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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Penal

Sentencia SP534-2026(44508)

Año
2026

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SP534-2026(44508)

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Penal

Parte resolutiva

RESUELVE Primero. Declarar fundada la causal tercera de revisión del artículo 220 de la Ley 600 de 2000. Segundo. Dejar sin efecto la Resolución del 13 de febrero de 2006 proferida por la Fiscalía 12 Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá y la Resolución del 20 de enero de 2004 proferida por la Fiscalía 53 Especializada de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, inclusive, que resolvieron precluir la investigación a favor de Álvaro Hernán Velandia Hurtado, Julio Roberto Ortega Araque, Luis Guillermo Hernández González y Mauricio Angarita en este asunto. Tercero. Remitir el expediente a la Fiscalía General de la Nación para lo de su cargo a fin de que se continúe con la etapa de la causa. Cuarto. Contra la presente decisión no procede recurso alguno.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Penal

Sentencia SP534-2026(44508)

MYRIAM ÁVILA ROLDÁN

Magistrada ponente

SP534-2026

Radicación n.º 44508

CUI: 11001020400020140179500

Aprobado acta n° 189

Bogotá, D.C., diez (10) de junio de dos mil veintiséis 2026.

I. OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala profiere sentencia dentro del trámite de revisión propuesto, mediante apoderada, por Doria Yanette Bautista Montañez contra la Resolución del 13 de febrero de 2006, a través de la cual la Fiscalía 12 Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá confirmó la decisión del 20 de enero de 2004, adoptada por la Fiscalía 53 Especializada de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Esta última decisión precluyó la investigación a favor de Álvaro Hernán Velandia Hurtado, Julio Roberto Ortega Araque, Luis Guillermo Hernández González y Mauricio Angarita por el delito de homicidio agravado en perjuicio de Nydia Erika Bautista.

II. HECHOS

1.- Según varios testigos, el 30 de agosto de 1987, en la ciudad de Bogotá, cerca de su vivienda, Nydia Erika Bautista de Arellana fue obligada por varios hombres a abordar un vehículo automotor tipo campero, marca Suzuki, del que un testigo alcanzó a tomar la placa.

2.- Trece días después, el 12 de septiembre de 1987, en el municipio de Guayabetal (Cundinamarca), fue hallado el cadáver de una mujer, de aproximadamente 35 años, que presentaba notorios y múltiples signos de tortura y que evidenciaba que su muerte fue causada por un proyectil de arma de fuego que penetró el hueso occipital izquierdo de su cabeza. Ese cuerpo fue inhumado como N.N. en el cementerio de ese municipio.

3.- A inicios de 1990, los familiares de Nydia Erika Bautista de Arellana tuvieron conocimiento de que una mujer no identificada, que compartía varias características con ella, había sido enterrada años atrás en el municipio de Guayabetal (Cundinamarca). Luego de adelantar varias gestiones, lograron que la División de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación realizara la exhumación del cadáver. En la diligencia, que se llevó a cabo el 26 de julio de 1990, Doria Yanette Bautista Montañez identificó la ropa, el bolso y un pendiente de su hermana. El 11 de septiembre de ese mismo año, los médicos forenses confirmaron que, efectivamente, los restos correspondían a Nydia Erika Bautista. Las conclusiones de ese dictamen fueron ratificadas años más tarde, el 4 de diciembre de 2002, por el laboratorio de genética del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía. Los restos de la víctima fueron entregados a la familia en enero de 2003.

III. ANTECEDENTES PROCESALES RELEVANTES

4.- El 2 de septiembre de 1987, Publio Alfonso Bautista Sarmiento, padre de la víctima, interpuso denuncia penal ante el Juzgado 45 de Instrucción Criminal de Bogotá.

5.- De manera paralela, el 12 de septiembre de 1987, en el marco del levantamiento del cadáver encontrado en el municipio de Guayabetal, en la vía Bogotá–Villavicencio (Meta), se remitieron las diligencias al Juzgado Promiscuo de Guayabetal (Cundinamarca), que a su vez las envió por competencia al Juzgado 118 de Instrucción Criminal de Cáqueza (Cundinamarca) para que adelantara la investigación correspondiente. Este último despacho, el 18 de diciembre de 1987, asignó al Cuerpo Técnico de Policía Judicial la labor de plena identificación del cuerpo.

6.- El 26 de julio de 1990, la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación dispuso la exhumación de los restos óseos, lo que permitió establecer, posteriormente y con certeza, que correspondían a Nydia Erika Bautista.

7.- El 21 de febrero de 1995, la Fiscalía 3 Seccional de Bogotá asumió el conocimiento de la indagación que adelantaba el Juzgado 118 de Instrucción Criminal de Cáqueza. Posteriormente, ordenó la apertura de instrucción donde vinculó, mediante indagatoria, al entonces coronel Álvaro Velandia Hurtado y dispuso la acumulación de otras investigaciones adelantadas por los homicidios de Luis Enrique Prieto, Bertil Prieto Carvajal, José Alfredo Ávila y otros, así como las relacionadas con la muerte de Nydia Érika Bautista.

8.- Mediante Resolución n.º 0196 del 25 de septiembre de 1995, la Fiscalía 53 Especializada de la Unidad Nacional de Derechos Humanos avocó conocimiento del asunto. Ese despacho, el 22 de julio de 1996, dispuso la vinculación mediante indagatoria del suboficial retirado del Ejército Nacional Julio Roberto Ortega Araque y de los suboficiales activos del Ejército Nacional Luis Guillermo Hernández González y Mauricio Angarita. Estas diligencias se adelantaron los días 2, 5, y 8 de agosto de 1996, respectivamente.

9.- Los días 12 y 20 de agosto de 1996, la Fiscalía resolvió, entre otros, decretar la prescripción de la acción penal por los delitos de secuestro y tortura a favor de Julio Roberto Ortega Araque, Mauricio Angarita y Luis Guillermo Hernández González. Sin embargo, les impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva por el homicidio de Nydia Erika Bautista.

10.- Por su parte, el 25 de julio de 1995, el Juzgado Primero de Instrucción Penal Militar de Bogotá dispuso, de oficio, adelantar diligencias preliminares por el homicidio de Nydia Erika Bautista. En ese marco, ordenó escuchar en versión libre al entonces coronel Álvaro Velandia Hurtado y vincular al sargento Julio Roberto Ortega Araque.

11.- Dado que la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía estaba adelantando la misma investigación (supra párr. 8 y 9), el Comandante de la extinta Brigada XX de Santafé de Bogotá, como juez de primera instancia, reclamó para sí la competencia de investigar y juzgar a los cuatro miembros de la fuerza pública que esa unidad sindicaba como autores del delito de homicidio.

12.- El 26 de septiembre de 1996, la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación no accedió a la solicitud del comandante de la extinta Brigada XX de Santafé de Bogotá. En consecuencia, las actuaciones fueron remitidas a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura para que dirimiera el conflicto positivo de competencia suscitado entre la jurisdicción ordinaria y la justicia penal militar.

13.- El 14 de noviembre de 1996, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura resolvió el conflicto y asignó la investigación de los hechos al Juzgado Segundo de Instrucción Penal Militar de Bogotá.

14.- Dirimido el conflicto, el Juzgado Segundo de Instrucción Penal Militar de Bogotá asumió el conocimiento del proceso y, el 27 de agosto de 1997, practicó diligencia de indagatoria a Álvaro Hernán Velandia Hurtado. El 9 de septiembre de ese año, ese juzgado ordenó su vinculación formal al proceso, pero se abstuvo de imponer medida cautelar alguna. Adicionalmente, respecto de Velandia Hurtado, decretó la prescripción de la acción penal en relación con las conductas de tortura y secuestro.

15.- La Corte Constitucional, mediante la sentencia CC C-358 de 1997, fijó el alcance del término «en relación con el servicio» establecido en el artículo 221 de la Constitución, a partir del cual precisó los parámetros que deben tenerse en cuenta para determinar la procedencia del fuero militar. El 26 de agosto de 1997, con base en las reglas definidas por la Corte Constitucional en la decisión citada, Doria Yanette Bautista Montañez formuló una solicitud al juez penal militar de conocimiento encaminada a que el proceso se remitiera nuevamente a la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación, pues, al tratarse de una grave violación a los derechos humanos y ante la ausencia de relación entre la conducta y el servicio prestado por los miembros de la fuerza pública vinculados, la competencia para adelantar la investigación debía estar en cabeza de la justicia ordinaria.

16.- Al no obtener una respuesta positiva, Doria Yanette Bautista Montañez interpuso una acción de tutela. El asunto fue seleccionado por la Corte Constitucional que, mediante sentencia CC T-806 de 2000, ordenó a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura la emisión de una nueva providencia que atendiera los parámetros constitucionales en relación con el fuero militar y los actos del servicio. En cumplimiento de lo anterior, la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura emitió el auto del 21 de julio del año 2000, mediante el cual asignó la competencia del asunto a la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía General de la Nación.

17.- En consecuencia, el proceso fue asumido nuevamente por la Fiscalía 53 de esa Unidad. El 15 de febrero del 2001, esa Fiscalía adelantó la segunda exhumación de los restos. A través de una prueba de análisis genético de ADN se demostró que, ciertamente, los restos correspondían a Nydia Erika Bautista.

18.- El 20 de enero de 2004, la Fiscalía 53 Especializada adscrita a la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario profirió resolución de preclusión de la investigación adelantada en contra de (i) Álvaro Hernán Velandia Hurtado, (ii) Julio Roberto Ortega Araque, (iii) Luis Guillermo Hernández González y (iv) Mauricio Angarita, por el delito de homicidio agravado.

19.- En términos generales, la resolución de preclusión se adoptó, entre otras, con base en la siguiente argumentación:

19.1.- Es cierto que en el expediente existía una prueba que acreditaba que, el 22 de febrero de 1991, un sargento de la XX Brigada de Inteligencia y Contrainteligencia del Ejército, Bernardo Alfonso Garzón Garzón, declaró ante el jefe de la División de Investigaciones Especiales que: (i) en efecto, miembros de esa Brigada habían secuestrado a Nydia Erika Bautista; (ii) que ello había ocurrido por orden del superior jerárquico, el entonces coronel Álvaro Velandia Hurtado; (iii) que el también entonces sargento Julio Roberto Ortega Araque había conducido el jeep con el que se había secuestrado a Nydia Erika Bautista y, por último, (iv) que la habían tenido secuestrada durante dos días en una granja antes de trasladarla a Quebradablanca, en la vía al Llano, donde fue finalmente asesinada.

19.2.- Sin embargo, esta declaración no puede ser tenida como una prueba suficiente o creíble. De un lado, porque lo dicho por el sargento de la XX Brigada de Inteligencia y Contrainteligencia del Ejército, Bernardo Alfonso Garzón Garzón, fue objeto de una posterior retractación de su parte. De otro lado, porque, en criterio de la Fiscalía, pudo ser fruto del «posible resentimiento [de Garzón Garzón] contra la institución castrense».

20.- El representante del Ministerio Público y la apoderada de la parte civil presentaron recurso de apelación en contra de esta decisión.

21.- El 13 de febrero de 2006, la Fiscalía 12 Delegada ante el Tribunal de Bogotá confirmó en su integridad la decisión de preclusión dictada a favor de los militares vinculados. Al respecto, justificó la decisión confirmatoria con base en los siguientes planteamientos:

21.1.- De un lado, señaló que, analizado el testimonio de Bernardo Alfonso Garzón Garzón, no resulta totalmente digno de crédito dado que contiene «inconsistencias, contradicciones e inexactitudes», lo que hace que surjan dudas sobre su valor probatorio, las cuales, en aplicación de la presunción de inocencia, se deben resolver a favor de los procesados.

21.2.- Al igual que la decisión de primera instancia, estimó que no puede atribuírsele plena certeza al testimonio de Garzón Garzón porque este se retractó de lo dicho y porque, en cualquier caso, puede asumirse que formuló las primeras acusaciones contra los militares simplemente con el fin de evadir la justicia y como una retaliación contra el Ejército Nacional.

IV. LA DEMANDA

22.- Doria Yanette Bautista Montañez, por intermedio de apoderada, presentó acción de revisión contra las resoluciones mediante las cuales se precluyó la investigación a favor de Álvaro Hernán Velandia Hurtado, Julio Roberto Ortega Araque, Luis Guillermo Hernández González y Mauricio Angarita por el homicidio de Nydia Erika Bautista, con fundamento en la causal tercera del artículo 220 de la Ley 600 de 2000, esto es, cuando «después de la sentencia condenatoria aparezcan hechos nuevos o surjan pruebas, no conocidas al tiempo de los debates, que establezcan la inocencia del condenado, o su inimputabilidad».

23.- Con el fin de acreditar la configuración de la causal invocada, refirió la existencia de hechos nuevos que permiten señalar que, efectivamente, el testigo Bernardo Alfonso Garzón Garzón tuvo la oportunidad de conocer la información que inicialmente dio y de la que luego se retractó. En concreto, se refirió a las declaraciones de Hernando Forero Camargo y Marco Benito Benavides del 23 de abril de 2008; del mayor Oscar William Vásquez Rodríguez, recibida el 24 siguiente; de Carlos Armando Mejía Lobo, recibida el 28 del mismo mes; y la de Raúl Benoit, del 10 de junio de ese año, rendidas en la Fiscalía 4.ª Delegada ante la Corte Suprema de Justicia dentro del radicado PI9755.

24.- Señaló que, con base en esos testimonios, inexistentes a la fecha en que se tomaron las decisiones de preclusión, se puede determinar precisamente la pertenencia de Garzón Garzón a redes ilegales de inteligencia del Ejército Nacional y que el declarante ostentaba un trato de especial confianza y de incidencia con los altos mandos de las fuerzas militares durante el período de la consumación del delito que le permitían dar cuenta de lo ocurrido.

25.- Adicionalmente, sostuvo que a partir de allí se pueden explicar las razones de la retractación de Bernardo Alfonso Garzón Garzón. Afirmó que el testigo sufría las «presiones del Ejército Nacional» y temores por la falta de protección. En específico, argumentó que esto se puede inferir del análisis de las declaraciones referidas dadas por Raúl Benoit (supra párr. 23), quien señaló que los militares Óscar Botero, Álvaro Velandia Hurtado y Gustavo Gerena lo citaron por separado y en diferentes periodos de tiempo, para que les informara el paradero de Garzón Garzón y lo convenciera de que «se retractara y callara».

26.- También mencionó la visita de un oficial del Ejército [presuntamente «el coronel Bernardo Ruiz Silva»] a Garzón Garzón en la cárcel de Palmira, donde se encontraba privado de la libertad, y que, justamente, poco tiempo después, el testigo se retractara, señalando este hecho como particularmente sospechoso. En un sentido similar, invoca la afirmación dada por Garzón Garzón a Raúl Benoit respecto a que «sus superiores lo estaban poniendo como carne de cañón».

27.- Por otro lado, señaló los aspectos que revelan que el crimen fue ejecutado por un aparato de poder integrado por el Ejército Nacional y el grupo criminal Muerte a Secuestradores (MAS). Fundamentó su afirmación en las declaraciones de José del Carmen Cuesta Novoa, Raúl Benoit, Pablo Elías González Monguí, Guillermo Marín y la indagatoria de María Nelly Parra Bueno, las cuales fueron recepcionadas dentro de diversas actuaciones penales posteriores.

28.- Adicionalmente, la demanda hizo referencia a la existencia de un pronunciamiento internacional y varios internos que constatan el incumplimiento del Estado colombiano al deber de investigar seriamente la tortura y homicidio de Nydia Erika Bautista. Al respecto, refirió el dictamen aprobado el 27 de octubre de 1995, Comunicación n.º 563 del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y las sentencias n.º 2009-0352 del Juzgado 51 Penal del Circuito de Bogotá; n.º 2001-0204 del Juzgado 4 Penal del Circuito Especializado de la misma ciudad, confirmada en segunda instancia, así como la Resolución de acusación proferida contra Guillermo Marín Martínez.

29.- En particular, sobre el dictamen aprobado el 27 de octubre de 1995, Comunicación n.º 563 del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas precisa que este determinó la violación por parte del Estado de los párrafos 1 y 7 del artículo 6 y del párrafo 1 del artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos e «insta (…) al Estado parte a que acelere los procedimientos penales que permitan perseguir sin demora y llevar ante los tribunales a las personas responsables del secuestro, la tortura y la muerte de Nydia Erika Bautista».

V. TRÁMITE DE REVISIÓN ANTE LA CORTE

30.- El 5 de octubre de 2016, mediante providencia AP6843-2016, radicación n.º 44508, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia inadmitió la demanda de revisión al considerar que Doria Yanette Bautista Montañez no acreditó plenamente haber sido reconocida como sujeto procesal dentro de la actuación penal.

31.- Contra esa determinación, la accionante interpuso recurso de reposición. Argumentó que su legitimación se podía acreditar analizando su participación e intervenciones dentro del proceso penal, pues sus actos allí dan cuenta materialmente de su calidad de víctima y de su insistencia por conocer la verdad de los hechos y obtener justicia.

32.- El 23 de noviembre de 2017, mediante Auto AP7846-2017, radicación 44508, la Corte le dio la razón a la recurrente. En consecuencia, repuso el auto y decidió admitir la presente acción de revisión. La Sala fundó su decisión en dos argumentos:

32.1.- De un lado, reconsideró su decisión inicial luego de advertir que, de acuerdo con el artículo 221 de la Ley 600 de 2000, la recurrente es titular de la acción de revisión en tanto sujeto procesal con interés jurídico dentro del proceso penal donde se produjo la decisión cuya revisión pretende. Específicamente, constató que «Doria Yanneth (sic) Bautista Montañez sí tiene calidad de víctima», pues se acreditó que la Fiscalía, mediante auto del 30 de agosto de 2013, la había reconocido como parte civil, para la búsqueda de la verdad y justicia. Dijo la Corte:

«La pretensión de Doria Yanneth (sic) Bautista Montañez no es otra que participar en la actuación penal, con el fin de obtener la verdad en punto de la tortura y homicidio de su hermana, esto es, conocer las circunstancias de tiempo, modo y lugar y, de contera, que no quede en la impunidad. Motivación que se ha hecho evidente desde que la Fiscalía le rechazó la demanda de parte civil y que no la limitó para seguir interviniendo en el proceso como víctima, además de aportar en esta ocasión el auto que la admite como parte civil.»

32.2.- De otro lado, la Corte tuvo en cuenta especialmente que la accionante había aportado el Dictamen aprobado el 27 de octubre de 1995, Comunicación n.º 563 del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

32.2.1.- La Corte constató que en esa decisión internacional se concluyó que «dimana una violación, por el Estado parte, de los párrafos 1 y 7 del artículo 6 y del párrafo 1 del artículo 9 del Pacto» en relación con el deber de investigar seria e imparcialmente los hechos relacionados con desaparición, tortura y muerte de Nydia Érika Bautista.

32.2.2.- Así, luego de analizar la manera en que las decisiones de órganos internacionales que declararon la responsabilidad del Estado colombiano se empezaron a tener en cuenta, en el marco de la Ley 600 de 2000, por vía de jurisprudencia (CC C-004 de 2003; CSJ SP, 11 de marzo de 2009, rad. 30510; CSJ AP, 18 de diciembre de 2013, Rad. 42625) como una causal específica de revisión, la Sala dijo: «Esto constituye razón suficiente, en este momento, para que la Sala admita la demanda de revisión» contra la Resolución del 13 de febrero de 2006, proferida por la Fiscalía Especializada de la Unidad Nacional de Derechos Humanos.

33.- En las fechas 27 de noviembre de 2017, 9 y 21 de febrero y 30 de abril de 2018, se realizó la notificación personal del auto que admitió la demanda a Álvaro Hernán Velandia Hurtado, Julio Roberto Ortega Araque, Antonio Erik Arellana Bautista [parte civil no demandante], Andrea Solangie Torres Bautista [apoderada de la accionante] y a Mauricio Angarita.

34.- Debido a dificultades en la notificación personal de Luis Guillermo Hernández González, el 29 de octubre de 2018, se llevaron a cabo diligencias tendientes a su ubicación, hasta que el 21 de febrero de 2019, Hernández González otorgó poder especial a Miguel Enrique Bayona Rodríguez para que lo representara. En ese sentido, el 23 de septiembre de 2019, se dejó constancia que certifica la notificación de este sujeto procesal por conducta concluyente.

35.- El 23 de octubre de 2019, empezó a correr el término de traslado a las partes para solicitud de pruebas dentro del trámite de acción de revisión, término que culminó el 14 de noviembre de ese mismo año.

36.- Mediante el auto del 29 de abril de 2020, la Sala resolvió, en primer lugar, negar la incorporación de pruebas solicitadas por los demandados y la apoderada de las víctimas. En resumen, la Sala dijo lo siguiente:

36.1.- Al referirse a la incorporación de piezas procesales pertenecientes a la actuación cuya revisión se pretende, determinó que no resultaban admisibles por “innecesaria[s] o redundante[s]”, debido a que ya obran en el presente trámite.

36.2.- En igual sentido, negó la práctica de varios testimonios solicitados por los demandantes y la apoderada de las víctimas, pues también obran en el proceso penal. Específicamente, sobre el requerimiento del defensor de Mauricio Angarita para escuchar la versión de este; la de Julio Roberto Ortega Araque y Álvaro Velandia Hurtado; los testimonios de Bernardo Alonso Garzón Garzón -también solicitado por los apoderados de Hernández González y Velandia Hurtado-; y, de Doria Janneth Bautista Montañez y Raúl Benoit -pedidos directamente por Ortega Araque-, en razón de que todos fueron recaudados varias veces en el proceso penal.

36.3.- Siguiendo las solicitudes del apoderado de Mauricio Angarita, también le fueron denegados: (a) la aducción de los antecedentes penales de su defendido, por innecesarios y no guardar relación con la causal 3.ª del artículo 220 de la Ley 600 de 2000; (b) la información y copia íntegra del expediente “Orfeo: 2018340160400028E a cargo de la Jurisdicción Especial para la Paz [JEP]” y la actuación que lo originó, además de (c) la decisión del 14 de noviembre de 2014, proferida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), dentro del caso Rodríguez Vera y otros. Estos dos últimos, por abarcar situaciones no orientadas a determinar si las labores instructivas adelantadas por las jurisdicciones ordinaria o penal militar no condujeron a la impunidad de este caso particular.

36.4.- La misma suerte corrió la incorporación del dictamen pericial psicológico “ANÁLISIS DE CONTENIDO DE LAS DECLARACIONES”, elaborado por Juliana del Mar Delgado Barrera; el informe de “INTELIGENCIA MILITAR” del coronel retirado Jaime Joaquín Ariza Girón; de la “CARTILLA CONFERENCIAS M-19”; así como la petición de escuchar a Delgado Barrera y Ariza Girón, con las cuales pretende impugnar la credibilidad del testigo Bernardo Alonso Garzón Garzón y demostrar que a Nydia Erika Bautista de Arellana, según el solicitante, por ser informante del Ejército, le fue aplicada la pena de muerte como retaliación del grupo guerrillero al que pertenecía.

36.4.1- En términos generales, frente a este grupo de pruebas solicitadas, la negativa obedeció a dos razones. De un lado, a «la inaceptable forma de ilustrar o brindar elementos a la Corte para adoptar una decisión frente al caso concreto, más aún cuando ostenta ser el máximo Tribunal de la Jurisdicción Ordinaria y órgano de cierre, y conoce el derecho aplicable». Y, de otro lado, «porque las solicitudes de prueba deben resultar acordes con la causal invocada (…) sin que pueda revivirse la instrucción a través de este mecanismo excepcional». Al respecto, precisó que no se aceptaban estas pruebas, pues no se trata «de comprobar la responsabilidad o inocencia de los procesados, pues este último punto solo resultaría procedente en el curso de las instancias siempre y cuando la acción prosperara y se ordenara rehacer la actuación».

36.5.- Finalmente, desestimó la incorporación de unas notas periodísticas publicadas en el diario El Tiempo, relacionadas con la apertura de la investigación contra el comunicador Raúl Benoit y la declaración de Bernardo Alonso Garzón Garzón a Noticias Caracol -igualmente pedidas por la defensa de Velandia Hurtado-, en tanto persisten en confrontar el compromiso penal de los implicados.

37.- No obstante, la Sala accedió a recaudar el trámite que cursó en la Oficina de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación -con ocasión del secuestro, homicidio y tortura de la víctima-, porque se echaban de menos algunas piezas de esa actuación disciplinaria y no era claro si se trató del examen sancionatorio por el caso de Nydia Érika Bautista de Arellana o del que cursó por la desaparición de Amparo Tordecilla.

38.- También accedió al decreto del medio de prueba documental relacionado en los siguientes numerales del auto de decreto probatorio:

(i) 1.1.4 y 2.1.2.6: Copia de la declaración rendida por Bernardo Garzón Garzón del 15 de septiembre de 2009, «que hace con un memorial dirigido al Fiscal 51 Especializado de la Unidad de Derechos Humanos»;

(ii) 2.1.2.7 y 4.1.1.6: Copia de la declaración rendida por Bernardo Garzón Garzón el 17 de julio de 2014 y el 1.º de junio de 2015 ante el Juzgado Sexto Penal del Circuito Especializado de Bogotá»;

(iii) 2.1.4: Declaración de Edilma Trejos Gaspar –exesposa de Bernardo Alonso Garzón Garzón- del 17 de diciembre de 2009 ante la Delegada del ente acusador n.º Cincuenta y Uno de la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario);

(iv) 2.1.5: Testimonio de Leonor Azcarate Bolaños, esposa de Bernardo Alonso Garzón Garzón, rendido en el Juzgado Sexto Penal del Circuito Especializado de Bogotá;

(v) 2.1.15: Declaraciones de Ligia Stella Lobo Mejía y William Mejía Duque, del 14 de agosto de 2009, ante la Fiscalía Primera Especializada de Manizales, quienes, en contravía con lo manifestado por Garzón Garzón, refirieron que el teniente Carlos Armando Mejía Duque no tuvo participación en el secuestro de Guillermo Marín como en la muerte de Irma Franco y de Nydia Érika Bautista;

(vi) 2.1.16: Testimonio de José del Carmen Cuesta Novoa del 20 de junio de 2008 ante la «Fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia»;

(vii) 2.1.18: Exposición de Raúl Alfonso Benoit Sánchez, del 9 de junio de 2008, en el Consulado General de Colombia en Miami;

(viii) 3.2.4: Declaración rendida por José del Carmen Cuesta Novoa, el 20 de junio de 2008, ante la Fiscalía Cuarta Delegada ante la Corte Suprema de Justicia; y

(ix) 5.1.1: Además, las siguientes pruebas documentales:

«1. Constancia del 23 de abril de 2014 mediante la cual la Fiscalía 23 de Derechos Humanos y DIH certifica la autenticidad de las siguientes copias allegadas a la presente Acción de Revisión como pruebas nuevas:

Copia auténtica de la Declaración de Marco Benito Benavides, del 23 de abril de 2008, rendida ante la Fiscalía 4.ª Delegada ante la Corte Suprema de Justicia. Radicado PI9755

Copia auténtica de la Declaración del Mayor Oscar William Vásquez Rodríguez, del 24 de abril de 2008, rendida ante la Fiscalía 4 Delegada ante la Corte Suprema de Justicia. Radicado PI9755

Copia auténtica de la Declaración de Carlos Armando Mejía Lobo, del 28 de abril de 2008, rendida ante la Fiscalía 4.ª Delegada ante la Corte Suprema de Justicia. Radicado PI9755.

Copia auténtica de la Declaración de Raúl Benoit, del 10 y 11 de junio de 2008, rendida ante la Fiscalía 4 Delegada ante la Corte Suprema de Justicia. Radicado PI9755 (diligencia en audio).

Copia auténtica de la Declaración de Pablo Elias González Monguí, del 3 de julio de 2008, rendida ante la Fiscalía 4.ª Delegada ante la Corte Suprema de Justicia. Radicado PI9755

Declaración de Guillermo Marín, del 25 de febrero de 2009, rendida ante Fiscalía 11 Especializada de Derechos Humanos y DIH, Radicado 052.

Continuación Diligencia de Declaración juramentada de GUILLERMO ANTONIO MARIN del 25 de abril de 2008 rendida ante la Fiscalía once Especializada adscrita a la Unidad de Derechos Humanos y DIH

Diligencia de denuncia de JOSE DEL CARMEN CUESTA rendida ante la Fiscalía el 10 de mayo de 2007

Diligencia de Declaración de JOSE DEL CARMEN CUESTA rendida ante la Fiscalía 59 Seccional el 16 de agosto de 2007

Diligencia de Declaración de JOSE DEL CARMEN CUESTA rendida ante la Fiscalía 253 Seccional el 14 de julio de 2011

Declaración de Raúl Benoit, del 10 y 11 de junio de 2008, rendida ante Fiscalía 4 Delegada ante la Corte Suprema de Justicia. Radicado PI9755 (diligencia en audio).

Diligencia de Declaración de MARIA NELLY PARRA BUENO rendida ante la Oficina de Investigaciones Especiales de la Procuraduría Seccional el 14 de julio de 2011

Diligencia de indagatoria de MARIA NELLY PARRA BUENO rendida ante un fiscal delegado adscrito a la Unidad de Derechos Humanos

Copia auténtica de la SENTENCIA, emitida por el Juzgado 51 Penal del Circuito de BOGOTÁ – Causa No. 2009-0352 - Caso Palacio de Justicia vs. General Iván Ramírez Quintero, Diciembre 15 de 2011

Copia auténtica de la SENTENCIA CONDENATORIA emanada del Juzgado 4.º Penal del Circuito Especializado de Bogotá, 02-01-03. Rad. 2001 0204.

Copia auténtica de la SENTENCIA CONDENATORIA emanada del TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ - Radicado 2001 0204 02, del 21 de enero de 2004. Apelación fallo condenatorio, confirma fallo. Contra los oficiales y suboficiales de la XX Brigada: Mario Raúl Rodríguez, Guillermo Marín Rojas, Héctor Hidalgo Cabrera Peña, Wilson Doneys Berón. Caso de desaparición forzada de Amparo Tordecilla.

Copia auténtica de la SENTENCIA CONDENATORIA contra el general Jesús Armando Arias Cabrales, 28 de abril de 2011, emanada del Juzgado 51 Penal del Circuito, Causa No. 2009-0203.

Copia auténtica de la RESOLUCIÓN DE ACUSACIÓN de 12 de marzo de 2010, emanada de la Fiscalía 51, Unidad de Derechos Humanos y DIH, Caso desaparición forzada GUILLERMO MARÍN MARTÍNEZ.

2. Certificación del 22 de agosto de 2014, mediante la cual la Fiscalía 23 de Derechos Humanos y DIH da fe de la autenticidad de las siguientes Declaraciones:

Copia auténtica de la Declaración de Hernando Forero Camargo, del 23 de abril de 2008, rendida ante la Fiscalía 4a. Delegada ante la Corte Suprema de Justicia. Radicado PI9755.

Copia auténtica de la Declaración de JAIME CORDOBA TRIVIÑO, del 04 de junio de 2008, rendida ante la Fiscalía 4a. Delegada ante la Corte Suprema de Justicia. Radicado PI9755.

3. Informe de Policía Judicial 857636, contentivo de Análisis de Contexto del Sumario 011. Víctima: Nydia Erika Bautista

Informe gráfico, Análisis de Contexto del Sumario 011. Víctima: Nydia Erika Bautista

Informe del Comité de Derechos Humanos» [Sic]

39.- En dicho auto, la Sala indicó que la incorporación de las pruebas mencionadas se ordena «como quiera que la parte demandante pretende acreditar el incumplimiento de las obligaciones a cargo del Estado colombiano de investigar seria e imparcialmente las violaciones de derechos humanos -DDHH- o infracciones graves al Derecho Internacional Humanitario -DIH-, según sugirió el dictamen del 27 de octubre de 1995 -comunicación No. 563 del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas-.»

40.- Contra el auto del 29 de abril de 2020, por cuyo medio fueron resueltas las solicitudes probatorias, interpusieron recurso de reposición: el BG (R) Álvaro Velandia Hurtado, Mauricio Angarita, sus apoderados, y los suboficiales (R) Luis Guillermo Hernández González -con representación judicial- y Julio Roberto Ortega Araque -este último de manera directa-. Mediante decisión AP2956 de 2020 del 4 de noviembre de 2020, la Corte resolvió no reponer la decisión atacada.

41.- Luego, el 19 de febrero de 2021, se concedió el traslado del artículo 225 de la Ley 600 de 2000, para que las partes presentaran sus alegaciones.

VI. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Álvaro Hernán Velandia Hurtado

42.- Luego de describir la naturaleza, el objeto y el alcance de la acción de revisión, estableció un mapa temático de las razones de hecho y de derecho en su favor, calificando el testimonio de Bernardo Alfonso Garzón Garzón como un testigo de «oídas». Esta prueba, según su criterio, fue analizada por la Fiscalía en etapas previas para decretar así la preclusión de la investigación.

43.- Argumentó que los presupuestos de la causal 3.ª del artículo 220 de la Ley 600 de 2000 no se cumplen, ya que, en su criterio, las pruebas y hechos que se presentan como novedosos carecen de la carga necesaria para demostrar un error de tal gravedad que amerite acceder a las pretensiones de la demanda.

44.- En ese contexto, afirmó que desvirtuar los supuestos fácticos que llevaron a adoptar la decisión cuya revisión se pretende analizar solo es posible mediante una sentencia debidamente ejecutoriada, no por meras suposiciones o cambios de criterio de alguno de los declarantes. Esto solo sería posible cuando, después de un exhaustivo debate probatorio, se determine a través de una decisión judicial que se ha incurrido en un falso testimonio. De lo contrario, se atentaría contra la seguridad jurídica, al poder cambiar aspectos por el arbitrio de una persona.

45.- Por último, solicitó no tener en cuenta las decisiones de la Procuraduría General de la Nación adoptadas en su contra e incorporadas a este expediente, pues, en últimas, estas no contienen temas materia de debate ni de interés jurídico para el presente asunto.

46.- Así, pidió entonces que se declare infundada la acción de revisión y se mantengan en firme las decisiones de preclusión proferidas a su favor.

Julio Roberto Ortega Araque

47.- Cuestionó la imparcialidad del trámite de revisión. Específicamente, criticó la falta de neutralidad durante el período probatorio y refutó la pertinencia, la necesidad y la utilidad de las pruebas ordenadas, pues, en su criterio, esos aspectos no quedaron claros frente a la acreditación de la causal por la cual se admitió el presente recurso.

48.- Adicionalmente, afirmó que los principios de «igualdad de armas» y de «neutralidad probatoria», en este trámite, reflejan un desequilibrio que se evidencia en la disparidad frente a la admisión de pruebas solicitadas por la parte demandante y la parte demandada.

49.- Enunció que, mientras que se decretaron diecinueve pruebas para la parte demandante, solo se decretaron dos pruebas documentales para él, y esa situación lo deja en una posición desventajosa. Aunado a lo anterior, sostuvo que, al no contar con los mismos elementos de persuasión y convicción, se genera una desigualdad notoria dentro del proceso de revisión.

50.- Por último, indica que el derecho penal en Colombia investiga el acto en sí mismo, por lo que no se le puede señalar como responsable debido a su calidad de militar para la época en que ocurrieron los hechos. En ese sentido, cuestionó la legitimidad de la actuación en caso de que eventualmente se reabra el proceso.

Representación del Ministerio Público

51.- Por su parte, la Procuradora Tercera Delegada para la Casación Penal realizó un recuento de los hechos, los antecedentes procesales y los argumentos que dieron origen a la presente actuación. Posteriormente, se refirió a la acción de revisión, su finalidad y procedencia, para luego señalar que, en este caso, la orden de revisión resulta necesaria por cuanto se cumplen los requisitos de admisión de la causal invocada.

52.- Indicó que, en este asunto, se encuentran dados los presupuestos de la causal 3.ª del artículo 220 de la Ley 600 de 2000, debido a que se cuenta con el Dictamen No. 563 del 27 de octubre de 1995 del Comité de Derechos Humanos. Esta decisión internacional formalmente constató el incumplimiento de las obligaciones del Estado de investigar de manera seria e imparcial el secuestro, la tortura y la posterior muerte de Nydia Erika Bautista.

53.- A partir de lo anterior, consideró que se estaba frente a una violación de derechos humanos por parte del Estado, por lo que solicitó que se permitiera investigar diligentemente a los posibles responsables de esas violaciones para obtener verdad y así imponerles la debida sanción, por medio de la reapertura del proceso objeto de revisión.

54.- Como argumento de soporte, mencionó las decisiones internas dadas sobre el caso. En concreto, refirió el fallo disciplinario emitido el 5 de julio de 1995 por la misma Procuraduría General de la Nación que destituyó al entonces brigadier Álvaro Hernán Velandia por la violación de derechos humanos en relación con la muerte de Nydia Erika Bautista y la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca del 22 de junio de 1995 que indemnizó a la familia de la víctima al considerar al Estado responsable de su desaparición y posterior muerte.

55.- Específicamente, examinó la decisión de preclusión adoptada por la Fiscalía en la que se sugirió que la autoría del crimen radicó en cabeza del M-19, señalando el déficit investigativo y una clara contradicción con las pruebas allegadas a este proceso. Específicamente, cuestiona que se hubiera desestimado tan ligeramente el testimonio de Garzón Garzón sin analizar ni verificar las condiciones en que se produjo, ni contrastarlo con las posibles circunstancias que motivaron la retractación de su relato inicial.

56.- En ese orden, concluyó que se cumple con la causal invocada, por lo que requirió que se revoquen las decisiones de preclusión de la investigación y se inicie el trámite correspondiente a partir del momento procesal que indique la Corte.

La parte demandante

57.- La apoderada judicial de la accionante reiteró los fundamentos expuestos en la demanda y realizó un recuento de los hechos acaecidos en contra de la vida de Nydia Erika Bautista y de los argumentos esgrimidos en toda la demanda de revisión.

58.- Destacó el objeto de la acción de revisión y señaló el incumplimiento del Estado colombiano de sus obligaciones internacionales respecto de sus deberes de investigación y sanción de responsables frente a las violaciones sufridas por Nydia Erika Bautista.

59.- Subrayó la importancia de las pruebas y hechos nuevos alegados en la demanda que no tuvieron oportunidad de ser considerados dentro del proceso, cuyo déficit investigativo devino en la resolución de preclusión que ahora se pide que se revise. Al respecto, insiste en que, más allá de controvertir la responsabilidad penal de los procesados, busca que se superen las fallas que condujeron a una decisión que perpetúa un escenario de impunidad frente a los hechos ocurridos.

60.- Explicó, entonces, que la causal admitida ciertamente se configura por la existencia de pronunciamientos judiciales tanto internos como internacionales que declararon el flagrante incumplimiento del deber de investigar seriamente y sancionar los hechos que rodearon la muerte de Nydia Erika Bautista en tanto reconocida violación de derechos humanos.

61.- Insistió en la trascendencia de la información contenida en el informe de Policía Judicial Número 857636 del 18 de junio de 2014 en la medida en que identificó a las personas posiblemente implicadas en el hecho investigado, que no son otras sino aquellas respecto de las cuales la Fiscalía decretó la preclusión a favor.

62.- Con base en lo anterior, solicitó que se deje sin efecto la Resolución del 13 de febrero de 2006 a través de la cual la Fiscalía 12 Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá confirmó la decisión del 20 de enero de 2004, adoptada por la Fiscalía 53 Especializada de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.

Del Auto CDG08-128 de 2025 emitido por la JEP

63.- El pasado 28 de mayo de 2025, la magistrada Catalina Díaz Gómez, de la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la Jurisdicción Especial para la Paz, mediante el Auto CDG08-128, remitió esta Corporación versiones voluntarias practicadas e informes recaudados en el marco del Caso 06, «Victimización de miembros de la Unión Patriótica por parte de agentes estatales», y del Caso 08, «Crímenes cometidos por miembros de la fuerza pública, otros agentes del Estado, o en asociación con grupos paramilitares, o terceros civiles, por causa, con ocasión, o en relación directa o indirecta con el conflicto armado colombiano», con información que podría ser relevante para este caso (206 folios).

64.- De acuerdo con lo señalado en el Auto CDG08-128, «tanto en los informes como en las versiones practicadas, se ha hecho referencia a la ejecución extrajudicial, desaparición forzada, tortura y violencia sexual cometida contra Nydia Érika Bautista, el 30 de agosto de 1987». En concreto, el auto hace referencia específica a:

64.1.- Las versiones voluntarias rendidas por José Leonairo Dorado Gaviria (15, 16 y 17 de octubre de 2024) y Bernardo Alfonso Garzón Garzón (23 de febrero de 2021, 10 y 11 de febrero de 2025), rendidas ante la Sala de Reconocimiento.

64.2.- El informe denominado «BINCI y Brigada XX: el rol de inteligencia militar en los crímenes de Estado y la construcción del enemigo interno (1977–1998)», que describe las circunstancias, entre muchas otras, en que se habría producido la detención, tortura, desaparición y muerte de Nydia Érika Bautista.

65.- Posteriormente, el 28 de agosto de 2025, dando alcance al Auto CDG08-128, la magistrada Catalina Díaz Gómez, de la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la Jurisdicción Especial para la Paz, remitió nueva información, con destino a este expediente, así:

65.1.- Oficio con fecha del 11 de agosto de 2025 suscrito por el abogado Alberto Méndez Cruz, representante del señor Héctor Hidalgo Cabrera Peña, donde solicita protección a su poderdante, con ocasión de intimidaciones recibidas como consecuencia de los aportes dados a la JEP, relacionados, entre otros, con este caso (anexo 1, 2 folios).

65.2.- Acta de reunión sostenida entre el abogado Alberto Méndez Cruz, el compareciente Héctor Hidalgo Cabrera Peña e integrantes del despacho de la magistrada Catalina Díaz, en la que informa acerca de una reunión sostenida con los involucrados en este proceso, Mauricio Angarita y Luis Guillermo Hernández, quienes le pidieron que se retractara de las declaraciones que ha venido dando como aporte a la verdad, relacionadas, entre otros, con este caso (anexo 2, 2 folios).

65.3.- Copia de la denuncia realizada por el señor Héctor Hidalgo Cabrera Peña ante la Fiscalía General de la Nación por las presuntas amenazas contra su vida provenientes de los involucrados, Mauricio Angarita y Luis Guillermo Hernández, en la acción de revisión de la referencia (anexo 3, 8 folios).

66.- Por haber sido allegados por fuera del término probatorio, ninguno de los documentos mencionados en este apartado (supra párr. 63-65) será tenido en cuenta por la Sala para efectos de determinar la configuración de la causal por la cual fue admitida esta acción de revisión.

VII. CONSIDERACIONES

Competencia

67.- De acuerdo con el artículo 75 de la Ley 600 de 2000, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia es competente para resolver de fondo la presente demanda de revisión, porque está dirigida en contra de la Resolución del 13 de febrero de 2006, mediante la cual la Fiscalía 12 Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá confirmó la decisión del 20 de enero de 2004, de la Fiscalía 53 Especializada de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Esa decisión resolvió precluir la investigación a favor de Álvaro Hernán Velandia Hurtado, Julio Roberto Ortega Araque, Luis Guillermo Hernández González y Mauricio Angarita, por el delito de homicidio agravado.

Planteamiento del problema jurídico y estructura de la decisión

68.- Mediante el auto AP7846-2017, al amparo de la causal tercera del artículo 220 de la Ley 600 de 2000, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia decidió admitir la demanda de revisión presentada en contra de la resolución de preclusión de la investigación del 13 de febrero de 2006, proferida por la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá.

68.1.- Específicamente, en el Auto AP7846-2017, esta Sala, luego de reconocer la legitimidad de la parte recurrente para interponer este recurso extraordinario, fundó la decisión de admitirlo en la existencia y aporte del Dictamen aprobado el 27 de octubre de 1995, Comunicación n.º 563 del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (cfr. supra párr. 32.2)

68.2.- En concreto, esta decisión declaró que el Estado colombiano violó sus obligaciones internacionales en relación con el deber de investigar seria e imparcialmente los hechos relacionados con la desaparición, tortura y muerte de Nydia Érika Bautista (cfr. supra párr. 32.2.1 y ss).

69.- Corresponde entonces a la Sala determinar (i) si, efectivamente, el Dictamen n.º 563 del 27 de octubre de 1995 del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas es una decisión internacional que satisface las exigencias de la causal de revisión invocada de acuerdo a los términos definidos por la jurisprudencia constitucional y la jurisprudencia de esta Sala y, como consecuencia de ello, (ii) si es posible dejar sin efecto la preclusión de la investigación dispuesta en la decisión accionada a favor de Álvaro Hernán Velandia Hurtado, Julio Roberto Ortega Araque, Luis Guillermo Hernández González y Mauricio Angarita, por el delito de homicidio agravado.

70.- Para resolver este interrogante, la Corte se referirá a los siguientes temas: en primer lugar, recordará el alcance de la causal por la cual se admitió este asunto en el régimen de la Ley 600 de 2000. En segundo lugar, frente a lo anterior, precisará el valor de los dictámenes del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas respecto de la causal referida. En tercer lugar, analizará las circunstancias particulares del caso concreto y, con base en lo anterior, formulará las respectivas conclusiones.

Análisis de la causal 3.ª del artículo 220 de la Ley 600 de 2000

71.- La seguridad jurídica es un valor fundamental y, por ende, una aspiración legítima de todo sistema legal. Bajo esta premisa, toda decisión judicial de carácter penal que alcanza firmeza queda investida de la doble presunción de legalidad y acierto y, en tanto cosa juzgada, resulta, en principio, inmutable.

72.- Sin embargo, la acción de revisión es un mecanismo excepcional que permite remover la inmutabilidad de la res iudicata de aquel fallo que, por no satisfacer los estándares de la justicia, contraviene la Constitución y la ley (i.e. CSJ SP4198-2019, Rad. 49222).

73.- En el régimen legal de la Ley 600 de 2000, el numeral 3.º del artículo 220 —como ya lo hacían en su momento el Decreto 050 de 1987 (artículo 231.3) y luego el Decreto 2700 de 1991 (artículo 232.3)— instituyó la posibilidad de revisar las decisiones penales definitivas «[c]uando después de la sentencia condenatoria aparezcan hechos nuevos o surjan pruebas, no conocidas al tiempo de los debates, que establezcan la inocencia del condenado, o su inimputabilidad».

74.- Específicamente, por «hecho nuevo», esta Corporación ha entendido todo acontecimiento vinculado al hecho punible materia del proceso, del cual no se tuvo conocimiento en ninguna de las etapas de la actuación judicial y que, por lo tanto, no pudo ser considerado ni controvertido. Ahora, como «prueba nueva», se ha tenido aquel dispositivo probatorio no incorporado al proceso, que apareció después, que da cuenta de un hecho desconocido, o de una variante sustancial de un hecho conocido en las instancias procesales, cuyo aporte conduce a modificar sustancialmente la conclusión a la que se llegó (CSJ AP, 27 de marzo de 2000, Rad. 15.822, reiterado en CSJ AP5417–2015).

75.- Con base en lo anterior, esta Sala ha señalado que, para la procedencia de esta causal de revisión, es necesario acreditar: (i) que se está frente a hechos o pruebas nuevas no conocidas al tiempo de los debates; (ii) tratándose de pruebas nuevas, que el accionante no haya tenido conocimiento de su existencia, o que teniéndola, no haya estado en condiciones de aportarlas; (iii) que los hechos o pruebas nuevas informen de acaecimientos o sucesos fácticos vinculados con la conducta punible objeto de juzgamiento y (iv) que esos hechos o pruebas nuevas tengan la virtualidad de desplazar o poner en duda la verdad declarada en las decisiones que serían objeto de revisión, bien porque conducen a establecer la inocencia del condenado, o porque permiten afirmar su inimputabilidad (i.e. CSJ AP2586-2024, 15, mar.2024, rad. 64097).

76.- En otras palabras, para demostrar la configuración de la causal invocada, es indispensable contar con una situación fáctica o probatoria novedosa que tenga la capacidad e idoneidad para desvirtuar el fundamento con el que se tomó la decisión que se pretende modificar o, cuando menos, para poner en entredicho la declaración de justicia con la que culminó la controversia procesal (CSJ AP1568-2015, 25 mar. 2015, rad. 44524).

77.- La exequibilidad del numeral 3.º del artículo 220 de la Ley 600 de 2000 fue analizada por la Corte Constitucional, en la sentencia C-004 de 2003. Allí, se declaró que esta disposición se ajustaba a la Constitución, pero siempre y cuando se entendiera que la acción de revisión por esta causal también procede en tres eventos puntuales: frente a decisiones de (i) preclusión de la investigación; (ii) cesación de procedimiento y (iii) sentencias absolutorias.

78.- Al respecto, la Corte Constitucional explicó que no permitir la revisión en estos tres tipos de decisiones mencionadas constituiría una restricción «desproporcionada frente a los derechos de las víctimas, cuando se trata de la impunidad de violaciones a los derechos humanos e infracciones graves al derecho internacional humanitario. En esos eventos, los derechos de las víctimas no solo autorizan, sino que exigen una limitación al non bis in ídem, a fin de permitir la reapertura de esas investigaciones, si surge un hecho o prueba nueva no conocida al tiempo de los debates procesales».

79.- Para justificar este planteamiento, la Corte Constitucional manifestó lo siguiente:

«La impunidad de las violaciones a los derechos humanos y al derecho humanitario es más grave cuando el Estado ha incumplido en forma protuberante con sus deberes de investigar y sancionar seriamente esos delitos. En esos eventos, la preponderancia de los derechos de las víctimas y de la búsqueda de un orden justo sobre la seguridad jurídica y el non bis in ídem es aún más evidente, por las siguientes dos razones: De un lado, para las víctimas y los perjudicados por una violación a los derechos humanos, la situación resulta aún más intolerable, pues su dignidad humana es vulnerada en cierta medida doblemente, ya que esas personas no solo fueron lesionadas por un comportamiento atroz, sino que, además, deben soportar la indiferencia del Estado, quien incumple en forma protuberante con su obligación de esclarecer esos actos, sancionar a los responsables y reparar a los afectados.

De otro lado, en cambio, una posible revisión de aquellos procesos en que el Estado, en forma protuberante, dejó de lado su deber de investigar seriamente esas violaciones a los derechos humanos, no impacta en forma muy intensa la seguridad jurídica, por la sencilla razón de que en esos procesos las autoridades realmente no realizaron una investigación seria e imparcial de los hechos punibles. Y, por ende, precisamente por ese incumplimiento del Estado de adelantar seriamente la investigación, la persona absuelta en realidad nunca estuvo seriamente procesada ni enjuiciada, por lo que una reapertura de la investigación no implica una afectación intensa del non bis in ídem».

(…) «Es pues claro que en los casos de impunidad de violaciones a los derechos humanos o de infracciones graves al derecho internacional humanitario derivadas del incumplimiento protuberante por el Estado colombiano de sus deberes de sancionar esas conductas, en el fondo prácticamente no existe cosa juzgada, pues esta no es más que aparente. En esos eventos, nuevamente los derechos de las víctimas desplazan la garantía del non bis in ídem, y por ello la existencia de una decisión absolutoria con fuerza formal de cosa juzgada no debe impedir una reapertura de la investigación de esos comportamientos, incluso si no existen hechos o pruebas nuevas, puesto que la cosa juzgada no es más que aparente».

80.- Tras lo anterior, la Corte Constitucional, al declarar la exequibilidad condicionada del numeral 3.º del artículo 220 de la Ley 600 de 2000, estableció unas reglas de procedibilidad específicas para dos supuestos concretos en los que se puede pretender la revisión bajo esta causal:

Hipótesis 1

Hipótesis 2

Siempre y cuando se trate de violaciones de derechos humanos o infracciones graves al derecho internacional humanitario y un pronunciamiento judicial interno, o una decisión de una instancia internacional de supervisión y control de derechos humanos, aceptada formalmente por nuestro país, haya constatado la existencia del hecho nuevo o de la prueba no conocida al tiempo de los debates.

Siempre y cuando se trate de violaciones de derechos humanos o infracciones graves al derecho internacional humanitario y un pronunciamiento judicial interno, o una decisión de una instancia internacional de supervisión y control de derechos humanos, aceptada formalmente por nuestro país, incluso si no existe un hecho nuevo o una prueba no conocida, constate el incumplimiento de las obligaciones del Estado de investigar en forma seria e imparcial las mencionadas violaciones.

Sobre el carácter vinculante de los dictámenes del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el ordenamiento jurídico colombiano: su alcance frente a la causal 3.ª del artículo 220 de la Ley 600 de 2000

81.- En la sentencia CC C-225 de 1995, la Corte Constitucional interpretó sistemáticamente los artículos 4 y 93 de la Constitución Política de 1991. Por medio de la noción de «bloque de constitucionalidad», dispuso que los tratados internacionales en materia de derechos humanos debidamente incorporados al ordenamiento interno hacen parte de la Constitución misma y, por lo tanto, tienen su misma jerarquía normativa y carácter obligatorio. Sobre este aspecto, durante las últimas tres décadas, ha habido un importante consenso en la cultura jurídica colombiana.

82.- Sin embargo, los tratados internacionales de derechos humanos —tanto en el Sistema Universal (ONU) como en el Interamericano (OEA)— presentan una particularidad que ha generado intensos debates en el ordenamiento jurídico colombiano. Si bien no existe discusión alguna sobre el carácter vinculante y obligatorio de los tratados en sí mismos, el dilema surge respecto a los órganos de supervisión y control que estos instrumentos crean. En concreto, las discusiones se han concentrado en determinar hasta qué punto son vinculantes las decisiones, sentencias o recomendaciones que emiten dichos órganos de control.

83.- Con el fin de entender de dónde surgen esas perplejidades, resulta particularmente útil comprender con precisión cuáles son dichos órganos y cuáles son los tipos de decisiones que adoptan. Como en este asunto se analiza el valor de un dictamen de una instancia de las Naciones Unidas, las consideraciones siguientes se concentrarán únicamente en comprender la fuerza vinculante de las decisiones emitidas en el marco del Sistema Universal de protección de Derechos Humanos.

84.- En concreto, en Naciones Unidas, el sistema convencional de protección de derechos humanos se articula alrededor de nueve (9) tratados internacionales conocidos como instrumentos fundamentales —o «Core International Human Rights Instruments», en países de habla inglesa—, para diferenciarlos de otras clases de instrumentos internacionales, como las declaraciones, que, en principio, no tienen carácter obligatorio, o los tratados de la Organización Internacional del Trabajo, OIT.

85.- En este sistema convencional, cada uno de estos nueve tratados contempló la creación de un órgano de supervisión y control de las obligaciones suscritas por los Estados llamado «Comité». En términos generales, estos comités se pronuncian bajo tres formas diferenciadas: (i) a través de «informes periódicos» sobre el cumplimiento de las obligaciones suscritas por cada país mediante la formulación de recomendaciones generales; (ii) por medio de documentos que interpretan el contenido y el alcance de los derechos protegidos en los tratados denominados «observaciones generales»; y, por último, (iii) están los pronunciamientos que profieren, en tanto órganos con naturaleza jurisdiccional, cuando tienen competencia para ello, bajo lo que se conoce como el sistema de casos, quejas o peticiones individuales. Estos pronunciamientos se realizan por medio de «medidas provisionales» y de lo que se conoce como «dictámenes» de fondo.

86.- Uno de los nueve tratados mencionados es el «Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos», aprobado por la Asamblea General de la ONU en su Resolución 2200 A, el 16 de diciembre de 1966. El órgano de supervisión y control de este pacto es el «Comité de Derechos Humanos» de Naciones Unidas.

87.- El Estado colombiano se comprometió con las obligaciones contenidas en este tratado por medio de la Ley 74 de 1968. En este punto, es importante mencionar que nuestro país, en esa misma Ley 74 de 1968, también aprobó el «Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos», que es el instrumento que otorga competencia al Comité de Derechos Humanos para recibir y tramitar casos de personas que, a pesar de haber agotado los recursos internos, consideren que el Estado colombiano ha incumplido las obligaciones contempladas en este Pacto.

88.- En lo que concierne a este asunto, y en concreto, respecto al tercer tipo de pronunciamientos (supra párr. 85) —específicamente las «medidas provisionales» y los «dictámenes» de fondo del Comité de Derechos Humanos adoptados en casos particulares—, la jurisprudencia de las altas cortes colombianas se ha desarrollado de manera progresiva. A pesar de los matices, en perspectiva, y a partir de ciertas consideraciones, tanto la jurisprudencia constitucional como la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia han señalado que estas decisiones deben ser observadas y cumplidas por el Estado colombiano.

88.1.- Al respecto, aunque en diversas oportunidades la jurisdicción constitucional y la ordinaria han sostenido que tales pronunciamientos constituyen solo recomendaciones orientativas sin fuerza obligatoria, la Corte Constitucional (cfr. sentencias CC T-017 de 2025, SU-378 de 2014 y T-385 de 2005) y la Corte Suprema de Justicia —en particular esta Sala de Casación Penal— han definido una dogmática robusta en sus fallos que permite asegurar que, materialmente, dichos dictámenes cuentan con mecanismos internos que garantizan su eficacia y cumplimiento, sin que ello implique menoscabar la soberanía estatal ni la autonomía institucional.

88.2.- Al respecto, los tribunales de cierre de las jurisdicciones constitucional y ordinaria han interpretado que el cumplimiento de buena fe de los tratados internacionales —conforme al principio pacta sunt servanda— se extiende a las decisiones adoptadas en el sistema de casos individuales, tales como los «dictámenes» del Comité de Derechos Humanos. De este modo, acatar estos pronunciamientos específicos garantiza la aplicación efectiva del objeto y fin del instrumento internacional —en este asunto, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos—, sin que ello implique, de ninguna manera, subordinar la Constitución Política a los mandatos del orden internacional o, en términos más claros, asumir que el instrumento internacional está por encima de nuestro sistema constitucional.

89.- Así pues, la posición que ha ido decantándose en nuestra jurisprudencia resulta lógica: no tendría sentido que el Estado colombiano se comprometiera con las obligaciones de un tratado al suscribirlo y, además, aceptara la competencia de su órgano de supervisión y control para evaluar eventuales incumplimientos en situaciones particulares, para, posteriormente, desconocer el carácter obligatorio de tales decisiones.

90.- Como se verá a continuación, esto se puede constatar al analizar la manera en que la jurisprudencia constitucional y la de esta Sala han reconocido el valor de los «dictámenes» del Comité de Derechos Humanos para efectos de la configuración de la causal 3.ª del artículo 220 de la Ley 600 de 2000.

Análisis de la configuración de la causal 3.ª del artículo 220 de la Ley 600 de 2000 en el caso concreto

91.- Como se dijo antes, la sentencia C-004 de 2003 declaró exequible de manera condicionada la causal tercera del artículo 220 de la Ley 600 de 2000 —que luego se convertiría en legislación permanente con la inclusión del numeral 4.º del artículo 192 de la Ley 906 de 2004—, bajo el entendido de que la procedencia de la acción de revisión por esta causal también se configura cuando se reúnen las siguientes condiciones:

91.1.- Primera. Que la determinación que se busca remover sea de preclusión de la investigación, cesación de procedimiento o sentencia absolutoria ejecutoriada, que haya hecho tránsito a cosa juzgada;

91.2.- Segunda. Que en el proceso penal se hayan investigado hechos catalogados como violaciones de los derechos humanos, o infracciones graves al derecho internacional humanitario;

91.3.- Tercera. Que exista un pronunciamiento judicial interno o de un órgano internacional de supervisión y control de derechos humanos, aceptado formalmente por nuestro país, que (opción 1) haya constatado un hecho nuevo o prueba nueva, o que (opción 2) independientemente de lo anterior, hubiera constatado el incumplimiento de las obligaciones de un tratado internacional reconocido por el Estado (cfr. supra párr. 80).

92.- A continuación, se revisan estas exigencias en el caso concreto para determinar la procedencia de la causal por la cual se admitió la demanda de revisión:

93.- Primera. En efecto, la Sala advierte que se busca remover la cosa juzgada de la Resolución del 13 de febrero de 2006, a través de la cual la Fiscalía 12 Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá confirmó la decisión del 20 de enero de 2004, adoptada por la Fiscalía 53 Especializada de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Esta última decisión precluyó la investigación a favor de Álvaro Hernán Velandia Hurtado, Julio Roberto Ortega Araque, Luis Guillermo Hernández González y Mauricio Angarita por el delito de homicidio agravado en perjuicio de Nydia Erika Bautista.

94. Segunda. En este asunto se discute la responsabilidad penal sobre los hechos que rodearon la desaparición forzada, tortura y posterior asesinato de Nydia Erika Bautista.

94.1.- Aunque para la fecha de los hechos (30 de agosto de 1987) la desaparición forzada y la tortura no estaban tipificadas como delitos en los términos del estándar internacional en nuestro país, de acuerdo con la jurisprudencia de esta Sala (i.e. CSJ SP13445-2015 y SP3382-2014), la desaparición forzada, la tortura y el homicidio subsiguiente constituyen, ciertamente, graves violaciones a los derechos humanos cuya proscripción y persecución penal resultaban imperativas y exigibles (principio de legalidad extendido; cfr. CSJ SP13445-2015; CSJ SP 14 ago. 2012, rad. 33925).

94.2.- Diversos instrumentos internacionales ratificados por el Estado colombiano han descrito la naturaleza pluriofensiva de estas conductas, la cual también ha sido reconocida por la jurisprudencia constitucional (i.e. CC C-317 de 2002 y C-400 de 2003) al señalar que la protección de la vida, la integridad personal y la libertad son ejes transversales e inderogables de nuestro ordenamiento jurídico.

94.3.- Desde una perspectiva de derechos humanos, pero también de derecho penal, estas conductas configuran una secuencia criminal compleja: la desaparición forzada busca eliminar cualquier prueba de la detención y ocultar el paradero de la persona; la tortura anula el núcleo de la dignidad humana e integridad personal mediante el sufrimiento infligido; y el posterior homicidio consolida la supresión definitiva de la vida de la víctima.

94.4.- Esta sumatoria de atrocidades está basada en el dolor, el miedo y la zozobra que se extiende al círculo cercano de quienes padecen directamente estos hechos, pues también sufren la incertidumbre, mientras se enfrentan a las barreras de acceso a la justicia.

94.5.- En esos términos, no hay duda para esta Sala de que la desaparición forzada, tortura y posterior asesinato de Nydia Erika Bautista constituyen una grave violación a los derechos humanos en los términos requeridos para la configuración de esta causal extraordinaria de revisión.

95.- Tercera. En relación con el tercer requisito, la Sala constata que, ciertamente, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, sobre este caso, emitió un dictamen el 27 de octubre de 1995, consignado en la Comunicación No. 563/1993.

95.1.- En ese pronunciamiento, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas concluyó que «en las circunstancias del caso, el Estado Parte es directamente responsable de la desaparición y posterior asesinato de Nydia E. Bautista de Arellana». En esa decisión se estableció además que «Nydia Bautista fue torturada después de su desaparición» y que «el secuestro y la posterior detención fueron "ilegales" ya que no existía orden de captura en su contra ni existía contra ella ninguna acusación formal».

95.2.- Por lo tanto, concluyó que el Estado colombiano violó (i) el párrafo 1 del artículo 6 (derecho a la vida); (ii) el artículo 7 (derecho a la integridad física y prohibición de tortura); y finalmente, (iii) el párrafo 1 del artículo 9 (libertad personal) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

95.3.- En consecuencia, el Comité de Derechos Humanos instó al Estado colombiano «a que acelere los procedimientos penales que permitan perseguir sin demora y llevar ante los tribunales a las personas responsables del secuestro, la tortura y la muerte de Nydia Erika Bautista.» (Comité de Derechos Humanos, ONU. CCPR/C/55/D/563/1993, Párrs. 8.6, 9 y 10)

96.- En este caso se satisface entonces el requisito exigido por la causal, pues existe una decisión de un órgano internacional que declara el incumplimiento del Estado colombiano respecto de las obligaciones contenidas en un instrumento internacional de derechos humanos, en este caso el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

97.- Ahora, con el propósito de armonizar el compromiso del Estado colombiano frente a los tratados de derechos humanos y las decisiones de sus órganos de protección, con la autonomía de las autoridades judiciales a nivel interno, la jurisprudencia de esta Sala ha decantado la siguiente regla: si bien un pronunciamiento internacional faculta a la Corte Suprema de Justicia para admitir la revisión de las decisiones cuestionadas, la potestad de invalidar o no la actuación demandada es exclusiva de esta Corporación, la cual deberá constatar si efectivamente se dan las condiciones para declarar fundada la causal invocada (en este sentido ver, CSJ SP032-2025; SP16485 – 2014; SP13646–2014; SP11004-2014 y SP, 1º de noviembre de 2007, Rad. 26.077, entre otras).

98.- A partir de lo anterior, en el presente asunto, además de la existencia de la decisión internacional, la Sala observa que el Estado no ha satisfecho su deber de investigar de manera seria y efectiva para identificar e individualizar a los responsables. En ese sentido, la decisión de preclusión contra la que se interpuso la presente acción extraordinaria constituye un obstáculo en el cumplimiento de los compromisos internacionales del Estado asumidos frente a las víctimas.

99.- De otra parte, tras valorar el material probatorio decretado en este proceso y considerar los alegatos de conclusión, la Sala encuentra una cantidad considerable de elementos que, de haber estado disponibles al momento de dictarse y confirmarse la preclusión, habrían sido lo suficientemente trascendentes para cambiar el sentido del fallo. Específicamente, habrían impedido el cierre anticipado del caso, permitiendo la continuación de las investigaciones.

100.- Como se describió en los antecedentes, el núcleo argumentativo de las decisiones que determinaron la preclusión de la investigación en este caso estuvo basado en la falibilidad del testimonio de Bernardo Alfonso Garzón Garzón, quien inicialmente dio una información sobre la eventual participación de agentes del Estado en la comisión de los hechos, pero luego se retractó.

101.- Analizado en su conjunto el material probatorio decretado en este escenario extraordinario, la Sala advierte que existe información relevante para considerar que, contrario a lo decidido al momento de precluir la investigación, se puede inferir razonablemente que:

101.1.- (i) Bernardo Alfonso Garzón Garzón sí tenía acceso y, por tanto, conocía la información que dio en sus primeras declaraciones, y que luego desmintió, relacionadas con la desaparición forzada, tortura y muerte de Nydia Erika Bautista y otros casos similares.

101.1.1.- Al respecto, ofrecen información en este sentido las declaraciones posteriores del propio Bernardo Alfonso Garzón Garzón, Hernando Forero Camargo, Marco Benito Benavides; Oscar William Vásquez Rodríguez y Carlos Armando Mejía Lobo. Contienen información que revela que el testigo Bernardo Alfonso Garzón Garzón, en razón de su vinculación como agente de inteligencia y analista de investigación de la Brigada XX, conocía las dinámicas operativas mediante las cuales, para la fecha, operaba el Ejército Nacional en la lucha contrainsurgente.

101.2.- (ii) Que la retractación por sí sola no eliminaba la consistencia de sus versiones iniciales ni la plausibilidad de los hechos relatados, dado que obedeció a circunstancias particulares y externas a él, como la existencia de amenazas, advertencias y un contexto de intimidación en contra del testigo.

101.2.1.- Al respecto, puede observarse el contenido de las declaraciones posteriores del propio Bernardo Alfonso Garzón Garzón, y, específicamente, la declaración rendida por Raúl Benoit ante la Fiscalía 4 Delegada ante la Corte Suprema de Justicia. Ambos testimonios dan cuenta de que miembros del Ejército Nacional intentaron gestionar acercamientos —por intermedio de Benoit— con Garzón Garzón con el fin de que este variara las versiones que había dado en diferentes escenarios, posteriores a la decisión de preclusión que aquí se revisa, sobre la desaparición, tortura y posterior asesinato de Nydia Érika Bautista, las cuales involucraban a miembros determinados de la Fuerza Pública.

101.2.2.- Incluso, el testimonio de Raúl Benoit da cuenta de sus propias gestiones ante la Fiscalía y la Procuraduría para que Bernardo Alfonso Garzón Garzón pudiera ser oído sobre los hechos respecto de los cuales tenía conocimiento y las amenazas que estaba recibiendo.

101.3.- (iii) Que hay elementos suficientes para considerar la existencia, en su momento, de un aparato organizado de poder al interior de las fuerzas militares —conocido como el MAS (Muerte a Secuestradores)—, que, dentro de un patrón sistemático de conducta ejercido por unidades del Ejército Nacional, en particular la Brigada XX - Batallón Charry Solano, cometía detenciones ilegales, torturas y homicidios con el fin de controlar grupos insurgentes, y más específicamente, a miembros del M-19. Esta hipótesis mostraría entonces que la desaparición, tortura y posterior asesinato de Nydia Érika Bautista no fue un hecho aislado, sino parte de un contexto violento de acciones organizadas en el que habrían participado agentes del Estado.

101.3.1.- En esa dirección, ofrecen información relevante las declaraciones rendidas por Pablo Elías González Monguí, Guillermo Marín, José del Carmen Cuesta, María Nelly Parra Bueno y el mismo Raúl Benoit.

101.3.2.- De la misma manera, frente al modus operandi que involucra la Unidad Militar Brigada XX, Batallón Charry Solano, está el contenido de varias decisiones judiciales que declaran la existencia de este patrón al tiempo que declaran la responsabilidad penal de miembros del Ejército y del Informe de Policía Judicial Número 857636, que hace parte de la investigación penal posterior a la preclusión, sumario 011, frente a los hechos de los que fue víctima Nydia Érika Bautista.

102.- De esta forma, las pruebas decretadas y aquí consideradas permiten a la Sala evidenciar que, a pesar de la existencia de una decisión de una instancia internacional, el Estado colombiano no ha cumplido con sus obligaciones en este caso. Por esta razón, estos elementos demuestran la necesidad de que se continúen investigando los hechos ocurridos en contra de la vida, la integridad y la libertad personal de Nydia Érika Bautista a fin de garantizar el acceso efectivo a la justicia de los familiares de la víctima.

103.- Ahora bien, esta decisión no puede entenderse como un pronunciamiento respecto de la responsabilidad de los involucrados en el proceso penal. Ese es un tema que escapa al objeto de este medio extraordinario y a la razón por la que esta Corte concluye que el presente asunto debe ser revisado. Corresponderá a los funcionarios competentes adelantar las labores de investigación de forma amplia, completa y suficiente, de manera que el Estado colombiano cumpla con sus obligaciones internacionales de acuerdo con los estándares de debida diligencia en este caso.

Sobre la prescripción

104.- En relación con este fenómeno en sede de revisión, la Corte ha sido consistente en la necesidad de, en casos como este, reiterar las siguientes reglas:

104.1.- Ejecutoriada una decisión condenatoria o absolutoria, de cesación de procedimiento, o de preclusión de la investigación, «decae cualquier posibilidad de prescripción, pues el proceso ha concluido dentro de los plazos fijados en la ley. Es decir, resulta inocuo, a partir de allí, pensar en la posibilidad de tal fenómeno extintivo de la acción»

104.2.- «Si se acude a la acción de revisión, entonces no opera el fenómeno de la prescripción, por cuanto se trata de reexaminar un proceso ya terminado.»

104.3.- «Si la acción prospera y se retorna el asunto a una fase pretérita que incluya la caída [de la decisión objeto de revisión], es decir, anterior a la [su] ejecutoria, no es posible reanudar, para proseguir, el término de prescripción contando el tiempo utilizado por la justicia para ocuparse de la acción de revisión, precisamente porque el fallo rescindente no “prolonga” el proceso ya finiquitado, sino que da lugar a un “nuevo proceso”».

104.4.- De acuerdo con lo anterior, la Corte ha dicho que, en consecuencia:

Si respecto del fallo –obviamente en firme- se interpone la acción de revisión, no opera para nada la prescripción.

Durante el trámite de la acción en la Corte o en el Tribunal, tampoco se cuentan términos para efectos de la prescripción.

Si la Corte o el Tribunal declaran fundada la causal invocada y eliminan la fuerza de la sentencia, con lo cual, en general, se dispone el retorno del proceso a un estadio determinado, tampoco es posible adicionar el tiempo que ocupó el juez de revisión al tiempo que ya se había obtenido antes de la firmeza del fallo, para efectos de la prescripción, como si jamás se hubiera dictado.

Recibido el proceso por el funcionario al cual se le adjudica el adelantamiento del nuevo proceso, ahí sí se reinician los términos, a continuación de los que se habían cumplido hasta el momento de la ejecutoria de la sentencia.

El motivo, se repite, es elemental: la acción de revisión es un fenómeno jurídico extraordinario que, si bien puede romper la inmutabilidad e irrevocabilidad del fallo, no afecta otros temas, entre ellos el de la prescripción.

104.5.- Para justificar este planteamiento, la Corte ha explicado que «[s]ería absurdo que, no existiendo un límite de tiempo para interponer el recurso extraordinario, la simple concesión de él permitiera la cesación del procedimiento por prescripción, dando lugar así a una muy expedita vía para la impunidad y cambiando la finalidad que le da razón de ser a este especial medio de impugnación». (CSJ SP13445-2015, 30 sep. 2015 y SP, 15 jun. 2005, rad. 18769).

Conclusión

105.- De acuerdo con las anteriores consideraciones, en el presente asunto esta Sala estableció que (i) la determinación que se busca remover es una resolución de preclusión de una investigación (ii) relacionada con hechos catalogados como una violación de los derechos humanos en perjuicio de Nydia Érika Bautista, respecto de los cuales (iii) existe un pronunciamiento del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas que declaró el incumplimiento de obligaciones contenidas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por parte del Estado colombiano.

106.- Adicionalmente, con base en las reglas jurisprudenciales relacionadas con la configuración de esta causal, la Sala estableció que existen elementos probatorios que aparecieron con posterioridad a la decisión de preclusión que, de haberse conocido en su momento, hubieran permitido que las investigaciones frente a los hechos objeto de análisis hubieran continuado.

107.- En consecuencia, para la Sala está demostrada la configuración de la causal tercera de revisión del artículo 220 de la Ley 600 de 2000, en los términos en que fue precisado su alcance en la sentencia CC C-004 de 2003. Por lo tanto, se declarará fundada la causal invocada y se ordenará dejar sin valor ni efecto jurídico las decisiones que resolvieron precluir la investigación en contra de Álvaro Hernán Velandia Hurtado, Julio Roberto Ortega Araque, Luis Guillermo Hernández González y Mauricio Angarita. Adicionalmente, se ordenará devolver el proceso a la Fiscalía General de la Nación para lo de su cargo.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

VIII. RESUELVE

Primero. Declarar fundada la causal tercera de revisión del artículo 220 de la Ley 600 de 2000.

Segundo. Dejar sin efecto la Resolución del 13 de febrero de 2006 proferida por la Fiscalía 12 Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá y la Resolución del 20 de enero de 2004 proferida por la Fiscalía 53 Especializada de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, inclusive, que resolvieron precluir la investigación a favor de Álvaro Hernán Velandia Hurtado, Julio Roberto Ortega Araque, Luis Guillermo Hernández González y Mauricio Angarita en este asunto.

Tercero. Remitir el expediente a la Fiscalía General de la Nación para lo de su cargo a fin de que se continúe con la etapa de la causa.

Cuarto. Contra la presente decisión no procede recurso alguno.

Notifíquese y cúmplase.

CARLOS ROBERTO SOLÓRZANO GARAVITO

Presidente

MYRIAM ÁVILA ROLDÁN

GERARDO BARBOSA CASTILLO

FERNANDO LEÓN BOLAÑOS PALACIOS

GERSON CHAVERRA CASTRO

DIEGO EUGENIO CORREDOR BELTRÁN

JORGE HERNÁN DÍAZ SOTO

HUGO QUINTERO BERNATE

JOSÉ JOAQUÍN URBANO MARTÍNEZ

NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA

Secretaria

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