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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Penal

Sentencia SP262-2026(68398)

Fecha
29 de abril de 2026

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SP262-2026(68398)

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Penal

Parte resolutiva

IX. DECISIÓN Por lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, RESUELVE: Primero. Casar parcialmente la sentencia proferida el 1º de octubre de 2024 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, únicamente en cuanto absolvió a Juan Francisco Gómez Cerchar del delito de homicidio agravado cometido en perjuicio de Luis Gregorio López Peralta, en calidad de determinador, y revocó la condena en perjuicios morales reconocida a favor de su hija Diana Carolina López Zuleta. Segundo. En consecuencia, dejar en firme el fallo condenatorio de primera instancia emitido el 23 de junio de 2017 por el Juzgado 9° Penal del Circuito Especializado de Bogotá, que declaró penalmente responsable a Gómez Cerchar respecto de la conducta punible mencionada y lo condenó al pago de perjuicios morales. Esto en atención a los cargos, por vía indirecta, propuestos por la Procuraduría 10ª Judicial II Penal de Bogotá, la Fiscalía 11 Delegada ante la Corte Suprema de Justicia y el apoderado de la parte civil. Tercero. Fijar las penas impuestas a Juan Francisco Gómez Cerchar en trescientos ochenta (380) meses de prisión, catorce mil (14.000) SMLMV de multa, ciento veinte (120) meses de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas y en mil (1.000) SMLMV la condena en perjuicios morales a favor de Diana Carolina López Zuleta. Cuarto. No casar la sentencia proferida el 1º de octubre de 2024 por el Tribunal Superior de Bogotá, por los restantes cargos formulados por la Procuraduría 10ª Judicial II Penal de Bogotá, la Fiscalía 11 Delegada ante la Corte y el apoderado de la parte civil, así como por el único cargo propuesto por la defensa de Juan Francisco Gómez Cerchar Quinto. En lo demás, mantener incólume el fallo impugnado. Sexto. Contra esta decisión no proceden recursos.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Penal

Sentencia SP262-2026(68398)

29 de abril de 2026

JOSÉ JOAQUÍN URBANO MARTÍNEZ

Magistrado ponente

SP262-2026

Radicación N° 68398

CUI 11001310700920140005301

Aprobado acta N°134

Bogotá, D. C., veintinueve (29) de abril de dos mil veintiséis (2026)

I. OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia resuelve los recursos extraordinarios de casación presentados por la Procuraduría 10ª Judicial II Penal de Bogotá, la Fiscalía 11 Delegada ante esta Corporación, la defensa de Juan Francisco Gómez Cerchar y el apoderado de la parte civil, contra la sentencia proferida el 1° de octubre de 2024 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá.

Esa decisión declaró la prescripción de la acción penal derivada del delito de homicidio agravado cometido en perjuicio de Luis Alejandro Rodríguez Frías y Rosa Mercedes Cabrera Alfaro, en calidad de determinador. Revocó parcialmente el fallo emitido el 23 de junio de 2017 por el Juzgado 9° Penal del Circuito Especializado de Bogotá y, en su lugar, absolvió al procesado por el homicidio agravado perpetrado contra Luis Gregorio López Peralta, como determinador. Confirmó la condena por el delito de concierto para delinquir agravado, reajustó la pena de prisión y revocó la condena en perjuicios morales reconocida a favor de la parte civil. En lo demás, mantuvo incólume la decisión de primera instancia.

II. HECHOS

Juan Francisco Gómez Cerchar, conocido como «Kiko Gómez», dirigió la Alcaldía de Barrancas, La Guajira, en los periodos 1995-1997 y 2001-2003. Luego asumió la Gobernación de ese departamento entre 2012 y 2014. Durante ese lapso, sostuvo vínculos con organizaciones armadas ilegales que operaban en Cesar y La Guajira.

Específicamente, desde enero de 1995 hasta el 5 de marzo de 2014, consolidó alianzas con el grupo delincuencial dirigido por Marcos de Jesús Figueroa García, alias «Marquitos Figueroa». De igual modo, entre mayo de 1997 y marzo de 2006, con el Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia –en adelante AUC–, bajo el mando de Rodrigo Tovar Pupo, alias «Jorge 40», y de Salvatore Mancuso Gómez.

En desarrollo de esas alianzas ilícitas, Juan Francisco Gómez Cerchar ordenó la comisión de homicidios selectivos. Entre las víctimas figuran el concejal Luis Gregorio López Peralta, ultimado el 22 de febrero de 1997 en Barrancas, y Luis Alejandro Rodríguez Frías y Rosa Mercedes Cabrera Alfaro, asesinados el 7 de julio de 2000 en una finca de la vereda Mamonal del municipio de Fonseca, La Guajira.

III. ACTUACIÓN PROCESAL

1. El 10 de octubre de 2013, la Fiscalía 11 Delegada ante la Corte Suprema de Justicia abrió instrucción contra Juan Francisco Gómez Cerchar, entonces gobernador del departamento de La Guajira. En consecuencia, ordenó su vinculación mediante indagatoria.

2. Los días 15 y 16 de octubre de ese año, Gómez Cerchar rindió indagatoria. El 21 siguiente, la Fiscalía resolvió su situación jurídica e impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario.

3. El presidente de la República, por medio del Decreto 420 del 26 de febrero de 2014, aceptó la renuncia de Juan Francisco Gómez Cerchar al cargo de gobernador de La Guajira. Por asignación especial del fiscal general de la Nación, el fiscal 11 delegado ante la Corte Suprema de Justicia continuó conociendo la actuación hasta su culminación.

4. El 5 de marzo de 2014, la Fiscalía clausuró la instrucción. El 28 de abril siguiente, profirió resolución de acusación contra Gómez Cerchar como autor del delito de concierto para delinquir agravado en concurso homogéneo, comportamiento previsto en el artículo 340, inciso 2º, de la Ley 599 de 2000 –en adelante CP de 2000–, con la circunstancia de mayor punibilidad del artículo 58, numeral 9°, ibidem.

También lo acusó como determinador del delito de homicidio agravado en concurso homogéneo, descrito en los artículos 66, numeral 11, 323 y 324, numerales 7° y 8°, del Decreto 100 de 1980 –en adelante CP de 1980–, modificado por la Ley 40 de 1993. La resolución de acusación quedó en firme el 8 de mayo de 2014.

5. El 21 de mayo de 2014, la Sala de Casación Penal, mediante auto CSJ AP2656-2014, dispuso el cambio de radicación del proceso del Distrito Judicial de Riohacha al de Bogotá, correspondiéndole el conocimiento al Juzgado 9° Penal del Circuito Especializado de Bogotá.

6. El 6 de junio de 2014, el Despacho corrió el traslado del artículo 400 de la Ley 600 de 2000 –en adelante CPP– y, el 3 de octubre de 2014, llevó a cabo la audiencia preparatoria.

7. El Juzgado adelantó la audiencia pública de juzgamiento en dieciséis sesiones, las cuales tuvieron lugar los días 20 de marzo, 7 de abril, 8 de abril, 1°, 2° de junio, 26, 27 de octubre, 11, 12, 30 de noviembre de 2015, 27, 29 de enero de 2016, 2°, 3° de febrero, 21 de abril de 2016 y 22 de abril de 2016.

8. El 23 de junio de 2017, el Juzgado 9° Penal del Circuito Especializado de Bogotá profirió sentencia condenatoria contra Juan Francisco Gómez Cerchar por los delitos atribuidos. Le impuso una pena de 480 meses de prisión, 14.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes –en adelante SMLMV– de multa, 120 meses de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas y 1.000 SMLMV por concepto de perjuicios morales a favor de Diana Carolina López Zuleta.

También precisó que las demás víctimas no comparecientes conservaban la facultad de reclamar igual indemnización ante la jurisdicción competente. Negó la suspensión de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria.

9. La defensa apeló. La Fiscalía, el Ministerio Público y el apoderado de la parte civil intervinieron como no recurrentes.

10. El 22 de agosto de 2024, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Bogotá dirimió el conflicto de reparto suscitado entre los magistrados Yenny Patricia García Otálora, María Leonor Oviedo Pinto, Jaime Andrés Gerardo Velasco, Carlos Andrés Guzmán Díaz y Juan Carlos Garrido Barrientos, integrantes de la Sala Penal. Declaró que a la Sala de Decisión conformada por los tres primeros funcionarios le correspondía resolver el recurso de apelación.

11. El 1° de octubre de 2024, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá declaró la prescripción de la acción penal derivada de los delitos de homicidio agravado cometidos contra Luis Alejandro Rodríguez Frías y Rosa Mercedes Cabrera Alfaro. Revocó parcialmente el fallo de primera instancia y, en su lugar, absolvió al procesado por el punible de homicidio agravado perpetrado contra Luis Gregorio López Peralta. Confirmó la condena impuesta por concierto para delinquir agravado en concurso homogéneo, reajustó la pena de prisión y revocó la condena en perjuicios reconocida a favor de la parte civil constituida por Diana Carolina López Zuleta. En lo demás, mantuvo incólume la decisión recurrida.

12. Contra la anterior sentencia, la Procuraduría 10ª Judicial II Penal de Bogotá, la Fiscalía 11 Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, la defensa del procesado Juan Francisco Gómez Cerchar y el apoderado de la parte civil interpusieron recurso extraordinario de casación. A su vez, los tres primeros intervinieron como no recurrentes frente a las demandas presentadas por los otros sujetos procesales.

IV. FUNDAMENTOS DE LAS SENTENCIAS DE INSTANCIA

La sentencia de primera instancia

1. El Juzgado rechazó las solicitudes de nulidad formuladas por la defensa. Descartó la alegada falta de motivación al verificar que la Fiscalía expuso, de manera suficiente, la imputación fáctica y jurídica en la resolución de acusación. Además, precisó que la objeción relativa a la coautoría propia o impropia carecía de sustento, dado que no se demostró su incidencia en la estructura del proceso.

También desestimó los reparos frente al delito de concierto para delinquir agravado en concurso homogéneo, al concluir que no se presentó ruptura de congruencia ni vulneración del principio de tipicidad estricta, en tanto el verbo rector «promover» se mantuvo invariable durante la actuación.

De igual modo, rechazó las objeciones dirigidas contra la prueba trasladada. Consideró que no existía prohibición para trasladar pruebas provenientes de actuaciones adelantadas bajo la Ley 906 de 2004 a un trámite regido por la Ley 600 de 2000. Añadió que la Fiscalía ordenó varios de esos actos investigativos, por lo que podían ser valorados de acuerdo con las reglas de la sana crítica.

2. Superado lo anterior, la jueza declaró acreditada la materialidad de los delitos.

2.1. Concierto para delinquir agravado: El Juzgado tuvo por demostrada la existencia de dos alianzas criminales diferenciadas: una con la estructura liderada por Marcos de Jesús Figueroa García desde 1995 y otra con las AUC a partir de mayo de 1997. Sustentó esa conclusión en un conjunto amplio y convergente de testimonios provenientes de víctimas y exintegrantes de grupos armados, los cuales dieron cuenta de la existencia, permanencia y operatividad de dichas estructuras en el departamento de La Guajira.

Ese acervo se reforzó con otras pruebas, entre ellas el informe del CTI N° 570305 del 9 de noviembre de 2010 y el acta de allanamiento practicada en la residencia del acusado. A partir de ello, la jueza puso énfasis en diversos aspectos que corroboraban la vigencia, estabilidad y funcionalidad de los dos acuerdos criminales atribuidos.

2.2. Homicidio agravado de Luis Gregorio López Peralta: Declaró acreditada la materialidad mediante la necropsia N° 083-97 del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y el registro de defunción, los cuales establecieron la muerte por proyectil de arma de fuego.

Ese hallazgo se complementó con un conjunto relevante de testimonios que ilustraron el contexto político local, las aspiraciones electorales del concejal, el incendio de dependencias de la alcaldía, las amenazas recibidas y los móviles atribuidos al crimen.

2.3. Homicidios de Rosa Mercedes Cabrera Alfaro y Luis Alejandro Rodríguez Frías: El Juzgado tuvo por acreditada la materialidad de los hechos a partir de los protocolos de necropsia y de las declaraciones de testigos presenciales y de contexto. Dichos medios de conocimiento permitieron vincular la incursión armada en la vivienda de las víctimas con la estructura liderada por Marcos de Jesús Figueroa García, así como con el patrocinio atribuido al procesado.

3. La jueza declaró responsable penalmente a Juan Francisco Gómez Cerchar.

3.1. Concierto para delinquir agravado: Lo declaró autor, al establecer que realizó un aporte consciente, estable y relevante al acuerdo criminal, orientado a fortalecer la capacidad operativa de la estructura liderada por Marcos de Jesús Figueroa García y del Bloque Norte de las AUC.

Esa conclusión se sustentó en un acervo probatorio convergente, integrado por testimonios, informes e indicios que evidenciaban su vínculo funcional con ambas organizaciones, así como la permanencia y continuidad del acuerdo delictivo.

3.2. Homicidio de Luis Gregorio López Peralta: Le atribuyó responsabilidad, en calidad de determinador, con fundamento en el señalamiento de Yandra Cecilia Brito Carrillo, reforzado por testimonios de familiares y allegados de la víctima. Ese análisis se complementó con la prueba pericial y los indicios de móvil y oportunidad, construidos a partir del contexto social, el incendio de dependencias de la alcaldía y el anuncio de denuncias públicas por corrupción.

3.3. Homicidios de Rosa Mercedes Cabrera Alfaro y Luis Alejandro Rodríguez Frías: Declaró la responsabilidad del procesado, como determinador, a partir de un conjunto de testimonios directos e indirectos, que ubicaron los hechos dentro de una incursión armada ligada a la estructura de Marcos de Jesús Figueroa García por orden del acusado.

4. La sentencia rechazó de manera expresa la tesis defensiva. Negó que la prueba se redujera a simples rumores y explicó que las retractaciones posteriores no anulan, por sí mismas, las versiones iniciales, sino que imponen un ejercicio comparativo con los demás medios de conocimiento.

Descartó la hipótesis de autoría por parte de la guerrilla al considerar que el modus operandi correspondía a un homicidio selectivo ejecutado por sicarios. Con todo, concluyó que la defensa no ofreció una explicación alternativa verosímil frente a la convergencia probatoria que sustentó la condena.

B. La sentencia de segunda instancia

5. De manera preliminar, el Tribunal declaró prescrita la acción penal por los homicidios de Luis Alejandro Rodríguez Frías y Rosa Mercedes Cabrera Alfaro, ocurridos el 7 de julio de 2000, cuando Juan Francisco Gómez Cerchar no ostentaba calidad de servidor público. Aplicó un término prescriptivo de veinte años, interrumpido con la ejecutoria de la resolución de acusación el 8 de mayo de 2014, desde cuando corrió un nuevo término de diez años, cumplido el 8 de mayo de 2024. Esa circunstancia objetiva impidió cualquier análisis de responsabilidad y condujo a la cesación de procedimiento.

6. Respecto del homicidio de Luis Gregorio López Peralta, descartó la prescripción por concurrir la condición de servidor público del acusado, lo cual ampliaba el término prescriptivo. Enseguida, reconoció la materialidad del homicidio ocurrido el 22 de febrero de 1997, pero concluyó que no se acreditó la responsabilidad penal de Gómez Cerchar como determinador.

Para arribar a esa conclusión, el Tribunal consideró que Brito Carrillo no podía ser tenida como testigo directo de la determinación ni como testigo de oídas en sentido técnico, dado que no identificó la fuente primaria de su conocimiento e incluso sugirió acudir a otras fuentes de verificación. De igual modo, estimó que las declaraciones de Andrea Paola López Daza, Gala Peralta de López, Diana Carolina López Zuleta y otros allegados reproducían comentarios del entorno comunitario o referencias de origen indeterminado, lo que, les restaba aptitud para desvirtuar la presunción de inocencia.

El juez colegiado examinó el razonamiento indiciario construido en primera instancia, fundado en el contexto político, las aspiraciones electorales de la víctima, el incendio de la oficina jurídica de la alcaldía y la modalidad de ejecución del homicidio. Concluyó que esos elementos carecían de la entidad necesaria para estructurar indicios graves y concordantes, por lo que no alcanzaban a desvirtuar la presunción de inocencia.

En particular, descartó la inferencia que excluía la autoría a la guerrilla con base en la modalidad del crimen. Consideró que dicho enlace constituía una hipótesis posible entre varias alternativas y que no se apoyaba en una regla de experiencia formulada con suficiente generalidad, apta para sustentar, en términos de sana crítica, una conclusión excluyente.

7. El Tribunal confirmó la condena por el delito de concierto para delinquir agravado. Concluyó que el acervo probatorio acreditaba, con suficiencia, la vinculación funcional de Juan Francisco Gómez Cerchar con estructuras armadas ilegales que operaron en el departamento de La Guajira.

Fundó esa inferencia en un conjunto amplio y convergente de testimonios directos e indirectos, así como en informes de policía judicial, dentro de los cuales destacó la declaración de Erlín Enrique Cortés Fernández. Ese material probatorio permitió establecer su relación funcional con integrantes de las autodefensas y con Marcos de Jesús Figueroa García, alias «Marquitos Figueroa», además del aporte consistente en patrocinio económico, apoyo logístico y facilitación de inmuebles para actividades de ocultamiento.

Sumado a ello, el juez colegiado valoró las declaraciones de Salvatore Mancuso Gómez, Arnulfo Sánchez González, Jairo Alfonso Samper Cantillo John Jairo Arrieta Zuleta y otros exintegrantes de las AUC, quienes describieron las dinámicas de ingreso, financiación y operación de dicha estructura con apoyo de actores políticos locales. Asimismo, integró al análisis el informe de policía judicial N° 84609012, que acreditó la existencia de una habitación subterránea en un inmueble de propiedad del acusado, elemento que corroboró aspectos sustanciales de los relatos testimoniales.

8. El Tribunal descartó las censuras de la defensa. Precisó que la condena por concierto para delinquir agravado no se sustentó en rumores, sino en medios de conocimiento directos e indirectos, valorados de manera conjunta y corroborados entre sí y con prueba documental. Además, indicó que las retractaciones de algunos declarantes no desvirtuaban, por sí mismas, la credibilidad de las versiones iniciales, sino que imponían un análisis comparativo dentro del conjunto probatorio, conforme a las reglas de la sana crítica.

V. LAS DEMANDAS

A. Demanda de casación de la Procuraduría 10ª Judicial II Penal de Bogotá

Afirmó que la demanda persigue que la Corte ejerza control constitucional y legal sobre la sentencia del 1º de octubre de 2024 proferida por el Tribunal, con el fin de garantizar la prevalencia del derecho material y, en particular, la efectividad de las garantías fundamentales de las víctimas que, a su juicio, resultaron desconocidas en segunda instancia. En esa medida, busca la protección de los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición, como prerrogativas de interés no solo individual sino también social.

En ese contexto, señaló que, en el marco de la función nomofiláctica de la casación, resulta necesario que el órgano de cierre de la jurisdicción penal fije criterios sobre:

a. Los efectos jurídicos de una providencia adoptada por un órgano colegiado cuando dos de sus tres integrantes suscribieron la ponencia. Destacó que, pese a la conformación de mayoría, la magistrada que asumió el despacho presentó una nueva ponencia, desconociendo esa decisión y las reglas de deliberación y adopción de decisiones en los cuerpos colegiados.

b. La aplicación de la prescripción en conductas de lesa humanidad, aun sin una calificación previa en tal sentido, pero con respaldo probatorio. Este punto cobra relevancia frente al deber del Estado de investigar y sancionar este tipo de criminalidad, incluso en escenarios en los que la prolongación del trámite haya incidido en la consolidación de la cosa juzgada.

Finalmente, respecto de los cargos por violación indirecta de la ley sustancial, solicitó corregir los errores derivados de una valoración que desconoce la prueba legalmente incorporada y unificar la jurisprudencia, con el fin de orientar la administración de justicia. Destacó la trascendencia del caso, dado que involucra hechos graves en contextos en los que aún persisten condiciones de intimidación sobre víctimas y testigos.

1. Primer cargo (principal): nulidad por la existencia de irregularidades sustanciales que afectaron el debido proceso

El Ministerio Público estructuró el primer cargo principal al amparo de la causal tercera del artículo 207 del CPP, al alegar la nulidad por irregularidades sustanciales que afectaron el debido proceso. En su criterio, el Tribunal vulneró los artículos 29 de la Constitución Política –en adelante CN–, 172 del CPP y 54 y 56 de la Ley Estatutaria 270 de 1996.

Luego de reseñar el trámite surtido en segunda instancia, la recurrente sostuvo que la ponencia que circuló el 15 de febrero de 2024, a cargo de la magistrada Aura Alexandra Rosero Baquero –suscrita por ella y por el magistrado Juan Carlos Garrido Barrientos–, constituyó una sentencia válida y existente. La mayoría aprobó el fallo, según el artículo 172 del CPP, que exige mayoría absoluta para su adopción.

El magistrado Carlos Andrés Guzmán Díaz, tercer integrante de la Sala, no salvó ni aclaró voto, sino que presentó observaciones menores –entre ellas, la grafía del nombre de un doctrinante y la sugerencia de reforzar el análisis del contexto fáctico–, sin controvertir el sentido de la decisión. En ese orden, surgió a la vida jurídica como sentencia mayoritaria, sin que la magistrada que posteriormente asumió el despacho estuviera facultada para desconocerla, sustituirla o rehacerla.

Su rol estaba limitado a introducir correcciones de forma o a solicitar al tercer magistrado que salvara o aclarara su voto. Actuar en contravía de lo anterior, quebrantó el debido proceso, al desconocer la normativa que rige el funcionamiento de los jueces colegiados y la forma de adopción de sus decisiones, especialmente, en los procesos regidos por la Ley 600 de 2000. El hecho de que la magistrada Rosero Baquero hubiera registrado y rotado la ponencia –vigente y funcionalmente activa para su despacho en ese momento– no constituye irregularidad sustancial ni incumplimiento que invalide la actuación.

La eventual omisión del artículo 3º del Acuerdo 01 de 2023 del Tribunal, relativo a la permanencia del conocimiento del asunto en cabeza de quienes ya habían intervenido en el estudio del proceso, resulta intrascendente, dado que dicha norma tiene carácter administrativo y su finalidad es garantizar eficiencia y evitar dilaciones. Además, la Sala a la cual se había rotado un proyecto anterior, ya estaba desintegrada tras el fallecimiento del magistrado Álvaro Valdivieso Reyes.

En esas condiciones, la magistrada que reasumió el despacho no podía reabrir la deliberación sobre la ponencia aprobada. Puntualmente, no tenía facultades jerárquicas sobre sus colegas para desautorizar una decisión de Sala, y debía respetar el principio de colegialidad, según el cual las decisiones de mayoría vinculan al despacho con independencia de la participación en la deliberación inicial.

También advirtió una irregularidad sustancial en la actuación de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Bogotá, que asumió competencia para dirimir un supuesto conflicto de reparto inexistente. Ello en abierta contravención del artículo 172 del CPP, pues ya existía un fallo de segunda instancia y ningún conflicto podía suscitarse.

Respecto de los principios de no convalidación y trascendencia de las nulidades, señaló que ni las partes ni los intervinientes procesales coadyuvaron las irregularidades cuya nulidad se reclama. En su criterio, la magistrada García Otálora generó la anomalía al presentar un nuevo proyecto de fallo, pese a la existencia de una providencia aprobada por mayoría, y la Sala de Gobierno al dirimir un conflicto de reparto inexistente.

Señaló que la sentencia recurrida vulneró los derechos de las víctimas: sustituyó de manera irregular una sentencia condenatoria por una absolutoria. De haberse respetado el trámite regular y la decisión mayoritaria emitida, habría tenido un sentido distinto. Por lo tanto, solicitó declarar la nulidad del fallo proferido con ocasión del nuevo proyecto presentado por la magistrada García Otálora, restablecer la validez y efectos jurídicos de la providencia aprobada por mayoría y disponer que el trámite continúe con base en esa decisión.

2. Segundo cargo (subsidiario): violación directa de la ley sustancial por aplicación indebida del régimen de prescripción

Propuso el segundo cargo subsidiario con fundamento en la causal primera, cuerpo primero, del artículo 207 del CPP, por la declaratoria de prescripción de la acción penal derivada de los homicidios de Luis Alejandro Rodríguez Frías y Rosa Mercedes Cabrera Alfaro. Afirmó que el Tribunal transgredió los artículos 14.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Ley 74 de 1968), 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Ley 16 de 1972), el Estatuto de Roma, los Convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales, así como los artículos 93 de la CN, 80 y 84 del CP de 1980.

En este caso, la Fiscalía le atribuyó a Juan Francisco Gómez Cerchar el delito de homicidio agravado, descrito en los artículos 323 y 324, numerales 7° y 8°, del CP de 1980, con la circunstancia de agravación prevista en el artículo 66, numeral 11, ibidem. Para esta conducta, la ley fijaba una pena máxima de «treinta años» (sic) de prisión. En consecuencia, la Sala debía analizar la prescripción bajo las reglas de ese estatuto.

El artículo 80 establecía que la acción penal prescribe en un tiempo igual al máximo de la pena fijada por la ley, sin exceder de veinte años en etapa de instrucción. El artículo 84 disponía que, una vez interrumpida la prescripción por el auto de proceder o su equivalente –como la resolución de acusación ejecutoriada–, comenzaba a correr un nuevo término equivalente a la mitad de la inicial, en este caso, «quince años» (sic), nunca inferior a cinco. Así, el 8 de mayo de 2014 inició un nuevo plazo que vencería en 2029.

Enseguida, sostuvo que el Tribunal aplicó el CPP de 2000, según la cual el término de prescripción ordinaria, una vez producida la interrupción, no puede exceder los diez años, con fundamento en el principio de favorabilidad. A su juicio, ello dio lugar a la construcción de una lex tertia, proscrita en el ordenamiento colombiano, al tomar el límite temporal propio del sistema acusatorio –«en este evento no podrá ser superior a diez años»– y combinarlo con la regla de interrupción prevista en el régimen anterior –«la prescripción de la acción penal se interrumpe por el auto de proceder, o su equivalente, debidamente ejecutoriado»–.

Sumado a ello, la recurrente reprochó que el Tribunal aplicara indebidamente el criterio jurisprudencial fijado en la sentencia CSJ SP7135-2014, 5 jun. 2014, rad. 35113, según el cual el término de prescripción puede variar tratándose de funcionarios públicos debido a su cualificación. Sostiene que dicho precedente no podía extenderse analógicamente a sujetos no cualificados, como ocurre en este proceso, debido a que ello viola el principio de legalidad, que prohíbe interpretaciones extensivas en materias restrictivas de derechos fundamentales.

En todo caso, agregó que los homicidios de Rodríguez Frías y Cabrera Alfaro, ocurridos el 7 de julio de 2000, integran un ataque sistemático contra la población civil en el contexto del conflicto armado interno colombiano, por lo que constituyen crímenes de lesa humanidad. Estos hechos no pueden considerarse simples delitos comunes, sino violaciones graves, masivas y sistemáticas a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario, ejecutadas por estructuras armadas organizadas y, por lo tanto, son imprescriptibles.

Invocó la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de la Sala, en particular la sentencia CSJ SP7135-2014, 5 jun. 2014, rad. 35113, en la que se reconoció que la prescripción no puede operar frente a crímenes de lesa humanidad, ya que ello contraría los compromisos internacionales del Estado colombiano. Esta Corporación ha reiterado que tales crímenes «hieren a la humanidad entera» y que su imprescriptibilidad recae tanto en la acción como en la pena, sin importar la fecha de comisión de los hechos ni la legislación aplicable.

Afirmó que esta doctrina no constituye una innovación, sino la expresión del deber jurídico del Estado colombiano de cumplir el bloque de constitucionalidad. En ese sentido, la declaratoria de prescripción proferida por el Tribunal implicó una grave vulneración al deber internacional de investigar, juzgar y sancionar violaciones graves a los derechos humanos, en cumplimiento del artículo 1º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Recordó que los jueces nacionales, sin excepción, deben ejercer control de convencionalidad exofficio, en consonancia con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La decisión impugnada ignoró este mandato, dado que desatendió el contexto del conflicto armado y la violencia sistemática ejercida por estructuras criminales. Con ello aplicó inadecuadamente las normas de prescripción, cerrando el proceso tras más de catorce años de investigación y casi ocho en segunda instancia, sin un pronunciamiento de fondo.

En consecuencia, solicitó a la Corte Suprema de Justicia revocar la declaratoria de prescripción de los homicidios de Rodríguez Frías y Cabrera Alfaro y, en su lugar, confirmar la condena impuesta en la sentencia de primera instancia. Ello, insiste, en atención a que se trata de violaciones que revisten la calidad de crímenes de lesa humanidad.

3. Tercer cargo (subsidiario): violación indirecta de la ley sustancial por error de hecho en la apreciación y valoración de diversos testimonios, respecto del homicidio de Luis Gregorio López Peralta

El Ministerio Público, con base en la causal primera, cuerpo segundo, del artículo 207 del CPP, atribuyó al Tribunal violación indirecta de la ley sustancial por errores de hecho en la valoración probatoria relativa al homicidio del concejal Luis Gregorio López Peralta. Estos yerros produjeron la aplicación indebida de los artículos 29 de la CN y 232, 237 y 238 del CPP, y la omisión de los artículos 103 y 104 del CP de 2000.

En desarrollo del cargo, estructuró los siguientes cinco subcargos: i) falso juicio de identidad por cercenamiento y tergiversación del testimonio de Yandra Cecilia Brito Carrillo; ii) falso juicio de identidad por cercenamiento de la declaración de Jesús Albeiro Guisao Arias, alias «Brayan»; iii) falso juicio de existencia por omisión de testimonios que corroboraban el móvil político; iv) falso juicio de existencia por omisión de declaraciones que acreditaban la capacidad y oportunidad; y v) falso raciocinio por inaplicación del principio lógico de no contradicción y por la ausencia de un análisis conjunto de las pruebas que impidió advertir patrones y contextos.

La Corte sintetiza enseguida los principales argumentos de cada reproche, los cuales denuncian, en esencia, que el juez colegiado omitió o distorsionó medios de conocimiento decisivos que comprometían a Gómez Cerchar en el homicidio del concejal o reforzaban la tesis acusatoria, lo que, en criterio de la demandante, derivó en una absolución infundada.

a) Primer subcargo: falso juicio de identidad por cercenamiento y tergiversación del testimonio de Yandra Cecilia Brito Carrillo

El Ministerio Público señaló que el Tribunal cercenó y tergiversó partes sustanciales de la declaración rendida por esta exalcaldesa de Barrancas el 3 de junio de 2012. Si bien la sentencia de segunda instancia mencionó dicha declaración, la despojó de valor probatorio, ignorando múltiples afirmaciones de alto contenido incriminatorio y de conocimiento directo.

Entre los aspectos omitidos destacó: i) la amenaza directa proferida por Juan Francisco Gómez Cerchar contra el esposo de Yandra Cecilia Brito Carrillo (Henry Ustáriz Guerra) cuando ella era alcaldesa de Barrancas, exigiéndoles la entrega de dineros de regalías y advirtiendo que los mataría si no accedían; ii) una nueva intimidación durante los carnavales de 2006, señalándoles que «no quedarse con nada tendría consecuencias»; y iii) que Ustáriz Guerra jamás recibió amenazas de terceros.

También omitió valorar que Brito Carrillo declaró, bajo juramento, que Gómez Cerchar i) tenía un marcado interés y control corrupto en Barrancas, detentando poder económico, político y militar suficiente para delinquir; ii) mantenía vínculos estrechos y notorios con estructuras armadas ilegales –entre ellas la liderada por Marcos de Jesús Figueroa García, «Marquitos Figueroa» y las AUC–; y iii) que disponía de un grupo delincuencial propio, no limitado a los paramilitares.

La Procuraduría subrayó que el Tribunal excluyó de su análisis afirmaciones de la testigo que, de haberse apreciado, reforzaban la acusación contra Juan Francisco Gómez Cerchar. En particular, relató que el propio «Marquitos Figueroa» permaneció durante nueve días en su residencia junto con el procesado, bebiendo y planificando el homicidio de Ustáriz Guerra, y que incluso se ocultó allí tras consumar el crimen.

Añadió que las armas utilizadas en ese homicidio se guardaron en una finca del procesado próxima al lugar del atentado, y que dos horas antes de la ejecución un sargento del Ejército, identificado como Hernán Vivero Erazo, levantó un retén militar con el posible propósito de facilitar la acción homicida. Según la Procuraduría, estas circunstancias demostraban que los ejecutores no actuaban como sicarios independientes, sino como parte de una estructura criminal articulada con capacidad de coordinación paraestatal.

Manifestó que el Tribunal tampoco valoró adecuadamente que, al día siguiente del asesinato de Henry Ustáriz Guerra, Yandra Cecilia Brito Carrillo se encontró con el escolta del procesado, Erlín Enrique Cortés Fernández, alias «Kike». Aquel le contó aspectos relacionados con la planeación del homicidio de Henry Ustáriz Guerra y con el patrón criminal del procesado.

La omisión parcial del testimonio de Brito Carrillo llevó al juez plural a desvirtuar su valor incriminatorio, presentándolo como débil cuando en realidad contenía elementos de conocimiento directos, específicos y concordantes que comprometían a Juan Francisco Gómez Cerchar. Puso énfasis en que meses después de rendir su declaración, la exalcaldesa fue asesinada a pesar de haber solicitado protección estatal, hecho que refuerza la fiabilidad de sus acusaciones y evidencia el riesgo que corría por testificar.

Además, la recurrente señaló que el Tribunal desnaturalizó el sentido del testimonio de Yandra Cecilia Brito Carrillo al sugerir que la testigo habría sido dubitativa respecto de la autoría mediata del homicidio del concejal López Peralta. Por el contrario, Brito Carrillo manifestó de forma clara, directa y categórica la responsabilidad de Gómez Cerchar como determinador de ese homicidio. No expresó hipótesis ni conjeturas, sino que sostuvo con seguridad que el procesado dio la orden de matar al concejal, manifestación que reiteró en distintos pasajes de su declaración.

En esa oportunidad, incluso instó a la Fiscalía a verificar sus dichos con otras fuentes, señalando que, si cumplían con investigar, confirmarían la veracidad de sus afirmaciones. Es más, la testigo evidenció conocer en detalle la dinámica del poder criminal de Juan Francisco Gómez Cerchar, al punto de sugerir a los investigadores que entrevistaran al propio Rodrigo Tovar Pupo, alias «Jorge 40», para que este narrara ciertos hechos relacionados con su captura y posterior liberación por gestión del procesado, en ocasión del homicidio de un personero en Villanueva, La Guajira –episodio que, aseguró la recurrente, estaba corroborado en el expediente–. Esta circunstancia refuerza la fiabilidad de la testigo Brito Carrillo y su acceso a información sensible y relevante sobre la conducta del acusado.

Finalmente, la casacionista refirió que el Tribunal concluyó erróneamente que la relación personal entre Yandra Cecilia Brito Carrillo y el procesado no era tan cercana como para atribuirle conocimiento de hechos ocurridos catorce años antes –homicidio del concejal en 1997–. Sin embargo, la propia testigo explicó que su amistad era de vieja data, forjada desde sus inicios en la política local. De hecho, aquella integró la administración municipal como secretaria de salud entre 2001 y 2003, cuando el procesado ejercía su segunda alcaldía, y luego ocupó la alcaldía de Barrancas en el período 2004–2007, antes del homicidio de Henry Ustáriz Guerra.

b) Segundo subcargo: falso juicio de identidad por cercenamiento de la declaración válidamente incorporada de Jesús Albeiro Guisao Arias, alias «Brayan»

En cuanto a la segunda violación indirecta por error de hecho, la recurrente denunció un falso juicio de identidad, consistente en el cercenamiento de la información aportada por Jesús Albeiro Guisao Arias, alias «Brayan», respecto de la oportunidad que tenía Juan Francisco Gómez Cerchar para delinquir. Este yerro llevó al Tribunal a concluir erradamente que, para el 22 de febrero de 1997 –fecha del homicidio del concejal Luis Gregorio López Peralta–, los integrantes de las AUC no habían hecho presencia en la región.

En su declaración inicial, relató que su primer viaje a La Guajira ocurrió en enero de 1997, en compañía de alias «Camilo», y aseguró que fue recibido por Gómez Cerchar, dato que desmentía la conclusión del juez colegiado sobre la ausencia de presencia armada en la región para esa fecha. No obstante, el 5 de febrero de 2014, modificó su versión y se mostró evasivo respecto a su conocimiento directo del procesado, al punto de afirmar que «nunca lo vio personalmente». Agregó sentirse «enredado» al dar explicaciones, lo que debilitó la coherencia de su retractación. En diligencia del 7 de febrero de 2014, continuó en esa línea, negando haber recibido su patrocinio, aunque no descartó que sus jefes sí.

Puso énfasis en que la trascendencia de este yerro radica en que, de haberse valorado íntegramente el testimonio, habría tenido que responder dos interrogantes esenciales: i) ¿qué hacía un alcalde reuniéndose con un sicario en la época en que fue asesinado el concejal López Peralta?, y ii) ¿qué motivó la retractación del testigo y cuál fue el mecanismo que la produjo? El análisis omitido habría revelado que la primera declaración tenía mayor valor probatorio, por su detalle, coherencia y cercanía temporal, mientras que las retractaciones posteriores resultaban vacilantes e inverosímiles.

El cercenamiento también impidió que el Tribunal confrontara la retractación con el testimonio del escolta Erlín Enrique Cortés Fernández, alias «Kike». Este declaró que Jesús Albeiro Guisao Arias, alias «Brayan», pidió dinero a Juan Francisco Gómez Cerchar y este se lo entregó, hecho que refuerza la tesis de que existía una relación directa del procesado con estructuras criminales y que explica la retractación dubitativa del testigo.

En conclusión, la demandante sostuvo que, de haberse valorado el testimonio en coherencia con el resto de las pruebas, el Tribunal habría concluido que Juan Francisco Gómez Cerchar tuvo la capacidad, la oportunidad y la decisión de ordenar el homicidio del concejal Luis Gregorio López Peralta, actuando a través de aparatos organizados de poder bajo su control.

c) Tercer subcargo: falso juicio de existencia por omisión de testimonios que corroboraban el móvil político del homicidio del concejal Luis Gregorio López Peralta

La recurrente planteó una tercera violación indirecta por error de hecho, consistente en un falso juicio de existencia, debido a la omisión de testimonios que corroboraban el interés que le asistía a Juan Francisco Gómez Cerchar para ordenar el homicidio de quien ya no era su leal copartidario.

Diversos testigos señalaron que el concejal Luis Gregorio López Peralta se había convertido en contradictor político del entonces alcalde de Barrancas Juan Francisco Gómez Cerchar, tras apartarse del movimiento político que este lideraba, conocido como el «kikismo». Su proyección como candidato con amplias posibilidades de alcanzar la alcaldía lo constituía en una amenaza directa a la hegemonía política del procesado.

Sumado a lo anterior, expuso que el concejal López Peralta se distinguía por denunciar públicamente actos de corrupción atribuidos al entonces mandatario local. Entre ellos, el incendio de archivos de la Alcaldía de Barrancas, que según afirmaba, había sido provocado por Juan Francisco Gómez Cerchar para desaparecer evidencias de irregularidades administrativas. Estas denuncias intensificaron el antagonismo político y reforzaron el móvil criminal del procesado.

Los testimonios que, en criterio del Ministerio Público, el Tribunal omitió valorar son los siguientes:

a. Cipriano Segundo Pinto Brito: Aseguró que el concejal Luis Gregorio López Peralta aspiraba a la alcaldía con serias posibilidades, pues ayudaba a la comunidad y generaba expectativa popular. Recordó el incendio de la alcaldía y relató que se promovió un candidato distinto al de Juan Francisco Gómez Cerchar para la elección de contralor.

b. Carlos Alberto García Carrillo: Concejal que afirmó que el dominio político de la región lo ejercía Juan Francisco Gómez Cerchar. Señaló que López Peralta aspiraba a la alcaldía, era querido en el pueblo y no tenía enemigos.

c. José Alejandro Figueroa Ucroz: Recordó que Luis Gregorio López Peralta era precandidato y que existía propaganda con su nombre en casas de simpatizantes. Destacó su carisma y popularidad.

d. Alcibíades Pinto Ospino: Indicó que la víctima contaba con gran respaldo popular, al haber obtenido la segunda votación más alta al concejo, y narró que incluso se discutió si él o la víctima serían los candidatos a la alcaldía de Barrancas.

e. Loly Luz López Daza: Hija de Luis Gregorio López Peralta, relató que su padre aspiraba a la alcaldía y que gozaba de amplio aprecio comunitario, al punto de que en campañas posteriores se usó su imagen como símbolo de memoria.

f. Oswaldo Rafael Fonseca Medina: Conoció la intención de Luis Gregorio López Peralta de aspirar a la alcaldía y señaló que aquel se opuso a un contrato del acueducto.

g. Pedro Julio Castillo Camargo: Corroboró la aspiración política del concejal y recordó discusiones en el concejo sobre obras municipales, en las que López Peralta hizo cuestionamientos que posteriormente rectificó.

h. Rafael Segundo Carrillo Useche: Describió a López Peralta como una persona alegre, sin enemigos, y recordó también lo relacionado con el contrato del acueducto.

El Ministerio Público puso énfasis en la trascendencia del yerro del Tribunal: las declaraciones omitidas habrían permitido advertir un patrón de conducta reiterado. Juan Francisco Gómez Cerchar apoyaba la carrera política de sus allegados –como ocurrió con Yandra Cecilia Brito Carrillo y con López Peralta–, pero cuando estos se desalineaban de sus intereses o cuestionaban sus manejos, se convertían en objeto de represalias violentas.

En consecuencia, el móvil del homicidio de López Peralta estaba plenamente probado: era un líder carismático, con respaldo popular, que amenazaba la hegemonía política de Juan Francisco Gómez Cerchar y lo exponía públicamente con denuncias de corrupción. La omisión de este análisis condujo al Tribunal a absolverlo, cuando en realidad las pruebas disponibles apuntaban de manera coherente a la responsabilidad del procesado como determinador del crimen.

d) Cuarto subcargo: falso juicio de existencia por omisión de declaraciones que acreditaban la capacidad y la oportunidad para ordenar el homicidio

El Ministerio Público señaló que el juez colegiado incurrió en falso juicio de existencia derivado de la omisión de testimonios que acreditaban la capacidad y la oportunidad de Juan Francisco Gómez Cerchar para ordenar el homicidio del concejal Luis Gregorio López Peralta.

Específicamente, precisó que el Tribunal desatendió que Erlín Enrique Cortés Fernández, alias «Kike», escolta personal del procesado durante varios años, tenía conocimiento directo de su capacidad para delinquir, en particular en lo relativo a la eliminación de contradictores políticos. Su testimonio aportaba elementos relevantes para demostrar la proximidad de Gómez Cerchar con estructuras criminales y su control sobre actos de violencia selectiva en La Guajira.

En declaración rendida el 17 de octubre de 2013, alias «Kike» afirmó que el procesado contaba con estructuras armadas organizadas a su servicio, utilizadas para asesinar a quienes se interpusieran en sus intereses, fueran antiguos aliados, familiares o copartidarios. Agregó que Juan Francisco Gómez Cerchar ofrecía refugio a sicarios en su residencia, guardaba armas en la Gobernación de La Guajira o en fincas de su propiedad, y utilizaba estas estructuras para proferir amenazas y ejecutar homicidios.

Aunque Erlín Enrique Cortés Fernández aclaró que no tenía conocimiento directo del homicidio del concejal López Peralta por no estar en su círculo de seguridad en ese momento y porque el propio procesado no se lo reconoció, su testimonio describía un patrón de amenazas, cooptación y eliminación de opositores o antiguos allegados, y reforzaba la capacidad del procesado para ordenar homicidios.

De esta manera, esta declaración evidenciaba un patrón criminal metódico en el que Juan Francisco Gómez Cerchar no dejaba cabos sueltos, alternando entre intimidación, cooptación o eliminación física de opositores y exaliados. Además, describió cómo promovía supuestos «acuerdos de paz y reconciliación» que en realidad consistían en pactos de silencio con familiares de víctimas y, en caso de fracasar, ordenaba nuevos homicidios.

De otro lado, Arnulfo Sánchez González, alias «Pablo», excomandante de las AUC, ofreció un testimonio detallado sobre las dinámicas delictivas del procesado, su poder económico, político y militar, así como su rol en las alianzas con estructuras paramilitares. En declaración del 3 de septiembre de 2013, relató que promovía y fomentaba las AUC en La Guajira, alojaba a paramilitares en sus propiedades, les brindaba apoyo logístico y ejercía capacidad de coordinación jerárquica, financiando y dirigiendo actividades ilegales para consolidar control político y territorial.

Sánchez González también indicó que Juan Francisco Gómez Cerchar asumió el papel de reemplazo de alias «Brayan» en la región, tras exigir a Rodrigo Tovar Pupo, alias «Jorge 40», que abandonara el territorio. Este hecho demostraba la injerencia directa del procesado en decisiones estratégicas de las estructuras delincuenciales y confirmaba su poder. Además, relató que coordinaba con miembros de las Fuerzas Armadas y de Policía para asegurar su inacción frente a operaciones criminales, evidenciando un pacto de protección institucional.

El testimonio de alias «Pablo», al igual que el de alias «Kike», no solo demostraban la capacidad del procesado para ordenar homicidios selectivos, sino que reforzaba el móvil político del crimen de López Peralta: la eliminación de un opositor con potencial electoral y capacidad de denuncia.

La impugnante señaló que otros testimonios, igualmente omitidos, complementaban este panorama:

a. Yimmy Florián Gómez (Los Rastrojos): Relató que Juan Francisco Gómez Cerchar era el «financiero» de «Marquitos Figueroa» y mantenía hombres armados bajo su mando.

b. Leonardo José Benjumea Medina (Los Rastrojos): Afirmó que la orden de atentar contra Juan Francisco Gómez Cerchar provenía de los máximos jefes de Los Rastrojos, específicamente porque formaba parte de una organización de Barrancas.

c. Danovis Alfonso López Acosta (Los Rastrojos): Explicó que Juan Francisco Gómez Cerchar era el brazo político de la estructura de «Marquitos Figueroa» y lo vinculó con el homicidio del candidato Didier Becerra.

d. Juver Antonio López Durán (Urabeños): Declaró que el grupo de «Marquitos Figueroa» era el «brazo armado de apoyo de “Kiko Gómez”», dedicado al sicariato y al narcotráfico.

e. Jesús (sic) María Benjumea Amaya, alias «Chema»: Denunció la comisión de 14 homicidios de «Marquitos Figueroa» antes de ser asesinado, junto con su familia y escolta.

f. Francisca Rosario Sierra Hernández: Responsabilizó al procesado por el homicidio de su hija Chachi Hernández, y afirmó que la amenazó de muerte si lo denunciaba.

g. Miguel Alfredo Cuesta Montero: Indicó que los sicarios que asesinaron a Cabrera Alfaro y Rodríguez Frías vivían en una finca de Juan Francisco Gómez Cerchar.

h. Bayron Gabriel Carvajal Osorio, comandante del Batallón Rondón en 1997: Relató su cercanía con el procesado y reconoció la convivencia entre la política local y el paramilitarismo. Jesús Albeiro Guisao Arias, alias «Brayan», lo identificó como integrante de las AUC.

La impugnante señaló que otros testimonios complementaban este panorama. Además, que estas omisiones eran trascendentes: de haberse valorado, el Tribunal habría concluido que Juan Francisco Gómez Cerchar disponía de, al menos, dos estructuras criminales permanentes y jerárquicas a las que financiaba, armaba y ofrecía refugio en sus propiedades.

De este modo, aseguró que la prueba demostraba que el procesado actuaba como jefe máximo de esos aparatos organizados de poder, con dominio del hecho sobre su funcionamiento. Además, adujo que no requería contacto directo con los ejecutores, pues bastaba su orden jerárquica para que se realizaran los homicidios, pudiendo incluso reemplazar fácilmente a los autores materiales.

El crimen de López Peralta se ejecutó en el marco de este patrón de violencia: sicarios de las AUC lo asesinaron en 1997, mientras se intentaba formalizar un bloque paramilitar en La Guajira. Alias «Brayan» declaró haber sido recibido por el propio Juan Francisco Gómez Cerchar a finales de 1996 e inicios de 1997, confirmando su rol de facilitador. Su posterior retractación, explicada por pagos descritos por alias «Kike», refuerza la fiabilidad de su primera versión.

La delegada del Ministerio Público precisó que condenar a Juan Francisco Gómez Cerchar como autor mediato por dominio del hecho no vulnera el derecho de defensa, pues los hechos y testimonios estuvieron en debate y contradicción. Tampoco desconoce el principio de congruencia ni implica reforma peyorativa, debido a que la pena del autor mediato coincide con la del determinador.

e) Quinto subcargo: falso raciocinio por inaplicación del principio lógico de no contradicción y por la ausencia de una valoración en conjunto de las pruebas

La casacionista le atribuyó al Tribunal falso raciocinio, al desconocer el principio lógico de no contradicción. Indicó que la sentencia absolvió al procesado con base en un razonamiento contradictorio: reconoció su pertenencia a organizaciones criminales en el delito de concierto para delinquir agravado. No obstante, negó su capacidad para ordenar el homicidio de Luis Gregorio López Peralta, ignorando que ambas conductas provenían de igual aparato criminal.

De igual forma, adujo que el juez colegiado omitió analizar hechos contextuales como el terror generalizado, las amenazas, las retractaciones y los asesinatos de testigos, que debían considerarse como indicios de coacción en un contexto de violencia organizada. Expuso que la Corte IDH y la jurisprudencia nacional han sostenido que, en casos de violaciones masivas de derechos humanos, los jueces deben aplicar parámetros especiales de valoración probatoria que tengan en cuenta patrones sistemáticos de violencia.

Por todo lo expuesto, solicitó a la Sala de Casación Penal casar la sentencia de segunda instancia y confirmar la condena contra Juan Francisco Gómez Cerchar, pero esta vez como autor mediato en virtud de un aparato organizado de poder.

B. Demanda de casación de la Fiscalía 11 Delegada ante la Corte Suprema de Justicia

Formuló cuatro cargos: dos principales, con base en la causal tercera del artículo 207 del CPP, y dos subsidiarios, apoyados en la causal primera ibidem: el primero, cuerpo primero, por violación directa de la ley sustancial; y el segundo, cuerpo segundo, por violación indirecta. En particular, el delegado de la Fiscalía los tituló como primer cargo principal, segundo cargo principal, tercer cargo –primero subsidiario– y cuarto cargo –segundo subsidiario–.

1. Primer cargo (principal): nulidad por falta de competencia del juez de segunda instancia

La Fiscalía, con fundamento en los artículos 207, inciso tercero, y 306, numeral 1°, del CPP, reclamó la nulidad de la actuación por falta de competencia de la autoridad que emitió la sentencia recurrida. Alegó que para el 1º de octubre de 2024 ya existía una decisión válida adoptada por la Sala que recibió por reparto la apelación. Esa Sala, integrada por los magistrados Aura Alexandra Rosero Baquero, Juan Carlos Garrido Barrientos y Carlos Andrés Guzmán Díaz, resolvió de fondo la impugnación y alcanzó la mayoría prevista en el artículo 172 del CPP, porque dos de sus tres integrantes suscribieron la providencia.

Precisó que la decisión revestía naturaleza de sentencia de segundo grado y no de proyecto. Esa calidad quedó acreditada con las constancias obrantes en los registros físicos y digitales del Tribunal, del despacho ponente, del último magistrado interviniente y en los cuadernos enviados a la Corte. Añadió que la falta de notificación no afectó su existencia ni permitía desconocerla, pues la segunda instancia ya había resuelto el asunto. Esa irregularidad determinó que una Sala distinta dictara la sentencia recurrida, con vulneración del juez natural, del debido proceso y de la seguridad jurídica.

Sostuvo que la primera sentencia conserva plena vigencia y que cualquier providencia posterior encaminada a reemplazarla vicia la actuación. Indicó que la Sala de Gobierno del Tribunal, al reasignar el asunto el 22 de agosto de 2024 a una nueva Sala de Decisión Penal, integrada por los magistrados Yenny Patricia García Otálora, María Leonor Oviedo Pinto y Jaime Andrés Velasco Muñoz, no otorgó competencia para decidir nuevamente la apelación.

Expuso que la nulidad constituye el único mecanismo idóneo para corregir la irregularidad. El principio de taxatividad resulta satisfecho porque la causal expresa de falta de competencia sustenta la invalidez del fallo posterior. También rige la instrumentalidad de las formas, ya que el defecto estructural provino de una decisión superpuesta a otra emitida por autoridad competente, sin finalidad legítima y orientada a reemplazar un acto firme y eficaz. Esa irregularidad afectó de manera trascendente las bases del juzgamiento, sin convalidación por parte de los sujetos procesales.

En consecuencia, la Fiscalía pidió a la Corte casar la sentencia emitida el 1° de octubre de 2024 y declarar su nulidad por haberla dictado una Sala incompetente.

2. Segundo cargo (principal): nulidad por falta de competencia respecto de la absolución del homicidio de Luis Gregorio López Peralta

Al amparo de igual causal y sustento normativo, dirigió la censura contra el apartado del fallo de segunda instancia que revocó la condena impuesta en primera instancia a Juan Francisco Gómez Cerchar por el delito de homicidio agravado cometido contra Luis Gregorio López Peralta y lo absolvió. Explicó que constituye un motivo casacional autónomo, porque la absolución provino de una Sala diferente a la que asumió inicialmente el conocimiento de la apelación. La Sala anterior ya había emitido una sentencia válida, firmada por dos magistrados, según el artículo 172 del CPP.

Puso énfasis en que el homicidio de Luis Gregorio López Peralta por su contexto y naturaleza, debe ser considerado un crimen de lesa humanidad, acorde con el artículo 7º del Estatuto de Roma. Ocurrió en el marco de un conflicto armado interno y estructuras criminales lo ejecutaron dentro de un patrón sistemático y generalizado de violación del derecho internacional humanitario. La Fiscalía aseguró que esto es perceptible a partir de la confirmación de la condena por concierto para delinquir agravado, base fáctica que acredita el vínculo del procesado con organizaciones armadas ilegales.

En ese orden, solicitó a esta Corporación casar el fallo de segundo grado impugnado y declarar la nulidad de la actuación desde la fecha de su emisión por haber sido proferido por una Sala de Decisión Penal del Tribunal sin competencia.

3. Tercer cargo (primero subsidiario): violación directa de la ley sustancial por aplicación indebida del régimen de prescripción

La Fiscalía, con fundamento en la causal primera, cuerpo primero, del artículo 207 del CPP, atribuyó al Tribunal violación directa de la ley sustancial. Sostuvo que aplicó indebidamente los artículos 80, inciso 1°, y 84 del CP de 1980, y excluyó de manera evidente del artículo 83, inciso 2°, del CP de 2000. Fundamentó la censura en la imprescriptibilidad de la acción penal frente a crímenes internacionales, en particular respecto de los homicidios agravados de Luis Alejandro Rodríguez Frías y Rosa Mercedes Cabrera Alfaro, perpetrados el 7 de julio de 2000, hechos cuya persecución fue declarada prescrita.

Para ello, el Tribunal sostuvo que acorde con el CP de 1980, aplicable al momento de los hechos, y dado que Juan Francisco Gómez Cerchar no ostentaba cargo público, el término de prescripción era de veinte años, el cual se interrumpió el 8 de mayo de 2014 con la ejecutoria de la resolución de acusación. Así, según esta tesis, el fenómeno prescriptivo se habría consumado diez años despues de ese acto procesal, es decir, el 8 de mayo de 2024.

El casacionista objetó esta conclusión, afirmando que los homicidios en cuestión no pueden estar sometidos al régimen ordinario de prescripción. Ello dado que se cometieron en el marco de graves violaciones sistemáticas a los derechos humanos, ejecutadas por estructuras armadas organizadas, lo que les confiere la naturaleza de crímenes de lesa humanidad, de acuerdo con los artículos 7º y 29 del Estatuto de Roma, y 83, inciso segundo, del CP de 2000.

Afirmó que, cualquiera que fuera el método de cómputo del término prescriptivo, la Sala competente ya había dictado sentencia y ese dato debía regir la controversia. Agregó que solo la Sala integrada por los magistrados Aura Alexandra Rosero Baquero, Juan Carlos Garrido Barrientos y Carlos Andrés Guzmán Díaz podía decidir la apelación y pronunciarse sobre la prescripción de la acción penal.

De esta manera, el nuevo fallo emitido por una Sala distinta, en el que se declaró la prescripción, constituye una usurpación de competencia que afecta de manera sustancial los principios de legalidad procesal, cosa juzgada y juez natural, por lo que no puede ser convalidada.

Por lo anterior, solicitó casar la sentencia impugnada, reconocer la imprescriptibilidad de la acción penal por los hechos constitutivos del doble homicidio ocurrido el 7 de julio de 2000 y declarar la nulidad parcial para que la segunda instancia se pronuncie sobre esas conductas punibles.

Cuarto cargo (segundo subsidiario): violación indirecta de la ley sustantiva por falso raciocinio, respecto del homicidio de Luis Gregorio López Peralta

Acudió a la causal primera, cuerpo segundo, del artículo 207 del CPP, y denunció la violación indirecta de la ley sustancial por error de hecho derivado de falso raciocinio. Alegó que el Tribunal desconoció el valor de la prueba indiciaria y edificó la absolución en un argumento falaz de insuficiencia probatoria, con lo cual excluyó indebidamente la aplicación de los artículos 323 y 324, numerales 7º y 8º, del CP de 1980, modificado por la Ley 40 de 1993.

Explicó que el fallo absolutorio equiparó la ausencia de prueba directa con la imposibilidad de condenar, desconociendo que en el sistema penal colombiano no existe tarifa legal y que una sola prueba, siempre que sea grave, concordante y coherente, puede fundar sentencia condenatoria. Resaltó que la misma sentencia reconoció el contexto de criminalidad organizada en que operaba el procesado, en su condición de dirigente político y promotor de estructuras armadas ilegales.

El demandante destacó que la prueba testimonial reforzaba esa conclusión: Andrea Paola López Daza relató que, en Barrancas, los comentarios atribuían a «el doctor Gómez Cerchar» la orden de matar a su padre. Diana Carolina López Zuleta relató que escuchó que, estando en una fiesta, él manifestó «yo maté a ese hijueputa por sapo» y Yandra Cecilia Brito, presentada como testigo directo, lo señaló como determinador del crimen. A ello se sumó la existencia de temor en la comunidad, reflejado en varios testimonios que aludían a la influencia y capacidad de intimidación del procesado.

Concluyó que la articulación de las pruebas testimoniales y contextuales descarta la tesis de insuficiencia probatoria y sustenta la inferencia de que Juan Francisco Gómez Cerchar determinó el homicidio del concejal Luis Gregorio López Peralta, como parte de una estrategia de control territorial y violencia sistemática. Por ello, solicitó a la Corte casar la sentencia absolutoria y confirmar la condena de primera instancia.

C. Demanda de casación de la defensa del procesado

La defensa alegó interés para recurrir, en tanto el Tribunal confirmó parcialmente la condena de primera instancia contra Juan Francisco Gómez Cerchar por el delito de concierto para delinquir agravado en concurso homogéneo. Señaló que la demanda busca garantizar la efectividad del derecho material y reparar los agravios sufridos, al haberse adoptado esa decisión sin respeto de los principios de legalidad y estricta tipicidad, en protección del derecho al debido proceso.

Propuso un cargo único por violación directa de la ley sustancial, con fundamento en la causal primera, cuerpo primero, del artículo 207 del CPP. Alegó que la segunda instancia aplicó indebidamente del artículo 340, inciso 2°, del CP, con la circunstancia de mayor punibilidad del numeral 9º del artículo 58 ibidem, lo que conllevó la vulneración del artículo 29 de la CN y la falta de aplicación de los artículos 6º, 9º y 10º del CP de 2000 y 7º del CPP.

Sostuvo que los jueces de instancia incurrieron en error de adecuación típica al concluir que de la hipótesis fáctica del caso podía derivarse la tipicidad de un supuesto concierto criminal desde 1995 hasta 2014. La imputación se basó en la hipótesis de que, como alcalde de Barrancas, Gómez Cerchar se concertó con Marcos de Jesús Figueroa García para participar en la ejecución sistemática de delitos en la región, hipótesis que califica de jurídicamente insostenible.

Precisó que los elementos estructurales del concierto para delinquir son: i) acuerdo de voluntades; ii) existencia de una organización destinada a la comisión de delitos indeterminados; iii) vocación de permanencia y durabilidad; y iv) expectativa de peligro para la seguridad pública. En su criterio, ninguno de estos se acreditó en el caso examinado.

Respecto del primer requisito, señaló que las organizaciones de «Marquitos Figueroa» y el Bloque Norte de las AUC ya existían como estructuras consolidadas antes de los hechos y que no se probó que el procesado las conformara, dirigiera, financiara o promoviera ni que las organizara, fomentara, encabezara o constituyera. En cuanto al verbo rector «promover», aclaró que la jurisprudencia admite que la simple pertenencia a un grupo armado ilegal se entiende como concierto para organizar, promover, armar o financiar grupos al margen de la ley, pero insistió en que no se demostró que Gómez Cerchar hubiese integrado esas organizaciones.

Añadió que Salvatore Mancuso Gómez, comandante del Bloque Norte, nunca mencionó al procesado como miembro o colaborador, lo que resta verosimilitud a la acusación. Resaltó, además, que el Tribunal decidió no dar credibilidad a pruebas exculpatorias, como el testimonio de Hernando de Jesús Fontalvo, quien afirmó categóricamente que Gómez Cerchar no asistió a la reunión con paramilitares en Barrancas.

Sostuvo que ningún jefe paramilitar –vinculó al procesado con sus actividades. Tampoco se acreditaron circunstancias de tiempo, modo y lugar que permitieran estructurar su pertenencia o contribución al concierto delictivo. En relación con el segundo y el tercer requisito, el impugnante indicó que no existe prueba fehaciente de que Gómez Cerchar perteneciera, fuera parte, directivo, comandante o tuviera cualquier otra forma de participación en dichas organizaciones ni de permanencia y durabilidad de un supuesto acuerdo criminal.

Consideró injustificado extender su vigencia hasta 2014, cuando la actividad paramilitar había cesado años atrás y no se acreditaron hechos atribuibles al procesado en ese lapso. Advirtió que el Tribunal omitió explicar por qué, si el concierto se prolongaba, no ocurrieron homicidios entre 2000 y 2014. Cuestionó que los sustentos fácticos utilizados para afirmar el concierto no pasaran de ser rumores .

En conclusión, afirmó que los falladores en unidad decisoria aplicaron extensivamente el artículo 340 del CP de 2000 sin demostrar los cuatro elementos estructurales del delito. La condena se apoyó en rumores, testimonios indirectos y en una valoración expansiva de los hechos indicadores, en abierta vulneración de la legalidad y de la presunción de inocencia. Solicitó, en consecuencia, que la Corte case la sentencia del Tribunal, revoque la condena y profiera sentencia absolutoria a favor de Juan Francisco Gómez Cerchar por el punible de concierto para delinquir agravado.

4. Demanda de casación del apoderado de la parte civil

El recurrente afirmó que la demanda de casación cumple las finalidades públicas previstas en el artículo 206 del CPP: i) garantizar la efectividad del derecho sustancial mediante el control jurisdiccional de la recta interpretación y aplicación de la ley, y ii) propiciar la unificación jurisprudencial a través de un sistema de precedentes claro y estable en materia penal. También persigue fines particulares: i) la efectividad de las garantías de los intervinientes, y ii) la reparación de los perjuicios causados a las partes del proceso.

Indicó que el interés jurídico de Diana Carolina López Zuleta no deriva solo de su condición de parte civil, sino del daño real y efectivo que le ocasionó el fallo impugnado. Con base en ello formuló dos cargos: el primero, por nulidad, al haberse dictado la sentencia de segunda instancia en un trámite afectado por irregularidades sustanciales; y el segundo, por violación indirecta de la ley sustancial, como consecuencia de un error de hecho en la valoración probatoria que condujo la absolución del procesado por el homicidio agravado del concejal Luis Gregorio López Peralta, padre de la periodista López Zuleta.

Solicitó a la Corte emitir un pronunciamiento de fondo teniendo como referente relevante el voto disidente de la magistrada María Leonor Oviedo Pinto, quien puso énfasis en la necesidad de atender la fuerza probatoria del testimonio indirecto y la categoría dogmática de la autoría mediata en aparatos organizados de poder. Asimismo, pidió fijar criterios jurisprudenciales claros sobre la materia y advirtió la gravedad de que la apelación hubiera permanecido sin decisión durante más de siete años, en abierta contradicción con los principios de celeridad, continuidad y justicia material.

1. Primer cargo (principal): nulidad por la existencia de irregularidades sustanciales que afectaron el debido proceso

El casacionista, con fundamento en la causal tercera del artículo 207, en concordancia con el artículo 306, numeral 1°, del CPP, reclamó la nulidad de la sentencia de segunda instancia por la existencia de irregularidades sustanciales que vulneraron el debido proceso y quebrantaron los principios de celeridad, eficacia y continuidad judicial.

En desarrollo del cargo, presentó de manera cronológica las actuaciones surtidas ante la Sala Penal del Tribunal. Posteriormente, afirmó que esas actuaciones configuraron irregularidades sustanciales que afectan el debido proceso y que, en su desarrollo, pueden identificarse rasgos de defecto orgánico y de error inducido. Explicó que la Sala de Gobierno desconoció la sentencia adoptada por mayoría absoluta, lo que vulneró el artículo 172 del CPP. Partió de que la Sala de Decisión primigenia carecía de competencia, cuando en realidad estaba legalmente conformada y tenía plena competencia funcional al momento en que Rosero Baquero registró su proyecto.

Citando la jurisprudencia constitucional (CC T-217 de 2023 y SU-215 de 2022), sostuvo que las decisiones mayoritarias generan cosa juzgada incluso antes de la notificación y resultan inmodificables por voluntad del juez o por recomposición de la Sala. De ahí que la Sala de Gobierno, al permitir el registro de una nueva ponencia después de aprobada la anterior, transgrediera los principios de legalidad, debido proceso, seguridad jurídica y juez natural.

El apoderado de la parte civil López Zuleta concluyó que la sentencia válida correspondía a la adoptada el 15 de mayo de 2024, en cuanto para esa fecha el proyecto ya había sido aprobado por mayoría y devuelto al despacho en esa condición, mientras que la decisión posterior emanó de un órgano incompetente. Calificó la irregularidad como sustancial e insubsanable y pidió a la Corte casar la sentencia de segundo grado, declarar la nulidad desde el 1º de octubre de 2024 y ordenar que el trámite continúe con base en la decisión aprobada por los magistrados Aura Alexandra Rosero Baquero y Juan Carlos Garrido Barrientos.

2. Segundo cargo (subsidiario): violación indirecta de la ley sustancial por falso raciocinio, respecto del homicidio de Luis Gregorio López Peralta

El apoderado de la parte civil, con sustento en la causal primera, cuerpo segundo, del artículo 207 del CPP, atribuyó al Tribunal violación indirecta de la ley sustancial por error de hecho derivado de un falso raciocinio en la valoración de la prueba relativa al homicidio agravado de Luis Gregorio López Peralta. Señaló que el fallador desconoció las reglas de la sana crítica, en particular los principios de no contradicción y razón suficiente. Ello conllevó la aplicación indebida de los artículos 29 de la CN y 7º del CPP, así como a la omisión de los artículos 103 y 104 del CP de 2000.

Explicó que el juez colegiado concluyó que para la fecha del homicidio (22 de febrero de 1997) no existía un vínculo consolidado entre Juan Francisco Gómez Cerchar y las AUC, pues ubicó el inicio de esa relación en mayo de 1997. A partir de esa premisa, absolvió al procesado al considerar que los indicios carecían de la gravedad y necesidad requeridas.

El impugnante calificó esa conclusión de contradictoria. Alegó que la sentencia de segunda instancia, al confirmar la condena por el delito de concierto para delinquir agravado, reconoció alianzas de Gómez Cerchar con la organización de «Marquitos Figueroa» desde 1995 y con las AUC desde mayo de 1997. Sostuvo que, por tanto, en febrero de 1997 ya mediaba un vínculo criminal idóneo para endilgarle la autoría mediata del homicidio de López Peralta. Afirmó que negar esa premisa entraña una incompatibilidad insalvable.

Además, reprochó que la Sala mayoritaria descartara sin justificación la prueba indiciaria y testimonios indirectos, desconociendo al mismo tiempo las premisas fácticas que había aceptado para confirmar la condena por concierto para delinquir agravado. En particular, criticó la exclusión del testimonio de Brito Carrillo, quien señaló directamente a Gómez Cerchar como determinador del homicidio.

Señaló que, aunque en parte de su relato la testigo usó expresiones como «oyó decir» o «se rumoraba», en su primera versión afirmó sin ambigüedad que aquel ordenó el crimen. La jueza valoró esa declaración dentro de la sana crítica y le reconoció valor probatorio incriminante dentro del juicio indiciario, que el Tribunal desconoció sin sustento válido.

Solicitó a la Corte casar la sentencia de segundo grado y dictar fallo de reemplazo que confirme la condena por homicidio agravado proferida en primera instancia. Recalcó que el error reviste trascendencia, porque, de no haber ocurrido, el Tribunal habría confirmado la condena. Subrayó que el recurso extraordinario constituye el último «escaño de justicia» para restablecer la efectividad del derecho material, las garantías debidas y la reparación a favor de Diana Carolina López Zuleta.

VI. ALEGATOS DE LOS NO RECURRENTES

A. Procuraduría 10ª Judicial II Penal de Bogotá

La representante del Ministerio Público sostuvo que la demanda de casación presentada por la defensa invocó la violación directa de la ley sustancial. Sin embargo, el escrito desarrolló reproches propios de la vía indirecta, al controvertir hechos y valoración probatoria. Afirmó que la censura no cumplió la carga argumentativa exigida para demostrar una aplicación indebida de la ley sustancial, pues no desarrolló un verdadero reproche de selección normativa y se limitó a cuestionar el razonamiento probatorio.

Con todo, puso énfasis en que el Tribunal había fijado los hechos y la valoración probatoria de manera que la defensa debía aceptarlos si acudía a la violación directa de la ley sustancial. Además, delimitó los periodos de ejecución y explicó la concurrencia de dos acuerdos criminales diferenciados, por lo que la crítica defensiva careció de desarrollo argumentativo y en varios pasajes se limitó a enunciaciones sin desarrollo.

El Ministerio Público advirtió que la defensa desconoció el principio de corrección material al sostener que el juez plural sustentó la condena en las declaraciones de Marcos de Jesús Figueroa García. El fallo impugnado no tuvo esos dichos como sustento. En ese orden, solicitó inadmitir la demanda. De manera subsidiaria, pidió no casar la sentencia respecto del concierto para delinquir agravado.

B. Defensa

1. Demanda de casación de la Procuraduría 10ª Judicial II Penal de Bogotá

a. Primer cargo – principal (nulidad por la existencia de irregularidades sustanciales que afectaron el debido proceso): La defensa adujo que la Procuraduría no individualizó la causal de nulidad invocada. Tampoco explicó la afectación concreta de garantías, en contravía de los principios de taxatividad, trascendencia y residualidad. Añadió que la prescripción y la absolución constituyen decisiones legítimas y el debate sobre competencia y reparto ya quedó definido en sede constitucional y, además, mezcló de forma genérica distintas causales sin acreditarlas fáctica y jurídicamente. Añadió que el debate sobre la supuesta sentencia anterior y el conflicto de reparto ya quedó definido con efectos de cosa juzgada.

b. Segundo cargo – subsidiario (violación directa de la ley sustancial por aplicación indebida del régimen de prescripción): Respaldó la declaratoria de prescripción. Indicó que los homicidios de Luis Alejandro Rodríguez Frías y Rosa Mercedes Cabrera Alfaro ocurrieron el 7 de julio de 2000, cuando el procesado no ostentaba cargo público, lo cual fija el término máximo prescriptivo en diez años tras la ejecutoria de la resolución de acusación, según la línea jurisprudencial invocada por el Tribunal y el principio de favorabilidad. La defensa sostuvo que la Procuraduría desconoció el principio de favorabilidad, por lo que solicitó rechazar el cargo.

c. Tercer cargo – subsidiario (violación indirecta de la ley sustancial por error de hecho en la apreciación y valoración de diversos testimonios respecto del homicidio de Luis Gregorio López Peralta): Afirmó que la Procuraduría atribuyó indebidamente afirmaciones a Yandra Cecilia Brito Carrillo, pues ella no tenía conocimiento directo sobre vínculos entre el acusado y grupos armados, sino que habló de comentarios del pueblo y de hechos que personalmente no le constaban.

Sostuvo que la Procuraduría edificó el reproche sobre suposiciones e indicios. Añadió que coincide con el Tribunal en que la prueba recaudada por la Fiscalía pone en duda la veracidad de los hechos alegados y, sin embargo, sirvió de soporte para la resolución de acusación. Desde ese enfoque, cuestionó la atribución de una conducta punible cimentada solo en indicios. Por ende, el cargo tampoco debe prosperar.

d. «Cargo subsidiario (falso raciocinio por desconocimiento del contexto de terror)»: Indicó que el Ministerio Público trasladó la carga probatoria que correspondía a la Fiscalía. Las inconsistencias testimoniales obedecieron a deficiencias investigativas, no a contextos de temor. En ese orden, el Tribunal aplicó correctamente las reglas de la sana crítica y preservó la presunción de inocencia de su representado. Pidió desestimar el cargo (sic).

2. Demanda de casación de la Fiscalía 11 Delegada ante la Corte Suprema de Justicia

a. Primer cargo - principal (nulidad por falta de competencia del juez de segunda instancia): La defensa reiteró que la Corte ya resolvió el conflicto de competencia. La decisión adquirió firmeza, mediante la sentencia CSJ STL16542-2024, 30 oct. 2024, rad. 109579, con efectos de cosa juzgada respecto del debate sobre la supuesta sentencia anterior y el conflicto de reparto. Solicitó negar el cargo.

b. Segundo cargo – principal (nulidad por falta de competencia respecto de la absolución del homicidio de Luis Gregorio López Peralta): Afirmó que la Fiscalía insistió en un debate ya clausurado constitucionalmente, al pretender dotar de efectos jurídicos a un proyecto de fallo que, aunque tenía dos firmas, no culminó el debate deliberativo en sala ni produjo cosa juzgada. Insistió en la validez exclusiva de la sentencia del 1º de octubre de 2024. En consecuencia, pidió rechazar el cargo.

c. Tercer cargo – primero subsidiario (violación directa de la ley sustancial por aplicación indebida del régimen de prescripción): La defensa afirmó que la Fiscalía desconoció irretroactividad y favorabilidad. Las normas posteriores no resultan aplicables para sustentar imprescriptibilidad, y que tratándose de un particular el nuevo término corría por diez años. Por consiguiente, solicitó desestimar el cargo.

d. Cuarto cargo – segundo subsidiario (violación indirecta de la ley sustancial por falso raciocinio, respecto del homicidio de Luis Gregorio López Peralta): Afirmó que la Fiscalía no identificó la regla de la sana crítica supuestamente vulnerada, ni reparó en la trascendencia del error alegado. A su juicio, el Tribunal Superior de Bogotá valoró integralmente la prueba y concluyó, de manera razonada, que no se superó la duda. En virtud de ello, pidió a la Sala negar el cargo.

3. Demanda de casación de la parte civil

a. Primer cargo - principal (nulidad por la existencia de irregularidades sustanciales que afectaron el debido proceso): Sostuvo que no existió una sentencia válida distinta de la proferida el 1º de octubre de 2024. Explicó que el documento invocado correspondió a un proyecto de fallo que no culminó el debate deliberativo, no hizo tránsito a cosa juzgada y, por esa razón, no fue publicado.

Resaltó que la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Bogotá resolvió válidamente el conflicto de reparto, conforme al Acuerdo PCSJA17-10715 de 2017, y a las reglas internas del Tribunal, en especial el Acuerdo 001 del 30 de enero de 2023, y que tal decisión se avaló en sede constitucional mediante la sentencia CSJ STL16542-2024, 30 oct. 2024, rad. 109579, con efectos de cosa juzgada, lo cual impide reabrir el debate por vía de casación. Por lo tanto, solicitó rechazar el cargo.

b. Segundo cargo – subsidiario (violación indirecta de la ley sustancial por falso raciocinio, respecto del homicidio agravado de Luis Gregorio López Peralta): Afirmó que la parte civil confundió discrepancia probatoria con error de hecho. Los testimonios de alias «Kike» y «Pablo» y de los familiares de las víctimas no acreditaron orden homicida atribuible al procesado. Incluso testigos cercanos al acusado reconocieron ausencia de conocimiento directo sobre un eventual rol determinador.

La defensa afirmó que el Tribunal valoró correctamente las pruebas. El análisis concluyó que el estándar exigido para condenar no resultó superado. Pidió desestimar el cargo.

C. Apoderado de la parte civil

1. Demanda de casación de la Procuraduría 10ª Judicial II Penal de Bogotá

a. Primer cargo - principal (nulidad por la existencia de irregularidades sustanciales que afectaron el debido proceso): El apoderado de la parte civil se adhirió al cargo formulado por el Ministerio Público. Consideró que dicho reproche reproduce los mismos vicios estructurales denunciados por la Fiscalía y por la propia parte civil. Indicó que el cargo coincide con las irregularidades sustanciales ya denunciadas en su propia demanda y que afectaron el debido proceso penal constitucional. Solicitó acoger el cargo.

b. Segundo cargo - subsidiario (violación directa de la ley sustancial por aplicación indebida del régimen de prescripción): Aunque no desarrolló este reproche en su demanda, el apoderado manifestó coadyuvancia. Reiteró que la Corte debe pronunciarse sobre la aplicación de la prescripción en contextos de criminalidad grave. Fundó la solicitud en la necesidad de consolidar la línea jurisprudencial en ese sentido.

c. Tercer cargo – subsidiario (violación indirecta de la ley sustancial por error de hecho en la apreciación y valoración de diversos testimonios respecto del homicidio de Luis Gregorio López Peralta): El apoderado de la parte civil secundó el cargo orientado a restablecer la condena por el homicidio de López Peralta. Afirmó que el Tribunal fijó los hechos de manera incompatible con la prueba legalmente incorporada al proceso. Indicó fragmentación del análisis probatorio y desconocimiento del contexto de violencia e intimidación que rodeó el crimen. En ese orden, solicitó casar la sentencia impugnada.

2. Demanda de casación de la Fiscalía 11 Delegada ante la Corte Suprema de Justicia

a. Primer cargo - principal (nulidad por falta de competencia del juez de segunda instancia): El apoderado de la parte civil coadyuvó el reproche. Afirmó que la sentencia del 1º de octubre de 2024 provino de una Sala carente de competencia funcional, dada la existencia previa de una sentencia de segunda instancia producida por la Sala de Decisión a la que correspondió el asunto por reparto. Indicó que el reparto inicial condujo a la conformación de una Sala que ya había adoptado determinación de fondo. Tal irregularidad afectó gravemente el debido proceso y tornó ilegítima la providencia cuestionada. Solicitó admitir el cargo y declarar la nulidad de esa actuación.

b. Segundo cargo – principal (nulidad por falta de competencia respecto de la absolución del homicidio de Luis Gregorio López Peralta): Compartió el planteamiento fiscal respecto de la absolución del homicidio de Luis Gregorio López Peralta. Indicó que la decisión provino de un órgano judicial incompetente. Explicó que este vicio resulta escindible del reproche anterior. Si la Sala de Decisión carecía de competencia para dictar sentencia, tampoco ostentaba atribución para absolver al procesado. En tal medida, solicitó pronunciamiento de fondo y dejar sin efectos dicha absolución.

c. Tercer cargo - primero subsidiario (violación directa de la ley sustancial por aplicación indebida del régimen de prescripción): El apoderado de la parte civil coadyuvó el cargo orientado a cuestionar la prescripción de los homicidios de Luis Alejandro Rodríguez Frías y Rosa Mercedes Cabrera Alfaro. Precisó que no desarrolló este reproche en su propia demanda por ausencia de interés jurídico.

No obstante, solicitó a la Corte admitir el cargo y resolverlo de fondo. Fundó la solicitud en la necesidad de consolidar la línea jurisprudencial prescriptiva de esta clase de delitos, dada la condición de órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria.

4. Cuarto cargo - segundo subsidiario (violación indirecta de la ley sustancial por falso raciocinio violación respecto del homicidio de Luis Gregorio López Peralta): Coadyuvó plenamente este reproche. Afirmó que el Tribunal incurrió en errores graves al valorar la prueba indiciaria relacionada con el homicidio de Luis Gregorio López Peralta. Esa Corporación exigió indebidamente prueba directa, pese a la existencia de hechos indicadores graves y concordantes. Solicitó casar la sentencia parcialmente y dictar fallo condenatorio.

3. Demanda de casación de la defensa del procesado

Cargo único (violación directa de la ley sustancial por aplicación indebida del artículo 340, inciso 2°, del CP de 2000): Explicó que el recurrente incurrió en una mixtura indebida, debido a que invocó la violación directa de la ley sustancial, pero desarrolló argumentos propios de la violación indirecta. Destacó que, conforme a la jurisprudencia reiterada de la Sala, quien acude a la causal de violación directa debe aceptar los hechos declarados probados y sus conclusiones y limitar su reproche a un debate estrictamente normativo, exigencia que la defensa no cumplió. Por ello, solicitó inadmitir la demanda.

VII. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

El concepto rendido por la Procuraduría Delegada Primera para la Casación Penal abordó, de manera diferenciada, las cuatro demandas de casación interpuestas contra la sentencia de segunda instancia del 1º de octubre de 2024, proferida por el Tribunal Superior de Bogotá. El análisis se realizó respetando el orden de presentación de cada demanda y los cargos formulados en cada una de ellas, así:

1. Demanda de casación de la Procuraduría 10ª Judicial II Penal de Bogotá

a. Primer cargo - principal (nulidad por la existencia de irregularidades sustanciales que afectaron el debido proceso): Explicó que, bajo la Ley 600 de 2000, las nulidades responden al principio de taxatividad y exigen la demostración de una irregularidad sustancial con aptitud real para afectar el debido proceso o el derecho de defensa. Puso énfasis en que los proyectos de providencia que carecen de firma y publicidad no adquieren existencia jurídica ni producen efectos procesales.

Con fundamento en lo anterior, indicó que en este caso la única decisión válida corresponde a la sentencia del 1º de octubre de 2024, suscrita por los magistrados competentes y debidamente notificada. Concluyó que eventuales desajustes administrativos internos del Tribunal no comprometen la competencia funcional ni erosionan la validez de la decisión judicial. Por ende, el cargo carece de vocación de prosperidad.

b. Segundo cargo – subsidiario (violación directa de la ley sustancial por aplicación indebida del régimen de prescripción): Sostuvo que el Tribunal aplicó correctamente el principio de favorabilidad al acudir a los artículos 83 y 86 del CP de 2000, por resultar más benignos frente a un sujeto activo no calificado. Precisó que la resolución de acusación quedó ejecutoriada el 8 de mayo de 2014, momento desde el cual corrió un nuevo término prescriptivo en la fase de juzgamiento, limitado a diez años. Verificó que dicho lapso feneció el 8 de mayo de 2024, antes de la decisión de segunda instancia.

En consecuencia, avaló la declaratoria de prescripción de la acción penal derivada de los homicidios perpetrados contra Luis Alejandro Rodríguez Frías y Rosa Mercedes Cabrera Alfaro, por lo que concluyó que el cargo no debe prosperar.

c. Tercer cargo – subsidiario (violación indirecta de la ley sustancial por error de hecho en la apreciación y valoración de diversos testimonios respecto del homicidio de Luis Gregorio López Peralta): La Procuraduría Delegada Primera para la Casación Penal consideró infundados los errores atribuidos al Tribunal en la valoración de los testimonios de Yandra Cecilia Brito Carrillo y Jesús Albeiro Guisao, al no evidenciar tergiversación ni omisión trascendente.

Además, descartó los dos falsos juicios de existencia propuestos sobre el móvil y sobre la capacidad y oportunidad del procesado. Solo estimó configurado el quinto reproche, por falso raciocinio, al advertir que el Tribunal desconoció reglas de la experiencia relacionadas con el temor generalizado, las retractaciones inducidas y la capacidad intimidatoria del procesado. Por ello, concluyó que el cargo prospera únicamente en ese componente y solicitó casar parcialmente la sentencia.

2. Demanda de la Fiscalía 11 Delegada ante la Corte Suprema de Justicia

a. Primer cargo – principal (nulidad por falta de competencia del juez de segunda instancia) y segundo cargo – principal (nulidad por falta de competencia respecto de la absolución del homicidio de Luis Gregorio López Peralta): El delegado se remitió a los argumentos expuestos frente al primer cargo formulado por la Procuraduría 10ª Judicial II Penal de Bogotá y concluyó que la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Bogotá, que adoptó el fallo recurrido, actuó dentro de sus competencias constitucionales y legales. En ese orden, en su criterio, los cargos no tienen vocación de prosperidad.

b. Tercer cargo - primero subsidiario (violación directa de la ley sustancial por aplicación indebida del régimen de prescripción): Descartó la tesis de la imprescriptibilidad al precisar que la calificación de los hechos como delitos de lesa humanidad no se efectuó en la resolución de acusación, etapa en la que debía definirse para garantizar el derecho de defensa.

Añadió que, aun en ese evento, la individualización y vinculación formal del procesado activa nuevamente los términos prescriptivos y precisó que, al tratarse de un sujeto activo no calificado, el nuevo término prescriptivo en la fase de juzgamiento corrió por diez años y venció el 8 de mayo de 2024. En consecuencia, avaló la decisión del Tribunal y consideró que el cargo carece de fundamento.

c. Cuarto cargo - segundo subsidiario (violación indirecta de la ley sustancial por falso raciocinio, respecto del homicidio de Luis Gregorio López Peralta): El Ministerio Público respaldó el planteamiento de la Fiscalía. Señaló que el Tribunal fragmentó la prueba y desconoció un juicio indiciario integral, construido sobre el contexto de violencia política, el rol del procesado y el uso de estructuras criminales para eliminar contradictores, además de exigir indebidamente prueba directa y acudir a la idea de insuficiencia probatoria pese a la existencia de una cadena indiciaria apta para condenar. A su juicio, este cargo está llamado a prosperar.

3. Demanda de casación de la defensa del procesado

Cargo único (violación directa de la ley sustancial por aplicación indebida del artículo 340, inciso 2°, del CP de 2000): El delegado del Ministerio Público señaló que la condena emitida por el delito de concierto para delinquir agravado no debe casarse, pues la condena se apoyó en un acervo amplio y convergente, integrado por testimonios de víctimas y exintegrantes de grupos armados, informes de policía judicial y prueba indiciaria.

Destacó la acreditación del apoyo político, económico, logístico e institucional a estructuras armadas ilegales, así como la permanencia del acuerdo criminal. En consecuencia, solicitó no casar la sentencia respecto de este cargo.

4. Demanda de casación del apoderado de la parte civil

a. Primer cargo - principal (nulidad por la existencia de irregularidades sustanciales que afectaron el debido proceso). Reiteró que solo la sentencia firmada y publicitada produce efectos jurídicos y que no se demostró afectación sustancial al debido proceso ni irregularidad con aptitud para afectar garantías procesales o las bases fundamentales del juzgamiento. En su sentir, el cargo no debe prosperar.

b. Segundo cargo – subsidiario (violación indirecta de la ley sustancial por falso raciocinio, respecto del homicidio de Luis Gregorio López Peralta): El Ministerio Público se adhirió al cargo. Consideró que el Tribunal desconoció la valoración conjunta de los hechos indicadores y del contexto criminal, pese a existir un juicio indiciario coherente que permitía atribuir al procesado responsabilidad como determinador. En consecuencia, solicitó casar parcialmente la sentencia y, en su lugar, proferir fallo de reemplazo condenatorio.

Por lo expuesto, la Procuraduría Delegada Primera para la Casación Penal solicitó a la Sala no casar la sentencia, en lo relativo a la declaratoria de prescripción de los homicidios de Rodríguez Frías y Cabrera Alfaro, la condena impuesta al procesado como autor del delito de concierto para delinquir agravado y las nulidades alegadas. Por el contrario, casar parcialmente el fallo impugnado para revocar la absolución por el homicidio de Luis Gregorio López Peralta y, en su lugar, dictar sentencia de reemplazo condenatoria.

VIII. CONSIDERACIONES

A. Competencia

1. Según los artículos 235.1 de la CN, 75.1 y 205 del CPP, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia es competente para conocer los recursos de casación interpuestos por la Procuraduría 10ª Judicial II Penal de Bogotá, la Fiscalía 11 Delegada ante la Corte, la defensa de Juan Francisco Gómez Cerchar y el apoderado de la parte civil, contra la sentencia dictada el 1° de octubre de 2024 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá. Esta providencia, entre otros, revocó parcialmente el fallo emitido el 23 de junio de 2017 por el Juzgado 9° Penal del Circuito Especializado de Bogotá.

2. La impugnación extraordinaria recae sobre una sentencia de segundo grado proferida en un proceso adelantado por conductas punibles cuya pena máxima supera el umbral previsto en el artículo 205 del CPP. Los recurrentes ostentan legitimación e interés jurídico.

La Fiscalía, la Procuraduría y la parte civil lo adquieren en cuanto declaró prescrita la acción penal derivada de los homicidios de Luis Alejandro Rodríguez Frías y Rosa Mercedes Cabrera Alfaro, absolvió al procesado por el homicidio de Luis Gregorio López Peralta y revocó la condena en perjuicios reconocida a favor de Diana Carolina López Zuleta. Por su parte, la defensa conserva interés porque la segunda instancia mantuvo la condena por concierto para delinquir agravado.

Delimitación del problema jurídico

3. Tras la admisión de las demandas y la emisión del concepto del delegado del Ministerio Público, la Sala examinará los problemas jurídicos planteados por los impugnantes. Si bien los escritos de sustentación presentan algunas falencias de técnica casacional, las superará con el propósito de preservar las finalidades del recurso extraordinario previstas en el artículo 206 del CPP: asegurar la efectividad del derecho material, proteger las garantías de los intervinientes, reparar los agravios ocasionados y contribuir a la unificación de la jurisprudencia.

4. Los motivos casacionales formulados por la Procuraduría 10ª Judicial II Penal de Bogotá, la Fiscalía 11 Delegada ante la Corte y el apoderado de la parte civil, aunque difieren en extensión, énfasis y densidad argumentativa, convergen en varios núcleos problemáticos que permiten un tratamiento conjunto. Esa convergencia no surge de una identidad plena en la técnica de formulación ni en la estructura interna de cada demanda, sino de la coincidencia material de los efectos jurídicos que persiguen. Bajo ese entendido, la Sala agrupará su estudio para evitar reiteraciones innecesarias, como ya lo ha hecho en otras oportunidades.

5. Para resolver los problemas jurídicos con un orden lógico, la Sala abordará, en primer lugar, los cargos principales de nulidad, ligados al juez natural, la competencia funcional, la colegialidad, la alegada decisión previa y la actuación de la Sala de Gobierno del Tribunal. Si ese bloque no prospera, examinará los cargos subsidiarios de violación directa sobre la prescripción de la acción penal por los homicidios de Luis Alejandro Rodríguez Frías y Rosa Mercedes Cabrera Alfaro.

Posteriormente, resolverá el cargo único de la defensa, formulado por la vía directa, acerca de la tipicidad del concierto para delinquir agravado. Por último, abordará los motivos casacionales relacionados con la violación indirecta frente al homicidio agravado cometido en perjuicio del concejal Luis Gregorio López Peralta, a partir de errores de hecho en la apreciación y valoración de los medios de conocimiento.

C. Análisis del caso concreto

1. Nulidad por competencia funcional y existencia jurídica del fallo de segunda instancia

6. La Procuraduría 10ª Judicial II Penal de Bogotá, la Fiscalía y el apoderado de la parte civil invocaron la causal tercera del artículo 207 del CPP, con similar sustento fáctico y jurídico. La Fiscalía formuló dos cargos principales y asignó al segundo un efecto concreto sobre la absolución por el homicidio de Luis Gregorio López Peralta. Sin embargo, ambos reproches, al igual que los formulados por la Procuraduría Judicial II y la parte civil, confluyen en una controversia única: la aptitud jurídica del texto rotado en mayo de 2024 para cerrar la competencia funcional del Tribunal.

7. La defensa, al intervenir como no recurrente, pidió desestimar los cargos. Atribuyó al documento suscrito por Aura Alexandra Rosero Baquero y Juan Carlos Garrido Barrientos la condición de proyecto inconcluso, aún sujeto a deliberación, sin clausura colegiada ni publicidad procesal. Añadió que la Sala de Gobierno podía dirimir el conflicto interno de reparto con apoyo en el Acuerdo PCSJA17-10715 de 2017, decisión avalada en sede constitucional mediante la sentencia CSJ STL16542-2024, 30 oct. 2024, rad. 109579. La Procuraduría Delegada Primera para la Casación Penal respaldó esta postura.

8. La nulidad constituye un remedio extremo orientado a sanear la estructura del proceso o a proteger prerrogativas fundamentales. No es un cauce para reabrir debates ya resueltos por otras vías, ni para corregir cualquier inconformidad frente a decisiones adversas. El artículo 306 del CPP limita ese instituto a causales específicas: falta de competencia del funcionario judicial, comprobada existencia de irregularidades sustanciales que afecten el debido proceso y violación del derecho de defensa.

La Corte ha reiterado, acorde con el artículo 310 del CPP, que la proposición y el examen de una censura de esta índole debe atender los principios de taxatividad, convalidación, acreditación, protección, instrumentalidad de las formas, residualidad y trascendencia. Estos postulados tienen carácter acumulativo, por la ausencia de cualquiera impide la prosperidad del motivo casacional.

9. Este caso, la Sala advierte que los recurrentes satisfacen, al menos de manera inicial, algunos de los presupuestos mencionados. Invocan una causal concreta de nulidad, ubican el vicio en la falta de competencia de la Sala de Decisión del Tribunal que dictó la sentencia recurrida y la comprobada existencia de irregularidades sustanciales que afectan el debido proceso. Además, fijan el momento procesal en que, a su juicio, surgió la irregularidad: la expedición del fallo del 1° de octubre de 2024, luego de que una mayoría anterior habría adoptado ya una decisión definitiva.

También concurre, en términos generales, el principio de protección, porque ninguno de ellos dio lugar al trámite interno adelantado en el Tribunal. Tampoco surge una convalidación clara, ya que la Fiscalía objetó la actuación de la Sala de Gobierno el 27 de agosto de 2024 y los demás sujetos procesales mantuvieron ese cuestionamiento en casación. Superado ese examen preliminar, la Sala determinará si las censuras acreditan las causales propuestas y reúnen los presupuestos de residualidad, instrumentalidad de las formas y trascendencia.

10. Bajo esos parámetros, la Corte fija la cronología del trámite surtido en segunda instancia en el siguiente esquema:

Fecha

Actuación

Descripción

10 de agosto de 2017

Reparto

La Secretaría de la Sala Penal del Tribunal asignó el asunto, por reparto, al Despacho 02, entonces a cargo del magistrado Álvaro Valdivieso Reyes.

12 y 26 de enero de 2023

Presentación de proyecto de fallo confirmatorio y deliberación

El 12 de enero de 2023, el magistrado Valdivieso Reyes circuló proyecto de fallo confirmatorio a los magistrados Jorge Enrique Vallejo Jaramillo y Jaime Andrés Velasco Muñoz, quienes devolvieron el texto con observaciones el 26 de ese mes.

18 de febrero de 2023

Caso fortuito y recomposición de la Sala de Decisión

El magistrado Álvaro Valdivieso Reyes falleció. En esa fecha, el doctor Ricardo Mojica Vargas asumió temporalmente la titularidad del Despacho 02.

7 de diciembre de 2023

Segunda recomposición de la Sala de Decisión

La magistrada Yenny Patricia García Otálora asumió en propiedad el Despacho 02. Desde entonces, la Sala de Decisión quedó integrada por los magistrados García Otálora, Juan Carlos Garrido Barrientos y Carlos Andrés Guzmán Díaz.

25 de enero de 2024

Tercera recomposición de la Sala de Decisión

La magistrada Aura Alexandra Rosero Baquero asumió temporalmente el mismo despacho por licencia de su titular.

15 de febrero de 2024

Presentación de nuevo proyecto de fallo confirmatorio

La magistrada Rosero Baquero registró y circuló nuevo proyecto de fallo confirmatorio. Incorporó observaciones previas formuladas durante una integración anterior de la Sala.

8 de mayo de 2024

Deliberación y prescripción parcial

La acción penal por el doble homicidio de Luis Alejandro Rodríguez Frías y Rosa Mercedes Cabrera Alfaro prescribió.

14 de mayo de 2024

Aprobación del primer integrante de la Sala de Decisión

El magistrado Juan Carlos Garrido Barrientos aprobó y suscribió la ponencia. Luego remitió el expediente al despacho de Carlos Andrés Guzmán Díaz, tercer integrante de la Sala.

15 de mayo de 2024

Cuarta recomposición de la Sala de Decisión

El magistrado Guzmán Díaz devolvió la ponencia confirmatoria con observaciones de forma. Ese día, la magistrada Yenny Patricia García Otálora retomó la titularidad del Despacho 02.

2 de julio de 2024

Presentación de nuevo proyecto de fallo mixto

García Otálora registró y circuló proyecto distinto, con sentido mixto. La Sala de Decisión quedó integrada por los magistrados María Leonor Oviedo Pinto y Jaime Andrés Velasco Muñoz.

5 de julio de 2024

Conflicto de reparto

La magistrada Oviedo Pinto promovió conflicto de reparto. En su criterio, ya existía sentencia de segunda instancia.

22 de agosto de 2024

Resolución conflicto de reparto

La Sala de Gobierno del Tribunal mantuvo el conocimiento en la Sala integrada por García Otálora, Oviedo Pinto y Jaime Andrés Velasco Muñoz.

27 de agosto de 2024

Solicitud de reconsideración

La Fiscalía solicitó reconsideración de la decisión a la Sala de Gobierno.

10 de septiembre de 2024

Ratificación de decisión

La Sala de Gobierno negó la reconsideración presentada.

1° de octubre de 2024

Sentencia recurrida

La Sala de Decisión integrada por García Otálora, Oviedo Pinto y Velasco Muñoz profirió sentencia mixta. La magistrada Oviedo Pinto salvó voto.

11. De entrada, la Corte advierte que esa secuencia revela un trámite institucional accidentado. La actuación transitó por relevos temporales, recomposiciones sucesivas de la Sala, desacuerdos internos sobre el estado de la deliberación e intervención de la Sala de Gobierno. Sin embargo, esa constatación no basta para declarar la nulidad pretendida. Los cargos solo prosperan ante una providencia previa, jurídicamente perfeccionada, capaz de privar de competencia al órgano decisor posterior y de convertir el fallo del 1° de octubre de 2024 en un acto expedido por fuera del marco funcional.

12. El artículo 172 de la Ley 600 de 2000 regula la adopción de providencias dictadas por jueces plurales. En esa dirección, dispone que «los autos interlocutorios y las sentencias serán proferidas por (…) la sala de decisión penal de los tribunales» y exige «mayoría absoluta de votos». Esto en concordancia con los artículos 54 y 56 de la Ley Estatutaria 270 de 1996, modificada por la Ley Estatutaria 2430 de 2024. El primero exige asistencia y voto de la mayoría de los integrantes de la sala o sección para deliberar y decidir. El segundo remite al reglamento interno la forma de expedición y firma de las providencias adoptadas. Además, ubica el salvamento y la aclaración de voto en un momento posterior a la decisión.

13. El artículo 10 del Acuerdo PCSJA17-10715 de 2017, «Por el cual se adoptan las reglas generales para el funcionamiento de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial», desarrolla ese esquema institucional. Esa disposición ordena al ponente elaborar el proyecto, registrarlo en secretaría y citar a sala. Luego, tras la aprobación del proyecto, aquel debe remitir el texto a los magistrados intervinientes para firma. A partir de ese momento, surge la posibilidad de presentar salvamento o aclaración de voto. Los artículos 13 y 14 completan ese diseño, al demandar quórum deliberatorio y decisorio, así como la elaboración de las respectivas actas.

14. Ese marco normativo refleja una secuencia: registro de proyecto, convocatoria, deliberación, aprobación mayoritaria, suscripción del texto adoptado, eventual manifestación disidente o aclaratoria y publicación y constancia secretarial. La providencia colegiada excede la simple concurrencia material de firmas, porque la decisión de un órgano plural requiere formación institucional de voluntad, cierre del debate y fijación de un texto asumido por la Sala.

Esa distinción adquiere importancia decisiva en este asunto. Los demandantes atribuyen a dos firmas concurrentes el valor propio de una sentencia perfeccionada. Su razonamiento convierte la mayoría numérica en equivalente funcional de providencia final y desplaza elementos indispensables del trámite colegiado: deliberación concluida, aprobación, texto definitivo, constancia de lo resuelto y exteriorización jurisdiccional atribuible a la Sala.

15. Ese marco hermenéutico fija el punto de llegada para el examen del caso. Aquí el expediente muestra que el acto ocurrido entre el 14 y el 15 de mayo de 2024 agotó una fase interna parcial. En ese lapso, el magistrado Juan Carlos Garrido Barrientos expresó adhesión al proyecto de la magistrada Aura Alexandra Rosero Baquero. Esa adhesión tuvo relevancia dentro del trámite deliberativo, pero debía apreciarse junto con el curso posterior del trámite.

Después de esa adhesión, el magistrado Carlos Andrés Guzmán Díaz devolvió el proyecto con observaciones. Ese retorno refleja continuidad de la discusión y revela que admitía ajustes, objeciones o precisiones antes de adquirir forma de providencia judicial. También descarta fijación definitiva del texto por el cuerpo colegiado, porque permaneció dentro del ámbito de deliberación entre magistrados.

16. Los recurrentes apoyan la tesis en la sola concurrencia de dos firmas. Ese enfoque reduce el acto colegiado a una regla mecánica de conteo y deja por fuera el proceso de formación de la voluntad institucional. La mayoría absoluta constituye presupuesto de validez decisoria, pero adquiere sentido jurisdiccional dentro de un trámite que incluye deliberación cerrada, texto consolidado, actas secretariales y exteriorización.

17. Ahora bien, la entidad material de las observaciones tampoco incide en el análisis. Basta su existencia para demostrar que el tercer magistrado actuaba dentro del proceso formativo del acto y que el proyecto aún estaba en deliberación. En un órgano colegiado, la deliberación no termina por la sola adhesión de dos despachos, sino por la consolidación del texto definitivo que la Sala asume como propio.

La regulación del salvamento y de la aclaración de voto refuerza esa conclusión. Tales manifestaciones presuponen una providencia ya adoptada por el órgano colegiado, frente a la cual un magistrado expresa desacuerdo, precisión o alcance particular. Aquí, el expediente muestra algo diferente: un texto devuelto con observaciones durante el tránsito interno del asunto, todavía ubicado en el campo del proyecto.

18. Bajo ese contexto, la tesis de la cosa juzgada formal carece de apoyo suficiente. La cosa juzgada formal exige estabilidad procesal derivada de una decisión judicial acabada. Esa estabilidad no surge de un proyecto en circulación, aunque registre apoyos mayoritarios, pues el proyecto pertenece al proceso interno de construcción de la providencia. La sentencia, en cambio, presupone cierre deliberativo, fijación del texto y exteriorización jurisdiccional. Solo desde ese estadio puede predicarse intangibilidad dentro del proceso.

19. Esta Corporación tampoco acoge el planteamiento según el cual la magistrada Yenny Patricia García Otálora, que retornó a la titularidad del Despacho 02 el 15 de mayo de 2024, tenía el deber de convalidar lo realizado por su reemplazo temporal. Ese argumento presupone, otra vez, una decisión ya perfeccionada. Como ese presupuesto no quedó acreditado, la consecuencia también decae.

Sin formalización de la postura del tercer magistrado, la magistrada no recibió una providencia cerrada, sino un expediente con deliberación inconclusa. En ese escenario, podía presentar un proyecto propio. Esta afirmación no elogia el camino seguido. Solo reconoce que una irregularidad administrativa no transforma un proyecto en cosa juzgada ni vincula jurídicamente a quien reasume el cargo.

20. Algo semejante ocurre con la intervención de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Bogotá. Los recurrentes entremezclan dos planos distintos: la competencia funcional y el reparto interno. El superior funcional del Juzgado 9º Penal del Circuito Especializado de Bogotá siempre fue la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá. Ese dato nunca cambió. La controversia surgió dentro de esa misma Corporación, entre magistrados de igual especialidad, alrededor de quién debía culminar el conocimiento del recurso de apelación.

El artículo 6° del Acuerdo PCSJA17-10715 de 2017 asigna a la Sala de Gobierno la solución de conflictos de reparto entre magistrados. Aun si esa decisión administrativa admitiera reparos, tal discusión no basta para despojar de competencia funcional a la Sala de Decisión que finalmente dictó y notificó el fallo. A lo sumo, dejaría a la vista una disfunción interna. Ese dato, por sí solo, no derrumba la validez de la sentencia judicial.

21. La defensa destacó que la decisión administrativa recibió respaldo en sede constitucional. La Sala no necesita fundar en ese dato la negativa de la nulidad. Basta el análisis autónomo del expediente y de la Ley 600 de 2000. Aun así, esa referencia confirma un dato relevante: el debate sobre la supuesta existencia de una sentencia previa dista de la claridad que proclaman los recurrentes. Quien alega nulidad por falta de competencia debe demostrar un vicio ostensible, no una controversia interpretativa sobre el alcance de un proyecto.

22. Puestas así las cosas, el vicio formulado por los recurrentes no se ajusta a la causal prevista en el artículo 306, inciso 1°, del CPP. La supuesta falta de competencia descansa en la idea de una sentencia previa perfeccionada; al faltar ese presupuesto, también pierde sustento la nulidad por pérdida de competencia. La Sala tampoco advierte irregularidad sustancial autónoma en los términos del inciso 2°. Los desajustes internos del Tribunal no afectaron la segunda instancia, no impidieron contradicción, no alteraron el objeto de la apelación ni desplazaron al juez natural a favor de un órgano extraño.

23. Los reparos tampoco prosperan bajo el principio de instrumentalidad de las formas. La forma procesal que interesaba proteger en esta fase consistía en que el Tribunal resolviera la apelación mediante una providencia colegiada. Eso ocurrió. La sentencia del 1° de octubre de 2024 exteriorizó una decisión final, resolvió todos los puntos de la alzada y quedó debidamente notificada.

Dicho de otro modo, el acto procesal cuestionado sí cumplió la finalidad para la cual el ordenamiento prevé la intervención del juez plural en segunda instancia. Los recurrentes no demostraron que el fallo impugnado hubiera frustrado el fin propio de esa etapa por un defecto en la formación del órgano. Demostraron, cuando más, que el trámite previo resultó desordenado. La instrumentalidad impide equiparar ese desorden con invalidez automática.

24. Sumado a ello, la pretensión invalidatoria no cumple el presupuesto de residualidad, debido a que la nulidad no constituye aquí el único remedio posible. Los sujetos procesales acudieron al recurso extraordinario de casación para debatir de fondo los asuntos que les inquietan: la prescripción del doble homicidio, la absolución por el restante y la confirmación de la condena por concierto para delinquir agravado. La Corte puede revisar plenamente la juridicidad del fallo del 1° de octubre de 2024 sin destruir toda la segunda instancia.

25. La trascendencia tampoco concurre. De una parte, no existió una sentencia previa jurídicamente consolidada que hubiera vuelto incompetente al Tribunal. De otro, los propios recurrentes identifican como agravio real el contenido absolutorio y la declaratoria de prescripción. Ambos aspectos admiten examen casacional.

En cambio, la nulidad solo impondría devolver la actuación a una etapa anterior, con riesgo evidente para la vigencia de la acción penal derivada de los delitos de concierto para delinquir y homicidio, ambos agravados, subsistentes, y sin utilidad superior a la que ya ofrece el recurso extraordinario. Así, aún bajo la hipótesis de una gestión interna criticable y poco ortodoxa, el sistema dispone de un remedio menos drástico y más idóneo que la invalidación total del fallo.

26. Frente al segundo cargo propuesto por la Fiscalía, la Corte advierte que tampoco prospera. La absolución por el homicidio de Luis Gregorio López Peralta provino del único fallo de segunda instancia jurídicamente existente. La alusión al contexto de lesa humanidad no modifica ese examen. Esa calificación puede incidir en problemas de prescripción o caracterización material del hecho, pero no convierte un proyecto en sentencia ni transforma una controversia interna de reparto en falta de competencia funcional.

27. Por último, conviene resaltar que la seguridad jurídica no autoriza construir una sentencia a partir de actos de trámite. Exige identificar cuándo nace una providencia y cuándo persiste un proyecto susceptible de ajustes. Si la Corte atribuyera efectos jurisdiccionales a cualquier texto que registre dos apoyos preliminares, pese a que el tercero formule observaciones y a que falte constancia formal de cierre del debate, introduciría una fuente mayor de incertidumbre en el funcionamiento de los órganos colegiados. La tesis de los recurrentes no protege la seguridad jurídica. La compromete.

28. En suma, la Corte concluye que el texto rotado en mayo de 2024 conservó condición de proyecto circulado. Por ello, la Sala de Decisión que dictó el fallo del 1° de octubre de 2024 conservaba competencia funcional para decidir la apelación. Los cargos de nulidad por pérdida de competencia, quebranto de colegialidad, invalidez del reparto posterior e intervención indebida de la Sala de Gobierno no prosperan.

2. Violación directa de la ley sustancial: Prescripción de la acción penal respecto de los homicidios de Luis Alejandro Rodríguez Frías y Rosa Mercedes Cabrera Alfaro

29. La Fiscalía 11 Delegada ante la Corte Suprema de Justicia formuló, como primer cargo subsidiario, violación directa de la ley sustancial por aplicación indebida de los artículos 80, inciso 1°, y 84 del CP de 1980 e inaplicación del inciso segundo del artículo 83, inciso 2°, del CP de 2000. El eje de su censura radica en que la acción penal no podía extinguirse porque, a su juicio, el doble homicidio integra crímenes internacionales y, por ello, resulta imprescriptible.

La Delegada aceptó, como punto de partida del debate, que el Tribunal tuvo por acreditado que los homicidios de Luis Alejandro Rodríguez Frías y Rosa Mercedes Cabrera Alfaro ocurrieron el 7 de julio de 2000 y que Juan Francisco Gómez Cerchar no ejercía cargo público para esa fecha. Sin embargo, negó toda relevancia de este último dato, debido a que estimó que la connotación de lesa humanidad desplazaba cualquier discusión sobre el término ordinario de prescripción.

30. La Procuraduría 10ª Judicial II Penal de Bogotá también pidió revocar la declaratoria de prescripción y restablecer la condena de primera instancia. No obstante, su construcción jurídica siguió una ruta distinta. Su tesis principal no partió de la imprescriptibilidad, sino del cómputo ordinario del término. Defendió que, después de la ejecutoria de la resolución de acusación del 8 de mayo de 2014, debía correr un nuevo lapso equivalente a la mitad de la pena máxima del homicidio agravado, esto es, en su criterio, «quince años» (sic).

A partir de ello, rechazó la aplicación por favorabilidad del artículo 86 del CP de 2000. Sostuvo que atender el límite de diez años exigiría tomar el artículo 84 CP de 1980 la regla de interrupción y del artículo 86 del CP de 2000 el tope máximo en la fase de juzgamiento, combinación que, a su juicio, produciría una lex tertia ajena al sistema inquisitivo. Solo después, y como argumento añadido, afirmó que los homicidios formaron parte de un ataque sistemático contra la población civil y, por esa vía, podían catalogarse como crímenes de lesa humanidad.

31. Esa divergencia impone una primera precisión inicial. No cabe tratar las demandas de la Fiscalía y de la Procuraduría 10ª Judicial II Penal como si expresaran una misma censura con idéntica base argumentativa. La primera ancló toda su pretensión en la imprescriptibilidad. La segunda edificó su reproche principal sobre el cómputo ordinario, negó la aplicación de la favorabilidad y, solo de forma subsidiaria, invocó la lesa humanidad. En esas condiciones, la Sala debe resolver dos posturas autónomas, aunque ambas coincidan en una misma solicitud de revocatoria.

32. El apoderado de la parte civil no formuló, en su demanda, un cargo autónomo contra la prescripción del doble homicidio. Dirigió sus reparos hacia la nulidad de la segunda instancia y hacia la absolución por la muerte de Luis Gregorio López Peralta. Pese a ello, al actuar como no recurrente frente a las demandas de la Fiscalía y la Procuraduría, respaldó un pronunciamiento de fondo sobre la extinción de la acción penal y acompañó la pretensión de casar la sentencia en ese punto.

33. A su turno, la defensa pidió mantener incólume la declaratoria de prescripción. En primer término, negó la aplicabilidad de la imprescriptibilidad al caso concreto. Puso énfasis en que la sentencia CSJ SP7135-2014, 5 jun. 2014, rad. 35113 fijó un término prescriptivo de diez años, lapso que venció en mayo de 2024, tal como lo concluyó el Tribunal.

Además, precisó que los homicidios de Luis Alejandro Rodríguez Frías y Rosa Mercedes Cabrera Alfaro ocurrieron el 7 de julio de 2000, cuando Gómez Cerchar no ocupaba cargo público. A partir de esa premisa, afirmó que, tras la ejecutoria de la resolución de acusación, el nuevo término prescriptivo no podía exceder de diez años, por aplicación favorable de los artículos 80 y 84 del CP de 1980, en armonía con la jurisprudencia que hoy reconoce ese límite máximo en la fase de juzgamiento para el sujeto activo no calificado.

34. La Procuraduría Delegada Primera para la Casación Penal, al rendir concepto ante la Corte, se apartó de la postura sostenida por la Procuraduría 10ª Judicial II Penal. Avaló la solución del Tribunal por la vía de la favorabilidad y del sujeto activo no calificado. Precisó que la resolución de acusación quedó ejecutoriada el 8 de mayo de 2014 y que, desde ese momento, corrió un nuevo término de diez años, vencido el 8 de mayo de 2024, antes del fallo de segunda instancia.

35. De allí surge una segunda precisión necesaria: el Ministerio Público compareció con dos posturas opuestas. La Procuraduría 10ª Judicial II Penal, como recurrente, pidió revocar la prescripción. Por su parte, la Procuraduría Delegada, al emitir concepto, apoyó su subsistencia. La Sala no puede atribuir a ambas intervenciones un contenido institucional único. Debe individualizar cada postura, examinar su soporte argumentativo y resolver cuál merece acogida.

36. Puestas así las cosas, la Sala debe establecer si la sentencia del 1° de octubre de 2024 declaró válidamente extinguida la acción penal por los homicidios agravados cometidos en perjuicio de Luis Alejandro Rodríguez Frías y Rosa Mercedes Cabrera Alfaro, a partir de: i) la fecha de los hechos, ii) la calidad del sujeto activo no calificado, iii) la ejecutoria de la resolución de acusación, iv) la eventual recalificación de la conducta como crimen de lesa humanidad, y v) el alcance del principio de favorabilidad.

Cabe resaltar que esa delimitación armoniza con la naturaleza del cargo. Ni la Fiscalía ni la Procuraduría 10ª Judicial II Penal denuncian errores de apreciación o de raciocinio probatorio sobre este específico asunto. Ambas aceptan los hechos fijados por el Tribunal y controvierten la consecuencia jurídica extraída de ellos. Por eso acudieron, con corrección formal, a la causal primera del artículo 207 del CPP, cuerpo primero, por violación directa de la ley sustancial.

37. El examen del cargo impone partir de tres premisas invariables, acreditadas en la actuación. Primero, los homicidios de Luis Alejandro Rodríguez Frías y Rosa Mercedes Cabrera Alfaro ocurrieron el 7 de julio de 2000. Segundo, la resolución de acusación quedó ejecutoriada el 8 de mayo de 2014. Tercero, para el momento de los hechos el procesado no ocupaba cargo público. Sobre ese entramado normativo y fáctico corresponde resolver la controversia.

38. La última premisa descarta, desde ya, cualquier intento de prolongar el término prescriptivo por la calidad de servidor público. El Tribunal dejó sentado que, para el 7 de julio de 2000, Juan Francisco Gómez Cerchar no ostentaba investidura oficial. La defensa y el Procurador Delegado Primero acogieron esa base. Incluso la propia Procuraduría 10ª Judicial II Penal la admitió al desarrollar su cómputo, aunque más adelante planteó una salida distinta por otras vías. Ese dato imposibilita, de entrada, la aplicación del aumento de una tercera parte previsto para el sujeto activo calificado.

39. El precedente de la Corte fijado en la sentencia CSJ SP017-2019, 23 ene. 2019, rad. 53776, no rige el presente asunto. Allí esta Corporación resolvió un caso de concierto para delinquir agravado atribuido a servidores públicos vinculados a un proyecto político-paramilitar. El centro decisorio de ese fallo descansó en la permanencia del acuerdo criminal y en la proyección temporal de la calidad del sujeto activo. Ese supuesto no coincide con el presente asunto, referido a homicidios instantáneos consumados.

Bajo ese entendimiento, la Sala precisó que el servidor público vinculado con grupos armados ilegales realiza asociación para delinquir con fines de promoción no solo por actos concomitantes al cargo, sino también por actos anteriores y posteriores a su ejercicio. Esa tesis encuentra explicación en la naturaleza permanente del concierto para delinquir agravado.

40. Por lo tanto, esa regla no autoriza trasladar al doble homicidio una calidad funcional inexistente al momento de los hechos ni extender, por vía analógica, un presupuesto fáctico que aquí no concurre. La discusión, entonces, debe seguir otro cauce. Corresponde examinar, de un lado, la eventual imprescriptibilidad por lesa humanidad y, de otro, en subsidio, el cómputo ordinario del término prescriptivo.

41. Frente al debate relacionado con la declaratoria de la lesa humanidad. La Fiscalía construyó su censura sobre la imprescriptibilidad propia de los crímenes internacionales. La Procuraduría 10ª Judicial II Penal acudió a esa categoría como argumento complementario. Ambas posturas afirmaron que los homicidios de Luis Alejandro Rodríguez Frías y Rosa Mercedes Cabrera Alfaro integraron actividades de estructuras criminales responsables de ataques graves, generalizados o sistemáticos, contra la población civil.

42. La Sala ha sostenido que los crímenes fundamentales del derecho internacional son cuatro: (core crimes o core delicta iuris gentium): el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión. Respecto de los crímenes de lesa humanidad, ha precisado que constituyen graves violaciones de derechos humanos, de tal magnitud que no solo afectan a la población civil contra la que se dirige el ataque, sino que también «causa[n] un daño por la vía de la representación a toda la humanidad».

En ese orden, ha explicado que la declaratoria exige acreditar los presupuestos fijados por el artículo 7° del Estatuto de Roma. La conducta debe ocurrir «(i) como parte de un ataque, (ii) generalizado o sistemático, (iii) dirigido contra una población civil, (iv) de conformidad con la política de un Estado o de una organización de cometer ese ataque o para promover esa política, y (v) con conocimiento de dicho ataque».

De igual modo, esta Corporación ha señalado que «la declaratoria de crimen de lesa humanidad es un acto de connotación judicial que bien puede hacerlo el funcionario de la Fiscalía General de la Nación que cumpla el papel de acusador, o bien el juez de conocimiento».

43. Bajo ese contexto, cabe precisar que la Sala ha reconocido como hecho notorio la conformación de grupos armados ilegales, comúnmente conocidos como paramilitares. Estas estructuras ejercieron ocupación violenta y controlaron múltiples esferas de la vida social en diversas regiones del territorio nacional. La misma notoriedad cobija a las organizaciones criminales surgidas tras la desmovilización paramilitar. Muchas heredaron estructuras delictivas, métodos violentos y zonas de influencia. También disputaron el dominio territorial en varios departamentos del país.

La actividad de esas organizaciones afectó las reglas mínimas de convivencia social. En especial, recayó sobre población civil que no compartía sus intereses, estrategias o procedimientos. En ese propósito, tales agrupaciones dejaron entre sus víctimas a servidores públicos, funcionarios de policía judicial, alcaldes, líderes locales, defensores de derechos humanos y contradictores políticos.

La denominación de hecho notorio implica que un acontecimiento, situación o circunstancia no exige prueba específica dentro de cada actuación. Así lo ha entendido la jurisprudencia de la Sala en materia de dominio paramilitar y criminalidad organizada. Eso ocurrió en La Guajira. El departamento padeció la violencia paramilitar del Bloque Norte de las AUC. Luego, estructuras armadas y bandas criminales disputaron el control de amplias zonas, incluida Riohacha.

De ahí que el dominio territorial constituya una característica definitoria de tales organizaciones. Ese dominio no agotó su expresión en presencia armada. También comprendió intimidación colectiva, cooptación social, influencia política y sustitución violenta de la autoridad. La Sala ha reconocido que ese control, junto con el temor que produce en población, testigos y funcionarios, resulta determinante para evaluar fenómenos como el cambio de radicación.

44. En este caso, esa lectura general tiene correspondencia directa con las pruebas. Las instancias establecieron que Juan Francisco Gómez Cerchar sostuvo vínculos con dos estructuras armadas ilegales que actuaron en La Guajira. La primera correspondió a la organización dirigida por Marcos de Jesús Figueroa García, alias «Marquitos Figueroa». La segunda, al Bloque Norte de las AUC, bajo mando de Rodrigo Tovar Pupo, alias «Jorge 40», y Salvatore Mancuso Gómez.

La sentencia de segunda instancia mantuvo la condena por concierto para delinquir agravado. Para ello, tuvo por acreditada la relación funcional del procesado con integrantes de autodefensas y con la estructura de alias «Marquitos Figueroa». También aceptó apoyo económico, logístico y uso de inmuebles para ocultamiento.

Puestas así las cosas, la Sala valora ese delito como presupuesto fáctico que explica la inserción de los homicidios en un ataque sistemático contra población civil. En consecuencia, concluye que los homicidios de Luis Gregorio López Peralta, Luis Alejandro Rodríguez Frías y Rosa Mercedes Cabrera Alfaro acreditan los presupuestos materiales para recibir la calificación de crímenes de lesa humanidad.

El primer presupuesto concurre. Los homicidios formaron parte de un ataque. Un ataque, para estos efectos, alude a una línea de conducta violenta, expresada en homicidios selectivos, amenazas, silenciamiento de contradictores, control territorial e intimidación comunitaria. Los medios de conocimiento muestran que las organizaciones vinculadas al procesado ejecutaban homicidios mediante hombres armados. Ese proceder buscaba imponer obediencia, asegurar dominio local y castigar resistencias reales o atribuidas.

El segundo presupuesto también aparece acreditado. El ataque tuvo carácter sistemático. La sistematicidad deriva de la planificación, la repetición y el uso de estructuras con mando, armas, financiación, permanencia y capacidad operativa. En este asunto, aparece en la utilización de sicarios, incursiones armadas, amenazas, intimidación de testigos y aprovechamiento del dominio territorial. Tales rasgos descartan una suma casual de delitos.

El tercer presupuesto concurre sin dificultad. El ataque estuvo dirigido contra población civil. Las víctimas no integraban organización armada ni participaron en hostilidades. López Peralta era concejal, contradictor político y aspirante con proyección electoral. Su muerte encaja en la eliminación selectiva de líderes locales con capacidad de denuncia y oposición al dominio del procesado. Luis Alejandro Rodríguez Frías y Rosa Mercedes Cabrera Alfaro también formaban parte de la población civil. Su muerte ocurrió en una dinámica de violencia armada funcional al control territorial y al poder de la estructura de alias «Marquitos Figueroa».

El cuarto presupuesto también concurre. Los homicidios respondieron a la política de organizaciones armadas ilegales que operaban en La Guajira. Esa política criminal consistía en controlar territorios, eliminar adversarios, neutralizar denuncias, castigar desobediencias y afianzar hegemonías locales. Para ese fin, tales estructuras utilizaron homicidios, amenazas y terror. La política requerida por el derecho penal internacional no exige origen estatal. Puede provenir de organizaciones armadas ilegales con capacidad para ejecutar ataques contra población civil y sostenerlos en el tiempo.

El quinto presupuesto, relativo al conocimiento del ataque, también encuentra respaldo en las pruebas, ya que Gómez Cerchar no tuvo una relación casual, episódica o marginal con aquellas estructuras. Las instancias declararon probado su vínculo funcional con grupos armados ilegales. Además, lo ubicaron como actor político local con capacidad para promover, financiar, facilitar o aprovechar esos aparatos criminales.

45. Ahora bien, la conclusión anterior no conduce, sin más, a revocar la declaratoria de prescripción del doble homicidio. La jurisprudencia de la Sala distingue dos momentos. Antes de la individualización y vinculación formal, los delitos de lesa humanidad admiten investigación sin límite temporal. Después de la vinculación, la persona procesada no puede permanecer indefinidamente sometida al trámite penal.

En asuntos tramitados bajo la Ley 600 de 2000, la vinculación formal ocurre con la indagatoria o la declaratoria de persona ausente. Desde ese momento, la actuación debe respetar los términos ordinarios de investigación y juzgamiento. Esa regla no desconoce la gravedad del crimen. Armoniza el deber estatal de investigar graves violaciones a derechos humanos con las garantías del procesado.

Ese criterio impide otorgar a la imprescriptibilidad un alcance absoluto e indefinido una vez media vinculación formal. Por lo tanto, aún bajo la hipótesis más favorable a la Procuraduría 10ª Judicial II Penal y a la Fiscalía, esto es, reconocer que los hechos sí exhibieron rasgos materiales compatibles con la lesa humanidad, la jurisprudencia vigente somete el examen ulterior a las reglas ordinarias de prescripción. Desde esa perspectiva, la tesis propuesta tampoco conduce a la revocatoria pretendida.

46. Antes de abordar el cómputo de la prescripción de la acción penal derivada de los homicidios agravados cometidos en perjuicio de Luis Alejandro Rodríguez Frías y Rosa Mercedes Cabrera Alfaro, conviene fijar el marco casacional del debate. La Sala ha explicado que, cuando la prescripción opera antes de la sentencia de segunda instancia, el fallo posterior pierde sustento en la vigencia de la potestad punitiva y, por eso, su legalidad puede discutirse en casación.

Distinta resulta la hipótesis en la que el fenómeno sobreviene después de la decisión de alzada, evento en el cual la Corte declara la extinción sin revisar la corrección intrínseca del fallo. Aquí no ocurre eso. Si la acción penal prescribió el 8 de mayo de 2024, como lo concluyó el Tribunal, la sentencia del 1° de octubre del mismo año quedó sujeta al control extraordinario.

47. Ahora bien, el doble homicidio ocurrió el 7 de julio de 2000. Para esa fecha, estaba en vigor el CP de 1980. Ese estatuto dispuso, en el artículo 80, que la acción penal prescribe en «un tiempo igual al máximo de la pena fijada en la ley si fuere privativa de libertad, pero en ningún caso, será inferior a cinco años ni excederá de veinte». El artículo 84 añadió: «La prescripción de la acción penal se interrumpe por el auto de proceder, o su equivalente, debidamente ejecutoriado. // Interrumpida la prescripción, principiará a correr de nuevo por tiempo igual a la mitad del señalado en el artículo 80. En este caso, el término no podrá ser inferior a cinco años».

El CP de 2000, que entró a regir el 24 de julio de 2000, conservó en el artículo 83 la estructura del artículo 80 del CP de 1980, pero introdujo en el artículo 86 un límite máximo de diez años para la fase de juzgamiento, en los siguientes términos: «La prescripción de la acción penal se interrumpe con la formulación de la imputación. // Producida la interrupción (…), éste comenzará a correr de nuevo por un tiempo igual a la mitad del señalado en el artículo 83. En este evento el término no podrá ser inferior a cinco (5) años, ni superior a diez (10)». El desacuerdo recae sobre la duración del nuevo lapso prescriptivo que debía correr en la fase de juzgamiento.

48. La Procuraduría 10ª Judicial II Penal sostiene que el Tribunal incurrió en violación directa de la ley al analizar la prescripción respecto del doble homicidio, porque tomó del artículo 84 del CP de 1980 la regla de interrupción –ejecutoria de la resolución de acusación– y del artículo 86 del CP de 2000 el tope de diez años para la fase de juzgamiento. En su criterio, creó una lex tertia al combinar disposiciones de dos sistemas distintos: el inquisitivo y el acusatorio. A partir de ello, concluye que el nuevo término debía corresponder a la mitad del máximo punitivo del homicidio agravado, esto es, «quince años» (sic), acorde con el artículo 84 del CP de 1980.

49. Ese reparo no prospera. Incluso antes de acudir al artículo 86 del CP de 2000, la tesis de la demandante enfrenta un obstáculo dentro del propio régimen derogado. El artículo 84 del CP de 1980 remitía a «la mitad del señalado en el artículo 80», y ese precepto sujetaba la prescripción a un límite máximo de veinte años. En consecuencia, si el término previsto en el artículo 80 no podía exceder de veinte años, la mitad aplicable después de la interrupción tampoco podía superar diez años.

Esa lectura guarda correspondencia con la jurisprudencia de la Sala. En la sentencia CSJ SP2995-2021, 14 jul. 2021, rad. 57127, frente a un supuesto regido por el Decreto Ley 100 de 1980 y un sujeto activo no cualificado, la Corte explicó:

5.2.3 De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 80 del Decreto Ley 100 de 1980 y 83 de la Ley 599 de 2000, la acción penal prescribe en un tiempo igual al máximo de la pena fijada en la ley si fuere privativa de la libertad, tenidas en cuenta las circunstancias de agravación o atenuación concurrentes, sin que en ningún caso pueda ser inferior de cinco años, ni superior a veinte años.

Por su parte, los artículos 84 del Decreto Ley 100 y 86 de la Ley 599 establecen que la acción penal se interrumpe con el auto de proceder o su equivalente debidamente ejecutoriado y que, interrumpida la prescripción, el término empieza a correr de nuevo por un tiempo igual a la mitad del requerido para su consolidación, de acuerdo con los artículos inicialmente citados, sin que en ningún caso pueda ser inferior a cinco años.

5.2.4 En el caso de la especie, la resolución de acusación quedó ejecutoriada el 4 de marzo de 2015. Los hechos, como ya se indicó, ocurrieron entre los años 1999 y 2007. Al tener distinto tratamiento punitivo en el tiempo, debido a los tránsitos legislativos, es necesario analizar la prescripción frente a la normatividad aplicable al momento de ejecución de la conducta, a fin de establecer si operó ese fenómeno.

Como viene de verse, en vigencia del Decreto Ley 100 de 1980, la infracción delictiva tenía una pena máxima de prisión de sesenta años (duración límite de la pena corporal contemplada en el artículo 44).

No obstante, para efectos de prescripción –reitérese–, no excederá de veinte años. Ello significa que la acción penal frente a este estatuto no prescribió, pues, entre el inicio de cometimiento de las conductas punibles (1999) y la de ejecutoria de la resolución de acusación no transcurrieron veinte años (2019), y tampoco han corrido diez años desde esa ejecutoria a la fecha (se cumplirían en 2025).

50. Ese criterio resulta relevante por una razón precisa. No apoya la tesis de la Procuraduría, sino que la debilita. La Corte no tomó la mitad del máximo abstracto desligado del artículo 80. Por el contrario, partió del límite prescriptivo de veinte años y, desde allí, concluyó que después de la interrupción no habían corrido diez años. Así, el propio CP de 1980 ofrece una respuesta suficiente frente al cálculo propuesto por la recurrente: el término nuevo no era de quince años, sino de diez.

51. A ese motivo concurre otro, derivado del tránsito legislativo y del principio de favorabilidad. Los artículos 84 del CP de 1980 y 86 del CP de 2000 regulan el mismo instituto jurídico: la prescripción de la acción penal después de la interrupción. Su comparación no produce una combinación arbitraria de regímenes heterogéneos. Permite contrastar normas sucesivas sobre el mismo fenómeno y aplicar la consecuencia menos gravosa para el procesado.

La Sala así lo ha reconocido. En la sentencia CSJ SP035-2018, 25 ene. 2018, rad. 48412, aunque efectuó el cálculo con apoyo en el CP de 1980, precisó enseguida, al abordar la favorabilidad:

Además, para la contabilización de la prescripción, ninguna incidencia tiene que se aplique lo previsto en el inciso 2º del artículo 86 de la Ley 599 de 2000 o el canon 84, inciso 2º del Decreto Ley 100 de 1980, pues si bien este último no tiene un término máximo de prescripción, dicho tope, en este caso, es igual al límite de 10 años al que alude el artículo 86 del Código Penal vigente. Pero, si de todas maneras se aplicara por favorabilidad la Ley 599 de 2000, el resultado sería el mismo.

Ese pasaje permite extraer una conclusión clara: la tesis de la Procuraduría 10ª Judicial II Penal no solo controvierte la decisión del Tribunal. También reclama que la Corte abandone una línea que ha reconocido, para el sujeto no calificado, un máximo de diez años en la etapa de juzgamiento. La censora opta por la lectura más gravosa entre las plausibles, sin aportar fundamento suficiente para justificar ese viraje.

52. La calidad del sujeto activo confirma esa conclusión. El procesado no ostentaba condición de servidor público cuando ocurrieron los homicidios, como atrás quedó visto. Ese dato excluye cualquier prolongación del término prescriptivo por la vía del sujeto activo calificado. Por tanto, el análisis debe realizarse bajo la hipótesis del sujeto no calificado, aceptada por el Tribunal, por la defensa y por la Procuraduría Delegada ante la Corte.

53. Superado lo anterior, el cómputo concreto resulta definido. Los homicidios ocurrieron el 7 de julio de 2000. La resolución de acusación quedó ejecutoriada el 8 de mayo de 2014. Desde esa fecha comenzó a correr el nuevo término prescriptivo. Ese lapso no podía superar diez años, por dos razones convergentes: primero, porque el artículo 84 del CP de 1980 remitía a la mitad del término previsto en el artículo 80, cuyo máximo era de veinte años; segundo, porque el artículo 86 del CP de 2000 fijó expresamente ese mismo límite máximo de diez años para el juzgamiento.

La conclusión no cambia, aunque el análisis parta del marco punitivo del homicidio agravado bajo el CP de 1980. El Tribunal atendió la pena prevista en los artículos 323 y 324, numerales 7° y 8°, modificados por la Ley 40 de 1993, esto es, 720 meses de prisión. Sin embargo, para efectos de prescripción, el artículo 80 reducía el término máximo a veinte años. De ahí que la mitad aplicable tras la interrupción no pudiera exceder diez años.

Si el análisis, acorde con el principio de favorabilidad, parte de la pena prevista en los artículos 103 y 104, numerales 7° y 10°, del CP de 2000, cuyo máximo era de 480 meses de prisión, el resultado tampoco supera ese límite. Bajo cualquiera de esas hipótesis, el nuevo lapso culminó el 8 de mayo de 2024, varios meses antes del fallo de segunda instancia del 1° de octubre de ese año. En ese orden, el Tribunal no incurrió en yerro al declarar extinguida la acción penal.

54. El apoderado de la parte civil no desvirtúa esa conclusión. Su intervención coadyuva la necesidad de un pronunciamiento de fondo, pero no aporta una razón autónoma que permita superar ni el obstáculo de congruencia frente a la lesa humanidad, ni el cómputo del término, ni la falta de calidad de servidor público en la fecha del hecho. En esa medida, su adhesión sigue la suerte de los cargos formulados por la Fiscalía y por la Procuraduría 10ª Judicial II Penal.

55. En consecuencia, el primer cargo subsidiario de la Fiscalía 11 Delegada ante la Corte Suprema de Justicia y el segundo cargo subsidiario de la Procuraduría 10ª Judicial II Penal de Bogotá no prosperan. La Sala mantendrá incólume la sentencia recurrida en cuanto declaró prescrita la acción penal derivada de los homicidios agravados cometidos contra Luis Alejandro Rodríguez Frías y Rosa Mercedes Cabrera Alfaro y ordenó la cesación de procedimiento por esas conductas.

56. La Sala registra con profunda preocupación que la apelación permaneció sin decisión durante más de siete años, lo que permitió la prescripción de la acción penal por los homicidios de Luis Alejandro Rodríguez Frías y Rosa Mercedes Cabrera Alfaro. La gravedad de esa demora no deriva solo del tiempo transcurrido, sino de la naturaleza del asunto: dos homicidios atribuidos a un ataque contra población civil, ejecutado en un contexto de criminalidad organizada y control territorial.

La prescripción opera por mandato legal y la Corte debe reconocer sus efectos. Sin embargo, el vencimiento del término produjo una consecuencia institucional severa: impidió emitir una decisión de mérito sobre hechos que, por su conexión con un ataque generalizado o sistemático, reclamaban una respuesta judicial reforzada, oportuna y eficaz.

Por ello, aunque mantendrá la extinción de la acción penal, debe llamar la atención a la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá sobre el costo institucional de semejante tardanza. El proceso terminó por la manifiesta mora en que incurrió y que cerró el paso al juicio de responsabilidad frente a conductas con dimensión de crímenes de lesa humanidad, todo ello en claro perjuicio de los derechos de las víctimas y de las legítimas expectativas de justicia que alienta la sociedad frente a delitos tan graves como esos.

3. Violación directa de la ley sustancial, dirigido contra la condena por concierto para delinquir agravado

57. Aunque el cargo único de la defensa entremezcla reparos de subsunción con cuestionamientos sobre la valoración de las pruebas, la Sala superó esa incorrección técnica al admitir la demanda y abordará el reproche en su dimensión material. El punto decisivo radica en establecer si, a partir del marco fáctico fijado por las instancias, concurren los elementos del delito de concierto para delinquir agravado, previsto en el artículo 340, inciso 2°, del CP de 2000.

58. Desde esa perspectiva, conviene precisar el contenido real de la censura. La defensa sostuvo que «no existe una prueba de que (…) siquiera perteneció, era parte, directivo, comandante o cualquier otro tipo de participación en dichas organizaciones; mucho menos se puede indicar que esas estructuras surgieron con ocasión de venganzas políticas o personales de Gómez Cerchar»; que resultó arbitrario extender su consumación hasta 2014; y que la condena se apoyó en rumores, testimonios indirectos y valoraciones subjetivas, concatenadas artificialmente para aparentar tipicidad.

59. Ese reproche parte de una intelección restringida del artículo 340 del CP de 2000. La jurisprudencia reciente reiteró que el concierto para delinquir ocurre «cuando varias personas se asocian para cometer delitos indeterminados, ya sean homogéneos o heterogéneos. Es decir, en este punible la finalidad trasciende el simple acuerdo para la comisión de uno o varios delitos específicos y determinados, en cuanto se trata de la asociación de personas con vocación de permanencia en el tiempo». Por ello, el tipo no coincide con la coautoría ni con la simple concurrencia plural en un hecho aislado.

En esa línea también precisó que el injusto «no requiere la producción de un resultado y menos la ejecución de los ilícitos indeterminados que concretan el designio de la asociación criminal». Así las cosas, la Sala ha precisado que hay concierto para delinquir cuando: i) un acuerdo de voluntades entre varias personas con el fin de delinquir; ii) tal fin consiste en la realización de punibles indeterminados, aunque puedan ser determinables y; iii) la organización requiere vocación de permanencia con el objetivo de cometer delitos indeterminados, aunque se conozca su especie. Los dos primeros comportamientos se inscriben dentro de los denominados tipos de peligro y el tercero dentro de los de lesión.

De igual forma, la modalidad agravada del concierto para delinquir definida en el artículo 340, el inciso 2°, del CP de 2000, según la redacción vigente para la época de los hechos, no reclama creación originaria del grupo, pues el propio texto establece que tiene lugar si se realiza «para cometer delitos de genocidio, desaparición forzada de personas, tortura, desplazamiento forzado, homicidio, terrorismo, narcotráfico, secuestro extorsivo, extorsión o para organizar, promover, armar o financiar grupos armados al margen de la ley».

60. Bajo ese marco, la Corte examinará uno por uno los elementos estructurales del tipo. El análisis partirá del factum acogido por el Tribunal, no de una reconstrucción alternativa propuesta por el recurrente. Ese factum ubica a Juan Francisco Gómez Cerchar en relaciones funcionales estables con dos estructuras armadas ilegales: la comandada por Marcos de Jesús Figueroa García, alias «Marquitos Figueroa», entre enero de 1995 y el 5 de marzo de 2014, y el Bloque Norte de las AUC, entre mayo de 1997 y marzo de 2006.

61. El primer elemento concierne al acuerdo de voluntades. La defensa alegó que las organizaciones ya existían de tiempo atrás y que, por ello, faltaba concertación. El argumento no tiene vocación de prosperidad. La ley no castiga solo al fundador del aparato criminal. También comprende al sujeto que ingresa a una empresa ilícita ya existente, asume un papel funcional y la fortalece con aportes relevantes y estables.

El Tribunal no apoyó la inferencia sobre un solo medio de conocimiento. Articuló un haz probatorio convergente. En primer término, valoró la declaración de Sandra Patricia Ibarra Ochoa, quien relató la presencia pública y notoria de grupos paramilitares en La Guajira, describió la casa de Juan Francisco Gómez Cerchar como un «búnker» custodiado por hombres armados y lo señaló como patrocinador de grupos armados y colaborador de alias «Marquitos Figueroa», a quien identificó como jefe de sicarios en la región.

En segundo término, el Tribunal puso énfasis en la declaración de Erlín Enrique Cortés Fernández, alias «Kike Cortés». Este testigo afirmó que Marcos de Jesús Figueroa García mantenía cercanía con el procesado, que ingresaba acompañado por hombres armados a la casa de Juan Francisco Gómez Cerchar y que existía una relación funcional entre ambos. A ello se suma que, en declaración del 17 de octubre de 2013, el mencionado, alias «Kike Cortés», refirió que el acusado disponía de estructuras armadas a su servicio, ofrecía refugio a sicarios en su residencia, guardaba armas en la Gobernación o en fincas de su propiedad y utilizaba esas estructuras para amenazar y ejecutar homicidios.

En tercer término, el Tribunal y la primera instancia apreciaron el dicho de Yandra Cecilia Brito Carrillo, exalcaldesa de Barrancas. Ella narró que Juan Francisco Gómez Cerchar la mandó a llamar en varias ocasiones para exigir recursos con destino al patrocinio de candidatos, y agregó que en 2004 llegaron a su casa varios sujetos que dijeron pertenecer a las AUC para presionarla dentro de una decisión administrativa. Ese relato no describe cercanía social ni rumor de pueblo. Describe injerencia política apoyada por fuerza armada ilegal.

En cuarto término, el razonamiento judicial incorporó los testimonios de Salvatore Mancuso Gómez, Arnulfo Sánchez González, Jairo Alfonso Samper Cantillo, John Jairo Arrieta Zuleta y otros exintegrantes de las AUC. El Tribunal destacó que tales relatos explicaron ingreso, financiación y operación de estructuras armadas con apoyo de actores políticos locales. En particular, Arnulfo Sánchez González afirmó que el apoyo de Juan Francisco Gómez Cerchar era económico y logístico, que personal armado permanecía en sus fincas y que alias «Marquitos Figueroa» operaba como su brazo armado.

En quinto término, el fallo integró el informe de policía judicial N° 846090, derivado del allanamiento practicado el 19 de octubre de 2013, dentro del radicado 200016001231201302038. Ese informe documentó una habitación subterránea en un inmueble de propiedad del acusado y corroboró aspectos esenciales de los relatos testimoniales acerca del ocultamiento de hombres armados, armas y fugitivos. Ese dato material reviste alto valor incriminatorio, debido a que convierte el apoyo logístico en hecho verificable, no en mera conjetura.

62. La convergencia de esos medios de conocimiento permite afirmar el acuerdo criminal. Sandra Patricia Ibarra Ochoa mostró patrocinio y protección armada. Erlín Enrique Cortés Fernández describió cercanía funcional, refugio, armas y hombres al servicio del acusado. Yandra Cecilia Brito Carrillo reveló presión política respaldada por hombres de las AUC.

Arnulfo Sánchez González, Salvatore Mancuso Gómez, Jairo Alfonso Samper Cantillo y John Jairo Arrieta Zuleta explicaron la operatividad y el apoyo político, económico y logístico a esas estructuras. El informe N° 846090 aportó corroboración material. Ese conjunto no permite hablar de simple tolerancia, sino que impone reconocer un pacto funcional con aparatos armados ilegales.

63. El segundo elemento exige la existencia de una organización destinada a cometer delitos indeterminados. Aquí tampoco asiste razón a la defensa. El propio recurrente aceptó la preexistencia del Bloque Norte de las AUC y de la estructura de «Marquitos Figueroa». Lo que discute radica en el nexo del procesado con tales aparatos. Una vez acreditado ese vínculo funcional, el requisito organizativo aparece satisfecho sin dificultad, porque no hubo trato con individuos aislados, sino con dos empresas criminales armadas, permanentes, jerarquizadas y orientadas a múltiples delitos.

Los testimonios antes citados también esclarecen la finalidad delictiva indeterminada. Sandra Patricia Ibarra Ochoa habló de grupos paramilitares y de la jefatura sicarial de «Marquitos Figueroa». Yandra Cecilia Brito Carrillo relató exigencias de dinero y presión armada para incidir en decisiones públicas.

Arnulfo Sánchez González explicó apoyo económico y logístico, alojamiento de paramilitares y coordinación territorial. El informe de policía judicial mostró infraestructura clandestina para ocultamiento y protección. Todo ello trasciende uno o varios homicidios concretos. Revela una empresa criminal abierta y dirigida a sicariato, narcotráfico, intimidación, control territorial y captura de decisiones públicas.

64. El tercer elemento concierne a la vocación de permanencia y durabilidad. El argumento defensivo tampoco derruye este presupuesto. La acusación delimitó dos conciertos homogéneos, no uno solo. El primero, con la banda de «Marquitos Figueroa», entre 1995 y el 5 de marzo de 2014. El segundo, con el Bloque Norte de las AUC, entre 1997 y marzo de 2006. Por lo tanto, la sentencia no prolongó arbitrariamente un único concierto abstracto. Reconoció dos alianzas diferenciadas, ambas duraderas.

65. Tampoco resulta atendible la afirmación de la defensa según la cual el Tribunal omitió explicar por qué, si el concierto se prolongaba, no ocurrieron homicidios entre 2000 y 2014. El artículo 340 del CP de 2000, como atrás quedó visto, no exige una cadena visible e ininterrumpida de homicidios durante toda la vida del pacto, sino estabilidad del acuerdo y orientación a delitos indeterminados. La permanencia surge aquí del soporte político, económico y logístico constante a dos estructuras armadas; del uso reiterado de inmuebles; de la articulación con mandos armados, y del control territorial y político que esos grupos ejercieron por años en La Guajira.

66. A ello cabe añadir un dato que desarma buena parte del alegato defensivo. La crítica del recurrente habla del cese del paramilitarismo y, a partir de ahí, niega duración hasta 2014. Pero la acusación no limitó el cargo al Bloque Norte de las AUC. También incluyó la alianza con la estructura de Marcos de Jesús Figueroa García hasta el 5 de marzo de 2014. Así, la objeción defensiva omite uno de los dos conciertos objeto del fallo y, por esa vía, ataca una versión incompleta de la atribución de responsabilidad penal.

67. El cuarto elemento radica en la expectativa de peligro para la seguridad pública. Ningún esfuerzo especial requiere su demostración en este asunto. Cuando un dirigente político regional articula apoyo económico, refugio territorial, infraestructura clandestina, protección y coordinación institucional para dos estructuras armadas ilegales, el riesgo desborda por amplio margen una enemistad privada. Tal convergencia amenaza la vida, la libertad, la administración pública, la transparencia electoral y la tranquilidad colectiva. Precisamente por ese peligro expansivo el concierto para delinquir constituye delito autónomo.

68. Falta examinar el alcance del verbo rector «promover», punto sobre el cual la defensa formuló un reparo expreso. El cargo supone que promover equivale a crear, mandar militarmente o integrar orgánicamente el grupo. Esa lectura no resulta atendible. Para efectos del artículo 340, inciso 2°, del CP de 2000, promover comprende impulsar, fortalecer, sostener o facilitar la estructura armada ilegal dentro de un acuerdo estable orientado a ese fin. El Tribunal halló precisamente eso: patrocinio económico, apoyo logístico, refugio de sicarios, uso de inmuebles para ocultamiento, guarda de armas y articulación con actores armados y políticos locales. Tal conducta satisface el verbo típico atribuido.

69. En efecto, la Sala ha precisado que el artículo 340 del CP de 2000 recoge supuestos autónomos. En lo que interesa a este caso, el inciso 2° sanciona el acuerdo para promover grupos armados al margen de la ley, mientras el inciso 3° prevé una hipótesis distinta, referida a formas de intervención efectiva de mayor desvalor. En esa línea, al examinar pactos entre actores políticos y estructuras armadas ilegales, explicó:

Lo que de ordinario sucede en aparatos organizados de poder - todo para no desconocer el bien jurídico, el sentido del tipo penal, o los contenidos de la conducta-, el aporte del político a la causa paramilitar cuando coloca la función pública a su servicio debe mirarse no tanto en la creación de disfunciones institucionales - que, claro, le agregan mayor gravedad al injusto-, sino en la medida que con esa contribución se incrementa el riesgo contra la seguridad pública al potenciar la acción del grupo ilegal, como puede ocurrir cuando por la influencia de las autodefensas se crean condiciones materiales mediante inversión estatal en lugares donde la acción del paramilitarismo es evidente.

En otras palabras: la distorsión de la función estatal, cuando eso sucede, es la prueba del acuerdo; así como en el concierto simple, los delitos ejecutados en función del acuerdo son la manifestación del consenso ilegal. En el primer evento, si la distorsión de la función estatal implica la consumación de un injusto, concursará con el concierto para delinquir agravado, así como los delitos comunes lo hacen con el delito de concierto para delinquir simple.

Bajo esa comprensión, el inciso 2° no exige, de modo invariable, prueba de creación originaria del grupo ni incorporación formal a su organigrama militar. Basta acreditar que el autor, dentro del pacto ilícito, impulsó, sostuvo, fortaleció o facilitó de manera estable la capacidad operativa de la estructura armada ilegal. Por tanto, la defensa yerra cuando asume que la falta de prueba sobre fundación o jefatura formal excluye, por definición, la adecuación típica.

70. Ese criterio armoniza con el análisis preliminar del caso, según el cual la prueba de cargo mostró que Juan Francisco Gómez Cerchar utilizó su poder político y económico para apoyar y fortalecer tanto la estructura de «Marquitos Figueroa» como el Bloque Norte de las AUC. El fallo advirtió alojamiento, financiación, facilitación logística y soporte para el control territorial. Si esos aportes constan en los hechos fijados por las instancias, satisfacen el verbo rector «promover» en la modalidad del inciso 2° y superan con amplitud la hipótesis de mera connivencia pasiva o simple aprovechamiento oportunista de un contexto de violencia.

71. Conviene precisar la diferencia entre concierto para delinquir y connivencia pasiva. La connivencia describe tolerancia, coexistencia o beneficio episódico frente a un aparato delincuencial ajeno. En cambio, el concierto para delinquir reclama un compromiso activo con la empresa criminal. Ese compromiso puede expresarse en financiación, apoyo logístico, facilitación territorial, articulación política, provisión de infraestructura, gestión institucional o coordinación con mandos armados, siempre que esos aportes se inserten en un acuerdo estable dirigido a la realización de delitos indeterminados. En síntesis, la punibilidad no nace de la simple cercanía con criminales, sino del ingreso funcional a la empresa ilícita mediante un aporte relevante a su permanencia y capacidad operativa.

72. Bajo ese marco, el debate propuesto por la defensa solo podría prosperar si, aceptados los hechos fijados por el Tribunal, la conducta atribuida a Juan Francisco Gómez Cerchar no superara el umbral de mera simpatía, influencia política difusa o aprovechamiento indirecto del contexto, sin acuerdo estable ni aporte al aparato armado. Pero si la sentencia tuvo por demostradas alianzas prolongadas desde 1995 con la estructura de «Marquitos Figueroa» y, entre 1997 y 2006, con el Bloque Norte de las AUC, junto con promoción, financiación y apoyo logístico a sus operaciones, la tipicidad no ofrece el defecto que la defensa le atribuye.

73. Desde esta perspectiva, el argumento defensivo según el cual ningún testigo identificó al procesado como miembro o colaborador tampoco cambia el resultado. Primero, porque el Tribunal no apoyó la condena en un solo declarante, sino en un cuadro plural y convergente. Segundo, debido a que el tipo penal no exige integración orgánica a la estructura armada. Tercero, por cuanto el silencio o la omisión de un testigo sobre un punto no neutraliza la fuerza de los restantes medios de conocimiento que acreditan patrocinio, refugio, apoyo logístico y coordinación con el aparato armado

74. Igual respuesta merece la referencia al testimonio de Hernando de Jesús Fontalvo. Aun si ese declarante negó la presencia del procesado en una reunión concreta con paramilitares en Barrancas, tal dato no desmonta la tipicidad del concierto. El tipo no gira alrededor de una sola reunión, sino que órbita alrededor de una alianza criminal duradera. Y el Tribunal halló esa alianza a partir de un conjunto más amplio: Sandra Patricia Ibarra Ochoa, Erlín Enrique Cortés Fernández, alias «Kike Cortés», Yandra Cecilia Brito Carrillo, Salvatore Mancuso Gómez, Arnulfo Sánchez González, Jairo Alfonso Samper Cantillo, John Jairo Arrieta Zuleta, otros exintegrantes de las AUC y el informe de policía judicial N° 846090.

75. En consecuencia, la Sala no comparte la afirmación de la defensa según la cual los jueces aplicaron extensivamente el artículo 340, inciso 2°, del CP de 2000. Ese reproche parte de una comprensión excesivamente restrictiva del verbo rector «promover», pues pretende reducirlo a la creación del grupo, a su dirección militar o a la incorporación formal a su organigrama. Esa lectura no puede prosperar. Como ya quedó precisado, en la modalidad prevista en el inciso 2° no resulta indispensable acreditar afiliación orgánica ni mando castrense.

Basta demostrar que el sujeto, dentro de un acuerdo estable, impulsó, sostuvo o facilitó la capacidad operativa del grupo armado. De otro modo, quedarían por fuera del tipo quienes ponen poder político, dinero, fincas, protección institucional y redes de apoyo al servicio de la empresa criminal, pese a que justamente por esa vía fortalecen su eficacia y elevan el riesgo para la seguridad pública.

76. Los falladores adecuaron el factum probado al alcance natural del artículo 340, inciso 2°, del CP de 2000. No atribuyeron responsabilidad por simple fama regional, por enemistades políticas difusas o por rumor colectivo, sino por dos acuerdos criminales homogéneos, estables y funcionales, orientados a promover estructuras armadas ilegales, mediante patrocinio económico, refugio, apoyo logístico, infraestructura clandestina y articulación política.

77. Bajo los hechos declarados probados por el Tribunal, eso ocurrió aquí. La segunda instancia concluyó que la vinculación de Juan Francisco Gómez Cerchar con estructuras armadas ilegales quedó acreditada, en primer término, con el testimonio de Erlín Enrique Cortés Fernández. Ese declarante expuso la cercanía funcional entre el procesado, integrantes de las autodefensas y Marcos de Jesús Figueroa García, además del patrocinio económico, del apoyo logístico y del uso de inmuebles para ocultamiento.

A ello sumó las declaraciones de Salvatore Mancuso Gómez, Arnulfo Sánchez González, Jairo Alfonso Samper Cantillo, John Jairo Arrieta Zuleta y otros exintegrantes de las AUC, junto con el informe de policía judicial que documentó una habitación subterránea en inmueble del acusado. El propio Tribunal afirmó, además, que la condena no descansó en rumores, sino en testimonios directos e indirectos corroborados entre sí y con prueba documental.

78. La declaración de Erlín Enrique Cortés Fernández resulta especialmente reveladora dentro del marco fáctico fijado por la sentencia. El Tribunal recordó que ese testigo relató cómo Marcos de Jesús Figueroa ingresaba armado a la casa de Juan Francisco Gómez Cerchar y cómo el procesado mantenía en su residencia una especie de búnker o habitación subterránea para resguardar paramilitares, armas y, entre otros, a alias «Marquitos Figueroa» cuando lo buscaban las autoridades.

La primera instancia ya había puesto énfasis en esos mismos hechos y los complementó con el informe derivado del allanamiento del 19 de octubre de 2013, el cual respaldó la existencia de infraestructura clandestina en el inmueble. No aparece, entonces, una inferencia jurídica vacía. Aparece un patrón material de protección y soporte operativo que revela aportes funcionales al fortalecimiento de estructuras armadas ilegales, en los términos del inciso 2°.

79. Lo mismo ocurre con Arnulfo Sánchez González. El Tribunal destacó que este excomandante del Bloque Norte afirmó que el apoyo de Juan Francisco Gómez Cerchar era económico y logístico; que personal armado permanecía en fincas del procesado; que, cuando surgían dificultades con la fuerza pública, intermediaban familiares del acusado; y que «Marquitos Figueroa» actuaba como brazo armado del procesado.

Añadió que el testigo ocupó el lugar de alias «Brayan» en una zona donde los paramilitares trabajaban con el auspicio del procesado, circunstancia que Salvatore Mancuso corroboró al reconocer que Sánchez González ejerció mando en esa región. Tales hechos, aceptados por el fallo, desbordan con amplitud la mera connivencia pasiva. Revelan articulación, estabilidad y aporte funcional al aparato criminal dentro de un acuerdo orientado a promoverlo.

80. Sumado a ello, la conclusión coincidente de ambas instancias sobre el papel del acusado como promotor y beneficiario del acuerdo criminal. La jueza de primer grado declaró probado que Gómez Cerchar actuó como promotor y beneficiario de un acuerdo estable y permanente, con patrocinio económico y logístico y protección a alias «Marquitos Figueroa».

El Tribunal, lejos de desvirtuar esa estructura, la ratificó al confirmar la condena por concierto para delinquir agravado en la modalidad prevista en el artículo 340, inciso 2°, aunque revocó parcialmente respecto del homicidio de Luis Gregorio López Peralta. Ese dato posee enorme fuerza. Incluso la corporación que absolvió por el homicidio dio por probado el concierto. Ello demuestra que el soporte de la condena por el acuerdo para promover grupos armados ilegales conservó suficiente solidez aun después del escrutinio más favorable al procesado en los demás frentes.

81. Los hechos fijados por las instancias satisfacen, pues, los elementos estructurales del artículo 340, inciso 2°, del CP de 2000. Hubo acuerdo de voluntades, porque el Tribunal declaró probadas alianzas del procesado con la organización de «Marquitos Figueroa» y con el Bloque Norte de las AUC. Hubo orientación del pacto a promover estructuras armadas ilegales, porque los aportes atribuidos al acusado consistieron en apoyo económico, refugio, facilitación logística, cobertura territorial y articulación política para fortalecer su capacidad operativa. Hubo permanencia, pues uno de los pactos se prolongó entre 1995 y 2014 y el otro entre 1997 y 2006. Hubo afectación a la seguridad pública, porque el acuerdo estable entre poder político regional y aparatos armados clandestinos generó un riesgo expansivo, continuo y grave para la comunidad.

82. La oposición de la Procuraduría 10 Judicial II Penal acierta en lo sustancial cuando afirma que el Tribunal examinó el acuerdo criminal, la permanencia, la orientación del pacto al fortalecimiento de estructuras armadas ilegales y la organización, y cuando recuerda que la condena no descansó en dichos de Marcos de Jesús Figueroa García, sino en testimonios de víctimas, exintegrantes de grupos armados, informe de policía judicial y prueba indiciaria.

También coincide con el mérito material del cargo la postura del Procurador Delegado Primero para la Casación Penal, quien resaltó la acreditación del apoyo político, económico, logístico e institucional a estructuras armadas ilegales y la permanencia del pacto ilícito. La posición de la Fiscalía converge con ese mismo entendimiento, pues mantuvo incólume la acusación por los dos conciertos para delinquir agravados en la modalidad del inciso 2°.

83. En suma, la defensa no demostró aplicación indebida del artículo 340, inciso 2°, del CP de 2000. Los hechos fijados por las instancias revelan algo mucho más grave que una cercanía ambigua o una ventaja ocasional derivada del contexto violento. Revelan alianzas criminales duraderas con la estructura de «Marquitos Figueroa» y con el Bloque Norte de las AUC, acompañadas de financiación, refugio, apoyo logístico, cobertura territorial y articulación política. Ese cuadro fáctico encaja sin fisuras en el concierto para delinquir agravado, en la modalidad de acuerdo para promover grupos armados al margen de la ley. Por ende, la sentencia impugnada no violó directamente la ley sustancial y el cargo no prospera.

4. Violación indirecta de la ley sustancial respecto del homicidio de Luis Gregorio López Peralta

84. La Procuraduría 10ª Judicial II Penal de Bogotá, la Fiscalía 11 Delegada ante la Corte Suprema de Justicia y el apoderado de la parte civil solicitaron casar, de manera parcial, la sentencia de segunda instancia y restablecer la condena impuesta a Juan Francisco Gómez Cerchar por el delito de homicidio agravado del concejal Luis Gregorio López Peralta. Los tres recurrentes coincidieron en atribuir al Tribunal violación indirecta de la ley sustancial, por errores de hecho en la apreciación y valoración de las pruebas.

La Procuraduría 10ª Judicial II Penal de Bogotá formuló cinco subcargos autónomos, en la modalidad de falso juicio de identidad por cercenamiento y tergiversación, falso juicio de existencia por omisión y falso raciocinio por desconocimiento del principio de la lógica de no contradicción y la valoración conjunta de la prueba. La Fiscalía y el apoderado de la víctima siguieron, en esencia, esta última línea de ataque. El primero por desatención de la fuerza demostrativa de la prueba indiciaria, y el segundo por inobservancia de los principios de la lógica de no contradicción y razón suficiente.

85. La defensa pidió mantener la absolución. Sostuvo que el Tribunal distinguió adecuadamente entre hechos acreditados y simples conjeturas, rumores de la opinión pública y percepciones subjetivas desprovistas de respaldo material. Agregó que las pruebas recaudadas por la Fiscalía comprometen la veracidad de los hechos y cuestionó que aún así emitiera resolución de acusación. Desde esa premisa, formuló el siguiente interrogante: «¿Cómo puede alegarse la comisión de una conducta punible cuando la investigación de la misma se encuentra basada únicamente en indicios?».

86. A su turno, el Procurador Delegado Primero para la Casación Penal adoptó una posición parcial. Respaldó la prosperidad del cargo relativo al homicidio de Luis Gregorio López Peralta. Para ello, destacó una ruptura en la valoración conjunta de los hechos indicadores, del contexto criminal y de la capacidad operativa atribuida al acusado.

87. En lo que interesa a este asunto, el falso juicio de existencia por omisión aparece cuando el juzgador excluye por completo del análisis una prueba trascendente y válidamente incorporada al proceso. Ese yerro carece de entidad cuando el medio de conocimiento omitido repite otras ya apreciadas o cumple una función accesoria o irrelevante. A su vez, el falso juicio de identidad por cercenamiento surge cuando el funcionario suprime apartes esenciales o mutila un medio de conocimiento, y por tergiversación cuando altera su sentido objetivo o le cambia el significado.

En estas hipótesis, el error vicia la apreciación, porque el fallador toma la prueba de forma parcial o deformada y, desde allí, construye una visión incompleta o distorsionada de lo acreditado. Por su parte, hay falso raciocinio cuando el fallador, pese a haber apreciado la prueba en su integridad, desconoce en el proceso de valoración probatoria postulados de la sana crítica, esto es, un principio de la lógica, una ley de la ciencia o una máxima de la experiencia.

Esta Corporación ha precisado que la lógica concierne a la corrección del proceso completo del pensamiento. Esta ciencia comprende «el estudio de los métodos y principios que se usan para distinguir el razonamiento bueno (correcto) del malo (incorrecto)». Bajo esa comprensión, la lógica material identifica los errores de razonamiento como falacias o silogismos aparentes o sofísticos, categorías que «no implican cualquier yerro en el raciocinio o una idea falsa, sino errores típicos en las relaciones lógicas entre las premisas y la conclusión».

De igual modo, ha sostenido que los principios que permiten dar una argumentación coherente en el discurso son los de i) identidad (una cosa sólo puede ser lo que es y no otra), ii) no contradicción (una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo), iii) tercero excluido (entre dos proposiciones en la cual una afirma y la otra niega, solo y exclusivamente una de ellas es verdadera), y iv) razón suficiente (cualquier afirmación que acredite la existencia o no de un hecho debe estar fundamentada en una razón que la acredite suficientemente).

A su vez, la ciencia corresponde a un «conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados, de los que se deducen principios y leyes generales». Por tanto, las máximas científicas, a partir de las cuales se generaliza e interpreta un fenómeno, explican cómo y por qué ocurre. De ahí que su validez imponga «conceptos exactos, cuya veracidad admita comprobación y demostración mediante procedimientos aceptados y estandarizados».

Finalmente, las reglas de la experiencia tampoco admiten invocación libre o intuitiva. La construcción de una máxima fundada en el ordinario devenir de los acontecimientos de la vida en sociedad requiere de una estructura general y abstracta, definida por la Corte en los siguientes términos:

[L]a experiencia forma conocimiento y los enunciados basados en ésta conllevan la generalización, lo cual debe ser expresado en términos racionales para fijar ciertas reglas con pretensión de universalidad, por cuanto comunican determinado grado de validez y facticidad, en un contexto socio histórico específico. // En ese sentido, para que ofrezca fiabilidad una premisa elaborada a partir de un dato o regla de la experiencia ha de ser expuesta, a modo de operador lógico, así: siempre o casi siempre [que] se da A, entonces sucede B.

Por lo tanto, el examen de un falso raciocinio por desconocimiento de una máxima de la experiencia exige la formulación de una proposición con estructura de regla, apta para ser aplicada en términos generales y abstractos, con pretensión de universalidad. A partir de ese parámetro, corresponde verificar si, al analizar el mérito de las pruebas, el razonamiento del juzgador deviene equivocado.

88. Antes de abordar el caso concreto, conviene precisar la noción de indicio. La Sala lo ha definido como «un hecho o circunstancia de hecho que sirve, por sí mismo o juntamente con otros, para inducir la existencia o inexistencia de otro hecho o de otra situación, en virtud de la conexión lógica que entre aquel y este encuentre el juez, basado en los principios o las nociones comunes o técnicas que constituyen su experiencia general o en las que el dictamen de técnicos le proporciona».

A partir de esa definición, el indicio exige: i) la presencia de un hecho indicador debidamente acreditado, ii) su contraste con una regla de experiencia que le confiere fuerza probatoria y iii) la constatación lógica del hecho indicado, soportado en la relación entre el hecho indicador y la regla previamente identificados. Aunado a ello, impone valoración concreta y conjunta con los demás medios de conocimiento, a fin de determinar su alcance y fortaleza demostrativa.

Ahora bien, esa valoración no siempre depende de una máxima de experiencia formulada como regla general y abstracta. En muchos eventos, la fuerza probatoria surge de la convergencia y concordancia de varios datos acreditados. En la sentencia CSJ SP1467-2016, 12 oct. 2016, rad. 37175, esta Corporación precisó que la fuerza argumentativa de las máximas de experiencia puede suplirse por «la convergencia y concordancia de los datos, al punto que de esa forma puede alcanzarse el estándar de conocimiento consagrado en el ordenamiento procesal penal para emitir un fallo condenatorio».

Cuando el razonamiento descansa en la convergencia y la concordancia de datos, la Sala debe identificar los datos parciales acreditados, su soporte probatorio, su dirección común, su congruencia interna, su corroboración externa y su aptitud para excluir hipótesis rivales con poder explicativo equivalente. Esto armoniza con la línea jurisprudencial que exige valorar los indicios entre sí y con los demás medios de conocimiento, en lugar de aislarlos artificialmente. En esa dirección, esta Corporación ha señalado:

[C]uando se denuncia un error de hecho por falso raciocinio en la apreciación de la prueba indiciaria, el impugnante debe precisar si el error lo predica de los medios demostrativos del hecho indicador, de la inferencia lógica o del proceso de valoración conjunta al apreciar la articulación, convergencia y concordancia de los indicios entre sí y de éstos con los demás medios probatorios. (…)

Cuando el error corresponde al proceso de inferencia lógica, el censor acepta la validez del medio de prueba que acredita el hecho indicante, procediendo enseguida a demostrar que el juzgador se apartó de las leyes de la ciencia, los principios de la lógica o las reglas de la experiencia, con señalamiento preciso del contenido quebrantado u omitido, así como de su correcto entendimiento u operatividad.

Pero si el equívoco se presenta en la labor de análisis de la convergencia y congruencia de los diversos indicios y de estos con las demás pruebas, o en su fuerza persuasiva con ocasión de su apreciación conjunta, al impugnante le corresponde establecer que el fallador desconoció las reglas de la sana crítica, acreditando que la corrección del error denunciado conduce a conclusiones diversas de aquellas a las que se arribó en el fallo atacado.

La Corte también ha reiterado, contrario a lo señalado por la defensa de Juan Francisco Gómez Cerchar, que la prueba indiciaria «sí puede fundar una sentencia cuando en forma unívoca y contundente señala la responsabilidad del implicado en los hechos punibles investigados. Con todo, la valoración integral del indicio debe considerar todas las hipótesis que puedan confirmar o descartar la inferencia realizada a efectos de establecer su validez y peso probatorio».

89. Bajo esos lineamientos, la Sala precisa que, al admitir las demandas de casación, superó sus falencias de técnica. Por ello, circunscribirá el estudio a dos yerros. Primero, falso juicio de existencia por omisión de la declaración rendida por Yandra Cecilia Brito Carrillo el 3 de junio de 2010. Segundo, falso raciocinio por fragmentación de indicios, pues el Tribunal aisló datos parciales acreditados que reclamaban apreciación bajo convergencia, concordancia y comparación de hipótesis.

Los supuestos falsos juicios de identidad por cercenamiento y tergiversación propuestos por la Procuraduría 10ª Judicial II Penal de Bogotá corresponden, en lo sustancial, a defectos de razonamiento probatorio. El Tribunal no modificó literalmente esos medios de conocimiento. Les restó fuerza al valorarlos de manera fragmentaria.

La controversia casacional no recae sobre la materialidad del homicidio de Luis Gregorio López Peralta. La necropsia N° 083-97 y el registro civil de defunción acreditan que falleció el 22 de febrero de 1997, como consecuencia de lesiones producidas por proyectil de arma de fuego. El debate radica en establecer si los medios de conocimiento acreditan que Juan Francisco Gómez Cerchar determinó el delito.

En consecuencia, la Sala verificará si el Tribunal incurrió en falso juicio de existencia por omisión, al excluir del análisis una prueba válida y trascendente. Luego, al abordar los falsos raciocinios, examinará los datos parciales acreditados, su concordancia interna, su corroboración externa y su poder explicativo, a fin de verificar si el acervo estructura indicios convergentes de retaliación política, atribución persistente, capacidad criminal y oportunidad funcional.

Enseguida, confrontará las premisas fácticas aceptadas por el propio Tribunal al confirmar la condena por delito de concierto para delinquir agravado con las utilizadas para absolver por el homicidio de López Peralta. De acreditarse ello, analizará si su corrección impone restablecer el fallo de primera instancia que condenó por el homicidio de López Peralta.

a. Falso juicio de existencia por omisión de la declaración rendida por Yandra Cecilia Brito Carrillo el 3 de junio de 2010

90. El Tribunal abordó el juicio de responsabilidad penal de Juan Francisco Gómez Cerchar por el homicidio del concejal Luis Gregorio López Peralta, entre otros medios de conocimiento, a partir de la declaración que Yandra Cecilia Brito Carrillo rindió el 7 de marzo de 2011.

En esa diligencia, la testigo atribuyó al procesado la determinación del homicidio de un concejal y manifestó: «me gustaría que usted averiguara por otras fuentes, él fue alcalde en dos períodos y en un período también mandó a asesinar a un concejal».

Con fundamento en ese relato, el juez colegiado concluyó que la declarante no ofreció una versión directa de la determinación del homicidio ni identificó una fuente primaria de conocimiento. Ese análisis descarta falso juicio de identidad por cercenamiento o tergiversación respecto de esa prueba. El Tribunal la apreció y no alteró su sentido objetivo.

91. El error radica en otro plano. La misma testigo rindió una declaración anterior, el 3 de junio de 2010, que aportaba datos parciales acreditados con función específica dentro del juicio indiciario. Esos datos cumplían cuatro funciones: fuente relacional, motivo institucional, conocimiento atribuido al concejal y atribución contextual del homicidio.

Aunque la Procuraduría 10ª Judicial II Penal de Bogotá afirmó que el Tribunal consideró esa diligencia, la revisión del fallo impugnado muestra lo contrario. Esa prueba, válidamente incorporada y con aptitud para incidir en la valoración conjunta del acervo, quedó fuera del análisis.

La declaración de 2010 no repetía la versión de 2011. Aportaba contexto político, relacional y administrativo ausente en aquella. En particular, relató la amistad heredada entre las familias, la pertenencia al mismo movimiento político, el respaldo que el acusado dio a su candidatura, las exigencias económicas que luego rompieron esa relación, la quema de archivos municipales y el conocimiento que López Peralta habría tenido de ese episodio.

92. La declaración omitida contiene el siguiente pasaje:

El papá de él y mi papá fueron grandes amigos, es una amistad heredada de nuestros padres, en los procesos políticos siempre estábamos en el mismo movimiento político, mi familia le ayudaba donde él fue candidato y él en una forma de retribuir de la misma manera cundo puse mi nombre a consenso popular o al consenso público él me ayudó respaldando mi candidatura, había bastante amistad entre mi esposo y él y él yo, pero él tiene la costumbre de utilizar a las personas y cuando las personas ya no se someten a sus exigencias las termina eliminando de alguna manera, porque en Barrancas sucedió con un concejal el mismo caso, lo hizo matar, pero no sé si su familia tuvo el valor de denunciarlo, el concejal era Luis López Peralta, concejal de Barranca. En la primera alcaldía de Quico (sic) Gómez quemó los archivos, mando a quemar los archivos del municipio y el concejal se enteró de ello y lo calló para siempre, eso fue en febrero de 1997. (…) Siendo alcaldesa en el periodo 2004 – 2007, el señor Quico (sic) Gómez me exigía cuotas burocráticas y económicas a las cuales yo no podía ceder y ahí comenzó el distanciamiento político y amistoso entre él, mi esposo y yo, porque me hacía unas exigencias que me harían entrar en procesos de corrupción y yo soy una persona muy radical en mis criterios”. (…) La amistad como lo dije anteriormente fue heredada de una amistad que venía de nuestros padres, además él vivía en la misma calle donde vivía mi mama y siempre pertenecimos a la misma corriente política, él me dio el cargo de secretaria de salud durante la administración que él tuvo del año 2001 a 2003, de esa manera se dieron los lazos de amistad, pero cuando él vio mi gestión como alcaldesa eso le despertó celos y envidia y comenzaron los problemas, los cuales nunca pensé que él terminara mandando a asesinar a mi esposo.

93. En el régimen procesal de la Ley 600 de 2000, un testigo de oídas es aquel que narra lo que otra persona le relata sobre unos hechos y, por lo tanto, lo que puede acreditar, en últimas, es la existencia de ese relato. La Sala ha reiterado, de manera pacífica, que «es susceptible de estimación por el juzgador de manera conjunta y con arreglo a las pautas de la sana crítica, en particular, sin desatender los criterios específicos para apreciar el testimonio (Ley 600 de 2000, artículos 238 y 277), en orden a recrear, de la manera más aproximada posible, la verdad histórica que origina la controversia».

Sobre los criterios que rigen su valoración probatoria, la Corte ha indicado que el declarante debe: i) ostentar la calidad de testigo de oídas de primer grado, es decir, que lo narrado provenga directamente de quien tuvo conocimiento inmediato de los hechos, ii) señalar cuál es la fuente de su conocimiento, iii) establecer las condiciones en que el testigo directo le transmitió los datos que luego expone en el proceso, y iv) otros medios de conocimiento deben reforzar su dicho.

94. Bajo ese marco, la declaración rendida por Brito Carrillo el 3 de junio de 2010 tampoco puede considerarse como testimonio directo ni de oídas de la determinación del homicidio de Luis Gregorio López Peralta. La testigo no afirmó haber presenciado la instrucción ni identificó una fuente primaria que la hubiera percibido. En ese orden, su relato debe valorarse como prueba indirecta de contexto, atribución y móvil, lo que impone corroboración externa y valoración conjunta.

La propia forma en que surgió esa información explica la falta de desarrollo sobre ese particular. La declaración giró, en mayor medida, alrededor del homicidio de su esposo Henry Ustáriz Guerra y de la relación de Gómez Cerchar con estructuras armadas ilegales. A ello se sumó una deficiencia del interrogatorio, que dejó el tema del concejal en un lugar marginal. Esas circunstancias limitan su alcance como prueba directa, pero no eliminan su utilidad como prueba indirecta.

Del relato surgen los siguientes datos parciales: i) relación política y familiar previa entre la testigo y el procesado; ii) pertenencia común a un movimiento político local; iii) respaldo electoral recibido por Yandra Cecilia Brito Carrillo; iv) ruptura posterior por exigencias económicas y burocráticas; v) dato de represalia política atribuido por la testigo y sujeto a corroboración con otros medios de conocimiento; vi) identificación de Luis Gregorio López Peralta como víctima; vii) referencia a la quema de archivos municipales; y viii) conocimiento que el concejal habría adquirido sobre ese hecho.

Esos datos adquieren relevancia al integrarlos con otros medios de conocimiento. La relación previa explica el acceso de la testigo al contexto político del acusado. La ruptura posterior ilustra la tensión con antiguos aliados. La referencia a la quema de archivos introduce un dato institucional comprometedor. Ese dato adquiere mayor fuerza al unirse con los relatos que aluden al incendio municipal y a la actividad política del concejal.

95. El yerro resulta trascendente. El Tribunal redujo la atribución de Brito Carrillo a una afirmación ambigua, apoyada en fuente no determinada y carente de anclaje específico. La declaración del 3 de junio de 2010 modificaba esa base, porque incorporaba datos relacionales, políticos y administrativos que explicaban la atribución posterior.

La exclusión de esa prueba sustrajo del análisis un enlace contextual relevante entre el móvil político y la atribución del homicidio. Ese enlace consistía en la coincidencia entre un episodio administrativo comprometedor, el conocimiento atribuido al concejal, su proyección política y la atribución del silenciamiento al procesado.

Además, la omisión impidió valorar la concordancia entre el dicho de Yandra Cecilia Brito Carrillo, las declaraciones familiares, los testimonios sobre proyección electoral de la víctima y los medios de conocimiento sobre soporte armado y capacidad operativa del acusado. De esta forma, la trascendencia no proviene de la suficiencia aislada de esa declaración, sino de su aptitud para modificar la valoración conjunta.

96. La objeción de la defensa no altera esa conclusión. Como atrás quedó visto, la ausencia de individualización de la fuente primaria impide conferir a ese pasaje valor de prueba directa. Sin embargo, el relato contiene datos contextualizados sobre la identidad de la víctima, el marco temporal del episodio, el incendio de archivos, el conocimiento que el concejal habría adquirido sobre ese hecho y la atribución de represalia política formulada por la declarante.

Integrados esos datos parciales con los demás elementos de corroboración externa, conservan aptitud para robustecer los indicios compuestos de móvil político y atribución persistente. El valor de la información omitida radica en su convergencia y concordancia con los demás medios de conocimiento. Por ello, la Sala encuentra configurado el falso juicio de existencia por omisión.

b. Falso raciocinio sobre el móvil político y la atribución persistente

1) Yandra Cecilia Brito Carrillo: contexto, atribución del homicidio y móvil político

97. La Fiscalía y el apoderado de la parte civil ubicaron un falso raciocinio en la valoración de la declaración rendida por Yandra Cecilia Brito Carrillo el 7 de marzo de 2011. El Tribunal asignó a ese medio de conocimiento una exigencia ajena a su función probatoria. El juez colegiado le reclamó acreditar, por vía directa y autónoma, la determinación homicida atribuida a Gómez Cerchar. Esa forma de valoración aisló la atribución formulada por la testigo y la separó de los datos sobre temor comunitario y contexto político.

98. La censura corresponde al falso raciocinio por fragmentación. El Tribunal valoró la declaración de 2011 sin integrarla con la declaración de 2010, con los relatos familiares y con las pruebas sobre soporte armado local.

99. En esa diligencia, Brito Carrillo manifestó:

Desafortunadamente hoy en día, ninguna persona tiene el valor civil de involucrarse en estas cosas yo lo hago primero porque soy una mujer que tengo el valor de decir las cosas contando con que la justicia tarde o temprano va a descubrir el prontuario delictivo de Juan Francisco Gómez, porque me gustaría que usted averiguara por otras fuentes, él fue alcalde en dos períodos y en un período también mando a asesinar a un concejal. Fiscal: ¿Este despacho tiene conocimiento que él también fue alcalde del 95 al 97 y 2001 a 2003, fueron los dos períodos en los que, usted recuerda el nombre de ese concejal, en qué período en qué año fue eso? - No, es que, yo creo que fue 97- 99 o 98, 99. Fiscal: ¿sobre los hechos que me refiere usted de la muerte de ese concejal sabe o recuerda el nombre de esa persona, víctima de esos hechos?- El señor se llamaba Luis López Peralta. Fiscal: ¿Luis López Peralta sobre la familia, la familia sabe usted si aún vive en Barrancas la familia? - Vive en Barrancas. Fiscal: ¿si puede darme o recuerda el nombre de la esposa o la mamá? - La mamá, la mamá se llama, la señora Gala Peralta de López (...) La gente allá es muy atemorizada, la gente allá prefiere callar y aguantar todas las fechorías que comete un jefe del crimen y no son capaces de denunciar, ante las autoridades porque les da miedo que les pase algo (...) yo hoy tengo una denuncia de que he recibido varias amenazas por parte de este señor. (…) Que yo he escuchado y conozco en su casa él tiene como un, como una casa subterránea, construida debajo del suelo normal, donde él descansa o duerme o vive y en la parte de arriba del patio hay hombres custodiándolo o escoltándolo.

100. El Tribunal asignó a esa declaración un rendimiento probatorio inferior al que ofrecía dentro del conjunto. La frase sobre verificación de otras fuentes funcionaba como dato de cautela, temor y necesidad de corroboración, en un municipio descrito por la testigo como intimidado.

Esa lectura aislada redujo el alcance del medio de conocimiento. La declaración de 2011 cumplía función de reiteración, identificación de víctima, explicación del temor comunitario y conexión con el aparato armado descrito por otros medios.

101. En efecto, de la declaración del 7 de marzo de 2011 aporta datos parciales acreditados de relevancia probatoria. La testigo atribuyó al acusado haber mandado matar a un concejal. También identificó a la víctima como Luis Gregorio López Peralta. En 2011, la testigo asoció el homicidio con el ejercicio local del poder por Gómez Cerchar e identificó a la víctima, aunque mostró imprecisión cronológica. La declaración de 2010 precisó el marco temporal: febrero de 1997.

Además, Yandra Cecilia Brito Carrillo explicó el temor comunitario a denunciar, afirmó haber recibido amenazas del procesado y describió una construcción subterránea con hombres armados en la residencia del acusado. Ese último dato cumple función contextual. Refuerza el eje de intimidación y soporte armado, sin sustituir la prueba específica sobre disponibilidad criminal para el 22 de febrero de 1997.

Esos datos, considerados de forma aislada, no acreditan la determinación del homicidio. Su fuerza demostrativa surge de la convergencia con los demás medios de conocimiento. La atribución se fortalece al aparecer acompañada de una explicación sobre el temor comunitario. La identificación de la víctima enlaza esta versión con la declaración rendida el 3 de junio de 2010 y con los medios de conocimiento sobre la proyección política de López Peralta.

102. El Tribunal aisló la expresión «me gustaría que usted averiguara por otras fuentes» y la convirtió en signo de debilidad. Esa lectura fracturó la unidad de sentido del relato. La testigo no usó esa expresión para retirar la atribución. La utilizó después de explicar que en Barrancas existía temor para denunciar. De ahí que la solicitud de verificación debía leerse como dato compatible con el contexto de intimidación, no como renuncia al señalamiento.

103. La declaración del 3 de junio de 2010, reincorporada al análisis en virtud del falso juicio de existencia advertido, robustece la lectura contextual de la diligencia de 2011. La versión de 2010 fortalece el indicio de móvil. La versión de 2011 fortalece el indicio de atribución persistente y temor comunitario. Unidas, ambas declaraciones aportan datos convergentes, sin constituir una prueba directa única.

La valoración conjunta de ambas declaraciones ofrece un bloque coherente. La versión de 2010 explica el motivo político. La de 2011 reitera la atribución, identifica a la víctima y describe el temor comunitario. La unión de ambas ubica el señalamiento en un contexto político e intimidatorio determinado.

104. El Tribunal incurrió en el error de analizar datos aislados y exigirles, individualmente, una aptitud demostrativa que solo nace del conjunto. Examinó la declaración de 2011 como pieza solitaria, sin integrarla con la versión de 2010 ni con los demás datos sobre proyección política de la víctima, dominio local del acusado, estructuras armadas disponibles e intimidación de testigos.

Por tanto, el testimonio de Yandra Cecilia Brito Carrillo no prueba, por sí solo, la determinación del homicidio. Su fuerza radica en aportar el primer bloque de datos convergentes sobre atribución, móvil político, temor comunitario y contexto de intimidación. La Sala integrará esos datos con las declaraciones de familiares, allegados y los medios de conocimiento sobre soporte armado y capacidad operativa.

2) Andrea Paola López Daza, Gloria Alcira López Peralta y Diana Carolina López Zuleta: móvil político y atribución persistente en familia y comunidad

105. La Fiscalía y el apoderado de la parte civil sostienen que el Tribunal incurrió en falso raciocinio al imponer a las declaraciones de Andrea Paola López Daza, Gloria Alcira López Peralta y Diana Carolina López Zuleta una exigencia demostrativa ajena a su función probatoria.

El juez plural les reclamó acreditar, de manera directa y autónoma, la determinación del homicidio. Esa aproximación desconoció su utilidad real: aportar datos parciales acreditados sobre persistencia del señalamiento, lectura política del crimen y dirección común de la atribución.

106. El hecho indicado consiste en que el entorno familiar y comunitario vinculó el homicidio con Juan Francisco Gómez Cerchar y con una disputa política local. Las tres declarantes reconocieron los límites de su conocimiento directo. Esa precisión fijó su función probatoria: aportaron la forma en que el entorno familiar y comunitario vinculó el crimen con la disputa por el poder municipal.

107. Andrea Paola López Daza, hija de Luis Gregorio López Peralta, describió a su padre como un líder con proyección electoral. Recordó que aspiraba a la alcaldía, que obtuvo una votación considerable al concejo, que su lema era «nací, vivo y aquí me quedo», contaba con adeptos que colocaban frases como «No insista, estoy con Luis López» y generaba comentarios sobre su posible triunfo electoral.

También ligó el homicidio a un contenido político. Relató que en Barrancas: «Nosotros acá siempre lo que han sonado en los pasquines, en lo que escucha uno, en la gente, bueno, que a mi papá lo mataron por la política, que porque él decía en sus discursos cosas que no debía decir, yo nunca lo escuché porque decirle que me acuerdo de un discurso que su papá decía que iba a estar para las ollas podridas, que eso, que lo mataron por sapo». Ante la pregunta por otra hipótesis o motivo, respondió: «siempre nombran es al señor Juan Francisco» .

Gloria Alcira López Peralta, hermana de Luis Gregorio López Peralta, avanzó en igual dirección. Manifestó: «la gente comenta que fueron ellos, que lo mandaron a matar el grupo político, que dicen que “Kiko Gómez” lo mando a matar». Luego añadió: «nunca lo denunciamos porque no teníamos la certeza de nada, porque es solamente dichos, cosas que habla el pueblo cada vez que hay una campaña política, por eso será que detesto tanto la política, porque la política se echan todos los trapos a la calle».

Diana Carolina López Zuleta, hija de Luis Gregorio López Peralta, reforzó los mismos extremos. Ubicó la atribución al procesado desde momentos cercanos al homicidio. Afirmó: «En el momento de la muerte, pues realmente todos quedamos consternados y no sabíamos qué estaba pasando, pero tiempo después se empezó a rumorar, o digamos que, desde el momento, se empezó a rumorar que el señor Juan Francisco Gómez había sido quien lo había mandado a matar. Yo no puedo decirle que me consta porque no estuve ahí, ni él me lo ha dicho, ni me lo dijeron los sicarios, no lo sé».

También identificó el motivo político que el entorno familiar asoció al crimen: «Por lo que le comentaba hace un momento, iban a tener diferencias políticas porque mi papá se iba a lanzar a la alcaldía (…) y, por otro lado, el tema de que mi papá siempre decía que él iba a destapar todas las ollas podridas de aquí, o sea que iba a destapar las irregularidades de él en su gobierno (…), inclusive me llegó un comentario, de hace muchos años, que el señor Juan Francisco Gómez en alguna fiesta dijo que él lo había matado, (…) que textualmente había dicho yo maté a ese hijueputa por sapo y tengo entendido que fueron como unos paramilitares (…), pero no se sabe tampoco quién fue».

108. Para el indicio compuesto de atribución persistente, este bloque aporta: i) circulación temprana del señalamiento contra Juan Francisco Gómez Cerchar; ii) reiteración del dato por familiares distintos; iii) vínculo del señalamiento con razones políticas; y iv) cautela en la exposición de fuentes.

Para el indicio de móvil político, aporta datos complementarios: aspiración electoral, respaldo ciudadano y discurso sobre irregularidades.

El bloque de declaraciones de las familiares mantuvo una dirección común del señalamiento. Esa dirección converge con la declaración de Yandra Cecilia Brito Carrillo, con los medios de conocimiento sobre la aspiración electoral de la víctima y con el temor comunitario descrito por aquella.

109. La lectura correcta exige valorar el bloque como indicio compuesto de atribución persistente. Los datos parciales acreditados convergen en una misma dirección: familiares próximos recibieron, en momentos y por vías diversas, una atribución dirigida a Juan Francisco Gómez Cerchar y asociada a razones políticas.

Esa convergencia gana fuerza probatoria al unirse con las declaraciones de Yandra Cecilia Brito Carrillo sobre la proyección electoral de la víctima y el contexto de temor.

3) Cipriano Segundo Pinto Brito, Carlos Alberto García Carrillo, José Alejandro Figueroa Ucroz, Alcibíades Pinto Ospino, Loly Luz López Daza, Oswaldo Rafael Fonseca Medina, Pedro Julio Castillo Camargo y Rafael Segundo Carrillo Useche: proyección electoral de la víctima y riesgo para la hegemonía local

110. Aunque la Procuraduría formuló este punto como falso juicio de existencia por omisión, la modalidad que mejor recoge el yerro corresponde al falso raciocinio. El Tribunal examinó parte de esos datos. Por ello, el yerro principal radica en la valoración fragmentada, no en la inexistencia absoluta de análisis.

La Fiscalía y el apoderado de la parte civil sostienen que el Tribunal desarticuló el bloque testimonial que explicaba el móvil político del homicidio. El juez colegiado redujo ese conjunto a indicios leves, afectó la valoración integral de las pruebas y debilitó la conclusión sobre la determinación atribuida a Juan Francisco Gómez Cerchar.

111. La modalidad del yerro corresponde al falso raciocinio. El Tribunal abordó el tema del móvil, pues examinó la aspiración de Luis Gregorio López Peralta a la alcaldía, la propaganda política, el debate sobre el acueducto, el incendio de la oficina jurídica y las relaciones personales y políticas con el procesado.

La fragmentación consistió en evaluar aspiración electoral, debates municipales, incendio de archivos y ausencia de enemigos como piezas autónomas, sin medir su dirección común hacia el riesgo político que representaba la víctima.

112. Las declaraciones de Cipriano Segundo Pinto Brito, Carlos Alberto García Carrillo, José Alejandro Figueroa Ucroz, Alcibíades Pinto Ospino, Loly Luz López Daza, Oswaldo Rafael Fonseca Medina, Pedro Julio Castillo Camargo y Rafael Segundo Carrillo Useche cumplen una función probatoria definida. Perfilan la proyección electoral de Luis Gregorio López Peralta, su peso político en Barrancas, las controversias institucionales que enfrentaba y la ausencia de móviles privados equivalentes.

113. Cipriano Segundo Pinto Brito afirmó que Luis Gregorio López Peralta quería ser alcalde de Barrancas. Cuando le preguntaron por sus posibilidades, contestó: «Si las tenía. (…) Él ayudaba mucho a la gente él ayudaba a su gente y tú sabes que él le gustaba, le gustaba ayudar a la gente».

También recordó el incendio de la alcaldía, señaló que se incineraron bastantes documentos en la oficina jurídica y refirió la reunión celebrada en el motel del occiso para apoyar un candidato distinto del patrocinado por Gómez Cerchar en la elección de contralor. Agregó que no le conoció enemigos declarados a la víctima y que, tras el incendio, circularon versiones según las cuales había sido provocado «para que no se consiguieran pruebas», aunque no compartiera esa versión.

Carlos Alberto García Carrillo, pese a su cercanía con el acusado, a quien describió como «amigo personal» y «copartidario politicamente hablando», ratificó que «el dominio político en la región lo tenía “Kiko Gómez”», conoció la aspiración de López Peralta a la alcaldía, lo describió como persona apreciada en el pueblo y no le conoció enemigos personales. También relativizó algunos aspectos: sostuvo que las discrepancias relacionadas con los temas de contratación del acueducto eran normales, que el incendio obedeció a un cortocircuito y que circularon comentarios que atribuían su homicidio a la guerrilla.

José Alejandro Figueroa Ucroz aportó datos sobre la visibilidad social de la víctima. Luego agregó: «Era un comerciante, se dedicaba al comercio. Traía cosas de Venezuela, Sevilla, Uruguay». Y, ante la pregunta de si conocia el motivo de su asesinato, respondió: «de su muerte, se me dio un comentario en el municipio de Barrancas, que habían sido grupos de guerrilla de las FARC (…) Le digo eso porque ellos secuestraron a mi papá. En el año 94, el FN se lo llevó».

Alcibíades Pinto Ospino recordó reuniones para definir candidaturas. Afirmó: «la última reunión que hicimos para definir quién iba para la alcaldía y quien se proyectaba para la asamblea del departamento le hicimos en diciembre reunión informal no multitudinaria ni mucho menos».

Al describir la posición política y social de Luis Gregorio López Peralta, declaró: «un elemento próspero aspirante que tenía actividad comercial definida». Y, al ser interrogado sobre el respaldo ciudadano del concejal, respondió: «bueno, bueno, importante en Barrancas sí, lógicamente era concejal de Barrancas y sacó la segunda votación cuando aspiró al consejo o sea tenía una acogida popular».

Loly Luz López Daza, hija de Luis Gregorio López Peralta, indicó que su padre aspiraba a la alcaldía y precisó «cuando mi papá se murió (…) el comando se llamaba Luis López Peralta. Incluso había una foto de mi papá en el comando». Y cerró así: «Tengo entendido que lo quería muchísimo el pueblo y que tenía altas probabilidades de llegar a la alcaldía».

Oswaldo Rafael Fonseca Medina también conoció la intención de Luis Gregorio López Peralta de aspirar a la alcaldía; negó amenazas o enemistades personales en su contra y sostuvo que «él se veía muy tranquilo». Recordó su objeción a un contrato del acueducto, aunque afirmó que luego «todo se aclaró, todo quedó bien».

Pedro Julio Castillo Camargo afirmó «Él fue concejal en el mismo periodo conmigo», confirmó su aspiración a la alcaldía y refirió una discusión en el concejo con «palabras fuertes de esas, muy corrientes que se dan al interior, con el presidente del consejo en ese momento, que era el compañero Ramírez», en la que Luis Gregorio López Peralta cuestionó una obra y luego reconoció su equivocación tras recibir aclaraciones.

Por su parte, Rafael Segundo Carrillo Useche compartió curul con Luis Gregorio López Peralta, describió a la víctima como una persona «bonachona», alegre y sin enemigos, negó oposición abierta o debate formal de control político y también aludió a la contratación del acueducto regional.

114. De este bloque surgen datos parciales concordantes: i) López Peralta aspiraba a la Alcaldía de Barrancas; ii) tenía respaldo popular; iii) obtuvo una votación importante al concejo; iv) participaba en controversias institucionales; v) aparecía vinculado a debates sobre gestión municipal, elección de contralor, acueducto e incendio de archivos; vi) varios declarantes descartaron enemigos personales; y vii) su autonomía política adquirió relevancia frente al poder local.

Estos datos convergen con los dos bloques anteriores. Brito Carrillo aportó la explicación sobre la quema de archivos y el señalamiento contextual. Las familiares aportaron la persistencia de la atribución y el contenido político del crimen. Los allegados políticos acreditaron la proyección electoral, el respaldo ciudadano, las controversias institucionales y la ausencia de móvil privado de similar entidad.

115. El resultado corresponde a un indicio de móvil político. Ese indicio nace de la convergencia entre liderazgo electoral, autonomía política, discursos o comentarios sobre irregularidades, quema de archivos, dominio político del acusado y ausencia de móviles privados relevantes.

También surge un indicio de atribución persistente. Este deriva de la concordancia entre Yandra Cecilia Brito Carrillo, el entorno familiar y la comunidad política de Barrancas. Cada fuente presenta límites. La fuerza proviene de su correspondencia: todas ubican el homicidio dentro de un conflicto político local y vinculan, con distintos grados de proximidad, a Gómez Cerchar con la muerte del concejal.

116. El Tribunal redujo esos datos a referencias aisladas, leves o indirectas. Esa metodología desconoció la estructura real del acervo. La valoración conjunta muestra que el móvil político y la atribución persistente descansan en datos concretos, plurales y concordantes que se refuerzan entre sí.

c. Falso raciocinio sobre la capacidad criminal y la oportunidad funcional del procesado

1) Jesús Albeiro Guisao Arias, alias «Brayan»: presencia armada en Barrancas (Bloque Norte de las AUC)

117. La Procuraduría alegó falso juicio de identidad por cercenamiento. Sostuvo que el Tribunal dejó por fuera un conjunto de declaraciones que acreditaban la capacidad y la oportunidad de Juan Francisco Gómez Cerchar para ordenar la muerte de su contradictor político. La Fiscalía y el apoderado de la parte civil convergieron en ese reproche, aunque lo formularon como falso raciocinio. En esencia, plantearon que las pruebas valoradas para confirmar el concierto para delinquir agravado también mostraban la existencia de estructuras armadas disponibles para ejecutar homicidios selectivos.

118. La modalidad correcta del yerro corresponde al falso raciocinio. El Tribunal conoció este bloque probatorio, lo citó y le otorgó valor para confirmar la condena por concierto para delinquir agravado. El error surgió cuando aisló ese mismo caudal del análisis del homicidio del concejal. De esa manera, presentó a Juan Francisco Gómez Cerchar como si, para el 22 de febrero de 1997, careciera de apoyo criminal idóneo para determinar el delito.

119. En la declaración inicial del 10 de mayo de 2010, Jesús Albeiro Guisao Arias, alias «Brayan», sostuvo que ingresó a las AUC en 1994, que a finales de 1996 lo enviaron a la costa para conformar el Bloque Norte y que, tras pasar por Valledupar, llegó a La Guajira. Más adelante, precisó:

Cuánto tiempo permaneció en Valledupar-. Llegamos para eso del 97 a principios en el casco urbano duramos los 3 (carevieja JJ y yo) como un año, ahí nos cambiamos los nombres carevieja se empezó a llamar Camilo y yo ya no era el Tigre de Urabá, sino Brayan, durante ese año asesinamos a muchas personas, pero no sé el nombre de ninguna (…). Después de Valledupar me mandaron para La Guajira, me mandó Jorge 40 como de vigilante para que me encargara de ver que los muchachos que había allá si estaban trabajando bien, los muchachos a los que me refiero estaban al mando de Juaco, quien estaba en negociaciones con Jorge 40 para quedar como comandante de las AUC en La Guajira, allá me hice llamar Jhonatan, en La Guajira me recibió “Kiko Gómez”, el exalcalde de Barrancas, ahí en ese pueblo se hicieron varias cosas, hubo varios muertos. En La Guajira estuve en Maicao, pero ahí no maté a nadie, en Barrancas, allá me mandaron con unos urbanos, allá hubo varios muertos, más de 5. de 5 (…). Todos los hechos que le he contado concurrieron entre 1997 y 1998.

120. De ese relato surgen varios datos parciales de relevancia probatoria. Primero, Jesús Albeiro Guisao Arias fue enviado a La Guajira para verificar si los hombres que ya estaban allí trabajaban bien. Segundo, esos hombres estaban al mando de «Juaco». Tercero, en Barrancas actuaban urbanos. Cuarto, en ese municipio ocurrieron varios homicidios. Quinto, el declarante afirmó que Juan Francisco Gómez Cerchar lo recibió al llegar a La Guajira.

Estos datos no prueban, de manera aislada, la determinación del homicidio de López Peralta. Su valor radica en mostrar que, para la época cercana al crimen, existía una estructura armada en proceso de operación y supervisión territorial, con presencia en Barrancas y contacto con el poder político local.

121. El Tribunal redujo el alcance del testimonio al dato cronológico de la llegada de Guisao Arias. A partir de ello estimó problemática la presencia paramilitar para febrero de 1997.

Esa lectura fragmentó el relato. El testigo no describió una llegada inaugural a un territorio vacío de hombres armados. Narró una misión de supervisión sobre personal previamente instalado. Ese dato, valorado con los demás medios de conocimiento, impedía tratar el homicidio como ocurrido en un escenario carente de soporte armado.

La misma declaración incorpora un dato de contacto funcional. Guisao Arias afirmó que, al llegar a La Guajira, lo recibió «Kiko Gómez». Esa afirmación enlaza la presencia armada con el poder político local. Su fuerza no surge de la frase aislada, sino de su convergencia con otros medios que describen vínculos de Juan Francisco Gómez Cerchar con estructuras armadas, apoyo logístico, refugio, financiación y relación con «Marquitos Figueroa».

122. Las retractaciones posteriores imponían un examen comparativo. El 5 de febrero de 2014, afirmó «estoy demasiado enredado» y osciló frente a los hechos que antes había admitido. Luego dijo, respecto del procesado: «no, yo nunca lo vi».

Dos días después, indicó: «yo no lo conocí». Más adelante, cuando le preguntan «¿Usted conoció a “Kiko Gómez” en esa época en que usted estuvo en La Guajira como comandante de las autodefensas?», contestó «Sí, lo vi».

En esa diligencia, frente a la lectura de su versión inicial del 10 de mayo de 2010, respondió «es verdad, pero vuelvo y le aclaro por lo que me dijo estos señores», afirmó «mis urbanos vivían en ese barrio en la parte de atrás de la casa de “Kiko Gómez”» y aceptó que salió de La Guajira por problemas con «“Kiko Gómez” y su gente».

En la sesión de audiencia pública de juzgamiento del 12 de octubre de 2015, la Fiscalía indagó por el vínculo de Jesús Albeiro Guisao Arias con Juan Francisco Gómez Cerchar durante sus tres viajes a La Guajira. El testigo pidió precisión sobre la pregunta y, luego de la aclaración, respondió: «señor, yo no tuve ninguna relación ni amistad ni nada con este señor Eh, o sea, ni principio ni final».

En seguida, le pusieron de presente lo siguiente: «Erlín Enrique Cortés Fernández dijo aquí en una declaración que usted le había mandado a pedir plata al señor Juan Francisco Gómez Cerchan para no incriminarlo. ¿Es eso cierto?». Aquel rechazó ese señalamiento en estos términos: «No, señor, por Dios, yo estoy pobre y siempre pobre moriré»..

123. Esa negativa debía contrastarse con la estructura oscilante de sus versiones y con la corroboración externa aportada por Erlín Enrique Cortés Fernández, alias «Kike Cortés». El 17 de octubre de 2013, Erlin Enrique Cortés Fernández afirmó que Jesús Albeiro Guisao Arias «le mandó a decir a “Kiko”, a Juan Francisco Cerchar, le mandó a decir que para no hablar que le mandara una plata para pagar a un abogado y él se la mandó para allá».

Ese dato no convierte, por sí solo, la primera versión de Guisao Arias en prueba plena. Sin embargo, ofrece una explicación externa del repliegue posterior y permite valorar las retractaciones dentro del contexto de presión sobre testigos.

124. Así, la versión inicial de Jesús Albeiro Guisao Arias conserva aptitud dentro del conjunto probatorio. Su utilidad no radica en demostrar directamente la orden homicida. Su rendimiento consiste en aportar datos menores que convergen con otros medios de conocimiento: presencia de hombres armados en La Guajira, urbanos en Barrancas, homicidios en la zona, supervisión de personal armado y recepción por parte de Juan Francisco Gómez Cerchar.

125. El Tribunal incurrió en falso raciocinio al convertir la fecha de llegada de Guisao Arias en barrera cronológica contra la existencia de una estructura previa.

El propio relato indica que fue enviado a verificar hombres que ya estaban en la zona. Además, el primer encuentro documentado en mayo de 1997 no podía fijar, por sí solo, el origen material de la capacidad armada en Barrancas. A lo anterior se suma un dato omitido en la articulación del fallo. El Tribunal confirmó la alianza de Gómez Cerchar con la estructura de Marcos de Jesús Figueroa García, alias «Marquitos Figueroa», desde 1995.

Esa premisa fáctica aportaba el enlace temporal que impedía ubicar febrero de 1997 en un escenario carente de soporte armado. Al no integrarla con la declaración de alias «Brayan», el juez plural debilitó artificialmente el indicio compuesto de capacidad criminal y oportunidad funcional.

126. La versión de Jesús Albeiro Guisao Arias debía valorarse por su convergencia con los demás datos del proceso, no por su suficiencia aislada. El Tribunal hizo lo contrario: tomó un fragmento cronológico, lo separó del resto del relato y lo usó para neutralizar un cuadro probatorio más amplio.

Corregido ese yerro, el testimonio aporta al indicio compuesto de capacidad criminal y oportunidad funcional. Muestra presencia armada en Barrancas, conexión territorial con Juan Francisco Gómez Cerchar y un contexto operacional cercano al homicidio de Luis Gregorio López Peralta.

2) Armando Torres Delgado y Jacinto Moreno Moreno: presencia armada desde 1995 (Estructura armada liderada por Marcos de Jesús Figueroa García)

127. El segundo bloque probatorio corresponde a las declaraciones de los agentes de la SIJIN Armando Torres Delgado y Jacinto Moreno Moreno. Esos medios de conocimiento aportan un dato temporal relevante: desde febrero de 1995 existía una estructura armada vinculada a Marcos de Jesús Figueroa García, alias «Marquitos Figueroa», en el entorno regional próximo a Barrancas.

Ese dato adquiere importancia para el análisis de capacidad criminal y oportunidad funcional. El homicidio de Luis Gregorio López Peralta ocurrió el 22 de febrero de 1997. Dos años antes, el expediente ya registraba presencia armada organizada en Fonseca, municipio cercano a Barrancas.

128. Armando Torres Delgado y Jacinto Moreno Moreno, agentes de la SIJIN, relataron un episodio ocurrido el 24 de febrero de 1995. En desarrollo de labores de inteligencia, interceptaron un vehículo con vidrios polarizados, advirtieron la presencia de personas fuertemente armadas y, tras una persecución, llegaron a un lugar donde aparecieron más sujetos con armas de largo y corto alcance.

Moreno Moreno narró el episodio así: «perseguimos la camioneta, como por diez minutos, hasta que llegamos a un sitio donde vivían ellos, y cuál fue la sorpresa de nosotros que nos salieron como diez personas más apuntándonos con armas de largo y corto alcance». Entre esas personas estaba Marcos de Jesús Figueroa García, alias «Marquitos Figueroa».

Ese episodio también cuenta con respaldo documental. Obra la denuncia N° 048 del 24 de febrero de 1995, presentada ante la Unidad Local de la Fiscalía de Fonseca, y el informe del CTI N° 570305 del 9 de noviembre de 2010. De esta manera, el relato de los agentes no aparece aislado, pues encuentra corroboración en medios documentales.

129. De ese bloque surgen varios datos parciales de relevancia probatoria: i) en febrero de 1995 existía un grupo armado en Fonseca; ii) sus integrantes portaban armas de largo y corto alcance; iii) el grupo contaba con un lugar de permanencia; iv) la estructura tenía capacidad de intimidar a funcionarios de policía judicial; v) Marcos de Jesús Figueroa García integraba esa agrupación; y vi) los hechos ocurrieron en un municipio próximo a Barrancas.

Estos datos no prueban, por sí solos, la determinación del homicidio de López Peralta. Su rendimiento surge al integrarlos con el conjunto probatorio. Ubican una estructura armada activa en el corredor territorial donde Juan Francisco Gómez Cerchar ejercía influencia política y donde luego ocurrió el homicidio del concejal.

130. El Tribunal, al valorar el homicidio, concentró su análisis en la presencia formal del Bloque Norte de las AUC desde mayo de 1997. Esa perspectiva dejó sin articulación el dato relativo a la estructura de «Marquitos Figueroa», cuya presencia regional aparece documentada desde 1995.

El problema no radica en afirmar que la presencia armada en Fonseca pruebe, de manera automática, la determinación del homicidio ocurrido en Barrancas. Su importancia consiste en impedir que febrero de 1997 sea tratado como un momento carente de plataforma criminal disponible.

131. Estos datos convergen con la versión inicial de Jesús Albeiro Guisao Arias, alias «Brayan». Aquel refirió que, al llegar a La Guajira, encontró hombres ya instalados y fue enviado a verificar si trabajaban bien. Las declaraciones de Torres Delgado y Moreno Moreno muestran que, desde 1995, existía una agrupación armada asociada a «Marquitos Figueroa» en el entorno regional. Ambos bloques coinciden en un punto: la presencia armada no surgió con posterioridad al homicidio, sino que antecedía o, al menos, rodeaba temporalmente ese hecho.

Esa convergencia también se enlaza con la premisa fáctica que el propio Tribunal aceptó al confirmar el concierto para delinquir agravado. El juez plural reconoció la alianza de Juan Francisco Gómez Cerchar con la estructura de «Marquitos Figueroa» desde 1995. Por lo tanto, las declaraciones de los agentes no debían leerse como antecedentes remotos e inconexos. Debían integrarse con la relación criminal que el fallo admitió para el mismo periodo.

132. Corregida la fragmentación, este bloque probatorio aporta al indicio compuesto de capacidad criminal y oportunidad funcional. Muestra una estructura armada previa, territorialmente próxima, dotada de armas, asentamiento y capacidad de intimidación.

Ese dato, unido a la declaración de alias «Brayan», a las pruebas sobre «Marquitos Figueroa» y a la condena por concierto para delinquir agravado, robustece la conclusión de que el acusado contaba con soporte armado disponible para la época del homicidio.

133. El valor de este bloque no reside en su suficiencia aislada. Surge de su convergencia con otros datos del proceso. El Tribunal incurrió en falso raciocinio al evaluar la capacidad criminal desde una lectura incompleta de la cronología armada. Al omitir la articulación entre presencia armada desde 1995, estructura de «Marquitos Figueroa» y alianza criminal reconocida en el concierto, debilitó artificialmente la oportunidad funcional atribuida al procesado.

3) Erlín Enrique Cortés Fernández, alias «Kike Cortés»: disponibilidad de ejecutor y control de versiones

134. El tercer bloque probatorio corresponde a Erlín Enrique Cortés Fernández, alias «Kike Cortés», escolta y hombre de confianza de Juan Francisco Gómez Cerchar. Su declaración cumple una función relevante dentro del análisis de capacidad criminal y oportunidad funcional.

El testigo describió la relación del procesado con Marcos de Jesús Figueroa García, alias «Marquitos Figueroa», la presencia de hombres armados en su entorno, el uso de inmuebles como espacios de seguridad y el control ejercido sobre versiones que podían comprometerlo.

135. En la declaración del 17 de octubre de 2013, Cortés Fernández precisó que: «él llegaba por harto allá, siempre bebían y paraba toda esa gente armada y con toda la gente que trabajaba “Marquitos Figueroa”, todos los escoltas de “Marquitos”».

Frente a su ocultamiento en las propiedades del acusado, señaló: «Bueno “Marquitos” ahí durmió varias veces y él también, porque eso era algo de seguridad también, tiene una puerta que es de hierro gruesa que es como si fuera blindado algo así no sé, pero es hierro (…) no esa caleta no la tenía destinada sino pa el, que era pa él pa resguardarse, pa él pa estar seguro y de pronto si llegaba algún amigo de él, o algo se metían allá adentro y hablaban ellos personalmente sus cosas y algo».

Ese dato cuenta con corroboración externa. El informe de policía judicial N° 846090 del 28 de febrero de 2014 documentó una habitación subterránea en un inmueble del procesado. El hallazgo ocurrió durante el allanamiento practicado el 19 de octubre de 2013, dos días después de la declaración de Erlín Enrique Cortés Fernández.

La existencia de ese espacio material fortalece la fiabilidad del relato de Cortés Fernández. Además, enlaza su dicho con los medios de conocimiento que describen refugio, seguridad privada y protección de integrantes de estructuras armadas.

136. El testigo también describió la disponibilidad de «Marquitos Figueroa» como ejecutor armado. Señaló: «cuando mataron a Jorgito Gnecco aquí, él ya no tenía mucha confianza de los paramilitares, con los paramilitares, ya no tenía mucha confianza y, mejor dicho, ósea como que se reventó con ellos, mejor dicho, ya, ya no les colaboraba, desconfiaba de ellos, mejor dicho, desconfiaba de ellos que de pronto le fueran a hacer algún daño, entonces, ahí es donde llega “Marquitos Figueroa”, ahí es donde llega que él ya andaba con “Marquitos”, no andaba con los paramilitares sino con “Marquitos”».

Al explicar el beneficio de esa relación, afirmó: «el beneficio que le traía era que, si él necesitaba mandar matar una persona, lo mandaba matar con él».

Erlín Enrique Cortés Fernández agregó un episodio específico de planeación violenta. Indicó: «Bueno, que yo tenga así conocimiento y sea testigo fue cuando la muerte del señor (…) Henry Ustáriz (…), el esposo de la doctora Yandra Brito, una señora que fue alcaldesa en Barrancas, ahí en la casa de “Kiko”, “Marquitos” y “Kiko” ahí planearon todo el asesinato de ese señor, el atentado».

Ese relato no prueba directamente la determinación del homicidio de López Peralta. Sin embargo, muestra un patrón de disponibilidad operativa entre el acusado y el ejecutor armado, dentro de un contexto de retaliación contra contradictores o personas que rompían subordinación.

137. De ese primer segmento surgen varios datos parciales: i) «Marquitos Figueroa» frecuentaba el entorno inmediato del procesado; ii) lo hacía con hombres armados; iii) el acusado contaba con espacios de resguardo u ocultamiento; iv) esos espacios recibieron corroboración material; v) «Marquitos Figueroa» cumplía una función operativa de seguridad y sicariato; y vi) Cortés Fernández relató un episodio de planeación criminal entre el acusado y ese ejecutor armado.

Esos datos no acreditan de forma aislada la orden homicida contra López Peralta. Su valor surge al integrarlos con los demás bloques sobre presencia armada, alianza criminal desde 1995, móvil político y atribución persistente.

138. El mismo testigo aportó otro grupo de datos, ahora relativo al control de versiones y al silenciamiento de fuentes. Sobre Jesús Albeiro Guisao Arias, alias «Brayan», declaró: «le mandó a decir a “Kiko”, a Juan Francisco Cerchar, le mandó a decir que para no hablar que le mandara una plata para pagar a un abogado y él se la mandó para allá».

Ese dato converge con las retractaciones oscilantes de Guisao Arias. También ofrece una explicación externa del repliegue posterior de quien inicialmente había ubicado presencia armada en Barrancas y contacto con el acusado.

Erlín Enrique Cortés Fernández también afirmó: «el señor Juan Francisco Gómez me ha amenazado varias veces, desde hace mucho tiempo». Más adelante precisó que en la declaración que rindió el 12 de septiembre de 2013 guardó silencio por miedo. Para esa oportunidad, Gómez Cerchar le dijo «si te preguntan de “Marquitos” no sabes nada, si te preguntan de nada, nada, ya sabes, me decía así (…) él a mí al decirme a mi nada, es nada, tienes que tener tu mente bien puesta me decía a mí y el abogado también me explicó y me dijo lo que yo tenía que decir y yo, no se preocupe». Sin embargo, una vez capturado el acusado, decidió acercarse a las autoridades.

Ese bloque muestra una dinámica de control sobre versiones relevantes para el proceso.

139. De este segundo segmento surgen otros datos parciales: i) el acusado habría enviado dinero para obtener silencio; ii) impartió instrucciones concretas sobre lo que debía declararse; iii) amenazó a quien podía comprometerlo; iv) el cambio de situación procesal del acusado incidió en la disposición del testigo a declarar; y v) el repliegue de Jesús Albeiro Guisao Arias cuenta con una explicación externa.

Estos datos tampoco prueban la determinación homicida de manera autónoma. Su fuerza radica en explicar por qué algunos relatos aparecieron con cautelas, silencios o retractaciones, dentro de un escenario de presión sobre fuentes.

140. El testigo añadió un dato convergente respecto de Yandra Cecilia Brito Carrillo. Según su relato, escuchó al procesado decir: «tendría que morirme para no mandarla matar».

Ese pasaje adquiere relevancia al integrarlo con las declaraciones de Brito Carrillo, su denuncia de amenazas y su homicidio posterior. También armoniza con la pauta de represalia descrita por ella frente a quienes rompían subordinación o exponían información comprometedora.

141. En conjunto, la declaración de Erlín Enrique Cortés Fernández aporta al menos tres líneas de convergencia. La primera vincula al acusado con un ejecutor armado disponible. La segunda muestra infraestructura de refugio y seguridad, corroborada por prueba material. La tercera explica el control de versiones, las amenazas y las retractaciones de algunos declarantes.

142. El Tribunal valoró este bloque para confirmar el concierto para delinquir agravado. Sin embargo, al analizar el homicidio de López Peralta, no le reconoció su verdadero rendimiento dentro de la capacidad criminal y la oportunidad funcional.

Ese tratamiento fraccionó el acervo. Los mismos datos que permitían afirmar alianza criminal, refugio, apoyo logístico y cercanía con «Marquitos Figueroa» también debían ingresar al juicio sobre la posibilidad real de determinar homicidios selectivos.

143. Corregida esa fragmentación, el testimonio de Erlín Enrique Cortés Fernández robustece el indicio compuesto de capacidad criminal y oportunidad funcional. Muestra relación funcional con un ejecutor armado, apoyo material, posibilidad operativa y control de información.

Su valor no reside en demostrar, por sí solo, la determinación del homicidio de López Peralta. Reside en su convergencia con el móvil político, la atribución persistente, la presencia armada desde 1995 y el contexto de intimidación.

4) Arnulfo Sánchez González, alias «Pablo»; Yimmy Florián Gómez, Leonardo José Benjumea Medina, Danovis Alfonso López Acosta, Juver Antonio López Durán, José María Benjumea Amaya, Rosario Sierra Hernández, Miguel Alfredo Cuesta Montero, y Bayron Gabriel Carvajal Osorio: brazo criminal, soporte político y control territorial

144. Arnulfo Sánchez González, alias «Pablo», aportó un bloque relevante de datos sobre protección territorial, soporte material y articulación política de la estructura armada vinculada a Marcos de Jesús Figueroa García, alias «Marquitos Figueroa». Su declaración permite ubicar la relación entre hombres armados, propiedades atribuidas al acusado, apoyo económico, coordinación institucional y proyección política local. El testigo manifestó:

Cuando uno llega le entregan una zona le explican todo el manejo, cómo operan y dónde están ubicados, cuáles son los contactos y todo, se recibe todo personal, el armamento y las funciones, cuando yo llegó en el 2001, ya este, este grupo estaba ahí ya sale Cobra y llega 60, las razones por las que sacan a Brayan de La Guajira es que este grupo siempre estuvo bajo la protección de “Kiko Gómez” del alcalde de Barrancas, el grupo tenía 25 hombres con fusil y 15 muchachos urbanos, los hombres de fusil el grupo armado con fusil permanecía en la finca de “Kiko Gómez” en la curva en la entrada de San Pedro en la vía San Pedro.

Luego añadió: «más sin embargo la colaboración de “Kiko Gómez” hacía el grupo, hacía las estructuras urbanas es el de apoyarnos económicamente y con la coordinación con la policía y con el ejército del batallón Rondón».

145. De ese relato surgen varios datos parciales de relevancia probatoria: i) la estructura armada contaba con hombres con fusil y urbanos; ii) el grupo permanecía en una finca del procesado; iii) recibía apoyo económico atribuido a Juan Francisco Gómez Cerchar; iv) operaba con coordinación de miembros de la Policía y del Ejército; y v) la protección del acusado aparecía vinculada a la permanencia de la estructura en la zona.

Esos datos no acreditan, por sí solos, la determinación del homicidio de López Peralta. Su valor surge al integrarlos con los bloques anteriores: presencia armada desde 1995, testimonio de Jesús Albeiro Guisao Arias sobre urbanos en Barrancas, y declaración de Erlín Enrique Cortés Fernández sobre «Marquitos Figueroa» como ejecutor disponible.

146. Sánchez González también aportó datos sobre la articulación entre conducción política, recursos y brazo ejecutor. Expuso:

Se invita a “Kiko” a una reunión, yo lo recojo en Mingueo, él iba acompañado de un mayor del ejército que estuvo de comandante del Gaula en Riohacha (…). En esta reunión se acordó (…) ponerle una chapa (…) se acordó de ponerle Ronaldinho (…) se habló del futuro político de “Kiko Gómez”, él quería ser gobernador pero que estaba organizado unos procesos que tenía unas investigaciones, se comprometió a ayudarnos con las alcaldías de Barrancas (…) a relacionarnos con las alcaldías (…). Después voy yo y Ramiro a la casa de “Kiko Gómez” a Barrancas a entrevistarme con un representante de la mina de Cerrejón (…). Con el señor de la mina acordamos meter 15 hombres a trabajar en la mina para hacer inteligencia y ubicar los milicianos de las Farc.

Luego agregó: «“Marquitos” siempre ha sido como el brazo armado de “Kiko Gómez” lo tenía de seguridad de la casa (…) la casa en Barrancas (…) “Marquitos” siempre ha tenido esa función de sicario (…) él tiene la capacidad de organizar, él tiene unos muchachos muy buenos para eso que son el flaco y otro muchacho de Santa Marta que hacen muy buenos trabajos y él es especialista en eso (…) porque él compra carros, compra fusil porque “Kiko” le da la plata (…) y tiene la información de la policía, “Kiko Gómez” le mueve la policía».

147. De ese segundo segmento derivan otros datos relevantes: i) el procesado participaba en espacios de interlocución con jefes armados; ii) su proyecto político aparecía vinculado al apoyo de estructuras ilegales; iii) «Marquitos Figueroa» cumplía funciones de seguridad y sicariato; iv) el ejecutor recibía dinero, armas, vehículos e información; y v) Juan Francisco Gómez Cerchar actuaba como punto de enlace entre poder político, recursos e inteligencia armada.

Estos datos convergen con la declaración de Erlín Enrique Cortés Fernández. Ambos ubican a «Marquitos Figueroa» como brazo armado cercano al procesado. También convergen con las pruebas sobre inmuebles, fincas, hombres armados y control territorial.

148. Yimmy Florián Gómez y Leonardo José Benjumea Medina cumplen función corroborativa sobre la persistencia de la alianza entre el procesado y Marcos de Jesús Figueroa García.

Florián Gómez afirmó: «lo que yo sé, es que para que no cogiera poder la gente de “Marquitos” con su gente, porque “Kiko” era el financiero de “Marquitos Figueroa” (…) los hombres armados que él tiene, ellos tienen el poder allá en la Guajira, (…) un man que hace todo lo que quiere, comete homicidios, transporta droga (…), eso era lo que se quería evitar y se peleaba porque esos manes son los que mueven todo allá (…) “Marquitos Figueroa” era el encargado de la seguridad de “Kiko Gómez”».

El 11 de noviembre de 2011, Leonardo José Benjumea Medina sostuvo: «Kiko fue comandante de una organización en Barranca, pero no sé cuál».

El 24 de febrero de 2014, ante la pregunta por las razones de esa afirmación, contestó: «Porque eso fue lo que yo escuché en la reunión y a mí me hicieron la pregunta y por eso la respondí». Añadió: «Yo lo único que sé es que me llevaron a la reunión y comencé a escuchar los comentarios. Me preguntaron, díganme lo que usted escuchó y yo le dije lo que yo escuché».

Ese límite no anula el dato. Lo ubica en su función propia: mostrar que el nombre del acusado circulaba en espacios de interlocución criminal, asociado a una organización armada con presencia territorial.

149. De esas declaraciones surgen estos datos parciales: i) la relación entre Gómez Cerchar y «Marquitos Figueroa» aparece de forma persistente; ii) el segundo figura como seguridad o brazo armado del primero; iii) el acusado aparece asociado a financiación o liderazgo político; y iv) su nombre circulaba dentro de espacios vinculados a operadores criminales.

Estos datos refuerzan lo declarado por Arnulfo Sánchez González y Erlín Enrique Cortés Fernández. También se conectan con la presencia armada descrita por los agentes de SIJIN y con la versión de Jesús Albeiro Guisao Arias sobre urbanos en Barrancas.

150. Danovis Alfonso López Acosta y Juver Antonio López Durán aportan otro núcleo corroborativo, referido a la división funcional entre jefatura política y brazo armado.

López Acosta declaró: «en el componente político de “Marquitos” se encuentra el actual gobernador de La Guajira José Francisco Gómez Cerchar, alias “Kiko Gómez”, es el dirigente político de la organización de “Marquitos Figueroa”, más conocido como los KG (“Kiko Gómez”), que la mayoría de los carros tienen esa calcomanía, con eso se identifican entre la misma organización».

De igual modo, agregó: «“Kiko Gómez” es el comandante político de la organización “kg” o de “Marquitos Figueroa”, utiliza la política como fachada y he escuchado que es el autor intelectual de los asesinatos de todos los políticos que asesinan en la Guajira, la ley de él es: esté con él o no está con él, o si no se muere (…) “Marquitos” es el que le cumple órdenes de “Kiko Gómez”».

Juver Antonio López Durán afirmó que «Marquitos Figueroa» era el «brazo armado de apoyo de “Kiko Gómez”, que lidera toda La Guajira en sicariato, narcotráfico gasolina, compra y venta de carros en Venezuela».

Ese relato converge con las declaraciones que ubican a «Marquitos Figueroa» como ejecutor, escolta, seguridad o brazo armado. La denominación cambia según la fuente, pero el dato central permanece: Juan Francisco Gómez Cerchar aparece vinculado a una estructura que ejercía violencia organizada.

151. De este bloque surgen otros datos menores: i) el acusado aparece descrito como dirigente o componente político; ii) «Marquitos Figueroa» aparece descrito como brazo armado; iii) ambos son ubicados dentro de una misma estructura funcional, y iv) la organización aparece asociada a sicariato, narcotráfico y control territorial. La fuerza del bloque surge de la reiteración de la misma estructura funcional en fuentes diversas.

152. José María Benjumea Amaya, Francisca Rosario Sierra Hernández, Miguel Alfredo Cuesta Montero y Bayron Gabriel Carvajal Osorio cumplen una función corroborativa adicional sobre la estabilidad, ramificación y eficacia territorial de ese poder criminal.

Benjumea Amaya denunció la comisión de múltiples homicidios por parte de «Marquitos Figueroa», antes de ser asesinado, y precisó que, como dato público, «Kiko Gómez» participaba. Ese dato enlaza la actuación homicida de «Marquitos Figueroa» con el nombre del acusado dentro del conocimiento público regional.

Francisca Rosario Sierra Hernández responsabilizó al procesado por la muerte de su hija y refirió amenazas. Además, cuando le preguntaron qué lo movía a actuar de ese modo, manifestó: «Porque él quiere ser jefe, él quiere ser un Pablo Escobar. Es un hambre de prepotencia, de poder, de creerse, que nadie, que era intocable porque decía que él con su plata, ustedes no le iban a hacer nada porque él tenía plata para comprar a todo el mundo». Ese relato refuerza el contexto de poder, intimidación y dominio regional.

Miguel Alfredo Cuesta Montero indicó que los sicarios de otros homicidios residían en una finca del acusado y Bayron Gabriel Carvajal Osorio aportó el dato de la convivencia entre política local y paramilitarismo. Ambos relatos convergen con los anteriores sobre uso de inmuebles, apoyo territorial y contacto entre poder político y estructuras armadas.

153. De esos relatos surgen datos parciales concordantes: i) vinculación reiterada entre el acusado y la actuación homicida de «Marquitos Figueroa»; ii) amenazas contra contradictores; iii) uso de inmuebles o fincas del acusado como espacios de residencia, refugio o apoyo de sicarios; iv) convivencia funcional entre política local y paramilitarismo; y v) circulación pública de la relación entre el procesado y estructuras armadas.

154. Puestas así las cosas, la valoración conjunta de los cuatro subgrupos probatorios permite estructurar un indicio de capacidad criminal y oportunidad funcional.

Ese indicio surge de datos menores acreditados por fuentes diversas:

i) Jesús Albeiro Guisao Arias habló de urbanos en Barrancas, hombres instalados y recepción por Juan Francisco Gómez Cerchar;

ii) los agentes de la SIJIN Armando Torres Delgado y Jacinto Moreno Moreno ubicaron desde 1995 una estructura armada de «Marquitos Figueroa» en Fonseca;

iii) Erlín Enrique Cortés Fernández describió refugio, caleta, ejecutor disponible, amenazas y control de versiones; y

iv) Arnulfo Sánchez González, Yimmy Florián Gómez, Leonardo José Benjumea Medina, Danovis Alfonso López Acosta, Juver Antonio López Durán, José María Benjumea Amaya, Rosario Sierra Hernández; Miguel Alfredo Cuesta Montero y Bayron Gabriel Carvajal Osorio refirieron financiación, fincas, hombres armados, apoyo institucional, brazo criminal y control territorial.

155. Esos datos guardan concordancia interna. Todos ubican un aparato armado regional, próximo al acusado, con capacidad de sicariato, refugio territorial, protección institucional y control sobre fuentes de información.

También encuentran corroboración externa. La versión de Erlín Enrique Cortés Fernández. sobre espacios de ocultamiento recibió respaldo en la prueba material sobre la habitación subterránea. La presencia armada desde 1995 recibió apoyo en declaraciones de agentes de SIJIN y en documentos de policía judicial. La versión de Jesús Albeiro Guisao Arias sobre urbanos en Barrancas converge con los relatos de Arnulfo Sánchez González y Cortés Fernández.

La conclusión probatoria no depende de una inferencia aislada. Tampoco surge de una máxima general sobre actores políticos y violencia. El acervo, apreciado en conjunto, muestra que para la época del homicidio de López Peralta existía una plataforma armada regional, conectada con el acusado y funcional para ejecutar actos de violencia selectiva.

Esto incide directamente en el análisis de responsabilidad. El móvil político y la atribución persistente explican por qué López Peralta podía constituir un obstáculo para el poder local del acusado. La capacidad criminal y la oportunidad funcional explican cómo esa decisión podía ejecutarse mediante una estructura armada disponible.

156. El Tribunal desconoció esa articulación. Al tratar por separado la presencia armada, las fechas de llegada, los vínculos con «Marquitos Figueroa» y la relación con las AUC, debilitó el conjunto probatorio. La corrección del yerro permite incorporar ese soporte al análisis final de responsabilidad, sin convertir ninguno de los datos en prueba directa autónoma de la determinación homicida.

d. Falso raciocinio sobre el contexto de intimidación, las retractaciones y el silenciamiento de fuentes

157. El siguiente eje probatorio concierne al contexto de intimidación, las retractaciones y el silenciamiento de fuentes. La Procuraduría, la Fiscalía y la parte civil sostienen que el Tribunal examinó esos datos como episodios sueltos, al margen del cuadro de violencia política y criminal que rodeó el homicidio de Luis Gregorio López Peralta.

El reparo tiene fundamento, porque el miedo, las amenazas, las retractaciones y las cautelas de los declarantes cumplían una función probatoria concreta: permitían entender la forma en que los medios de conocimiento ingresaron al proceso, así como las reservas, silencios, variaciones y solicitudes de corroboración que acompañaron varios relatos.

158. El contexto de intimidación ocupa un lugar preciso dentro del razonamiento indiciario. Su utilidad no reside en sustituir la valoración de las pruebas, sino en explicar por qué algunas fuentes hablaron con prudencia, acudieron a referencias indirectas o modificaron sus versiones tras recibir presiones.

Esa perspectiva imponía una lectura de conjunto. Los silencios iniciales, las retractaciones posteriores y las peticiones de verificación no podían quedar reducidos a síntomas aislados de fragilidad; dentro del cuadro completo, también revelaban el peso del miedo sobre la producción probatoria.

159. Yandra Cecilia Brito Carrillo aporta el primer dato relevante. En la diligencia del 7 de marzo de 2011, afirmó: «La gente allá es muy atemorizada, la gente allá prefiere callar y aguantar todas las fechorías que comete un jefe del crimen y no son capaces de denunciar, ante las autoridades porque les da miedo que les pase algo (…) yo hoy tengo una denuncia de que he recibido varias amenazas por parte de este señor».

Ese dato converge con la forma en que la misma testigo introdujo la atribución del homicidio. Brito Carrillo pidió verificar con otras fuentes, pero antes explicó el temor comunitario. El Tribunal tomó esa solicitud como signo de debilidad. La valoración conjunta muestra otra función: la petición de corroboración resultaba compatible con un entorno en el que declarar directamente implicaba riesgo.

La muerte posterior de Yandra Cecilia Brito Carrillo fortalece la lectura contextual de ese temor. La testigo declaró contra Juan Francisco Gómez Cerchar, relató amenazas y atribuyó homicidios al procesado. Luego, el 28 de agosto de 2012, resultó asesinada. Este dato no acredita directamente la muerte de López Peralta, pero sí confirma la seriedad del ambiente de intimidación que ella describió.

160. El relato de Erlín Enrique Cortés Fernández aporta un segundo núcleo de datos. Afirmó que Gómez Cerchar lo amenazó en varias oportunidades. También relató que, antes de declarar, le indicó: «si te preguntan de “Marquitos” no sabes nada, si te preguntan de nada, nada, ya sabes», y también: «tienes que tener tu mente bien puesta me decía a mí y el abogado también me explicó y me dijo lo que yo tenía que decir».

Esos datos muestran un patrón de control sobre versiones potencialmente incriminatorias. La instrucción de negar conocimiento sobre «Marquitos Figueroa» tenía relación directa con uno de los ejes del caso: el vínculo del procesado con la estructura armada de Marcos de Jesús Figueroa García.

Por ello, el silencio inicial de Cortés Fernández no podía examinarse como dato neutro. Debía valorarse junto con las amenazas, las instrucciones recibidas y su decisión posterior de acudir a las autoridades tras la captura del acusado.

El mismo testigo ofreció un dato externo para comprender las oscilaciones de Jesús Albeiro Guisao Arias. Según Erlín Enrique Cortés Fernández, Guisao Arias mandó pedir dinero a Gómez Cerchar para no hablar y pagar un abogado.

Ese elemento no transforma la versión inicial de Guisao Arias en prueba plena. Sin embargo, brinda una explicación externa del viraje posterior y permite valorar sus retractaciones dentro de un escenario de presión sobre fuentes.

161. La conducta procesal posterior de Jesús Albeiro Guisao Arias resulta concordante con ese contexto. Su primera declaración incluyó datos circunstanciados sobre presencia armada, urbanos en Barrancas y recepción por «Kiko Gómez». Después ofreció versiones oscilantes. En unas negó conocer al procesado; en otras admitió haberlo visto. También aceptó que sus urbanos vivían detrás de la casa de «Kiko Gómez» y que salió de La Guajira por problemas con «Kiko Gómez y su gente».

Esa secuencia muestra que las retractaciones no podían valorarse de manera aislada. El Tribunal debía confrontarlas con la primera versión, con las admisiones posteriores que subsistieron y con el dato externo aportado por Erlín Enrique Cortés Fernández. El fallo tomó las variaciones como factor de debilitamiento, sin integrar suficientemente el contexto de presión sobre declarantes. Esa omisión valorativa afectó el alcance del testimonio.

162. Otros medios de conocimiento muestran una dinámica semejante. Las familiares de la víctima aceptaron no tener conocimiento directo de la orden homicida y hablaron de comentarios, rumores o dichos comunitarios. Esa cautela no cancela el dato. Lo delimita. Al integrarla con el temor comunitario descrito por Yandra Cecilia Brito Carrillo, con las amenazas referidas por Cortés Fernández y con la muerte posterior de aquella, adquiere explicación dentro del conjunto.

163. De este bloque surgen datos parciales concordantes: i) en Barrancas existía temor para denunciar; ii) Yandra Cecilia Brito Carrillo afirmó haber recibido amenazas del procesado; iii) esa testigo resultó asesinada después de declarar; iv) Erlín Enrique Cortés Fernández relató amenazas e instrucciones para negar conocimiento sobre «Marquitos Figueroa»; v) Jesús Albeiro Guisao Arias presentó retractaciones oscilantes; vi) existió una explicación externa sobre una posible solicitud de dinero para callar; y vii) varios declarantes formularon sus señalamientos de manera cautelosa.

Estos datos no prueban aisladamente la determinación del homicidio. Su valor consiste en explicar la textura probatoria del caso: declaraciones indirectas, relatos prudentes, silencios iniciales y retractaciones posteriores. La convergencia de este bloque con los anteriores resulta clara. El móvil político explica por qué López Peralta podía convertirse en obstáculo para el poder local.

La capacidad criminal explica el medio operativo disponible. El contexto de intimidación explica por qué la atribución contra Juan Francisco Gómez Cerchar surgió con cautelas y por qué algunos testigos modularon sus relatos.

164. El Tribunal trató esas cautelas como señales de debilidad intrínseca de la prueba. Esa lectura fragmentó el acervo. La valoración conjunta muestra que el miedo, las amenazas y las retractaciones no desvirtúan automáticamente los datos de cargo. En este caso, ayudan a comprender su forma de aparición y su necesidad de corroboración cruzada.

Por ello, el Tribunal incurrió en falso raciocinio al subvalorar el contexto de intimidación y al no incorporarlo como elemento explicativo de la producción probatoria.

e. Insuficiencia de la hipótesis alternativa y mayor poder explicativo de la hipótesis incriminatoria

165. Corresponde ahora confrontar la hipótesis incriminatoria con las explicaciones alternativas mencionadas por la defensa y acogidas parcialmente por el Tribunal. Ese contraste resulta indispensable en una valoración indiciaria compleja. La convergencia de datos de cargo debe examinarse frente a hipótesis alternativas verdaderamente plausibles, apoyadas en medios de conocimiento y con capacidad para explicar el conjunto.

166. En este caso, la defensa aludió a una posible intervención de la guerrilla. También sugirió, de manera menos desarrollada, la posibilidad de delincuencia común o de un conflicto derivado de asuntos contractuales.

El Tribunal recogió algunas referencias de testigos sobre comentarios que atribuían el homicidio a las FARC o a la insurgencia. A partir de allí, concedió entidad a una línea alternativa. Esa hipótesis presenta debilidad explicativa. Los declarantes que mencionaron a la guerrilla acudieron a comentarios comunitarios o percepciones generales, sin identificar ejecutores, mando, interés concreto contra la víctima, amenaza previa o dato externo de corroboración.

Tampoco precisaron un beneficio específico para la insurgencia derivado del homicidio de López Peralta. La referencia aparece como posibilidad comentada, no como reconstrucción probatoria consistente.

167. José Alejandro Figueroa Ucroz dijo haber escuchado comentarios según los cuales el homicidio pudo provenir de grupos guerrilleros. Relacionó esa percepción con la experiencia de su padre, secuestrado años antes. Ese dato tiene alcance limitado. Aporta una percepción comunitaria filtrada por una vivencia personal previa. No explica la aspiración política de López Peralta, ni su discurso sobre irregularidades, ni la atribución persistente contra Juan Francisco Gómez Cerchar.

Carlos Alberto García Carrillo también mencionó comentarios sobre posible autoría guerrillera. Sin embargo, su propio relato contiene datos relevantes para la hipótesis de cargo. Reconoció el dominio político de Juan Francisco Gómez Cerchar en la región, la aspiración de López Peralta a la alcaldía, el aprecio comunitario hacia la víctima y la ausencia de enemigos personales conocidos.

168. La hipótesis de delincuencia común tiene menor soporte. El expediente no muestra móvil patrimonial, apropiación de bienes, ataque aleatorio o conflicto privado de entidad suficiente. La forma del homicidio, la calidad de la víctima y el contexto político reducen el poder explicativo de esa posibilidad.

La referencia a controversias contractuales tampoco estructura una hipótesis alternativa robusta. Algunos testigos aludieron a discusiones sobre el acueducto o sobre gestión municipal. Esas menciones muestran actividad política y controversia institucional. No identifican un tercero con interés homicida, ni conectan esa controversia con una estructura ejecutora distinta, ni explican la atribución persistente contra el acusado.

La hipótesis incriminatoria explica más datos del acervo. Integra la proyección electoral de López Peralta, su discurso sobre irregularidades, la quema de archivos, el dominio político de Juan Francisco Gómez Cerchar, la estructura armada disponible y el contexto de intimidación. También explica la forma cautelosa de algunos relatos, las retractaciones, los señalamientos familiares y la presencia de «Marquitos Figueroa» como ejecutor disponible.

Las alternativas dejan residuos probatorios relevantes. La hipótesis guerrillera no explica la declaración de Yandra Cecilia Brito Carrillo sobre la quema de archivos y el silenciamiento del concejal. La delincuencia común no explica la ausencia de móvil patrimonial ni la persistencia del señalamiento político. La tesis contractual no explica el aparato armado disponible ni el contexto de intimidación.

169. Por lo tanto, las hipótesis alternativas no alcanzan plausibilidad suficiente para generar duda razonable. Carecen de corroboración externa y no poseen poder explicativo equivalente. La tesis de cargo articula los datos menores ya examinados en una explicación coherente: un contradictor político con proyección electoral fue asesinado en un contexto de dominio local y disponibilidad de estructura armada.

f. Falso raciocinio por quebranto del principio lógico de no contradicción

170. Este yerro ocupa un lugar autónomo dentro de los cargos propuestos por vía indirecta y compromete la coherencia interna del razonamiento del Tribunal. Los demandantes sostienen que, al analizar el concierto para delinquir agravado, el juez plural admitió una premisa fáctica que luego desconoció al examinar el homicidio de Luis Gregorio López Peralta, sin ofrecer una razón diferenciadora suficiente.

171. La autonomía dogmática entre concierto para delinquir agravado y homicidio agravado impide derivar, de forma automática, responsabilidad por homicidio a partir del concierto. No obstante, la coherencia probatoria exige mantener la eficacia de las premisas fácticas aceptadas dentro del mismo fallo, cuando comparten marco temporal, territorio, actores criminales y contexto funcional.

172. Frente al concierto para delinquir agravado, el Tribunal tuvo por acreditada la alianza de Juan Francisco Gómez Cerchar con la estructura de Marcos de Jesús Figueroa García, alias «Marquitos Figueroa», desde 1995. También admitió patrocinio de hombres armados, apoyo logístico, utilización de inmuebles, protección territorial y aprovechamiento de actividades ilícitas por parte del acusado.

Al examinar el homicidio, el juez plural redujo la capacidad criminal del acusado al vínculo con las AUC desde mayo de 1997. Ese recorte dejó por fuera la alianza con la estructura de Marcos de Jesús Figueroa García, reconocida por el mismo fallo desde enero de 1995. Allí radica la incompatibilidad lógica.

La cronología fijada por el Tribunal evidencia la ruptura. El homicidio de Luis Gregorio López Peralta ocurrió el 22 de febrero de 1997. Para esa fecha, según la propia sentencia, ya operaba la relación funcional entre Juan Francisco Gómez Cerchar y la estructura de Marcos de Jesús Figueroa García. Esa premisa impedía tratar febrero de 1997 como un escenario carente de soporte armado.

173. El capítulo del concierto reafirmó esa base con varios medios de conocimiento. El Tribunal valoró declaraciones de Erlín Enrique Cortés Fernández, Arnulfo Sánchez González y otros integrantes de estructuras armadas. A partir de esos medios, concluyó que el acusado actuó como promotor y beneficiario de organizaciones criminales con presencia en La Guajira.

Esa premisa fáctica debía ingresar al análisis del homicidio. La Sala no afirma que el concierto pruebe, por sí solo, la determinación homicida. El punto radica en que la alianza armada aceptada aporta un dato relevante sobre capacidad criminal, oportunidad funcional y disponibilidad operativa. Ese dato debía valorarse junto con el móvil político, la atribución persistente y el contexto de intimidación.

174. El principio de no contradicción impide sostener, dentro de la misma sentencia, que el acusado mantuvo una relación funcional con una estructura armada desde 1995 y, al mismo tiempo, que carecía de soporte criminal para febrero de 1997. El Tribunal podía asignar diverso alcance jurídico a esa premisa. No podía excluirla del análisis del homicidio sin explicación racional.

175. La capacidad criminal reconocida en el capítulo del concierto recobra eficacia dentro del juicio sobre el homicidio. Esa integración no determina automáticamente la condena. Sí restituye al cuadro probatorio un dato decisivo: para la fecha del crimen, Gómez Cerchar contaba con un soporte armado regional, funcional y próximo al escenario de los hechos.

g. Puntos de llegada: valoración en conjunto del cuadro indiciario y restablecimiento de la condena por determinación

176. Corregidos los yerros advertidos, la Sala debe reconstruir el rendimiento conjunto del acervo probatorio. El análisis integra la prueba omitida, los falsos raciocinios por fragmentación, la hipótesis alternativa descartada y la contradicción interna del fallo.

177. En este caso, la atribución de responsabilidad surge de varios datos menores, acreditados por fuentes distintas, que convergen hacia una misma explicación y guardan concordancia entre sí.

178. El primer eje recae en el móvil político y la atribución persistente del homicidio al procesado.

Lo integran tres bloques. El primero corresponde a las declaraciones de Yandra Cecilia Brito Carrillo. El segundo reúne los relatos de Andrea Paola López Daza, Gloria Alcira López Peralta y Diana Carolina López Zuleta. El tercero comprende las declaraciones de Cipriano Segundo Pinto Brito, Carlos Alberto García Carrillo, José Alejandro Figueroa Ucroz, Alcibíades Pinto Ospino, Loly Luz López Daza, Oswaldo Rafael Fonseca Medina, Pedro Julio Castillo Camargo y Rafael Segundo Carrillo Useche.

En el primer bloque, la declaración de Yandra Cecilia Brito Carrillo del 3 de junio de 2010, omitida por el Tribunal, aporta datos relacionales, políticos y administrativos. Allí aparecen la quema de archivos, el conocimiento atribuido al concejal, la relación política previa con el acusado y la pauta de represalia contra quienes rompían subordinación.

La diligencia del 7 de marzo de 2011 complementa esa información. Yandra Cecilia Brito Carrillo reiteró la atribución, identificó a la víctima y explicó el temor comunitario a denunciar. Ambas versiones, valoradas en conjunto, ubican el señalamiento dentro de un contexto político e intimidatorio determinado.

En el segundo bloque, Andrea Paola López Daza, Gloria Alcira López Peralta y Diana Carolina López Zuleta aportan persistencia de la atribución. Sus relatos no describen la orden homicida. Su utilidad radica en mostrar que el entorno familiar y comunitario vinculó la muerte del concejal con Juan Francisco Gómez Cerchar y con una disputa por el poder local.

En el tercer bloque, Cipriano Segundo Pinto Brito, Carlos Alberto García Carrillo, José Alejandro Figueroa Ucroz, Alcibíades Pinto Ospino, Loly Luz López Daza, Oswaldo Rafael Fonseca Medina, Pedro Julio Castillo Camargo y Rafael Segundo Carrillo Useche completan la base objetiva del móvil. Sus declaraciones muestran aspiración real a la alcaldía, respaldo popular, votación relevante, controversias institucionales, referencias a irregularidades administrativas y ausencia de móviles privados con poder explicativo equivalente.

La convergencia de esos tres bloques permite estructurar un indicio compuesto de móvil político. Ese indicio nace de datos concretos: liderazgo electoral, autonomía política, discurso sobre irregularidades, quema de archivos, dominio político del acusado y ausencia de enemistades privadas relevantes.

También surge un indicio compuesto de atribución persistente. Yandra Cecilia Brito Carrillo, las familiares de la víctima y varios testigos del entorno político ubican el homicidio dentro de un conflicto local y vinculan, con distintos grados de proximidad, a Juan Francisco Gómez Cerchar con la muerte del concejal.

179. El segundo eje recae en la capacidad criminal y la oportunidad funcional.

Lo integran cuatro bloques. El primero proviene de Jesús Albeiro Guisao Arias. El segundo, de Armando Torres Delgado y Jacinto Moreno Moreno. El tercero, de Erlín Enrique Cortés Fernández. El cuarto, de Arnulfo Sánchez González, Yimmy Florián Gómez, Leonardo José Benjumea Medina, Danovis Alfonso López Acosta, Juver Antonio López Durán, José María Benjumea Amaya, Francisca Rosario Sierra Hernández, Miguel Alfredo Cuesta Montero y Bayron Gabriel Carvajal Osorio.

Jesús Albeiro Guisao Arias aportó datos sobre presencia de hombres armados en La Guajira, urbanos en Barrancas, supervisión de personal previamente instalado y recepción por parte de Gómez Cerchar. Ese testimonio, valorado con cautela por sus retractaciones posteriores, conserva utilidad al integrarlo con los medios que explican presión sobre fuentes y control de versiones.

Armando Torres Delgado y Jacinto Moreno Moreno ubicaron una estructura armada asociada a Marcos de Jesús Figueroa García desde febrero de 1995 en Fonseca, municipio próximo a Barrancas.

Ese bloque aporta presencia armada previa, armas de largo y corto alcance, asentamiento regional, capacidad de intimidación y corroboración documental mediante denuncia e informe de policía judicial.

Erlín Enrique Cortés Fernández aportó datos sobre la relación funcional entre Juan Francisco Gómez Cerchar y Marcos de Jesús Figueroa García. Su relato describe frecuentación del acusado por hombres armados, uso de inmuebles como espacios de resguardo, existencia de una caleta corroborada materialmente, disponibilidad de Marcos de Jesús Figueroa García como ejecutor y control de versiones mediante amenazas e instrucciones.

Arnulfo Sánchez González, Yimmy Florián Gómez, Leonardo José Benjumea Medina, Danovis Alfonso López Acosta, Juver Antonio López Durán, José María Benjumea Amaya, Francisca Rosario Sierra Hernández, Miguel Alfredo Cuesta Montero y Bayron Gabriel Carvajal Osorio completan el soporte político, material y territorial. Sus relatos refieren financiación, fincas, hombres armados, apoyo institucional, brazo criminal, control territorial y circulación pública de la relación entre el procesado y estructuras armadas.

La integración de esos cuatro bloques estructura un indicio compuesto de capacidad criminal y oportunidad funcional. Los datos convergen en una misma base: el acusado contaba con soporte armado regional, ejecutores disponibles, inmuebles, financiación, contactos institucionales y capacidad para incidir sobre testigos o integrantes de esas estructuras.

180. El tercer eje proviene del contexto de intimidación, retractaciones y silenciamiento. Lo integran el temor comunitario descrito por Brito Carrillo, las amenazas que ella y Cortés Fernández atribuyeron al acusado, el homicidio posterior de aquella, las instrucciones impartidas a este último para negar conocimiento sobre Marcos de Jesús Figueroa García y las retractaciones oscilantes de Jesús Albeiro Guisao Arias.

Ese bloque no reemplaza los demás indicios. Los explica. Permite comprender por qué algunos relatos ingresaron con cautela, por qué varios declarantes usaron fórmulas indirectas y por qué ciertas versiones cambiaron con el paso del tiempo.

181. El cuarto eje surge de la comparación con las hipótesis alternativas. Las referencias a guerrilla, delincuencia común o controversias contractuales no ofrecen una reconstrucción probatoria equivalente. No identifican ejecutores, mando, interés verificable, beneficio concreto ni dato externo de corroboración.

La hipótesis incriminatoria explica más elementos del acervo. Integra móvil político, atribución persistente, capacidad criminal, oportunidad funcional, estructura armada disponible, intimidación, retractaciones y modalidad selectiva del ataque.

182. El quinto eje proviene de la contradicción interna del fallo. El Tribunal aceptó la alianza armada con Marcos de Jesús Figueroa García desde 1995 al confirmar el concierto agravado. Luego, al examinar el homicidio, razonó como si para febrero de 1997 no existiera soporte criminal disponible.

Esa contradicción conllevó el sentido absolutorio. La premisa de capacidad criminal reconocida en el concierto debía ingresar al análisis del homicidio, no para fundar condena automática, sino para integrar el soporte operativo de la hipótesis de cargo.

183. La integración de los cinco ejes permite formular una conclusión sin ruptura lógica. Luis Gregorio López Peralta tenía proyección política, respaldo comunitario y aptitud para disputar el poder local. Juan Francisco Gómez Cerchar ejercía dominio político y contaba con soporte armado funcional. La atribución del homicidio mantuvo persistencia. La intimidación explica la cautela de los relatos. Las hipótesis alternativas carecen de poder explicativo equivalente.

La capacidad criminal acreditada no queda en un plano abstracto. Su fuerza surge al integrarla con el móvil político concreto, la atribución persistente, el soporte armado regional, la disponibilidad de ejecutores, el control de fuentes y la modalidad selectiva del ataque.

184. Ante tal panorama, la Corte concluye que el Tribunal incurrió en violación indirecta de la ley sustancial. Por ello, los cargos prosperan en este punto. En consecuencia, casará parcialmente la sentencia de segunda instancia, únicamente en cuanto absolvió a Gómez Cerchar por el homicidio agravado en perjuicio de Luis Gregorio López Peralta y revocó la condena en perjuicios reconocida a favor de la parte civil.

Mantendrá el marco acusatorio fijado por la Fiscalía, que lo llamó a juicio en calidad de determinador, y no bajo un título diverso de intervención. En ese orden, restablecerá la declaratoria de responsabilidad penal y las consecuencias jurídicas exclusivamente por el delito mencionado.

185. A continuación, la Sala redosificará la pena privativa de la libertad, de modo que subsista la sanción correspondiente a los delitos de concierto para delinquir agravado en concurso homogéneo, en calidad de autor, y homicidio agravado en perjuicio de Luis Gregorio López Peralta, como determinador. De igual modo, restablecerá la condena impuesta por concepto de perjuicios morales a favor de Diana Carolina López Zuleta.

D. Redosificación punitiva

186. El Juzgado declaró responsable penalmente a Juan Francisco Gómez Cerchar de los delitos de homicidio agravado, en calidad de determinador, y concierto para delinquir agravados, a título de autor. Le impuso una pena de 480 meses de prisión; 14.000 SMLMV de multa; 120 meses de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas; y 1.000 SMLMV por concepto de perjuicios morales a favor de Diana Carolina López Zuleta.

Frente a la pena privativa de la libertad, tomó como base el delito más grave: homicidio agravado. Explicó que, aunque la Fiscalía atribuyó esa conducta con fundamento en los artículos 323 y 324, numerales 7° y 8°, del CP de 1980, modificados por la Ley 40 de 1993, cuyo marco punitivo oscilaba entre 480 y 720 meses de prisión, debía aplicar, por favorabilidad, los artículos 103 y 104, numerales 7° y 10°, del CP de 2000, que establecían una sanción de 300 a 480 meses de prisión.

A partir de ese marco, dividió el ámbito de movilidad en cuartos de la siguiente manera: cuarto mínimo, de 300 a 345 meses; primer cuarto medio, de 345 meses y 1 día a 390 meses; segundo cuarto medio, de 390 meses y 1 día a 435 meses; y cuarto máximo, de 435 meses y 1 día a 480 meses. Luego ubicó la pena en los cuartos medios, al advertir la concurrencia de la circunstancia de mayor punibilidad derivada de la posición distinguida que el procesado ocupaba en la sociedad y de la circunstancia de menor punibilidad consistente en la ausencia de antecedentes penales para ese momento.

La jueza no tomó el mínimo del cuarto seleccionado. En su lugar, fijó una pena base de 350 meses de prisión, con fundamento en la gravedad de la conducta, el daño real o potencial causados, la naturaleza de las causales que agravaron la punibilidad, la intensidad del dolo, la necesidad de la pena y la modalidad de la conducta. Enseguida, incrementó 100 meses por los otros dos homicidios agravados y 30 meses más por el doble concurso de concierto para delinquir agravado, para una sanción definitiva de 480 meses de prisión.

187. Por su parte, el Tribunal declaró la prescripción de la acción penal derivada de los delitos de homicidio agravado cometidos en perjuicio de Luis Alejandro Rodríguez Frías y Rosa Mercedes Cabrera Alfaro. Revocó parcialmente el fallo de primer grado y, en su lugar, absolvió a Juan Francisco Gómez Cerchar por el punible de homicidio agravado cometido contra Luis Gregorio López Peralta, en calidad de determinador. A su vez, confirmó la condena por el delito de concierto para delinquir agravado en concurso homogéneo.

En virtud de lo expuesto, esa Corporación reajustó la pena de prisión impuesta al procesado en 146 meses, atendiendo los criterios de individualización del Juzgado de primera instancia. Mantuvo las penas de multa en 14.000 SMLMV y de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 120 meses. Aunado a ello revocó la condena por perjuicios morales reconocida a favor de Diana Carolina López Zuleta. En lo demás, mantuvo incólume la decisión apelada.

188. Ante tal panorama, la Corte respetará los parámetros aplicados por el juez singular, que resultan atendibles y ajustados a la ley y a la jurisprudencia aplicable. Por lo tanto, le corresponde únicamente, en atención a la declaratoria de prescripción de la acción penal derivada de los homicidios agravados en perjuicio de Rodríguez Frías y Cabrera Alfaro, descontar de los 480 meses de prisión impuestos por el Juzgado el incremento concursal de 100 meses impuesto por esas conductas; 50 para cada uno. En ese orden, la fijará en 380 meses, en lugar de los 146 meses señalados por el Tribunal.

189. En cuanto a la multa, debido a que solo aplica para el delito de concierto para delinquir agravado, la Corte la mantendrá en 14.000 SMLMV; 7.000 SMLMV para cada uno. La condena por ese punible permanece incólume y no la afecta el restablecimiento de la condena por el homicidio agravado en perjuicio de Luis Gregorio López Peralta. La misma decisión corresponde a la pena de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 120 meses. Esa sanción forma parte del fallo de primer grado y la redosificación aquí efectuada no ofrece base jurídica para alterarla.

190. Igual consecuencia se impone respecto de los perjuicios morales reconocidos a favor de Diana Carolina López Zuleta, hija de Luis Gregorio López Peralta. El Tribunal revocó esa condena únicamente porque absolvió a Juan Francisco Gómez Cerchar por el homicidio de su padre. Desaparecido ese fundamento, corresponde restablecer la condena civil fijada en primera instancia, esto es, el pago de 1.000 SMLMV por perjuicios morales en favor de la mencionada parte civil.

191. En síntesis, la Sala reajustará la pena privativa de la libertad impuestas a Juan Francisco Gómez Cerchar en 380 meses y mantendrá la multa en 14.000 SMLMV, la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas en 120 meses y la condena por perjuicios morales a favor de Diana Carolina López Zuleta en 1.000 SMLMV, por los delitos de concierto para delinquir agravado en concurso homogéneo, en calidad de autor, y homicidio agravado en perjuicio de Luis Gregorio López Peralta, como determinador.

E. Conclusión

192. En este caso, la Sala de Casación Penal casará parcialmente la sentencia de segunda instancia, únicamente en cuanto absolvió a Juan Francisco Gómez Cerchar del delito de homicidio agravado de Luis Gregorio López Peralta, en calidad de determinador, y revocó la condena en perjuicios morales reconocida a favor de Diana Carolina López Zuleta. Esta Corporación encontró que el Tribunal incurrió en falso juicio de existencia por omisión frente a la declaración rendida por Yandra Cecilia Brito Carrillo el 3 de junio de 2010 y, además, en falso raciocinio.

El fallo fragmentó el acervo probatorio, desarticuló el indicio de móvil político, presencia de plataforma armada disponible, oportunidad funcional del acusado, atribución persistente del homicidio desde círculos diversos, restó alcance al entorno de intimidación que explica la forma de producción de los medios de conocimiento y sobredimensionó una hipótesis alternativa carente de poder explicativo equivalente. También quebró el principio lógico de no contradicción.

193. En lo demás, no casará el fallo de segunda instancia. La nulidad propuesta no prospera. La sentencia del 1° de octubre de 2024 conserva validez formal, porque ninguna decisión previa alcanzó perfeccionamiento definitivo con la colegialidad y publicidad exigidas. Los defectos internos del trámite de segunda instancia no despojaron de competencia al Tribunal ni tornaron ineficaz el fallo recurrido.

194. Los cargos subsidiarios por violación directa de la ley sustancial, formulados contra la declaratoria de prescripción de los homicidios de Luis Alejandro Rodríguez Frías y Rosa Mercedes Cabrera Alfaro, corren la misma suerte. La acción penal por esos hechos prescribió el 8 de mayo de 2024, contado el nuevo término de diez años desde la ejecutoria de la resolución de acusación del 8 de mayo de 2014, acorde con el régimen favorable aplicable a un sujeto activo no calificado.

195. El cargo único de la defensa por violación directa de la ley sustancial relacionado con el delito de concierto para delinquir agravado tampoco prospera. Los hechos declarados probados por las instancias encajan en el delito de concierto para delinquir agravado en concurso homogéneo. La prueba del acuerdo criminal, de su permanencia, de su orientación a la comisión de delitos indeterminados y del papel promotor de Juan Francisco Gómez Cerchar satisface el estándar exigido por el artículo 232 del CPP.

IX. DECISIÓN

Por lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

Primero. Casar parcialmente la sentencia proferida el 1º de octubre de 2024 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, únicamente en cuanto absolvió a Juan Francisco Gómez Cerchar del delito de homicidio agravado cometido en perjuicio de Luis Gregorio López Peralta, en calidad de determinador, y revocó la condena en perjuicios morales reconocida a favor de su hija Diana Carolina López Zuleta.

Segundo. En consecuencia, dejar en firme el fallo condenatorio de primera instancia emitido el 23 de junio de 2017 por el Juzgado 9° Penal del Circuito Especializado de Bogotá, que declaró penalmente responsable a Gómez Cerchar respecto de la conducta punible mencionada y lo condenó al pago de perjuicios morales. Esto en atención a los cargos, por vía indirecta, propuestos por la Procuraduría 10ª Judicial II Penal de Bogotá, la Fiscalía 11 Delegada ante la Corte Suprema de Justicia y el apoderado de la parte civil.

Tercero. Fijar las penas impuestas a Juan Francisco Gómez Cerchar en trescientos ochenta (380) meses de prisión, catorce mil (14.000) SMLMV de multa, ciento veinte (120) meses de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas y en mil (1.000) SMLMV la condena en perjuicios morales a favor de Diana Carolina López Zuleta.

Cuarto. No casar la sentencia proferida el 1º de octubre de 2024 por el Tribunal Superior de Bogotá, por los restantes cargos formulados por la Procuraduría 10ª Judicial II Penal de Bogotá, la Fiscalía 11 Delegada ante la Corte y el apoderado de la parte civil, así como por el único cargo propuesto por la defensa de Juan Francisco Gómez Cerchar

Quinto. En lo demás, mantener incólume el fallo impugnado.

Sexto. Contra esta decisión no proceden recursos.

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