Ficha de la providencia
Sentencia SP298-2026(60331)
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Penal
Jurisprudencia › Corte Suprema de Justicia › SP298-2026(60331)
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Penal
Ficha de la providencia
Sentencia SP298-2026(60331)
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Penal
República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Penal
Sentencia SP298-2026(60331)
6 de mayo de 2026
JORGE HERNÁN DÍAZ SOTO
Magistrado ponente
SP298-2026
Radicación n.° 60331
(Acta n.° 142)
Bogotá, D.C., seis (6) de mayo de dos mil veintiséis (2026).
ASUNTO
La Sala resuelve el recurso extraordinario de casación que el delegado del Ministerio Público presentó contra la sentencia dictada el 26 de julio de 2021 por la Sala Penal Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín. Con esta decisión modificó el fallo emitido el 13 de mayo de 2020 por el Juzgado 10.° Penal del Circuito con funciones de conocimiento de esta ciudad, que condenó a JOHN FREDY POSADA como autor del delito de homicidio agravado, con fundamento en un preacuerdo.
HECHOS
El 3 de junio de 2018, a eso de las 5:00 am., en el barrio «El Salvador» de Medellín, JHON FREDDY POSADA atacó con un arma cortopunzante a Yuvany Alberto Suárez Restrepo. Le causó cuatro heridas en la región del tórax y el cuello que produjeron su muerte.
Minutos antes de la agresión, el procesado había visto a ese hombre compartiendo en un parque cercano con su expareja sentimental. Aprovechó que la víctima no estaba en condiciones de repelar a agresión, por encontrarse desprevenido y bajo los efectos de sustancias psicoactivas. A eso agregó que también estaba desarmado y solo.
ANTECEDENTES PROCESALES
El 29 de noviembre de 2019, la Fiscalía General de la Nación le imputó a JOHN FREDY POSADA el delito de homicidio agravado (artículos 103 y 104, núms. 4 y 7, de la Ley 599 de 2000). El procesado no aceptó el cargo.
El 28 de enero de 2020, el delegado de la Fiscalía radicó escrito de acusación en los mismos términos de la imputación. Este le correspondió al Juzgado 10.° Penal del Circuito de Medellín. El 30 de marzo siguiente, al inicio de la respectiva audiencia, el delegado de la Fiscalía informó que había llegado a un preacuerdo verbal con el procesado.
En virtud de este, JOHN FREDY POSADA reconoció su responsabilidad en la comisión del delito objeto de imputación (homicidio agravado), a cambio de que se condenara por el punible de homicidio simple y se le impusiera una pena privativa de la libertad de 18 años. Los términos del preacuerdo fueron los siguientes:
1) El acusado reconoce su responsabilidad penal en la comisión del delito endilgado en calidad de autor del delito de homicidio agravado arts. 103 y 104 # 4 por motivo abyecto, bajo o ruin y, # 7 por inferioridad de la víctima. 2) a cambio la Fiscalía elimina las dos agravantes específicas del cargo imputado. 3) Pactan la pena de Prisión en 18 años, que corresponde a la pena establecida para el delito de Homicidio simple. 4) Por la pena impuesta el procesado no tiene derecho a ningún sustituto punitivo.
El 15 de abril de 2020, en el marco del traslado, el procurador judicial alegó que el soporte probatorio de las dos agravantes era muy débil. Por ese motivo, estas no podían ser objeto de negociación entre las partes, so pena de vulnerar el principio de legalidad.
En esa misma fecha, el Juzgado aprobó el preacuerdo suscrito entre el procesado y la Fiscalía. Reconoció que había duda con respecto a la ocurrencia de una de las agravantes (estado de indefensión de la víctima), pues no existía elemento material probatorio que la acreditara. Sin embargo, la relacionada con el motivo abyecto o fútil estaba «suficiente y eficientemente» demostrada. A su juicio, esto satisfacía los requisitos para ratificar la negociación entre las partes.
Solo el delegado del Ministerio Público se opuso a esa decisión. Alegó que el preacuerdo aprobado por el juez de conocimiento atentó contra las garantías del procesado, ya que no obtuvo nada a cambio por aceptar su responsabilidad.
Además, la causal de agravación que finalmente se validó con la aprobación del acuerdo no fue debidamente acreditada con los elementos materiales probatorios que aportó la Fiscalía. Es más, se omitió que la víctima buscó al procesado, porque estaba ofendido con él, y ninguna de las personas que rindieron entrevista explicaron cómo ocurrió el homicidio.
El 4 de mayo de 2020, la Sala Penal del Tribunal de Medellín confirmó la decisión que aprobó el referido preacuerdo. Consideró que estaban dados los elementos para aprobar el pacto celebrado entre el procesado y la Fiscalía.
De manera adicional, señaló que los reparos del delegado de la Procuraduría eran extemporáneos por anticipación. Esos asuntos debían resolverse en la impugnación del fallo que se dictara con base en dicho preacuerdo, ya que «para la aprobación del preacuerdo la norma solo exige un ejercicio intelectivo que permita inferir que el individuo es autor o partícipe en la ejecución de la conducta que acepta y la tipicidad de la misma».
En atención a ello, el 13 de mayo siguiente, el Juzgado condenó a JOHN FREDY POSADA como autor del delito de homicidio agravado (solo por la causal 4 del art. 104 de la Ley 599 de 2000) a la pena preacordada de 18 años de privación de la libertad. También le impuso la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derecho y funciones públicas por el mismo término y le negó tanto la prisión domiciliaria como la suspensión de la ejecución de la pena.
La defensa del procesado, así como los delegados de la Fiscalía y del Ministerio Público apelaron la sentencia de primera instancia. El 26 de julio de 2021, el Tribunal de Medellín modificó la sentencia del a quo y condenó a JOHN FREDY POSADA por el delito de homicidio agravado también por la causal 7 del artículo 104 de la Ley 599 de 2000. En todo lo demás, confirmó el fallo objeto del recurso.
Contra esa decisión, el delegado del Ministerio Público presentó y sustentó oportunamente recurso extraordinario de casación.
LA DEMANDA DE CASACIÓN
El censor sustentó un único cargo bajo la causal 2ª del artículo 181 de la Ley 906 de 2004. Refirió que con la demanda perseguía una doble finalidad. Por una parte, el restablecimiento de las garantías procesales del acusado, así como del Ministerio Público. Por otra, la necesidad de fijar criterios para la interpretación correcta del artículo 327 de la Ley 906 de 2004. Además, que se aclare si, en realidad, «existe una diferente valoración de la evidencia según se trate de aprobar el acuerdo o de dictar la sentencia respectiva, pudiendo incluso proferirse sentencia absolutoria».
Lo primero porque, a su juicio, el proceso penal seguido contra JOHN FREDY POSADA está viciado de nulidad. Se le condenó como autor del delito de homicidio agravado, a pesar de que no se acreditaron las causales 4 y 7 del artículo 104 de la Ley 599 de 2000. Además, aquel aceptó esos cargos «producto de una imputación inflada», por lo que, en realidad, no obtuvo ningún beneficio tras la celebración del acuerdo con la Fiscalía. Con este proceder se desconocieron las exigencias contenidas en los artículos 29 de la Constitución Política, así como 7, 327 y 381 de la Ley 906 de 2004.
A eso agregó que el juez de conocimiento aprobó el preacuerdo excluyendo la causal relacionada con la indefensión de la víctima, porque el grado de conocimiento exigido en este tipo de asuntos era el de «simple posibilidad» sobre la existencia del hecho. En contraste, el Tribunal encontró acreditadas ambas causales, a pesar de que estas no pasan de ser «más que una hipótesis de trabajo de la fiscalía, pero se torna especulativa y, lo que es más grave, ajena a la verdad demostrada en el proceso».
Aseveró que ello daba cuenta de que se faltó al «mínimo probatorio» que se exige sobre los hechos y la responsabilidad del acusado, según lo dispone el artículo 327 ibidem. Esto devino en una grave violación a la presunción de inocencia del imputado, pues tales agravantes se sustentaron en «simples hipótesis investigativas».
Anotó que el preacuerdo, por sí solo, no puede utilizarse como fundamento para considerar que las agravantes imputadas al procesado son verdaderas y que, entonces, están plenamente acreditadas, ya que ello vulnera la referida garantía constitucional. En particular, porque la confesión del procesado debe acompañarse con prueba de corroboración.
Asimismo, los vacíos probatorios tampoco pueden suplirse «con la aceptación de cargos». Sobre todo, porque «la presunción de inocencia no es un asunto que se desvanezca según el tipo de proceso (…) en todos los casos el procesado se presume inocente y debe ser tratado como tal, pues el bloque de constitucionalidad no distingue entre las distintas formas de terminación del proceso penal».
En síntesis, consideró que la voluntad del procesado «estuvo viciada» y, por ende, el acuerdo suscrito con la Fiscalía resultaba ilegal, pues le «significó la imposición de una pena superior a la que corresponde y el ofrecimiento de beneficios simulados».
Con respecto a la vulneración de los derechos del Ministerio Público, el censor se quejó porque el Tribunal se abstuvo de resolver el recurso de apelación que el delegado interpuso contra la decisión de primera instancia por una supuesta preclusividad. Eso a pesar de que cuando planteó su oposición a la aprobación del preacuerdo, esta se calificó de extemporánea por anticipación. Sin embargo, al resolver la alzada, el colegiado de instancia afirmó que, cuando confirmó la aprobación del acuerdo, se dijo que las evidencias aportadas cumplían con el estándar de conocimiento requerido para avalar la aceptación de responsabilidad del acusado. De tal manera resaltó que la discusión sobre el asunto había quedado ya zanjada.
Calificó tal postura como una «encerrona procesal» que le impidió cumplir con sus funciones legales y constitucionales. El ordenamiento jurídico le exige al Ministerio Público velar por la legalidad y la materialización de los derechos fundamentales. Pero en este caso se le negó la posibilidad de cuestionar el soporte demostrativo de la imputación fáctica atribuida a JOHN FREDY POSADA. De haberse tenido en cuenta sus alegatos, ello habría devenido en la no aprobación del acuerdo por parte del juez de conocimiento.
También cuestionó que el Tribunal resolviera la apelación de la Fiscalía contra la sentencia condenatoria. Dijo que eso supuso la vulneración del principio de congruencia, pues el delegado de esa Entidad no impugnó la decisión del juez de aprobar el acuerdo, excluyendo una de las agravantes atribuidas al hecho cometido por el acusado. Eso impedía que el colegiado de instancia incluyera ambas agravantes en la decisión de segundo grado, atendiendo a que «el acuerdo solo partía de la circunstancia de agravación ligada al motivo abyecto para matar, y así quedaba concretada la acusación, por lo que la adición que hizo el tribunal se violentó el principio de congruencia, lo que como no tuvo efectos punitivos pudiera tornarse intrascendente».
En consecuencia, el demandante solicitó casar la sentencia de segunda instancia y declarar la nulidad de lo actuado a partir de la aprobación del acuerdo celebrado entre la Fiscalía y el procesado. Subsidiariamente, decretar la nulidad de lo actuado, a partir del auto mediante el cual el Tribunal confirmó la aprobación del acuerdo.
AUDIENCIA DE SUSTENTACIÓN
El delegado del Ministerio Público
El delegado del Ministerio Público indicó que respaldaba la demanda de casación. Resaltó que todas las decisiones judiciales, incluso aquellas que se surgen de mecanismos de terminación anticipada del proceso penal, deben estar fundadas en un control judicial real, suficiente y transparente. Además, las facultades de impugnación del Ministerio Público no pueden limitarse de manera irracional. En especial, cuando lo que se busca es la protección de la legalidad y los derechos fundamentales del procesado y de las víctimas. Finalmente, expuso la necesidad de determinar si la decisión impugnada se adoptó o no «dentro de los límites del debido proceso».
Delegado de la Fiscalía General de la Nación
El delegado fiscal consideró que, a pesar de lo dicho por el demandante, si se acreditaron las dos circunstancias de agravación en este evento y la pena principal se tasó acorde con lo acordado. Asimismo, se respetó el principio de legalidad, por lo no cual había lugar a casar el fallo.
En todo caso, solicitó que la Sala se pronunciara sobre la naturaleza de la providencia que aprueba los preacuerdos, particularmente, su ámbito de impugnación. Lo anterior porque, según dijo, se ha vuelto común que las partes reiteren los mismos argumentos contra el auto que aprueba el preacuerdo y la sentencia que se emite con base en este. Eso lleva a que las consideraciones del Tribunal sean las mismas en una y otra oportunidad, con el perjuicio de que ello da lugar a dilaciones injustificadas del proceso penal.
Apoderada de víctimas
La apoderada de las víctimas solicitó no casar el fallo del Tribunal. Lo anterior, porque la demanda no logró demostrar un error trascendente que justifique la nulidad solicitada.
Señaló que no hubo violación al debido proceso del acusado y se cumplió con el estándar probatorio exigido, tanto al momento de aprobar el preacuerdo como al dictar la respectiva sentencia condenatoria. A eso se suma que las dos agravantes imputadas al procesado contaron con suficiente respaldo fáctico. Según dijo, «(n)o se aprecia entonces (…), una renuncia al estándar de conocimiento, sino una ponderación razonada acorde a la justicia negociada».
En lo que atañe a la presunta vulneración de las garantías del Ministerio Público, afirmó que tampoco hubo tal. Entre otras razones, porque si bien dicho órgano actúa en pos de la protección de la legalidad y las garantías, eso no supone que también goce de los mismos derechos subjetivos las partes. En ese sentido, alertó que convertir dichas facultades en derechos afectaría la igualdad de armas que es un elemento central de la arquitectura procesal. Concluyó que como la casacionista no es titular de los derechos que dice vulnerados, tampoco puede fundamentar un cargo casacional en ese sentido.
Defensor del procesado
La defensa manifestó que se adhería a los argumentos de la demanda de casación. Aunque a la par, alegó que el procesado no contó con suficiente asesoría técnica antes de aceptar el preacuerdo y que terminó haciéndolo por presiones de los intervinientes en la audiencia.
También señaló que debía estudiarse si había lugar a una ausencia de responsabilidad, con base en el artículo 32 de la Ley 599 de 2000, núm. 7.
CONSIDERACIONES
Como los defectos de la demanda de casación se superaron con su admisión, la Sala examinará de fondo los problemas jurídicos propuestos por el recurrente, en pro de los fines del recurso extraordinario establecidos en el artículo 180 de la Ley 906. Estos están dirigidos a la búsqueda de la eficacia del derecho material, el respeto de las garantías de quienes intervienen en la actuación, la reparación de los agravios inferidos a las partes y la unificación de la jurisprudencia.
Para lograr lo anterior, primero se reiterará lo relativo a los elementos que caracterizan la causal bajo la cual el casacionista direccionó el único cargo. Luego se abordará el tema de las facultades del Ministerio Público en el proceso penal. A continuación, la naturaleza y condicionamientos de los preacuerdos suscritos por las partes. Seguido a ello, se estudiará el cargo casacional planteado por el delegado del Ministerio Público.
Reiteración jurisprudencia causal 2 del artículo 181 de la Ley 906 de 2004 (nulidad)
La causal 2 del artículo 181 de la Ley 906 de 2004 se configura cuando en la actuación se ha incurrido en desconocimiento del debido proceso por afectación sustancial de su estructura o por vulneración trascendente de las garantías de las partes. Si se demuestra la irregularidad que afecta las garantías o la estructura del debido proceso, la consecuencia es la nulidad de lo actuado desde cuando se produjo el vicio.
Además, como ya lo ha dicho la Sala en otras oportunidades, en este tipo de asuntos el actor debe tener en cuenta que las causales de nulidad son taxativas. Además, que la denuncia de la vulneración del debido proceso o de garantías fundamentales requiere de claras y precisas pautas demostrativas, ya que no cualquier anomalía conspira contra la vigencia de la actuación. Aquella debe ser esencial y estar vinculada en calidad de medio para socavar las bases esenciales del juicio o algún derecho fundamental de los intervinientes.
Por ese motivo, al igual que en las otras causales de casación, el reproche debe ajustarse a ciertos parámetros lógicos que permitan comprender el motivo de ataque. Que enseñen dónde descansa el yerro sustancial alegado y la manera como se quebranta la estructura del proceso o se afectan las garantías a consecuencia de aquel (CSJ SP2364-2018, rad. 45098).
Así, cuando se vulneran los postulados de validez que legitiman el ejercicio de la facultad sancionatoria del Estado, es necesario que tal yerro cumpla con los principios de taxatividad, protección, trascendencia, convalidación, instrumentalidad y residualidad. Si el defecto denunciado no afecta de modo trascendente y ostensible el desarrollo de la actuación ni vulnera garantías de partes, no habrá lugar a la procedencia de la censura ni mucho menos decretar la nulidad de la actuación.
Facultades del Ministerio Público en el proceso penal
De acuerdo con el artículo 277.7 de la Constitución Política, el Ministerio Público tiene la función de intervenir en los procesos cuando sea necesario para la defensa del orden jurídico, el patrimonio público o los derechos y garantías fundamentales. Asimismo, en el Acto Legislativo 03, que modificó el artículo 250 superior, se indicó que dicha Entidad continuaría cumpliendo, en el nuevo sistema de indagación, investigación y juzgamiento penal, esas funciones.
En desarrollo de ello, el artículo 109 de la Ley 906 de 2004 reiteró que el Ministerio Público ha de intervenir en el proceso penal cuando sea necesario para el respeto de los referidos axiomas. Asimismo, el artículo 111 ibidem le asignó una serie de funciones dependiendo de su rol como garante de los derechos humanos y de los derechos fundamentales, o como representante de la sociedad.
Lo primero le exige cerciorarse de que, entre otras cosas, «las decisiones judiciales cumplan con los cometidos de lograr la verdad y la justicia», así como «el cumplimiento del debido proceso y el derecho de defensa». Por otro lado, como representante de la sociedad, está facultado para «(s)olicitar condena o absolución de los acusados e intervenir en la audiencia de control judicial de la preclusión» y «(v)elar porque se respeten los derechos de las víctimas, testigos, jurados y demás intervinientes en el proceso, así como verificar su efectiva protección por el Estado».
En ese sentido, la Corte Constitucional ha reconocido que el Ministerio Público es un interviniente «especial», «principal» y «discreto». Destaca que la Constitución le garantiza el ejercicio de sus competencias dentro de los procesos judiciales y su participación en el proceso penal, constituye una particularidad de la Ley 906 de 2004:
(E)l Ministerio Público es a la vez un interviniente “principal” y “discreto” del proceso penal. Lo primero por cuanto desde la Constitución le ha sido reconocida una función de doble cariz consistente en velar por el respecto de los intereses de la sociedad, así como de los derechos humanos y de los derechos fundamentales afectos al proceso. Lo segundo, porque su participación debe someterse a los condicionamientos establecidos en la ley y precisados por la jurisprudencia, para no romper con los supuestos que en principio o tendencialmente articulan el sistema, relacionados con la igualdad de armas y el carácter adversarial del procedimiento.
El ejercicio de sus funciones plantea por tanto el riguroso cumplimiento de la legalidad, así como la procura de los fines para los cuales desde tiempo atrás se le ha instituido como interviniente procesal, evitando desequilibrios y excesos a favor o en contra de alguna de las partes o intereses en disputa, con el despliegue de una actuación objetiva que en definitiva mejore las condiciones para que en el proceso se alcance una decisión justa y conforme a derecho. (Corte Constitucional, sentencia C-144 de 2010)
Ahora, eso no quiere decir que el Ministerio Público tenga la calidad de sujeto procesal, la cual está reservada únicamente a la Fiscalía General de la Nación y a la defensa. Es un «organismo propio» cuya intervención en el trámite penal acusatorio es contingente o discrecional. Pero además es necesaria para el cumplimiento de los deberes que la Constitución Política le asigna dentro de los procesos judiciales, respetando las limitaciones del sistema procesal de la Ley 906 de 2004 (CSJ AP1820-2029, Rad. 54982). En ese sentido, vale la pena reiterar lo siguiente:
Y aunque su actividad es más contemplativa en este modelo de enjuiciamiento, asumiendo un rol marcadamente pasivo, en todo caso debe ser vigilante. Por eso, su intervención «siempre estará presidida por la vigencia de los bienes jurídicos cuya guarda se le encomendó, lo cual explica que su participación no alcance la plenitud de la calidad de parte, razón por la cual el código expresamente autoriza su presencia para convalidar o legitimar los actos que afectan las garantías fundamentales; faculta su intervención frente a la disposición y el ejercicio de la acción penal; permite su participación activa en la realización de las audiencias; le concede cierta participación en la dinámica probatoria; le encomienda de manera especial y específica la protección de los intervinientes procesales; le otorga capacidad de injerencia en lo relacionado con la privación de la libertad; le encarga la protección de la legalidad de las decisiones judiciales; y, lo erige como garante de la imparcialidad, de la independencia judicial y del juez natural; para lo cual dispone frente a esos cometidos constitucionales de las acciones y recursos previstos en el ordenamiento (CSJ SP 5 pct. 2011, Rad. 30592).
Lo anterior para resaltar que la participación del Ministerio Público debe hacerse dentro de lineamientos fijados por el legislador y que la jurisprudencia de la Sala ha precisado en distintas decisiones. La finalidad de esos parámetros es la de evitar que las funciones fijadas por el Constituyente o el Legislador sirvan para suplir y/o coadyuvar las tareas que son exclusivas de las partes. No hay duda de que una actuación de ese interviniente sin sujeción a un claro marco desequilibraría la arquitectura propia del proceso penal adversarial y anularía el principio de igualdad de armas:
(E)sa intervención debe ser ejercida con respeto irrestricto de otros derechos, como el debido proceso que comporta, entre otros aspectos, que el mismo debe desarrollarse conforme a los postulados de igualdad de armas entre la Fiscalía y la defensa y que, en principio, solo estas se encuentran habilitadas, por ejemplo, para aportar las pruebas que han de llevar el conocimiento de los hechos al juez.
De tal forma que la intervención de la Procuraduría debe ceñirse al respeto de esas reglas propias de un proceso como es debido, sin que, por tanto, en el ejercicio de sus funciones le esté permitido que supla las tareas que son exclusivas y excluyentes de las partes, pues, admitir tal supuesto, comportaría facultarla para desequilibrar la balanza en beneficio de una con el correlativo perjuicio de la otra. (CSJ SP5210-2014, Rad. 41534).
Ahora, el hecho de que los delegados de la Procuraduría actúen en defensa del ordenamiento jurídico, hace posible que «formulen argumentos relacionados con la observación, apreciación o valoración probatoria para la definición de la responsabilidad del procesado, porque la acertada determinación de la premisa fáctica de la decisión que corresponde adoptar al juez, es presupuesto necesario de la correcta aplicación del derecho» (CSJ AP2761-2020, Rad. 54938).
Igualmente, están habilitados para impugnar las sentencias, sin importar si estas son de naturaleza condenatoria o absolutoria, siempre que responda a su función constitucional de procurar por las garantías y derechos fundamentales o evidencie violaciones al orden jurídico.
En ese sentido, se tiene dicho que «resulta inapropiado impedir que cumpla su gestión cuando ésta se dirige a la interposición de los recursos que la ley habilita para disentir de las decisiones que, en su criterio, transgreden el orden jurídico, como ocurre ciertamente respecto a una absolución infundada probatoria o jurídicamente» (CSJ SP2379-2020, Rad. 52046). Por eso se enseña que ese organismo goza de amplias facultades para interponer y sustentar recursos de ley cuando quiera que lo encuentre necesario para salvaguardar los intereses de la sociedad (CSJ SP1858-2019, Rad. 52235).
La Procuraduría General de la Nación también está habilitada para interponer el recurso de casación cuando lo considere necesario para la defensa del orden jurídico, del patrimonio público, o de los derechos y garantías fundamentales (CSJ AP3671-2022, Rad. 55822). Inclusive en aquellos casos en los que no fue recurrente puede hacer uso del recurso extraordinario, siempre y cuando:
Se acredite que de manera arbitraria se impidió al impugnante el ejercicio del recurso;
El fallo del Tribunal modifique de manera negativa, desventajosa o más gravosa la situación de quien pretende demandar en casación, o
La propuesta del demandante en casación se oriente a conseguir la declaratoria de nulidad (CSJ AP, 03 jul. 2013, rad. 41054).
Es más, los procuradores delegados están facultados para que en la audiencia de sustentación del recurso extraordinario le sugieran a la Corte su intervención oficiosa (CSJ SP2364-2018, Rad. 45098).
La Sala también tiene dicho que, excepcionalmente, el representante de la sociedad puede oponerse a las formas de justicia consensuada, como son las terminaciones anticipadas del proceso penal, cuando estas desconozcan derechos fundamentales o transgredan el principio de legalidad. En tales eventos, los delegados del Ministerio Público están facultados para hacer las respectivas postulaciones y acudir a los recursos de ley. En ese sentido, vale la pena reiterar lo dicho en la sentencia rad. CSJ SP 6 de feb. 2013, Rad. 39892, reiterada, entre otras, en el fallo SP5210-2014, Rad. 41534:
De la legitimidad del Ministerio Público
1. De la reseña que se hizo de la actuación procesal deriva que la intervención del representante de la Procuraduría General de la Nación fue el impedimento para que el proceso culminara por la vía anticipada, por cuanto en la audiencia de imputación la Fiscalía adecuó los hechos a homicidio simple, lo cual fue avalado por el Ministerio Público y admitido por el acusado, pero posteriormente aquel deprecó una nulidad porque supuestamente se estructuraba un homicidio agravado, postulación que, en sede de segunda instancia (el juez de conocimiento la negó y el Ministerio Público apeló), generó la invalidez del acto inicial.
2. La Corte tiene dicho que desde el mandato del artículo 277 constitucional el legislador procesal de la Ley 906 del 2004 determinó que era viable la participación activa del Ministerio Público dentro del trámite judicial, no como un interviniente especial (que lo es la víctima), sino como un organismo propio dentro del proceso penal (sentencia del 5 de octubre de 2011, radicado 30.592), en aras de cumplir con los fines superiores que le corresponden: la defensa del orden jurídico, la protección del patrimonio público y el respeto por las garantías y derechos fundamentales.
Esa participación debe ejercerla sin que le sea dable alterar el equilibrio que debe prevalecer dentro del proceso, en el entendido que este se desarrolla por la contradicción entre dos partes que asumen el debate en igualdad de condiciones (Fiscalía y defensa). Por ello, sus intervenciones no pueden apuntar a lograr que la balanza se incline en pro o en contra de alguna de esas partes.
En el tema de allanamientos y preacuerdos, en el fallo reseñado, la Corte dijo:
“En materia de preacuerdos, acuerdos y negociaciones entre la Fiscalía y el indiciado, imputado o acusado, es claro que la legislación procesal no le permite al Ministerio Público oponerse a ellos, pero sí, habiendo sido convocado a esos actos de justicia consensuada, dejar constancia sobre su postura en relación con los temas que justifican su participación y que advierta afectados por las estipulaciones de las partes, lo cual, eventualmente, le podría permitir acreditar el interés para recurrir los pronunciamientos judiciales en torno a ellos.
A este respecto no puede perderse de vista que el ejercicio de la acción penal constitucionalmente se halla adscrita a la Fiscalía, quien actúa por medio del Fiscal General de la Nación o sus delegados, y que de igual modo el imputado tiene el derecho de participar en las actuaciones judiciales que lo afecten, a tal punto de renunciar a algunos derechos conferidos por el ordenamiento, a cambio de obtener una pronta definición de su caso y el reconocimiento de algunos beneficios a los que no podría acceder si el proceso transita por el sendero ordinario.
Sin embargo todas estas manifestaciones de justicia consensuada, no sólo deben estar regidas por la legalidad, sino que no deben afectar derechos de terceros, pues si esto ocurre, se activa la legitimidad del Ministerio Público para intervenir ante la eventual trasgresión o puesta en peligro de bienes jurídicos ajenos, los cuales son indisponibles por las partes involucradas. Igual acontece si los acuerdos contrarían el ordenamiento interno o desconocen el derecho internacional humanitario, o versan sobre infracciones graves a los derechos humanos, sobre las cuales no puede mediar negociación alguna por ser contrarias a los compromisos internacionales que integran el denominado Bloque de Constitucionalidad, la Constitución o la Ley”.
Por modo que, por regla general, al Ministerio Público le está vedado oponerse a las acusaciones originadas en allanamientos o preacuerdos, admitiéndose como única excepción la acreditación de manifiestas vulneraciones a las garantías fundamentales, evento en el cual está facultado para hacer las postulaciones respectivas y, en el supuesto de decisiones adversas, acudir a los recursos de ley.
En suma, los delegados del Ministerio Público, como representantes de la sociedad y garantes del orden jurídico, así como de los derechos y garantías fundamentales de las partes, pueden impugnar las sentencias, con arreglo a la Constitución y a la Ley. Es más, en virtud de esas mismas atribuciones, están facultados para excepcionalmente oponerse a las formas de justicia consensuada, si desconocen los derechos fundamentales o transgreden el principio de legalidad.
Preacuerdos y negociaciones
La Ley 906 de 2004 instituyó los preacuerdos como un mecanismo de terminación anticipada de los procesos penales. Estos consisten en que entre la Fiscalía y la defensa acuerdan la aceptación de responsabilidad, a cambio de que el procesado obtenga beneficios expresados en una menor respuesta punitiva por parte del Estado (CSJ SP2491-2024, Rad. 62354).
En efecto, el artículo 348 ibidem establece que este tipio de acuerdos buscan: «…humanizar la actuación procesal y la pena; obtener pronta y cumplida justicia; activar la solución de los conflictos sociales que genera el delito; propiciar la reparación integral de los perjuicios ocasionados con el injusto y lograr la participación del imputado en la definición de su caso…».
En el marco de esas negociaciones, la Fiscalía podrá eliminar alguna causal de agravación o algún cargo. También que la conducta se tipifique de una manera específica con miras a disminuir la pena (artículo 350 ibidem). Asimismo, el artículo 351 ibidem, que regula las modalidades de los preacuerdos, prevé que estos pueden versar sobre:
La aceptación de los cargos determinados en la audiencia de imputación, o
Los hechos imputados y sus consecuencias.
En el marco de las negociaciones no puede perderse de vista que si la consecuencia del preacuerdo es «un cambio favorable para el imputado con relación a la pena por imponer, esto constituirá la única rebaja compensatoria por el acuerdo» (inciso 2.°). Esa es la razón por la cual en ese contexto solo se permite conceder un único beneficio o una única rebaja compensatoria a los procesados (SP379-2022, rad. 58186).
Una vez las partes suscriben el preacuerdo, este debe ser presentado para la aprobación del juez de conocimiento. De acuerdo con el inciso 4.º del artículo 351, «[l]os preacuerdos celebrados entre Fiscalía y acusado obligan al juez de conocimiento, salvo que ellos desconozcan o quebranten las garantías fundamentales». De modo que, si el funcionario judicial lo aprueba, «procederá a convocar la audiencia para dictar la sentencia correspondiente» (inciso 5.° del artículo 351 de la Ley 906 de 2004). Este es el efecto que se desprende del hecho de que, con esa aceptación, el procesado renunció a la garantía del artículo 8.º, literal k). Esto es, a un «juicio público, oral, contradictorio, concentrado, imparcial, con inmediación de las pruebas».
En caso contrario, esto es, si resuelve rechazarlo, el proceso penal seguirá su curso ordinario «como si hubiese habido una manifestación de inocencia». Lo anterior porque como lo ha explicado la Sala antes:
Así ocurre debido a que los preacuerdos implican renuncias de ambas partes: el procesado se abstiene de ejercer los derechos a no auto incriminarse y a tener un juicio con todas las garantías, mientras que la fiscalía pierde la oportunidad de realizar ajustes fácticos y/o jurídicos a la imputación y a la acusación, así como continuar con la investigación (CSJ SP2042-2019, rad. 51007).
En todo caso, para que el juez pueda avalar el preacuerdo, es necesario que la manifestación del procesado sea «libre, consciente, voluntaria y debidamente informada», asesorado por un profesional del derecho, como exige el artículo 8º, literal l). Tampoco podrán desconocerse o quebrantar garantías fundamentales. Eso puede ocurrir cuando:
Se acepta responsabilidad por un comportamiento atípico (Cfr. CSJ SP10299-2014, rad. 40972);
Se presentan vicios en el consentimiento al momento de negociar y suscribir el preacuerdo (Cfr. CSJ SP, 21 mar. 2012, rad. 38500);
Se infringen los límites legales de los preacuerdos, por ejemplo, concediendo un doble beneficio al procesado (Cfr. CSJ SP14191-2016, rad. 45594);
Se suscribe el preacuerdo sin existir un mínimo de prueba sobre la responsabilidad penal de quien acepta cargos (Cfr. CSJ AP5151-2016, rad. 48204), y,
Cuando la fiscalía no presenta una debida adecuación entre los hechos con relevancia jurídico penal y el tipo penal (Cfr. CSJ SP931-2016, rad. 43356, SP379-2022, rad. 58186 y SP475-2023, rad. 58432).
También es importante que la aceptación del imputado esté acompañada de los elementos materiales probatorios obrantes dentro del expediente. Eso sin que el juez de conocimiento deba realizar un análisis exhaustivo de tales piezas. En efecto, a voces del artículo 327 ibidem, en estos eventos se exige «un mínimo de prueba que permita inferir la autoría y participación en la conducta y su tipicidad».
En efecto, en la sentencia CSJ SP2491-2024, Rad. 62354, esta Corporación precisó cuál es el estándar de conocimiento para emitir fallo condenatorio en los casos de terminación anticipada del proceso por aceptación de cargos en allanamientos y preacuerdos. Señaló en ese pronunciamiento que corresponde a la «inferencia razonable» de autoría o participación (imputación), o «probabilidad de verdad» (acusación), según el caso. De tal manera resaltó que no debe acreditarse el conocimiento más allá de toda duda, ya que a ese nivel epistémico llega el juez por la información incorporada merced a la práctica probatoria en un juicio oral, concentrado y con inmediación.
Además, en concordancia con los artículos 293 y 351 del Código de Procedimiento Penal, si el procesado acepta los cargos en los términos descritos en la imputación, lo actuado es «suficiente como acusación» y el acuerdo se consigna en el respectivo escrito acusatorio. Al respecto, la Sala tiene entendido que la aceptación del preacuerdo limita la facultad decisoria del juez en dos aspectos:
En cuanto al momento en que debe dictar sentencia, porque ya no será el ordinario legal, es decir, al finalizar el juicio oral, y,
En cuanto al sentido de la decisión, ya que esta sólo podrá ser condenatoria, en los términos del preacuerdo, como se desprende de los artículos 293, 351 y 369, inciso 2º (Cfr. CSJ SP5400-2019, rad. 50748 y SP379-2022, rad. 58186).
En ese sentido, vale la pena reiterar que cuando las partes solicitan la terminación anticipada de la actuación penal, al juez le corresponde verificar los siguientes presupuestos para poder emitir una sentencia condenatoria:
la existencia de una hipótesis de hechos jurídicamente relevantes que corroboren la tipicidad de la conducta;
el aporte de evidencias físicas e información legalmente obtenida que permita cumplir el estándar de conocimiento previsto en el artículo 327 de la Ley 906 de 2004, orientado a salvaguardar la presunción de inocencia del procesado;
la claridad de los términos del acuerdo a efectos de precisar cuándo un eventual cambio de calificación jurídica corresponde a la materialización del principio de legalidad y en qué eventos es producto de los beneficios acordados por las partes;
la viabilidad legal de los beneficios otorgados por la Fiscalía, sea por la modalidad y cantidad de estos o por las limitaciones previstas frente a determinados delitos, y
que la renuncia al juicio del procesado haya sido libre, informada y asistida por su defensor.
Finalmente, en estos asuntos opera el principio de no retractación. En virtud de ello, los acuerdos son vinculantes para la fiscalía y el implicado. Aunque también lo son para el juez de conocimiento, a quien le corresponde dictar la respectiva sentencia en concordancia con lo convenido por las partes (CSJ AP830-2014, rad. 34699). Se reitera, siempre y cuando en el trámite de aceptación de cargos no ocurran vicios del consentimiento ni vulneración a las garantías fundamentales (artículos 293 y 351, inc. 4 y 5, Ley 906 de 2004).
En ese sentido, una vez que el procesado acepta los cargos, no hay lugar a discutir la responsabilidad penal de los delitos según los términos del preacuerdo. Es decir, ya no es posible alegar inocencia (retractación total) o buscar una forma de degradación de la conducta punible libre y voluntariamente reconocida (retractación parcial) (Cfr. CSJ SP, 15 may. 2013, rad. 39025, y AP3807-2023, rad. 60678).
(P)ermitir que el implicado continúe discutiendo ad infinitum su responsabilidad penal, no obstante haber aceptado los cargos de manera libre, voluntaria, espontánea y debidamente informada y asesorada por el defensor, implicaría contrariar los principios de lealtad, economía procesal, celeridad y seriedad, que deben guiar las actuaciones de quienes intervienen en el proceso penal, en detrimento de la administración de justicia.
Por lo tanto, en aquellos eventos en los que la sentencia fue proferida bajo la forma de terminación anticipada del proceso en el marco de la justicia consensuada, el interés de impugnar la sentencia condenatoria está circunscrito exclusivamente a debatir aspectos relacionados con la vulneración de sus garantías fundamentales, el quantum de la pena y los aspectos operacionales de la misma, lo que impide reprochar el injusto y consecuente responsabilidad penal.
Ahora, como lo ha resaltado la Sala en otras oportunidades, en la verificación de la legalidad del preacuerdo ha de corroborarse que la situación fáctica se ajusta perfectamente a los supuestos de hecho del tipo penal. Ese deber de corroboración se desprende del principio de legalidad o de tipicidad estricta imperante en el ordenamiento jurídico colombiano. De hecho, si el juez de control de garantías o de conocimiento advierte que la conducta imputada no reúne las características de un delito, debe rechazar la aceptación de responsabilidad. Es decir, no aprobar el preacuerdo.
En caso de que ello ocurra, no hay lugar a la absolución del procesado como alguna vez lo defendió la Sala. Lo procedente, en esos casos es anular el procedimiento desde el acto de aprobación, para que el proceso continue con su cauce normal (CSJ SP5400-2019, Rad. 50748). Esto porque no es viable sorprender a la Fiscalía con una sentencia absolutoria, cuando ha renunciado a su derecho de controvertir las pruebas (en caso de negociaciones) o a seguir investigando (cuando se presenta un allanamiento a cargos).
Al no darse un fallo condenatorio, porque se variaron las condiciones, el Ente acusador «tiene muchas cosas por aclarar antes de someter el caso al examen de los jueces». En ese sentido, la Fiscalía deberá continuar con el curso normal del proceso, a fin de completar la investigación de los hechos (CSJ SP2566-2021, rad. 52755).
Estudio del cargo casacional
El censor demandó la nulidad de la actuación. Argumentó que el Tribunal vulneró los derechos del procesado, así como los del Ministerio Público. Lo primero, porque el preacuerdo suscrito por las partes y avalado por el juez de conocimiento resultaba ilegal, ya que la voluntad del acusado estuvo «viciada». La Fiscalía «infló» la imputación en su contra y las circunstancias de agravación con que las que se calificó la conducta atribuida a JOHN FREDY POSADA no se acreditaron. De esa forma, la celebración del preacuerdo le «significó la imposición de una pena superior a la que corresponde y el ofrecimiento de beneficios simulados».
Lo segundo, ya que al delegado del Ministerio Público no se le permitió cumplir con las funciones constitucionales y legales que está llamado a cumplir dentro de los procesos penales. El Tribunal omitió pronunciarse sobre los argumentos con los que se opuso a la aprobación del preacuerdo suscrito entre JOHN FREDY POSADA y la Fiscalía al resolver la apelación que presentó contra el auto que aprobó dicho pacto y al estudiar la apelación que presentó contra la sentencia de primera instancia.
En primer lugar, la Sala advierte que el casacionista está legitimado para acudir en esta instancia. Por una parte, cuenta con el interés jurídico que se exige para actuar en esta sede casacional. Apeló la decisión del juez de conocimiento que aprobó el preacuerdo suscrito entre JOHN FREDY POSADA y la Fiscalía, también el fallo de primera instancia que se dictó con base en ese mismo pacto. Su inconformidad consistió en que la Fiscalía no acreditó la ocurrencia de las dos causales de agravación, por lo que no se cumplía con el estándar de conocimiento exigido para poder condenar al acusado como autor del delito de homicidio agravado. Además, tales insuficiencias probatorias no podían superarse con la mera aceptación de responsabilidad por parte del procesado.
Por otra parte, la demanda casacional tiene el fin de salvaguardar los derechos fundamentales del procesado, así como las funciones propias que dicho organismo cumple dentro del proceso penal.
En ese sentido, tales alegatos encuentran fundamento en las facultades que la Constitución Política y la ley le atribuyen al Ministerio Público como representante de la sociedad y garante de los derechos humanos y de los derechos fundamentales de los asociados (ut supra párr. 41 y ss.).
Además, desde la presentación del preacuerdo cuestionó la calificación jurídica de la conducta como un homicidio agravado por las causales 4 y 7 del artículo 104 de la Ley 599 de 2000. Tal postura no puede catalogarse como una injerencia indebida o la errada atribución de responsabilidades propias de las partes. Al contrario, con ella buscaba evitar la vulneración de los derechos fundamentales del procesado, así como el respeto del principio de legalidad.
En efecto, la Corte tiene dicho que la intervención del Ministerio Público no implica un quebrantamiento del sistema adversarial ni un desequilibro en el proceso, si se limita a evitar violaciones al orden jurídico o el restablecimiento de las garantías debidas a las partes (CSJ AP438-2019, Rad. 54466).
De ahí la importancia de la postura del Ministerio Público en este caso, pues no es que estuviera abogando por sus propios derechos, como parece entenderlo la apoderada de víctimas. Alertaba, eso sí, sobre posibles lesiones a bienes constitucionales superiores que merecían entonces la activación de sus facultades en defensa de los derechos del procesado y del orden jurídico.
En segundo lugar, no se tiene que los alegatos del censor sean suficientes para decretar la nulidad de la actuación y, por ende, haya lugar a casar el fallo del Tribunal como lo alegó el censor en la demanda casacional.
Por una parte, debe recordarse que el «juicio de imputación» le corresponde exclusivamente a la Fiscalía General de la Nación. Este cumple con tres funciones fundamentales, lo que les exige a sus delegados proceder cuidadosamente, pues ello es fundamental para:
Garantizar el ejercicio del derecho de defensa;
Sentar las bases para el análisis de la detención preventiva y otras medidas cautelares, y
Delimitar los cargos frente a los que podría propiciarse la emisión anticipada de una sentencia condenatoria, bien porque el imputado se allane a los cargos o celebre un acuerdo con la Fiscalía.
En ese sentido, los fiscales están obligados a actuar con objetividad (artículo 115 de la Ley 906 de 2004). Eso lleva a que la formulación de los cargos debe hacerse conforme la hipótesis factual establecida –según el estándar probatorio previsto para cada fase-, pues les está vedado «inflar» la imputación o la acusación para presionar la celebración de acuerdos con los procesados:
En los preacuerdos, se ha expresado, la Fiscalía debe obrar con objetividad, lo cual implica que la actuación del ente acusador no puede de manera ligera, descuida o intencionada hacer uso indebido de sus facultades, dar a la información recopilada en la indagación o investigación un uso indebido, alterar, ocultar o manipular la verdad, los hechos, las consecuencias jurídicas de la conducta delictiva consumada, actuar con abuso de sus facultades, formular acusaciones infundadas, o modificar medidas cautelares para favorecer sin razón a una parte o interviniente, su proceder con base en dicho principio debe revelar rectitud y probidad en la definición de la existencia del delito, la declaración de responsabilidad y la negociación de la pena.
En ese sentido, el delegado fiscal debe obrar conforme a la realidad de los hechos objeto de investigación y asignarles la calificación jurídica que corresponda, según la ley penal preexistente. Esto, sobre todo, porque tales calificaciones no pueden servir para sorprender o engañar al imputado ni para colocarlo en una situación de inferioridad, forzándolo a suscribir con la Fiscalía un acuerdo poco beneficioso. Un proceder en esa línea no solo afectaría los principios de lealdad y buena fe que enmarcan el proceso penal (artículo 12 Ley 906 de 2004), sino que pondría en riesgo el prestigio de la administración de justicia. Por eso, como lo ha dicho la Sala en otros casos:
(…) los preacuerdos y negociaciones celebrados entre la Fiscalía y el imputado o acusado deben regirse por los principios de lealtad y buena fe, por lo que todo aquello que constituya su objeto -desde que no violente garantías fundamentales o se encuentre al margen de la ley-, ha de ser incorporado de manera integral al acta pertinente, lo más completa, clara y precisa posibles, a efecto de no generar falsas expectativas, pues dichos acuerdos, como lo pregona un sector de la doctrina, mal pueden servir de instrumento para sorprender o engañar al imputado o acusado, y menos para colocarlo en situación de inferioridad (negrillas originales).
En este caso, el delegado fiscal calificó los hechos atribuidos en la imputación a JOHN FREDY POSADA como un homicidio agravado por las causales 4 y 7 del artículo 104 de la Ley 599 de 2000. Sin embargo, el juez de conocimiento, al pronunciarse sobre su legalidad, consideró que no se acreditó el supuesto estado de indefensión en el que se encontraba la víctima. De esa circunstancia no encontró soporte en los elementos materiales probatorios obrantes en la carpeta:
(E)n nuestro criterio, los elementos de convicción aportados por la Fiscalía no darían cuenta de manera clara de esa situación. Toda vez que no se observó de qué manera fue que se dieron los hechos, los testigos no pudieron observarlo y de allí no podía, entonces, impedir que la víctima fue atacada de manera desprevenida por parte del hoy acusado y, en tal sentido, no haberse denunciado. Como se dio, efectivamente, el hecho específico de la agresión que desencarnó en la muerte del hoy occiso, pues, entonces, no podría entrar a indicarse que se demostró ese agravante específico (…).
A pesar de no encontrar acreditada la referida causal de agravación, el juez de conocimiento aprobó el preacuerdo suscrito entre la defensa y el fiscal, sin importar que versaba sobre el reconocimiento por parte del procesado de ambas causales. Según lo acordado por las partes, «(e)l acusado reconoce su responsabilidad penal en la comisión del delito endilgado en calidad de autor del delito de homicidio agravado arts. 103 y 104 # 4 por motivo abyecto, bajo o ruin y, # 7 por inferioridad de la víctima». Lo anterior a cambio de que la Fiscalía eliminara las dos agravantes específicas del cargo imputado y se le impusiera la pena de prisión en 18 años.
No se discute que el juez de conocimiento corroborara la calificación jurídica propuesta por la Fiscalía. En efecto, en el marco de control de legalidad, los jueces deben, entre otras cosas, cerciorarse sobre la adecuación de típica de la conducta, sin que eso suponga un control material de lo consignado por las partes en sus acuerdos:
No es que entonces los jueces puedan controlar materialmente los actos de atribución de responsabilidad, sino que a la hora de verificar la legalidad de una aceptación de responsabilidad, sí deben constatar que la calificación jurídica corresponda a los hechos relacionados por el acusador, esto es, el juez ha de aplicar un examen sobre la corrección del juicio de adecuación típica propuesto por el fiscal, en tanto fundamento de su pretensión punitiva (CSJ SP 11 dic. 2018, rad. 52.311; CSJ SP 5 jun. 2019, rad. 51.007 y SP3002-2020, rad. 54.039; SP2442-2021, rad. 53.183 y SP379-2022, rad. 58.186, entre otras).
Como lo ha señalado la Corte Constitucional en la SU 479 de 2019, “las autoridades judiciales, como todas en un Estado democrático, se hallan regidas por el principio de legalidad y, si bien la justicia consensual rodea al Fiscal de una serie de competencias discrecionales, con el fin de terminar anticipadamente los procesos en pro de una justicia célere y eficiente, ello no puede llegar al extremo de entender que un acuerdo para una sentencia anticipada puede lograrse a cualquier costo o de cualquier manera, esto es, de manera arbitraria (no discrecional-reglada) y con el solo fin de llegar a cualquier resultado que finiquite la actuación, sobrepasando los claros fines del instituto procesal de los preacuerdos, entre ellos aprestigiar la justicia”.
En ese contexto, al revisar la legalidad y procedencia de los preacuerdos suscritos entre la Fiscalía y los procesados, “los jueces deben examinar la correspondencia entre los hechos imputados y los que son base del acuerdo, puesto que el fiscal no tiene plena libertad para hacer la adecuación típica de la conducta, pues se encuentra limitado por las circunstancias fácticas y jurídicas que resultan del caso. De ahí que, aun mediando una negociación entre el fiscal y el imputado, en la alegación conclusiva debe presentarse la adecuación típica de la conducta según los hechos que correspondan a la descripción que previamente ha realizado el legislador en el Código penal” (cfr., entre otras, CSJ SP931-2016 y SP379-2022, rad. 58.186).
La verificación ab initio de la corrección del juicio de adecuación típica del que deriva la calificación jurídica que integra la acusación, que para nada tiene que ver con el mérito o soporte probatorio de los hechos en que se basa la hipótesis delictiva (control material), supone un cotejo de las premisas fáctica y jurídica en que aquélla se edifica, en el que, previo a abordar la acreditación de ésta, ha de constatarse el cumplimiento de las exigencias sustanciales de pertinencia y suficiencia que determinan la “relevancia” jurídica de los hechos.
Como viene precisando la Sala (CSJ SP3773-2022, rad. 54.239 y CSJ SP004-2023, rad. 62.766), el juicio sobre la relevancia de los hechos atribuidos al imputado o acusado en verdad es un filtro de pertinencia de la realidad fenomenológica, en contraste con referentes normativos. Al atribuirle al procesado la comisión de una conducta o la omisión de un deber que por ministerio de la ley se reputan punibles, ha de identificarse cuáles son los enunciados de hecho (proposición fáctica) que, en el plano normativo, se ajustarían el tipo penal concernido, así como los presupuestos de las demás categorías de la responsabilidad penal. A partir de ellos, tendrá que filtrarse o depurarse la realidad fenomenológica investigada para formular los enunciados de hecho -particulares y concretos- que integrarán la hipótesis delictiva.
Esas proposiciones deben ser, por una parte, pertinentes, es decir, pertenecientes o correspondientes a los enunciados de hecho fijados -de manera general y abstracta- en la norma contentiva del tipo penal; por otra, suficientes, esto es, que basten para que la hipótesis fáctica (por ejemplo, que X mató a Y propinándole un disparo con arma de fuego) encuentre una total correspondencia en la hipótesis normativa (el que matare a otro incurrirá en pena).
De suerte que, más allá de la “relevancia” de los hechos -que tiene que ver con su “importancia” jurídica-, la correcta y adecuada formulación de una acusación en el componente fáctico -que en todo caso ha de ir de la mano de lo jurídico- implica la enunciación de proposiciones de hecho concretas que se equiparen a todos y cada uno de los referentes normativos necesarios para configurar determinada situación sustancial. Sólo si se da esa correspondencia y suficiencia en la proposición de las premisas fácticas, es posible subsumir éstas en el tipo penal. De lo contrario, mal podría haber una adecuación típica apta para soportar una hipótesis delictiva a comprobar judicialmente.
Sin embargo, como el juez de conocimiento se apartó de la calificación jurídica dada a la conducta imputada a JOHN FREDY POSADA, eso le impedía aprobar dicho preacuerdo. Lo procedente era su rechazo, so pena de poner en riesgo las garantías y derechos debidos al procesado. En particular, porque fue en virtud de dicha calificación, esto es, aquella que incluía las dos causales de agravación, que el imputado decidió aceptar su responsabilidad, a cambio de una pena de 18 años de prisión.
De ese modo, el funcionario judicial consideró que la calificación jurídica que debía dársele a la conducta materia de preacuerdo era otra. Esto es, homicidio agravado solo por la causal de contenida en el núm. 4 del artículo 104 de la Ley 599 de 2000 (motivo abyecto o fútil). Pero no podía, por su propia cuenta, enmendar tal yerro y eliminar otra de las circunstancias con las que la Fiscalía calificó la conducta, pues ello escapa a sus funciones judiciales cuando de preacuerdos y negociaciones se trata. Como se explicó arriba, «[l]os preacuerdos celebrados entre Fiscalía y acusado obligan al juez de conocimiento, salvo que ellos desconozcan o quebranten las garantías fundamentales». En ese sentido, tal actuar supuso una indebida intromisión a los términos del acuerdo, desconociendo que la negociación de los acuerdos es una competencia exclusiva de las partes y no del juez de conocimiento.
Además, en virtud del principio de no retractación que también aplica para los jueces, a estos solo les corresponde dictar la respectiva sentencia en concordancia con lo convenido por las partes (CSJ AP830-2014, rad. 34699). Es decir, en este tipo de terminaciones anticipadas del proceso penal, el funcionario judicial solo tiene dos opciones: rechazar o aprobar lo acordado por las partes. En caso de lo segundo, «procederá a convocar la audiencia para dictar la sentencia correspondiente» (inciso 5.° del artículo 351 de la Ley 906 de 2004).
Ahora, al resolver el recurso de apelación contra la sentencia de primer grado, el Tribunal advirtió este yerro. Es evidente porque calificó como una «irregularidad» que el juez de conocimiento desconociera los términos del preacuerdo que la defensa y la Fiscalía habían logrado y se eliminara una de las causales de agravación imputadas a JOHN FREDY POSADA. En sus palabras, se trataba de una «(i)rregularidad que, en principio, parecería hacer necesario acudir al remedio procesal de la nulidad por la afectación al debido proceso desde las formas propias del proceso, en la medida que el juez de conocimiento no podía desconocer el preacuerdo».
Sin embargo, atendiendo al principio de residualidad, consideró que tal yerro era enmendable si se modificaba la sentencia de primer grado, ya que el juez de instancia «mantuvo la calificación jurídica objeto de acusación homicidio y agravado por la causal 4 del artículo 104 de la codificación sustantiva e igualmente la pena principal acordada de dieciocho (18) años de prisión. Por manera que, atendiendo al principio de residualidad, encuentra la Sala que es posible la corrección del yerro modificando parcialmente la sentencia».
La Corte concuerda con la anterior postura. Como ya se dijo antes, la nulidad constituye un remedio único y extremo para el restablecimiento de las garantías procesales (CSJ AP5627-2021, rad. 60523). Por ese motivo, si se avizora que el defecto denunciado no alcanza a transgredir, en grado suficiente, el desarrollo de la actuación, ni alterar lo decidido en el fallo censurado, no hay lugar a anular la actuación (CSJ AP3474-2023, rad. 59591).
En ese sentido, con la decisión del Tribunal de modificar la decisión del juez de primer grado y condenar al procesado por el delito de homicidio agravado por las circunstancias 4 y 7 del artículo 104 de la Ley 599 de 2000 se enmendó el yerro del juzgador. Así originalmente lo habían pactado las partes en el preacuerdo suscrito entre ellas y aprobado por el juez de conocimiento, sin que, entonces, hubiera necesidad de anular la actuación penal ni de poner en riesgo los derechos de las víctimas. Con esa decisión pudo devenir la prescripción de la acción penal, dada la fecha en la que tuvo lugar la imputación del cargo (ut supra párr. 3).
Además, debe estimarse que no hay lugar a declarar la invalidez del procedimiento cuando el acto que se tacha de irregular ha cumplido la finalidad definida por la norma, siempre y cuando no viole el derecho a la defensa (principio de instrumentalidad). Del mismo modo, que la aprobación del preacuerdo sin una de las circunstancias de imputación atribuidas al procesado cumplió con su propósito y, en esencia, respetó el acuerdo suscrito entre las partes. En efecto, respetó la conducta base (homicidio), otra de las causales de agravación imputadas al enjuiciado, así como el quantum de la pena.
Recuérdese que aquellas acordaron, entre otros, «4) Pactan la pena de Prisión en 18 años, que corresponde a la pena establecida para el delito de Homicidio simple». Eso llevó a que tanto el procesado como la defensa se mostraron conformes con ello y se abstuvieron de apelar la decisión del juez de conocimiento. En ese sentido, la eliminación de la causal 7 del artículo 104 de la Ley 599 de 2000 no acarreó una modificación grave ni sustancial del acuerdo suscrito entre POSADA y el delegado de la Fiscalía.
Es más, la Corte también comparte los argumentos del Tribunal para concluir que tal causal de agravación imputada al procesado estuvo acreditada. Esto impide aceptar el juicio de que la Fiscalía «infló» la imputación contra el procesado, como lo afirmó el censor en la demanda. Al contrario, esta se correspondía con la evidencia recolectada en fase de investigación y según la cual, la víctima se encontraba indefensa al momento del ataque violento por parte de JHON FREDY POSADA:
La Fiscalía cumplió con el deber de delimitar los hechos y la calificación jurídica, sustentó la particular hipótesis de que el agresor se aprovechó de las circunstancias de inferioridad en que se hallaba la víctima, afirmando que estaba solo, sin armas, que fue un ataque imprevisto, que estaba desprevenido, sin poder ejercer actos efectivos de defensa. Vistos los elementos materiales probatorios de los que se puede inferir razonablemente que el homicidio se cometió en esta circunstancia de agravación punitiva son:
En el informe pericial de necropsia se anotaron cuatro heridas penetrantes por arma cortopunzante: dos en el cuello, una en brazo y otra en tórax y se dejó expresa constancia por el médico legista de que no observó heridas de defensa. En la escena de los hechos se utilizó el método de búsqueda en espiral y se dejó constancia de que no se encontró ningún arma ni en el cadáver ni en el área explorada. Del dicho de varios de los entrevistados se sabe que la víctima estaba bajo los efectos del alcohol y los estupefacientes. Igualmente, en la fotografía número 13 que hace parte del álbum que se elaboró captando el cuerpo sin vida de Yuvany Alberto Suárez Restrepo, es posible apreciar que este sostenía en su mano izquierda “una candela color roja y un recipiente de papel color azul donde empacan los cigarrillos”. Circunstancias que se constituye en hechos indicadores de que no hubo un enfrentamiento físico entre el procesado y la víctima. A partir de lo cual puede inferirse que el ataque sí fue sorpresivo, que no pudo aquel repeler el ataque en el que recibió un total de cuatro heridas con arma cortopunzante que le ocasionaron la muerte.
Así las cosas, la Sala no encuentra motivo alguno para decretar la nulidad de lo actuado. La decisión del Tribunal de modificar el fallo de primer grado para condenar a JOHN FREDY POSADA por el delito de homicidio agravado por las causales 4 y 7 del artículo 104 de la Ley 599 de 2000 fue suficiente para corregir el yerro del juez de primer grado que omitió una de esas agravantes, a pesar de haber sido pactada por las partes. Además, tal determinación respetó la esencia del preacuerdo, ya que el a quo lo condenó por el delito de homicidio agravado y le impuso la pena acordada por la defensa y la Fiscalía. Además, pudo concluirse que las evidencias recolectadas durante la fase investigativa del proceso por la Fiscalía sí acreditaban el estado de indefensión en que se encontraba la víctima al momento del ataque que devino en su fallecimiento.
Por otra parte, el censor cuestionó el actuar del Tribunal porque desconoció los lineamientos que la Sala ha fijado sobre estas materias y aludió a dos estándares diferentes de valoración de la evidencia, según se trate de aprobar el preacuerdo o dictar la respectiva sentencia.
Obsérvese que, a pesar de que en la sentencia resolvió modificar la decisión del juez de primer grado, a fin de condenar también al acusado por la causal que el a quo resolvió omitir. Antes había confirmado la decisión que aprobó el preacuerdo suscrito entre las partes sin la inclusión de la causal de agravación ya referida. En efecto, cuando resolvió la apelación que el delegado del Ministerio Público presentó contra el auto que avaló la negociación entre las partes, ratificó la postura del juez de conocimiento.
Esta contradicción es consecuencia de su errada interpretación de las normas que rigen este tipo de asuntos. Según el Tribunal, el estándar probatorio exigido para la aprobación del preacuerdo es diferente al que debe aplicar a la hora de dictar el respectivo fallo:
En efecto, a la hora de avalar la terminación consensuada del proceso, el juez de conocimiento debe: i) constatar, indagando al procesado, el grado de conocimiento sobre las consecuencias que aparejan la renuncia al derecho del juicio y si su voluntad está dirigida a que el proceso termine de esa forma –art 8°- y; ii) que de los elementos materiales probatorios, evidencia física o información legalmente obtenida presentada por la Fiscalía, se pueda inferir en ese estadio procesal, la autoría y participación del justiciable, lo mismo que la tipicidad de la conducta. Sin detrimento de la verificación de otros aspectos relevantes como que el preacuerdo no represente más de un beneficio para el justiciable y que se reintegre el valor de lo apropiado en las condiciones que exige el artículo 349 del CPP.
Ahora, cuando el juez con funciones de conocimiento se dispone a dictar sentencia de condena, ya sea que el proceso se agotó por la vía ordinaria o por la abreviada, le corresponde, conforme a los artículos 7 y 381 ejusdem, verificar la existencia del conocimiento más allá de toda duda razonable tanto de la responsabilidad del individuo como la materialidad de la conducta. Obviamente, con las limitaciones que le impone, en la segunda de las hipótesis, el hecho de que lo que debe valorar no son pruebas, sino elementos materiales con vocación probatoria
La renuncia al juicio oral, público y contradictorio en los términos que permite la norma procesal, no implica de manera indefectible una sentencia de condena. No se descarta, a pesar del allanamiento o preacuerdo, un fallo absolutorio si los elementos materiales con vocación probatoria no fueran suficientes para generar ese grado de conocimiento más allá de toda duda razonable exigido en la ley.
Sin embargo, no es cierto que para la aprobación del acuerdo aplique la exigencia del artículo 327 de la Ley 906 de 2004, mientras que para la emisión de la sentencia deba cumplirse con el estándar probatorio consignado en el artículo 381 ibidem. Ello desconoce las formas propias del proceso y que, aprobado el preacuerdo, solo hay lugar a emitir la respectiva sentencia, sin entrar nuevamente a debatir sobre los elementos materiales de prueba que sustentaron la negociación.
Por eso, debe insistirse que, para la aprobación de esos acuerdos, se requiere de «un mínimo de prueba que permita inferir la autoría o participación en la conducta y su tipicidad» ya que, cuando la terminación del proceso ocurra después de que se haya surtido la audiencia de imputación, tales elementos deben garantizar una «inferencia razonable» o una «probabilidad de verdad» si es que hubo lugar a la acusación del procesado.
En ese sentido, vale la pena reiterar lo que la Corte recientemente anotó sobre el estándar de conocimiento exigido para aprobar el preacuerdo y dictar la respectiva sentencia:
La Sala estima oportuno pronunciarse sobre el estándar de conocimiento que deben tener las autoridades judiciales al momento de impartirle aprobación a los preacuerdos y proferir la consecuente sentencia condenatoria.
(…)
La Corte anticipa que el estándar de conocimiento para proferir sentencia condenatoria en los casos de terminación anticipada del proceso por aceptación de cargos en allanamientos y preacuerdos corresponde a la inferencia razonable de autoría o participación (imputación), o probabilidad de verdad (acusación), según el caso, en el marco de un mínimo de elementos materiales probatorios, y no al conocimiento más allá de toda duda (producto de la práctica probatoria en el juicio oral).
(…)
De lo expuesto hasta ahora se desprende como conclusión preliminar: que el estándar de conocimiento para imputar o acusar está ligado a los elementos de prueba producto de la actividad investigativa. En cada escenario los actores del proceso intervienen acorde a sus roles –en lo que se conoce como el juicio de imputación y el juicio de acusación–, que soporta la decisión de aprobar o improbar el preacuerdo, ya sea en virtud de una inferencia razonable o en una probabilidad de verdad sobre la ocurrencia del delito y la autoría o participación de la persona procesada.
Sobre preacuerdos, formulación de imputación y formulación de acusación, los artículos 350 y 352 de la Ley 906 de 2004 señalan lo siguiente:
[350] «Desde la audiencia de formulación de imputación y hasta antes de ser presentado el escrito de acusación, la Fiscalía y el imputado podrán llegar a un preacuerdo sobre los términos de la imputación. Obtenido este preacuerdo, el fiscal lo presentará ante el juez de conocimiento como escrito de acusación. (…)» Subrayas fuera del texto.
[352] «Presentada la acusación y hasta el momento en que sea interrogado el acusado al inicio del juicio oral sobre la aceptación de su responsabilidad, el fiscal y el acusado podrán realizar preacuerdos en los términos previstos en el artículo anterior. (…)» Subraya fuera del texto.
Del texto de la norma se extraen al menos tres escenarios de terminación anticipada del proceso: (i) que el preacuerdo esté soportado en los elementos de prueba que fundamentaron la imputación de cargos (inferencia razonable), (ii) que el preacuerdo incluya elementos de prueba adicionales obtenidos con posterioridad a la imputación, o (iii) que el preacuerdo se concrete con base en los elementos de prueba que cimentaron la acusación (probabilidad de verdad).
Los anteriores supuestos no significan que, en relación con los elementos de prueba, se presente una especie de secuencia acumulativa en la que a medida que se recaudan más de ellas resulta más probable o viable llegar a un preacuerdo. No puede perderse de vista, en concordancia con lo ya expuesto, que la estructura del ordenamiento procesal penal está diseñada para que la fiscalía y defensa lleguen a un preacuerdo incluso con el estándar de conocimiento exigido para la imputación de cargos.
Ahora bien, como se indicó en el acápite teórico que guía la presente decisión, los preacuerdos implican distintas «renuncias»: la parte que representa la defensa a la garantía de no auto incriminación y a tener un juicio con todas las garantías, mientras que la fiscalía a realizar ajustes fácticos y/o jurídicos a la imputación, a los términos de la acusación, así como a continuar con la investigación (Cfr. CSJ SP2042-2019, rad. 51007).
La terminación anticipada por la vía del preacuerdo o por allanamiento también tiene efecto en el principio de presunción de inocencia, tema en el que la Sala Especial de Primera Instancia centró la atención. Esto tiene su razón práctica en que el proceso penal de manera alguna puede ser escenario para que una persona acepte responsabilidad por hechos punibles que no cometió, lo que en últimas comportaría una denegación de justicia.
Nótese que mientras el centro de un proceso ordinario es el interés de la fiscalía en desvirtuar la presunción de inocencia y de la defensa el controvertir la acusación o evidenciar que no se desvirtuó la presunción de inocencia, en la aceptación de cargos cobra especial importancia la voluntad de la persona procesada de reconocer responsabilidad y, en igual medida, el verificar que dicha aceptación tenga correspondencia con los elementos materiales de prueba.
Al respecto, resulta ilustrativo el inciso 3º del artículo 327 de la Ley 906 de 2004 (que regula el control judicial en la aplicación del principio de oportunidad), según el cual:
«La aplicación del principio de oportunidad y los preacuerdos de los posibles imputados o acusados y la Fiscalía, no podrá comprometer la presunción de inocencia y solo procederán si hay un mínimo de prueba que permita inferir la autoría o participación en la conducta y su tipicidad.» Negrillas y subraya fuera del texto.
Por supuesto que la interpretación que debe hacerse sobre el derecho fundamental a la presunción de inocencia, como ya se anticipó, es el imperativo de no comprometer a alguien que no es autor o partícipe de la conducta objeto del proceso. Y en lo que concierne al denominado «mínimo de prueba» de autoría o participación, y de tipicidad de la conducta, está ligado a labor de la fiscalía como ente investigador.
En específico, la alusión a un mínimo de prueba, analizado junto con las demás normas aplicables, refiere necesariamente a los elementos de prueba producto de la labor investigativa que, en lo que concierne a los preacuerdos, sustenta el estándar de conocimiento requerido ya sea para imputar o acusar. Aquí es donde los elementos de prueba y la voluntad de la persona investigada de aceptar cargos encuentran significado en los denominados juicios de imputación y de acusación.
Aunque el inciso 4º del artículo 351 de la Ley 906 de 2004 establece que «[l]os preacuerdos celebrados entre Fiscalía y acusado obligan al juez de conocimiento», ello está condicionado, como lo precisa dicha norma, «salvo que ellos desconozcan o quebranten las garantías fundamentales». El evitar que esta última situación se presente depende, en lo que aquí interesa y se ha venido delineando, del ejercicio efectivo de los distintos roles de quienes intervienen en el proceso: fiscalía, víctima, defensa y juez/a.
Lo que importa destacar es que la sola voluntad de la persona procesada de aceptar cargos no materializa el preacuerdo, tampoco lo hace la posterior negociación y acuerdo con la fiscalía, sino que siempre se debe partir de los hechos imputados, los elementos de prueba y su relación con la persona procesada, junto con el escenario argumentativo y control judicial excepcional propio del juicio de imputación y del juicio de acusación, que culminan –tratándose de los preacuerdos–, con la decisión de impartirles o no aprobación.
La argumentación precedente no es ajena en el ordenamiento interno e internacional. En este último, de manera ejemplificativa para el presente caso, el artículo 65 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional establece:
«Procedimiento en caso de declaración de culpabilidad.
Si el acusado se declara culpable (…), la Sala de Primera Instancia determinará: (a) Si el acusado comprende la naturaleza y las consecuencias de la declaración de culpabilidad; (b) Si esa declaración ha sido formulada voluntariamente tras suficiente consulta con el abogado defensor; y (c) Si la declaración de culpabilidad está corroborada por los hechos de la causa conforme a: (i) Los cargos presentados por el Fiscal y aceptados por el acusado; (ii) Las piezas complementarias de los cargos presentados por el Fiscal y aceptados por el acusado; y (iii) Otras pruebas, como declaraciones de testigos, presentadas por el Fiscal o el acusado.
2. La Sala de Primera Instancia, de constatar que se cumplen las condiciones a que se hace referencia en el párrafo 1, considerará que la declaración de culpabilidad, junto con las pruebas adicionales presentadas, constituye un reconocimiento de todos los hechos esenciales que configuran el crimen del cual se ha declarado culpable el acusado y podrá condenarlo por ese crimen.
3. La Sala de Primera Instancia, de constatar que no se cumplen las condiciones a que se hace referencia en el párrafo 1, tendrá la declaración de culpabilidad por no formulada y, en ese caso, ordenará que prosiga el juicio con arreglo al procedimiento ordinario estipulado en el presente Estatuto y podrá remitir la causa a otra Sala de Primera Instancia.
4. La Sala de Primera Instancia, cuando considere necesaria en interés de la justicia y en particular en interés de las víctimas, una presentación más completa de los hechos de la causa, podrá: (a) Pedir al Fiscal que presente pruebas adicionales, inclusive declaraciones de testigos; u (b) Ordenar que prosiga el juicio con arreglo al procedimiento ordinario estipulado en el presente Estatuto, en cuyo caso tendrá la declaración de culpabilidad por no formulada y podrá remitir la causa a otra Sala de Primera Instancia.
5. Las consultas que celebren el Fiscal y la defensa respecto de la modificación de los cargos, la declaración de culpabilidad o la pena que habrá de imponerse no serán obligatorias para la Corte.» Negrilla y subrayas fuera del texto.
Como se evidencia, en el sistema penal internacional de justicia la terminación de un proceso por aceptación de responsabilidad debe verificarse que guarde concordancia con la imputación fáctica, jurídica y los elementos de prueba obrantes en la actuación. Se trata de una labor que también debe estar en concordancia con los intereses de las víctimas y de la justicia, tanto que en distintos escenarios la aceptación de cargos puede darse por no presentada y se prosigue con el trámite ordinario.
En el ordenamiento interno esta Sala tiene previsto que, si bien los jueces no pueden controlar materialmente los actos de atribución de responsabilidad en la imputación ni en la acusación, sí deben constatar que la calificación jurídica corresponda a los hechos del proceso al momento de dictar sentencia e incluso al verificar la legalidad de una aceptación de responsabilidad (Cfr. SP2442-2021, rad. 53.183 y SP379-2022, rad. 58.186 y SP475-2023, rad. 58432).
Con este enfoque:
«La jurisprudencia de la Sala (cfr., entre muchas otras, CSJ SP2073-2020, rad. 52.227; SP1289-2021, rad. 54.691 y SP2442-2021, rad. 53.183) tiene suficientemente decantado que, por la vía de la aceptación pre-acordada de responsabilidad, no es dable dictar sentencia cuando se vulneren garantías fundamentales . Entre otras modalidades, esto ocurre cuando i) el fiscal, haciendo uso arbitrario de su discrecionalidad, modifica injustificadamente el componente fáctico de la acusación o aplica una calificación jurídica manifiestamente ilegal ; ii) se desconocen mandatos para el amparo de prerrogativas propias de sujetos de especial protección, dada su condición de vulnerabilidad o iii) se infringen prohibiciones legales en la concesión de beneficios o éstos comportan la adjudicación de rebajas de pena desproporcionadas.
En ese contexto, tratándose del proceso abreviado, para la emisión de una condena anticipada el juez, entre otros aspectos, debe constatar que no se han violado los derechos de las partes o intervinientes (SP2073-2020, rad. 52.227, entre otras). Además, en concreción de esa labor de verificación, al emitir sentencia precedida de aceptación de culpabilidad, el juzgador no está obligado a dar por ciertos los hechos incluidos en la acusación, cuando no estén acreditados con cumplimiento del estándar de conocimiento de que trata el art. 327 del C.P.P [prueba mínima]. Ello no sólo apunta a garantizar al acusado el debido proceso, sino que es presupuesto para materializar el derecho a la verdad perteneciente a las víctimas, prerrogativa con fundamento en la cual tampoco le es dable al sentenciador conceder beneficios que exceden los límites legales ni convalidar calificaciones jurídicas inapropiadas (CSJ SP3002-2020, rad. 54.039)» (Cfr. CSJ SP475-2023, rad. 58432). Negrilla fuera del texto.
Según se advierte, en la terminación anticipada de los procesos por aceptación de cargos, como ocurre en los preacuerdos, la Sala ha sido consecuente en que la sola voluntad del procesado no es suficiente para proferir sentencia condenatoria, sino que se requiere desplegar verificaciones para evitar el desconocimiento o quebranto de garantías fundamentales, como expresamente lo establece el ordenamiento procesal penal.
El punto de partida de estas labores no es otro que los estándares de conocimiento para formular imputación o acusación (inferencia razonable y probabilidad de verdad). Es en estos escenarios que debe determinarse si los elementos de prueba producto de la labor investigativa del proceso son mínimos para proferir una sentencia condenatoria, de lo contrario, excepcionalmente, la consecuencia sería improbar el allanamiento o preacuerdo, así sea transitoriamente, o incluso proseguir con el trámite ordinario hasta su culminación.
Así las cosas, habiéndose determinado, en sujeción con el diseño legislativo del ordenamiento procesal penal, que la sentencia condenatoria cuando media una aceptación de cargos debe proferirse con sujeción al estándar de conocimiento para formular imputación y acusación, no se advierte motivo de peso para afirmar que en estos casos el fallo deba proferirse bajo un conocimiento «más allá de duda razonable» y que una sentencia producto de un allanamiento o preacuerdo sea equivalente a una que se profiere por la vía ordinaria luego de la práctica probatoria en el juicio oral.
Este último estándar de conocimiento es ajeno a los previstos para la terminación anticipada de los procesos por aceptación de cargos. Corresponde al exigido para proferir condena en el trámite ordinario, como lo establece con claridad el artículo 381 de la Ley 906 de 2004: «[p]ara condenar se requiere el conocimiento más allá de toda duda, acerca del delito y de la responsabilidad penal del acusado, fundado en las pruebas debatidas en el juicio.»
De modo que, como conclusión sobre este tema que divide a la Sala de Primera Instancia: en la sentencia condenatoria por la vía abreviada no se exige el estándar de conocimiento «que solo emerge de la práctica probatoria» en el juicio oral, al que precisamente renuncia la persona procesada cuando voluntariamente acepta cargos por la vía un preacuerdo o allanamiento.
Y aunque el término «mínimo de prueba» que usa el legislador en el artículo 327 de la Ley 906 de 2004 puede prestarse para confusiones, teniendo en cuenta que prueba del proceso solo es aquella que se practica en el juicio oral ante el juez de conocimiento –por regla general–, esto se supera si se tiene presente que la terminación anticipada del proceso por aceptación de responsabilidad está prevista para realizarse en el marco de los estándares de conocimiento para imputar y acusar, que a su vez se soportan en los elementos de prueba producto de la investigación.
Tampoco puede perderse de vista que en la etapa de imputación o de acusación la sola voluntad de la persona procesada no define que se profiera sentencia condenatoria, pues esto solo depende del curso y resultado del juicio de imputación y del juicio de acusación –según corresponda–, en el que intervienen fiscalía, víctima, defensa y juez/a en sus roles y cuyo fin es evitar el desconocimiento o quebranto de garantías fundamentales.
Con estos insumos la autoridad judicial tendrá vía libre para decidir lo que corresponda sobre aceptar o no la terminación anticipada del proceso y, en consecuencia, proferir o no la correspondiente sentencia condenatoria.
Sin embargo, la Corte no comparte la aseveración del demandante. Consiste en que por la errada comprensión del Tribunal sobre el estándar de conocimiento y las distinciones que formuló respecto el momento de aprobar el preacuerdo y de emitir el respectivo fallo condenatorio, el Ministerio Público no pudiera cumplir con sus funciones de ley dentro de este asunto. Ciertamente hubo errores y equívocos interpretativos, pero no lo trascedentes para avalar la conclusión del demandante.
Al conocer la apelación que el delegado de la Procuraduría presentó contra la decisión del juez de aprobar el acuerdo suscrito entre las partes, el Tribunal consideró que tales alegatos eran extemporáneos. Al efecto señaló que en ese momento procesal no le estaba permitido a las partes «efectuar valoraciones de responsabilidad o materialidad», pues eso debía plantearse en los alegatos contra el respectivo fallo:
la censura a la decisión del juez por parte del Delegado del Ministerio Público es extemporánea por anticipación en la medida en que son argumentos propios contra la sentencia, pues para la aprobación del preacuerdo la norma solo exige un ejercicio intelectivo que permita inferir que el individuo es autor o partícipe en la ejecución de la conducta que acepta y la tipicidad de la misma.
El conocimiento para condenar en los términos que exige el artículo 381 de la Ley 906 de 2004, aunque morigerado por la renuncia a la controversia probatoria, se predica de la sentencia y no de actos procesales previos como preacuerdo. En este escenario no le es dable a los sujetos procesales o intervinientes efectuar valoraciones de responsabilidad o materialidad que hasta el momento la ley no exige.
En la carpeta se observan elementos materiales probatorios que dan cuenta del homicidio del ciudadano Yuvani Alberto Suárez Restrepo perpetrado en la madrugada del 3 de junio de 2018, y que el procesado es la persona que ejecutó la acción típica motivado en que la víctima estuvo departiendo en esa ocasión con su compañera sentimental. Concluye la Sala, y sin entrar en mayores valoraciones y análisis propios del estadio procesal posterior, que en el asunto se cumplen con las exigencias legales para la aprobación del preacuerdo.
(…)
Sin embargo, es al momento de aprobarse el acuerdo que las partes e intervinientes, entre ellos, el Ministerio Público, pueden presentar sus dudas u objeciones respecto la calificación de la conducta o la insuficiencia de las evidencias para soportar tal juicio.
Aplazar ese debate a una etapa subsiguiente, esto es, cuando ya se ha aprobado el acuerdo, atenta contra la seguridad jurídica, la eficacia y la economía procesal, y afecta el principio de irretractabilidad (artículo 293 C.P.P. de 2004). Además, desconoce el hecho mismo de que el acuerdo suscrito entre las partes obliga al juez, salvo que atente contra derechos fundamentales.
Por eso, una vez aprobado el acuerdo, el interés para impugnar la sentencia, por la vía ordinaria o extraordinaria, se limita a aspectos de punibilidad y sus consecuencias, sin que pueda entonces controvertirse la responsabilidad del acusado. Una regla que evidentemente aplica para el procesado, la Fiscalía y los demás intervinientes. Sobre todo, porque abrir la posibilidad para otros asuntos como la responsabilidad del acusado significaría la vulneración del principio de no retractación. En otras palabras, «deshacer el acuerdo, arrepentirse de su realización, desconocer lo pactado, cuestionar sus términos, ejercicio que no es posible efectuar cuando su legalidad ha sido verificada» (Cfr. AP830-2014, rad. 34699, y AP895-2015, rad. 45333).
Es más, la defensa tiene la facultad de discutir el contenido de la sentencia condenatoria mediante el recurso de apelación y en sede de casación por «la vulneración de sus garantías fundamentales, el quantum de la pena y los aspectos operacionales de la misma». Se trata de asuntos evidentemente ajenos a la ocurrencia de la conducta punible y a la responsabilidad del procesado. Luego lo justo es que este sea también el parámetro que aplique para la contraparte, esto es, la Fiscalía, al apelar los fallos de primera instancia dictados en este tipo de asuntos. De esa forma, esta podrá apelar la decisión para de precisar el quantum de la pena y los aspectos que le son anejos. En todo lo demás carecerá de interés para cuestionar la sentencia condenatoria.
A pesar de tales limitantes, el Tribunal, bajo su errada comprensión, resolvió la apelación de la Fiscalía contra la sentencia de primer grado que giraba en torno a la configuración del agravante imputado al proceso. No importó que aquella se hubiera abstenido de apelar la decisión mediante la cual el a quo aprobó la negociación entre las partes. En particular, porque con esa decisión, los términos del acuerdo le resultaban vinculantes, por lo que cualquier debate ulterior sobre su contenido vulneraba el principio de no retractación. Es decir, no le era posible reabrir con el recurso de apelación aquello que ya había sido aprobado por el juez de conocimiento. Por eso, el análisis que debía girar en torno a la legalidad del preacuerdo se tornó en un debate probatorio, a la manera de un proceso terminado por vía ordinaria, no ante una terminación anticipada de la actuación por acuerdo entre las partes.
De ahí lo riesgos que se desprenden de la postura del ad quem, pues abre la posibilidad para que, aprobado el acuerdo, igual se discuta sobre la responsabilidad del acusado y el valor de las evidencias aportadas al trámite. La Fiscalía tendría que acreditar el grado de conocimiento fuera de toda duda respecto de la comisión de los hechos para poder dictar una sentencia condenatoria. Eso relegaría el acuerdo por la aceptación de responsabilidad, dando pie a un debate probatorio propio del proceso penal ordinario, pero sin agotamiento de un juicio con las garantías que le son propias. Entre otras cosas, porque los elementos que sustentan la imputación no han sido sometidos aún al proceso de contradicción, por lo que no pueden considerarse como pruebas.
En ese sentido, vale la pena reiterar las críticas que la Corte formuló en la sentencia CSJ SP SP367–2021, Rad. 4801, sobre el riesgo que se tiene al caer en debates probatorios después de la aceptación de cargos o la aprobación de un preacuerdo:
(L)a discusión debía estar orientada a verificar los requisitos para emitir una condena anticipada, pero, ante la falencia sustancial detectada, el análisis de las instancias se desvió hacia un debate probatorio, como si se tratara de un proceso ordinario, con lo cual se afectaron los intereses de la Fiscalía porque la privó de la posibilidad de aclarar lo sucedido con estos conceptos técnicos, de las potenciales víctimas y, principalmente, la posibilidad del Ministerio Público de ejercer los controles y las funciones que le otorgan el ordenamiento jurídico dentro del trámite penal.
Al igual que la primera instancia, el Tribunal se dejó permear por dicha equivocación, en la medida en que optó por realizar un estudio a fondo de las evidencias contradictorias, como si se tratara de un proceso ordinario, y, por esa vía, arribó a conclusiones especulativas, como las atinentes a la falta de autenticidad de las muestras que dieron lugar al dictamen definitivo. Y aunque es posible que las evidencias pudieron haber sido cambiadas, ello sólo demuestra que no están dadas las condiciones para terminar anticipadamente el proceso, pues la Fiscalía tiene muchas cosas por aclarar antes de someter el caso al examen de los jueces.
Es más, tampoco puede aceptarse lo dicho por el Tribunal de que es posible absolver al procesado si no logra superarse el estándar probatorio del artículo 381 de la Ley 906 de 2004. En efecto, durante algún tiempo, esa fue una postura que la Corte tuvo al respecto (CSJ SP5400-2019). Sin embargo, este precedente se corrigió tras considerar que con ello:
Se modifica sustancialmente la pretensión, que en este caso se reduce a evaluar la procedencia de una condena anticipada,
Se limita la posibilidad de las víctimas y/o el Ministerio Público de controlar u oponerse a la petición de la Fiscalía, y
Se priva al ente acusador de la posibilidad de ahondar en la investigación, de cara a contar con mejores elementos de juicio para realizar el juicio de acusación.
En consecuencia, si no existe el suficiente material probatorio que acredite la calificación jurídica de los hechos atribuidos al acusado, lo procedente será que el juez de conocimiento impruebe el preacuerdo. Se insiste, «la competencia del juez de conocimiento en los casos de terminación anticipada, no es amplia, sino restringida y tiene como objeto único la expedición del consecuente fallo de condena, porque a eso ha sido convocado» (CSJ AP5151-2016, Rad. 48204). Y, por ende, «al juez solo le compete emitir la decisión que lo convoca o, de manera excepcional, si advierte la imposibilidad de cumplir con dicho mandato, anular o improbar el acuerdo –esto es, abstenerse de ejercer esa competencia excepcional-, pero jamás exceder su competencia con la emisión de un fallo ajeno al objeto de intervención».
Si bien bajo esa errada postura se esperaba que el colegiado de instancia resolviera los alegatos del delegado del Ministerio Público al resolver la apelación contra la sentencia del a quo, esto, en apariencia, tampoco ocurrió. En esa oportunidad, explicó que ya se había aprobado el acuerdo, atendiendo a que cumplía con el grado de conocimiento exigido para esos efectos. En consecuencia, señaló que los alegatos del delegado del Ministerio Público faltaban al principio de preclusividad de las etapas procesales y buscaban reabrir una discusión ya superada:
Esta Sala de Decisión a través de auto de mayo 4 de 2020, confirmó la aprobación del preacuerdo que impartió el Juez Décimo Penal del Circuito de esta ciudad el 15 de abril de ese mismo año. Providencia en la que se determinó que el estándar de conocimiento requerido para avalar la aceptación de responsabilidad preacordada corresponde al contenido en el inciso final del artículo 327 de la norma procesal.
En este orden, la postulación del representante de la sociedad desconoce la preclusividad de las etapas procesales, al tiempo que de manera errada solicita que el juez colegiado anule su propia decisión, en virtud de argumentos que ya fueron resueltos. De ahí, que lo procedente es abstenerse de resolver el recurso.
Sin embargo, esto no quiere decir que, efectivamente, el Ministerio Público no pudiera cumplir con sus funciones legales ni constitucionales en este caso. Tampoco que sus argumentos relativos al desconocimiento del principio de legalidad y posible vulneración del derecho del procesado realmente quedaran sin respuesta.
Ambas instancias garantizaron su intervención durante el trámite, dándole el debido a curso a sus reparos. Asimismo, los anteriores análisis, en particular lo dicho por el Tribunal en la sentencia sobre la acreditación de la causal 7 del artículo 104 de la Ley 599 de 2000, dan cuenta de que los argumentos del Ministerio Público sí se tuvieron en cuenta. Lo que impide acoger su reclamo de que las facultades legales se vieron comprometidas durante este trámite.
Como ya se explicó antes, el juez colegiado resolvió modificar el fallo del juez de primera instancia a fin de ajustarlo a lo pactado entre las partes e incorporando la causal omitida por el juez de conocimiento, lo que enmendó el yerro tantas veces referido, sin la necesidad de anular lo actuado como era la pretensión de delegado del Ministerio Público. Asimismo, este argumentó con suficiencia por qué las evidencias aportadas por la Fiscalía daban cuenta de que la víctima se encontraba en un estado de indefensión al momento de la agresión. Todo eso da cuenta de que sí se respondió el reclamo consignado en la apelación de que las evidencias aportadas cumplían con el estándar de conocimiento requerido para avalar la aceptación de responsabilidad del acusado.
Así las cosas, la Corte concluye que no se vulneró el debido proceso de JOHN FREDY POSADA. En efecto, la decisión del juez de variar la calificación jurídica de los hechos y eliminar motu proprio una de las causales de agravación con que la Fiscalía calificó la conducta que le fue imputada, sobrepasan las funciones legales que le asisten en este tipo de casos. Sin embargo, el Tribunal advirtió tal irregularidad y, con total acierto, resolvió que no había lugar a decretar la nulidad de la actuación. Estimó que tal yerro podía superarse con la modificación del fallo de primera instancia sin tener que retrotraer la actuación penal a un estadio anterior al de la aprobación del preacuerdo suscrito entre las partes. Eso sumado a que las evidencias aportadas por la Fiscalía eran suficientes para probar la ocurrencia de la causal 7 del artículo 104 de la Ley 599 de 2000.
Ahora, lo que la Sala si encontró reprochable y objeto de corrección fue la comprensión del Tribunal sobre las fases propias que rigen a los preacuerdos. Sobre todo, porque carece de asidero la consideración según la cual para la aprobación del acuerdo opera la exigencia del artículo 327 de la Ley 906 de 2004, mientras que para la sentencia se debe observar lo preceptuado por el artículo 381 ibidem. Tal perspectiva demerita la obligatoriedad de los pactos suscritos por las partes y da pie para caer en debates probatorios que se agotan en el proceso penal ordinario. Sobre todo, cuando el imputado decide negociar con la Fiscalía los términos en que acepta su responsabilidad penal. Sin embargo, de estos yerros interpretativos no se derivó ningún yerro trascendente que amerite decretar la nulidad de lo actuado, conforme se exigió en la demanda casacional. Sobre todo, porque los yerros propuestos por el Tribunal fueron, en últimas, resueltos por el Tribunal en su decisión.
Finalmente, la Corte considera que no hay lugar a pronunciarse sobre los alegatos del defensor con respecto a la supuesta falta de defensa técnica de su cliente y la ausencia de responsabilidad con base en el artículo 32 de la Ley 599 de 2000, núm. 7. Como se indicó en la audiencia de sustentación del recurso de casación, recurrentes y no recurrentes debieron limitarse a explicar o ampliar el único cargo aceptado por la Sala para estudio, sin incurrir en reiteraciones innecesarias, ni introducir ataques no propuestos. De tal manera se resalta que aquellos asuntos no están relacionados con los alegatos del demandante. Si sobre el particular abrigaba inconformidad, debió presentarlos oportunamente, no durante su intervención como no recurrente.
En consecuencia, no se casará la sentencia de segunda instancia, tal y como lo propuso el censor en la demanda, pues no se tiene que los yerros del juez de primer grado, así como del Tribunal den lugar a la nulidad de la actuación, ya que no concurren los principios de trascendencia, instrumentalidad de las formas y residualidad.
En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE
NO CASAR la sentencia dictada el 26 de julio de 2021 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, conforme el cargo propuesto por agente del Ministerio Público.
Contra esta decisión no proceden recursos
Notifíquese y cúmplase
CARLOS ROBERTO SOLÓRZANO GARAVITO
Presidente
MYRIAM ÁVILA ROLDÁN
GERARDO BARBOSA CASTILLO
FERNANDO LEÓN BOLAÑOS PALACIOS
GERSON CHAVERRA CASTRO
DIEGO EUGENIO CORREDOR BELTRÁN
JORGE HERNÁN DÍAZ SOTO
HUGO QUINTERO BERNATE
JOSÉ JOAQUÍN URBANO MARTÍNEZ
NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA
Secretaria
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre la sentencia SP298-2026(60331) completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.