nacional e Internacional, adscrito a la subdirección de contrainteligencia, lo lideraba el funcionario GERMAN OSPINA, y fue creado con el fin de verificar información de inteligencia nacional e internacional. En este momento me acuerdo de que en los últimos días de existencia del G-3 se pasó a depender del GONI, aunque realmente este grupo no daba ninguna orientación sobre los trabajos adelantados”. Ello, cotejado con la manifestación anteriormente trascrita, en contexto, evidencia, como se dijo, que Ospina Arango no tenía conocimiento de la organización criminal G-3, y por sustracción de materia no se concertó para trasgredir los derechos fundamentales de los denominados blancos».

52.1.2. Por supuesto, no fue ese el único medio de prueba apreciado por el Tribunal; también se refirió a la evidencia documental citada en la acusación como evidencia del presunto conocimiento del acusado, anterior a la terminación del G-3, sobre el carácter ilegal de las acciones que desplegaba ese organismo, a saber: un memorando del 26 de noviembre de 2004, dirigido por Ovalle Olaz a OSPINA ARANGO como Coordinador del GONI, y otro del 16 de diciembre de 2004, enviado por el ultimo en la misma condición a Juan Carlos Sastoque Rodríguez.

52.1.3. Sin embargo, como bien lo destacó el ad-quem luego de transcribir su contenido, el cual no aparece tergiversado ni cercenado, según pudo constarlo esta Sala, los asuntos allí tratados eran eminentemente administrativos, ajenos a cualquier contexto que aludiera a las actividades ilegales del G-3, en el que estuvieron concertados Ovalle Olaz y Sastoque Rodríguez.

52.1.4. También se refirió el Tribunal a otro memorando del 17 de diciembre de 2004, incluido en la acusación, en el que OSPINA ARANGO como Coordinador del GONI, retrasmite a Juan Carlos Sastoque Rodríguez, otro memorando del día anterior, firmado por el Subdirector de Fuentes Humanas con destino a Carlos Alberto Arzayús Guerrero, en el que se le reporta a éste el desarrollo del evento público «II Congreso Bolivariano de los Pueblos», celebrado en Venezuela, entre el 6 y 10 de diciembre del señalado año.

52.1.5. La relevancia otorgada a ese documento en el pliego de cargos estriba en que, en los anexos, contiene un resumen —no se sabe elaborado por quién— de las intervenciones de personalidades internacionales que participaron, así como una abogada del Colectivo «José Alverar Restrepo», situación que fue conectada con unas palabras que aparecen en el memorando firmado por OSPINA ARANGO, escritas a mano: «CCAJAR», «Inv. Estratégico», cuya autoría y momento en que fueron estampadas tampoco fue establecida en la actuación, no obstante lo cual, por coincidir con uno de los «blancos» que en esa época ocupaban el accionar ilícito del G-3, se tuvo como indicio de la concertación del acusado.

52.1.6. En realidad, tal y como lo destacó el Tribunal, es que ni con ocasión del contenido de los anexos al memorando firmado por el acusado, ni por las palabras a mano alzada que aparecen escritas en una esquina del mismo, es posible hacer una inferencia inequívoca del conocimiento y voluntad de adhesión de GERMAN ALBEIRO OSPINA ARANGO (procesado) a las acciones ilegales que ejecutó el G-3 entre marzo de 2003 y octubre 2005.

52.1.7. Finalmente, que William Gabriel Romero y Ronal Harbey Rivera Rodríguez, debidamente valorados por el fallador de segundo grado, así como otros declarantes citados por el demandante como omitidos, aseguren que tras la desaparición del G-3 (en octubre de 2005), esa célula fue reemplazada por el GONI bajo la coordinación del citado acusado, es inidóneo para afirmar que OSPINA ARANGO sabía de la actividad ilegal anterior de esa empresa criminal, y que voluntaria y conscientemente se adhirió a la misma ejecutando algún concreto rol funcional que así lo revele.

52.1.8. En esa dirección, resalta la Sala que las pruebas a las que se refiere la Fiscalía demandante, alusivas a probables acciones ilegales ejecutadas en el año 2005, relacionadas con la infiltración desde el GONI a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia —aspecto en el que puso énfasis el delegado del Ministerio Público en su concepto sobre la revocatoria de la absolución—, son materia de un proceso diferente, sometido al régimen de la Ley 906 de 2004, en el que OSPINA ARANGO se encuentra cobijado por un principio de oportunidad, lo cual impide conectar esos supuestos con los que se debatieron en este asunto (No. 110016000102201000372).

52.2. Ahora bien, sobre JOSÉ ALEXIS MAHECHA ACOSTA, la inconformidad del Fiscal demandante se reduce a señalar como supuestamente omitidas, las manifestaciones, de Jaime Fernando Ovalle Olaz (coprocesado), Jorge Armando Rubiano Jiménez (coprocesado), Sonia Rodríguez Briceño (testigo), Carlos Alberto Arzayús Guerrero (coprocesado), Alirio Uribe Muños (testigo), y William Alberto Merchán López (coprocesado), en cuanto que todas concuerdan en que los objetivos o «blancos» del G-3, estaban definidos por ONG’S, sus integrantes y personas afines, muchas de ellas agrupadas en el caso «Transmilenio», en el que también estaba incluido Hollman Morris, por ser cercano a esas organizaciones.

52.2.1. Sin embargo, pese a ese extenso esfuerzo de citas, lo cierto es que, contrastados los fundamentos del fallo de segunda instancia, y el de primer grado, es palmar que en ambos pronunciamientos se reconoció ese supuesto fáctico, solo que del mismo no infirieron lo que entiende la Fiscalía. Esto es que, por la supuesta «asistencia» del citado a un evento en el que participó el mencionado periodista, por ese solo hecho MAHECHA ACOSTA habría actuado en cumplimiento de la labor que le correspondería dentro de la asociación delictiva aquí escudriñada, como lo entiende el recurrente.

52.2.2. El documento es un informe distinguido con el N° 437.DAS.SSAN.268.GINT.2683/2337/9799-156078, del 23 de septiembre de 2005, originado en la Seccional Santander del DAS, y dirigido a «Jaime Fernando Ovalle Olaz / Coordinador G-3 DAS»; el mismo se relaciona con el «FORO JUSTICIA Y PAZ» organizado por «la facultad de Ciencias Sociales y la Escuela de Comunicación Social y Periodismo, de la Universidad Pontificia Bolivariana», sobre «la Ley de Justicia y Paz», desarrollado el 21 de septiembre de ese año; en el informe resumen las intervenciones de Nelson Molina (decano), Dilmar Ortiz Joya (profesor) y del periodista Hollman Morris; el documento es remitido por Carlos Fabian Sandoval Sabogal, «Coordinador Inteligencia DAS Seccional Santander», y cuenta con visto bueno del «Capitan José Alexis Mahecha Acosta, Director DAS Seccional Santander».

52.2.3. Aquel informe responde a un requerimiento hecho a esa dependencia por Jaime Fernando Ovalle Olaz, mediante telegrama N°136516, de 31 de agosto de 2005, en el que señala: «INFORMACIONES INTELIGENCIA INDICAN LA FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DE DERECHO UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA SECCIONAL BUCARAMANGA X TIENE PREVISTO REALIZAR UN EVENTO ACADEMICO, CON EL FIN DE CONOCER DIFERENTES POSTURAS SOBRE LA LEY DE JUSTICIA Y PAZ punto SE SOLICITA CONOCER PARTICIPANTES X INTERVENCIONES X CONTACTOS X CONCLUSIONES Y DEMÁS DATOS DE INTERÉS punto REQUIERE ENVIAR RESPUESTA CORREO jaovalle@das.gov.co punto CONSECUCIÓN INFORMACIÓN BAJO CUBIERTA Y FACHADA APROPIADA».

52.2.4. El referido informe fue puesto de presente a Carlos Fabian Sandoval Sabogal y a MAHECHA ACOSTA, en sus respectivas indagatorias; el primero reconoció ser el autor del mismo y aclaró fue elaborado con base en lo manifestado por dos funcionarios a quienes envió a cubrir el evento —respecto de este en la instrucción se dictó preclusión—; el segundo señaló no recordar el asunto debido al tiempo transcurrido y la cantidad de actividades que debía atender en la seccional, aunque aclaró que su firma eran «una firma de trámite exclusivamente», frente a una respuesta dada a un requerimiento de cubrir un evento público en Bucaramanga.

52.2.5. Reconstruido el contenido del material probatorio que interesa de cara a la decisión de absolución adoptada en las instancias en favor de MAHECHA ACOSTA, la Sala advierte que esa conclusión no puede ser calificada de errada por vicios de raciocinio, de identidad o de existencia, habida cuenta que la realidad objetiva es que no milita en la actuación prueba directa ni indirecta que ilustre sobre el conocimiento del procesado del actuar ilegal ejecutado a través del G-3.

52.2.6. Tampoco se observa en las pruebas que la Fiscalía adujo como pretermitidas, un señalamiento que ubique a MAHECHA ACOSTA participando en reuniones, recibiendo lineamientos o entregando información sensible con fines ilícitos, a los integrantes de la empresa criminal que en su momento coordino Ovalle Olaz, quien, dicho sea de paso, como lo resaltó el Tribunal, en su indagaría aseguró no acordarse del acusado.

52.3. Respecto de JIMMY GALVIS CABALLERO, se acreditó que suscribió tres memorandos. Con relación a dos de ellos la valoración del Tribunal resulta objetiva y fiel al contenido de los mismos, en cuanto que se relacionan con el cumplimiento de labores investigativas respecto de personas que se sabía estaban infringiendo el ordenamiento jurídico y, por lo mismo, con relación a tales actos no puede afirmarse que estén conectados con el obrar delictivo del G-3.

52.3.1. En efecto, el primero esos documentos es un memorando del 9 de septiembre de 2004, dirigido por Ovalle Olaz al «Doctor Jimmy Galvis Navarrete (sic) – Subdirector de Investigaciones especiales», mediante el cual remite información de una fuente humana sobre la concertación de varios sujetos —«Mario N» y un miembro del EPL— para simular amenazas, en procura de facilitar asilos políticos y seguridad, en connivencia, al parecer, con otra persona del Ministerio del Interior, actividad por la que cobraban una cuantiosa suma; en razón de ello el solicitante pide al destinatario adelantar actos de investigación pertinentes, entre otros, interceptación de comunicaciones y búsquedas por internet, sin que exista constancia de que tales actividades se llevaran a cabo.

52.3.2. Así mismo, el 10 de septiembre de 2004, Ovalle Olaz solicita al «Doctor Jimmy Galvis Navarrete (sic) – Subdirector de Investigaciones especiales», el suministro de «información de inteligencia, “Caso Transmilenio”, referente a datos disponibles de Nicolás Rodríguez Bautista (a. Gabino), Eliecer Herlinto Chamorro Acosta (a. Antonio García), Israel Ramírez Pineda (a, Pablo Beltrán), Pedro Elías Serrano Cañas (a. Oscar Santos), Rafael Sierra Granados (a. Ramiro Vargas) cabecilla del ELN», y en respuesta a ese requerimiento, el 22 del mismo mes, GALVIS CABALLERO, envía memorando —con nota a pie de página de haber sido elaborado por su secretaria—, en el que refiere que «consultadas las bases de datos de los grupos de Policía Judicial y Segundad Rural, adscritos a esta Subdirección, no se encontró información de inteligencia relacionada con el caso Transmilenio y con cabecillas del ELN Nicolás Bautista (a. Gabino), Eliécer Herlinto Chamorro Acosta (a. Antonio García) Isael Ramírez Pineda (a. Pablo Beltrán), Pedro Ellas Serrano Cañas (a. Oscar Santo Rafael Sierra Granados (a. Ramiro Vargas)».

52.3.3. La Sala observa, como igual lo destacó el juzgador de segundo grado, que los aludidos documentos, por su contenido, ningún reproche permiten hacer respecto del citado acusado en calidad de concertado con las actividades ilegales coordinadas por Ovalle Olaz —quien ni siquiera sabía bien el nombre de aquel— a través del G-3, máxime cuando los aspectos a los que aluden esos memorandos tocan con actos de investigación lícitos frente a infractores de la ley penal, sin que el hecho de que en el segundo de esos escritos, la mención al «caso Transmilenio» permita asegurar que el acusado sabía la connotación del mismo, por cuanto este obedece a una respuesta formal que no fue elaborada directamente por aquél.

52.3.4. Finalmente, obra adjunto a la actuación el memorando No. 53263 de 13 de mayo de 2004105, por medio del cual Carlos Alberto Orozco Garcés, retransmite al «Dr. Fernando Ovalle Olaz, Jefe Grupo Especial de Inteligencia 3» información acerca del «Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez», la cual, mediante memorando DAS.DGIN.SCTR.GAES2 094, el 5 de mayo anterior, GALVIS CABALLERO había enviado, como Coordinador del Grupo de Asuntos Especiales 2, con el visto bueno de Jacqueline Sandoval Salazar, Subdirectora de Contrainteligencia DAS, a Enrique Alberto Ariza Rivas, Subdirector de análisis DAS . Este documento refiere:

«De manera atenta le comunico que de acuerdo con información de inteligencia obtenida a través de medios técnicos, se conoció que delegados del Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez en cabeza de su Presidente VICTOR JULIO OVIEDO durante el presente mes efectuarán una gira europea en los países de España, Francia, Bélgica, Holanda, Alemania y Suiza, para presentar y promocionar las actividades de esa organización en "defensa de los Derechos Humanos" en el Magdalena Medio y la región nororiental de Colombia.

Igualmente, adjunto a la presente copia de la carta de presentación del Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez - CLCP ante la Asociación Libre de Abogados de España, reseña del CLCP y borrador de la gira de esa corporación en Europa».

52.3.5. El anterior documento, sin perjuicio de que en la actuación no se estableció la persona responsable recolectar u obtener la información anexa, sugiere viarios interrogantes, como con acierto lo indicó el Tribunal. Por una parte, se desconoce a través de qué «medios técnicos» se obtuvieron los datos concernidos, es decir, si fue a través de interceptación de correos electrónicos o de correspondencia personal privada; o si pudo ser conseguida por búsqueda en medios abiertos, como la internet.

52.3.6. Aceptando, en gracia de discusión, como lo plantea la Fiscalía en la demanda, que debe necesariamente inferirse que fue a través de una interceptación ilegal de comunicaciones, no es posible afirmar, sin lugar a duda, que GALVIS CABALLERO conocía el eventual cariz contrario a derecho de su recolección; como tampoco quién era el responsable o interesado en que esa información llegara a los complotados en la empresa criminal que operaba a través del G-3, dada la presencia de la firma de aquel, como de la funcionaria —ya condenada por estos hechos— que le dio el visto bueno a su envío al Subdirector de análisis DAS.

52.3.7. Se suma a lo anterior, como lo resaltó el Tribunal, que en el documento objeto de examen no se habla de cuentas de correos electrónicos, tampoco de trasgresiones a la intimidad del «Colectivo Luis Carlos Pérez», y los anexos, además, no presentan el encabezado propio de una interceptación de correos electrónicos, esto es, datos del remitente, emisor, asunto, hora y fecha.

52.3.8. Debido a la incertidumbre que arroja el documento no pueden ser desatendidas las explicaciones que sobre el mismo suministró el acusado GALVIS CABALLERO en su injurada, cuando le fue exhibido para su reconocimiento, afirmando sobre el particular lo siguiente:

«…PREGUNTADO. A quien va dirigido dicho documento. CONTESTO. Al doctor ENRIQUE ALBERTO ARIZA RIVAS. PREGUNTADO. A que labores de inteligencia técnica se refiere usted en el primer inciso de ese documento. CONTESTO. No tengo conocimiento, puesto que simplemente le estoy enviando la información, pero no sé exactamente quien la está suministrando. PREGUNTADO. Recuerda la razón por la que envió usted esa información al señor ARIZA RIVAS. CONTESTO. No recuerdo, pero como el énfasis del área de asuntos especiales - 2, tenía que ver con temas en el extranjero, es posible que haya sido por ese motivo. PREGUNTADO. A que colectivo de abogados se refiere usted en ese documento. CONTESTO. Colectivo de abogados Luis Carlos Pérez. PREGUNTADO. Que tenía que ver ese colectivo con las funciones que usted desempeñaba en el grupo de asuntos especiales - 2 de la subdirección de contrainteligencia. CONTESTO. No se quien suministró el documento, pero deduzco que como están nombrados España. Francia, Bélgica, Holanda, Alemania y Suiza, que por ello enviaron el documento a nuestra área. PREGUNTADO. En dicho documento se adjunta copia de la carta de presentación del Colectivo de abogados Luis Carlos Pérez ante la Asociación libre de abogados de España. Usted sabe cómo se obtuvo ese documento anexo. CONTESTO. No tengo conocimiento… PREGUNTADO. Usted recuerda haber recibido la información anexa a ese documento que obra a folio 396. CONTESTO. No lo recuerdo debido a que como dije al principio de la diligencia, el volumen documental de la subdirección de investigaciones es bastante alto…».

52.3.9. En conclusión, en ausencia de medios de prueba que permitan despejar las dudas que arroja el señalado documento, y como quiera que ningún elemento de persuasión, documental o testimonial, ubica al procesado en las reuniones adelantadas por quienes coordinaban las actividades ilegales del grupo G-3, no advierte la Sala fundamento para derruir la doble presunción de acierto que ampara la absolución del prenombrado.

52.4. Finalmente, en cuanto a SERGIO PÉREZ BARRERA, las pruebas allegadas, como lo puso de presente el sentenciador de segundo grado, tampoco permiten afirmar con certeza que hizo parte consciente y voluntariamente del delito de concierto para delinquir del que fue acusado, sin que Sala Corte observe yerro alguno por falso raciocinio o de identidad en los elementos de persuasión estimados para arribar a esa convicción.

52.4.1. Aquel, como lo resaltaron ambas instancias, para la época de los sucesos, se desempeñaba como ingeniero de sistemas, en la Dirección General Operativa; así también lo indicó Jacqueline Sandoval Salazar, quien se limitó a indicar que aquel lideraba el área de trabajo en delitos informáticos.

52.4.2. El único documento que el Fiscal demandante reclama que debió ser analizado en «contexto», consiste en una hoja sin ningún tipo de formato, con el epígrafe «CASO TRANSMILENIO», en el que están anotadas las direcciones de correo electrónico: «ccajar@andinet.com; aumunoz@supercable.net.com; aliriouribe@hotmail.com; rvvgl@latinmail.com», y además ostenta una nota a mano del siguiente tenor: «Nota: Se entrega copia al Dr. Sergio Pérez para adelantar labores de inteligencia técnica. 01-ABR.04».

52.4.3. Ningún ejercicio demostrativo, como lo resaltó el Tribunal, se agotó para establecer el autor de la nota consignada en el citado documento, ni sobre la veracidad de que el mismo hubiese sido entregado a quien allí se indica, como tampoco de si se concretó la obtención de alguna información.

52.4.4. Las pruebas que el Fiscal (censor) indica fueron pretermitidas para efectos del análisis articulado y en conjunto que echa de menos, son las ampliaciones de injurada de Jaime Fernando Ovalle Olaz y la indagatoria de JIMMY GALVIS CABALLERO, así como la declaración de Eduardo Aya Castro; sin embargo al referirse a los correspondientes contenidos, lo único que destaca de ellas es la comprensión o explicación que ofrecieron aquellos sobre que debe entenderse por inteligencia a través de medios técnicos, pero a ninguno de ellos se le puso de presente el aludido documento con el fin de su reconocimiento, y tampoco hicieron señalamiento contra el acusado como autor o ejecutor de las actividades de inteligencia solicitadas en el escrito de marras.

52.4.5. Desde esa perspectiva, no es afortunada la crítica del recurrente a lo considerado por el Tribunal, en el sentido de que, con base en el solo cargo desempeñado por el acusado, no es posible, sin constancia de un concreto comportamiento que lo vincule con el acuerdo criminal, predicar que aquel consciente y voluntariamente estuvo comprometido con el accionar del G-3; máxime que, como también lo destacan las instancias, ninguno de los concertados le hizo atribución en esa dirección.

En conclusión, las consideraciones precedentes conducen a afirmar la improsperidad de los reproches postulados por el Fiscal Delegado, frente a la absolución de JIMMY GALVIS CABALLERO, GERMÁN ALBEIRO OSPINA ARANGO, JOSÉ ALEXIS MAHECHA ACOSTA y SERGIO PÉREZ BARRERA.

F. LA IMPUGNACIÓN ESPECIAL INTERPUESTA POR EL APODERADO DE CARLOS ALBERTO OROZCO GARCÉS.

53. La inconformidad del defensor queda sintetizada en los siguientes aspectos: (i) el Tribunal, al valorar las pruebas, incluyó elementos de conocimiento que dan cuenta de actos posteriores al límite temporal de ejecución del delito, el cual, asegura, era hasta el 31 de diciembre de 2004, como lo señala el pliego de cargos en su página 51; (ii) los «memorandos» en los que se apoya la incriminación no se relacionan con los «blancos» u «objetivos» del G-3, tratan de asuntos generarles, y el acusado los envió por orden de su superior; y (iii) la actividad o acciones desplegadas por el acusado con ocasión de su vínculo con el G-3, devienen amparadas en las funciones que el Decreto 643 de 2004 le atribuía al DAS.

54. El planteamiento del recurrente acerca del marco temporal fijado en el pliego de cargos para el delito de concierto para delinquir del que se ocupó esta actuación es equivocado, toda vez que a lo largo de esa decisión, de manera reiterada, se puntualizó que esa específica conducta punible se extendió desde el año 2003, hasta octubre de 2005; y la cita que el mismo censor alude sobre ese aspecto, deviene sesgada, toda vez que hace abstracción de que lo analizado en las páginas 50 y 51 de la acusación de primera instancia, está expresamente circunscrito al delito de «abuso de autoridad», atribuido a uno de los investigados en ese momento, a propósito de la prescripción de la acción penal respecto de aquella conducta punible, fenómeno que el instructor halló configurado, porque los actos consumativos de ese injusto se agotaron, el 31 de diciembre de 2004 y, conforme a la ley vigente para tal hecho típico en ese entonces, resultó imperativa la declaración de extinción de la acción penal, se reitera, por el delito de «abuso de autoridad».

55. Despejada, entonces, en forma adversa al impugnante, esa primera crítica, pierde sustento su oposición a que sea analizado en el contexto del obrar atribuido a OROZCO GARCÉS, el contenido del memorando DGIN SANA GAIPS Nº 114543, del 26 de julio de 2005, firmado y dirigido por éste en Bogotá —como «Subdirector de Analis (E)»— a un funcionario del G-3 (Carlos Alberto Arzayús Guerrero – Subdirector de Operaciones, procesado y condenado por los mismos hechos), en el que demanda:

«Comedidamente solicito a Ud. Ordenar a quien corresponda activar mecanismos de inteligencia a cubierta y fachada apropiada, con el objeto de efectuar vigilancia, seguimiento y control de la comitiva de diez (10) sindicalistas de Gran Bretaña, encabezados por LIAM CRAIG BEST, miembro de la ONG inglesa denominada Justice for Colombia, quienes arribarán al país el 31-JUL-05.

La misión se hospedará en el Hotel Bacatá y sostendrán una reunión ese mismo día a las 21:00 horas en el Hotel Centro Internacional, ubicado en la carrera 13 A No 38 – 91, teléfono 2885566, con los directivos de las Centrales Obreras. Tienen previsto alquilar un colectivo de servicio público del municipio de Soacha.

Así mismo, pretenden recopilar denuncias sobre violación de Derechos Humanos, sostener una relación con WILSON BORJA, con el objetivo de analizar la conveniencia o no de crear una fundación (se desconocen más datos).

Por lo anterior se requiere adelantar las siguientes actividades:

• Identificar e individualizar plenamente a la comitiva europea, así como a los dirigentes sindicales con quienes se reunirán.

• Conocer las actividades que proyecten encaminadas a establecer la ONG.

• Conseguir el registro fotográfico de cada uno de los visitantes.

• Establecer el día y hora de regreso al país de origen.

• Obtener los temas y conclusiones de las distintas reuniones que sostengan.

• Demás aspectos que considere de interés».

56. Observado el contenido del citado documento, la Sala coincide con las apreciaciones del Tribunal, en cuanto a que el mismo permite inferir que OROZCO GARCÉS, sí conocía los fines ilícitos de los concertados bajo la fachada del G-3; y, además, que de manera voluntaria y consciente se adhirió a su propósito ilegal, toda vez que, para entonces ya contaba con información de los sindicalistas extranjeros que arribarían al país, vía aérea, el lugar donde se hospedarían y el medio de transporte a utilizar y, lo más relevante, sin orden de autoridad competente, de manera autónoma solicitó llevar a cabo labores de vigilancia, seguimiento y control a integrantes de sindicatos, ONG´S, y personas con posturas políticas enfrentadas al gobierno de ese entonces.

57. No cabe duda que las operaciones de «inteligencia» requeridas por el acusado, únicamente, podían tener respaldo en la medida en que se hicieran con estricta sujeción al ordenamiento jurídico vigente, bajo lo actividad denominada seguimiento a personas o cosas, que como actos de investigación se encuentran reglados en los artículos 239 y 240 de la Ley 906 de 2004 —vigente en Bogotá para la fecha del citado memorando—, normas de acuerdo con las cuales, la facultad para ordenar el despliegue de ese tipo de acciones, radica exclusivamente en cabeza de un fiscal, por motivos razonablemente fundados, y están sujetas a control judicial.

58. Pero no es solamente el anterior documento el que permite arribar a la certeza del vínculo doloso del acusado con los demás concertados en la empresa criminal que operó a través del llamado Grupo Especial de Inteligencia (G-3) del extinto DAS, sino que otros anteriores a ese, suscritos por el acusado, igualmente orientan la misma conclusión, a saber:

58.1. Memorando DGIN.SANA.GUN.APOL. N° 286987, de fecha 7 de mayo de 2004, con destino al Jefe del G-3 (Jaime Fernando Ovalle Olaz), en el que informa: «De manera atenta y siguiendo instrucciones del señor Subdirector de Análisis, me permito enviarle información de inteligencia relacionada con actividades de CARLOS MARIO OROZCO, Coordinador Regional de REDEPAZ».

58.2. Memorando Nro. GGIN.SANA.GUN.AI. N° 063198 de 2 de junio de 2004, con el mismo destinatario del anterior documento: «De manera atenta y para los fines pertinentes, en folio anexo le envió copia de información allegada por la Seccional DAS Huila, relacionada con vínculos entre la ONG Coordinadora Nacional de Desplazados (CND) y el Secretariado de las FARC».

58.3. Memorando N° GINT 5117 de 6 de agosto de 2005, en el que el procesado recibe información solicitada por él, al Coordinador de Inteligencia y Subdirector Seccional del DAS Arauca, en los siguientes términos: «En atención a su requerimiento comedidamente me permito comunicarle que hasta donde se ha podido establecer al Congreso Bolivariano a realizarse del 06 al 12 de agosto de 2005, en la ciudad de Caracas- Venezuela, únicamente asistirá la Diputada MERCEDES RINCÓN ESPINEL. Sobre el particular se resalta, que la relacionada hace parte de presidenta (sic) de la Comisión Política de Fronteras del Departamento de Arauca, razón por la que realiza desplazamientos, al hermano país».

58.4. Memorando DAS.DGIN.SANA.GIIN.AP. No. 100509 del 24 de agosto de 2004, por medio del cual el acusado informa a Jaime Fernando Ovalle Olaz: «Siguiendo instrucciones del Subdirector de Análisis, me permito suministrar dos (02) folios con información sobre actividades programadas por Organizaciones No Gubernamentales en la ciudad de Bogotá – Invitación a evento Campaña Nacional e internacional de derechos humanos en la Universidad Nacional el 25 de agosto de 2004, invitación realizada por SINTRAUNICOL, ASPU FEDERACIÓN DE PROFESORES UNIVERSITARIOS» con información sobre las actividades programadas las citadas organizaciones no gubernamentales en la ciudad de Bogotá.

59. Visto lo anterior, carece de asidero la manifestación del impugnante especial, en el sentido que la información aludida en los citados documentos, por ser pública o provenir de fuentes abiertas, es ineficaz para acreditar la adhesión del acusado a la empresa delictiva, pues tal apreciación es aislada del contexto, ya que lo decisivo radica en los destinatarios de los comunicados y la coincidencia de su contenido con los fines del concierto, cual era alimentar los ficheros o bases de datos, respecto de los blancos u objetivos del grupo ilegal, esto es, la persecución de opositores del gobierno de turno, sin que este de más resaltar que la lógica del concierto para delinquir no exige que cada aporte sea ilícito, per se, sino que se integre o alineé con el engranaje criminal, como deviene palmario frente a este encausado.

60. Tampoco es de recibo lo alegado por el defensor de OROZCO GARCÉS, respecto a que las acciones del acusado fueron en cumpliendo órdenes de superiores, o bien que las mismas resultaban amparadas por las funciones que el Decreto 643 de 2004 le atribuía al DAS.

60.1. Con relación al primer aspecto, con el que, sin el menor desarrollo argumentativo, se alude a una presunta «obediencia debida» y, por esa línea, tácitamente, a la causal de exclusión de responsabilidad derivada del «cumplimiento de orden legítima de autoridad competente emitida con las formalidades legales», impera señalar que la Corte no observa configurados los elementos definidos en la doctrina y jurisprudencia para poder predicar objetiva y válidamente su estructuración.

60.2. Para zanjar la discusión sobre este tópico, basta resaltar que ni aún en el caso de que el extinto DAS hubiese sido una entidad castrense sustentada en la disciplina militar, que no lo era, se observa que OROZCO GARCÉS, bien como «Coordinador y Supervisor del Grupo de Inteligencia interior, adscrito a la Subdirección de Análisis de la Dirección General de Inteligencia», ora en calidad de «Subdirector de Análisis (E)», cargos de desde los que coordinó y suscribió el recibo y envío del resultado de la las actividades a las que aluden los documentos atrás reseñados, estuviera compelido a acatar directrices manifiestamente ilegales, es decir, no legítimas, como eran las de realizar, sin previa orden de judicial, seguimientos pasivos, respecto de varias personas y organizaciones, sin que existiera evidencia fundada y razonable de sus posibles vínculos con grupos armados ilegales, o ligados a cualquier otro tipo de actividad delictiva.

60.3. Tampoco es admisible, sobre la base de que el Decreto 643 de 2004, facultaba al DAS para el despliegue de actividades de «Inteligencia de Estado» o «Inteligencia Estratégica», como se les denominaba en los artículos 40 y 41 de ese compendio normativo, considerar amparado en ese compendio el tipo de intervenciones desarrolladas a través del G-3. Sobre el particular se trae a colación lo puntualizado por la Corporación frente a un argumento de la misma estirpe, en un asunto análogo a este, acerca de esa labor de inteligencia:

«… si bien, entre los fines de ésta se encuentran defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial, asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo, la misma debe desarrollarse teniendo en cuenta que la Carta Política concibe a Colombia como un Estado social de derecho, democrático, participativo y pluralista, fundado en el respeto a la dignidad humana y los derechos fundamentales.

Los anteriores principios, en materia del diseño de las estrategias de seguridad y defensa del Estado tienen consecuencias normativas muy precisas a nivel general y particular, en tanto limitan sus actos a efecto de evitar cualquier tipo de arbitrariedad que implique transgredir valores constitucionales.

…En la sentencia C-251 de abril 11 de 2002, que declaró inexequible la Ley 684 de 2001, por medio de la cual se expedían normas sobre la organización y funcionamiento de la seguridad y defensa nacional, la Corte Constitucional enfatizó:

“No cualquier ley de seguridad y defensa es legítima, pues ella debe respetar integralmente la Constitución y los compromisos internacionales asumidos por Colombia en materia de derechos humanos y de derecho humanitario. No sólo la ley está sujeta a la Constitución, que es norma de normas, sino que además la Carta instituye un Estado social y democrático de derecho, fundado en ciertos principios y diseños institucionales que no pueden ser desconocidos por las autoridades.

(…)

La obligación estatal de asegurar la paz y el orden no permite a las autoridades olvidar su deber de respetar y no vulnerar los derechos humanos, y por ello todas las políticas de seguridad están enmarcadas por el estricto respeto a los límites impuestos por los derechos humanos”.

En ese sentido, la Corte Constitucional viene sosteniendo de antaño que los organismos de seguridad del Estado están autorizados para recopilar informaciones sobre las personas para el normal, adecuado, eficiente, legítimo y democrático ejercicio de su función de servicio a la sociedad civil y defensa del orden público y las instituciones, empero, esta facultad, no es ilimitada por cuanto en su acopio se deben respetar los derechos humanos y el debido proceso, de manera que no se afecten los derechos a la intimidad, el buen nombre y honra de las personas.

Es así como el artículo 4º de la Ley Estatutaria 1621 de 2013 que permite a los organismos del Estado desarrollar actividades de inteligencia y contrainteligencia, recogió y materializó dicha filosofía al implantar como límites y fines en su ejercicio, el respeto de los derechos humanos y el cumplimiento estricto de la Constitución, la Ley, el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, así como en especial, el principio de reserva legal que garantiza la protección de los derechos a la honra, al buen nombre, a la intimidad personal y familiar y al debido proceso.

Por ello, en la sentencia C- 540 de 2012 que ejerció el control constitucional de la esa ley, la Corte reiteró su posición con los siguientes argumentos:

“De esta forma, cualquier medida de inteligencia debe estar consagrada de forma clara y precisa en leyes que resulten conformes con los derechos humanos; identifique claramente quien la autoriza; ha de ser la estrictamente indispensable para el desempeño de la función; guardar proporción con el objetivo constitucional empleando los medios menos invasivos; sin desconocer el contenido esencial de los derechos humanos; sujetándose a un procedimiento legalmente prescrito; bajo controles y supervisión; previendo mecanismos que garanticen las reclamaciones de los individuos; y de implicar interceptación o registro de comunicaciones, a efectos de salvaguardar la intimidad y el habeas data, deben contar indiscutiblemente con autorización judicial, en los casos y con las formalidades que establezca la ley. Para el ejercicio de la función de inteligencia, el tipo de afectación a la seguridad y defensa de la Nación tiene que ser directa y grave”.

Esta Sala en sentencia [SP5065] de única instancia, de abril 28 de 2015, rad. 3678[4], prohíja la necesidad que tales actividades se desarrollen con respeto de las garantías constitucionales propias del Estado Social de Derecho que nos rige, teniendo en cuenta:

“el marco normativo como jurisprudencial que sobre el acopio, uso y divulgación de información de inteligencia y contrainteligencia de Estado regía para la fecha de los hechos objeto de acusación en este juicio, como en la actualidad, se establecen limitaciones a dicha actividad en aras de la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos a la intimidad, honra, buen nombre y habeas data. En otras palabras, para que la ejecución de dicha actividad pueda ser calificada como constitucionalmente legítima, la barrera que no pueden sobrepasar los organismos de inteligencia está conformada por estas garantías constitucionales, cuyo contenido ha sido ampliamente desarrollado por la jurisprudencia constitucional desde la entrada en vigencia de la Carta Política de 1991”.

Y precisa los límites bajo las cuales pueden adelantarse cuando las mismas sean requeridas, al señalar:

“…que lo anterior no significa que los organismos de inteligencia estén autorizados para realizar todo tipo de actividades para el recaudo, uso o divulgación de la información, puesto que, cuando quiera que se necesite adoptar medidas como la interceptación, registro, sustracción de comunicaciones privadas, o la obtención de datos personales de carácter privado o reservado, o el registro del domicilio, dichas medidas solo pueden ser ejecutadas si un juez penal las autoriza, lo cual de acuerdo con la Constitución y la Ley supone la existencia de por lo menos una indagación previa por la presunta comisión de un delito bajo la coordinación de un fiscal. En síntesis: solo una situación de esa naturaleza justificaría la intervención por parte del Estado y la vulneración necesaria, proporcional y razonable de derechos fundamentales personalísimos como la intimidad, el buen nombre y la inviolabilidad del domicilio.”.

…Ahora bien, de acuerdo con el artículo 15 de la Constitución Política:

“Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas.

En la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad y demás garantías consagradas en la Constitución. La correspondencia y demás formas de comunicación privada son inviolables. Solo pueden ser interceptadas o registradas mediante orden judicial, en los casos y con las formalidades que establezca la ley...”.

De conformidad con la descripción se advierte que los organismos de seguridad no pueden acceder a todo tipo de información pues la que invada la vida privada de las personas debe hacerse bajo los parámetros que establezca la ley, esto es, dentro del marco de una investigación penal y bajo la dirección de la autoridad judicial competente. Al respecto, los artículos 301 de la Ley 600 de 2000 y 235 en la Ley 906 de 2004 prevén las formalidades a seguir en caso de interceptación de comunicaciones y los artículos 243 de la Ley 600 de 2000 y 241 y 242 de la Ley 906 de 2004 contemplan los eventos en los cuales se harán seguimientos pasivos en caso de advertirse la existencia de conductas tipificadas en la ley penal.

La claridad de las disposiciones lleva a colegir que las labores de inteligencia tienen como límite el debido proceso que garantiza a toda persona que las actuaciones que afecten sus derechos individuales respetaran los procedimientos legales.

En tales condiciones dichas actividades no podían ni pueden hoy día, incluir interceptación de teléfonos fijos o celulares ni correos electrónicos; tampoco, seguimientos que invadan la esfera privada de las personas, pues ese tipo de acciones son propias de una actuación penal, cuya competencia se encuentra asignada a las autoridades judiciales, bien sea la Fiscalía General de la Nación o los Jueces, según el régimen procesal que la gobierne, temas a que aluden los supuestos fácticos materia de pronunciamiento».

60.4. En otras palabras, la facultad para adelantar acciones tendientes a garantizar la seguridad nacional y la vigencia del régimen democrático, así como para prevenir riesgos que atentaran contra esos fines superiores, de ninguna manera levantan los límites impuestos por los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política.

De ahí que, deban calificarse de manifiestamente arbitrarias las actividades a las que se adhirió el acusado, desarrolladas por el G-3, y a las que prestó un rol de apoyo funcional con los actos por él cumplidos, pues los mismos estaban dirigidos respecto de personas e instituciones civiles que, simplemente, por tener un pensamiento diferente al gobierno de turno y por expresar públicamente críticas a sus políticas, fueron calificados de «objetivos» o «blancos», sin que estuviera demostrado o pudiera inferirse razonablemente que de algún modo representaban una potencial y objetiva amenaza de los derechos del conglomerado social.

61. En resumen, con sujeción al estándar probatorio previsto en la Ley 600 de 2000 (art. 232), y al amparo de la comprensión dogmática del delito de concierto para delinquir sentada por esta Corporación, resulta claro que: (i) los memorandos del año 2004 (REDEPAZ; CND‑FARC; agendas de ONG’S) enviados por el acusado al G‑3, no son actos administrativos neutros, sino que acreditan adhesión y aporte a la empresa criminal que tenía por blanco a organizaciones civiles independientes, periodistas y opositores; (ii) así mismo, el memorando del 26 de julio de 2005, revela dirección de operaciones de vigilancia y seguimiento sin orden judicial, confirmando el dolo y la permanencia en el concierto; y (iii) los argumentos defensivos sobre marco temporal, obediencia debida y cobertura de las referidas actuaciones al amparo del Decreto 643 de 2004, son inadmisibles, de acuerdo con lo atrás puntualizado, razones suficientes para confirmar la decisión de condena, adoptada por primera vez contra CARLOS ALBERTO OROZCO GARCÉS, como autor de la conducta punible en ciernes, de la que lo halló responsable el Tribunal Superior de Bogotá en la sentencia del 27 de octubre de 2022, por los hechos de los que se ocupó la presente actuación.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley:

RESUELVE

PRIMERO: NO CASAR la sentencia de 27 de octubre de 2022, dictada en el Tribunal Superior de Bogotá, mediante la cual, confirmó: de una parte, la condena de ASTRID FERNANDA CANTOR VARELA, BLANCA CECILIA RUBIO RODRÍGUEZ, JESÚS HERNANDO CALDAS LEYVA y Ronald Harvey Rivera Rodríguez, como autores de concierto para delinquir agravado; y de otra, la absolución de José Alexis Mahecha Acosta, German Albeiro Ospina Arango, Sergio Pérez Barrera y Jimmy Galvis Caballero respecto de la misma conducta punible.

SEGUNDO: CONFIRMAR, con ocasión del mecanismo de impugnación especial, y en observancia de la garantía de doble confirmad, la aludida sentencia de segunda instancia en cuanto condenó, por primera vez, a CARLOS ALBERTO OROZCO GARCÉS, como autor del delito de concierto para delinquir agravado, a raíz de los hechos debatidos en esta actuación.

TERCERO: SEÑALAR que en los aspectos que no fueron objeto del recurso de casación o del mecanismo de impugnación especial, la decisión revisada se mantiene incólume.

CUARTO: Contra la presente sentencia no proceden recursos ordinarios ni extraordinarios.

Notifíquese y cúmplase,

CARLOS ROBERTO SOLÓRZANO GARAVITO

Presidente

FERNANDO LEÓN BOLAÑOS PALACIOS

GERSON CHAVERRA CASTRO

DIEGO EUGENIO CORREDOR BELTRÁN

JORGE HERNÁN DÍAZ SOTO

HUGO QUINTERO BERNATE

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