Ficha de la providencia
Sentencia SP314-2026(72142)
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Penal
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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Penal
Ficha de la providencia
Sentencia SP314-2026(72142)
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Penal
República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Penal
Sentencia SP314-2026(72142)
13 de mayo de 2026
GERARDO BARBOSA CASTILLO
Magistrado ponente
SP314-2026
Radicación n.° 72142
Aprobado acta n.º 150
Bogotá D. C., trece (13) de mayo de dos mil veintiséis (2026).
ASUNTO
Resuelve la Corte el recurso de casación interpuesto por la defensa técnica de los Subintendentes (R) Yimmy Ricardo Camargo Robles y Jorge Armando Velásquez Robayo, contra la sentencia proferida el 29 de septiembre de 2025 por la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Superior Militar y Policial que, con modificaciones, confirmó la condenatoria emitida el 28 de julio de igual anualidad por el Juzgado de Primera Instancia del Departamento de Policía Meta, trámite seguido por el delito de abandono del puesto.
ANTECEDENTES
Fácticos
El 18 de mayo de 2014, los entonces Subintendentes de la Policía Nacional Yimmy Ricardo Camargo Robles y Jorge Armando Velásquez Robayo laboraban en la Seccional de Tránsito y Transporte de Boyacá, fecha para la cual estaban de servicio, el primero encargado del tránsito en algunos tramos viales de ese departamento y el segundo responsable del Laboratorio Móvil de Criminalística. No obstante, en horas de la tarde abandonaron sus puestos.
2.2 Procesales
El 9 de junio de 2015, por el delito de abandono del puesto, el Juzgado Ciento Noventa y Uno de Instrucción Penal Militar dispuso la apertura de investigación formal en contra de los Subintendentes Yimmy Ricardo Camargo Robles y Jorge Armando Velásquez Robayo, a quienes vinculó a través de indagatoria el 7 de septiembre siguiente. El 7 de junio de 2016 les resolvió la situación jurídica provisional, absteniéndose de dictar medida de aseguramiento en su contra.
Finalizada la instrucción remitió el expediente a la Fiscalía Ciento Cuarenta y Cuatro Penal Militar ante Juzgado de Primera Instancia de la Inspección General, dependencia que el 23 de marzo de 2018 calificó el mérito sumarial con resolución de acusación en contra de los procesados por el punible de abandono del puesto (artículo 105 de la Ley 1407 de 2010).
En firme la calificación –18 de mayo de 2018–, las diligencias se enviaron al Juzgado de Primera Instancia ante la Inspección General de la Policía Nacional. Empero, por asuntos de competencia, el expediente continuó bajo conocimiento del Juzgado de Primera Instancia del Departamento de Policía Meta, célula judicial que el 20 de diciembre de 2021 avocó conocimiento y el 18 de diciembre de 2023 inició la audiencia de corte marcial, la cual culminó el 22 de enero de 2024.
El 28 de julio de 2025 profirió sentencia en la que condenó a los Subintendentes Yimmy Ricardo Camargo Robles y Jorge Armando Velásquez Robayo como autores del injusto objeto de acusación, les impuso las penas de un (1) año de prisión e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo lapso. Negó cualquier mecanismo sustitutivo de la pena privativa de la libertad y ordenó sus capturas.
Apelada esta sentencia por la defensa técnica, el Tribunal Superior Militar y Policial a través de fallo del 29 de septiembre de 2025 confirmó la responsabilidad penal de los procesados, pero concedió oficiosamente el sustituto de la prisión domiciliaria. En lo demás, la dejó incólume.
El profesional del derecho que representa los intereses de Camargo Robles y Velásquez Robayo interpuso el recurso de casación y allegó la demanda correspondiente, medio de impugnación extraordinario que la Corte admitió por auto del 2 de marzo de 2026.
El 13 de abril siguiente, el Procurador Segundo Delegado para la Casación Penal allegó el concepto de rigor.
III. LA DEMANDA
3.1 Primer Cargo
Al amparo de la causal primera de casación –artículo 207 de la Ley 600 de 2000–, el censor acusa la violación de la ley sustancial, en su criterio, por cuanto el Tribunal incurrió en errores de hecho –alude a un falso juicio de existencia «por supresión» de prueba testimonial– y de derecho –menciona un falso juicio de legalidad– en la apreciación probatoria. Además, reprocha la indebida interpretación del tipo penal de abandono del puesto previsto en la Ley 1407 de 2010, confrontándolo con la tipificación de la Ley 522 de 1999.
Para el demandante, las instancias ampliaron el alcance del tipo penal en comento al fundamentar la condena en la realización de actividades ajenas o presuntamente ilícitas, con lo cual incorporaron un elemento extraño a la descripción normativa, como lo sería la desviación funcional.
Cuestiona, a su vez, la valoración probatoria –hace citación de los fallos de instancia y del conjunto probatorio recaudado–, alega la utilización de elementos de juicio no sometidos a contradicción (prueba trasladada) y plantea una indebida integración normativa entre los dos últimos códigos penales militares (leyes 522 de 1999 y 1407 de 2010). Sobre estos, considera que se consolidó por las instancias una lex tertia y reprocha que el juzgamiento se haya realizado con base en la Ley 522, pero la tipificación de la conducta punible conforme a la Ley 1407.
3.2 Segundo cargo
Sin acudir a causal de casación alguna, expone que la sentencia se emitió en un juicio viciado de nulidad al haber acaecido el fenómeno extintivo de prescripción de la acción penal, asunto que en su momento planteó en recurso de alzada frente a la sentencia de primera instancia y resolvió de manera desfavorable el Tribunal.
Agrega que, con posterioridad al fallo de segundo grado, elevó nueva solicitud al ad quem para que reconociera la prescripción de la acción penal. Sin embargo, el juez colegiado expresó que con la expedición de su sentencia perdió competencia para realizar cualquier pronunciamiento y que un reproche de esa naturaleza debía ser incluido en la correspondiente demanda de casación, razón por la cual lo precisa ante esta sede e invoca el artículo 28 Constitucional que prohíbe penas imprescriptibles.
3.3 El libelista dice presentar demanda de casación excepcional con la finalidad que la Sala desarrolle la jurisprudencia –no expresa en qué sentido– y para materializar la garantía de los derechos fundamentales de sus prohijados. Solicita casar la sentencia impugnada y absolver a Yimmy Ricardo Camargo Robles y Jorge Armando Velásquez Robayo del cargo objeto de acusación y condena.
IV. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO
El representante de la sociedad, por principio de prioridad aborda primero la propuesta del recurrente relacionada con la prescripción de la acción penal.
Para el efecto, expone que, a pesar de que los hechos ocurrieron el 18 de mayo de 2014, fecha para la cual ya regía en los aspectos sustanciales la Ley 1407 de 2010, en lo procedimental el trámite se rigió por la Ley 522 de 1999, toda vez que, en el departamento de Boyacá, circunscripción territorial de la infracción delictiva, el sistema de enjuiciamiento acusatorio castrense tan solo entró en funcionamiento en julio de 2023. Esa realidad le permite, de entrada, desechar el argumento del censor relacionada con la creación por los juzgadores de instancia de una lex tertia.
En cuanto a la prescripción, advierte que aquel término debe contabilizarse a partir de la ejecutoria de la resolución de acusación proferida el 23 de marzo de 2018, momento en el que se interrumpe el término inicial y comienza a correr uno nuevo por la mitad de este, sin que pueda exceder los límites legales establecidos. Tratándose del delito de abandono del puesto, el término base de prescripción es de cinco (5) años, el cual, en atención a la calidad de servidores públicos de los acusados, se incrementa en la mitad, lo que arroja un total de siete (7) años y seis (6) meses.
A continuación, efectúa el cómputo desde el 23 de marzo de 2018 hasta la fecha del fallo de segunda instancia y explica que transcurrieron siete (7) años, cuatro (4) meses y cinco (5) días. Vale decir, en su concepto «no se encuentra extinguida la acción penal, manteniéndose incólume la potestad punitiva del Estado para el momento en que se adoptaron las decisiones de instancia».
Agrega que la «correcta determinación del término prescriptivo debe realizarse conforme a la ley sustancial aplicable, que para este caso corresponde a la Ley 1407 de 2010, por ser la norma vigente al momento de los hechos, en atención al principio de legalidad en su dimensión temporal, sin que ello se vea afectado por la aplicación del régimen procesal previsto en la Ley 522 de 1999 dentro del esquema de transición».
Frente a la restante censura expone que la valoración realizada por los falladores no comporta la adición de un elemento normativo inexistente, sino una interpretación sistemática del comportamiento desplegado por los procesados en relación con el deber funcional que les era exigible. La referencia a actividades ajenas al servicio no configura un ingrediente típico autónomo, sino un criterio de verificación del abandono funcional compatible con la estructura del tipo penal.
En cuanto a la valoración probatoria, considera que el recurrente no concreta un error de derecho o de hecho, pues no precisa cuál medio de prueba fue indebidamente incorporado, ni de qué manera su valoración resultó determinante en la decisión adoptada, ni desarrolla un yerro con sujeción a las reglas de la violación directa o indirecta de alguna disposición sustantiva llamada a regular el caso.
Así, en su criterio, el planteamiento del casacionista se reduce a una discrepancia subjetiva con la apreciación probatoria realizada por las instancias en el que mezcla argumentos de naturaleza probatoria y sustancial sin una adecuada delimitación, lo que impide estructurar un cargo jurídicamente completo.
Por todo lo expuesto, solicita a la Sala no casar el fallo objeto de impugnación.
V. CONSIDERACIONES
5.1 Precisión inicial y delimitación del problema jurídico
5.1.1 La Sala ha sostenido que cuando la demanda de casación ha sido admitida, le corresponde examinar de fondo los problemas jurídicos propuestos por el recurrente, con independencia de los defectos de forma que puedan exhibirse en su formulación.
Esto en atención al derrotero según el cual, asumido su trámite, se entienden superados los defectos de orden formal que llegare a contener, con el fin de verificar la legalidad de la decisión judicial y garantizar la realización de los fines del recurso.
5.1.2 En el obligado análisis de fondo que el asunto de la especie concita, la Sala ha de establecer, en virtud del principio de prioridad que rige la casación, si la acción penal se encuentra prescrita, toda vez que, de llegar a verificarse el anotado fenómeno extintivo, resultaría inocuo dar respuesta al primer cargo propuesto en casación.
5.1.3 No obstante, es imperioso precisar primero la ley aplicable al presente asunto, en consideración a los equívocos en los que incurrió el casacionista y en los que finalmente convergió el Agente del Ministerio Público en su concepto, cuando para efectos de la contabilización del término prescriptivo tuvo en cuenta las previsiones de la Ley 1407 de 2010, sin advertir que el presente trámite en los aspectos procesales se rigió por la Ley 522 de 1999.
5.2 De la ley sustancial y procesal aplicable al caso concreto
Los hechos objeto de juzgamiento tuvieron ocurrencia en el mes de mayo de 2014, fecha para la cual ya se encontraba vigente la Ley 1407 de 2010 que reúne el Código Penal y Procesal Penal para la Justicia Penal Militar, como quiera que, de conformidad con lo señalado en sus artículos 177 y 628, en consonancia con la sentencia de la Corte Constitucional CC C–444–2011, en los aspectos sustanciales aquella rige para los sucesos acaecidos a partir del 17 de agosto de 2010; por ende, es la normativa llamada a regular este trámite en la parte sustantiva.
Esto, por supuesto, involucra el tipo penal de abandono del puesto –artículo 105 de la Ley 1407 de 2010– objeto de acusación y condena en contra de los Subintendentes (R) Camargo Robles y Velásquez Robayo.
Sin embargo, la efectiva aplicación de la Ley 1407, en tanto se refiere al sistema oral acusatorio que en ella se diseñó para la Justicia Penal Militar, quedó condicionada, como en su oportunidad se hizo con la Ley 906 de 2004, a un proceso de implementación territorial.
En tal virtud, en un primer momento se expidió el Decreto 2960 del 17 de agosto de 2011, en el cual se establecieron cuatro fases territoriales de desarrollo anual en las que, en forma progresiva y sucesiva, entre 2012 y 2015, y desde el 1 de enero del primer año, se aplicaría el sistema penal acusatorio en la Justicia Penal Militar.
Pero, como la introducción del sistema también se hizo depender de otras condiciones, especialmente presupuestales, de logística y de personal, el Gobierno Nacional dictó el Decreto 4977 del 30 de diciembre de 2011, modificatorio del 2960, para determinar que las cuatro fases territoriales, a fin de implementar la operatividad y aplicación del sistema penal acusatorio en la Justicia Penal Militar, comenzarían a partir del 1 de enero de 2013, es decir, se surtirían entre 2013 y 2016.
Ante una nueva imposibilidad de concretar la aplicabilidad del sistema oral acusatorio, esta se aplazó para el 1 de enero de 2014, conforme lo dispuso el Decreto 2787 del 28 de diciembre de 2012 y así, sucesivamente, sucedió con los Decretos 314 de febrero 18 de 2014, Decreto 1070 de mayo 26 de 2015, Decreto 878 de mayo 27 de 2016, Decreto 027 de enero 12 de 2017, Decreto 1575 de septiembre 28 de 2017 y Decreto 1768 de diciembre 24 de 2020.
Todo lo anterior para significar que, si bien, la Ley 1407 de 2010 entró en vigor el 17 de agosto de esa anualidad, ante la falta de implementación no había sido viable aplicarla en lo que corresponde al sistema penal acusatorio; en consecuencia, los procesos, así se trate de hechos ocurridos con posterioridad a la mencionada calenda, se han tramitado de conformidad con los ritos contenidos en la Ley 522 de 1999, espectro en el que se inscribe el asunto bajo examen.
5.3 De la prescripción de la acción penal en la justicia penal militar
En punto de prescripción de la acción penal en la justicia penal militar, la tesis mayoritaria de la Sala ha explicado (Cfr. CSJ SP649–2025, 19 mar. 2025, rad. 64147, reiterada en CSJ AP8784–2025, 3 dic. 2025, rad. 70211):
El artículo 83 inciso 1° de la Ley 522 de 1999 establece que la acción penal prescribe en un tiempo igual al máximo de la pena fijada en la ley si fuere privativa de la libertad, sin que en ningún caso ese término sea inferior a cinco (5) años ni exceda de veinte (20) años. Términos que se encuentran fijados de manera idéntica en el artículo el [sic] 76 de la Ley 1407 de 2010, así como en el 83 del texto original de la Ley 599 de 2000.
Por su parte, el artículo 86 de la Ley 522 de 1999 dispone que la prescripción de la acción penal se interrumpe con la ejecutoria de la resolución de acusación y, a partir de ese momento, comienza a contarse nuevamente por un periodo igual a la mitad del señalado en el artículo 83 de la misma codificación. Norma equivalente a los artículos 79 de la Ley 1407 de 2010, y 86 del texto original de la Ley 599 de 2000.
Frente a esta temática, es necesario precisar que de manera pacífica la Sala ha reiterado que, a efecto de la contabilización del término de prescripción de la acción penal en procesos penales militares, aplica el aumento del término previsto en el artículo 83 inciso 6° del Código Penal (de la tercera parte o la mitad a partir de la Ley 1474 de 2011), pues se trata de conductas punibles cometidas por un servidor público «en ejercicio de sus funciones, de su cargo o con ocasión de ellos».
En efecto, en providencia CSJ AP 5 feb. 2020, rad. 56940 la Sala reiteró las siguientes reglas:
(i) En todos los casos, es decir, sin diferenciar entre los delitos comunes y los típicamente militares, el término de prescripción se aumentará en una tercera parte o la mitad [desde la Ley 1474 de 2011], cuando sean cometidos por un servidor público «en ejercicio de sus funciones, de su cargo o con ocasión de ellos».
(ii) Para efectos de computar el término prescriptivo, además de tener en cuenta el máximo punitivo, es necesario tener claro que las hipótesis delictivas endilgadas se cometan en calidad de servidor público, y en ejercicio de sus funciones, hipótesis en la que es necesario realizar el aumento indicado anteriormente. Y,
(iii) De acuerdo con lo analizado, la contabilización de los términos de prescripción en delitos cometidos por integrantes de la fuerza pública se contabilizará de conformidad al artículo 83 del Código Penal Militar –Ley 522 de 1999–, en concordancia con la misma norma de la Ley 599 de 2000». (Destaca la Sala).
(…)
De ahí que si por [l]ey, ningún delito puede prescribir en un término inferior a cinco (5) años, según se observó, este debe ser por tanto el parámetro de referencia determinador del lapso prescriptivo que con el incremento derivado de la calidad de servidor público, a su vez, en cualquier fase, no puede ser, dependiendo de la ley aplicable, inferior de seis (6) años y (8) meses –con el aumento de la tercera parte– o de siete (7) años y seis (6) meses –con el incremento de la mitad– (…) [negrilla original del texto, subrayado en esta oportunidad].
5.4 De la prescripción de la acción penal en el caso concreto
Definidas las reglas aplicables, para la Sala es claro que en el asunto de la especie ha prescrito la acción penal por el delito atribuido a los implicados, asunto que explicó en su momento la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Superior Militar y Policial en la sentencia recurrida.
En efecto, la actuación procesal indica que los Subintendentes (R) Yimmy Ricardo Camargo Robles y Jorge Armando Velásquez Robayo fueron acusados y juzgados por el punible de abandono del puesto descrito en el artículo 105 de la Ley 1407 de 2010 que contempla una pena de prisión de uno (1) a tres (3) años.
También se acredita que los hechos ocurrieron el 18 de mayo de 2014 y que la resolución acusatoria fue expedida el 23 de marzo de 2018, la cual cobró ejecutoria el 18 de mayo siguiente, momento para el cual apenas habían transcurrido cuatro (4) años, razón suficiente para entender que el primer término prescriptivo no se había cumplido.
Ahora bien, recuérdese que en asuntos regidos por la Ley 522 de 1999 no es viable aplicar las disposiciones de la Ley 1407 de 2010. Ello, en cuanto el acto de formulación de imputación, que en esta última normativa sirve de referente para el reinicio del cómputo de prescripción de la acción penal en el juicio, es de la esencia del sistema penal acusatorio. Bajo idéntica senda, tampoco resulta procedente dar aplicación a las previsiones del artículo 352 de la Ley 1407 relativas a la suspensión de la prescripción –«proferida la sentencia de segunda instancia se suspenderá el término de prescripción, el cual comenzará a correr de nuevo sin que pueda ser superior a cinco (5) años»–.
De ahí la improcedencia de acoger la tesis implícita en el concepto del Agente del Ministerio Público quien, aun cuando consideró que la ley procesal aplicable al asunto correspondía a la Ley 522 de 1999, terminó por acoger la suspensión de la prescripción establecida en la Ley 1407 de 2010.
De esta manera, el cálculo de prescripción de la acción penal luego de su interrupción inicia, según el artículo 86 de la Ley 522 de 1999, con la ejecutoria de la resolución de acusación, y correrá de nuevo por un tiempo igual a la mitad del señalado en el artículo 83 ejusdem.
En este caso, los cinco (5) años mínimos de prescripción en la fase del juicio –artículo 83 de la Ley 522 de 1999– se incrementan en la mitad, en atención a las reglas del artículo 14 de Ley 1474 de 2011, dado que el delito fue cometido por servidores públicos en ejercicio de sus funciones. Ello arroja un monto definitivo de siete (7) años y seis (6) meses, los cuales, contados a partir del 18 de mayo de 2018, fecha en que la resolución de acusación cobró ejecutoria, verifican que el fenómeno extintivo de la acción penal acaeció el 19 de noviembre de 2025.
De ese modo, la Sala decretará la cesación de procedimiento, ante la imposibilidad de continuar el ejercicio de la acción penal, por prescripción, con relación al punible de abandono del puesto (artículo 105 de la Ley 1407 de 2010), en favor de Yimmy Ricardo Camargo Robles y Jorge Armando Velásquez Robayo.
Aun cuando del expediente digital no se advierte que los procesados se encuentren privados de la libertad por este trámite, de llegar ello a verificarse, por la Secretaría de la Sala expídanse órdenes de libertad inmediata, las cuales se harán efectivas, siempre y cuando no exista otro requerimiento judicial pendiente en contra.
El juez a quo, además, procederá a la cancelación de los compromisos adquiridos por los implicados por cuenta de este diligenciamiento, los registros o anotaciones originados por el mismo, así como levantará las órdenes de captura y medidas cautelares que hayan sido impuestas.
En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: CASAR la sentencia proferida el 29 de septiembre de 2025 por la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Superior Militar y Policial que, con modificaciones, confirmó la condenatoria emitida en contra de Yimmy Ricardo Camargo Robles y Jorge Armando Velásquez Robayo.
SEGUNDO: DISPONER la cesación del procedimiento a favor de Yimmy Ricardo Camargo Robles y Jorge Armando Velásquez, por cuanto la acción penal en relación con el punible de abandono del puesto por el cual se les condenó se extinguió por prescripción.
TERCERO: ORDENAR al juez de primera instancia proceda a la cancelación de los compromisos adquiridos por Yimmy Ricardo Camargo Robles y Jorge Armando Velásquez Robayo por cuenta de este diligenciamiento, los registros o anotaciones originados por el mismo, así como, a levantar las órdenes de captura y medidas cautelares que hayan sido impuestas.
CUARTO: ADVERTIR a los sujetos procesales que contra la anterior determinación no procede recurso alguno.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Carlos Roberto Solórzano Garavito
Presidente
Myriam Ávila Roldán
Gerardo Barbosa Castillo
Fernando León Bolaños Palacios
Gerson Chaverra Castro
Diego Eugenio Corredor Beltrán
Jorge Hernán Díaz Soto
Hugo Quintero Bernate
José Joaquín Urbano Martínez
Nubia Yolanda Nova García
Secretaria
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