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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Penal

Sentencia SP285-2026(65757)

Fecha
6 de mayo de 2026

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SP285-2026(65757)

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Penal

Parte resolutiva

RESUELVE: Primero: no casar la sentencia de segunda instancia, por el cargo formulado en la demanda de casación presentada por el defensor técnico de ÁLVARO ZAMBRANO ARENAS. Segundo: confirmar, atendiendo el principio de doble conformidad judicial y por las razones expuestas en la parte motiva la sentencia condenatoria que por primera vez dictó la Sala de decisión Penal del Tribunal Superior de Villavicencio el 14 de diciembre de 2021, contra ÁLVARO ZAMBRANO ARENAS como responsable del delito de peculado por apropiación.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Penal

Sentencia SP285-2026(65757)

6 de mayo de 2026

CARLOS ROBERTO SOLÓRZANO GARAVITO

Magistrado Ponente

SP285-2026

Radicación No. 65757

Acta No. 142

Bogotá, D.C., seis (6) de mayo de dos mil veintiséis (2026).

ASUNTO

1. La Corte resuelve los recursos de casación (propuesto por la defensa), y el de impugnación especial (presentado por el procesado ÁLVARO ZAMBRANO ARENAS), contra la sentencia proferida por la Sala de decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio el 14 de diciembre de 2021, mediante la cual confirmó la condena que le impuso el Juzgado 2º Penal del Circuito de la misma ciudad el 23 de agosto de 2016, como autor del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, y revocó la absolución por el delito peculado por apropiación para, en su lugar, condenarlo por primera vez como autor de dicho delito.

ANTECEDENTES

2.1. Fácticos

2. De acuerdo con la acusación y las sentencias de primera y segunda instancia, se sintetizan de la siguiente forma:

010491

De acuerdo con la denuncia formulado por Nelson Jovanni Villamil Solano, Presidente del Concejo del municipio de Mapiripan, los hechos ocurren entre marzo y agosto de 2009, cuando estaba de alcaldesa Maribel Mahecha Hernández y el acusado ÁLVARO ZAMBRANO ARENAS, como Secretario de Desarrollo y Proyección del municipio cuando, quien bajo esta calidad supervisó y liquidó los contratos No., 068 (06/03/2009), 213 (26/06/2009), 231 (13/07/2009) y 304 (20/08/2009), sin el lleno de los requisitos legales y en detrimento del presupuesto de esa administración en cuantía de $27.187.400 pesos. Este valor no fue recibido por los contratistas, pues fue cobrado por terceras personas.

De acuerdo con la revisión documental, los estudios de oportunidad fueron firmados por ZAMBRANO ARENAS, quien solicitaba a la alcaldesa Maribel Mahecha Hernández iniciar las contrataciones. Las funcionarias responsables del presupuesto, Elsa Amaya González y Luz Helena Mojica, certificaron la disponibilidad para 2009. De esta manera se procedió con la modalidad de contratación directa por mínima cuantía.

La alcaldesa Maribel Mahecha fue la encargada de invitar al proceso contractual a Reinaldo Jesús Moreno y Leander Valencia Rojas; pero, las propuestas no estaban firmadas por estos o simplemente no fueron allegadas a la carpeta.

De acuerdo con los documentos, los contratos 068, 213, 231 y 304 de 2009 aparecen suscritos por la alcaldesa Maribel Mahecha Hernández. No obstante, los contratos 068 y 304 no presentan la firma de los contratistas Valencia y Moreno. Pese a estas irregularidades se pagó un valor de $23.696.786 mediante cheques suscritos por las funcionarias Luz Helena Castro Mojica y Elsa González AmayaP; para el efecto, los títulos valores de los contratos 213, 231 y 304 fueron endosados y cobrados por el celador de la alcaldía Carlos Andrés Gaviria Osorio, quien sostuvo haberlo hecho por orden de la alcaldesa Maribel Mahecha Hernández, a quien luego le entregó el dinero el dinero, como también lo hizo con otros funcionarios. Respecto del cheque relacionado con el contrato 068 se tiene que fue girado y cobrado por Leander Valencia.

En cuanto al procesado ALVARO ZAMBRANO ARENAS, Secretario de Desarrollo y Proyección, se demostró que fue designado como supervisor por la alcaldesa Maribel Mahecha Hernández, y que él fue el encargada de firmar las actas de finalización, de esta forma acreditó el cumplimiento de los contratos 068, 213, 231 y 304 de 2009 y las actas de liquidación aparecen firmadas por y la alcaldesa, excepto el contrato 068 que no tiene firma de la ordenadora del gasto. Respecto de los contratos 231 y 304 se observó que los contratistas no firmaron las liquidaciones, evidenciándose las irregularidades en el cierre de los procesos contractuales.

En concreto los objetos contractuales descritos en los convenios 213, 231 y 304 no se ejecutaron y para poder efectuar la liquidación, el acusado ÁLVARO ZAMBRANO ARENAS certificó mediante varios documentos públicos (actas de iniciación y de liquidación de los contratos) que los objetos contractuales se llevaron a cabo de manera satisfactoria, sin ser ello cierto. A su vez las firmas que obran en los cheques números J6859866, J6859837 y J6859886 girados para efectuar el pago de los contratos no corresponden a las utilizadas por los contratistas Reinaldo de Jesús Moreno y Leahder Valencia Rojas.

2.2. Procesales

3. El 7 de febrero de 2013, ante el Juzgado 7° Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Villavicencio, la Fiscalía formuló imputación de cargos a ÁLVARO ZAMBRANO ARENAS, Maribel Mahecha Hernández y Jorge Wilson Díaz Montoya por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público (artículos 410, 397 inciso 3° y 286 de la Ley 599 de 2000). El imputado ZAMBRANO ARENAS no aceptó los cargos y fue cobijado con medida de aseguramiento de detención domiciliaria.

4. De acuerdo con la estipulación # 3, se aprecia que el 8 de marzo de 2013 la Fiscalía y los procesados Maribel Mahecha Hernández (alcaldesa de Mapiripán) y Jorge Wilson Díaz Montoya suscribieron un preacuerdo por el cual aceptaron su responsabilidad por los delitos objeto de la audiencia de imputación. Por tal motivo, la actuación continuó únicamente con relación al acusado ÁLVARO ZAMBRANO ARENAS.

5. El 27 de marzo de 2013, el fiscal radicó escrito de acusación en contra de ÁLVARO ZAMBRANO ARENAS, correspondiendo el conocimiento de la actuación al Juzgado 2º Penal del Circuito. El 9 de julio de 2013 se llevó a cabo la audiencia de acusación en los mismos términos de la imputación. La audiencia preparatoria se llevó a cabo el 16 de julio de 2014 y el juicio oral se efectuó en sesiones del 5 y 6 de mayo, 19 y 20 de agosto de 2015, y 28 y 29 de enero, 4 y 23 de febrero y 14 de marzo de 2016.

6. Celebrado el debate oral y público, el 23 de agosto de 2016 el juzgado emitió sentencia condenatoria en contra de ÁLVARO ZAMBRANO ARENAS, como coautor de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso homogéneo y sucesivo, a la vez heterogéneo con el delito de falsedad ideológica en documento público, y absolutorio respecto del delito de peculado por apropiación.

7. La anterior decisión fue recurrida por la Fiscalía y la defensa, por lo tanto, mediante fallo del 14 de diciembre de 2021, la Sala de decisión Penal del Tribunal Superior de Villavicencio confirmó la condena por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, revocó la absolución por el delito peculado por apropiación para, en su lugar, condenarlo por primera vez por este delito, y declaró la prescripción de la acción penal por el delito de falsedad ideológica en documento público.

8. Igualmente, el ad quem señaló que, en contra de su decisión, por tratarse de primera condena del delito de peculado por apropiación, procede el recurso de impugnación especial, en caso del procesado y su defensor, y el de casación «para las demás partes e intervinientes».

9. El procesado interpuso y sustentó el recurso de impugnación especial, en cuanto al delito de peculado por apropiación la defensa propuso la demanda de casación, por considerar que desde la audiencia de imputación se afectó la defensa técnica del acusado. La demanda se admitió el 19 de mayo de 2025 y fue sustentada por la defensa el 12 de febrero de 2026.

FALLOS DE PRIMERA Y SEGUNDA INSTANCIA

3.1. Fallo de primera instancia

3.1.1. Contrato sin cumplimiento de requisitos legales

10. La sentencia de primera instancia determinó que se vulneraron los presupuestos legales de la contratación estatal en cuanto a la naturaleza, cuantía y finalidad. Esto implicó arrasar con principios como transparencia, imparcialidad, selección objetiva, contradicción, publicidad, igualdad y moralidad. Además, se hizo ostensible que el contratista Reinaldo Moreno estaba inhabilitado, dado que hasta el 31 de diciembre de 2007 se desempeñaba como concejal de Mapiripán.

11. La conducta de ÁLVARO ZAMBRANO ARENAS se declaró típica, pues en ejercicio de funciones públicas supervisó y liquidó los contratos 068, 213, 231 y 304 de 2009. Se destacaron múltiples irregularidades, tal como que: ninguna de las personas que figuraban formalmente como contratistas jamás participaron, firmaron, ni ejecutaron el objeto contractual.

12. El a quo advirtió que la inobservancia de requisitos en los contratos, aunque parezcan formalismos aislados, son idóneas para predicar responsabilidad penal. No solo los servidores que aceptaron cargos, sino también el acusado ZAMBRANO ARENAS al participar en el trámite contractual del municipio de Mapiripán, omitiendo requisitos sustanciales que trascendieron la mera forma para afectar la administración pública.

13. En su condición de Secretario de Desarrollo y Proyección Municipal de Mapiripán, ZAMBRANO ARENAS tenía el deber constitucional de verificar los requisitos sustanciales de los contratos 068, 213, 231 y 304 de 2009. En este sentido, la Fiscalía demostró que el acusado omitió validar los condicionamientos legales para el perfeccionamiento, liquidación y ejecución, marginando por completo la protección del proceso contractual.

14. La responsabilidad del arquitecto ZAMBRANO ARENAS se estructuró al omitir sus deberes de dirección y control. Avaló contrataciones con personas ajenas a la relación contractual, firmando actas de inicio y liquidación. Estos documentos facilitaron el iter criminis para que la ordenadora del gasto desembolsara dineros que terminaron en manos de terceros que no ostentaban la condición de contratistas.

15. El fallo de primera instancia señala que los nombres de los contratistas fueron una figura de distracción para engañar al Concejo Municipal y a los administrados. Los contratos se ejecutaron a medias y se pagaron mediante endosos cuestionados a otros servidores en Villavicencio, quienes cobraron títulos girados desde el municipio de Mapiripán sin ostentar la calidad de contratistas.

16. De tal forma que, bajo los parámetros normativos previstos en el artículo 410 de la Ley 599 de 2000, la responsabilidad del acusado ÁLVARO ZAMBRANO ARENAS se encontró comprometida, dado que la conducta fue dolosa e injustificada. Resulta imposible justificar que el interventor no advirtiera la suplantación de contratistas, la ausencia de firmas o las rúbricas falsas en las actas de liquidación, permitiendo que el pago beneficiara a extraños.

17. Además, se demostró que el procesado ZAMBRANO ARENAS conocía el incumplimiento de los presupuestos legales. Esto, por estar la etapa contractual desconcentrada en la Secretaría de Desarrollo y Proyección Municipal que él direccionó, se configuró plenamente el tipo penal por irregularidades en el trámite, celebración y liquidación de las órdenes de servicio referidas.

18. En consecuencia, se dictó sentencia de condena contra ALVARO ZAMBRANO ARENAS por los delitos de celebración de contratos sin cumplimiento de los requisitos legales, en concurso homogéneo y sucesivo, a la vez heterogéneo con la conducta punible de falsedad ideológica en documento público.

3.1.2. Delito de peculado por apropiación

19. Sobre los elementos normativos del tipo penal de peculado por apropiación, el a quo reconoció que ÁLVARO ZAMBRANO ARENAS mostraba la calidad de servidor público. Su función como Secretario de Desarrollo y Proyección Municipal de Mapiripán, Meta, quedó plenamente demostrado mediante el Decreto 008 del 2 de enero de 2009 y el Acta de Posesión 023 de enero de 2009.

20. En la sentencia de primera instancia, se consideró que la defensa había demostrado que ZAMBRANO ARENAS no se apropió de bienes del Estado vinculados a los contratos 068, 213, 231 y 304 de 2009. Debido a que con fundamento en los medios de conocimiento se acreditó la ejecución de dichos objetos contractuales, el despacho judicial validó las actas de finalización suscritas.

21. El a quo determinó que no se configuró la apropiación de los $27.187.400 pesos para provecho propio o de terceros. La Fiscalía no logró probar que ZAMBRANO ARENAS hubiera firmado o cobrado los cheques J6859866, J6859837 y J6859886, ni que estos recursos fueran apropiados por personas como Maribel Mahecha Hernández.

23. No existe prueba que demuestre un detrimento económico al municipio de Mapiripán. La Fiscalía no probó que los valores cancelados por los cuatro contratos supervisados por ZAMBRANO ARENAS pertenecieran o favorecieran a la Secretaría de Desarrollo y Proyección Municipal, requisito indispensable según el artículo 397 de la Ley 599 de 2000 para la tipicidad del peculado por apropiación.

24. La sentencia de primera instancia precisó que el acusado ZAMBRANO ARENAS carecía de la administración, tenencia o custodia de los bienes públicos. Si bien supervisaba el trámite contractual, no era el ordenador del gasto ni podía disponer de los recursos, funciones que corresponden legalmente de manera exclusiva a la alcaldesa y al tesorero del municipio.

25. Con fundamento en lo expuesto, el a quo profirió la sentencia absolutoria, por no haberse demostrado la tipicidad de la conducta, respecto del acusado ÁLVARO ZAMBRANO ARENAS.

3.2. Fallo de segunda instancia

3.2.1. Prescripción de la acción penal sobre el delito de falsedad ideológica en documento público

26. Con fundamento en los artículos 82 a 86 de la Ley 599 de 2000, el Tribunal señaló que la prescripción de la acción penal se consolida en un tiempo equivalente al máximo de la pena privativa de la libertad. El término no puede ser inferior a 5 años ni superior a 20, comenzando a correr desde la comisión de la conducta.

27. El ad quem indicó que, para el delito de falsedad ideológica en documento público, artículo 286 ibidem., la pena máxima es de 144 meses. Al ser cometido por un servidor público en 2009, la sanción se incrementó en una tercera parte, pues los hechos sucedieron cuando en ese sentido se encontraba vigente el inciso sexto original del artículo 86 en mención. De ahí que el término prescriptivo para el delito contra la fe pública fue 192 meses.

28. La prescripción se interrumpió el 7 de febrero de 2013 con la imputación de ÁLVARO ZAMBRANO ARENAS. Desde allí corrieron 96 meses, equivalentes a la mitad de la pena, fijando la expiración el 7 de febrero de 2021, sin que se hubiera proferido la sentencia de segunda instancia. Por este motivo, el ad quem declaró la extinción de la acción penal y la preclusión.

3.2.2. Delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales

29. La responsabilidad penal del procesado se fundamentó en la acreditación de su calidad como servidor público. La Fiscalía presentó el Decreto 004 de 2009, por medio del cual se nombró a ÁLVARO ZAMBRANO ARENAS Secretario de Desarrollo y Proyección Municipal de Mapiripán, y el Decreto 080 de 2009, que ratificó su designación. Estos documentos fueron incorporados en la audiencia de juicio oral por Ana Ayde Navas Carvajal, Asistente de Fiscalía III, los cuales gozan de presunción de autenticidad.

30. El ad quem constató que bajo la gestión de ZAMBRANO ARENAS se tramitaron y liquidaron los contratos de prestación de servicios 068, 213, 231 y 304 de 2009. En este sentido, el testimonio del investigador Edilberto Hernández Matías, investigador líder de policía judicial (CTI), fue clave para corroborar las irregularidades en todas las fases contractuales. Se demostró que el acusado, aprovechándose de su cargo, creó las necesidades ficticias, realizó los estudios previos y suscribió las actas de inicio, terminación y liquidación de contratos que nunca fueron adjudicados ni ejecutados legalmente. Con base en esta composición documental, se dispuso el desembolso de recursos públicos, causando un evidente detrimento al patrimonio del municipio de Mapiripán.

31. Los testimonios de Reinaldo de Jesús Moreno y Leander Valencia Rojas, supuestos contratistas, fueron definitivos para desvirtuar la legalidad de los contratos. Reinaldo de Jesús negó haber participado en los contratos 213 y 304, señalando que las firmas en las propuestas y actas no eran suyas. Por su parte, Valencia Rojas desconoció el contrato 231 por $12.000.000. Ambos testigos coincidieron en que nunca se reunieron con ZAMBRANO ARENAS para firmar documentos ni recibieron pagos. Estas narrativas, sumadas a las denuncias de los exconcejales Nelson Giovanni Villamil y Danilo Cabra Forero, confirmaron que las obras nunca se ejecutaron realmente.

32. En cuanto al contrato 068 de 2009, aunque el contratista Valencia Rojas afirmó haber realizado la obra, el perito grafólogo Jaime Cuellar Rodríguez concluyó que las firmas en las actas no eran auténticas. El Tribunal determinó que esto no subsana automáticamente el delito, porque la ausencia de un acuerdo de voluntades real vicia la relación contractual. ZAMBRANO ARENAS, como supervisor designado por la alcaldesa Maribel Mahecha Hernández, ignoró su obligación de vigilar la correcta ejecución y proteger los derechos de la entidad. Su postura defensiva, basada en la supuesta falta de competencia para supervisar, fue rechazada por existir la designación expresa demostrada.

33. La Fiscalía acreditó que los pagos de los contratos 213 y 304, se realizaron mediante los cheques J6859837 y J6859886 que terminaron en manos de Carlos Andrés Gaviria Osorio, mensajero de la alcaldía. En este punto, Gaviria Osorio admitió en juicio que cobró los títulos valores por orden de la alcaldesa y otros empleados, remitiendo luego el dinero a Mapiripán. Esta modalidad para apropiarse de los recursos públicos se sustentó en actas de liquidación falsas suscritas por ZAMBRANO ARENAS, lo que ratificó el dolo en su conducta. Al haberse probado la vulneración de los principios de contratación estatal, la Sala confirmó íntegramente la sentencia condenatoria contra el arquitecto ÁLVARO ZAMBRANO ARENAS por el delito de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales.

3.2.3. Delito de peculado por apropiación

34. El ad quem determinó que los contratos 213, 231 y 304 de 2009 nunca fueron adjudicados ni ejecutados, según el testimonio coincidente de los supuestos contratistas Leander Valencia Rojas y Reinaldo Jesús Moreno. A pesar de esta inexistencia material, la administración municipal efectuó los pagos mediante los cheques J6859837, J6859886 y J6859866. La experticia de la funcionaria Marisol Jiménez Acosta y la confesión del mensajero Carlos Andrés Gaviria Osorio confirmaron que este último cobraba los títulos por orden de la alcaldesa Maribel Mahecha Hernández, retornando el dinero al municipio sin que llegara a los aparentes beneficiarios, evidenciando una apropiación indebida.

35. El fallo de segunda instancia destacó que ÁLVARO ZAMBRANO ARENAS, como Secretario de Desarrollo y Proyección Municipal, fue el protagonista principal en la estrategia para defraudar patrimonialmente al ente territorial. Puesto que, no solo justificó la necesidad contractual y presentó estudios previos, sino que suscribió actas de inicio, supervisó los contratos y firmó actas de liquidación falsas. Al certificar el cumplimiento de obras inexistentes, proporcionó el soporte documental indispensable para viabilizar el pago y la posterior desviación de los recursos. Su participación activa permitió que procesos contractuales ficticios adquirieran visos de legalidad, facilitando la apropiación de los dineros destinados a la inversión social del municipio.

36. El Tribunal otorgó pleno valor probatorio al testimonio del exconcejal Nelson Giovanni Villamil Solano, quien denunció que la ejecución presupuestal no era clara y que las obras en veredas como El Progreso nunca se realizaron. Villamil Solano relató que, durante las sesiones de control político, los secretarios de despacho, incluido ZAMBRANO ARENAS, no ofrecían explicaciones satisfactorias sobre el destino del dinero. Para el ad quem resultó determinante que el procesado, al ser cuestionado por la corporación, se limitara a manifestar que “él solo cumplía órdenes”. Esta declaración refuerza la tesis del acuerdo que con la alcaldesa Maribel Mahecha Hernández, tenían para defraudar el erario de Mapiripán.

37. En síntesis, para la segunda instancia no existió duda de que ZAMBRANO ARENAS desplegó actividades tendientes a simular procesos contractuales con la finalidad de apropiarse de su valor. La conducta del acusado se ajusta al tipo penal de peculado por apropiación, pues su rol como supervisor y secretario fue determinante para que el plan criminal tuviera éxito. Al haberse acreditado el conocimiento de la ilegalidad y la voluntad de participar en la disposición irregular del patrimonio público, la Sala revocó el fallo de primera instancia y profirió la correspondiente sentencia condenatoria por el delito descrito en el artículo 397 de la Ley 599 de 2000.

RECURSOS

4.1. Demanda de casación

4.1.1. Nulidad por violación al derecho de defensa

38. El defensor de ÁLVARO ZAMBRANO ARENAS, con fundamento en el artículo 181, numeral 2º de la Ley 906 de 2004, alega el desconocimiento del debido proceso por afectación sustancial de su estructura o de la garantía debida a cualquiera de las partes. El demandante argumenta que se vulnera la garantía del derecho a la defensa técnica, puesto que el profesional que asistió al acusado en la audiencia de imputación omitió asesorarlo sobre los beneficios procesales derivados de un eventual allanamiento a los cargos. En tal sentido, afirma que la defensa no asumió una actitud proactiva ni diligente en las labores inherentes a su función, por esto cita la providencia (CSJ SP, 1 ago. 2007, rad. 27283).

39. Sostiene que, de haber recibido el imputado ZAMBRANO ARENAS la información e ilustración adecuada sobre los efectos de la aceptación de cargos, el proceso habría culminado con una sentencia de menor punibilidad. Esta reducción habría permitido la concesión del sistema de vigilancia electrónica, introducido por el artículo 50 de la Ley 1142 de 2007, como sustitutivo de la prisión domiciliaria, consagrado en el artículo 38 A de la Ley 599 de 2000. El demandante afirma que concurren los principios de trascendencia, protección y convalidación, pues se trata de una irregularidad sustancial donde el derecho fundamental a la defensa debe prevalecer sobre las formalidades procesales.

40. Según el recurrente, en virtud de los principios de favorabilidad y legalidad, esta norma resultaba aplicable, pues los hechos investigados datan de 2009. Al respecto, afirma que si bien para la fecha de la imputación estaba vigente la Ley 1453 de 2011 -la cual restringía beneficios por la naturaleza de los punibles-, el tránsito legislativo obligaba a aplicar la normativa de 2007 por ser más beneficiosa al reo. Para justificar el argumento, cita los precedentes STP874-2015 de la Corte Suprema y la sentencia T-019-2017 de la Corte Constitucional, los cuales subrayan que la favorabilidad permite prolongar los efectos de una ley anterior si ésta beneficia al procesado. La ausencia de una asesoría que explicara estas alternativas vició la voluntad de ZAMBRANO ARENAS, impidiéndole tomar una decisión informada.

41. Con el fin de demostrar la trascendencia del yerro, analiza los requisitos del artículo 38 A de la Ley 599 de 2000, señalando que la pena impuesta en las sentencias de instancia -95 meses de prisión- no supera el límite de ocho años requeridos. Agrega que, los delitos atribuidos no se encuentran dentro de las exclusiones legales taxativas, como el terrorismo o el secuestro, y que la concesión de este sustitutivo, no generaría impunidad ni desigualdad social, sino que restablecería la legalidad al permitir el acceso a un beneficio vigente al momento de la comisión de las conductas.

42. En conclusión, el demandante solicita a la Corte declarar la nulidad de la actuación inclusive desde la audiencia de formulación de imputación. La defensa precisa que no busca retrotraer el proceso a la etapa de preacuerdos, pues ello depende de la potestad discrecional de la Fiscalía, sino repetir el acto de imputación para que el procesado, ahora debidamente asesorado, decida si acepta los cargos. Esta es, a juicio del defensor, la única vía procesal para restaurar la garantía fundamental a una defensa idónea y permitir que el órgano de cierre garantice los derechos del arquitecto ZAMBRANO ARENAS.

4.1.2. Actuación ante la Corte

4.1.2.1. Defensa – recurrente

43. De la misma forma que lo expuso en el escrito del recurso de casación, la defensa solicita la nulidad de la actuación desde la audiencia de formulación de imputación, al considerar vulnerado el debido proceso y el derecho a la defensa del procesado ZAMBRANO ARENAS. Argumenta que los defensores anteriores omitieron informar sobre los beneficios de la Ley 1142 de 2007, vigente al momento de los hechos (2009). Esta norma, en su artículo 50, permitía el acceso al sistema de vigilancia electrónica como sustituto de la prisión. Al no recibir una asesoría integral ni un consentimiento asistido, el procesado perdió la oportunidad de optar por preacuerdos o allanamientos bajo el principio de favorabilidad.

44. La defensa invoca el artículo 181 de la Ley 906 de 2004 para que la Corte declare la nulidad de lo actuado. De este modo, se pretende que el acusado tome una decisión informada, garantizando la aplicación de la ley más beneficiosa y el restablecimiento del equilibrio punitivo.

4.1.2.2. Fiscalía delegada – no recurrente

45. La Fiscalía se opone a la solicitud de nulidad argumentando que, durante la audiencia de imputación del 7 de febrero de 2013, el ente acusador ilustró ampliamente a ÁLVARO ZAMBRANO ARENAS sobre la posibilidad de aceptar cargos. Le informó expresamente sobre el derecho a una rebaja de pena de hasta el 50% según el artículo 351 de la Ley 906 de 2004, la viabilidad de celebrar preacuerdos y la aplicación del artículo 401 de la Ley 599 de 2000. Enfatizó sobre la necesidad del reintegro de lo apropiado y la indemnización del daño, conforme al artículo 349 ibidem., garantizando así una comprensión plena de la diligencia.

46. La Fiscalía destaca que la jueza de control de garantías protegió el derecho a la defensa técnica al suspender la audiencia para que los imputados se entrevistaran en privado con sus abogados. Tras este espacio de asesoría, el procesado ZAMBRANO ARENAS manifestó de forma voluntaria no aceptar los cargos. Además, mientras otros coimputados optaron por negociar y preacordar con la Fiscalía antes de la acusación, ZAMBRANO ARENAS decidió persistir en su estrategia defensiva. Incluso en la audiencia preparatoria de 2014, el acusado ratificó su decisión de no allanarse, demostrando una postura procesal coherente, libre y debidamente asistida por su profesional de confianza.

47. La Fiscalía sostiene que el casacionista no demuestra errores graves o evidencias de una defensa ineficiente, sino que simplemente censura la estrategia de su predecesor. Citando jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, advierte que el planteamiento de una defensa alternativa a posteriori no constituye causal de nulidad si no se acredita una vulneración real de garantías fundamentales. Al no existir soportes que prueben la deficiencia técnica alegada, y dado que tanto la Fiscalía como la judicatura cumplieron con el deber de información, el ente estatal solicita a la Corte no casar la sentencia impugnada.

4.1.2.3. Ministerio Público – no recurrente

48. El Ministerio Público sostiene que la inconformidad del casacionista radica en una supuesta falta de asesoría sobre los beneficios del allanamiento durante la audiencia de formulación de imputación del 7 de febrero de 2013. No obstante, la delegada destaca que la ausencia de defensa técnica no se acredita mediante la censura de una estrategia que resulte desfavorable. Cada profesional es libre de diseñar su técnica y, en este caso, se presume que el abogado contaba con la idoneidad necesaria.

49. Al analizar el registro de la diligencia, la Procuraduría observa que tanto la Fiscalía como la juez de control de garantías explicaron de forma clara los cargos a los procesados -entre ellos a ZAMBRANO ARENAS-, por los delitos de contrato sin requisitos legales, peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público. Se les ofreció la rebaja de hasta el 50% de la pena por allanamiento y se leyeron sus derechos constitucionales. Mientras los defensores de otros implicados solicitaron tiempo para deliberar, ÁLVARO ZAMBRANO ARENAS manifestó de tajo y sin vacilación su negativa a aceptar cargos. Esta fue una decisión libre y autónoma que refleja el ejercicio de su propia voluntad procesal.

50. La intervención técnica del abogado que representó a ZAMBRANO ARENAS durante la audiencia de imputación de cargos, refuerza la tesis de la Procuraduría. El defensor no fue un sujeto pasivo; por el contrario, realizó observaciones y requirió aclaraciones sobre los hechos fácticos, ejerciendo la representación hasta la audiencia preparatoria.

51. El Ministerio Público resalta que el procesado estuvo asistido en todo momento y se le permitió pronunciarse frente a la acusación. Por tanto, no existe evidencia de una vulneración a las garantías fundamentales, sino el desarrollo de una defensa activa que, aunque no evitó la condena, cumplió con los estándares legales y constitucionales.

52. El delegado de la Procuraduría desvirtúa el argumento sobre la omisión de informar sobre la Ley 1142 de 2007. Advierte que, incluso si se le hubiera ilustrado sobre dichas reglas, la normativa vigente no permitía el otorgamiento de subrogados o beneficios.

53. En consecuencia, la expectativa de obtener la prisión domiciliaria o el sistema de vigilancia electrónica era jurídicamente inviable. Por estas razones, la Procuraduría solicita a la Corte no casar la sentencia y mantener la integridad de la actuación.

4.2. Recurso de impugnación especial sustentado por el acusado

54. El procesado recurrente, ÁLVARO ZAMBRANO ARENAS, sostiene su inocencia frente al delito de peculado por apropiación, argumentando que no existió apropiación ni detrimento patrimonial para el Estado. Fundamenta su postura en que la exalcaldesa Maribel Mahecha Hernández reintegró los dineros correspondientes a los contratos; además, porque las obras efectivamente se ejecutaron. Resalta que de acuerdo con el a quo los objetos contractuales se realizaron, aunque quizá no con calidades óptimas.

55. Para ZAMBRANO ARENAS, desde una lógica de justicia material, si las obras existen y los recursos fueron devueltos por la ordenadora del gasto, la exalcaldesa Maribel Mahecha Hernández, desaparece el daño al erario que exige el tipo penal para su configuración, pues se puede hablar de daño para el Estado.

56. Respecto a la ejecución material de los contratos, ZAMBRANO ARENAS invoca los testimonios practicados en juicio que avalan la existencia de las obras. Menciona que Leander Valencia Rojas, junto a Alfredo Castañeda, confirmaron la construcción del puente de madera en el contrato 068 de 2009, hecho percibido por el colindante Héctor Adolfo Hernández Téllez.

57. Sobre el contrato 213 de 2009, destaca lo testificado por Eladio Samuel Junto, quien fue subcontratado por Reinaldo Moreno para la limpieza del casco urbano, calles y parques, pagándole por su trabajo. Estos testimonios, según el procesado, desvirtúan la tesis del Tribunal sobre contratos fachada y validan su decisión de firmar las actas de finalización.

58. Con relación a los contratos 231 y 304, el procesado impugnante refiere las declaraciones de Hugo Ernesto Vargas Lesmes, quien declaró sobre la construcción del puente flotante sobre el caño Mielón, explicando el material con el que se construyó, y el uso dado a ese puente para ir hasta su finca; y de José Rogelio Pineda Beltrán, quien informó al CTI que había transportado la gravilla para la vereda El Progreso, recibiendo un pago de $400.000.

59. El acusado ZAMBRANO ARENAS enfatiza que el juez de primera instancia lo absolvió al valorar las fotos aportadas por el Secretario de Gobierno Jorge Wilson Díaz Montoya y las demás pruebas aportadas al expediente con las cuales probaba la ejecución. Agrega que, al tener conocimiento suficiente sobre la ejecución de estas obras, lo llevó a firmar las actas de finalización.

60. Alega que el Tribunal ignoró el principio de necesidad de la prueba y el conjunto del acervo probatorio que sustentaba su convicción sobre el cumplimiento contractual. Incluso, desconoció que el a quo no encontró prueba fehaciente de un detrimento patrimonial a la administración municipal de Mapiripán, y menos que los dineros cancelados por los contratos investigados se encontraran bajo su disposición o que pudiera disponer de ellos, como si lo hizo la alcaldesa.

61. De otra parte, el procesado al sustentar el recurso de impugnación Especial, acompaña el argumento expuesto por la defensa, al sustentar el recurso de casación; esto es, que se habría vulnerado su debido proceso -Artículo 29 de la Ley 599 de 2000- y al derecho a la defensa técnica desde la audiencia de imputación del 7 de febrero de 2013. Al respecto, sostiene que ni la Fiscalía, ni su anterior defensor, ni el juez le informaron sobre los beneficios de la vigilancia electrónica contemplados en el entonces vigente artículo 38 A de la Ley 599 de 2000. Sostiene que esta omisión le impidió tomar una decisión informada, como el allanamiento a cargos, que le habría permitido acceder a la prisión domiciliaria o al brazalete electrónico antes de que la Ley 1709 de 2014 eliminara dichos subrogados.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

5.1. Competencia

62. De conformidad con las pautas establecidas por la Corte desde el proveído CSJ AP1263-2019, 3 abr., rad. 54215, en concordancia con el numeral segundo del artículo 235 de la Carta Política, la Sala de Casación Penal es competente para resolver el mecanismo de impugnación especial propuesto por el ÁLVARO ZAMBRANO ARENA, en aplicación de la garantía de doble conformidad o derecho a controvertir la primera condena, constitucionalmente amparada por el Acto Legislativo 01 de 18 de enero de 2018.

63. Así mismo, por ser igualmente competente, la Sala se pronunciará respecto del recurso extraordinario de casación sustentado por la defensa del procesado.

5.2. Delimitación del debate

64. De acuerdo con la actuación procesal, la defensa interpuso el recurso de casación fundamentado en la causal segunda, nulidad. Por su parte, el procesado sustentó de forma directa el recurso de impugnación especial respecto al delito de peculado por apropiación. En consecuencia, para estudiar ambos cargos, en aplicación del principio de prioridad se analizará en primer lugar lo relacionado con la nulidad; según el resultado se procederá con el examen del recurso de impugnación especial.

5.3. Demanda de casación – nulidad

65. La Sala de Casación Penal ha reiterado que, la institución jurídico-procesal de las nulidades tiene como finalidad salvaguardar el debido proceso, previsto en el artículo 29 de la Constitución, cuando alguna actuación se ha desviado de las formas propias establecidas en las normas instrumentales. Su objetivo, tras constatar la anomalía, es restablecer los derechos y garantías de las partes e intervinientes.

66. En ese sentido, el artículo 457 de la Ley 906 de 2004 consagra como causal de nulidad el desconocimiento del derecho de defensa o del debido proceso en aspectos sustanciales.

67. Para cumplir con la finalidad de la nulidad, el recurrente que la alega deberá: i) identificar la irregularidad sustancial que vicia la actuación; ii) concretar la forma en que esta afectó el debido proceso o el derecho a la defensa; iii) precisar la fase en que se produjo; iv) demostrar la concurrencia de los principios que rigen las nulidades en el caso concreto; y v) señalar el momento a partir del cual debe reponerse la actuación (CSJ AP4939-2022, 26 oct., rad. 60470; CSJ SP3203-2020, 26 ago., rad. 54124; CSJ AP, 28 sep. 2011, rad. 37043, entre otros).

68. Como la nulidad es el dispositivo intraprocesal que con mayor intensidad controla las actuaciones, debe aparecer plenamente justificada; para ello, se han desarrollado los principios que la rigen.

69. En ese orden, es posible diferenciarlos por su carácter positivo o negativo. En los primeros, se distinguen: i) el principio de trascendencia, según el cual quien alegue la nulidad está en la obligación de acreditar que la irregularidad sustancial afecta las garantías constitucionales de los sujetos procesales o desconoce las bases fundamentales de la investigación o el juzgamiento; y ii) el principio de convalidación, pues la nulidad puede sanearse con el consentimiento expreso o tácito del sujeto perjudicado, salvo precisas excepciones legales.

70. En la segunda categoría se hallan: i) la residualidad, que exige que otros mecanismos diseñados al interior del proceso para la garantía de los derechos fundamentales no resulten suficientes ni idóneos para subsanar la irregularidad; ii) la protección, por la cual no puede invocar la nulidad el sujeto procesal que con su conducta haya dado lugar a la configuración del motivo invalidante; e iii) la instrumentalidad, según la cual no se anulará un acto cuando este cumpla la finalidad para la que estaba destinado, dado que las formas no son un fin en sí mismo, siempre que no haya transgresión de garantías fundamentales.

71. Entonces, la declaratoria de nulidad es una medida de carácter excepcional, aplicable únicamente cuando se muestra como la última opción para rehacer la actuación ante la ocurrencia de una irregularidad que afecta de forma relevante derechos fundamentales o garantías procesales (CSJ SP1690-2025, 2 jul., rad. 67642).

72. En el cargo propuesto, el recurrente funda la invalidación del trámite en que el procesado, ÁLVARO ZAMBRANO ARENAS no fue informado por la defensa de los beneficios que obtendría con el allanamiento a los cargos imputados en audiencia. Esta hipótesis, igualmente se advierte en el trámite del recurso de impugnación especial.

73. Contrario a la sustentación del demandante, se precisa que la audiencia de imputación fue realizada por una jueza de control de garantías que, en desarrollo de sus funciones y como garante de los derechos del imputado, veló por el cumplimiento de las exigencias legales de este acto procesal. Por esta razón, tal como en audiencia de sustentación del recurso de casación, en condición de no recurrentes, la Fiscalía y el Ministerio Público lo precisaron, la jueza en la audiencia de imputación de cargos informó al procesado ÁLVARO ZAMBRANO ARENAS sobre los derechos que le protegían y las consecuencias que conllevaría la aceptación de los cargos. Explicó que, en el evento de aceptarse los cargos, tal manifestación era libre, voluntaria e independiente, siendo un acto de voluntad personal e intransferible, que proviene única y exclusivamente del imputado.

74. Enseguida la jueza de control de garantías se dirigió a ÁLVARO ZAMBRANO ARENAS, para ponerle en conocimiento los derechos (artículo 8º de la Ley 906 de 2004) que adquieren los indiciados desde el momento en que se enfrentan a la condición de imputados. Esto en plena igualdad respecto del órgano de persecución penal. Para el efecto, la funcionaria judicial procedió a la lectura de los literales (a, b, c, d, e, f, g, h, j, k, i) del mencionado artículo 8º, contentivos de dichos derechos y garantías, los cuales explicó ampliamente.

75. Al respecto, en la audiencia de imputación, la jueza de control de garantías indicó que:

«Igualmente le hago saber a cada uno de los indiciados que si antes de pronunciarse, en cuanto a que, si aceptan o no la imputación, desean entrevistarse con su abogado de confianza, háganlo saber antes de que respondan y, en garantía a su derecho de defensa, suspendemos la audiencia unos minutos con tal propósito»

(…)

«Dígale a la audiencia si aceptan o no la imputación que les formuló la Fiscalía:

(…)

«Responde Álvaro Zambrano Arenas: “No aceptó los cargos” .

(…)

«En cuanto al ciudadano ÁLVARO ZAMBRANO ARENAS, dejamos desde ya sentado en la audiencia que él manifestó no aceptar la imputación».

(…)

Al Reanudar la audiencia, la jueza señaló:

(…)

«Como todos escuchamos, cada uno de los indiciados manifestó en forma clara y categórica: no aceptan la imputación».

76. De acuerdo con el curso de la audiencia de imputación de cargos, no se demuestra que la defensa haya incumplido con sus deberes profesionales, pues en la audiencia no fue requerido por el imputado ZAMBRANO ARENAS, para que le brindara información adicional sobre los beneficios y consecuencias por la aceptación de los cargos formulados, como sí lo hicieran los otros imputados.

77. Durante la audiencia de imputación, la jueza fue precisa en señalar que si alguno de los imputados requería de asesoría de su abogado defensor lo hicieran saber antes de dar respuesta sobre la aceptación de los cargos. Fue así como, dos de los imputados -distintos al acusado ZAMBRANO ARENAS- manifestaron directamente que se les concediera unos minutos para consultar con sus abogados, razón por la que se suspendió la audiencia para garantizar este derecho. Incluso, al reiniciar la audiencia, esos dos imputados no aceptaron los cargos.

78. Por su parte, el procesado ÁLVARO ZAMBRANO ARENAS, pese a ser informado sobre la posibilidad de asesorarse con su abogado defensor, como ocurrió con los otros dos imputados, no expresó querer hacerlo ni solicitó un tiempo con ese propósito, por el contrario, a la pregunta de la jueza, de forma inmediata y categórica y ante la reiterada pregunta de aceptar o no los cargos imputados, ÁLVARO contestó en dos oportunidades no aceptarlos.

79. Ahora, de modo opuesto a lo afirmado por el demandante, es imposible colegir de la audiencia de imputación de cargos que los demás procesados, por contar con la asesoría de su abogado, llegaron a un preacuerdo con la Fiscalía. En este punto, es claro que al momento de dar respuesta sobre si aceptaban o no la imputación, todos los procesados manifestaron no aceptarla. Así lo constató la jueza competente, cuando señaló que «todos escuchamos, [que] cada uno de los indiciados manifestó en forma clara y categórica: no aceptan la imputación». Sin dejar de lado, que los preacuerdos tienen un escenario diferente y posterior a la imputación, bajo la potestad de la Fiscalía y con control judicial del juez de conocimiento, y no del juez de control de garantías.

80. De otra parte, frente a los argumentos de la defensa sobre el posible reconocimiento de beneficios al procesado, la Corte precisa que el otorgamiento de subrogados penales o de la prisión domiciliaria resultaba jurídicamente inviable, tanto bajo la normativa de 2009 como bajo la vigente en la actualidad. Esto se debe a que el mínimo de la pena definitiva, derivada del concurso entre los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación, superaba los presupuestos objetivos exigidos por la ley. Lo anterior desbordaba los límites legales para su otorgamiento, tal como lo sostuvo el Ministerio Público en su calidad de no recurrente.

81. En ese mismo contexto, la defensa invoca el artículo 38A de la Ley 599 de 2000 sobre la posibilidad de otorgar la vigilancia electrónica. Sin embargo, esta medida no operaba de forma aislada ni automática, dado que se trata de un sustitutivo de la prisión domiciliaria; es decir, para acceder a dicho beneficio, el procesado debía ser primero beneficiario de esta última. Al no cumplir ZAMBRANO ARENAS con los requisitos para la detención domiciliaria -debido al quantum de la pena-, quedaba automáticamente excluido del sistema de vigilancia electrónica.

82. Lo anterior permite concluir que el recurrente no demostró la vulneración del derecho a la defensa técnica del procesado ÁLVARO ZAMBRANO ARENAS. Por el contrario, la actuación judicial se caracterizó por la claridad en el desarrollo de la audiencia y el respeto a los tiempos procesales, garantizando que el acusado tuviera la oportunidad real para pronunciarse sobre la aceptación de cargos. En consecuencia, la argumentación del demandante -reiterada por el procesado en su memorial de sustentación del recurso de impugnación especial- resulta insuficiente, pues no solo fracasa en evidenciar la infracción alegada, sino que es insuficiente para sustentar la trascendencia de un yerro que, en la práctica, es inexistente.

83. En consecuencia, la solicitud de nulidad solicitada por el apoderado de ÁLVARO ZAMBRANO ARENAS no está llamada a prosperar.

5.4. Recurso de impugnación especial

84. Con el fin de resolver el cargo propuesto directamente por ÁLVARO ZAMBRANO ARENAS, la Sala valorará los medios de prueba para determinar si la Fiscalía demostró, más allá de toda duda razonable, su responsabilidad penal por el delito de peculado por apropiación. De este modo, la Corte establecerá si, conforme a los hechos jurídicamente relevantes expuestos en la acusación, el compromiso penal del procesado se encuentra debidamente acreditado.

5.4.1. Estructura del delito de peculado por apropiación

85. El artículo 397 de la Ley 599 de 2000 tipifica el delito de peculado por apropiación, así:

El servidor público que se apropie en provecho suyo o de un tercero de bienes del Estado o de empresas o instituciones en que éste tenga parte o de bienes o fondos parafiscales, o de bienes de particulares cuya administración, tenencia o custodia se le haya confiado por razón o con ocasión de sus funciones, incurrirá en prisión...

…

Si lo apropiado no supera un valor de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes la pena será de sesenta y cuatro (64) a ciento ochenta (180) meses e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término y multa equivalente al valor de lo apropiado.

86. El delito de peculado por apropiación, tipificado en el artículo 397 de la Ley 599 de 2000, protege el bien jurídico de la administración pública. Su adecuación típica exige: i) un sujeto activo calificado que debe ser servidor público; ii) este debe realizar la apropiación, en provecho propio o de un tercero, de bienes estatales, paraestatales o de particulares cuya custodia se le haya confiado por sus funciones; además, iii) requiere la competencia funcional o material para disponer de dichos recursos, la cual puede ser asumida de forma material o jurídica. Se configura cuando el servidor se apodera de los bienes confiados, privando al Estado de su disposición.

87. En cuanto a la modalidad de la conducta, el ordenamiento exige que el sujeto activo actúe de manera dolosa. Esto implica que el servidor público debe conocer que su comportamiento es objetivamente típico y, aun así, tener la voluntad de realizarlo.

88. La jurisprudencia de la Sala clasifica este injusto como un delito de sujeto activo calificado, donde debe concurrir la potestad de administración, tenencia o custodia sobre bienes públicos o privados. El acto de apropiación, ejecutado en desarrollo de deberes funcionales, debe provocar un detrimento injustificado del patrimonio estatal, consolidando así el desvalor de la acción y el resultado.

89. De manera que, la consumación del delito de peculado se verifica cuando se concreta la transferencia efectiva de los bienes a favor del apropiador. Por ello, la doctrina y la jurisprudencia lo consideran un delito de resultado y de carácter instantáneo. Se perfecciona mediante un acto externo de disposición o de incorporación al patrimonio del servidor o de un tercero, evidenciando el ánimo de apropiación (CSJ SP1690-2025, 2 jul., rad. 67642).

90. No sucede lo mismo cuando el sujeto activo no detenta una relación tangible con éstos, sino que la posibilidad de apropiación depende de su disponibilidad jurídica, esto es, del ejercicio de un deber funcional que faculta al servidor público para decidir sobre el destino de los bienes o recursos de la misma naturaleza (CSJ SP2021-2024, 31 jul., rad. 61800 y CSJ SP, 6 mar. 2003, rad. 18021).

5.4.2. Medio de conocimiento sobre el delito de peculado

91. Para dar respuesta al recurso de impugnación especial, la Sala abordará el estudio integral del acervo probatorio que sustenta la condena proferida por la segunda instancia, con relación al delito de peculado por apropiación. El análisis se centrará en verificar si los elementos de juicio valorados por el ad quem, y cuestionados por el recurrente, poseen la fuerza demostrativa necesaria para desvirtuar la presunción de inocencia de ÁLVARO ZAMBRANO ARENAS. Así, se examinará la legalidad y suficiencia de las pruebas para determinar si estas acreditan el compromiso penal del procesado en el delito atribuido.

5.4.2.1. Testimonio de Reinaldo Jesús Moreno

92. Testificó que durante la administración de la alcaldesa Maribel Mahecha Hernández, durante los años 2008 y 2009 celebró tres contratos, pero ninguno de estos se relacionaba con el objeto descrito en los contratos de prestación de servicios (213 y 304 de 2009). Afirma que desconoce las razones de porqué figuraba como contratista pese a no haber recibido invitación alguna para participar en su selección. De tal forma que, no realizó las propuestas ni firmó las actas de inicio, terminación o liquidación de los contratos; asimismo, sostuvo que nunca se reunió con el acusado ZAMBRANO ARENAS para esos efectos.

93. Sobre el contrato 213 de 2009: declaró que, aunque su nombre figura en los documentos, las firmas son apócrifas, no tuvo conocimiento sobre la propuesta ni el objeto del contrato por 3.500.000 COP -limpieza de calles y los soportes de la Secretaría de Desarrollo-; asimismo, sostuvo que nunca aportó sus documentos personales ni ejecutó el objeto contractual.

94. Respecto a las actas de inicio y liquidación, el testigo negó haberse reunido con el supervisor ÁLVARO ZAMBRANO. Precisó que no suscribió dichos folios y que su número de cédula estaba errado en el acta de finalización. Agrega que no recibió pago alguno ni reconoce los comprobantes de egreso aportados.

95. Con relación al contrato 304 de 2009: negó la autoría de la propuesta para el extendido de gravilla por $1.687.400; afirma que, si bien sus datos personales figuran en el documento, jamás los presentó ante la administración de Mapiripán ni ejecutó el objeto contractual o recibió pago alguno.

96. De esta manera, en lo que respecta a las actas de inicio, finalización y liquidación, el testigo desvirtuó las afirmaciones sobre presuntas reuniones presenciales con el supervisor ÁLVARO ZAMBRANO ARENAS. Asimismo, subrayó que las rúbricas son apócrifas y que nunca suscribió la cuenta de cobro ni el comprobante de egresos, manifestando total desconocimiento sobre el origen de dichos soportes documentales.

5.4.2.2. Testimonio de Leander Valencia Rojas

97. El testigo relató que no presentó propuesta alguna para participar en el proceso de contratación 231 de 2009, ni suscribió las actas de inicio, terminación o liquidación. Asimismo, manifestó de forma enfática que no recibió pago alguno por el desarrollo del referido contrato, desvirtuando así cualquier vínculo voluntario con la administración municipal en dicho proceso.

98. En relación con el contrato 231 de 2009: el declarante reconoció como auténticos sus documentos personales presentes en el expediente, pero negó la autoría de la propuesta y las firmas del convenio por un valor de 12.000.000. Afirmó que nunca se le ofreció la construcción del puente sobre el caño Mielón ni presentó documentación alguna para dicho proceso licitatorio.

99. Respecto a las actas de inicio, recibo final y liquidación, el testigo sostuvo que las rúbricas allí plasmadas son apócrifas, pese a figurar junto a la firma de ÁLVARO ZAMBRANO ARENAS. Enfatizó que jamás ejecutó la obra ni recibió el pago, y agregó que nunca cobró el cheque J6859866 por $10.680.000; título valor que, según se acreditó en el juicio, fue efectivamente cobrado y pagado a un tercero ajeno al contrato, se pagó a Carlos Andrés Gaviria Osorio.

5.4.2.3. Testimonio de Nelson Giovanni Villamil Solano - exconcejal de Mapiripán

100. Relató que durante el periodo constitucional 2008-2011, se desempeñó como concejal del municipio de Mapiripán y advirtió diversas irregularidades en el manejo de la contratación, las cuales denunció. Precisó que los objetos contractuales descritos en los contratos 213, 231 y 304 de 2009 nunca se ejecutaron; sin embargo, se pagaron los valores correspondientes. Agregó que, en varias oportunidades, los miembros del concejo Municipal citaron a control político al secretario del gabinete ÁLVARO ZAMBRANO ARENAS, para que rindiera explicaciones sobre el caso. En una de esas reuniones se limitó a señalar que él solo cumplía órdenes.

101. Testificó que, tras analizar la ejecución presupuestal de 2009 obtenida vía Contraloría, detectó graves inconsistencias en los procesos contractuales a cargo del municipio:

102. En el contrato 213 (limpieza de calles): afirmó que solo se realizó una labor por Zener Hernández, desvirtuando la pluralidad de contratos y ejecutores que figuraban formalmente en la administración.

103. Al respecto, la Corte observa que se encuentra el oficio del 13 de julio de 2009, bajo la referencia designación supervisión, mediante el cual la alcaldesa Maribel Mahecha Hernández nombra al Secretario de Desarrollo y Proyección, ZAMBRANO ARENAS, como supervisor del contrato de prestación de servicios. En estos actos administrativos se señalan funciones específicas, tales como: «e) Elaborar oportunamente el acta de inicio, terminación y liquidación del presente contrato».

104. En cuanto al contrato 231 (puente flotante): aclaró que la estructura ya existía antes de 2008, pues fue construida por la comunidad indígena. En el acervo probatorio, obra el oficio del 13 de julio de 2009, bajo la referencia -designación supervisión del contrato-, mediante el cual la alcaldesa Maribel Mahecha Hernández designó como supervisor del contrato de prestación de servicios al secretario de Desarrollo y Proyección, ÁLVARO ZAMBRANO ARENAS.

105. Respecto al contrato 304 (gravilla en El Progreso): relató que visitó la zona con otros cabildantes sin hallar rastro de la obra ni residentes que dieran fe de su ejecución. También se aprecia que obra un oficio del 20 de agosto de 2009 bajo la referencia designación supervisor, en el cual la alcaldesa Maribel Mahecha Hernández designa como supervisor del contrato de prestación de servicios al secretario de Desarrollo y Proyección, ÁLVARO ZAMBRANO ARENAS.

5.4.2.4. Testimonio de Luis Eduardo Moreno Ospina -investigador de policía judicial

106. En cumplimiento de la misión de policía judicial, con este testigo se incorporó en el juicio oral el Manual de Funciones, documento que precisa las funciones a cargo del secretario de Desarrollo y Proyección Municipal -designación que ostentaba ZAMBRANO ARENAS para la época de los hechos-.

107. El Manual, entre otras funciones, determina las siguientes: i) supervisar la ejecución de obras públicas y velar por sus condiciones de calidad y cumplimiento; ii) asesorar al alcalde en la elaboración y adopción de políticas, planes y programas de inversión en infraestructura de servicios públicos, preparando los respectivos proyectos y garantizando así la correcta prestación de los servicios públicos domiciliarios; iii) asesorar y orientar a los secretarios de despacho, comunidad y entidades locales en la elaboración de proyectos y programas en concordancia con el plan de desarrollo municipal y el esquema de ordenamiento territorial; iv) efectuar la elaboración de programas y proyectos de obras públicas municipales y presentar al alcalde los programas de inversión de obras públicas; v) realizar estudios de prefactibilidad económica y social para cada uno de los proyectos de inversión y, vi) Administrar y actualizar el banco de programas y proyectos de inversión municipal.

5.4.2.5. Testimonio Edilberto Hernández Matías - investigador líder de la policía judicial (CTI)

108. Expuso en sede de juicio oral los hallazgos derivados de la inspección a los contratos 213, 231 y 304 de 2009. Según el declarante, las irregularidades abarcan todas las etapas del proceso bajo la gestión de ÁLVARO ZAMBRANO ARENAS, quien, estuvo a cargo de la creación de necesidades ficticias y la elaboración de estudios previos carentes de sustento real. El investigador señaló que el acusado suscribió las actas de inicio, terminación y liquidación de objetos contractuales que jamás fueron adjudicados ni ejecutados legalmente; y que, esta composición documental fue el instrumento necesario para disponer del erario y consolidar un detrimento patrimonial efectivo en el municipio de Mapiripán.

5.4.3. Responsabilidad del acusado por el delito de peculado por apropiación

109. Para analizar la responsabilidad penal de ÁLVARO ZAMBRANO ARENAS, la segunda instancia fundamentó la configuración del delito de peculado por apropiación en favor de terceros mediante la acreditación de su rol determinante en la simulación de las fases contractuales. En su condición de Secretario de Desarrollo y Proyección Municipal, ZAMBRANO ARENAS no solo vulnera los principios de planeación y transparencia de la Ley 80 de 1993, sino que utilizó su facultad de supervisión para certificar hechos falsos. La Sala determinó que su actuar permitió que recursos públicos fueran desviados hacia terceros, toda vez que los supuestos contratistas nunca ejecutaron las obras ni percibieron los pagos. En este sentido, se precisa el detalle de los contratos en cuestión:

110. Contrato 213 del 26 de junio de 2009: cuyo objeto fue el mantenimiento y limpieza de la cabecera municipal por valor de $3.500.000, el Tribunal halló acreditado el peculado por apropiación al contrastar la prueba documental con el testimonio de Reinaldo Jesús Moreno. El contratista negó haber suscrito o ejecutado dicho convenio, lo que convirtió las actas de inicio y liquidación firmadas por ZAMBRANO ARENAS en instrumentos de fraude.

111. El procesado ZAMBRANO ARENAS, actuando como supervisor, suscribió las actas de inicio y liquidación, certificando un cumplimiento inexistente. Este soporte documental fue la condición necesaria para que el cheque J6859837 fuera girado y cobrado por terceros, permitiendo la desviación definitiva del erario hacia fines distintos a la gestión pública municipal.

112. Contrato 231 del 13 de julio de 2009: destinado a la construcción de un puente flotante sobre el caño Mielón por $12.000.000, el ad quem argumentó que la apropiación fue evidente dada la inexistencia material de la obra. El contratista Leander Valencia Rojas confirmó en juicio que nunca participó en el proceso, evidenciando que ZAMBRANO ARENAS manipuló la fase postcontractual al firmar actas de liquidación de una estructura inexistente.

113. La segunda instancia subrayó que ZAMBRANO ARENAS, en ejercicio de sus funciones, avaló el trámite de pago mediante el soporte documental de una ejecución ficticia. En este sentido, al dar fe pública de la ejecución de la obra, el procesado facilitó que el cheque J6859866 fuera apropiado por el entorno de la administración municipal, consolidando un perjuicio patrimonial grave.

113. Contrato 304 del 20 de agosto de 2009: referido al extendido de gravilla en la vereda El Progreso por $1.687.400, el Tribunal argumentó la responsabilidad por peculado basándose en la suplantación del contratista Reinaldo Jesús Moreno. Nuevamente, el nombre de Reinaldo Jesús Moreno fue utilizado sin su consentimiento. ZAMBRANO ARENAS, aprovechando su cargo de Secretario de Desarrollo, validó documentalmente la finalización satisfactoria de los trabajos. Esta certificación mendaz permitió la liberación del cheque J6859886, el cual fue recaudado por el mensajero de la alcaldía por orden superior, demostrando que el procesado fue el eslabón técnico indispensable para el éxito de la defraudación presupuestal. En este sentido, a pesar de los soportes documentales que reposan en las carpetas originales recolectadas por el CTI, se demostró que el objeto contractual nunca se cumplió. ZAMBRANO ARENAS.

114: Para la Corte, la responsabilidad de ZAMBRANO ARENAS en el delito de peculado por apropiación se fundamenta en su rol determinante durante las fases precontractual, contractual y postcontractual. El procesado utilizó sus funciones para ejecutar un plan criminal orientado a la apropiación de recursos públicos mediante cinco acciones clave: i) la creación de necesidades ficticias, ii) la elaboración de estudios previos, iii) la suscripción de actas de inicio sin firmas de contratistas reales, iv) el ejercicio de la supervisión y v) la firma de actas de liquidación falsas. Estas maniobras otorgaron apariencia de legalidad al desembolso de fondos en contratos que, materialmente, nunca se ejecutaron.

115. El compromiso jurídico de ÁLVARO ZAMBRANO ARENAS no se limita a una participación nominal en el proceso de contratación, sino que se erige sobre una obligación funcional de carácter esencial. Al tenor del Manual de Funciones, el procesado, en su calidad de secretario de Desarrollo y Proyección Municipal, ostentaba la función de «supervisar la ejecución de obras públicas y velar por sus condiciones de calidad y cumplimiento». Este mandato legal lo posicionaba como el principal filtro técnico y ético para asegurar que los recursos del municipio de Mapiripán se tradujeran en obras reales y no en simples desembolsos contables.

116. El ejercicio de la supervisión implicaba para el procesado ZAMBRANO ARENAS una carga de verificación exhaustiva que iba desde la elaboración de los estudios de prefactibilidad hasta la suscripción de las actas de liquidación. Al tener asignadas tareas como «administrar y actualizar el banco de programas y proyectos» y «preparar los respectivos proyectos», el acusado tenía el control absoluto sobre la veracidad de la inversión. Por tanto, su firma en las actas de los contratos 213, 231 y 304 no era un simple requisito administrativo para cumplir una orden de la alcaldesa Mahecha Hernández, sino una responsabilidad dirigida a evitar la defraudación del erario.

117. La responsabilidad penal de ÁLVARO ZAMBRANO ARENAS en el delito de peculado por apropiación en favor de terceros surge de una obligación funcional clara y vinculante. Según el Manual de Funciones y los actos de designación suscritos por la alcaldesa Maribel Mahecha Hernández, el procesado, en su calidad de secretario de Desarrollo y Proyección Municipal, tenía el deber jurídico de supervisar la ejecución de las obras y velar por su calidad y cumplimiento.

118. En este contexto, el procesado actuó dolosamente, en realidad, existe un dolo directo y determinado, toda vez que ZAMBRANO ARENAS conocía que los contratistas (Reinaldo Moreno y Leander Valencia) no habían participado en la selección ni ejecutado de las obras y, aun así, decidió certificar lo contrario. Al suscribir actas de liquidación de puentes inexistentes o limpiezas de calles no realizadas, el acusado aportó el soporte documental indispensable para que el erario fuera desviado hacia terceros. Su participación fue, entonces, un eslabón esencial en el plan criminal, pues sin su aval técnico, la ordenadora del gasto no habría podido liberar los cheques recaudados por el mensajero de la alcaldía.

119. En este sentido, se determinó a Carlos Andrés Gaviria Osorio, quien se desempeñaba como mensajero de la alcaldía, para que fuera el encargado de cobrar los títulos valores por instrucción directa de la alcaldesa Maribel Mahecha Hernández. Bajo esta modalidad, Gaviria Osorio hizo efectivos los cheques J6859837 (24 de julio de 2009 por $3.115.000), J6859886 (27 de agosto de 2009 por $1.501.786) y J6859866 (12 de agosto de 2009), los cuales corresponden a los contratos 213, 304 y 231 de 2009, respectivamente. Una vez girados, los dineros eran entregados a la mandataria, consolidándose así la apropiación de los recursos públicos; lo anterior, gracias a las irregularidades en el trámite y supervisión a cargo del procesado ÁLVARO ZAMBRANO ARENAS.

120. Ahora, el argumento de ZAMBRANO ARENAS de cumplir órdenes superiores carece de validez como causal de exclusión de responsabilidad. En el derecho penal colombiano, la obediencia debida no ampara la ejecución de actos manifiestamente ilegales o delictivos. Al manifestar ante el concejo municipal que él solo cumplía órdenes, el procesado ZAMBRANO ARENAS no hizo más que ratificar su conocimiento sobre la irregularidad de los procesos contractuales. Lejos de ser un subordinado pasivo, actuó como un partícipe consciente que, con pleno dominio del hecho y aprovechando sus facultades de supervisión, permitió la defraudación del presupuesto del municipio de Mapiripán, configurándose plenamente el tipo penal de peculado por apropiación.

121. En conclusión, el procesado traicionó la esencia de su cargo. Su deber funcional le exigía constatar la identidad de los contratistas y la existencia material de las obras; al certificar como satisfechos objetos contractuales que nunca se ejecutaron, transformó su función de protección en un instrumento de facilitación criminal. En consecuencia, la defraudación del patrimonio público del municipio de Mapiripán fue posible porque el secretario abdicó de sus funciones esenciales para validar el desvío de fondos en favor de terceros.

122. De otra parte, dado que el recurrente sostiene que la alcaldesa Maribel Mahecha Hernández era quien tenía la disposición de los dineros y que, al haberlos reintegrado, la tesis construida por el Tribunal sobre la apropiación carece de fundamento; sin embargo, para responder al procesado, la Corte sobre el particular ha reiterado que:

123. La premisa normativa establece un tratamiento punitivo favorable para el autor de peculado que, voluntariamente o por terceros, repare lo dañado o reintegre lo apropiado. Esta figura busca mitigar el perjuicio al patrimonio público y rescatar el deber funcional de lealtad quebrantado. Según la jurisprudencia de la Corte, la teología de la norma protege la lesión patrimonial y el deber de fidelidad de los servidores. El beneficio se otorga por un acto de arrepentimiento que aminora la ofensa al deber de probidad, permitiendo reducciones punitivas que no modifican los extremos de la sanción al ser un acto postdelictual (CSJ SP3738-2021, 25 ago., rad. 57905).

124. De acuerdo con lo anterior, no le asiste razón al procesado ÁLVARO ZAMBRANO ARENAS al pretender que la devolución de los dineros por parte de otros coacusados derive en la atipicidad de la conducta o en su absolución. En el derecho penal colombiano, el peculado por apropiación es un delito de resultado que se consuma en el instante en que los recursos del erario salen de la órbita del Estado para ingresar al patrimonio de un tercero.

125. Así que el reintegro posterior de los $27.187.400 pesos, si bien es una conducta reparadora, no anula el dolo directo y premeditado con el que actuó el supervisor al certificar contratos ficticios. Pues, como bien lo determinó el ad quem, el reintegro efectuado por Maribel Mahecha Hernández y Jorge Wilson Díaz Montoya permitió aplicar la atenuante punitiva del artículo 401 de la Ley 599 de 2000, la cual reduce la sanción a la mitad. Esta disminución, permitió al Tribunal dejar la pena privativa de la libertad en 61 meses de prisión, máximo reconocimiento jurídico que permite la ley ante la restitución del incremento patrimonial.

126. Por tanto, el beneficio ya fue otorgado en la tasación de la pena y no puede ser invocado para desconocer la responsabilidad penal, pues el daño al bien jurídico de la administración pública ya se había perfeccionado mediante la conducta funcional del procesado ZAMBRANO ARENAS.

127. De acuerdo con el estudio de los fundamentos considerados por el ad quem, la Sala confirmará la sentencia de condena por el delito de peculado por apropiación, toda vez que los medios de prueba permiten establecer, más allá de toda duda razonable, que el procesado ÁLVARO ZAMBRANO ARENAS no fue un actor pasivo, sino un partícipe consciente de un entramado criminal. La correlación de las pruebas testimoniales y documentales acredita su voluntad dirigida a defraudar el patrimonio público, pues con sus actos facilitó la apropiación de recursos a favor de terceros.

5.5. Conclusión

128. Con relación a la nulidad alegada en el recurso extraordinario de casación: La solicitud de nulidad por falta de defensa técnica carece de fundamento, pues no se acreditó el desamparo total ni la inactividad absoluta del defensor que exige la jurisprudencia. El registro procesal demuestra que, en la imputación de 2013, tanto la Fiscalía como la judicatura ilustraron a ÁLVARO ZAMBRANO ARENAS sobre los beneficios del allanamiento y se le concedió una entrevista privada con su abogado. La decisión de no aceptar cargos fue un acto libre y autónomo del procesado, quien optó por una estrategia defensiva que no puede ser censurada a posteriori simplemente por resultar desfavorable, ni sustituida por una maniobra alterna en sede extraordinaria.

129. Respecto al recurso de impugnación especial sustentado por el procesado: no prospera, pues la responsabilidad de ÁLVARO ZAMBRANO ARENAS se demostró mediante pruebas testimoniales y documentales que confirman su rol determinante en la defraudación del patrimonio público. A diferencia de lo sustentado por el recurrente, su función como supervisor no fue un trámite formal, sino una obligación que incumplió dolosamente al certificar la ejecución de obras inexistentes en los contratos 213, 231 y 304. En este sentido, las declaraciones de los supuestos contratistas, quienes negaron haber suscrito los convenios, desvirtúan el argumento de no haberse apropiado de recurso alguno, debido a que ZAMBRANO ARENAS facilitó el desvío de recursos hacia terceros, mediante actas de liquidación falsas, traicionando su deber funcional de proteger el erario de Mapiripán.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

Primero: no casar la sentencia de segunda instancia, por el cargo formulado en la demanda de casación presentada por el defensor técnico de ÁLVARO ZAMBRANO ARENAS.

Segundo: confirmar, atendiendo el principio de doble conformidad judicial y por las razones expuestas en la parte motiva la sentencia condenatoria que por primera vez dictó la Sala de decisión Penal del Tribunal Superior de Villavicencio el 14 de diciembre de 2021, contra ÁLVARO ZAMBRANO ARENAS como responsable del delito de peculado por apropiación.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

CARLOS ROBERTO SOLÓRZANO GARAVITO

Presidente

MYRIAM ÁVILA ROLDÁN

GERARDO BARBOSA CASTILLO

FERNANDO LEÓN BOLAÑOS PALACIOS

GERSON CHAVERRA CASTRO

DIEGO EUGENIO CORREDOR BELTRÁN

JORGE HERNÁN DÍAZ SOTO

HUGO QUINTERO BERNATE

JOSÉ JOAQUÍN URBANO MARTÍNEZ

NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA

Secretaria

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