RuleX

Jurisprudencia › Corte Suprema de Justicia › SP426-2026(66519)

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Penal

Sentencia SP426-2026(66519)

Fecha
20 de mayo de 2026

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SP426-2026(66519)

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Penal

Parte resolutiva

RESUELVE: Primero. CONFIRMAR la sentencia del 31 de enero de 2024 que profirió la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, mediante la cual condenó por primera vez a José Ferney Sánchez Orozco y de Quelmer Humberto Orozco Castro como coautores de los delitos de homicidio, hurto calificado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones. Segundo. En contra de la presente decisión no proceden recursos. Tercero. Devuélvase la actuación a la autoridad judicial de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Penal

Sentencia SP426-2026(66519)

20 de mayo de 2026

MYRIAM ÁVILA ROLDÁN

Magistrada ponente

SP426-2026

Radicado n.º 66519

CUI: 73283600046420190003101

Aprobado acta n.º 162

Bogotá, D. C., veinte (20) de mayo de dos mil veintiséis (2026).

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve la impugnación especial interpuesta por el defensor de José Ferney Sánchez Orozco y de Quelmer Humberto Orozco Castro en contra de la sentencia del 31 de enero de 2024 que profirió la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, mediante la cual los condenó por primera vez como coautores de los delitos de homicidio, hurto calificado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones.

HECHOS

Según la acusación, en la noche del 23 de febrero de 2019 y la madrugada del día siguiente, en el municipio de Casablanca – Tolima, José Albeiro Orozco Ramos y José Ferney Sánchez Orozco estuvieron apostando con dados en un billar. El establecimiento cerró aproximadamente a la una (1) de la madrugada del día siguiente, pero ellos continuaron dicha actividad en un lugar cercano. En las apuestas resultó ganador José Albeiro Orozco Ramos.

Al lugar llegó Quelmer Humberto Orozco Castro, conocido como «Peluco», hermano de José Ferney Sánchez Orozco, quien también participó de las apuestas. José Albeiro Orozco Ramos volvió a ganar y el juego se terminó luego de las tres (3) de la mañana, momento en el que Mariluz Ramos García, esposa de este último, le insistió para que se fueran a descansar.

José Albeiro Orozco Ramos y Mariluz Ramos García se dirigieron a pie hacia la vivienda de una familiar, a quien habían dejado al cuidado de su hija. En el trayecto se encontraron de frente con Quelmer Humberto, quien les preguntó que si se habían encontrado unas cadenas que se le habían caído en el camino. Ambos contestaron que no. Luego, esta persona empezó a seguirlos de cerca.

Allí también estaba José Ferney, así que Mariluz Ramos García continuó el camino y José Albeiro Orozco Ramos se quedó conversando con José Ferney y con Quelmer Humberto. A los pocos segundos se escucharon varias detonaciones de armas de fuego e inmediatamente Mariluz Ramos García se devolvió y encontró a su esposo gravemente herido. Intentó auxiliarlo, pero falleció antes de llegar a un centro médico.

Según la esposa de la víctima, a José Albeiro Orozco Ramos le hurtaron un bolso con más de $2’000.000 que había ganado con las apuestas, así como un teléfono celular y una SIM Card.

ANTECEDENTES PROCESALES

El 22 y 23 de febrero de 2020, ante el Juzgado 2º Promiscuo municipal de Fresno – Tolima, se legalizó la captura de José Ferney Sánchez Orozco y de Quelmer Humberto Orozco Castro y la fiscalía les formuló imputación como coautores de los delitos de homicidio, hurto calificado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, todos agravados. Los imputados no aceptaron los cargos y les fue impuesta medida de aseguramiento.

El 4 de mayo de 2020 el ente investigador radicó el escrito de acusación en los mimos términos de la imputación y el proceso fue asignado al Juzgado Penal del Circuito del Líbano – Tolima. La audiencia de formulación de acusación tuvo lugar el 5 de junio de 2020 y la audiencia preparatoria el 16 de julio siguiente.

El juicio oral se adelantó en sesiones del 13 de agosto de 2020, 18 de febrero y 12 de julio de 2021. En esta última oportunidad la primera instancia anunció sentido del fallo absolutorio en favor de los procesados y se ordenó su libertad. Luego, el 1º de marzo de 2022, profirió la respectiva sentencia, la cual fue recurrida por el ente investigador.

El 31 de enero de 2024 la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué revocó la sentencia de primera instancia y, en su lugar, condenó por primera vez a José Ferney Sánchez Orozco y a Quelmer Humberto Orozco Castro como coautores de los delitos de homicidio, hurto calificado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, todos agravados.

El tribunal les impuso 449 meses de prisión e inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 20 años, la privación de la tenencia y porte de armas de fuego por 2 años y 3 meses. Además, les negó el mecanismo sustitutivo de la prisión domiciliaria y la suspensión condicional de la ejecución de la pena.

El 21 y 28 de febrero de 2024 se adelantó de manera virtual la audiencia de lectura de la sentencia de segunda instancia. En contra de la primera condena la defensa de los sentenciados interpuso y sustentó oportunamente el recurso de impugnación especial.

LAS SENTENCIAS DE INSTANCIA

Sentencia de primera instancia

El Juzgado Penal del Circuito con función de conocimiento de Fresno – Tolima absolvió a José Ferney Sánchez Orozco y a Quelmer Humberto Orozco Castro de los delitos de homicidio, hurto calificado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones. A continuación, se reseñan los argumentos que sustentaron la decisión absolutoria de primera instancia:

Para proferir sentencia condenatoria se requiere el conocimiento más allá de toda duda razonable sobre la existencia de la conducta y la responsabilidad penal de los acusados. En lo que respecta a este proceso, se acreditó la ocurrencia del delito de homicidio, del cual fue víctima José Albeiro Orozco Ramos, quien falleció como consecuencia de una herida por proyectil de arma de fuego.

Sin embargo, en relación con la responsabilidad penal de José Ferney y de Quelmer Humberto, surgen dudas sobre si ellos fueron los autores de dicha conducta. Esto es así debido a las contradicciones en que incurrió Mariluz Ramos García, esposa de la víctima, entre lo que declaró en la etapa de investigación y lo que expuso en la práctica de su testimonio en el juicio oral.

En concreto, en la investigación afirmó que le constaba de manera directa que los procesados actuaron como coautores del homicidio, pero en el juicio oral aseguró que no pudo ver quién o quiénes le dispararon. Al valorar integralmente su declaración, es claro que no presenció el momento en que se produjo el ataque, por ende, no puede ser considerada como testigo presencial.

Uno de los testigos expuso que se asomó por la ventana tan pronto ocurrieron los disparos, pero que únicamente vio a la esposa de la víctima auxiliándolo. Este mismo testigo indicó que la visibilidad en el sector era limitada, pues la vía contaba solo con dos lámparas, y que la esposa de la víctima estaba en una «semicurva», circunstancia que le impedía observar lo ocurrido.

En lo que respecta al delito de hurto, también existe duda sobre su ocurrencia. El propietario del establecimiento de comercio aseguró que la víctima le dio a guardar $1’000.000, mientras que la esposa de la víctima señaló que no presenció ese hecho. Además, que el dinero lo entregó al día siguiente a la esposa y a la hija de la víctima, y que, en la madrugada en que sucedieron los hechos no presenció discusión entre sus clientes.

Es decir que no se acreditó la responsabilidad penal de los acusados por los delitos objeto de acusación, ante las «notorias contradicciones» en que incurrió la única testigo que estaba cerca del lugar, quien no logró «observar de manera presencial» lo que había ocurrido.

Sentencia de segunda instancia

La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué revocó la sentencia de primera instancia y, en su lugar, condenó por primera vez a José Ferney Sánchez Orozco y a Quelmer Humberto Orozco Castro como coautores de los delitos de homicidio, hurto calificado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones. Los argumentos fueron:

Tal como lo afirmó la primera instancia, no existe controversia sobre la ocurrencia del delito de homicidio del cual fue víctima José Albeiro Orozco Ramos, causado por una herida con proyectil de arma de fuego. Sin embargo, a diferencia del fallo absolutorio, al valorar las pruebas practicadas se deduce que José Ferney y Quelmer Humberto son coautores de dicha conducta y de los demás punibles acusados.

Esto es así, pues Mariluz Ramos García, esposa de la víctima, describió en detalle los momentos previos al fallecimiento de su esposo. Señaló a los procesados de ser los autores del hecho, pues eran las únicas personas que se encontraban con él en ese momento. Adicionalmente, indicó que, luego de dispararle, le hurtaron un bolso que contenía dinero en efectivo y un celular.

Si bien la testigo reconoció que no vio directamente quién disparó, sus señalamientos en contra de los procesados merecen credibilidad, pues no se advierte una animadversión o interés de señalarlos falsamente. Su relato fue lógico, coherente y no incurrió en contradicciones significativas. Lo que quedó en evidencia fue una exposición acorde con los hechos que percibió de manera directa.

Según su declaración, escuchó los disparos e inmediatamente se dirigió al lugar y observó que estos sujetos habían huido, dejando cerca del lugar una motocicleta en la que se movilizaba uno de ellos. También, que desde el primer momento los señaló de ser los autores de los hechos y al día siguiente recibió una llamada en que la amenazaban para no incriminar a los acusados.

El testimonio de José Yesid Jaramillo Ceballos no aportó información significativa que desvirtúe la versión ofrecida por la esposa de la víctima. Se limitó a señalar que el lugar de los hechos presentaba deficientes condiciones de visibilidad, por tratarse de una vía con una «semicurva», lo que dificultaba que la esposa de la víctima observara directamente a los autores de los hechos.

Y en lo que respecta a José Orlando Mejía Mejía, propietario del billar donde estuvo la víctima y los procesados, tampoco contradice lo manifestado por la testigo. El comerciante afirmó que José Albeiro Orozco Ramos le entregó $1’500.000 para que se los guardara y que se rumoraba que «tenía problemas». La testigo no desconoció la entrega de ese dinero, pero precisó que su esposo llevaba una suma adicional.

Al analizar en conjunto la prueba indiciaria que se deduce de la práctica probatoria, es posible concluir, más allá de duda, la responsabilidad de los acusados por el homicidio de José Albeiro Orozco Ramos. Se evidencia que entre ellos existió un acuerdo previo para atentar contra la vida de la víctima y apoderarse de sus pertenencias, usando un arma de fuego cuyo porte no estaba autorizado.

LA IMPUGNACIÓN ESPECIAL

El defensor de José Ferney Sánchez Orozco y de Quelmer Humberto Orozco Castro interpuso el mecanismo de impugnación especial en contra de la primera condena. Solicitó revocar la sentencia condenatoria y, en su lugar, confirmar la absolución en favor de sus defendidos. Los argumentos que planteó fueron los siguientes:

El tribunal desconoció lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política y en el artículo 7º de la Ley 906 de 2004, normas que consagran la garantía del debido proceso y la presunción de inocencia, con base en las cuales cualquier duda debe resolverse a favor de los procesados. En el presente caso no se alcanzó el conocimiento más allá de toda duda razonable para fundamentar una sentencia condenatoria (art. 381, L. 906/04).

El fallo del tribunal se sustentó en el testimonio de Mariluz Ramos García, esposa de José Albeiro Orozco Ramos, pero su contenido debe analizarse bajo las reglas de la sana crítica y «con beneficio de inventario por estar prevalida de una ofensa en el interior de su sugestión vivencial». Ella atribuyó una responsabilidad penal inexistente, solo porque su pareja jugó a los dados con uno de los procesados y porque en un momento todos estaban fuera de un establecimiento de comercio.

A esta testigo le fue asignada la categoría de directa y presencial, pero realmente no reúne tales condiciones, pues no observó el momento en que ocurrieron los hechos y su testimonio presentó contradicciones, derivadas de su interés en señalar responsables. Lo cierto es que ella reconoció en distintas ocasiones que escuchó unos disparos, que se devolvió al lugar donde estaba su esposo, quien yacía herido, y no vio a nadie más.

Mariluz Ramos también señaló el hurto de $3’000.000 a su esposo, pero no se probó que la víctima tuviera ese dinero en su poder, y aunque ella reconoció a los procesados en fotos, ello obedeció únicamente a que eran vecinos y se conocían de tiempo atrás. De otra parte, en el proceso se afirmó que José Albeiro Orozco Ramos tenía enemigos, pero no se probó que los procesados hubiesen amenazado a su esposa al día siguiente de los hechos.

Según esta misma testigo, en el sitio donde ocurrió el hecho había buena iluminación, pero esto se contrapone con el testimonio de José Yesid Jaramillo Ceballos, quien informó que la iluminación era escasa, que había una lámpara cerca al lugar donde falleció la víctima y otra a unos treinta metros. Además, que la calle donde estaba ubicada la esposa de la víctima era una curva, lo cual le impidió ver al autor de la conducta.

El investigador de la policía judicial, Pedro Andrés Loaiza Hernández, declaró que en una entrevista la esposa de la víctima afirmó haber visto cuando José Ferney sujetó a su esposo por la espalda y Quelmer Humberto le disparó. Sin embargo, en el juicio oral Mariluz Ramos García expuso que no presenció el instante del disparo, lo cual es una contradicción relevante que afecta su credibilidad y genera dudas sobre los motivos de la incriminación que hizo.

En lo que respecta a las pruebas de la defensa, José Yesid Jaramillo Ceballos fue claro al exponer que escuchó los disparos, salió a mirar, pero solo vio a la esposa de la víctima auxiliándolo, y que nadie más estaba en el lugar. Confirmó además que el sector estaba oscuro y con nubosidad, lo que refuerza la imposibilidad de que la testigo hubiera visto quién disparó en contra de su esposo.

Por su parte, Orlando Mejía Mejía, dueño del billar donde se realizaron algunas de las apuestas, señaló que vio a los procesados en el lugar y que José Albeiro Orozco Ramos le dio a guardar un dinero. Este testigo expuso que la víctima «tenía muchos problemas por rumores y comentarios que hacía la gente», lo cual no vincula a los acusados con el porte de armas o con el posterior hurto de un dinero fuera del establecimiento de comercio.

Es decir que existe duda sobre la responsabilidad penal de los acusados, por ende, conforme a «las reglas de la experiencia y del sentido común en estos municipios marcados por la violencia», es posible concluir que terceras personas esperaron a José Albeiro Orozco para «ajuste de cuentas y que al parecer los acusados tuvieron que huir para resguardar sus vidas y no incurrir en testigos presenciales como es de costumbre en estos lugares de marcada violencia…».

A esto se suma que el testimonio de Mariluz Ramos García y los indicios valorados por el tribunal no desvirtúan la presunción de inocencia de los acusados. Además, buena parte de la condena se apoyó en información suministrada por los investigadores de la fiscalía, es decir, en prueba de referencia. De hecho, el ministerio público solicitó en su momento absolver a los procesados ante la existencia de duda sobre la responsabilidad penal.

CONSIDERACIONES

Competencia

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia es competente para conocer de la impugnación especial en contra de la sentencia del 31 de enero de 2024 que profirió la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué. Esto, conforme a lo dispuesto en el numeral 2º del artículo 235 de la Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo 01 de 2018 y las directrices establecidas en el auto CSJ AP1263-2019, rad. 54215.

Con miras a garantizar el principio de doble conformidad judicial, corresponde a la Sala examinar la corrección de la decisión del tribunal de proferir condena por primera vez en segunda instancia.

Delimitación del problema jurídico y estructura de la decisión

Para la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, José Ferney Sánchez Orozco y Quelmer Humberto Orozco Castro son responsables penalmente de los delitos de homicidio, hurto calificado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones.

En criterio del defensor del procesado: (i) la condena se sustentó exclusivamente en el testimonio de la esposa de la víctima, quien no presenció directamente los hechos, incurrió en contradicciones y su relato carece de credibilidad; y, (ii) los indicios y las demás pruebas valoradas por el tribunal no desvirtúan la presunción de inocencia de los procesados, por lo que subsiste una duda razonable.

Así las cosas, la Corte debe determinar si la fiscalía acreditó el estándar de conocimiento requerido para proferir sentencia condenatoria por los delitos de homicidio, hurto calificado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones; o si, como lo afirma la defensa, subsiste una duda razonable en relación con la responsabilidad penal de los acusados, la cual debe resolverse en su favor.

Para resolver el anterior problema jurídico la Sala ratificará su jurisprudencia sobre: (i) el testimonio único y su alcance probatorio; y, (ii) la prueba indiciaria. Posteriormente, aplicará estos insumos al caso concreto con el fin de dar respuesta a los temas planteados en la impugnación especial.

El testigo único y el estándar de conocimiento para condenar

El artículo 381 de la Ley 906 de 2004 establece que: «[p]ara condenar se requiere el conocimiento más allá de toda duda, acerca del delito y de la responsabilidad penal del acusado, fundado en las pruebas debatidas en el juicio.»

La Corte en su jurisprudencia ha precisado que dicho estándar no exige necesariamente la concurrencia de múltiples medios de prueba. Por el contrario, puede ser suficiente con un (1) elemento de conocimiento de carácter incriminatorio, siempre que presente coherencia interna y externa con los demás elementos de prueba obrantes en la actuación. En concreto, que:

«Con una operación rigurosa de control interno de la única prueba (aunque sería deseable la posibilidad de control externo que pueda propiciar la pluralidad probatoria), como la que ordena singularmente la ley respecto de cada testimonio o medio de prueba […] también es factible llegar a una conclusión de verosimilitud, racionalidad y consistencia de la respectiva prueba o todo lo contrario...». (Cfr. SP, dic, 15 de 2000, rad. 13119, AP, jun 17 de 2010, rad. 33734, y AP3964-2022, rad. 57118).

El artículo 404 de la Ley 906 de 2004 establece los criterios que orientan la apreciación del testimonio. Estos comprenden, entre otros, los principios técnico-científicos sobre la percepción y la memoria, la naturaleza del objeto percibido, el estado de los sentidos del declarante, las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos, los procesos de rememoración, su actitud durante el interrogatorio y el contrainterrogatorio, así como la forma de sus respuestas y su personalidad.

En armonía con el sistema de libre valoración probatoria, o de libertad probatoria (art. 373, L. 906/04), tales criterios resultan suficientes para resolver aquellos casos en los que un (1) único testimonio constituye la prueba de cargo. Nada impide que se le asigne el mérito probatorio suficiente para sustentar una sentencia condenatoria, ni pierde su valor porque sea único, siempre que supere el examen de credibilidad y coherencia (Cfr. SP, sep. 5 de 2011, rad. 27973 y SP684-2024, rad. 58073).

Para la Sala, lo anterior se explica en que, en materia probatoria, prevalece su apreciación cualitativa y no cuantitativa. Lo decisivo no es el número de pruebas, sino la solidez del elemento de juicio, sumado a su corroboración externa con los restantes medios probatorios practicados en la actuación, a partir de los cuales resulte posible verificar su coherencia y credibilidad (Cfr. AP4620-2025, rad. 62718, y SP017-2026, rad. 59789).

El valor del testimonio también debe ponderarse siguiendo las condiciones subjetivas y objetivas del declarante. En las primeras, está la capacidad para percibir los hechos y su idoneidad moral, en particular la ausencia de motivos para faltar a la verdad o de influencias externas que comprometan su imparcialidad. Y, en las segundas, la forma y oportunidad de la declaración, el lenguaje o la espontaneidad en las respuestas (Cfr. SP924-2025, rad. 63202, y SP1896-2025, rad. 60931).

La prueba indiciaria

La Corte tiene establecido que, si bien el artículo 382 de la Ley 906 de 2004 que regula los medios de conocimiento no enlista la prueba indiciaria, esta hace parte del sistema probatorio del proceso penal de tendencia acusatoria. Se trata de un medio de conocimiento de naturaleza indirecta, que continúa integrada al ordenamiento procesal penal y a sus reglas de valoración (Cfr. SP1648-2025, rad. 60569).

Con la prueba indiciaria no se acredita directamente un hecho, sino habilita a inferirlo a partir de relaciones lógicas, indiciarias (Cfr. AP8129-2025, rad. 62381). Se parte de hechos indicadores debidamente probados en el proceso, a partir de los cuales la autoridad judicial deduce, mediante un razonamiento racional, la existencia de un hecho distinto o hecho indicado con relevancia penal.

El indicio es un hecho conocido del cual se deduce otro desconocido. En relación con este tipo de razonamiento, la Sala ha identificado las siguientes formas de argumentación:

La que se basa en máximas de la experiencia, estructurada como un silogismo, en el que un enunciado general y abstracto, extraído de la observación reiterada de fenómenos que ordinariamente ocurren de determinada manera, permite explicar el tránsito del hecho indicador a la conclusión; y,

La que parte de la idea de que los datos considerados de forma aislada carecen de fuerza suficiente, pero que al valorarlos de manera conjunta pueden conducir al grado de conocimiento que se exige para dar por acreditado determinado hecho con relevancia jurídico penal (Cfr. SP1648-2025, rad. 60569, y SP065-2026, rad. 69530).

En lo que respecta a las máximas de la experiencia, estas se plantean a modo de silogismo. En dicho escenario, la máxima de la experiencia constituye la premisa mayor; el dato demostrado es la premisa menor; y, la síntesis o conclusión es la inferencia lógica que resulta de comparar ambas premisas. A manera de ilustración:

«…si no existe “prueba directa” de que varias personas acordaron previamente realizar una conducta punible (elemento estructural de la coautoría), pero se tiene el dato de que actuaron coordinadamente, el dato desconocido (el acuerdo previo) puede inferirse razonablemente a partir del dato conocido (actuaron coordinadamente), a partir de un enunciado general y abstracto que puede extraerse de la observación cotidiana y repetida de fenómenos, que podría expresarse así: casi siempre que varias personas ejecutan una acción de forma coordinada es porque previamente han acordado su realización. (SP1467-2016, rad. 37175, reiterada en SP5451-2021, rad. 51920 y SP1648-2025, rad. 60569 -entre otras-)

Y en lo que respecta al análisis conjunto de los datos, o convergencia y concordancia de los datos, la Sala tiene dicho que estos pueden suplir la fuerza argumentativa de las máximas de la experiencia. Se aplica cuando dos o más elementos indiciarios, considerados individualmente, no alcanzan la entidad probatoria suficiente, pero al analizarlos en conjunto «adquieren tan considerablemente a raíz de su lógica complementación que, en ausencia de pruebas en contrario, resultan concluyentes» (Cfr. SP1279-2024, rad. 56545, y SP1648-2025, rad. 60569).

La prueba indiciaria debe valorarse «en concreto y en conjunto con los demás medios probatorios, con el fin de determinar su alcance y fortaleza demostrativa» (Cfr. SP1431-2025, rad. 58314). Este tipo de prueba puede fundamentar una sentencia condenatoria «cuando en forma unívoca y contundente señala la responsabilidad del implicado», sin que esto implique dejar de considerar «todas las hipótesis que puedan confirmar o descartar la inferencia realizada a efectos de establecer su validez y peso probatorio» (Cfr. SP4126-2020, rad. 55641 y SP238-2025, rad. 59445).

Así las cosas, la prueba indiciaria: (i) constituye un medio de conocimiento válido en el proceso penal regulado por la Ley 906 de 2004; (ii) cobra especial relevancia ante la ausencia de prueba directa; y, (iii) resulta suficiente para fundamentar una sentencia condenatoria, siempre y cuando se edifique sobre hechos plenamente probados y una valoración integral que descarte, de manera razonada, las hipótesis alternativas.

El caso concreto

En la sesión de juicio oral del 13 de agosto de 2020 fueron leídas las siguientes estipulaciones probatorias que acordaron las partes: (i) la plena identidad de José Ferney Sánchez Orozco y de Quelmer Humberto Orozco Castro; (ii) que José Albeiro Orozco Ramos falleció el 24 de febrero de 2019 como consecuencia de «un disparo con arma de fuego a la altura de la región hioides»; y, (iii) que los procesados no tienen permiso para portar armas de fuego.

Alcance del testimonio de Mariluz Ramos García

Ella es la esposa de la víctima de homicidio, José Albeiro Orozco Ramos. En la impugnación especial el defensor de los procesados asegura que su relato no es creíble, entre otras razones, porque se contradijo entre lo que declaró en el juicio oral, en cuya oportunidad afirmó que no pudo ver quién disparó, y manifestaciones previas, en las que señaló que uno de los procesados sujetó a su esposo por la espalda mientras el otro accionaba el arma de fuego.

La inconsistencia descrita sirvió de sustento para que la autoridad judicial de primera instancia profiriera la sentencia absolutoria. En dicha decisión se indicó que el referido testimonio es incongruente, pues ante el investigador que realizó los actos urgentes «reconoció» a los procesados como los autores del homicidio, mientras que en el juicio oral quedó establecido que ella no pudo presenciar directamente el momento del disparo.

Sin embargo, al examinar la práctica probatoria la Sala no encuentra que Mariluz Ramos García haya sido confrontada con sus declaraciones previas. En el examen cruzado de su declaración no le fue impugnada su credibilidad, con miras a evidenciar una eventual contradicción entre afirmaciones que expuso ante funcionarios de policía judicial, en contraste con el contenido del testimonio que estaba rindiendo en el juicio oral.

Adicionalmente, en la práctica probatoria rindieron declaración los patrulleros de la policía nacional, Pedro Andrés Loaiza Hernández y Jerlinson Valbuena Herrera, quienes, entre otros temas, aludieron a información que les transmitió la esposa de la víctima. No obstante, el objeto de sus declaraciones fue exponer las labores investigativas que llevaron a cabo, y no reproducir el contenido del aquello que les narró la denunciante.

Por intermedio de estos investigadores se incorporó el acta de reconocimiento fotográfico que hizo Mariluz Ramos y el acta de inspección técnica al cadáver de su esposo. Pero los señalamientos que ella les hizo en esa oportunidad sobre las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrió el homicidio, no sustituyen el testimonio que rindió en el juicio oral.

Lo anterior, acorde con los principios de publicidad, oralidad, contradicción y concentración que rigen el procedimiento penal. Por ende, se descarta que haga parte del conocimiento de este proceso las declaraciones previas de la esposa de la víctima respecto de si observó el momento en que su esposo fue herido o sobre la identidad de quien accionó el arma de fuego.

La responsabilidad penal de los acusados

La investigación penal de este proceso inició porque Mariluz Ramos García señaló a José Ferney Sánchez Orozco y a Quelmer Humberto Orozco Castro de ser los autores del homicidio de su esposo José Albeiro Orozco Ramos, así como del hurto de sus pertenencias.

Lo anterior se concretó en la audiencia de juicio oral del 13 de agosto de 2020, en la que Mariluz Ramos reiteró que los procesados lo asesinaron en la madrugada del 24 de febrero de 2019, en el municipio de Casablanca – Tolima, mediante un disparo con arma de fuego. Allí también los señaló de haberle hurtado un bolso que contenía, entre otras cosas, un teléfono celular y «casi tres millones de pesos».

Tanto la fiscalía como la defensa le preguntaron a la testigo que si había visto el momento del disparo y a la persona que disparó. En sus respuestas fue consistente en señalar que no, porque en ese instante ella estaba caminando hacia la vivienda de su progenitora donde había dejado cuidando a su hija, y además, que estaba a «unos doce metros», en una zona baja, en un «asomadero», sin visibilidad al lugar donde ocurrió el ataque.

El hecho desconocido, o indicado, con relevancia jurídico penal, es la autoría del delito de homicidio que se acreditó con el acta de la inspección al cadáver que hizo el investigador Jerlinson Valbuena Herrera. En el proceso no se practicó prueba de naturaleza directa para establecer si los acusados actualizaron los elementos que conforman dicha conducta punible o las demás por las que cursa la presente actuación.

En la impugnación se dice que el tribunal le otorgó al testimonio de Mariluz Ramos García el carácter de prueba directa y presencial de la autoría. Pero dicha afirmación no es cierta, pues según se extrae del texto de la sentencia de segunda instancia, la autoridad judicial se limitó a precisar que la testigo declaró únicamente sobre aquello que pudo observar por sus sentidos, sin referir que hubiese sido testigo presencial del disparo.

Conforme a lo expuesto en el acápite teórico (§51-54), cuando no existe prueba directa sobre un hecho relevante puede acudirse a la prueba indiciaria. Así lo propuso la fiscalía en este caso, con miras a acreditar los delitos acusados, y así lo avaló el tribunal en la sentencia. Esto, acorde con una valoración cualitativa y no cuantitativa de la prueba (§51-54), pues solo la esposa de la víctima incriminó a los procesados.

En este contexto, Mariluz Ramos García es testigo único de algunos hechos indicadores que constituyen el punto de partida del razonamiento inferencial. En específico, afirmó que José Ferney Sánchez Orozco y Quelmer Humberto Orozco Castro estaban junto a José Albeiro Orozco Ramos instantes antes de que fuera víctima del disparo que lo hirió de muerte. Al respecto, se debe establecer si con su testimonio se probó dicho hecho indicador.

Como se indicó en su momento (§47-50), para valorar la prueba testimonial se aprecian elementos como el estado de los sentidos de quien declara, las circunstancias en que ocurrieron de los hechos, los procesos de rememoración y su actitud durante el interrogatorio y el contrainterrogatorio. Esto se complementa con la labor de evidenciar eventuales motivos para faltar a la verdad o influencias externas que comprometan su imparcialidad.

Pues bien, del análisis integral del testimonio de Mariluz Ramos la Sala no encuentra motivos para cuestionar su credibilidad. Fue coherente y consistente en los señalamientos en contra de los acusados, sin que se advierta un ánimo de señalarlos falsamente. Su relato se caracterizó por la espontaneidad al referir aquello que le constaba, incluso, aspectos que no reflejan un vínculo de los acusados con los delitos acusados. Por ejemplo:

que no presenció de manera directa la comisión de las conductas acusadas por parte de los procesados;

que entre los acusados y su esposo no existían conflictos previos, pues incluso compartían como amigos en espacios de juegos de azar;

que en el velorio de su esposo recibió una llamada en la que fue amenazada para que no declarara en contra de los procesados, pero no reconoció que fuera la voz de alguno de ellos; y,

que su esposo tenía problemas con personas que no identificó, pero en todo caso ajenas a los acusados.

Su relato fue especialmente convincente al momento de ubicar a los procesados en el sitio exacto donde asesinaron a su esposo y en el momento preciso en que ocurrió ese hecho. En específico, expuso que tuvo lugar aproximadamente a las 3:30 de la madrugada del 24 de febrero de 2019, en una vía pública cerca a la casa de su progenitora, pero que por la hora no había personas cerca, únicamente ella, su esposo, y los procesados.

De ahí que los haya señalado desde un inicio como los autores del homicidio. Así se corrobora de la diligencia de reconocimiento fotográfico que coordinó el patrullero Pedro Andrés Loaiza Hernández. Según lo describió este servidor público en su testimonio, la señora Mariluz Ramos no tuvo ninguna dificultad para identificar en las imágenes a los aquí procesados como las personas que estaban con su esposo cuando ocurrieron los hechos.

A partir de la coherencia del relato de la esposa de la víctima, sumado a que de la práctica probatoria no se deduce que haya tenido interés en señalar falsamente a los procesados, se concluye que se trata de un testimonio creíble. En lo que aquí interesa, con dicha prueba se acredita el hecho indicador consistente en que la víctima se encontraba en compañía de los procesados cuando recibió el impacto de proyectil de arma de fuego.

A este conocimiento se suma un segundo hecho indicador, que también se desprende del testimonio de Mariluz Ramos y que se complementa con el que rindió José Orlando Mejía Mejía, propietario del billar en el que se encontraba la víctima. En concreto: ellos ubicaron a este último en dicho lugar junto a José Ferney Sánchez Orozco en la noche del 23 de febrero de 2019, donde permanecieron hasta la una (1) de la madrugada del día siguiente, a donde luego arribó Quelmer Humberto Orozco Castro.

Del contenido de estos testimonios también se desprende un tercer hecho indicador, esto es, que José Albeiro Orozco Ramos y los procesados estaban apostando con juegos de dados, que el ganador fue la víctima, mientras que los procesados perdieron una suma considerable de dinero. Mariluz Ramos y el dueño del establecimiento coincidieron en que parte de ese dinero, correspondiente a 1’500.000, lo dio a guardar la víctima a este último.

A partir del momento en que terminan de apostar, evento que ocurrió aproximadamente a las tres (3) de la madrugada, según lo declaró la esposa de la víctima, se logra identificar un cuarto hecho indicador relacionado con la conducta que asumieron los procesados respecto de la víctima de homicidio. En específico, Mariluz Ramos García describió la siguiente secuencia fáctica:

entre José Ferney Sánchez Orozco y Quelmer Humberto Orozco Castro había una comunicación inusual o «secreteadera», pero ella no le prestó atención a ese evento;

cuando terminaron de apostar se dirigió junto con su esposo rumbo a la casa de su progenitora a quien le había dejado al cuidado de su hija y en el camino se encontraron de frente con Quelmer Humberto Orozco Castro, quien les preguntó que si no habían visto en el camino unas cadenas que se le habían perdido, ellos respondieron que no;

siguieron su camino y Quelmer Humberto no hizo lo mismo, sino que se devolvió y los empezó a seguir de cerca;

llegaron a un punto en el que ella continuó rumbo a su lugar de destino y advirtió la presencia en el lugar de José Ferney Sánchez Orozco;

su esposo se quedó allí conversando junto con los dos procesados, y ella observó que mientras su esposo hablaba con José Ferney, Quelmer Humberto «le daba vueltas» o lo observaba de arriba a abajo; y,

ella siguió caminando y a los pocos metros escuchó un disparo, y luego otros dos, y se devolvió de prisa a ese lugar.

Ahora bien, es claro que Mariluz Ramos García no estuvo presente en el momento en que su esposo fue herido. A ella solo le consta, acorde con su testimonio, que pocos segundos después de continuar su camino y de haber perdido de vista el sitio, escuchó un disparo y luego dos disparos más. Ante evento, de inmediato regresó corriendo y lo halló tendido el piso, «boca abajo», con la herida mortal causada por proyectil de arma de fuego.

Si se analiza la antedicha situación de manera aislada, no es posible extraer conclusiones sobre la autoría de los hechos con relevancia jurídico penal acusados. Sin embargo, conforme se explicó en el acápite teórico (§53 y 55), la valoración probatoria debe partir de un examen integral de los hechos indicadores acreditados, a fin de establecer si, en su conjunto, se articulan de manera lógica y coherente con la hipótesis incriminatoria.

En el presente caso, el proceso de inferencia racional se sustenta en que los hechos indicadores demostrados no se excluyen ni se contradicen entre sí, sino que mantienen una relación de concordancia; y, adicionalmente, confluyen de manera consistente en perjuicio de los acusados, pues permiten concluir que aprovecharon el momento en que se encontraban a solas con la víctima para propinarle el disparo de arma de fuego que le causó la muerte y apoderarse de sus pertenencias.

La restante prueba del proceso no desvirtúa la tesis incriminatoria ni introduce dudas sobre el actuar de José Ferney Sánchez Orozco y Quelmer Humberto Orozco Castro. En específico, en el juicio oral también declaró José Yesid Jaramillo Ceballos, vecino del sitio donde ocurrieron los hechos, quien dio cuenta de las condiciones de visibilidad en el lugar en el que se encontraba la esposa de la víctima al momento de los disparos, así como lo que pudo observar desde la ventana de su casa.

En relación con la iluminación del lugar, la propia Mariluz Ramos García reconoció que donde ella se encontraba era escasa, y que, por ese motivo, sumado a la asimetría del terreno, no observó el momento de los disparos. Esto no desdice sus afirmaciones referidas a que escuchó los disparos a «unos doce metros» e inmediatamente se devolvió a donde había dejado a su esposo con los procesados y lo encontró gravemente herido.

Yesid Jaramillo también señaló que al escuchar «la bulla» se levantó «rápido», abrió la ventana y observó el cuerpo de la víctima y a Mariluz Ramos auxiliándolo. Esta información no adiciona información distinta a lo ya descrito, en cuanto confirma que, tras los disparos, José Albeiro Orozco Ramos quedó tendido en el piso y que su esposa, quien se encontraba a unos metros en ese momento, se devolvió y lo encontró en esas condiciones.

Los elementos hasta aquí examinados no solo permiten estructurar la responsabilidad penal por el delito de homicidio, cometido con arma de fuego, que como se vio, ninguno de los procesados tenía permiso para portar (§ 58), sino también por el delito de hurto. La credibilidad otorgada al testimonio de Mariluz Ramos se proyecta necesariamente en su señalamiento referido a que a la víctima le fueron hurtados un teléfono celular y «casi tres millones de pesos».

La antedicha situación ofrece insumos sobre la motivación de las conductas punibles, ligada al dinero que los procesados previamente habían apostado y que perdieron. Aunque la defensa asegura que no se probó que la víctima portara dicha suma en ese momento, Mariluz Ramos ofreció una explicación razonada, al diferenciar el dinero que su esposo le dio a guardar a José Albeiro Orozco, que este último confirmó, con uno adicional con el que salió de su casa y que había ganado apostando semanas antes.

Ahora bien, acorde con lo expuesto en su momento (§ 57), la prueba indiciaria no solo exige valorar en conjunto los hechos probados, sino también descartar de manera razonada las eventuales hipótesis alternativas. En este caso, la defensa de los procesados planteó la posibilidad de que otra persona u otras personas, distintas a los acusados, hubieran sido quienes cometieron el homicidio mediante disparo de arma de fuego y el posterior hurto de las pertenencias de la víctima.

Lo anterior se sustenta en que, los testigos de descargo, José Orlando Mejía Mejía (propietario del billar) y José Yesid Jaramillo Ceballos (vecino del sector donde ocurrió el homicidio), coincidieron en que en el pueblo se «rumoraba» que la víctima «tenía problemas», lo que, según sugirieron, pudo motivar su asesinado. En relación con los acusados, se limitaron a señalar que les constaba que eran unos jóvenes trabajadores del sector.

Mariluz Ramos García también fue clara en señalar que su esposo «tenía problemas». Pero igual que los demás testigos, no dio detalles, aunque sí añadió que por «comentarios» de terceros se enteró que a los procesados les pagaron para asesinarlo. Como se evidencia, el escenario descrito carece de un respaldo probatorio concreto, pues no se sustenta en algún factor objetivo que descarte o ponga en duda los demás elementos de prueba analizados.

Tampoco se muestra sólido el alegato de la defensa en la impugnación especial, según el cual, «terceras personas» ejecutaron los hechos por «ajuste de cuentas» y los aquí procesados «tuvieron que huir» del lugar para salvaguardar sus vidas. Lo anterior no significó más que una afirmación en el curso del proceso, mientras que se probó debidamente que únicamente los acusados se encontraban con la víctima cuando ocurrieron los disparos.

De las pruebas practicadas no se deriva conocimiento directo ni indirecto sobre la eventual presencia de personas ajenas a los procesados, a la víctima y a su esposa en el lugar donde ocurrió el homicidio. Asimismo, las eventuales relaciones interpersonales conflictivas de José Albeiro Orozco no constituyen un elemento idóneo para descartar ni generar duda sobre la participación de los procesados en los hechos acusados.

Por el contrario, al valorar de manera conjunta y relacional las pruebas practicadas en la actuación se muestran plenamente compatibles con la tesis acusatoria. De las pruebas practicadas se deduce razonadamente que entre los acusados existió un acuerdo expreso para atentar contra la vida de la víctima, que comportó una distribución en las labores, y que incluyó el posterior apoderamiento de dinero de la víctima que correspondía, al menos en parte, a las ganancias que obtuvo en las apuestas y que no dejó a guardar en el billar.

Es decir, ratifica la decisión del tribunal pues quedó acreditado, más allá de toda duda, la responsabilidad penal de los procesados por los delitos objeto de acusación.

Examen general del presente asunto

Los procesados José Ferney Sánchez Orozco y Quelmer Humberto Orozco Castro fueron absueltos en primera instancia porque la autoridad judicial consideró que existía duda razonable respecto de su participación en el homicidio de José Albeiro Orozco Ramos con arma de fuego y el posterior hurto de sus pertenencias.

En contraste, el tribunal los condenó por primera vez luego de establecer, con base en prueba indiciaria, que la fiscalía acreditó la responsabilidad penal por los referidos delitos. Esto condujo a que la defensa interpusiera el mecanismo de la impugnación especial, en el que cuestionó el razonamiento de la segunda instancia y reiteró los fundamentos de la primera instancia para absolver.

Al estudiar el caso, la Corte aludió en un inicio al testigo único y su alcance probatorio, así como los elementos que conforman la prueba indiciaria. Posteriormente, analizó el testimonio de Mariluz Ramos García, esposa de la víctima, y evidenció que su credibilidad no fue impugnada en la práctica probatoria y que no existían razones objetivas para desestimar la veracidad de sus señalamientos en contra de los procesados.

Se constató que el análisis individual de los elementos probatorios no conduce a determinar la autoría de las conductas acusadas, dada la ausencia de prueba directa. Pero que su valoración conjunta, conforme a las reglas de la prueba indiciaria, conduce a un grado de convencimiento que supera el estándar de la duda razonable y permite afirmar la responsabilidad penal de los acusados.

La consecuencia de lo anterior es que se confirme la sentencia condenatoria que profirió el tribunal en segunda instancia por las conductas acusadas.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

Primero. CONFIRMAR la sentencia del 31 de enero de 2024 que profirió la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, mediante la cual condenó por primera vez a José Ferney Sánchez Orozco y de Quelmer Humberto Orozco Castro como coautores de los delitos de homicidio, hurto calificado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones.

Segundo. En contra de la presente decisión no proceden recursos.

Tercero. Devuélvase la actuación a la autoridad judicial de origen.

Notifíquese y cúmplase.

CARLOS ROBERTO SOLÓRZANO GARAVITO

Presidente

MYRIAM ÁVILA ROLDÁN

GERARDO BARBOSA CASTILLO

FERNANDO LEÓN BOLAÑOS PALACIOS

GERSON CHAVERRA CASTRO

DIEGO EUGENIO CORREDOR BELTRÁN

JORGE HERNÁN DÍAZ SOTO

HUGO QUINTERO BERNATE

JOSÉ JOAQUÍN URBANO MARTÍNEZ

NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA

Secretaria

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre la sentencia SP426-2026(66519) completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.