RuleX

Jurisprudencia › Corte Suprema de Justicia › SP424-2026(67070)

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Penal

Sentencia SP424-2026(67070)

Fecha
20 de mayo de 2026

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SP424-2026(67070)

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Penal

Parte resolutiva

RESUELVE Primero: NO CASAR la sentencia emitida el 9 de agosto de 2021 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagué, mediante la cual confirmó en su integridad el fallo del 12 de mayo de 2021 de la Jueza Quinta Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de la misma ciudad, que condenó a Jairo Fernando Perdomo Rocha como determinador de falsedad material en documento público agravado y coautor de falsedad en documento privado. Segundo: Conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta decisión, hacer un llamado de atención a la Secretaría de la Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagué para que en lo sucesivo evite la demora injustificada en la remisión de los expedientes a esta Corporación. Tercero: Contra lo aquí resuelto no procede recurso alguno.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Penal

Sentencia SP424-2026(67070)

20 de mayo de 2026

JORGE HERNÁN DIAZ SOTO

Magistrado ponente

SP424-2026

Radicación n.º 67070

(Acta n.º 162)

Bogotá, D.C., veinte (20) de mayo de dos mil veintiséis (2026).

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve el recurso extraordinario de casación presentado por el defensor de Jairo Fernando Perdomo Rocha contra la sentencia emitida el 9 de agosto de 2021 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagué. Con esta decisión confirmó en su integridad el fallo del 12 de mayo de 2021 de la Juez Quinta Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de la misma ciudad, por medio del cual condenó al procesado como determinador de falsedad material en documento público agravado en concurso homogéneo y sucesivo, en concurso heterogéneo como coautor de falsedad en documento privado en concurso homogéneo y sucesivo.

HECHOS

Entre los años 2011 y 2015, en la ciudad de Ibagué (Tolima), Jairo Fernando Perdomo Rocha, acudió a las entidades financieras y comerciales COOPERATIVA MULTIACTIVA DE COMERCIO Y SERVICIOS - CREDISOL, ACTUAR, FUNDACIÓN MUNDO MUJER, BANCAMÍA, TELMEX, TELEFÓNICA TELECOM, COOPERATIVA SAN SIMÓN y MERCACENTRO, para tramitar solicitudes de crédito y servicios a favor de terceras personas, quienes no habían autorizado tales gestiones. Acompañó a estas solicitudes diversos documentos espurios con los cuales suplantó las identidades de quienes aparecían en los formularios como deudores o codeudores.

Siguiendo tal modo de actuar, se presentaron los siguientes casos:

Caso 1: El 16 de febrero de 2012, ante la agencia de CREDISOL en Ibagué, Jairo Fernando Perdomo Rocha adelantó trámites para obtener un crédito por $5.000.000, haciéndose pasar por LUIS FERNANDO CIFUENTES PORRAS. Para ello, diligenció, suscribió con firma y huella dactilar los siguientes documentos:

la solicitud de crédito del 16 de febrero de 2012, en la que consignó datos personales y la dirección de residencia correspondiente a la Urbanización Ambalá casa 11 de Ibagué –misma de Perdomo Rocha–, incluyendo además la certificación de suministro de información, autorización de consulta y reporte a centrales de riesgo y autorización de desembolso;

el contrato de prenda abierta sin tenencia emitido por CREDISOL, relacionado con el crédito aprobado el 22 de febrero de 2012;

el pagaré n.° 000140 por valor de $5.000.000; y

el documento denominado «dación de pago».

Adicionalmente, con el fin de acreditar ante CREDISOL su capacidad de pago, presentó:

una copia de la cédula de ciudadanía correspondiente a LUIS FERNANDO CIFUENTES PORRAS, en la que sustituyó la fotografía original por la suya e impuso además su huella dactilar;

copias de las licencias de tránsito n.° 07-730010002042722 y 08-73001003173537, correspondientes a los taxis de placas WTO205 y WTM519;

copias de las pólizas SOAT expedidas por La Previsora y QBE para dichos vehículos; y

las constancias Nos. 12097 y 12098 del 14 de febrero de 2012, suscritas por el gerente de Radio Taxi del Tolima Ltda., en las que se certificaba falsamente que LUIS FERNANDO CIFUENTES PORRAS era propietario de los automotores y que estos se encontraban afiliados a esa empresa.

Se logró establecer que LUIS FERNANDO CIFUENTES PORRAS no estuvo en Ibagué para la época de los hechos, nunca tuvo negocios ni solicitó ningún crédito con CREDISOL, jamás fue propietario de taxis ni tuvo vínculo con Radio Taxi del Tolima, no presentó los documentos aportados, no firmó la solicitud, ni las autorizaciones ni el pagaré, no impuso su huella dactilar y tampoco recibió el dinero que fue desembolsado por CREDISOL.

Caso 2: En agosto de 2012, ante la oficina de Ibagué de ACTUAR Tolima, Jairo Fernando Perdomo Rocha adelantó trámites para obtener un crédito por $3.093.000, haciéndose pasar por LUIS FERNANDO CIFUENTES PORRAS. Para ello diligenció y suscribió los siguientes documentos:

la solicitud de crédito No. 12890 del 25 de agosto de 2012, en la que consignó como residencia la Urbanización Ambalá casa 11 de Ibagué –domicilio de Perdomo Rocha–, incluyendo además la autorización de consulta y reporte a centrales de información y la declaración de origen de fondos y bienes;

el pagaré No. 72786 del 27 de agosto de 2012 por valor de $3.093.000;

una copia adulterada de la cédula de ciudadanía LUIS FERNANDO CIFUENTES PORRAS, a la que Perdomo Rocha incorporó su propia fotografía y huella dactilar;

las copias de las licencias de tránsito Nos. 07-730010002042722 y 08-730010003173537 correspondientes a los taxis de placas WTO205 y WTM519;

las pólizas SOAT y de responsabilidad civil contractual expedidas por La Previsora y QBE; y

las constancias Nos. 13251 y 13252 del 24 de julio de 2012, suscritas por el gerente de Radio Taxi del Tolima Ltda., en las que se certificó falsamente que LUIS FERNANDO CIFUENTES PORRAS era propietario de los vehículos y que estos estaban afiliados a esa empresa.

Asimismo, en la solicitud de crédito y en el pagaré se impusieron huellas dactilares atribuidas falsamente a LUIS JORGE HUMBERTO RAMÍREZ GONZÁLEZ como supuesto deudor solidario, pese a que este no intervino en los hechos. Un informe lofoscópico del CTI permitió establecer que dichas huellas correspondían a un tercero.

Caso 3: Ante la oficina de Ibagué de la FUNDACIÓN MUNDO MUJER, Jairo Fernando Perdomo Rocha adelantó trámites para obtener un crédito por $6.000.000, haciéndose pasar por LUIS FERNANDO CIFUENTES PORRAS. Para ello presentó los siguientes documentos:

la solicitud de crédito del 30 de mayo de 2012 y el pagaré del 15 de junio de 2012, ambos identificados con el número 502121081851, documentos que firmó e imprimió con su huella atribuyéndose el nombre y la cédula de LUIS FERNANDO CIFUENTES PORRAS;

una copia adulterada de la cédula de ciudadanía de LUIS FERNANDO CIFUENTES PORRAS, en la que incorporó su propia fotografía y huella dactilar;

las copias de las licencias de tránsito Nos. 7-730010002042722 y 08-730010003173537, correspondientes a los taxis de placas WTO205 y WTM519;

las pólizas SOAT expedidas por La Previsora y QBE para dichos vehículos; y

las constancias Nos. 13146 y 13147 del 14 de mayo de 2012, suscritas por el gerente de Radio Taxi del Tolima Ltda., en las que se certificó falsamente que LUIS FERNANDO CIFUENTES PORRAS era propietario de los automotores y que estos estaban afiliados a esa empresa.

Con esos documentos Perdomo Rocha pretendió acreditar capacidad económica para acceder al crédito, logrando que la Fundación Mundo Mujer desembolsara el 15 de junio de 2012 la suma de $5.113.400, según el respectivo comprobante de desembolso.

Se logró establecer que LUIS FERNANDO CIFUENTES PORRAS no estuvo en Ibagué para la época de los hechos, nunca solicitó créditos ante Mundo Mujer, jamás fue propietario de taxis ni tuvo vínculo con Radio Taxi del Tolima, no presentó los documentos aportados, no firmó la solicitud ni el pagaré, no impuso huellas dactilares y tampoco recibió el dinero desembolsado.

Caso 4: Ante la oficina de Ibagué de BANCAMÍA, Jairo Fernando Perdomo Rocha adelantó trámites para obtener un crédito por $7.000.000 haciéndose pasar por LUIS FERNANDO CIFUENTES PORRAS. Para ello diligenció y suscribió con firma y huella dactilar los siguientes documentos:

la solicitud de vinculación de clientes formulario 19225570;

el anexo II al formato de vinculación y actualización de persona natural, ambos del 25 de mayo de 2012;

el formato de prenda abierta sin tenencia;

el formato de información sobre obligación desembolsada;

el contrato de apertura de crédito cuenta No. 1922570; y

la póliza de seguro de vida grupo, documentos fechados el 28 de mayo de 2012 y suscritos por Perdomo Rocha utilizando el nombre, la firma y la huella de LUIS FERNANDO CIFUENTES PORRAS.

Asimismo, presentó una copia adulterada de la cédula de ciudadanía de la víctima, en la que incorporó su propia fotografía y huella dactilar, aunque mantuvo el nombre y número de identificación de LUIS FERNANDO CIFUENTES PORRAS. También utilizó copias de la licencia de tránsito No. 07-730010002042722 correspondiente al vehículo taxi de placas WTM519, las pólizas SOAT expedidas por La Previsora y QBE, así como las constancias Nos. 13146 y 13147 del 14 de mayo de 2012 suscritas por el gerente de Radio Taxi del Tolima Ltda., en las que se certificó falsamente que LUIS FERNANDO CIFUENTES PORRAS era propietario de los vehículos y que estos se encontraban afiliados a dicha empresa.

Caso 5: El 14 de octubre de 2011, ante la empresa TELMEX en la ciudad de Ibagué, fue presentada la solicitud de servicio de televisión e internet No. 6019584 a nombre de LUIS FERNANDO CIFUENTES PORRAS, trámite con fundamento en el cual se activó el respectivo servicio. Se logró establecer que Perdomo Rocha fue quien realmente suscribió los documentos e impuso las huellas dactilares atribuyéndolas falsamente al suplantado.

Caso 6: El 29 de febrero de 2012, ante la empresa TELEFÓNICA TELECOM en la ciudad de Ibagué, fue presentada una solicitud de servicio de televisión y telefonía local ilimitada a nombre de LUIS FERNANDO CIFUENTES PORRAS, trámite con fundamento en el cual se activó el respectivo servicio. Se logró establecer que Perdomo Rocha fue quien realmente suscribió los documentos e impuso las huellas dactilares atribuyéndolas falsamente al suplantado.

Caso 7: Ante la Cooperativa San Simón, entre el 7 y el 15 de octubre de 2013, Jairo Fernando Perdomo Rocha adelantó trámites para obtener un crédito por $6.000.000, haciéndose pasar por JONATHAN ALBERTO ANGARITA QUIÑONEZ. Para ello, diligenció y suscribió con firma y huella dactilar los siguientes documentos:

el formulario No. 1350 de vinculación como asociado;

la tarjeta 3775 de admisión a la cooperativa;

la descripción de liquidación del crédito;

el documento de aceptación de garantías;

el formato de pagaré cupo de crédito;

el formato de liquidación de créditos;

la carta de instrucciones para llenar un pagaré;

el pagaré a la orden No. 131003949;

el formulario de visita a microempresario;

la autorización de descuento por afiliaciones a la cooperativa;

la autorización de descuento por préstamo por libranza;

el formulario de solicitud de crédito;

la relación de activos familiares; y

la copia falsa de la licencia de tránsito n.° 10001765720, en la que se hacía constar fraudulentamente que JONATHAN ALBERTO ANGARITA QUIÑONEZ era propietario del taxi Hyundai de placas SMR655.

Además, Perdomo Rocha presentó una copia adulterada de la cédula de ciudadanía de JONATHAN ALBERTO ANGARITA QUIÑONEZ, en la que incorporó su fotografía y huella dactilar, aunque mantuvo el nombre y número de identificación de este.

Caso 8: El 11 de febrero de 2014, ante MERCACENTRO, fue presentado un documento con el logo de Fenalco Tolima denominado «FENALPAGARÉ», junto con el pagaré n.° M4 0018984 por valor de $1.215.840, a nombre de ELBER VALENCIA MURCIA, trámite con fundamento en el cual fue aprobado el respectivo crédito.

Los documentos falseados correspondieron a la solicitud de crédito contenida en el formulario «FENALPAGARÉ», al pagaré No. M4 0018984 y a la copia adulterada de la cédula de ciudadanía de la víctima. Tales documentos aparecían suscritos y con huellas dactilares supuestamente impuestas por ELBER VALENCIA MURCIA, pese a que este nunca solicitó el crédito, no firmó los documentos ni estampó sus huellas dactilares.

Se logró establecer que quien realmente impuso las huellas atribuyéndolas falsamente a ELBER VALENCIA MURCIA fue Jairo Fernando Perdomo Rocha, quien además falsificó la cédula de ciudadanía presentada para el trámite, incorporando su propia fotografía. También se determinó técnicamente que las firmas atribuidas a la víctima no le correspondían.

Caso 9: El 9 de abril de 2015, en las instalaciones de la Cooperativa San Simón, Jairo Fernando Perdomo Rocha adelantó trámites para obtener un préstamo por $1.000.000, haciéndose pasar por ANDRÉS FELIPE GÓNGORA SÁNCHEZ. Para ello, diligenció y suscribió con firma y huella dactilar los siguientes documentos:

la solicitud de crédito;

el pagaré No. 00017 en blanco;

la solicitud de tarjeta de crédito a la vista;

el formulario No. 1098 de vinculación como asociado a la cooperativa;

la autorización para consulta en Datacrédito; y

una cédula de ciudadanía falsificada a nombre de ANDRÉS FELIPE GÓNGORA SÁNCHEZ.

Se logró establecer que Jairo Fernando Perdomo Rocha fue quien realmente estampó las huellas dactilares y suscribió los documentos atribuyéndolos falsamente a la víctima. También se determinó que adulteró la cédula de ciudadanía presentada, incorporando su propia fotografía, modificando los guarismos correspondientes al código de barras del reverso e incluso haciendo figurar como Registradora Nacional del Estado Civil a Alma Beatriz Rengifo López, pese a que para la fecha de expedición del documento dicho cargo era desempeñado por Carlos Ariel Sánchez Torres.

ANTECEDENTES PROCESALES

El 9 de marzo de 2017, ante el Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Ibagué, se declaró personas ausentes a Jairo Fernando Perdomo Rocha, Álvaro Ricardo Riaño Acosta y Clara Inés Rocha Sarta. Se formuló imputación de cargos en contra de:

Jairo Fernando Perdomo Rocha, por los delitos de falsedad material en documento público agravada en calidad de determinador, en concurso homogéneo y sucesivo (artículos 287, 290 incisos 1º y 2 º y 31 del C.P.); en concurso heterogéneo con falsedad en documento privado, también en concurso homogéneo y sucesivo (artículos 289 y 31 del C.P.), en calidad de coautor; y estafa (artículo 246 del C.P.), también en concurso homogéneo y sucesivo, en calidad de coautor.

Álvaro Ricardo Riaño Acosta, como coautor de los delitos de falsedad en documento privado –en concurso homogéneo y sucesivo–, en concurso heterogéneo con estafa –en concurso homogéneo y sucesivo–.

Clara Inés Rocha Zarta, como coautora de falsedad en documento privado –en concurso homogéneo y sucesivo– y estafa –en concurso homogéneo y sucesivo–, y como determinadora de falsedad material en documento público, agravada por el uso.

A todos ellos se les atribuyó la circunstancia de mayor punibilidad establecida en el numeral 10 del artículo 58 del C.P. y la de menor punibilidad del numeral 1º del artículo 55 del C.P.

En audiencia de 22 de mayo de 2017, también se imputó cargos a Héctor Alberto Peralta Chacón y Luis Eduardo Guayara como coautores de falsedad en documento privado, en concurso homogéneo y sucesivo, en concurso heterogéneo con el delito de estafa, también en concurso homogéneo y sucesivo. Igualmente, se les atribuyó la circunstancia de mayor punibilidad establecida en el numeral 10 del artículo 58 del C.P. y la de menor punibilidad del numeral 1º del artículo 55 del C.P. Ninguno aceptó cargos.

El 27 de junio de 2017 se radicó escrito de acusación contra todos los anteriores. Correspondió por reparto al Juzgado Quinto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Ibagué. La formulación de acusación se efectuó el 31 de enero de 2018. En esta audiencia se declaró la nulidad parcial hasta la audiencia de formulación de imputación inclusive, exclusivamente por el delito de estafa, porque no se agotó el requisito de procedibilidad de la conciliación pre procesal en los términos del artículo 522 del CPP. No se interpuso recurso alguno en contra de esa decisión, por lo que quedó en firme. Se acusó a los procesados por las otras conductas punibles comprendidas en la imputación de cargos, sin ninguna variación de la calificación jurídica.

El 24 de octubre de 2018 se realizó la audiencia preparatoria. En esta diligencia Héctor Alberto Peralta Chacón aceptó cargos. La juez avaló el allanamiento, corrió traslado a efectos del artículo 447 del CPP, y anunció que sería condenado. Continuó la audiencia preparatoria respecto de los demás procesados, la cual finalizó ese mismo día.

El 16 de enero de 2019 se instaló la audiencia de juicio oral. En la misma diligencia se precluyó la investigación y se declaró extinta la acción penal respecto de Clara Inés Rocha Sarta por su fallecimiento.

El juicio oral continuó el 4 de marzo y 5 de agosto de 2020. En esta última fecha se hizo presente (por primera vez) Jairo Fernando Perdomo Rocha y aceptó los cargos formulados en su contra.

El 12 de mayo de 2021 la juez avaló el allanamiento a cargos, corrió el traslado del artículo 447 del C.P.P. y emitió sentencia. En virtud de esta, condenó a Jairo Fernando Perdomo Rocha a 184 meses de prisión e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo lapso, como penalmente responsable como determinador de falsedad material en documento público agravada en concurso homogéneo y sucesivo, y como coautor de falsedad en documento privado en concurso homogéneo y sucesivo. Le negó la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria. Libró orden de captura inmediata.

La defensa presentó recurso de apelación en contra de dicha decisión. Fue resuelto por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Ibagué con sentencia de 9 de agosto de 2021. Confirmó en su integridad el fallo de primera instancia.

Contra esta providencia, el defensor interpuso y sustentó oportunamente el recurso extraordinario de casación.

Luego de un inconveniente en el trámite secretarial (el proceso fue devuelto porque no coincidían los números de radicados con el oficio remisorio), el proceso se remitió a esta Corporación el 15 de agosto de 2024 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Ibagué.

La demanda se admitió el 4 de septiembre de 2024 y la audiencia de sustentación se celebró el 31 de octubre de la misma anualidad.

LA DEMANDA DE CASACIÓN

Al amparo de la causal segunda del artículo 181 del C.P.P., el demandante acusó a las sentencias de primera y segunda instancia de desconocer el debido proceso por afectación sustancial de su estructura o de la garantía debida a cualquiera de las partes. Sostuvo que dichas decisiones vulneraron el debido proceso, el derecho de defensa y las garantías fundamentales.

En primer lugar, sostuvo que no se agotaron todos los medios disponibles para localizar al procesado y se declaró persona ausente sin la debida justificación. En segundo lugar, reprochó que se condicionase la posibilidad de aceptar cargos o celebrar un preacuerdo al pago de una «indemnización» a las víctimas. A su modo de ver, esta exigencia carece de fundamento jurídico tratándose de delitos de falsedad, los cuales no corresponden a conductas contra el patrimonio económico. En tercer lugar, cuestionó que, a raíz de la anterior aceptación de cargos que había realizado el coprocesado Héctor Alberto Peralta Chacón, la juez conoció los elementos materiales probatorios del caso. En su criterio, esa circunstancia le imponía declararse impedida para continuar conociendo del proceso en contra de Jairo Fernando Perdomo Rocha.

También reprochó que las instancias hubieran negado cualquier rebaja punitiva por aceptación de cargos. Adujo que para ello se exigió la «indemnización» a las víctimas, siendo que tal requisito solo está contemplado en el artículo 349 de la Ley 906 de 2004 para los preacuerdos y negociaciones, no para la aceptación de cargos.

De igual forma, planteó que existieron errores en la calificación jurídica de los hechos.

En primer lugar, porque, pese a que cada uno de los procesados realizó falsedades por sí mismo, se les atribuyó la circunstancia de mayor punibilidad establecida en el numeral 10 del artículo 58 del Código Penal por obrar en coparticipación, desbordando así los límites del principio de legalidad. En segundo lugar, porque las falsificaciones fueron únicamente delitos medios dirigidos a la comisión de estafas, por lo que se configuraría un concurso aparente de delitos en el que la falsedad quedaría absorbida por el delito de estafa, conforme al principio de consunción. Sostuvo que sancionar separadamente las falsedades implicaría desconocer el principio non bis in ídem, puesto que el uso del documento falso sería el mismo elemento que permitiría configurar el engaño propio de la estafa.

Así mismo, reprochó la actuación de la Fiscalía luego de que se decretara la nulidad parcial respecto del delito de estafa por falta del requisito de procedibilidad de la conciliación. Según el censor, el ente acusador permitió la prescripción de esa conducta y posteriormente continuó el proceso únicamente por los delitos de falsedad, tratándolos como conductas independientes, lo cual desconoció la estructura real de los hechos y vulneró las garantías del procesado.

Finalmente, solicitó que la Corte case la sentencia condenatoria y absuelva al acusado. En su defecto, que modifique el quantum punitivo reconociendo la rebaja por aceptación de cargos y conceda beneficios como la prisión domiciliaria, o decrete la nulidad del proceso por las irregularidades que habrían afectado el debido proceso. También pide, subsidiariamente, que la Corte ejerza casación oficiosa para restablecer las garantías fundamentales del procesado.

AUDIENCIA DE SUSTENTACIÓN

En su intervención, el nuevo defensor del procesado alegó que el trámite del proceso estuvo afectado por irregularidades desde la audiencia de acusación. Sostuvo que se vulneraron el debido proceso, el derecho de defensa y la contradicción, especialmente por la forma en que se declaró persona ausente al procesado. También, por la exigencia de indemnizar a las víctimas como condición para aceptar cargos o celebrar preacuerdos, a pesar de tratarse de delitos de falsedad. Afirmó que tal exigencia no era jurídicamente procedente y generó un trato desigual frente a un coacusado que sí obtuvo rebaja punitiva tras aceptar cargos. Manifestó que las falsedades fueron delitos medios relacionados con la estafa, conducta que finalmente prescribió, y que ello condujo a una pena excesiva y a una indebida aplicación de circunstancias de mayor punibilidad. En consecuencia, solicitó que se absuelva al procesado, o subsidiariamente, se modifique la pena o se decrete la nulidad desde la acusación o desde el momento en que se impidió la aceptación de cargos.

El delegado de la Fiscalía, en primer lugar, cuestionó la legitimidad de la defensa para acudir al recurso, porque la sentencia se derivó de la aceptación de cargos por parte del procesado durante el juicio. En segundo lugar, señaló que no hubo ninguna irregularidad en la declaratoria de persona ausente, pues se cumplió el procedimiento legal y la defensa no impugnó oportunamente esa decisión. Explicó que el proceso no versa sobre el delito de estafa, sino exclusivamente sobre falsedad material en documento público agravada por el uso y falsedad en documento privado. Finalmente, sostuvo que la Corte podría precisar su jurisprudencia sobre dos aspectos: la posibilidad de aceptar cargos en cualquier etapa del proceso, aunque sin necesariamente generar rebaja punitiva. De igual modo, sobre la inaplicabilidad de la exigencia del reintegro del incremento patrimonial del artículo 349 de la Ley 906 de 2004 en delitos de falsedad cuando la estafa no forma parte de la condena.

El Procurador Delegado señaló que la demanda carece de claridad y precisión, pues mezcla solicitudes de nulidad, absolución y beneficios punitivos. Consideró acertada la aplicación de la circunstancia de mayor punibilidad por coparticipación, dado que en los hechos intervinieron varias personas. Analizó la aceptación de cargos, señalando que la defensa había manifestado desde 2019 la intención de allanarse, pero ello no se concretó porque se exigió la devolución del incremento patrimonial conforme al artículo 349 de la Ley 906. A la luz de la jurisprudencia más reciente de la Corte, que distingue entre preacuerdos y allanamientos, estimó que esa exigencia no debía aplicarse a la aceptación unilateral de cargos, por lo que solicitó estudiar tal cuestión en la decisión. Con todo, concluyó que no se advierten razones para casar la sentencia.

CONSIDERACIONES

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia es competente para conocer del recurso de casación interpuesto por la defensa de Jairo Fernando Perdomo Rocha, contra la sentencia ya identificada. La emitió el 9 de agosto de 2021 la Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagué. Con esta confirmó la condena dictada en primera instancia por los delitos de falsedad material de documento público agravada y falsedad en documento privado. Esta atribución está señalada en los artículos 32.1 y 181 de la Ley 906 de 2004.,

Dado que la demanda se admitió, la Corte procederá a analizar el cargo propuesto, con independencia de las deficiencias formales y sustanciales del escrito, a fin de garantizar las finalidades del recurso extraordinario (artículo 180 ibidem).

Así las cosas, conforme a los reparos planteados por el demandante, son varios los problemas jurídicos que corresponde a la Corte resolver:

En primer lugar, determinar si se presentó alguna irregularidad de carácter sustancial en el trámite procesal. En particular, debe examinarse:

Si en el trámite de la declaratoria de persona ausente se agotaron las actividades investigativas necesarias y razonables para ubicar al procesado;

si se le negó al procesado la posibilidad de aceptar cargos en etapas anteriores a aquella en la que finalmente lo manifestó –esto es, durante el juicio oral, ya iniciada la práctica probatoria–, bajo la exigencia de «indemnizar» a las víctimas, como condición para la celebración de un preacuerdo, pese a que los delitos atribuidos no comportan un incremento patrimonial en su descripción típica; y

Si hubo alguna irregularidad de carácter sustancial por la no manifestación de impedimento por parte de la juez de conocimiento, quien continuó conociendo del proceso a pesar de haber tenido acceso a los medios probatorios que sirvieron de fundamento para condenar a otro procesado dentro del mismo asunto, con ocasión de la aceptación de cargos.

En segundo lugar, en caso de no encontrarse alguna irregularidad en el anterior punto que implique la invalidación de la actuación, debe determinarse si hubo una incorrecta calificación jurídica de los hechos, tal y como lo propone la defensa. Específicamente en relación con el concurso de las conductas punibles de estafa y falsedades documentales, así como en torno a la imputación de la coparticipación como circunstancia de mayor punibilidad.

En tercer lugar, corresponde a la Corte verificar si los jueces de instancia acertaron o se equivocaron al no reconocerle al procesado ninguna rebaja punitiva por la aceptación de cargos. De acuerdo con ello, también corresponde verificar si se debe variar la decisión acerca de la denegación de beneficios y subrogados penales.

Verificación de la corrección del trámite procesal

Del reproche por la declaratoria de persona ausente

La defensa de Jairo Fernando Perdomo ROCHA solicitó la nulidad de la actuación porque se declaró persona ausente sin agotamiento de todos los medios a disposición de la Fiscalía para ubicarlo e informarle del llamado para atender el proceso en su contra.

Al respecto, la Sala reitera su postura en torno a los requisitos que deben acreditarse para la declaratoria de persona ausente del procesado. En ese sentido, en la sentencia SP1672-2025, 25 jun., rad. 60897 precisó lo siguiente:

Una consecuencia normativa del debido proceso es el derecho del imputado a estar presente durante toda la actuación y a ejercer su derecho de defensa. Por lo tanto, en principio, el Estado tiene el deber de garantizarle la posibilidad de que pueda conocer y participar de la actuación. Sin embargo, la jurisprudencia ha mostrado que la presencia del implicado tampoco es inexorable como condición de validez a lo largo del proceso.

Así, quien es investigado, si bien puede voluntariamente concurrir o estar presente tras ser capturado, también, habiendo sido ubicado, podría mostrarse contumaz a hacer presencia a las audiencias y actos procesales. De hecho, aun privado de la libertad, está en la facultad de negarse a concurrir a las distintas actuaciones. Pero, además, si el Estado no logra dar con el paradero del procesado, la Fiscalía debe acudir a la figura de la declaratoria de persona ausente.

De este modo, ya sea por un acto de rebeldía frente a la administración de justicia o por la imposibilidad de ser ubicado, la Ley 906 de 2004 contempla el desarrollo del proceso en ausencia del implicado. Así, la audiencia de formulación solo supone, como condición de validez “la presencia del fiscal, del abogado defensor y del acusado privado de la libertad, a menos que no desee hacerlo o sea renuente a su traslado” (artículo 339 C. de P.P.). De igual manera, la audiencia preparatoria comporta como requisito de validez la presencia del juez, el fiscal y el defensor, no la del imputado (artículo 355 id.). Tampoco es imprescindible su comparecencia al juicio oral. De no hallarse presente, prevé el Legislador, se entenderá que se declara inocente de los cargos y se da inicio al juicio oral (Art. 367).

Ahora, cuando no ha sido posible lograr la ubicación del imputado, el artículo 127 de la Ley 906 de 2004 establece que el Fiscal ha de solicitar al juez de control de garantías que lo declare persona ausente. Para proceder a lo anterior, el Juzgado debe verificar que se hayan agotado mecanismos de búsqueda y citaciones suficientes y razonables para obtener la comparecencia del procesado. La Fiscalía ha tenido que llevar a cabo los esfuerzos que resulten exigibles para comunicarle de la investigación penal que se adelanta en su contra.

La Sala ha advertido que lo ideal es que el procesado acuda directamente a la actuación para el ejercicio de los derechos que le asisten. Sin embargo, también ha clarificado que la vinculación “mediante declaratoria de persona ausente no quebranta, per se, la Constitución, siempre y cuando la autoridad judicial proceda con apego a las previsiones legales y agote todos los mecanismos a su alcance para dar con el paradero del procesado”. Esto significa que existe una particular carga para la Fiscalía, la cual debe acreditar que desplegó todas las labores razonables para lograr la ubicación del indiciado y pese a ello no lo logró.

Lo anterior significa que solo ante la manifiesta imposibilidad de dar con el paradero del implicado, luego de haber utilizado todos los recursos y medios idóneos para tal fin y con el único propósito de dar continuidad y eficacia a la administración de justicia, podría acudirse a la figura en mención. La Sala estima importante precisar que el análisis sobre una labor precisa y eficaz, tendiente a garantizar el conocimiento del implicado de la actuación seguida en su contra, debe realizarse en concreto, es decir, de acuerdo con las circunstancias del caso. Los mecanismos de búsqueda exigibles no son siempre los mismos.

La carga de diligencia de la Fiscalía en el despliegue de las labores de ubicación del procesado está graduada por el estándar de lo razonable y conforme a las particularidades de cada situación. Por lo tanto, no existe el deber de emplear en todos los casos unos específicos y determinados medios, con el fin de llevar a cabo una búsqueda exhaustiva, intensa y detallada. Esa carga tampoco se reduce a citaciones a partir de datos que, puede inferirse, no conducirán a resultados eficaces.

En ese sentido, debe apreciarse elementos como, por ejemplo, la información con la que efectivamente se contaba a partir de los actos de investigación del delito y sus responsables. De igual modo, ha de examinarse los medios técnicos al alcance de la Fiscalía y susceptibles de ser activados y empleados en la búsqueda, según la posible ubicación del procesado. De este modo, cada supuesto permitirá determinar si el procesado no tuvo oportunidad de enterarse de la existencia del proceso pese a haberse cumplido la carga exigible a la Fiscalía o aquello no ocurrió debido a que el Estado no fue lo suficientemente diligente al buscarlo y entonces hay lugar a decretar la nulidad de lo actuado (sentencias CC C-248 de 2004; CSJ SP12247-2015).

En el presente asunto la Sala pudo verificar que la Fiscalía, contrario a lo manifestado por el recurrente, sí agoto los requerimientos para la declaratoria de persona ausente del procesado. En audiencia de 2 de agosto de 2016 acudió ante una juez de control de garantías para solicitar el emplazamiento tanto de Jairo Fernando Perdomo Rocha como de Álvaro Ricardo Riaño Acosta y Clara Inés Rocha Zarta.

En esta diligencia la Fiscalía aportó informes de policía judicial –especialmente uno del 28 de julio de 2016– en los que se dejó constancia de labores de búsqueda continuadas desde diciembre de 2015 en los lugares donde el indiciado había residido. Se verificó que ya no habitaba allí y que tampoco fue posible ubicarlo en otros sitios. Estas diligencias se extendieron también a los demás indiciados, incluyendo contactos telefónicos, envío de oficios citatorios a direcciones registradas y verificación de datos en documentos oficiales, sin resultados positivos. Incluso la Fiscalía solicitó y obtuvo una orden de captura en contra de Perdomo Rocha en febrero de 2016, la cual no se materializó.

Con base en estos elementos, la Fiscalía concluyó que agotó los medios razonables y disponibles para ubicar a Perdomo Rocha, sin éxito, por lo que solicitó su emplazamiento mediante edicto conforme al artículo 127 del Código de Procedimiento Penal. La jueza avaló esta solicitud, porque verificó que la Fiscalía desplegó actos suficientes y diligentes para lograr su comparecencia, todos con resultados negativos. También constató que la entidad ordenó iniciar el trámite de declaratoria de persona ausente, junto con la fijación del edicto y la continuación de las labores de búsqueda.

Conforme a lo anterior, la Sala no encuentra fundados los reproches del defensor acerca de la declaratoria de persona ausente de Perdomo Rocha por supuestas labores insuficientes realizadas por la Fiscalía para ubicarlo. Según se desprende del anterior recuento, se desplegaron múltiples actuaciones orientadas a su localización y, de esta forma, su comparecencia. Entre estas, labores de campo de policía judicial durante varios meses para verificar los lugares de residencia conocidos y la constatación de su no permanencia en dichos sitios. Incluso se emitió una orden de captura en su contra. Todo lo anterior arrojó resultados negativos.

En esas condiciones, no puede afirmarse que existiera desidia o inactividad por parte del ente acusador. Al contrario, hubo agotamiento razonable de los medios disponibles para ubicarlo, lo que habilitó que se le declarase persona ausente conforme a los parámetros legales y jurisprudenciales ya referidos.

Por lo tanto, la Sala no accederá a la solicitud de nulidad elevada por la defensa en relación con este aspecto.

De la aceptación de cargos por parte del procesado

El demandante aseveró que a Perdomo Rocha se le impidió aceptar los cargos a él atribuidos, debido a que se le impuso como requisito la «indemnización» a las víctimas, incluso en etapas anteriores al inicio del juicio oral.

Para verificar esta situación, la Sala examinó con detenimiento los registros audiovisuales de lo ocurrido en las distintas etapas procesales. En concreto, verificó la audiencia en la que se lo declaró persona ausente y se formuló imputación de cargos en su contra –el 9 de marzo de 2017–. El ejercicio se extendió hasta la diligencia en la que por primera vez asistió a un llamado procesal y manifestó su intención de aceptar cargos, el 5 de agosto de 2020.

Conforme a lo anterior, la Sala encuentra que, contrario a lo manifestado por el demandante, no hubo vulneración a los derechos y garantías de Jairo Fernando Perdomo Rocha en esas diligencias. Esto es así, pues no es cierto que se hubiese condicionado su aceptación de cargos a una «indemnización» a las víctimas, como lo sostiene el demandante.

El defensor de confianza de Jairo Fernando Perdomo Rocha manifestó por primera ocasión que su defendido quería aceptar los cargos a él atribuidos o incluso de llegar a un preacuerdo fue en la primera sesión del juicio oral en la audiencia celebrada el 19 de enero de 2019. Para ello, solicitó la suspensión de la diligencia para acordar con los representantes de las víctimas las «indemnizaciones» exigidas por el artículo 349 del CPP. Para mayor claridad, a continuación, se transcribe la intervención del defensor al respecto en esa diligencia:

Gracias su señoría, hemos sido convocados a una audiencia de juicio oral dentro de este caso que nos ocupa el día de hoy. Antes de iniciar esta audiencia tuve una conversación extraprocesal con el señor fiscal donde me planteaba dos situaciones, la primera una aceptación de cargos directa para que su señoría impusiera la pena correspondiente por ese allanamiento a cargos. Hablé con mi defendido Jairo Fernando Perdomo Rocha y él me manifestó que si todavía podía preacordar. Le pregunté al señor fiscal, me dijo que él todavía aceptaba este preacuerdo con la única condición de que hablara con las víctimas respecto a una indemnización [sic] que pues como todos tenemos conocimiento la ley exige conforme al artículo 349 de nuestra normatividad [sic] adjetiva penal. Me dice mi defendido, mi prohijado, que él tiene la intención de indemnizar [sic] bajo el siguiente aspecto y hablé con los representantes de cada una de las corporaciones que hoy representan y son víctimas dentro de este proceso, les comuniqué que por ejemplo Bancamía, Actuar, San Simón, al parecer los préstamos que se habían realizado, el capital eran 7 millones, el otro eran 6 millones, 5 millones, así correspondientes, que mi defendido estaba en la voluntad de indemnizarlos [sic] con la mitad de ese crédito, retribuir ese crédito para que se tuviera como esa retribución y ellos me manifestaron que tienen que pedir consentimiento de los gerentes o los representantes legales de cada institución. Lógicamente ellos no tienen la potestad de eso, sino que tienen que consultar bajo estos derroteros. Su señoría, ante esa posibilidad de preacordar y finiquitar con este proceso, solicito de manera respetuosa la suspensión de esta audiencia, se fije una nueva fecha su señoría, también con el ánimo de que me dice mi defendido que esta plata la retribuirá del 5 al 8 de febrero, es decir prácticamente en 20 días para que me regale ese lazo después de esa fecha. Igualmente, para ir consultando con los abogados representantes de víctimas, que ya tengo los números de teléfono de todos para saber qué dijeron los gerentes, si están dispuestos a aceptar esa indemnización [sic] o si no me dice mi defendido pues que vendrá y hará un allanamiento a cargos y esperará la correspondiente pena por parte de su despacho. [Énfasis suplido].

Ante tal manifestación, el fiscal del caso le aclaró al defensor que la indemnización a las víctimas es distinta al reintegro del incremento patrimonial previsto en el artículo 349 del CPP, aunque no se opuso a la suspensión de la diligencia. Manifestó lo siguiente:

Su señoría el acusado tiene derecho a participar en la resolución de su caso; sin embargo, aclaro que no es una indemnización, sino es un reintegro del incremento patrimonial, la indemnización ya es otro tema aparte, luego si se llegare a una sentencia condenatoria y ya corresponden a las víctimas junto con el señor defensor si aceptan o no la cuantía. Obviamente la fiscalía está interesada en un preacuerdo, está interesado en un allanamiento a cargos como una solución para que él mismo participe en la solución del proceso y por economía procesal, teniendo en cuenta lo voluminoso de este caso, por lo tanto la fiscalía no se opone a la suspensión de la audiencia, haciendo esas aclaraciones su señoría, que previamente las víctimas tienen que reintegrarse en el valor y que ella estén de acuerdo, porque en última no se le están devolviendo la totalidad del incremento patrimonial. Entonces, si ellos están de acuerdo con ello, como moción de orden solicitaría si su señoría acepta la suspensión. [Énfasis suplido].

La juez de conocimiento accedió a la suspensión solicitada por el defensor de confianza del procesado. Sin embargo, mediante memoriales de 6 de mayo de 2019 y 17 de julio de 2019, aquel renunció al poder otorgado por Jairo Fernando Perdomo Rocha. Manifestó lo siguiente:

1-. Señora Juez, ante todo pedirle a usted y a todos los que intervienen en esta actuación procesal, mi más profundo respeto, por haber tomado esta decisión de RENUNCIAR al poder otorgado por mi prohijado, no es mi costumbre hacerlo.

2-. Siempre creo en la Buena Fe, de las personas y más en las de mis clientes, cuando me manifiestan su deseo de INDEMNIZAR (sic), lucho y batallo en las audiencias pidiendo oportunidades para que se puedan realizar, precisamente creyendo en que se están haciendo las labores y diligencias para conseguir el dinero para cumplir con lo prometido del monto a indemnizar [sic].

3-. Deposité toda mi confianza, en mi defendido, le creí, presumí de su Buena Fe, que lo que me manifestaba era cierto, asumí frente a usted y los representantes de las víctimas, ese compromiso de INDEMNIZAR [sic], durante las audiencias me dieron duro, por los aplazamientos solicitados, pero mantenía la confianza y la fe, en que mi defendido está realizando todas las gestiones para conseguir esa plata, hasta el punto de que algunos colegas representantes de las víctimas, ya me veían como un mentiroso al incumplimiento de esos pagos.

4-. Hubo una manifestación del señor FISCAL, nos dio un término, plazo, razonable para hacer el preacuerdo y que, si no se cumplía, no se realizaría el mismo, situación que le fue transmitida a mi prohijado e hizo caso a la misma, guardé la esperanza de que hasta el viernes 03 de mayo cumpliera, pero no lo hizo, lo que me da la seguridad que esta persona no va INDEMNIZAR [sic] y no se ha comunicado.

4-. Ante todas estas situaciones, señora Juez, me llena de pena y vergüenza, no poder haber cumplido, con ese compromiso de INDEMNIZAR [sic], no voy a permitir que esta persona mancille mi buen nombre y prestigio, mi reputación y sobre la seriedad que tengo ante todo mis compromisos adquiridos, por lo que me veo avocado [sic] a RENUNCIAR al poder debidamente otorgado, por esta persona.

Señora juez, reitero mis disculpas por esta RENUNCIA, hice todo lo posible para ese cumplimento, pero fue imposible que esta persona falta de seriedad lo hiciera, hasta el punto de que mis honorarios tampoco fueron cancelados, manifestándole que lo primordial era la plata de la indemnización y ni lo uno, ni lo otro.

Por tal motivo, la juez de conocimiento solicitó la designación de un defensor público. El juicio oral se reanudó el 4 de marzo de 2020. En esta audiencia –en la que Jairo Fernando Perdomo Rocha tampoco se hizo presente y estuvo asistido por una defensora pública ante la renuncia de su abogado de confianza– la Fiscalía presentó su teoría del caso. Luego se practicaron los testimonios de Carlos Andrés Obando Robles (investigador del CTI de la Fiscalía General de la Nación), Mario Gómez Carreño (perito grafólogo y documentólogo de la Fiscalía General de la Nación), Lina Marcela Trujillo Cuellar (perita en dactiloscopia de la Fiscalía General de la Nación), John Oliver Muñoz Méndez (perito en dactiloscopia de la Fiscalía General de la Nación) y Diana Patricia Rengifo Morocho (perita en dactiloscopia de la Fiscalía General de la Nación).

En la siguiente sesión del juicio oral, celebrada el 5 de agosto de 2020, Jairo Fernando Perdomo Rocha se hizo presente por primera vez en todo el trámite procesal. Estuvo asistido por la misma defensora pública que lo había representado en la audiencia anterior, quien manifestó que era intención de su defendido allanarse a cargos. La juez de conocimiento accedió ante esta solicitud. Pero le advirtió al acusado que por la etapa avanzada en la que se encontraba el proceso no tenía derecho a ninguna rebaja punitiva por esa aceptación de cargos (aspecto sobre el que la Sala se ocupará más adelante).

Conforme al anterior recuento, está claro que quien tuvo la iniciativa de llegar a un preacuerdo con la Fiscalía fue el procesado, a través de su defensor de confianza, mismo que presentó la demanda de casación. Esto ocurrió por primera vez al inicio del juicio oral, antes de la práctica probatoria, esto es en la audiencia celebrada el 19 de enero de 2019. Para ello solicitó la suspensión de la diligencia. La juez accedió a la petición y le aclaró que la indemnización es diferente del reintegro del incremento patrimonial, y que este último es requisito para lograr un preacuerdo conforme lo exige el artículo 349 del CPP.

En ese orden, no es cierto –como equivocadamente lo plantea el demandante– que al procesado se le hubiera exigido la «indemnización» de los perjuicios ocasionados a las víctimas como condición para avanzar en el trámite. Distinto es que, de cara a la eventual celebración de un preacuerdo con la Fiscalía, se le requiriera el reintegro de al menos el cincuenta por ciento del incremento patrimonial obtenido con la conducta punible. Esta exigencia motivó la suspensión de la audiencia a solicitud de su defensor de confianza, con el propósito de viabilizar esa alternativa. No obstante, como lo puso de presente este último, con posterioridad a ello Perdomo Rocha se sustrajo del proceso y lo desatendió, lo que frustró cualquier posibilidad de concretar el acuerdo.

La Sala insiste en que la exigencia referida no constituía una indemnización en favor de las víctimas, sino el cumplimiento de una carga legal expresamente prevista en el artículo 349 de la Ley 906 de 2004. Consiste en que en procesos por los delitos en los que el sujeto activo haya obtenido un incremento patrimonial, no es posible celebrar preacuerdos con la Fiscalía mientras no se reintegre, al menos, el cincuenta por ciento del valor equivalente al incremento patrimonial percibido y se asegure el recaudo del remanente. En esa medida, esa condición resultaba jurídicamente procedente y acorde con el marco normativo aplicable, sin que pueda entenderse como una exigencia arbitraria o ajena al ordenamiento.

La Sala precisa, como hizo en el proveído AP7233-2014, 26 nov., rad. 44906, que la exigencia del reintegro de al menos el cincuenta por ciento del incremento patrimonial, contenida en el artículo 349 del CPP, cobija casos en los que con el comportamiento delictivo se accedió a algún incremento económico, al margen de si la descripción típica presupone ese resultado:

En los demás eventos, cuando el delito produce ventajas patrimoniales al sujeto activo, aunque esta ganancia no constituya exigencia típica, ni siquiera de manera eventual; la aplicación del tantas veces mencionado requisito, dependerá de que en la actuación, a más de la demostración de los requisitos típicos, se acredite la concurrencia de ese resultado que es ajeno a la naturaleza del delito. Entre las conductas punibles en que tal situación puede presentarse, en auto de segunda instancia del 27 de abril de 2011, Rad. 34829 la Sala enunció las siguientes:

… los ilícitos relacionados con la indebida celebración de contratos o el tráfico de estupefacientes -los cuales no involucran en su descripción típica la consecución o intención de obtener un incremento patrimonial-, pues la experiencia y la realidad judicial enseñan que este tipo de delitos son solamente algunos de los que generan mayor beneficio patrimonial para quienes en ellos incurren.

Pero así mismo, otras conductas como aquellas constitutivas de infracciones a la fe pública, abuso de autoridad o delitos informáticos son capaces de generar ganancias patrimoniales para el agente, sin que necesariamente a su descripción típica se integre ese elemento en particular. (…)

Desde esa oportunidad, además, ya se habían esbozado, a grandes rasgos, las distintas hipótesis que se acaban de exponer, como se puede observar en la siguiente cita:

A partir de los razonamientos precedentes, la Corte puede anticipar su postura en el sentido de que la tesis que pregonan los apelantes no es de recibo, porque parte de un equívoco evidente: que solamente las conductas punibles que en su descripción típica integran la consecución o intención de obtener un beneficio patrimonial son idóneas para generar incremento patrimonial en el sujeto activo.

Dicho de otra manera, no solamente los tipos penales que describen un interés patrimonial -ya sea que se concrete, o bien que solamente sea un fin ulterior del sujeto activo- son aptos para generar una ganancia patrimonial en el agente. Son los hechos objeto de investigación los que, en últimas, permiten establecer si como consecuencia de la comisión de una o varias conductas punibles el actor obtuvo un incremento patrimonial.

Ahora bien, cuando la Corte precisó en aquella ocasión que “son los hechos del caso, y no las particulares descripciones típicas de las conductas, los que han de tenerse en cuenta para determinar si la ejecución de un delito genera o no incremento patrimonial en el sujeto activo”, tal precisión ha de entenderse en el sentido de que la obtención de un incremento patrimonial a partir de la ejecución de cualquier actividad delictiva, queda cobijado en el supuesto fáctico de la norma consagrada en el artículo 349 pluricitado.”

Ahora bien, la Sala también ha señalado que en ese tipo de eventos (en los que el delito imputado corresponde a un bien jurídico abstracto, es decir, distinto al patrimonio económico), la exigencia del reintegro del incremento patrimonial está supeditada a que la Fiscalía acredite que el procesado obtuvo tal incremento:

No desconoce esta Sala Penal que en determinadas circunstancias, aun en casos en los cuales el bien jurídico tutelado se reputa abstracto —como la fe pública, por ejemplo—, podría hallarse como consecuencia directa de su ejecución algún tipo de incremento patrimonial pasible de hacer radicar en cabeza del sujeto activo de los respectivos hechos punibles; empero, en eventos semejantes, precisamente por su condición excepcional, es indispensable que el ente encargado de adelantar la persecución penal haya imputado fácticamente ese supuesto y que el mismo cuente con objetivo soporte probatorio, en una cantidad determinada o determinable. CSJ AP4109-2025, 13 jun., rad. 61069. [Énfasis suplido].

Esta posición, de hecho, no solo ha sido puesta de presente por esta Corporación, sino también por la Corte Constitucional, que en la sentencia C-059 de 2010 señaló que:

a. Los fines de la norma acusada. Como se ha indicado, la finalidad del artículo 349 del C.P.P. no se encamina a establecer privilegio alguno entre las víctimas, sino a que quienes hubiesen obtenido un provecho indebido con su actuar, no puedan disfrutarlo.

b. La norma no apunta exclusivamente a los delitos contra el patrimonio económico. El artículo 349 del C.P.P. alude a todo delito en el cual el acusado hubiese obtenido un “incremento patrimonial fruto del mismo”, situación que se presenta no sólo en el caso de los clásicos delitos contra el patrimonio económico de un particular (vgr. hurto, estafa, abuso de confianza, etc), sino en conductas que atentan contra la administración pública (vgr. peculado, concusión, etc) o contra la salud o seguridad públicas (narcotráfico, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, etc). En otras palabras, el espectro de perjudicados con la conducta punible, no resulta ser más amplio que aquel señalado por la demandante, sino que algunos casos no existen víctimas directas del delito.

En ese orden, la exigencia de reintegrar, al menos, el cincuenta por ciento del incremento patrimonial prevista en el inciso primero del artículo 349 del Código de Procedimiento Penal no se limita a los eventos en que dicho resultado forme parte de la descripción típica del delito. Se extiende a aquellos casos en los que, en el plano fáctico, la Fiscalía ha acreditado que la conducta punible generó un beneficio económico para el procesado. En otras palabras, el criterio aplicable es de naturaleza material y no estrictamente típica. Lo determinante no es la configuración formal del tipo penal, sino la existencia real de un incremento patrimonial derivado del delito, con independencia de la calificación jurídica que finalmente se asigne a la conducta.

En el presente asunto, conforme al recuento de lo ocurrido en la actuación, resulta evidente que la imposibilidad de concretar un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación no obedeció a una actuación irregular de las autoridades. Fue el resultado de la desatención del señor Perdomo Rocha frente al compromiso que, a través de su propio defensor de confianza, había asumido de reintegrar al menos la mitad del incremento patrimonial obtenido con la conducta punible.

De haberse materializado el compromiso, el procesado habría podido acceder a una rebaja punitiva equivalente a una sexta parte de la pena, conforme a lo previsto en el inciso segundo del artículo 367 del Código de Procedimiento Penal. Aquella es la fracción de rebaja punitiva que autoriza la norma atendiendo al estadio procesal en que se propuso la negociación. Sin embargo, su propia conducta –marcada por la indiferencia frente al compromiso que había asumido a través de su apoderado– frustró la posibilidad de alcanzar el preacuerdo.

En tales condiciones, no puede ahora pretender que se le aplique un beneficio sobre la base de su incuria procesal. Menos todavía que ese descuido se utilice como plataforma de un alegato nulidad. En efecto, el principio de protección que rige esta materia (Cfr. CSJ AP8143-2025, 12 nov., rad. 65671, entre otras), enseña que no hay lugar a declarar irregularidades cuando estas han sido provocadas por quien las invoca.

Del reproche por la no manifestación de impedimento por parte de la juez de conocimiento

El defensor también sostuvo que, a raíz de la aceptación de cargos realizada por otro procesado, Héctor Alberto Peralta Chacón, la juez de primera instancia conoció los elementos materiales probatorios del caso. Esto, en su criterio, le imponía que se declarase impedida para continuar conociendo del proceso frente a los demás acusados. De no ser así, debía entenderse que el análisis judicial se circunscribió exclusivamente a la conducta individual de dicho procesado. Luego quedaba en evidencia que cada interviniente desplegó falsedades de manera independiente, por lo que debía eliminarse la circunstancia de mayor punibilidad por coparticipación prevista en el artículo 58 del Código Penal.

Al respecto, el defensor pretende derivar una afectación del principio de imparcialidad solo porque la juez de conocimiento avaló la aceptación de cargos de uno de los coprocesados (Peralta Chacón) y continuó con el juzgamiento de Jairo Fernando Perdomo Rocha. Sin embargo, tal planteamiento desconoce el alcance de las causales de impedimento y la jurisprudencia consolidada de esta Corporación sobre la materia.

En efecto, de manera reiterada, esta Sala ha precisado que no cualquier intervención anterior del funcionario judicial en la actuación compromete su imparcialidad. Semejante efecto se da únicamente frente a la que tenga la entidad suficiente para afectar su ecuanimidad o anticipar un juicio definitivo sobre el fondo del asunto. Así, ha sostenido que la configuración de una causal de impedimento exige una intervención sustancial y trascendente, capaz de comprometer el criterio del juzgador. Las simples actuaciones de trámite o las decisiones circunscritas a aspectos específicos del proceso no tienen esta entidad.

Bajo ese entendimiento, el hecho de que la juez hubiese conocido los elementos probatorios necesarios para avalar la aceptación de cargos de un coprocesado no comporta, por sí mismo, un prejuzgamiento respecto de los demás acusados. Así es porque ese pronunciamiento se limita a verificar la legalidad del allanamiento y su correspondencia con los elementos mínimos de responsabilidad del sujeto que se acoge a esa forma de terminación anticipada del proceso.

En similar sentido, la Corte ha destacado que las nulidades fundadas en la supuesta afectación de la imparcialidad deben cumplir exigentes presupuestos de acreditación y trascendencia. De tal manera que solo proceden cuando el defecto alegado incide de forma real en la estructura del debido proceso o en el sentido de la decisión. No basta, entonces, la simple afirmación de una posible contaminación del criterio judicial, sino que es indispensable demostrar cómo esa circunstancia comprometió efectivamente la objetividad del fallador (CSJ AP1004-2025, 26 feb., rad. 61972).

Conforme a lo anterior, la Sala concluye que no se configuró causal de impedimento alguna. Con todo, aun si, en gracia de discusión, se acogiera la tesis del censor, lo cierto es que la defensa guardó silencio en su oportunidad, no promovió recusación alguna contra la funcionaria ni formuló reparo sobre este aspecto en el recurso de apelación. En consecuencia, la supuesta irregularidad quedó convalidada.

Así las cosas, la Sala no accederá a la solicitud de nulidad elevada por la defensa del procesado.

De los reproches por la calificación jurídica de las conductas

Manifestó el demandante que se presentaron dos errores en la calificación jurídica de los hechos. En primer lugar porque, a su juicio, las falsedades fueron únicamente delitos medios dirigidos a la comisión de estafas, por lo que se configuraría un concurso aparente de delitos en el que la falsedad quedaría absorbida por el delito de estafa, conforme al principio de consunción. Sostiene que sancionar separadamente las falsedades implicaría desconocer el principio de non bis in ídem, puesto que la falsificación documental sería el mismo elemento que permitiría configurar el engaño propio de la estafa. En segundo lugar, manifestó que, pese a que cada uno de los procesados hizo falsedades independientes, se les atribuyó la circunstancia de mayor punibilidad establecida en el numeral 10 del artículo 58 del Código Penal, esto es por obrar en coparticipación, lo cual vulneró el principio de legalidad.

La Sala resalta, en primer lugar, que el censor, desconoce el principio de irretractabilidad de la aceptación de cargos y, con ello, vulnera también el de lealtad procesal. En efecto, tal y como se expuso previamente, el procesado, debidamente asistido por su defensora, decidió de forma libre, consciente, voluntaria e informada, aceptar los cargos a él atribuidos en la sesión de audiencia de juicio oral celebrada el 5 de agosto de 2020. No obstante, el censor pretende ahora, en sede de casación, retractarse de forma velada de dicha aceptación de cargos al cuestionar aspectos sobre la tipicidad de las conductas atribuidas al procesado.

Al respecto, resulta importante reiterar lo sostenido de forma reiterada por esta Sala acerca de la irretractabilidad de la aceptación de cargos y de los preacuerdos. En el proveído AP7495-2025, 15 oct., rad. 66927, manifestó lo siguiente:

La Corte ha precisado que, en los casos de terminación anticipada del proceso —ya sea por allanamiento a cargos o por preacuerdo—, la defensa solo está legitimada para impugnar en casación cuando alega vicios en el consentimiento al aceptar responsabilidad, denuncia vulneraciones de garantías fundamentales o controvierte aspectos relativos a la pena y a su ejecución, como la prisión domiciliaria o la suspensión condicional de la ejecución.

Igualmente, la jurisprudencia ha señalado que, cuando el proceso concluye de manera anticipada mediante preacuerdo o allanamiento a cargos, rige el principio de irretractabilidad, que impide a quien acepta libre, informada y conscientemente su responsabilidad penal controvertirla posteriormente, ya sea para alegar inocencia (retractación total) o para pretender una degradación de la imputación (retractación parcial).

La imposibilidad de retractación —reitera la Sala— constituye una limitación justificada para garantizar la eficacia de la justicia penal abreviada. Entre sus efectos, la aceptación anticipada de cargos, ya sea mediante allanamiento o preacuerdo, implica la renuncia del imputado a ser juzgado públicamente (art. 250.4 C.P.), así como a las prerrogativas inherentes a ese derecho fundamental.

De igual modo, conforme al artículo 8º, literales b), j) y k), de la Ley 906 de 2004, quien admite la imputación no solo se auto incrimina, sino que también renuncia a solicitar pruebas y a controvertir las allegadas en su contra. Del mismo modo, desiste del derecho a un juicio público, oral, contradictorio, concentrado, imparcial y con inmediación probatoria, en el que pueda interrogar a los testigos de cargo y obtener la comparecencia de quienes puedan esclarecer los hechos debatidos.

Bajo esa lógica, la Sala ha indicado que se configura una forma de retractación al allanamiento cuando, por la vía del recurso, se plantean discusiones de carácter fáctico que afectan las categorías sustanciales de las cuales depende la afirmación de responsabilidad penal. Al respecto, ha expresado:

«Impera recordar que mediante un preacuerdo el procesado aceptó en forma libre, consciente y voluntaria su responsabilidad frente al delito comunicado por el ente investigador, razón por la que una vez verificado por el Juez de Conocimiento la incolumidad de los derechos de la parte pasiva de la acción penal, como ocurrió en este evento, es improcedente la retractación de ese acto unilateral.

En efecto, constituye presupuesto para recurrir la decisión judicial que el sujeto procesal haya sufrido un perjuicio en su situación jurídica con la misma, de ahí que si al procesado se le han atendido sus pretensiones, como cuando el fallo se dicta con apego a los cargos aceptados mediante el allanamiento a los mismos en cualquiera de las oportunidades que este puede presentarse, o con sujeción a los acuerdos realizados en la llamada justicia consensuada, no es admisible que luego pretenda cuestionar los aspectos de tipicidad y responsabilidad penal que de manera libre y voluntaria aceptó.»

En conclusión, según la jurisprudencia de la Sala, una vez aprobado por el juez el allanamiento a cargos o declarado legal el preacuerdo —previa verificación de la ausencia de vicios en el consentimiento o afectación de garantías—, no es posible retractarse, ni de manera expresa ni tácita. La aceptación anticipada de culpabilidad entraña la renuncia al juicio y, con ello, a la actividad y contradicción probatorias. Por esa razón, resulta improcedente, por la vía de los recursos ordinarios o extraordinarios, reabrir controversias sobre los enunciados fácticos que soportan la imputación aceptada, salvo que se acredite la imposibilidad objetiva de que tales hechos configuren las categorías sustanciales requeridas para predicar responsabilidad penal.

En todo caso, la Sala advierte que los reproches del censor no tienen ningún fundamento, como pasa a verse a continuación.

Del reproche por el concurso aparente entre las falsedades y las estafas

En relación con el primero de los reproches, resulta importante referirse a lo sostenido por esta Sala acerca del concurso entre estafa y las distintas conductas que pueden tipificar la falsedad documental, cuando esta es realizada con la finalidad de cometer aquella. Al respecto, en la sentencia SP2676-2020, 29 jul., rad. 56462, esta Corporación señaló que:

Aunque el tema no fue planteado en la impugnación, en desarrollo de la facultad oficiosa de la Corte y para la protección del principio de legalidad, podría pensarse que en el presente caso se imputó al acusado doblemente la misma conducta, al atribuirse como falsedad en documento privado la creación de la factura aportada a la aseguradora como parte del artificio de la defraudación, y tenerse ese uso del documento falso, a la vez, como elemento constitutivo de la estafa. Es un problema del derecho penal del cual se ha ocupado la jurisprudencia y la doctrina.

La doctrina ha propuesto, entre otras, las siguientes tesis. La primera, concurso aparente de tipos, pues el punible contra la fe pública (falsedad documental pública o privada) corresponde a los “artificios o engaños” requeridos en el delito de estafa, por tratarse de un hecho previo copenado o conforme al principio de especialidad recoger todos los elementos de la falsedad documental como forma de engaño. Según esta postura, en casos como el examinado sólo sería dable imputar la conducta de estafa.

La segunda, concurso aparente de tipos, porque al exigir el legislador el uso del documento privado falso, el provecho económico propio de la estafa estaría implícito en la incorporación de tal instrumento en el tráfico jurídico, en el entendido que se falsifica para defraudar económicamente y, por ello, se procedería sólo por el delito contra la fe pública en virtud del hecho posterior copenado que incluiría a la estafa.

Una tercera tesis plantea el concurso material entre las referidas conductas, en cuanto “se quebrantan dos bienes jurídicos distintos y claramente diferenciados”. Y es esta la aplicada en el presente asunto y coincide con la sostenida de manera pacífica por la Corte. En la sentencia del 24 de enero de 1984, M.P. Dr. Fabio Calderón Botero, dijo la Corte:

“La apariencia de legalidad del documento apócrifo, apto para el tráfico jurídico y por tanto idóneo para inducir en error a un público de comprensión tenida como normal según el criterio que en el medio cultural se tiene por tal que, utilizado por el falsario, recurriendo a maniobras engañosas, produzca un ilícito provecho económico para sí o para un tercero con el subsiguiente perjuicio ajeno, estructura el concurso de los delitos de falsedad en documento privado y el de estafa”.

En sentencia del 23 de abril de 1985, M.P. Dr. Alfonso Reyes Echandía, señaló:

“Cuando en la falsificación de documento privado el uso es simplemente artificio para inducir en error y obtener por esta vía incremento patrimonial indebido, además de aquella lesión, se ha producido otra de carácter económico en condiciones tales que ese complejo comportamiento del actor se subsume a la vez en los tipos de falsedad documental y estafa”.

Más recientemente La Sala reiteró ese criterio:

Es claro que si para construir el engaño el agente comete un delito, como ocurre con quien falsifica un documento público para dar credibilidad a la puesta en escena de la falsa realidad (mise en scene), tal punible conforma con el de estafa un concurso material de delitos.

En ese orden, está claro que los delitos de estafa y falsedad documental -en sus distintas modalidades típicas- pueden concurrir en concurso material o efectivo de conductas punibles, porque cada uno de ellos protege bienes jurídicos diversos. Así, de un lado, el patrimonio económico y, de otro, la fe pública. Entonces, cuando una persona comete una falsedad documental y luego utiliza el documento falso para inducir en error a la víctima con el propósito de obtener un provecho económico, se estructuran dos injustos autónomos. Conservan independencia típica y, por tanto, son susceptibles de sanción concurrente, como ocurre en el presente asunto.

Por lo anterior, no le asiste razón al recurrente y el reproche no está llamado a prosperar.

Del reproche por la atribución de la circunstancia de mayor punibilidad por coparticipación

En lo que atañe al segundo reproche, relativo a la supuesta imputación desproporcionada de la circunstancia de mayor punibilidad prevista en el numeral 10 del artículo 58 del Código Penal por coparticipación, la Sala encuentra importante reiterar lo sostenido de antaño, en el sentido de que dicha circunstancia «está referida a la mediación que justamente tienen varios individuos (autores, determinadores o cómplices) en su ejecución, sin sujeción al codominio funcional que les es predicable» Cfr. CSJ SP2847-2020, 5 ago., rad. 52567.

En este asunto, según los hechos jurídicamente relevantes narrados por la Fiscalía en la audiencia de imputación de cargos y reiterados en la acusación, en la ejecución de las conductas punibles participaron varias personas. Estas suscribieron documentos y estamparon sus huellas con el fin de figurar como aparentes deudores o codeudores solidarios de las obligaciones, con lo que posibilitaron la materialización de las solicitudes crediticias mediante documentación falsa.

En tales condiciones, la aplicación de la circunstancia de mayor punibilidad por coparticipación resulta ajustada a derecho, pues refleja adecuadamente el incremento en el desvalor de la conducta derivado de la intervención de múltiples sujetos en su realización.

Por lo anterior, este reproche tampoco está llamado a prosperar.

Rebaja por aceptación de cargos pese al no pago del reintegro

El demandante reprochó que no se le hubiese concedido a Jairo Fernando Perdomo Rocha ninguna rebaja punitiva por la aceptación de cargos, pese a que esta no exige, como sí los preacuerdos y negociaciones, el reintegro del cincuenta por ciento del incremento patrimonial. Además, tampoco se consideró que Perdomo Rocha había manifestado su intención de aceptar cargos al inicio del juicio oral. Señaló que se trata de un trato desigual frente a otro procesado (Héctor Alberto Peralta Chacón), a quien sí se le concedió una rebaja punitiva por su aceptación de cargos.

Al respecto, la Sala precisa que es cierto que recientemente cambió su postura acerca de la equiparación de los preacuerdos y negociaciones con la aceptación de cargos en torno a la exigencia del reintegro de al menos el cincuenta por ciento del incremento patrimonial (Cfr. CSJ SP1901-2024, 17 jul., rad. 64214; CSJ AP5844-2025, 27 ago., rad. 63614). Pero tal variación jurisprudencial no tiene ninguna incidencia en este asunto. Esto es así, pues como se conoce del recuento procesal, en la sesión del juicio del 5 de agosto de 2020, agotada buena parte de la práctica probatoria, fue cuando el procesado decidió comparecer y aceptar los cargos a él atribuidos.

En aquella ocasión la juez de conocimiento le advirtió al procesado que, por lo avanzado del momento procesal no tenía derecho a una rebaja punitiva por dicha aceptación. No obstante, con ese conocimiento y de forma voluntaria, libre, consciente e informada, él aceptó los cargos atribuidos. Para mayor claridad, a continuación, se transcribe en lo pertinente lo ocurrido en dicha audiencia:

Jueza: Lo que debe señalarse frente a esa manifestación que ha hecho la doctora R.V.M. [defensora pública de Jairo Fernando Perdomo Rocha] en esta audiencia, es que su prohijado pues quiere aceptar los cargos. Valga recalcar frente a esa situación que el 16 de enero de 2019, es decir, hace más de un año, se instaló la audiencia de juicio oral. En esa oportunidad el señor Perdomo Rocha tenía como apoderado uno de confianza, el doctor Otto Alí Suárez Tafur, y en esa ocasión él solicitó el aplazamiento de la audiencia para obtener la presencia de su representado a efectos de realizar una posible aceptación de cargos, conforme diálogo con el delegado fiscal sobre los beneficios que obtendría. Bueno, en esa oportunidad también se le explicó frente a la diferencia que había entre la indemnización de perjuicios y el reintegro de lo apropiado, porque era necesario pues que reintegraran lo apropiado para hacer ese preacuerdo o bueno, o fuera para la, para la o también para el allanamiento de cargos y cosa distinta sería la indemnización integral que como bien lo puso de presente el señor fiscal, sería más para debatir en un incidente de reparación, pero como vuelve y se repite, es deber del juez el restablecimiento, propiciar ese restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios como derecho de las víctimas. Bueno, posteriormente se fijó una fecha de audiencia para el 27 de febrero del 2019, Sin embargo, se dejó constancia que el procesado Jairo Fernando Perdomo Rocha, pues no compareció para realizar esa audiencia que daría lugar a la terminación anticipada del proceso y precisamente en esa oportunidad se dejó constancia de que las víctimas informaron que no se ha superado lo atinente a lo previsto al artículo 349, o sea, frente al reintegro patrimonial. Esto para decir o para significar que desde hace un año se venía hablando sobre el tema, sobre ese tema de que el procesado iba a aceptar cargos, bien de manera unilateral o por virtud de un preacuerdo, pero estaba pendiente esa situación de devolver los dineros apropiados a las víctimas, se dieron largas pues a ese asunto se presentaron varios, varios aplazamientos. Con fecha 6 de mayo del 2019 el doctor OAS presentó renuncia y esta fue la sustentación. Esto es para recrear o dar contexto a la decisión que voy a tomar […]. Lo cierto es que renunció y ante esa situación pues se dispuso que el procesado estuviera representado por un defensor público, porque él había sido declarado persona ausente, no se comunicaba con el despacho. Sin embargo, sí tenía conocimiento de las diferentes audiencias que se habían realizado. Esto lo digo precisamente por las manifestaciones orales que hizo en audiencia su defensor de confianza y por esa manifestación que hizo en ese escrito. Por eso se inició el juicio con práctica probatoria por parte de la Fiscalía. De manera que en este momento procesal y en los términos del artículo 347 del Código de Procedimiento Penal, la oportunidad para realizar un preacuerdo iba hasta ese momento, hasta el inicio del juicio. Con la rebaja de una sexta parte de la pena imponible, siempre que se devolviera el incremento patrimonial a las víctimas. […] Pero lo cierto es que como ya iniciamos la etapa probatoria, pues ya no podría hacerse ese preacuerdo frente al allanamiento. Claramente eso es uno de los derechos, el artículo de los procesados, el artículo 8º de la Ley 906 de 2004, establece que es un derecho de los procesados precisamente renunciar a esos derechos de guardar silencio y de no autoincriminación. Si ese es el querer de Jairo Fernando Perdomo Rocha, aceptar los cargos en este momento, pues bien, lo puede hacer, es su derecho. Sin embargo, sí debo ponerle de presente dos cosas. Primero, que por el momento procesal en que haría esa manifestación, no tiene derecho a ninguna, máxime que pues faltaría establecer esa devolución de los incrementos patrimoniales. Entonces, esto para que le quede claro.

Entonces le pregunto, Jairo Fernando Perdomo Rocha, de todas maneras, usted con esa advertencia, ¿aceptaría los cargos?

Jairo Perdomo: Sí, señora Juez, Es mi deseo libre y voluntario de aceptar los cargos. Sí, señoría.

Jueza: ¿Usted fue debidamente asesorado por su defensora?

Jairo Perdomo: Sí, señoría.

Jueza: ¿Usted ha sido presionado por alguien o por algo para aceptar los cargos?

Jairo Perdomo: No, señoría.

Jueza: ¿Usted renuncia a sus derechos a guardar silencio, no autoincriminación y tener un juicio público donde pueda demostrar su inocencia?

Jairo Perdomo: Sí, señoría.

Jueza: Bueno, ¿Usted es consciente que al aceptar los cargos va a ser condenado por estos hechos?

Jairo Perdomo: Sí, señoría.

Jueza: ¿Y que se le va a imponer una pena?

Jairo Perdomo: Sí, sé que voy a aceptar una condena, que voy a ser condenado y una pena para resarcir el daño ocasionado.

Jueza: Bueno, Jairo Fernando, ¿Usted es consciente que posteriormente no puede retractarse esta aceptación?

Jairo Perdomo: Sí, señora, soy consciente de que no me puedo retractar.

Jueza: Bueno, antes de esta audiencia, ¿Usted consumió alguna bebida embriagante, alguna sustancia psicotrópica, alucinógena, estupefaciente, algún medicamento que pueda afectar su conciencia?

Jairo Perdomo: No, señoría.

Jueza: ¿Es consciente la decisión?

Jairo Perdomo: Sí, señoría, totalmente consciente y totalmente consciente.

Jueza: Bueno, se deja constancia que Jairo Fernando Perdomo Rocha, de manera libre, consciente, voluntaria y además asesorado por su defensora, ha aceptado de manera libre, consciente, voluntaria y demás, sus responsabilidades en los hechos que son materia de acusación. [Énfasis suplido].

En ese orden, es evidente que, conforme al artículo 367 del CPP, tanto la juez de conocimiento como el Tribunal acertaron cuando no reconocieron al procesado rebaja punitiva alguna con ocasión de su aceptación de cargos. De acuerdo con la normativa, el beneficio que prevé solo procede cuando el allanamiento se realiza en la instalación del juicio oral, esto es, antes de que las partes expongan su teoría del caso y se inicie la práctica probatoria. En este asunto, como se ha reiterado, la aceptación se dio después de la presentación de las hipótesis y bien avanzada la práctica de pruebas.

En esa medida, no hubo un trato desigual frente al otro procesado que aceptó cargos y en consecuencia obtuvo una rebaja punitiva. Esto es así, porque este coacusado (Héctor Alberto Peralta Chacón) se allanó a cargos en un momento procesal diferente, esto es, en la audiencia preparatoria. Como esa aceptación de cargos se expresó en esta fase procesal, tenía derecho a esa rebaja punitiva, con arreglo al artículo 352, inciso 2º, de la Ley 906.

Adicionalmente, la defensa argumentó que Perdomo Rocha había manifestado su intención de aceptar cargos al inicio del juicio oral –antes de que iniciara la práctica probatoria–. Sobre esto, la Sala encuentra importante referirse nuevamente a lo ocurrido en la audiencia en la que se instaló el juicio oral, celebrada el 16 de enero de 2019. En esta diligencia el defensor de confianza de Perdomo Rocha manifestó que era interés de este último lograr un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación. Con ese argumento solicitó la suspensión de la diligencia para negociar con las víctimas el tema del reintegro del incremento patrimonial (conforme la exigencia del artículo 349 del CPP). La juez accedió a esta petición.

Sin embargo, posteriormente, el mismo abogado defensor presentó dos memoriales a través de los cuales renunció al poder conferido por Perdomo Rocha. Justificó esa decisión en el reiterado incumplimiento de su defendido para «indemnizar» a las víctimas y porque había perdido total contacto con el procesado, lo que dificultaba adelantar una correcta defensa técnica.

En ese contexto, la jueza de conocimiento obró de manera acertada. Así, solicitó a la Defensoría del Pueblo la designación de un defensor público, con el fin de garantizar la continuidad del juicio oral y evitar la paralización injustificada del proceso. No le era exigible esperar indefinidamente a que el procesado decidiera comparecer al trámite. La razón es obvia: una actitud así implicaría que el desarrollo del proceso quedara supeditado a la voluntad unilateral del acusado, en detrimento de los principios de celeridad, eficiencia y lealtad procesal.

La admisión de una conducta de tal naturaleza supondría tolerar prácticas dilatorias incompatibles con la seriedad del proceso penal, que afecta el derecho de las víctimas a obtener una respuesta oportuna y eficaz por parte de la administración de justicia. En esa medida, la decisión adoptada se ajustó al ordenamiento jurídico y respondió a la necesidad de preservar el adecuado funcionamiento del sistema penal. Del mismo modo, evitó que la inactividad o incluso la dilación injustificada de alguna de las partes o intervinientes se tradujese en un obstáculo para el normal desarrollo del proceso.

En esa medida, la aceptación de cargos por parte de Perdomo Rocha, en la sesión del juicio oral del 5 de agosto de 2020 –agotada en buena parte la práctica probatoria–, no comportó una verdadera contribución a la economía procesal. Tampoco evitó de manera significativa el desgaste de la administración de justicia. Por el contrario, tal manifestación se produjo en un estadio avanzado del juicio. Esto es, cuando ya había sido declararlo persona ausente y luego de iniciada la práctica probatoria y tras haber generado dilaciones mediante aparentes intenciones de allanarse o celebrar un preacuerdo que nunca se concretó, precisamente por su desatención al trámite.

Por todo eso, la Sala no encuentra que haya lugar a variar en ningún aspecto la sentencia de segunda instancia, que confirmó integralmente la de primera. En efecto, insiste en que debido al momento procesal en que el procesado decidió aceptar cargos, no podía ser beneficiario de ningún descuento punitivo.

Adicionalmente, la Sala tampoco encuentra que los falladores hayan errado al negar al procesado la suspensión condicional de la ejecución de la pena o la prisión domiciliaria. Esto obedece a que, como lo manifestaron los jueces de instancia, no se cumplían las exigencias legales para el efecto. La pena impuesta fue superior a cuatro años de prisión y, adicionalmente, Perdomo Rocha contaba con dos antecedentes penales por delitos dolosos dentro de los cinco años anteriores a la emisión del fallo de primera instancia.

Así, las cosas, la Sala no encuentra que haya lugar a ninguna corrección a la sentencia emitida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagué. Además, no se advierte la presencia de circunstancia vulneradora de garantías fundamentales que la obligue a intervenir de oficio para su restablecimiento.

Conclusión

Por lo expuesto, la Sala no accederá a ninguna de las pretensiones del demandante, dado que no se evidenció ninguna irregularidad de carácter sustancial que amerite la invalidación del trámite procesal. Tampoco encontró que sea preciso corregir algún error cometido por los jueces de instancia. Por tanto, no se casará la sentencia impugnada.

Llamado de atención

Finalmente, la Sala estima necesario hacer un llamado de atención en relación con la injustificada demora en la remisión del expediente por parte de la Secretaría de la Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagué.

Según la constancia secretarial (actuación 9 ESAV), si bien el proceso se remitió inicialmente el 13 de octubre de 2021, se devolvió por cuanto el oficio remisorio no correspondía con el proceso. Sin embargo, la Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Ibagué solo contestó hasta el 15 de agosto de 2024, día en el que remitió nuevamente el expediente. Tan solo hasta ese día el proceso se repartió al magistrado ponente. Es decir, tres años después de la emisión de la sentencia de segunda instancia (9 de agosto de 2021).

La Sala observa con preocupación este tipo de dilaciones, que comprometen seriamente los principios de celeridad y eficiencia que deben regir la administración de justicia. Es notorio que afectan el oportuno ejercicio de sus competencias, así como el derecho de las partes e intervinientes a que sus pretensiones sean resueltas dentro de un plazo razonable.

En consecuencia, se exhorta a la Secretaría de la Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagué para que adopte las medidas administrativas y de control necesarias, para evitar que situaciones de esta naturaleza se repitan y para que se garantice una gestión diligente y oportuna de las actuaciones procesales.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

Primero: NO CASAR la sentencia emitida el 9 de agosto de 2021 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagué, mediante la cual confirmó en su integridad el fallo del 12 de mayo de 2021 de la Jueza Quinta Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de la misma ciudad, que condenó a Jairo Fernando Perdomo Rocha como determinador de falsedad material en documento público agravado y coautor de falsedad en documento privado.

Segundo: Conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta decisión, hacer un llamado de atención a la Secretaría de la Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagué para que en lo sucesivo evite la demora injustificada en la remisión de los expedientes a esta Corporación.

Tercero: Contra lo aquí resuelto no procede recurso alguno.

Notifíquese y cúmplase.

CARLOS ROBERTO SOLÓRZANO GARAVITO

Presidente

MYRIAM ÁVILA ROLDÁN

GERARDO BARBOSA CASTILLO

FERNANDO LEÓN BOLAÑOS PALACIOS

GERSON CHAVERRA CASTRO

DIEGO EUGENIO CORREDOR BELTRÁN

JORGE HERNÁN DÍAZ SOTO

HUGO QUINTERO BERNATE

JOSÉ JOAQUÍN URBANO MARTÍNEZ

NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA

Secretaria

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre la sentencia SP424-2026(67070) completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.