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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Penal

Sentencia SP457-2026(55029)

Fecha
20 de mayo de 2026

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SP457-2026(55029)

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Penal

Parte resolutiva

VI. DECISIÓN Primero. Declarar infundada la causal de revisión invocada por el defensor de Miguel Villarreal Archila. Segundo. Devuélvanse las diligencias al despacho judicial de origen. Tercero. Contra esta providencia no procede ningún recurso.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Penal

Sentencia SP457-2026(55029)

20 de mayo de 2026

JOSÉ JOAQUÍN URBANO MARTÍNEZ

Magistrado ponente

SP457-2026

Radicación N° 55.029

Acta N° 162

Bogotá, D. C., veinte (20) de mayo de dos mil veintiséis (2026).

I. OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve la acción de revisión presentada por la defensa de Miguel Villarreal Archila contra la sentencia de segunda instancia emitida el 10 de marzo de 2011 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla.

Mediante esta, el Tribunal confirmó parcialmente la decisión de primera instancia del 8 de septiembre de 2008 proferida por el Juzgado Único Penal del Circuito de esa ciudad. Ratificó la absolución a favor de Villarreal Archila y otros, respecto de los delitos de homicidio y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, ambos agravados.

Y, de otra parte, revocó la absolución en relación con el punible de concierto para delinquir agravado y condenó a Villarreal Archila y otros, a las penas de 100 meses de prisión e inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por igual término de la pena principal y multa de 8.000 SMLMV. Les negó la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria.

II. HECHOS

En agosto de 2002, Miguel Villarreal Archila, alias «Salomón», era miembro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Entre sus funciones estaba la de custodiar el tránsito de la droga por la Costa Atlántica colombiana. Además, intervenía para evitar la incautación de los estupefacientes por parte de la Policía Nacional, gestionaba su devolución y ordenaba matar a quienes informaban a las autoridades sobre los cargamentos.

En ese contexto, Ángel Guillermo León Sánchez y Jairo Martínez Velásquez, conocidos con los alias de chengue y el gordo, quienes traficaban estupefacientes en la Costa Norte de Colombia y colaboraban como informantes de la Segunda Brigada del Ejército Nacional, alertaron a funcionarios del GAULA y de la SIJIN que, el 23 de ese mes y año, llegaría a Barranquilla un cargamento de dos (2) toneladas de cocaína proveniente del sur del país.

Ese día, los agentes del GAULA y de la SIJIN incautaron la droga de manera ilegal. Exigieron a los dueños dinero para devolver una parte y se quedaron con la otra para venderla por su cuenta.

Por estos hechos, asesinaron a Ángel Guillermo León Sánchez y Jairo Martínez Velásquez el 16 de septiembre de 2002. Tres (3) días después apareció el cuerpo de este último. Un año después de los acontecimientos, los policías que participaron en el suceso fueron capturados.

III. ANTECEDENTES PROCESALES

1. El 4 de abril de 2006, la Fiscalía 19 de la Unidad Nacional Antinarcóticos e Interdicción Marítima emitió resolución de acusación contra Miguel Villarreal Archila y otros, por los delitos de concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, ambos agravados -arts. 103 y numerales 2º y 4º del 104, inciso 2º del 340, 376 y el numeral 3º del 384 del Código Penal-. Además, acusó al demandante y dos personas más, por la conducta de homicidio agravado. El 18 de julio de ese año, la decisión quedó ejecutoriada.

2. El 19 de julio de 2007, el Juzgado Único Penal Especializado de Barranquilla absolvió a los procesados. La Fiscalía General de la Nación apeló.

3. El 5 de junio de 2008, la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla decretó la nulidad del fallo de primer grado por falta de motivación.

4. En virtud de esa determinación, el 8 de septiembre de 2008, el Juzgado Único Penal Especializado de Barranquilla absolvió a los procesados. La Fiscalía General de la Nación interpuso el recurso de apelación.

5. El 10 de marzo de 2011, la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla confirmó parcialmente la decisión de primera instancia. Ratificó la absolución a favor de Villarreal Archila y otros, respecto de los delitos de homicidio y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, ambos agravados.

Y, de otra parte, revocó la absolución en relación con el punible de concierto para delinquir agravado por organizar grupos armados al margen de la ley y condenó a Miguel Villarreal Archila y otros, a las penas de 100 meses de prisión e inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por igual término de la pena principal y multa de 8.000 SMLMV. Les negó la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria.

6. El defensor de Amilkar Rafael Barros Gómez presentó casación.

7. El 27 de junio de 2012, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia no casó el fallo de segundo grado. Asimismo, casó parcial y oficiosamente el proveído, porque el Tribunal erró al considerar que la circunstancia de agravación del delito de concierto para delinquir es un motivo genérico de mayor punibilidad para fijar el cuarto de movilidad en el que fijaría la pena.

En consecuencia, condenó como autores del punible mencionado a Miguel Villarreal Archila y otros, a las penas de 82 meses de prisión, inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por igual término de la pena principal y multa de 3500 SMLMV.

8. La defensa de Miguel Villarreal Archila presentó acción de revisión.

IV. FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN

1. El apoderado judicial de Miguel Villarreal Archila demandó la revisión de la sentencia de segunda instancia del 10 de marzo de 2011 emitida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla, de acuerdo con la causal 2ª del artículo 192 de la Ley 906 del 2004 (Sic).

2. Señaló que, el 3 de mayo de 2007, la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida División Ocala profirió la Acusación Formal 5:07-cr-19-oc-10GRJ por dos cargos contra Miguel Villarreal Archila por los delitos de «conspiración para distribuir cinco (5) kilogramos o más, de cocaína». El 2 de abril de 2008, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia emitió concepto favorable. Por esa razón, el 1º de septiembre de esa anualidad, aquel fue extraditado a los Estados Unidos de América.

3. Entre tanto, en el proceso penal 080013107001200600046, el 8 de septiembre de 2008, el Juzgado Único Penal Especializado de Barranquilla absolvió a Villarreal Archila y otros, de los delitos de homicidio, de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y de concierto para delinquir, todos agravados.

Afirmó que la Fiscalía General de la Nación, para acreditar la comisión del delito de concierto para delinquir agravado por parte de su representado, impugnó el proveído y presentó las declaraciones de Villarreal Archila ante el Tribunal de Justicia y Paz, en las que reconoció su función y cargo en las AUC.

4. Mientras tanto, en los Estados Unidos de América, el 15 de mayo de 2009, en la Acusación Formal 5:07-cr-19-oc-10GRJ, Villarreal Archila y A. Brian Albritton, fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Central de Florida, suscribieron un acuerdo de culpabilidad. En este, acordaron que la Fiscalía extranjera lo acusaría por el cargo uno y que sobreseída sobre el cargo dos.

5. Luego, en el país extranjero, en la Acusación Formal 5:07-cr-19-oc-10GRJ, el 22 de julio de 2010, la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida División Ocala condenó a Villarreal Archila a 130 meses de prisión, como autor de «conspiración para distribuir cinco (5) kilogramos o más, de cocaína». Finalmente, las autoridades extranjeras redujeron la condena en 120 meses de prisión.

6. Tiempo después, en Colombia, el 10 de marzo de 2011, la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla revocó la absolución en relación con el punible de concierto para delinquir agravado por organizar grupos armados al margen de la ley y condenó a Miguel Villarreal Archila y otros, a las penas de 100 meses de prisión e inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por igual término de la pena principal y multa de 8.000 SMLMV. En lo demás, confirmó el fallo de primera instancia. Posteriormente, el 27 de junio de 2012, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia modificó las penas en 82 meses de prisión.

7. Manifestó que el Tribunal desconoció la sentencia de la Corte Constitucional SU-110- de 2002 y transgredió la proscripción de doble juzgamiento y la cosa juzgada de su representado, porque lo condenó por una conducta que fue sancionada previamente por los Estados Unidos de América.

Precisó que las autoridades de los dos países condenaron a Villarreal Archila por la conducta de concierto para delinquir agravado, independientemente de su denominación en ambas legislaciones. Ello, al establecer que él era miembro de las AUC y que se concertó con otros, para manejar el narcotráfico de ese grupo criminal.

8. Bajo ese panorama, pidió a la Corte declarar fundada la causal invocada por vulneración del principio de proscripción de doble juzgamiento en favor del sentenciado y, en consecuencia, ordenar la libertad inmediata de Miguel Villarreal Archila.

V. ACTUACIONES DE LA CORTE

1. El 29 de marzo de 2019, la Secretaría de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia repartió el asunto al magistrado que presidía el despacho 005.

2. El 20 de septiembre de 2021, el despacho admitió la demanda de revisión presentada por el defensor de Miguel Villarreal Archila contra la sentencia de segunda instancia emitida el 10 de marzo de 2011 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla.

3. Luego de múltiples contingencias con el enlace del expediente, el 8 de agosto de 2025, la Corte corrió el traslado del artículo 224 de la Ley 600 del 2000.

4. El 12 de noviembre de 2025, la Corte incorporó como prueba el expediente del proceso 0800131070012006004603 contra Miguel Villarreal Archila y otros, por el delito de concierto para delinquir agravado. De otra parte, de oficio requirió al Ministerio de Relaciones Exteriores para que, en el término de diez (10) días siguientes a la notificación de esta decisión, informara si Clemencia Paredes está acreditada como traductora oficial en esa entidad y, en caso afirmativo, remitiera copia del acto administrativo de su nombramiento.

En caso negativo y teniendo en cuenta que las decisiones del expediente están apostilladas por el secretario del Tribunal de los Estados Unidos de América Distrito Medio de Florida, la Sala ordenó a esa entidad designar un traductor oficial para su traducción, en el término de diez (10) días contados a partir de su nombramiento.

5. El 10 de febrero de 2026, la Corte recibió respuesta respecto de la acreditación de Clemencia Paredes como traductora oficial.

6. El 18 de ese mes y este año, la Corporación corrió traslado a las partes para que presentaran sus alegatos de conclusión.

VI. ALEGATOS DE LAS PARTES

A. El Ministerio Público relató los hechos y las actuaciones procesales del proceso penal colombiano 080013107001200600046 seguido contra Miguel Villarreal Archila y otros. Asimismo, hizo lo propio con la Acusación Formal 5:07-cr-19-oc-10GRJ y el acuerdo de culpabilidad firmado por aquel con las autoridades norteamericanas.

En esa medida, indicó que la defensa cumplió con acreditar la identidad del sujeto, ya que las autoridades colombianas y estadounidenses emitieron las sentencias contra Miguel Villarreal Archila identificado con la cédula de ciudadanía N° 91.105.141.

Sin embargo, no ocurrió lo mismo respecto del objeto y la causa. En efecto, Villarreal Archila aceptó su responsabilidad en la Acusación Formal 5:07-cr-19-oc-10GRJ por el delito de «conspiración para distribuir cinco (5) kilogramos o más, de cocaína», al aceptar que, entre el 2002 y el 2006, conspiró con otras personas para ingresar estupefacientes al territorio estadounidense.

Destacó que la participación de aquel quedó establecida como la persona que suministró grandes cantidades de cocaína. La autoridad extranjera indicó que esa sustancia «fue transportada desde Colombia o Venezuela a Haití, a la República Dominicana, México y otros países en los cuales fue vendida a otras personas quienes importaron la cocaína a los Estados Unidos para su distribución final».

Aquellas señalaron que el demandante y otros organizaron el transporte de los cargamentos de cocaína desde ubicaciones que solo él conocía. Además, indicaron que las embarcaciones que utilizaban para transportar las drogas servían para ingresar el dinero proveniente de esas actividades.

No obstante, los hechos descritos por las autoridades colombianas son distintos. La Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla revocó la absolución por el delito de concierto para delinquir agravado por organizar grupos armados al margen de la ley y lo condenó por esa conducta, porque la Fiscalía acreditó que Villarreal Archila era miembro de una organización criminal con vocación de permanencia que ejerció el control territorial en el Atlántico.

Agregó que esa Corporación precisó que, en el desarrollo de las actividades delictivas de las AUC, involucraron a funcionarios de la SIJIN y el GAULA en actos de corrupción. En ese sentido, las autoridades colombianas no analizaron un acuerdo para traficar estupefacientes, sino una asociación criminal compleja dedicada al control territorial en la Costa Atlántica colombiana y al cobro de cuentas. Esas circunstancias no fueron analizadas por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida División Ocala.

Por lo tanto, estimó que los hechos juzgados por las autoridades colombianas y las norteamericanas tienen una fundamentación probatoria y jurídica distinta. No basta con que exista una coincidencia cronológica o la pertenencia a una organización delincuencial para invalidar la soberanía de las autoridades colombianas en la persecución de los delitos que afectaron la seguridad interna.

Consideró que las actividades que el demandante desplegó en Colombia transgredieron la seguridad pública de nuestro país, un bien jurídico que no está tutelado en los Estados Unidos de América y que no guarda relación con el cargo que Villarreal Archila aceptó de «conspiración para distribuir cinco (5) kilogramos o más, de cocaína», el cual tiene un vínculo con la afectación a la salud pública. Por ende, no existe identidad de objeto en los procesos penales seguidos en Colombia y en Norteamérica.

En consecuencia, destacó que no concurren los presupuestos de objeto y de causa en los procesos mencionados, pues mientras las autoridades estadounidenses sancionaron a Villarreal Archila por «conspiración para distribuir cinco (5) kilogramos o más, de cocaína», las autoridades colombianas lo condenaron por pertenecer a una organización criminal con impacto local.

Por ende, pidió a la Corte declarar infundada la causal invocada por el defensor de Miguel Villarreal Archila.

La defensa guardó silencio.

VII. CONSIDERACIONES

A. Competencia

1. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia es competente para conocer de la presente demanda de revisión, de acuerdo con lo establecido en el numeral 2º del artículo 75 de la Ley 600 de 2000, porque está dirigida contra la sentencia emitida por un Tribunal Superior de Distrito Judicial, en este caso, el de Barranquilla.

B. Delimitación del problema jurídico

2. Dado que la demanda fue admitida, la Corte analizará la causal invocada, aunque el defensor haya mencionado la Ley 906 de 2004 y no la Ley 600 del 2000, que rigió el proceso contra Miguel Villarreal Archila. Esto, será con el propósito de verificar si la sentencia censurada, emitida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla, es materialmente injusta.

3. En ese sentido, establecerá si, como lo afirma el apoderado judicial del demandante, la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla desconoció la proscripción de doble juzgamiento de su representado al revocar parcialmente la decisión del 8 de septiembre de 2008 emitida por el Juzgado Único Penal del Circuito de esa ciudad y, en su lugar, condenar a Miguel Villarreal Archila por el delito de concierto para delinquir agravado por organizar grupos armados al margen de la ley. O, si, por el contrario, la sentencia de segunda instancia no transgredió la garantía enunciada.

4. Para resolver ese problema jurídico, la Corte seguirá el siguiente orden argumentativo: 1. Marco teórico; a) Causal 2ª del artículo 220 de la Ley 600 del 2000, b) Garantía de la proscripción de doble juzgamiento, c) Proscripción de doble juzgamiento en extradiciones y d) Cosa juzgada en extradición; 2. Validez de la documentación emitida en el extranjero; 3. Presupuestos que integran la garantía de proscripción de doble juzgamiento en las actuaciones Colombiana y Norteamericana; 4. Caso concreto, y 5. Conclusión.

Marco teórico

Causal 2ª del artículo 220 de la Ley 600 del 2000

5. El demandante podrá invocar esa causal en los casos en que una autoridad haya dictado sentencia condenatoria o que imponga medida de seguridad, en proceso que no podía iniciarse o proseguirse por prescripción de la acción, por falta de querella o petición válidamente formulada, o por cualquier otra causal de extinción de la acción penal.

Aquel deberá indicar cuál de las hipótesis de las mencionadas aplica al caso y explicar cómo se configuró el supuesto. Además, debe aportar los documentos que sustenten su manifestación. En cuanto al último presupuesto, puede alegar la vulneración de la proscripción de doble juzgamiento, ya que esa garantía implica la imposibilidad de iniciar o proseguir procesos por conductas punibles que fueron previamente sancionadas.

Garantía de proscripción de doble juzgamiento

6. El artículo 29 de la Constitución Política, establece el debido proceso como el conjunto de garantías que buscan proteger los derechos de las personas involucradas en una actuación judicial o administrativa. Entre esas prerrogativas está que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho.

Por su parte, el artículo 8º del Código Penal, dispone la prohibición de doble incriminación, según la cual a nadie se le podrá imputar más de una vez la misma conducta, cualquiera sea la denominación jurídica que se le dé o haya dado, salvo lo establecido en los instrumentos internacionales.

De otro lado, el artículo 19 de la Ley 600 del 2000, señala que la persona cuya situación jurídica haya sido definida por sentencia ejecutoriada o por providencia que tenga la misma fuerza vinculante, no será sometida a una nueva actuación por la misma conducta, aunque a ésta se le dé una denominación jurídica distinta.

De manera que las normas transcritas imponen a las autoridades el deber de salvaguardar el principio de la proscripción de doble juzgamiento y el respeto de la cosa juzgada en el desarrollo del proceso penal.

7. Sobre la garantía mencionada, la Corte Constitucional en la sentencia C-434 de 2013 precisó que ese presupuesto tiene dos facetas en el ordenamiento jurídico colombiano: i) la subjetiva como un derecho fundamental que se relaciona con los principios de seguridad jurídica y de justicia material, ya que impide que las personas condenadas por un delito puedan ser sometidas a un nuevo juzgamiento por parte de las autoridades judiciales y ii) la objetiva en cuanto a que el legislador no permite que un sujeto activo sea procesado y sancionado ante la misma jurisdicción en más de una ocasión por idénticos sucesos.

8. En esa línea, el 26 de marzo de 2007, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia enunció cinco características fundamentales de esa garantía: i) nadie puede ser investigado o perseguido dos o más veces por el mismo hecho, por uno igual o por diferentes funcionarios, ii) de una circunstancia no se pueden extractar dos o más consecuencias en contra del procesado o condenado, iii) ejecutoriada la sentencia respecto de una persona, ésta no puede ser juzgada de nuevo por el mismo hecho que dio lugar al primer fallo.

Asimismo, iv) una vez las autoridades han impuesto a una persona la sanción correspondiente por la comisión de una conducta punible, no se le puede volver a sancionar el mismo comportamiento y, finalmente, v) nadie puede ser perseguido, investigado, juzgado ni sancionado pluralmente por un hecho que en estricto sentido es único.

Posteriormente, esta Corporación en el proveído CSJ SP, 24 de noviembre de 2010, rad. 34482, sostuvo que el principio de la proscripción de doble juzgamiento tiene tres presupuestos: i) identidad de sujeto activo; ii) igualdad naturalística de los hechos; y iii) existencia de dos o más sentencias por los mismos sucesos.

9. En ese orden, la Corte considera que la garantía de proscripción de doble juzgamiento es transgredida en los casos en que concurren los supuestos mencionados. Por lo tanto, esa vulneración impide que el Estado inicie o continúe con la facultad de investigar y sancionar a la persona.

De la proscripción de doble juzgamiento en extradición

10. La Sala advierte que el artículo 527 de la Ley 600 del 2000 estableció que no habrá lugar a la extradición en los casos en los cuales por los mismos hechos la persona cuya entrega se solicita, haya sido o esté siendo juzgada en Colombia. Sin embargo, la Corte Constitucional en sentencia C-760 de 2004 declaró inexequible ese articulado por vicios de forma.

Independientemente de la falta de regulación expresa en materia extradicional, la Sala de Casación Penal ha determinado que la garantía de proscripción de doble juzgamiento está regulada en las normas rectoras de la Ley 600 del 2000, la Constitución Política, el Código Penal y los tratados internacionales como garantía fundamental al debido proceso.

11. Anteriormente, la Sala de Casación Penal consideró que, de acuerdo con el artículo 522 de la Ley 600 del 2000 y otras normas, el Gobierno Nacional debía analizar la proscripción de doble juzgamiento. Sin embargo, a partir del concepto del 19 de febrero de 2009, rad. 30374, la Corporación determinó que debía analizar ese presupuesto en los casos en que la persona solicitada tuviera sentencia en Colombia por los mismos hechos que motivaron el requerimiento internacional.

En esa decisión, la Corte precisó que, dada su competencia, debe determinar en el concepto si la solicitud de extradición cumple los requisitos de procedencia. Por lo tanto, debe analizar la existencia de la cosa juzgada o de la proscripción de doble juzgamiento, con independencia de la facultad del Gobierno Nacional para extraditar a una persona.

12. En ese contexto, en los casos en que el Gobierno Nacional renuncia al juzgamiento del requerido de acuerdo con la legislación penal nacional, la garantía de proscripción de doble juzgamiento conlleva la imposibilidad de iniciar procesos que sobre los mismos hechos y en contra de las mismas personas las autoridades colombianas pudiesen adelantar.

En ese orden, si de forma previa a la solicitud de extradición, el requerido ha sido juzgado, el pedido internacional es improcedente y la ejecución de la pena debe hacerse de manera imperativa con prevalencia sobre la solicitud del Estado requirente.

Por lo tanto, concluyó que «para el examen de esta causal de improcedencia ha de determinarse que para el momento en que se haga el requerimiento del país extranjero ya debió haberse ejercido jurisdicción a través del proferimiento de sentencia condenatoria y que para dichos efectos debe entenderse por requerimiento del Estado solicitante cualquier manifestación que por las vías diplomáticas se exprese en interés de obtener la efectividad del mecanismo, vr.gr. la solicitud de captura con fines de extradición».

13. Bajo ese panorama, la Corte debe emitir concepto desfavorable si: i) previo a recibirse la solicitud de captura con fines de extradición en Colombia existe decisión en firme, con carácter de cosa juzgada, por los mismos hechos que fundamentan el pedido internacional, ii) son decisiones de cesación de procedimiento, de preclusión de la investigación y de sentencia absolutoria que adquirieron firmeza antes de emitir concepto la Corte, ya que en esos eventos se ejerció la jurisdicción nacional.

Y, finalmente, iii) en los casos en que la sentencia condenatoria colombiana quedó ejecutoriada antes de la emisión del concepto, con base en que el procesado se sometió a la justicia nacional.

De la cosa juzgada en extradiciones

14. La Sala de Casación Penal, en los proveídos CSJ CP088 – 2014; CSJ CP, 3 de febrero de 2010, Rad. 32770 y CSJ CP, 6 May. 2009, Rad. 30373, entre otros, estableció que la ley reconoce la cosa juzgada como un atributo de las sentencias declaradas en firme, que las torna inmutables en aras de la garantía de la seguridad jurídica.

Mediante ella, se declara cerrado el caso y se generan efectos jurídicos de obligatorio cumplimiento, entre los que están, el efecto negativo de la cosa juzgada, que impide que respecto de la misma persona pueda dictarse una sentencia por los mismos hechos por los cuales ya fue condenado.

Esa prohibición, incluye el principio de la proscripción de doble juzgamiento, que está previsto dentro del derecho al debido proceso regulado en el artículo 29 de la Constitución Política.

15. En materia de extradición, la cosa juzgada aplica en los casos en que: i) la persona contra la cual se adelantó el proceso sea la misma que es requerida en la solicitud internacional, ii) el hecho objeto de juzgamiento sea el mismo que motivó la solicitud de extradición y iii) exista sentencia en firme o providencia que tenga igual fuerza vinculante.

En los demás asuntos, en que no se ha iniciado el proceso o se inició, pero no ha concluido, o la persona solicitada no es la misma, o en los casos en que no existe correspondencia entre los hechos de la extradición y los de la decisión en firme, el Gobierno Nacional tiene libertad para tomar la decisión que considere más acertada, de acuerdo con los criterios de conveniencia nacional y cooperación internacional.

Validez de la documentación emitida en el extranjero

16. La Sala considera que el defensor del demandante adjuntó la documentación del proceso extranjero, de acuerdo con el requisito previsto en el artículo 251 del Código General del Proceso. Lo anterior, porque Clemencia Paredes, traductora oficial según la Resolución No. 6694 del 14 de diciembre de 1978 del Ministerio de Justicia y del Derecho, realizó la traducción de dichos documentos. En consecuencia, la Corte determina que aquellos resultan aptos para el análisis de la causal invocada.

17. Así las cosas, la Sala enunciará los requisitos de la garantía de proscripción de doble juzgamiento el proceso penal colombiano 08001310700120060004600 y en la Acusación Formal 5:07-cr-19-oc-10GRJ. Luego, analizará esos aspectos para determinar si la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla transgredió dicha prerrogativa.

De los presupuestos que integran la garantía de proscripción de doble juzgamiento en el proceso penal colombiano 0800131070012006004603 y en el Norteamericano 5:07-cr-19-oc-10GRJ

Presupuestos

Proceso Penal Colombiano 0800131070012006004603

Proceso Penal Norteamericano 5:07-cr-19-oc-10GRJ

Identidad del sujeto

En la Resolución de Acusación: Miguel Villarreal Archila, alias «Salomón», identificado con la cédula de ciudadanía No. 91.105.141.

En la sentencia de primera instancia:

El mismo nombre con la cédula de ciudadanía No. 91.101.141.

En las sentencias de segunda instancia y casación:

Las autoridades retomaron la información de la acusación.

En la Acusación foránea y en el concepto de extradición:

Miguel Villarreal Archila, alias «Salomón», identificado con la cédula de ciudadanía No. 91.105.141.

Igualdad naturalística de los hechos

En agosto de 2002, Miguel Villarreal Archila, alias «Salomón» es «señalado de ser el encargado de los asuntos de narcotráfico de las AUC, grupo ilegal que le suministraba apoyo militar. Su labor era custodiar el paso de la droga ilícita por la Costa Atlántica, siendo custodiado por alias «Chang» identificado en la investigación como Manuel Enrique Torregorsa Castro.

Miguel Villarreal Archila tenía la capacidad de mediar cuando se producía la incautación de la sustancia por parte de la Policía, propendía por su devolución y cobraba venganza si se identificaba a quien delataba el cargamento.

La función principal del condenado era «garantizar el paso exitoso de la cocaína por la costa» y aquel fue miembro de una «organización delincuencial dedicada a múltiples delitos que van desde el tráfico de estupefacientes, el sicariato, el cobro de cuentas, integrada por ex funcionarios de la Policía Nacional y que tenían contactos dentro de la misma institución».

En la Acusación extranjera:

Entre el 2002 y abril de 2007, Villarreal Archila abasteció a Amilcar Barrios Gómez y a otros con cantidades de cocaína en kilogramos, que se transportaron y se pasaron de contrabando a Haití, a los Estados Unidos de América y a otros países procedentes de Colombia y Venezuela por los integrantes de la organización, por medio de naves marítimas comerciales.

La Base fáctica del acuerdo de culpabilidad que fundamentó la sentencia:

Entre el 2002 y mayo de 2006, Villarreal Archila suministró grandes cantidades de cocaína a traficantes de la región. La sustancia fue transportada en embarcaciones desde Colombia o Venezuela a Haití, a la República Dominicana, a México y otros países en los cuales fue vendida a otras personas quienes importaron la cocaína a los Estados Unidos para la distribución final.

Aquel era el único que conocía el sitio donde estaba la droga. Desde finales del 2002 hasta agosto de 2003, Villarreal Archila suministró a un tercero 500, 94 y 300 kilogramos de cocaína, que fueron transportados en barcos desde Colombia hacia Haití.

Existencia de dos o más sentencias por los mismos sucesos

El 10 de marzo de 2011, la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla revocó la absolución de primera instancia respecto del delito de concierto para delinquir con fines de organizar grupos armados por fuera de la ley.

En consecuencia, condenó a Villarreal Archila a las penas de 100 meses de prisión e inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por igual término de la pena principal y multa de 8.000 SMLMV.

En virtud de ese acuerdo de culpabilidad suscrito entre el demandante y A. Brian Albritton, fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Central de Florida, las partes acordaron que la Fiscalía extranjera lo acusara por el cargo uno y que sobreseída sobre el cargo dos.

El 22 de julio de 2010, la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida División Ocala condenó a Villarreal Archila a 130 meses de prisión, como autor de «conspiración para distribuir cinco (5) kilogramos o más, de cocaína».

Caso concreto

18. Puestas así las cosas, la Corte analizará si el proceso 08001310700120060004600 y la Acusación Formal 5:07-cr-19-oc-10GRJ tienen: i) identidad de sujeto activo; ii) igualdad naturalística de los hechos; y iii) existencia de dos o más sentencias por los mismos sucesos. Ello, con el propósito de determinar si la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla transgredió la garantía de proscripción de doble juzgamiento.

19. Respecto de la identidad de sujeto, la Corporación verificó el expediente del proceso colombiano y encontró que la Fiscalía 19 de la Unidad Nacional Antinarcóticos e Interdicción Marítima acusó a Miguel Villarreal Archila identificado con la cédula de ciudadanía No. 91.105.141, de los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, de homicidio y de concierto para delinquir, todos agravados.

El Juzgado Único Penal del Circuito de Barranquilla en la sentencia, del 8 de septiembre de 2008, lo individualizó con ese nombre y con el número de identificación No. 91.101.141. Por su parte, la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla no hizo ninguna manifestación al respecto en la sentencia de segunda instancia.

En ese contexto, en principio existiría un error en el cupo de identificación del demandante. Sin embargo, por medio del oficio 1087 del 14 de marzo de 2011, el Tribunal comunicó al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y al Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), la orden de captura emitida contra «Miguel Villarreal Archila, identificado con la cédula de ciudadanía No. 91.105.141 de El Socorro, por el delito de concierto para delinquir agravado».

Finalmente, el 5 de julio de 2012, la Secretaría de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia comunicó al demandante la determinación tomada en sede de casación.

20. Por su parte, la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida División Ocala profirió la Acusación Formal 5:07-cr-19-oc-10GRJ por dos cargos contra Miguel Villarreal Archila con la cédula de ciudadanía No. 91.105.141.

El 2 de abril de 2008, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en el concepto de extradición 28.504, determinó que el «Gobierno de los Estados Unidos informó en su petición que el requerido se llama Miguel Villarreal Archila, ciudadano colombiano nacido el 20 de abril 1967 y se identifica con la cédula de ciudadanía No. 91.105.141, datos que corresponden a quien permanece privado de la libertad con fines de extradición, sin que hayan sido cuestionados por él ni por la defensa en ninguna oportunidad».

Adicionalmente, aquél suscribió el acuerdo de culpabilidad con la Fiscalía de ese país y, en virtud de ese convenio, el 26 de julio de 2010, la Corporación mencionada emitió sentencia en su contra.

21. En ese orden, la Sala advierte que existe identidad de sujeto en el proceso colombiano y en el norteamericano. Esto se debe a que las autoridades judiciales de ambos países acusaron y condenaron a Miguel Villarreal Archila identificado con la cédula de ciudadanía No. 91.105.141. Incluso, en ambos procesos lo identificaron por el alias de «Salomón».

22. En cuanto a la igualdad naturalística de los hechos, la Sala restringirá el análisis al punible de concierto para delinquir agravado en el proceso penal colombiano. Ello, porque tanto el Juzgado Único Penal Especializado y la Sala Penal del Tribunal Superior, ambos de Barranquilla, absolvieron a Villarreal Archila de las conductas de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y de homicidio, ambos agravados.

23. En ese orden, la Corte advierte que la Fiscalía 19 de la Unidad Nacional Antinarcóticos e Interdicción Marítima acusó a Miguel Villarreal Archila por el delito de «concierto para delinquir en organización de grupos armados al margen de la ley». Ello, porque en agosto de 2002, aquel era el encargado de asegurar el paso de los estupefacientes por la Costa Atlántica colombiana y coordinar el cobro de cuentas de las AUC.

En esa línea, el Tribunal determinó, con base en los testigos, que el demandante y otros pertenecían a una organización delincuencial dedicada a cometer toda clase de delitos para atentar contra la seguridad pública. Aquellos identificaron a sus integrantes con sus nombres completos y alias, así como sus direcciones de residencias y las funciones que cumplían dentro de la banda criminal.

En ese orden, la Corporación concluyó la existencia de una organización delictiva dispuesta a cometer cualquier punible para cumplir sus objetivos previamente fijados, como era despojar a terceros de grandes cantidades de droga y exigir dinero a cambio de su devolución.

24. Por su parte, la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida División Ocala acusó a Miguel Villarreal Archila de dos cargos por el delito de «conspiración para distribuir cinco (5) kilogramos o más, de cocaína», punible que está protegido dentro del bien jurídico de la salud pública. En el concepto de extradición del 2 de abril de 2008, la Corte, en el acápite del principio de la doble incriminación, determinó que los cargos uno y dos de la Acusación Formal 5:07-cr-19-oc-10GRJ, guardaban correspondencia con el delito de «concierto para delinquir con fines de tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas», descrito en el inciso 2º del artículo 340 del Código Penal.

Lo anterior, en atención a lo descrito en la acusación extranjera según la cual, desde 2002 o alrededor de esa época hasta abril de 2007 o alrededor de esa época, en el Distrito Medio de Florida, Miguel Villarreal Archila se concertó con otros para suministrar cocaína.

25. Acorde con el acuerdo de culpabilidad y la posterior sentencia norteamericana, los hechos por los que fue juzgado ocurrieron entre el año 2002 y comienzo de 2006. Durante ese periodo, Villarreal Archila suministró grandes cantidades de cocaína a traficantes, desde lugares que solo él conocía. Luego, aquellos transportaron la droga en embarcaciones desde nuestro país o Venezuela, a Haití, a la República Dominicana, a México y a otros países, donde la vendieron a otras personas quienes la introdujeron a los Estados Unidos de América como destino final.

Así, las autoridades extranjeras lo juzgaron porque, entre finales de 2002 hasta agosto de 2003, el demandante suministró a un traficante 500, 94 y 300 kilogramos de cocaína, que fueron transportados en barcos desde Colombia hacia Haití.

26. Bajo ese panorama, la Sala considera que los hechos por los cuales fue condenado Villarreal Archila en Colombia y en los Estados Unidos de América, son diferentes por las siguientes razones: i) el marco temporal no coincide, pues en Colombia los hechos se limitaron agosto de 2002, mientras que Norteamérica abarcaron desde el 2002 hasta comienzos de 2006; ii) el demandante desempeñó funciones diversas: en los hechos relacionados con el proceso penal colombiano Villarreal Archila se encargó de custodiar el transporte de la droga en el territorio interno y de ofrecer dinero a la Policía Nacional para facilitar su traslado, en tanto, las autoridades norteamericanas lo condenaron por suministrar cocaína a traficantes de la región, específicamente 500, 94 y 300 kilogramos de esa sustancia.

Asimismo, iii) las conductas sancionadas son diferentes: en nuestro país, el Tribunal lo condenó por concierto para delinquir con fines de organizar grupos armados al margen de la ley; en cambio, las autoridades extranjeras lo condenaron por «conspiración para distribuir cinco (5) kilogramos o más, de cocaína» -conducta equivalente al concierto para delinquir con fines de tráfico de estupefacientes-; iv) los bienes jurídicos protegidos son disimiles; el Tribunal condenó al demandante por atentar contra el bien jurídico de la seguridad pública, entre tanto, las autoridades estadounidenses lo condenaron por afectar la salud pública de esa nación.

27. De manera que, la Sala considera insatisfecho el presupuesto de la igualdad naturalística de los hechos en las actuaciones censuradas.

28. Finalmente, respecto del presupuesto de la existencia de dos o más sentencias por los mismos sucesos, la Sala advierte que ese requisito tampoco se cumple. Como ya se explicó, la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida División Ocala y la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla condenaron a Miguel Villarreal Archila por hechos ocurridos en momentos y contextos diferentes.

Por un lado, la autoridad extranjera lo condenó por vender cocaína entre el 2002 hasta el 2006 a traficantes de la región. Por otro, el Tribunal lo condenó porque la Fiscalía acreditó que, en agosto de 2002, el demandante era miembro de una organización criminal dedicada a cometer toda clase de delitos, entre ellos custodiar el transporte de drogas en nuestro país.

29. En esa medida, la Corte considera que el defensor de Miguel Villarreal Archila no acreditó que la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla haya transgredido la garantía de proscripción de doble juzgamiento. Aunque existe identidad en el sujeto, no sucede igual respecto de los hechos y la sentencia. Por ello, la Corporación deberá declarar infundada la causal invocada.

Conclusión

30. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia concluye que el defensor de Miguel Villarreal Archila no acreditó que la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla, en el proceso 08001310700120060004600, haya transgredido la proscripción de doble juzgamiento.

VI. DECISIÓN

Primero. Declarar infundada la causal de revisión invocada por el defensor de Miguel Villarreal Archila.

Segundo. Devuélvanse las diligencias al despacho judicial de origen.

Tercero. Contra esta providencia no procede ningún recurso.

Notifíquese y cúmplase.

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