Ficha de la providencia
Sentencia SP535-2026(68520)
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Penal
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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Penal
Ficha de la providencia
Sentencia SP535-2026(68520)
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Penal
República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Penal
Sentencia SP535-2026(68520)
10 de junio de 2026
MYRIAM ÁVILA ROLDÁN
Magistrada ponente
SP535-2026
Radicado n.º 68520
CUI: 11001600010220130015801
Aprobado acta n.º 189
Bogotá D.C., diez (10) de junio de dos mil veintiséis (2026).
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala resuelve la impugnación especial interpuesta en contra de la sentencia del 5 de marzo de 2024 que profirió la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. En dicha decisión la autoridad judicial condenó por primera vez a Juan Eugenio Varela Beltrán por los delitos de peculado por apropiación agravado e interés indebido en la celebración de contratos; y, a Andrés Fernando Bocanegra Sarmiento, Yolanda Sarmiento Gutiérrez y José Antonio Bonnet Llinás por el delito de peculado por apropiación agravado.
HECHOS
La siguiente descripción fáctica se extrae del escrito de acusación que radicó la fiscalía en contra de Juan Eugenio Varela Beltrán, el 6 de mayo de 2014, y del «escrito de acusación unificado» en contra de Andrés Fernando Bocanegra Sarmiento, Yolanda Sarmiento Gutiérrez y José Antonio Bonnet Llinás, del 31 de julio de 2015, que fue aclarado, corregido y adicionado el 23 de marzo de 2018:
En la administración del Distrito Capital de Bogotá, en el periodo de gobierno que inició el 1º de enero de 2008 con el alcalde Samuel Moreno Rojas, se impulsó un proceso de contratación pública en el sector salud que concluyó con la adjudicación del contrato n.° 1229 del 30 de septiembre de 2009 a la Unión Temporal Transporte Ambulatorio Bogotá [UT-TAB], por un valor de $67.203’690.774. Dicho contrato tenía por objeto la prestación de servicios de salud de atención prehospitalaria mediante unidades móviles, (ambulancias, vehículos de apoyo y motocicletas).
Desde la etapa de planeación y antes de la apertura formal de la licitación pública n.° «FFDS-LP-006 de 2009», que dio origen a dicho contrato, se concretaron acuerdos ilícitos entre particulares y servidores públicos con el propósito de asegurar que el contrato fuera adjudicado a la Unión Temporal Transporte Ambulatorio Bogotá [UT-TAB], a cambio del pago de una comisión ilegal. La unión temporal adjudicataria UT-TAB estaba integrada por las empresas Transporte Ambulatorio Médico [TAM], Suárez y Silva LTDA, y J.A. Asociados, y se designó como su representante legal a José Antonio Bonnet Llinás.
El entonces concejal de Bogotá, Hipólito Moreno Gutiérrez [quien con posterioridad cambió su nombre a Alejandro H. Moreno Gutiérrez], intervino, en ejercicio de sus funciones, en el contrato de atención prehospitalaria desde la fase de planeación. Antes de la apertura del proceso licitatorio, y por su conducto, se vinculó a la empresa Transporte Ambulatorio Médico [TAM], de propiedad de Andrés Fernando Bocanegra Sarmiento y de Yolanda Sarmiento Gutiérrez, con el propósito de que integrara la unión temporal.
Andrés Fernando Bocanegra era representante legal de TAM, y su progenitora, Yolanda Sarmiento, actuaba como representante legal suplente. Ambos conocieron los requisitos del proceso licitatorio antes de la publicación del proyecto de pliegos y se beneficiaron de modificaciones que fueron introducidas en la etapa precontractual. En tal escenario, aceptaron los compromisos económicos dirigidos al pago de la comisión ilegal, así como su recuperación en la ejecución del contrato.
En el trámite del proceso de licitación pública, Juan Eugenio Varela Beltrán ejercía el cargo de Subsecretario Distrital de Salud y fue encargado en distintas ocasiones como Secretario Distrital de Salud y del Fondo Financiero Distrital de Salud. En el ejercicio de tales funciones suscribió el pliego definitivo de condiciones y el acto de apertura de la licitación pública, contribuyendo a direccionar el proceso contractual. Como contraprestación, recibió la comisión ilegal de $150’000.000.
En desarrollo del acuerdo criminal, Hipólito Moreno Gutiérrez contactó al particular Federico Gaviria Velásquez, amigo y compañero de oficina de José Antonio Bonnet Llinás, quien incidió en la estructuración del proceso licitatorio y accedió a información privilegiada antes de su publicación oficial.
La totalidad de los integrantes de la unión temporal UT-TAB acordaron entregar una comisión equivalente al 10% del valor del contrato, esto es, aproximadamente a $6.700’000.000, suma que se pagó entre septiembre de 2009 y diciembre de 2010. Dichos recursos provinieron de préstamos otorgados por la empresa Inversiones y Valores SAS, de propiedad de Juan Carlos Aldana Aldana, gerente de la empresa Suárez y Silva LTDA, sociedad que también integraba la unión temporal.
Los dineros de la comisión ilícita eran entregados en efectivo por Federico Gaviria Velásquez y José Antonio Bonnet Llinás a Héctor Zambrano Rodríguez, entonces Secretario Distrital de Salud, quien se encargaba de distribuirlos entre servidores públicos y particulares que intervinieron para que la UT-TAB resultara adjudicataria del proceso de contratación.
También se presentaron sobrecostos en la mano de obra del contrato. En particular, se realizaron pagos por debajo de los valores reportados en los estudios previos, y mientras el monto previsto en los pliegos de condiciones fue fijado en $34.739’482.800, durante la ejecución del contrato los pagos ascendieron únicamente a $17.196’830.333. Esto, pese a que en el contrato n.° 1229 se estableció que los estudios previos, los pliegos de condiciones, las adendas y la propuesta del contratista hacía parte integral del contrato.
En los estudios previos que fueron producto del trámite de planeación, estructuración técnica, jurídica y financiera del proceso contractual, «se fijaron unos costos que no eran reales para ese momento, no estaban ajustados a los precios laborales del mercado», sino que eran superiores. En consecuencia, «al contratar al personal que finalmente prestaría el servicio, este no ofrecería resistencia en la contratación, pues su sueldo y prestaciones estaban ajustados a la realidad laboral».
ANTECEDENTES PROCESALES RELEVANTES
Entre el 10 y 17 de febrero de 2014, ante el Juzgado 76 Penal Municipal en función de control de garantías de Bogotá, cursó la audiencia de formulación de imputación en contra de Juan Eugenio Varela Beltrán como coautor de los delitos de cohecho propio, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación agravado por la cuantía, con circunstancias de mayor punibilidad (art. 58.10, L. 599/00: obrar en coparticipación criminal). No aceptó los cargos.
El 6 de mayo de 2014, el ente investigador radicó el escrito de acusación en los mismos términos de la imputación. El proceso fue asignado al Juzgado 50 Penal del Circuito de Bogotá. La audiencia de formulación de acusación se instaló el 23 de septiembre de 2014 y prosiguió en sesiones del 18 de febrero y 23 de junio de 2015.
El 25 de agosto de 2014, ante el Juzgado 74 Penal Municipal en función de control de garantías de Bogotá, se adelantó la audiencia de formulación de imputación en contra de Andrés Fernando Bocanegra Sarmiento y Yolanda Sarmiento Gutiérrez, y el 26 de mayo de 2015, ante el Juzgado 71 Penal Municipal, en contra de José Antonio Bonnet Llinás y Juan Carlos Aldana Aldana, por los delitos de cohecho por dar u ofrecer, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación agravado, con circunstancias de mayor punibilidad (art. 58.10, L. 599/00). No aceptaron los cargos.
El 16 de diciembre de 2015 la fiscalía solicitó la conexidad de los procesos en contra de Andrés Fernando Bocanegra Sarmiento, Yolanda Sarmiento Gutiérrez, José Antonio Bonnet Llinás y Juan Carlos Aldana Aldana, la cual fue decretada por el Juzgado 49 Penal del Circuito de Bogotá. Esta decisión fue recurrida y, el 30 de septiembre de 2016, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá la confirmó.
El conocimiento del proceso lo asumió el Juzgado 50 Penal del Circuito de Bogotá, autoridad judicial que, el 30 de octubre de 2017, ordenó la ruptura de la unidad procesal en atención al preacuerdo que celebró la fiscalía y Juan Carlos Aldana Aldana.
El 23 de enero de 2018 se llevó a cabo la audiencia de formulación de acusación en contra de Andrés Fernando Bocanegra Sarmiento, Yolanda Sarmiento Gutiérrez y José Antonio Bonnet Llinás, por los mismos delitos que les fueron imputados.
El 5 de octubre de 2018 el Juzgado 50 Penal del Circuito de Bogotá decretó la conexidad de los procesos seguidos en contra de Juan Eugenio Varela Beltrán con el de Andrés Fernando Bocanegra Sarmiento, Yolanda Sarmiento Gutiérrez y José Antonio Bonnet Llinás.
El 9 de julio de 2020, en audiencia preparatoria, la primera instancia profirió el auto en el que decretó algunas pruebas y negó otras. El 22 de enero de 2021 la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá confirmó el auto de pruebas y ordenó la preclusión, por prescripción, del delito de cohecho por dar u ofrecer en favor de José Antonio Bonnet Llinás, Yolanda Sarmiento Gutiérrez y Andrés Fernando Bocanegra Sarmiento.
El juicio oral se adelantó en sesiones del 14 y 15 de abril, 14 y 28 de mayo, 2, 5 y 6 de agosto, 6, 7, 8 y 9 de septiembre, 16 y 18 de noviembre, 6 y 13 de diciembre de 2021; 18 y 24 de enero, y, 24 y 28 de febrero de 2022. Tanto el anuncio del sentido del fallo absolutorio como la sentencia de primera instancia fueron proferidos el 21 de septiembre de 2022. En dicha oportunidad, la fiscalía y el Fondo Financiero Distrital de la Secretaría de Salud interpusieron el recurso de apelación, que sustentaron posteriormente.
El 5 de marzo de 2024 la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá revocó la sentencia de primera instancia y, en su lugar, condenó por primera vez a Andrés Fernando Bocanegra Sarmiento, Yolanda Sarmiento Gutiérrez y José Antonio Bonnet Llinás por el delito de peculado por apropiación agravado. Les impuso 129 meses y 28 días de prisión, multa de 26.478 s.m.m.l.v. e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo tiempo de la pena principal.
Adicionalmente, la segunda instancia condenó por primera vez a Juan Eugenio Varela Beltrán por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación agravado. Le impuso 223 meses y 7 días de prisión, multa de 35.400 s.m.m.l.v. e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 20 años.
El tribunal les negó a todos los procesados el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena y el sustituto de la prisión domiciliaria y les libró orden de captura. Los defensores de los sentenciados interpusieron y sustentaron oportunamente el mecanismo de la impugnación especial.
LAS SENTENCIAS DE INSTANCIA
Sentencia de primera instancia
El Juzgado 50 Penal del Circuito con función de conocimiento de Bogotá absolvió a Andrés Fernando Bocanegra Sarmiento, Yolanda Sarmiento Gutiérrez y José Antonio Bonnet Llinás del delito de peculado por apropiación agravado, materia de la acusación, en la modalidad de coautores intervinientes, y a Juan Eugenio Varela Beltrán de los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación agravado, por los que fue acusado como coautor.
La primera instancia declaró la preclusión de la acción penal, por prescripción, en favor de Andrés Fernando Bocanegra Sarmiento, Yolanda Sarmiento Gutiérrez y José Antonio Bonnet Llinás, por el delito de interés indebido en la celebración de contratos. Además, precluyó, por prescripción, en favor de Juan Eugenio Varela Beltrán, el delito de cohecho propio.
Argumentos para absolver a Andrés Fernando Bocanegra Sarmiento, Yolanda Sarmiento Gutiérrez y José Antonio Bonnet Llinás por el delito de peculado por apropiación agravado:
Si bien en relación con estos procesados operó la prescripción de la acción penal por el delito de interés indebido en la celebración de contratos, esto no impide valorar elementos que integran dicha conducta. En específico, que en la actuación se acreditó que la etapa precontractual del contrato de ambulancias estuvo direccionada para que fuera adjudicado a la Unión Temporal Transporte Ambulatorio Bogotá [UT-TAB], como en efecto ocurrió.
Las pruebas testimoniales de la fiscalía dieron cuenta que el referido direccionamiento estuvo acompañado por el pago de comisiones ilícitas a distintos servidores públicos. Este tema se extrae en especial de las declaraciones que rindieron en el proceso Héctor Zambrano Rodríguez, entonces Secretario de Salud de Bogotá, Hipólito Moreno Gutiérrez, Concejal de la ciudad, y Federico Gaviria Velásquez, particular que participó en todo el entramado de corrupción.
En lo que respecta al delito de peculado por apropiación agravado, la fiscalía les imputó y acusó a los aquí acusados que su configuración tenía lugar principalmente por el sobrecosto del componente de mano de obra. Específicamente, por las diferencias entre los dineros previstos para pagos por este rubro entre los documentos precontractuales y lo que efectivamente pagó la unión temporal durante la ejecución del contrato.
Sin embargo, el ente investigador no probó que por cuenta de la mano de obra había un sobrecosto y que de allí se derivó la apropiación de recursos del Estado. El contrato n.° 1229 de 2009 entre la Secretaría Distrital de Salud y la UT-TAB cuenta con rubros por administración, imprevistos y utilidad, como todo contrato, lo cual no es ilegal; además, de la prueba testimonial se desprende una indefinición en cuanto a los valores por salarios y si en efecto se presentó un sobrecosto en los términos acusados.
En la denuncia penal que dio origen a este proceso se señaló la existencia de irregularidades en el referido contrato, pero ninguna relacionada con el componente del pago de la mano de obra. Por el contrario, de la práctica probatoria en este caso se deduce que los elementos del tipo penal de peculado por apropiación se encuentran presentes, principalmente, por el pago de servicios realizados, pero que en realidad no se llevaron a cabo.
Una cosa es la existencia de sobrecostos en servicios prestados, en los términos descritos en la acusación, y otra muy distinta es el cobro por servicios no prestados, que fue lo que se probó en la práctica probatoria. Por ende, al haberse acreditado una situación fáctica distinta a la descrita por el ente investigador, no es posible proferir sentencia condenatoria en contra de los procesados por el delito de peculado por apropiación agravado.
No se discute que los procesados tuvieron injerencia en el direccionamiento del trámite contractual, conocían el compromiso de pagar en compensación un porcentaje del valor del contrato y en efecto lo pagaron. No obstante, no se demostró que el valor establecido en los estudios previos por concepto de mano de obra sobrepasó los precios del mercado y que de allí se obtuvo el dinero para posteriormente pagar las comisiones ilícitas.
Argumentos para absolver a Juan Eugenio Varela Beltrán por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación agravado:
En lo que respecta al delito de interés indebido en la celebración de contratos, para la acreditación de sus elementos no se debe solo probar la calidad de servidor público y su relación funcional con la actividad contractual. Además de eso, la fiscalía debe establecer en qué consistió en concreto el interés en el trámite, celebración o liquidación del contrato, por qué fue indebido y cómo se llevó a cabo.
En el presente asunto, el ente investigador no probó en concreto las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que el acusado, en su calidad de Subsecretario de Salud o cuando estuvo encargado de la Secretaría, desplegó acciones encaminadas a favorecer el trámite contractual en favor de la Unión Temporal Transporte Ambulatorio Bogotá [UT-TAB]. Los señalamientos que se hicieron en su contra fueron genéricos, sin soporte en la prueba practicada.
Si bien el procesado firmó la Resolución n.° 563 del 1º de julio de 2009 «por medio de la cual se ordena la apertura y se designa el comité asesor del proceso n.° FFDS-LP-006-2009» y el pliego de condiciones definitivo, esto no quiere decir que haya tenido un interés en el contrato. En el proceso se acreditó que tenía voz, pero no voto en el comité asesor de contratación, que la escogencia de la UT-TAB dependía de distintas áreas y que el pliego definitivo que firmó luego fue objeto de distintas adendas o modificaciones que suscribió Héctor Zambrano Rodríguez.
El contenido de las pruebas que fueron practicadas en la actuación no evidencia que el procesado haya intervenido en la estructuración y posterior modificación de los pliegos de condiciones, con el fin de redireccionar la licitación. Si bien Héctor Zambrano lo señaló por la entrega de un dinero, no se acreditó que haya sido como contraprestación por incidir en el proceso precontractual o para favorecer a la UT-TAB.
Los testigos que declararon en el proceso coincidieron en que el acusado no hizo parte del grupo que estructuró el proyecto de pliego de condiciones, cuyo insumo en últimas redireccionó el contrato. Además, no se le puede endilgar responsabilidad penal por el hecho de haberse señalado que tenía una amistad íntima de muchos años con los hermanos Samuel e Iván Moreno Rojas.
Y en lo que respecta al peculado por apropiación agravado, este tipo penal exige que el servidor público abuse del cargo para apropiarse o permitir la apropiación de recursos públicos de los que tenga injerencia. En todo caso, como se señaló en relación de los procesados que no ostentan la condición de servidores públicos, en la actuación no se acreditó que se hayan presentado sobrecostos en el pago de la mano de obra.
Según Héctor Zambrano, el procesado no estaba en el listado inicial de las personas que incidieron en el direccionamiento del trámite contractual y a quienes se les entregaron comisiones ilícitas. Aunque lo señaló de recibir dinero, esto ocurrió tiempo después, luego de agotarse el referido trámite, por indicación de Iván Moreno Rojas, sin que se haya acreditado un vínculo con el trámite contractual, lo cual genera dudas sobre la configuración del tipo penal.
Sentencia de segunda instancia
La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá revocó la sentencia de primera instancia y, en su lugar, condenó por primera vez a Andrés Fernando Bocanegra Sarmiento, Yolanda Sarmiento Gutiérrez y José Antonio Bonnet Llinás por el delito de peculado por apropiación agravado. Igualmente, condenó por primera vez a Juan Eugenio Varela Beltrán por los delitos de peculado por apropiación agravado e interés indebido en la celebración de contratos.
Argumentos para condenar a Andrés Fernando Bocanegra Sarmiento, Yolanda Sarmiento Gutiérrez y José Antonio Bonnet Llinás por el delito de peculado por apropiación agravado:
Si bien respecto de estos procesados operó la prescripción de la acción penal de los delitos de cohecho e interés indebido en la celebración de contratos, esto no impide valorar la ilegalidad de sus comportamientos en el interés de afectar el patrimonio público. A partir de ese conocimiento resulta viable establecer si son responsables penalmente por la conducta que no prescribió.
En la actuación se acreditó que los acusados participaron en la trama de corrupción que incidió en la estructura y dirección de la licitación para favorecer a la Unión Temporal Transporte Ambulatorio Bogotá [UT-TAB], de la cual hacían parte. Al final, a esta unión temporal le fue adjudicada la licitación «FFDS-LP-006-2009» y en consecuencia fue suscrito el contrato n.° 1229 de 2009.
Con los testimonios de Héctor Zambrano Rodríguez, Hipólito Moreno Gutiérrez, Federico Gaviria y Juan Carlos Aldana se acreditó que los aquí acusados tenían conocimiento sobre las comisiones ilícitas que se pactaron por el direccionamiento del proceso de licitación. Asimismo, que hicieron ajustes en el presupuesto para que el contrato tuviera una mayor rentabilidad, bajando el ítem de la experiencia en traslados medicalizados.
En la ejecución del contrato n.° 1229 de 2009 la empresa contratante, en la que participaron los acusados, obtuvo como provecho $17.196’830.333, el cual no corresponde al margen de utilidades o ganancias que deben obtener las empresas que contratan con el Estado. Se trata de una ganancia adicional al índice de utilidad del 39% que fue previsto en el pliego de condiciones.
Contrario a lo expuesto por la primera instancia, no existe incongruencia en que se haya imputado y acusado que la apropiación de dinero «provino del pago de la mitad de lo previsto en el componente de nómina, porque su manifestación no hizo alusión literalmente a la mitad del salario de cada trabajador». La autoridad judicial de primer grado no tuvo en cuenta otros aspectos que señaló la fiscalía relacionados con componente de mano de obra.
En los estudios previos se precisó que el componente de mano de obra, esto es, contratos a término fijo, salarios y prestaciones, era por valor de $11.979’132.000. Pero luego este coste pasó a la suma de $17.196’830.333, que es un aumento «entendible y racional», mientras que no lo es el valor que finalmente se desembolsó al contratista por ese rubro, que fue de $34.739’482.800, situación que «desborda cualquier índice de estimación».
De la prueba testimonial del proceso se extrae que la asignación salarial de profesionales pagados estaba por debajo del valor del mercado, así no haya sido con todos. Y si bien no se practicó una prueba pericial sobre este tema, la fiscalía sí incorporó un informe de seguimiento al contrato n.° 1229 en el cual se evidenció, en el componente de mano de obra, que se presentaron múltiples inconsistencias e incumplimientos.
En ese contexto, el pago de horas de transportes no prestadas está directamente relacionado con el pago por el componente de mano de obra, que fue señalado en la acusación. Dicho evento no puede asimilarse a imprevistos o a las diferencias de valores que se presentan en cualquier trámite licitatorio, pues en el caso particular, el proceso de selección estuvo «cubierto de un manto de corrupción», según se acreditó en la práctica probatoria.
Los aquí procesados se beneficiaron de las decisiones de los funcionarios de la Secretaría de Salud en la licitación que fue adjudicada irregularmente a la UT-TAB. Esto condujo a un detrimento de los recursos públicos al presentarse una apropiación del dinero entregado producto de la contratación direccionada «para un destino específico sin que los acusados pudieran justificar su actuación o porque no se utilizó el rubro recibido en su totalidad».
Argumentos para condenar a Juan Eugenio Varela Beltrán por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación agravado:
En relación con el delito de interés indebido en la celebración de contratos, los testigos Hipólito Moreno Gutiérrez y Héctor Zambrano Rodríguez señalaron al procesado como una de las personas que se interesó en la licitación que culminó con la suscripción del contrato n.° 1229 de 2009. Para tal efecto, el servidor público profirió distintos actos administrativos en su condición de Subsecretario y titular encargado de la Secretaría de Salud.
En específico, aprobó la resolución n.° 563 del 1º de julio de 2009 que dio apertura al proceso de selección, con el fin de direccionar el proceso licitatorio. Y si bien adelantó gestiones en el marco de sus funciones públicas, en estas no está la de «entregar información privilegiada para favorecer a terceros con la promesa de recibir una paga ilícita». Con la suscripción de este acto administrativo «selló el engranaje de corrupción» y cumplió con el papel que le fue asignado desde su nombramiento en el cargo.
Es cierto que el servidor público no tenía la facultad para modificar los prepliegos y pliegos de condiciones de la licitación pública, pues requería de los vistos buenos de los distintos directores de las áreas. Pero dentro de sus funciones sí estuvo la de aprobar los pliegos, los informes de evaluación de las propuestas y recomendar al ganador, sin que presentara objeción alguna, lo cual estuvo precedido de la manipulación de la información que se suministró a las áreas encargadas.
Y en lo que respecta al delito de peculado por apropiación agravado, el ente investigador demostró que el acusado ejerció en encargo la titularidad de la Secretaría Distrital de Salud. Es decir que contó con la función de ordenador del gasto y máximo contratante de la entidad, y bajo su responsabilidad estuvo la guarda del patrimonio público, así como su disponibilidad jurídica.
La configuración de los elementos del tipo penal se demostró en que el servidor público suscribió la Resolución n.° 563 de 2009 con el propósito de favorecer a la Unión Temporal Transporte Ambulatorio Bogotá [UT-TAB]. Por dicha labor, según se deduce del testimonio de Héctor Zambrano Rodríguez, recibió $150’000.000. Para tal efecto, se «inflaron costos» «con el objeto de poder sacar de los dineros públicos el monto para el pago de la comisión».
En el proceso se demostró que el servidor público no era simplemente un funcionario que cumplía sus deberes o que fue engañado por terceros para firmar la resolución que «legalizó toda la telaraña de corrupción», por el contrario, está vinculado con el entramado. En ese contexto, resulta relevante el vínculo cercano que tenía con Samuel Moreno Rojas, quien intervino para que fuera nombrado en la Secretaría de Salud por ser su persona de confianza.
La conducta del procesado consistió en permitir que los términos de referencia del trámite de licitación pública «pasaran según la confección y el amaño» que previamente se había realizado. Su comportamiento fue doloso, así se desprende del análisis de la totalidad de las pruebas del proceso y del entendimiento en conjunto del entramado criminal y la participación que tuvo tanto de servidores públicos como de particulares.
LAS IMPUGNACIONES ESPECIALES
El defensor de Andrés Fernando Bocanegra Sarmiento y Yolanda Sarmiento Gutiérrez solicitó, como pretensión principal, revocar la condena y absolver a los procesados; de manera subsidiaria, elevó un alegato de nulidad y de redosificación punitiva. El defensor de José Antonio Bonnet Llinás presentó, como pretensión principal, un alegato de nulidad; en subsidio, que se absuelva procesado. Juan Eugenio Varela Beltrán, en ejercicio de su defensa material, y su apoderado, alegaron la vulneración del debido proceso; y solicitaron proferir sentencia absolutoria.
Argumentos del defensor de Andrés Fernando Bocanegra Sarmiento y Yolanda Sarmiento Gutiérrez
Nulidad del fallo condenatorio. Se vulneró el debido proceso de manera sustancial por ausencia de motivación de la sentencia. La segunda instancia profirió la decisión, pese a que, según se infiere de comunicaciones entre la defensa y la secretaría del tribunal, no accedió a la totalidad del expediente digital. Esto, debido a que algunos archivos de las sesiones de juicio oral en las que se practicó la prueba de la defensa se encontraban dañados.
Ante esta situación, la secretaría del tribunal tuvo que solicitar los audios al juzgado de primera instancia para posteriormente remitirlos a la defensa, que a su vez los había solicitado para sustentar la impugnación especial. Lo que se advierte es que el fundamento de la condena fueron los alegatos finales que presentó el ente acusador y pruebas de otras actuaciones. Su valoración fue «sofística, aparente o falsa», y desconoció los principios de oralidad, inmediación, contradicción y concentración.
La sentencia condenatoria «contradice en forma grotesca la verdad probada». Se consignaron afirmaciones que ningún testigo refirió en la práctica probatoria, como el tema de la filtración de documentos en la etapa precontractual, la modificación del pliego de condiciones para favorecer a determinado proponente o el incremento desproporcionado en los costos de mano de obra con la posterior apropiación por parte de la unión temporal. Son hechos, montos y modalidades de apropiación que no fueron imputados ni acusados.
Solicitud de absolución. El tribunal valoró de manera incorrecta la prueba, pues en el proceso no se acreditó que los acusados hayan actualizado los elementos que confirman la conducta de peculado por apropiación agravado. No existe prueba directa o indiciaria suficiente que permita establecer elementos como la manipulación de los estudios previos para direccionar la licitación que culminó con la apropiación de recursos públicos.
Los testigos vinculados con el proceso contractual negaron que los acusados los hayan presionado para que fuera direccionado. No se acreditó que se haya presentado irregularidades, de hecho, reconocieron que la adjudicación fue el resultado de un procedimiento colegiado, adelantado por comités técnicos, jurídicos y financieros. Es decir, la licitación fue legítimamente adjudicada a la Unión Temporal Transporte Ambulatorio Bogotá [UT-TAB].
En la actuación se acreditó que los estudios previos fueron elaborados por equipos técnicos, sin intervención de los procesados. Lo mismo ocurrió con la estructuración, evaluación y adjudicación del proceso que luego dio lugar a la suscripción del contrato n.° 1229 de 2009. Todo ocurrió siguiendo las reglas previamente establecidas en el pliego de condiciones, sin que haya existido filtración de información reservada o modificación irregular de los estudios previos o de los pliegos.
Lo anterior puede deducirse de los testimonios del ex Concejal Hipólito Moreno Gutiérrez, quien no vinculó a los acusados con la existencia de acuerdos para la adjudicación irregular del contrato. Esta misma información se extrae de los testimonios de Héctor Zambrano Rodríguez, Secretario Distrital de Salud, de los particulares Federico Gaviria Velásquez y Juan Carlos Aldana Aldana, así como de los investigadores de la fiscalía y funcionarios de la alcaldía y particulares que declararon en la práctica probatoria.
Pero el tribunal sustentó la condena en testimonios contradictorios, imprecisos y carentes de corroboración externa. Además, en declaraciones que no fueron respaldados por prueba documental alguna, valorando informes de policía judicial y técnicos como prueba, pese a que no fueron incorporados al proceso ni sometidos a contradicción, y que en todo caso se trataría de prueba de referencia inadmisible.
En el proyecto de pliegos de condiciones no era obligatorio determinar el valor del componente mano de obra, sino que su aproximado se fijó en los estudios previos. Se pactó que el contrato se pagaría en precios unitarios, lo que implica que el precio del contrato sea uno al momento de la celebración y otro cuando concluya su ejecución, pues bajo esta modalidad se pacta el precio por unidades o cantidades de obra y su valor total es la suma de los productos que resulten de multiplicar las cantidades de obra ejecutadas.
Es decir que no se configuró el delito de peculado por apropiación pues el contrato n.° 1229 de 2009 se asimila al renting, en el cual los pagos se hacen exclusivamente por horas de servicio disponibles y la facturación se ajusta proporcionalmente al tiempo en que el vehículo estuvo funcional y disponible para el arrendamiento. De ahí que la diferencia entre el valor estimado en los estudios previos y lo efectivamente pagado por concepto de nómina no constituye apropiación, pues los estudios previos son referentes presupuestales y no generan obligación de ejecución total.
Redosificación de la pena. El tribunal vulneró el principio non bis in idem al dosificar la pena. Omitió que los procesados no tienen la condición de servidores públicos y fueron acusados como coautores intervinientes. En relación con estos procesados, el delito de peculado por apropiación agravado exige la concurrencia del sujeto activo, es decir que «la coparticipación criminal es de su esencia». Aun así, la segunda instancia incluyó dicha circunstancia al dosificar la pena, configurando una doble sanción por un mismo hecho.
Argumentos del defensor de José Antonio Bonnet Llinás
Nulidad del fallo condenatorio. Se vulneró el debido proceso de manera sustancial por incumplimiento al deber de motivación de la sentencia, debido a que el tribunal profirió la sentencia pese a que no tuvo acceso completo al expediente digital y expuso en su decisión una motivación aparente, sofística o falsa. Como sustento, transcribió los argumentos del abogado Andrés Fernando Bocanegra Sarmiento y Yolanda Sarmiento Gutiérrez que fueron reseñados párrafos atrás.
Nulidad del proceso. Se vulneró el principio de congruencia entre la acusación y la sentencia. En la acusación se señaló una apropiación de recursos por sobrecostos en la mano de obra, entendido como la diferencia entre el presupuesto de los estudios previos y lo que efectivamente se pagó a la unión temporal. Sin embargo, en la sentencia se agregó un hecho nuevo referido a una supuesta destinación específica de dineros que no habrían sido justificados ni utilizados en su totalidad.
El fundamento para estructurar la condena se soportó de manera indebida, pues ni en la imputación ni en la acusación se señaló que los contratistas hubieran recibido recursos con destinación específica. Tampoco que existiera un reproche adicional al tema de los supuestos sobrecostos, lo cual sorprendió a la defensa con un escenario que no fue objeto de debate ni contradicción.
Solicitud de absolución. En el proceso no se acreditó más allá de toda duda razonable la existencia del delito y la responsabilidad penal del acusado. El ente investigador no probó técnicamente que existieran sobrecostos en el componente de mano de obra, pues omitió realizar un cotejo con los valores del mercado lo cual resulta indispensable para afirmar la existencia de un detrimento en los recursos públicos.
La condena se sustentó con base en una construcción de indicios defectuosa, en especial al inferir la existencia del delito de peculado por apropiación agravado a partir de un supuesto pago de comisiones. Dicha labor se hizo entremezclando los elementos que conforman los tipos penales de interés indebido en la celebración de contratos, cohecho y peculado por apropiación, los cuales tienen estructuras típicas autónomas.
El tribunal tampoco tuvo en cuenta la tesis alternativa planteada por la defensa y que genera duda sobre la responsabilidad penal, según la cual, la señalada existencia de pagos relacionados con el proceso contractual en el presente caso pudo tener origen en una posible conducta de estafa entre particulares. Dicha hipótesis se deduce razonadamente de las pruebas obrantes en la actuación y no fue desvirtuada.
Argumentos del procesado Juan Eugenio Varela Beltrán –en ejercicio de su defensa material– y de su defensor
Vulneración del debido proceso. El tribunal incurrió en un desconocimiento del deber constitucional de motivar las decisiones judiciales. En concreto, basó su decisión en razonamientos sofísticos, aparentes y carentes de sustento, con conclusiones genéricas, alejado del contenido de las pruebas practicadas en el juicio oral.
En dicho fallo no se confrontaron los argumentos de la sentencia absolutoria de primera instancia ni se justificó adecuadamente la forma en que se superaban los vacíos probatorios que advirtió el ministerio público y el juzgado de primer grado. Además, se incorporaron consideraciones ajenas al proceso, sin relación alguna con los hechos objeto de investigación.
Solicitud de absolución. En la sentencia condenatoria se desconocieron las reglas de la sana crítica al valorar de manera parcializada la prueba. Le dio credibilidad al testimonio de Héctor Zambrano Rodríguez, Secretario Distrital de Salud, pese a que fue el único que incriminó al procesado, que su testimonio presenta contradicciones y que carece de corroboración externa.
Ninguno de los restantes testigos, 17 en total, le atribuyó al procesado participación alguna en las conductas objeto de acusación. Aun así, la segunda instancia desestimó sin justificación los cuestionamientos de la defensa, que fueron ratificados por la autoridad judicial de primera instancia y por el ministerio público. Obró de esta manera aplicando un criterio selectivo contrario a los principios de objetividad y coherencia en la valoración de la prueba.
Los elementos que conforman los tipos penales de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación agravado no fueron acreditados en el juicio. Tampoco se acreditó que el procesado haya intervenido de manera directa, con un aporte objetivo y relevante a la consumación de cada una de estas conductas y tampoco que haya obrado con dolo, con base en prueba idónea que conduzca a superar la duda razonable a su favor.
Para el tribunal, el procesado actuó como coautor de las referidas conductas. Sin embargo, en el curso del proceso no se acreditó que concurrieran los elementos de la coautoría, como la existencia de un acuerdo previo, una división funcional en la ejecución de las conductas y su aporte esencial en cada una de ellas. Lo que se evidenció es que el acuerdo criminal fue concretado y ejecutado por terceros, sin intervención del procesado.
En la sentencia condenatoria se desconoció la presunción de inocencia, pues se suplió la ausencia de prueba directa o indiciaria con prejuicios y consideraciones extraprocesales. Se utilizó como factor de imputación la relación personal y de amistad entre el procesado y el exalcalde Samuel Moreno Rojas, lo cual no acredita por sí mismo la participación en la comisión de las conductas acusadas. Esto, en contravía con el derecho penal de acto.
La predisposición de la segunda instancia para proferir condena también se evidencia en que libró órdenes de captura, pese a la existencia de una sentencia absolutoria previa y a la presencia de dudas sobre la responsabilidad penal del acusado. Dicha determinación desconoce el carácter excepcional de la privación de la libertad personal y constituye una manifestación de parcialidad.
CONSIDERACIONES
Competencia
La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia es competente para conocer de la impugnación especial en contra de la sentencia del 5 de marzo de 2024 que profirió la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. Esto, conforme a lo dispuesto en el numeral 2º del artículo 235 de la Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo 01 de 2018 y las directrices establecidas en el auto CSJ AP1263-2019, rad. 54215.
Con miras a garantizar el principio de doble conformidad judicial, corresponde a la Sala examinar la corrección de la decisión del tribunal de proferir condena por primera vez en segunda instancia.
Delimitación del problema jurídico y estructura de la decisión
Para la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Andrés Fernando Bocanegra Sarmiento, Yolanda Sarmiento Gutiérrez y José Antonio Bonnet Llinás son responsables penalmente del delito de peculado por apropiación agravado; mientras que Juan Eugenio Varela Beltrán es responsable penalmente de los delitos de peculado por apropiación agravado e interés indebido en la celebración de contratos.
En las impugnaciones especiales se formularon solicitudes de nulidad, de revocatoria de la condena, y, en forma subsidiaria, de redosificación de la pena. En ese contexto, se identifican como problemas jurídicos: (i) determinar si se configuran las nulidades que aluden a una posible vulneración del debido proceso; y, (ii) establecer si se desvirtuó la presunción de inocencia de los acusados por los delitos objeto de condena y, (iii) en caso afirmativo, si la dosificación de la pena se ajustó a derecho.
Para abordar estos problemas jurídicos, la Sala evaluará primero las solicitudes de nulidad, en el entendido que si alguna de ellas prospera resultaría insustancial pronunciarse sobre los demás temas. En dicho acápite, se enunciará el marco normativo y jurisprudencial aplicable para cada apartado y luego se analizará cada caso en concreto. Solo en el evento en que todos los alegatos de nulidad se nieguen, se procederá con el análisis de los restantes temas planteados en las impugnaciones especiales.
Las nulidades
Según lo dispuesto en los artículos 455, 456 y 457 de la Ley 906 de 2004, existen diversos supuestos de ineficacia de los actos procesales. En concreto: (i) nulidades derivadas de afectaciones de la actuación por prueba ilícita; (ii) nulidades por falta de competencia del juez; y, (iii) nulidades por violación del derecho de defensa o del debido proceso en aspectos sustanciales.
La nulidad debe ser el único remedio idóneo e inevitable para subsanar la irregularidad advertida, y puede decretarse a petición de parte o de oficio (Cfr. CSJ SP4281-2020, rad. 55649, SP3185-2022, rad. 62098, SP247-2023, rad. 62317 y SP605-2024, rad. 61976, entre otras). La prosperidad de una nulidad exige que esté acreditado que se desconoció de manera sustancial el debido proceso o las garantías de las partes.
Dicha medida excepcional debe ser inevitable y evidenciarse como el único remedio procesal para superar la afectación, acorde con los principios de taxatividad, protección, convalidación, trascendencia, instrumentalidad de las formas, acreditación y residualidad (Cfr. CSJ AP2685-2023, rad. 60318, AP7475-2024, rad. 61535 y AP4369-2025, rad. 62976).
En el presente asunto, uno de los defensores expuso que se presentó una violación del principio de congruencia por existir diferencias entre los supuestos fácticos de acusación y la sentencia condenatoria. En su criterio, el tribunal incorporó un hecho nuevo relacionado con una supuesta destinación específica de recursos públicos no ejecutados ni justificados, que no fue objeto de imputación ni acusación y que no fue debatido ni sometido a contradicción en el juicio oral.
Adicionalmente, la totalidad de los defensores y uno de los procesados –en ejercicio de su defensa material– afirmaron que el tribunal vulneró de manera sustancial el debido proceso al incurrir en una falta grave al deber constitucional de motivación de la decisión judicial. Ligado a ese mismo argumento, aseguran que profirió la sentencia condenatoria sin tener acceso completo al expediente digital, en especial a los registros de audio y video en los que se practicó la prueba de la defensa.
La imputación fáctica y la sentencia
Los artículos 288.2 y 337.2 de la Ley 906 de 2004 establecen que la fiscalía, en la imputación y en la acusación, tiene la carga de relacionar «de manera clara y sucinta los hechos jurídicamente relevantes». Estos hechos son aquellos que pueden subsumirse en determinado tipo penal (Cfr. SP2042-2019, rad. 51007, SP283-2023, rad. 58147 y SP1736-2025, rad. 60926, entre otras).
Solo cuando el procesado conoce con precisión los hechos que se le atribuyen puede ejercer de manera efectiva su defensa (Cfr. SP3329-2020, rad. 52901 y SP835-2024, rad. 64633). Un escenario distinto conduciría a que el ejercicio de la acción penal esté marcado por la ambigüedad e indefinición, lo cual compromete la vigencia del debido proceso, el derecho de defensa y «la construcción legítima del juicio» (Cfr. SP1736-2025, rad. 60926).
El denominado núcleo central de los hechos que se imputan debe mantenerse invariable con los que se acusan, hasta el fallo, lo que se conoce como congruencia estricta (Cfr. SP412-2023, rad. 59390 y SP322-2025, rad. 58474). En ese entendido, el artículo 448 de la Ley 906 de 2004 refiere que «[e]l acusado no podrá ser declarado culpable por hechos que no consten en la acusación, ni por delitos por los cuales no se ha solicitado condena» (art. 448, L. 906/04).
Pero no toda incorrección en la relación de los hechos jurídicamente relevantes conduce a que se decrete la nulidad. Tal remedio extremo solo ocurre cuando no se cubren sus «mínimos procesales», como son: «claridad, suficiencia, precisión y univocidad» (Cfr. SP1736-2025, rad. 60926). Pero no de cualquier manera, sino a tal punto que la imputación no sea un antecedente legítimo de la acusación, y, en el mismo sentido, de la sentencia (Cfr. SP835-2024, rad. 64633 y SP659-2025, rad. 60887).
El caso concreto. El defensor de José Antonio Bonnet Llinás afirmó en la solicitud de nulidad que la fiscalía acusó por una supuesta apropiación de recursos públicos en el componente de mano de obra del contrato, pero que el tribunal varió dicho hecho. En concreto, cuando indicó en la sentencia «que se habían recibido recursos con destinación específica» y «que no se había justificado que se hubieran utilizado completamente para ese concepto».
Al examinar el contenido de la sentencia de segunda instancia, la Corte encuentra que las referidas afirmaciones se extraen en esencia del siguiente apartado:
«Todo ello llevó a un ostensible detrimento patrimonial al erario público, específicamente a los bienes del Distrito Capital de Bogotá, operación delictiva que se configuró a favor de la UT-TAB al apropiarse del dinero entregado producto de la contratación direccionada para un destino específico sin que los acusados pudieran justificar su actuación o por qué no se utilizó el rubro recibido en su totalidad.» Subrayas fuera del texto.
Sin embargo, contrario a lo expuesto en el alegato de nulidad, no se advierte que la autoridad de segunda instancia haya aludido a un hecho nuevo con relevancia jurídico penal que actualice la descripción típica de los tipos penales acusados. Lo que se evidencia es que son afirmaciones de cierre ligadas a la valoración de los elementos del delito de peculado por apropiación agravado, que en su conjunto sí hacen parte de los supuestos fácticos objeto de imputación y acusación.
Previo a las referidas consideraciones, la autoridad de segunda instancia abordó, precisamente, un alegato de incongruencia fáctica sobre el monto de pagos en las nóminas de los trabajadores, y luego se centró en establecer si por el componente de mano de obra del contrato direccionado se produjo una apropiación ilegal de recursos. Esto, por diferencias sustanciales entre los estudios previos y el valor finalmente pagado por dicho rubro.
Así las cosas, para la Corte, conforme al principio de acreditación, es evidente que las afirmaciones del tribunal a las que alude el recurrente no constituyen ningún supuesto de hecho adicional al tema de la apropiación indebida de recursos del Estado. No se muestra una variación sustancial, desde el punto de vista fáctico, de la tesis de la fiscalía sobre el direccionamiento del trámite contractual y la existencia de un peculado con sustento en la apropiación de recursos entregados producto de la suscripción del contrato.
Lo expuesto hasta ahora es suficiente para que no prospere la nulidad por el motivo planteado.
El deber de motivar las decisiones judiciales
El artículo 55 de la Ley 270 de 1996, modificado por el artículo 22 de la Ley 2430 de 2004, consagra el deber de los jueces de motivar las providencias. La exposición clara, íntegra y razonada de los fundamentos fácticos, jurídicos y probatorios que sustentan una decisión garantiza el derecho al debido proceso de las partes e intervinientes, resguarda el principio de legalidad y hace efectivo el derecho de contradicción, pues solo a partir del conocimiento de sus razones resulta posible ejercer la controversia.
La motivación constituye una garantía esencial para el control y la legitimidad del ejercicio de la función jurisdiccional (Cfr. SP684-2024, rad. 58073 y SP087-2026, rad. 60324). Sobre este particular, la Sala tiene identificados los siguientes supuestos en los que se configura una afectación sustancial del deber de motivar las decisiones judiciales:
ausencia absoluta de motivación, cuando no se consignan los fundamentos fácticos y jurídicos que sustentan la decisión;
motivación incompleta o deficiente, que se presenta cuando el funcionario omite pronunciarse sobre aspectos relevantes del debate o deja de examinar los alegatos de los sujetos procesales en aspectos sustanciales para la resolución del problema jurídico concreto, de modo que no es posible identificar el soporte de la decisión;
motivación ambigua, ambivalente o dilógica, que ocurre cuando el juez incurre en contradicciones o utiliza razonamientos incompatibles entre sí, al punto de tornar inteligible la parte considerativa de la providencia; y,
motivación sofística, aparente o falsa, que surge cuando el sustento probatorio de la decisión no se corresponde con la realidad procesal, se construye una realidad diferente o se arriba a conclusiones manifiestamente equivocadas (Cfr. SP684-2024, rad. 58073, y AP3375-2024, rad. 65462, entre otras).
De modo que la motivación de las decisiones no es una simple formalidad, sino una garantía indispensable para el control de la labor judicial. La omisión o deficiencia en ese deber puede comprometer la legitimidad del pronunciamiento judicial, pues impide constatar que la solución a determinado problema jurídico está desligada de apreciaciones arbitrarias o carentes de sustento.
El caso concreto. Los defensores de los procesados, y uno de estos en ejercicio de su defensa material, sostienen: (i) que el tribunal incumplió el deber de motivar la decisión judicial; y, (ii) que profirió la condena sin haber accedido de manera íntegra al expediente digital, en particular, a los registros de audio y video correspondientes a la práctica probatoria de la defensa.
En relación con el primer tema, los recurrentes aseguran que la sentencia condenatoria del tribunal fue «aparente, sofistica o falsa», por carecer de sustento probatorio y no confrontar los argumentos de la sentencia absolutoria. Sin embargo, del examen de la parte considerativa no se advierte que tales señalamientos se ajusten a la realidad, pues la providencia contiene un desarrollo argumentativo razonado en la delimitación del problema jurídico, la valoración probatoria y la fundamentación de la condena.
En efecto, el tribunal identificó los hechos con relevancia jurídico penales relacionados con el proceso licitatorio n.° «FFDS-LP-006 de 2009» y el contrato n.° 1229 de 2009. Además, explicó los elementos que conforman los tipos penales de peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos. Luego, respondió alegatos sobre la falta de congruencia fáctica entre la acusación y el fallo, y explicó por qué la prescripción de algunas conductas punibles no impedía valorar hechos relacionados con estas como presupuestos del peculado por apropiación.
Asimismo, la autoridad de segunda instancia sustentó un análisis propio y contrario a la sentencia de primera instancia, en relación con temas centrales del proceso como el componente de mano de obra del referido contrato, el alcance del componente AIU (Administración, Imprevistos y Utilidad) y el tema de los sobrecostos. Todo lo anterior, haciendo alusión a su propia valoración de las pruebas del proceso, acorde principalmente con las tesis planteadas por el ente investigador.
A partir de dicho examen, concluyó que el análisis probatorio de la primera instancia resultaba insuficiente. Esto, ante lo que identificó como una lectura parcial del componente de mano de obra del contrato, sin valorar las pruebas obrantes en la actuación, conforme al rigor de la sana crítica, que conducían a desvirtuar la presunción de inocencia de los acusados. En últimas, no se advierte que se trata de una argumentación abstracta o superficial, sino razonada.
En definitiva, la Corte no constata que el tribunal haya incurrido en una falta de motivación de la decisión. Por el contrario, se verifica que edificó su decisión sobre las premias fácticas y jurídicas del caso, desarrolló un análisis probatorio razonado, y dio respuesta a los argumentos del recurso de apelación. Además, expuso los motivos que condujeron a la revocatoria de la absolución y de la sentencia condenatoria, lo que descarta que se esté ante una argumentación aparente o sofística.
Y en lo que respecta al segundo tema de nulidad, los apoderados de Andrés Fernando Bocanegra Sarmiento, Yolanda Sarmiento Gutiérrez y José Antonio Bonnet Llinás aseguran que el tribunal quebrantó el deber de motivación de la sentencia e incurrió en una motivación «aparente, sofistica o falsa», porque la profirió pese a que no tuvo acceso a la totalidad del expediente digital. En específico, a las audiencias en las que se practicó la prueba de la defensa con las que se controvirtió la acusación.
Como fundamento, pegaron en el escrito de impugnación especial capturas de pantalla sobre el acceso a dieciocho (18) audios de la plataforma Lifesize, de fecha posterior a cuando se profirió el fallo de segunda instancia, en los que se indica: «[l]o sentimos, no tienes acceso para ver esta grabación». Además, una comunicación en la que la Secretaría del Tribunal solicita los archivos al Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao ante la imposibilidad de acceso.
La argumentación de los recurrentes se complementa con una captura de pantalla de una solicitud elevada al Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao para que acreditara si se ingresó a los enlaces de las grabaciones entre el 27 de octubre de 2022 y el 18 de marzo de 2024, esto es, durante el tiempo en que la actuación estuvo a cargo del tribunal. Y, además, con una captura de pantalla del aplicativo OneDrive del expediente digital, con base en el cual afirma que el tribunal «no ingresó a la carpeta del expediente».
Pues bien, lo primero que se evidencia es que todas estas alusiones al expediente digital provienen de actuaciones de la Secretaría del Tribunal y del Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao, sin que exista elemento alguno que permita establecer una relación directa entre dichas dependencias y el despacho del magistrado ponente o la Sala de decisión. Esta circunstancia impide validar el señalamiento, según el cual, la segunda instancia profirió la sentencia condenatoria sin el acceso completo al expediente.
Tampoco tal afirmación se ve reflejada en el contenido del fallo cuestionado por la vía de la impugnación especial. De la lectura de la sentencia del tribunal se extrae que las conclusiones a las que arribó se sustentaron, en esencia, en: (i) el examen de los temas planteados en los recursos de apelación; (ii) la confrontación de los fundamentos de la sentencia absolutoria de primera instancia; y, (iii) la valoración de la prueba practicada en el juicio oral (de cargo y de descargo).
En relación con la valoración de la prueba de la defensa, frente a la cual se sustenta la supuesta falta de ingreso al expediente, la segunda instancia la desestimó con argumentos. Evidenció, por ejemplo, la contradicción de los estudios previos y el contrato, así como la divergencia entre el valor estimado del componente mano de obra y el efectivamente ejecutado. A partir de ello, concluyó que un rubro de utilidades no fue legítimo sino una inflación deliberada de costos para la apropiación de recursos.
Este razonamiento solo se explica a partir del acceso efectivo al expediente, así como de su valoración integral. Lo anterior se refuerza con los argumentos expuestos para descartar los testimonios de Yaneth Patricia Triana y Luz Dary Patiño, auxiliares de enfermería que fueron practicados a instancias de la defensa. El tribunal concluyó que dichas declaraciones no desvirtuaban la existencia del sobrecosto global del contrato.
En el mismo sentido, descartó el valor probatorio del testimonio del asesor jurídico del comité evaluador, Jesús Eduardo Alfonso González, a quien consideró como un testigo de oídas. La autoridad judicial precisó que esta persona no participó directamente en las fases estructurantes del proceso contractual y no estuvo en posibilidad de presenciar los hechos objeto de este proceso relacionados con la dirección de dicho trámite, la manipulación de los pliegos de condiciones y de la adjudicación.
De modo que la Corte no encuentra elementos que permitan concluir que el tribunal profirió la sentencia de segunda instancia sin acceder al expediente digital ni que se esté frente a una decisión «aparente, sofistica o falsa». Se constata que el fallo se fundamentó en la valoración integral de la prueba de cargo y de descargo, a partir de la cual se determinó que la fiscalía acreditó su teoría del caso y se desvirtuó la presunción de inocencia de los procesados.
En conclusión, en relación con el reproche de la indebida motivación del fallo de segunda instancia, y conforme al principio de acreditación que rige las nulidades, se concluye que no se probó la existencia de alguna irregularidad que conduzca a que se decrete la nulidad del proceso, en los términos en que lo solicitan los recurrentes. En consecuencia, también se niega esta solicitud.
Los restantes temas planteados en las impugnaciones especiales
Los recurrentes aseguran, en esencia, que la fiscalía no acreditó más allá de toda duda la ocurrencia de las conductas punibles de peculado por apropiación agravado e interés indebido en la celebración de contratos y la responsabilidad penal de los procesados. Por ende, la Sala reiterará en un inicio el alcance legal y jurisprudencial de estos tipos penales, y luego, aplicará estos insumos al caso concreto, con miras a dar respuesta a los demás alegatos defensivos.
El delito de peculado por apropiación
El artículo 397 de la Ley 599 de 2000 lo define en los siguientes términos:
«El servidor público que se apropie en provecho suyo o de un tercero de bienes del Estado o de empresas o instituciones en que éste tenga parte o de bienes o fondos parafiscales, o de bienes de particulares cuya administración, tenencia o custodia se le haya confiado por razón o con ocasión de sus funciones, incurrirá en prisión de noventa y seis (96) a doscientos setenta (270) meses, multa equivalente al valor de lo apropiado sin que supere el equivalente a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término.
Si lo apropiado supera un valor de doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes, dicha pena se aumentará hasta en la mitad. La pena de multa no superará los cincuenta mil salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Si lo apropiado no supera un valor de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes la pena será de sesenta y cuatro (64) a ciento ochenta (180) meses e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término y multa equivalente al valor de lo apropiado.»
Como se observa, la estructura típica del delito exige: (i) un sujeto activo calificado, esto es, un servidor público; (ii) que tenga la administración, custodia o tenencia de bienes del Estado, de empresas o instituciones en que este tenga parte, de bienes o fondos parafiscales o de bienes de particulares; (iii) que dichos bienes le hayan sido confiados por razón o con ocasión de sus funciones; y, (iv) que se apropie de ellos en beneficio propio o de un tercero.
La Sala ha precisado que se trata de un delito de resultado, en la medida en que para su consumación «se requiere que el servidor público en ejercicio de sus funciones desarrolle ese acto de apoderamiento a su favor o de un tercero, privando así al Estado de la disposición que pueda ejercer sobre sus recursos, los cuales le habían sido confiados a aquél» (Cfr. CSJ SP364-2018, rad. 51142; CSJ SP4414-2019, rad. 50667 y SP730-2021, rad. 55287).
Acorde con lo anterior, también se ha señalado que «el punible de peculado por apropiación es de carácter instantáneo, como quiera que se consuma cuando el bien público es apropiado, es decir, cuando mediante un acto externo de disposición de la cosa o de incorporación de ella al patrimonio, se evidencia el ánimo de detentarla…» (Cfr. CSJ SP, 27 mar. 2003, rad. 17899, SP982-2024, rad. 65783, y, SP2454-2025, rad. 66278).
Para que se configure esta conducta punible no se exige que el autor llegue a disfrutar materialmente del bien apropiado. Es suficiente con que se despoje al Estado de la facultad dispositiva de los recursos, «sin que forzosamente quien cumple la acción entre efectivamente a disfrutar o gozar de aquellos, basta con el hecho de impedir que el Estado siga disponiendo de los recursos confiados al servidor público» (CSJ SP, 10 oct. 2012, rad. 38396, SP982-2024, rad. 65783, y, SP2454-2025, rad. 66278).
Finalmente, si bien el legislador tiene consagrada la existencia de un peculado culposo (art. 400, L. 599/00), el tipo penal al que alude el artículo 397 del Código Penal, que fue acusado en este proceso, únicamente admite la modalidad dolosa, en los términos del artículo 22 de la Ley 599 de 2000. En consecuencia, su consumación está ligada al conocimiento que tiene el servidor público sobre la sustracción del bien y la voluntad consciente de apropiarlos en favor propio o de un tercero.
El delito de interés indebido en la celebración de contratos
Se encuentra tipificado en el artículo 409 de la Ley 599 de 2000, en los siguientes términos:
«El servidor público que se interese en provecho propio o de un tercero, en cualquier clase de contrato u operación en que deba intervenir por razón de su cargo o de sus funciones, incurrirá en prisión de sesenta y cuatro (64) a doscientos dieciséis (216) meses, multa de sesenta y seis punto sesenta y seis (66.66) a trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de ochenta (80) a doscientos dieciséis (216) meses.»
De esta descripción normativa se desprenden como elementos estructurales del tipo penal: (i) un sujeto activo calificado, esto es, un servidor público; (ii) la existencia de un «contrato u operación» de carácter estatal; (iii) la intervención del servidor público en el contrato u operación, en razón de su cargo o funciones; y, (iv) la manifestación de un interés orientado a obtener un provecho propio o en favor de un tercero.
Se trata de un delito de mera conducta, cuya consumación no queda supeditada a la producción de un resultado material o a que se cause un perjuicio efectivo al patrimonio público. El desvalor de la conducta se refleja en el quiebre del deber de rectitud funcional, en la medida en que el servidor público antepone intereses particulares al interés general, vulnerando los principios que gobiernan la contratación estatal (Cfr. SP1463-2014, rad. 34282, y SP046-2026, rad. 62561).
En relación con el verbo rector interesarse, la Sala tiene definido que dicha acción no se agota en una intención que no trasciende del fuero interno, ni se identifica con la sola participación formal del servidor público en el trámite contractual. El interés al que alude la norma debe tener la entidad suficiente para comprometer los fines de la función administrativa y los principios previstos en el artículo 209 de la Constitución Política.
Se requiere necesariamente que el interés se exteriorice y, además:
«…que se materialice a través de conductas del sujeto activo que afecten la imparcialidad, no del funcionario público, sino de la administración pública, manifestadas a través de actos contractuales, actuaciones administrativas concretas o cualquier otra conducta o comportamiento, que en todo caso lleven a deducir el desprecio por los principios de transparencia y selección objetiva que rigen la contratación estatal, así como el ánimo de contravenirlos o transgredirlos. No en vano el nomen iuris califica ese “interés” como “indebido”» (CSJ SP321-2025, rad. 66710).
Así que la conducta punible se configura cuando el actuar del servidor público se encuentra guiado por motivaciones personales que desnaturalizan su rol institucional. El servidor público abandona sus deberes, obligaciones y compromisos que adquiere al vincularse con la administración, interesándose en la actividad contractual en detrimento del interés colectivo (Cfr. SP, jul. 28 de 2010, rad. 34202 y SP1463-2014, rad. 34282)
Cabe resaltar que la configuración de este delito no depende de la ilegalidad formal del contrato o de la inobservancia de los requisitos esenciales previstos en la ley. Aun cuando la actuación contractual supere sin reparos la legalidad en sus distintos trámites, sin tacha alguna en la contratación, puede concurrir el tipo penal si se demuestra que el servidor público intervino motivado por un interés incompatible con su función.
Este tipo penal puede realizarse en cualquiera de las fases previas, concomitantes o posteriores al contrato estatal, es decir, desde su trámite, celebración, ejecución o liquidación del contrato (Cfr. SP1423-2024, rad. 34282, y SP046-2026, rad. 62561). Asimismo, el provecho propio o de un tercero al que alude el tipo penal, no se limita al plano pecuniario, también puede ser de carácter personal, moral o social, por razones familiares, políticas, de amistad o enemistad, o de cualquier índole (Cfr. SP, may. 16 de 2007, rad. 27218 y SP321-2025, rad. 66710).
Finalmente, se trata de una conducta dolosa en los términos del artículo 22 del Código Penal. El sujeto activo actúa con pleno conocimiento de los límites funcionales impuestas por su cargo y, pese a ello, decide interesarse indebidamente en la actividad contractual, orientando su intervención a la satisfacción del provecho propio o de un tercero.
La responsabilidad penal de los acusados
El defensor de Andrés Fernando Bocanegra Sarmiento y Yolanda Sarmiento Gutiérrez, así como el que representa a José Antonio Bonnet Llinás, solicitaron absolver a los procesados por el delito de peculado por apropiación agravado (art. 397, inc. 2º, L. 599/00). Y, Juan Eugenio Varela Beltrán en ejercicio de su derecho de defensa material, y su defensor, solicitaron que se le absolviera de los delitos de peculado por apropiación agravado e interés indebido en la celebración de contratos.
Consideraciones preliminares: en los alegatos de conclusión que cursaron en la sesión de juicio oral del 28 de febrero de 2022, uno de los defensores afirmó que la autoridad judicial no podía valorar el contenido de la estipulación probatoria denominada: contrato n.° 1229 del 30 de septiembre de 2009, que suscribió la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá con la Unión Temporal Transporte Ambulatorio Bogotá [UT-TAB]. Este contrato fue uno de los sustentos de la fiscalía para acusar.
La Corte tiene establecido respecto de los documentos soporte de una estipulación probatoria, que no pueden ser valorados, precisamente, porque la estipulación excluye la actividad probatoria sobre un específico hecho (Cfr. SP207-2024, rad. 57223, y, AP6557-2025, rad. 68876). Pero también se ha precisado que debe diferenciarse entre el hecho documentado como objeto de la estipulación, del documento soporte de la estipulación (Cfr. AP4884-2027, rad. 49512, y SP976-2024, rad. 55898).
Cuando se estipula la existencia, contenido, origen y autenticidad integral de un documento, este conforma el objeto de la estipulación. En esos eventos, el documento hace parte integral de la estipulación, como una unidad indisoluble, susceptible de ser apreciado y valorado probatoriamente, como quiera que en su contenido se condensa en toda su extensión el hecho o hechos que no serán discutidos en el juicio (Cfr. AP4884-2017, rad. 49512 y AP6557-2025, rad. 68876).
En el presente caso, la Sala encuentra que el contrato n.° 1229 del 30 de septiembre de 2009 es objeto de la estipulación probatoria n.° 8 de este proceso. Así se extrae de la exposición que hizo la delegada de la fiscalía en la audiencia de juicio oral del 14 de abril de 2021, en la que expuso que dicha estipulación incluía «la literalidad del contrato» en mención, así como su acta de inicio. Dichos términos fueron aceptados por la defensa en dicha oportunidad, tal como lo reseñó el juez de primera instancia.
Así las cosas, nada impide valorar probatoriamente el referido documento y no se advierte irregularidad alguna en las alusiones en el curso del proceso a su existencia y al análisis de su contenido que hicieron las instancias. Esta estipulación probatoria se complementa, en lo que corresponde definir en esta instancia, con otras que acordaron las partes:
la plena identidad de los procesados (estipulaciones probatorias n.° 1º a 4º); y,
la calidad de servidor público de Juan Eugenio Varela Beltrán, que ejerció el cargo de Subsecretario Distrital de Salud y que tuvo algunos «encargos» (estipulaciones probatorias n.° 5º y 6º).
En lo sucesivo se dará respuesta a los argumentos planteados en las impugnaciones especiales en los que se solicita absolver a los procesados.
Análisis de la tipicidad del delito de peculado por apropiación agravado, respecto de Andrés Fernando Bocanegra Sarmiento, Yolanda Sarmiento Gutiérrez, José Antonio Bonnet Llinás y Juan Eugenio Varela Beltrán
Para los defensores de los procesados, el tribunal en la sentencia condenatoria realizó una valoración parcializada y selectiva de la prueba, en contravía con las reglas de la sana crítica. Esto, pues aseguran que en el proceso la fiscalía no acreditó, con prueba directa o indiciaria, los elementos que integran la conducta de peculado por apropiación, para así concluir que se presentó una apropiación ilícita de recursos públicos.
Como sustento de la antedicha argumentación, afirman que el trámite contractual que culminó con la suscripción del contrato n.° 1229 del 30 de septiembre de 2009, no fue direccionado. En específico, que los estudios previos, la estructuración, la evaluación y la adjudicación del contrato fueron elaborados por equipos técnicos, sin intervención de los procesados, conforme a las reglas del pliego de condiciones y sin filtración de información o modificaciones irregulares.
Del acápite de hechos de los escritos de acusación del 6 de mayo de 2014 y del 31 de julio de 2015 (este último aclarado, corregido y adicionado el 23 de marzo de 2018), según se reseñó en su momento (§ 2), se extrae que la imputación del peculado por apropiación agravado se estructura en al menos dos (2) eventos concretos. El primero, en el acuerdo y pago de una comisión ilegal por la adjudicación del contrato n.° 1229 de 2009, y, el segundo, en el sobrecosto por el componente mano de obra, por pagos a trabajadores por debajo de los valores de los estudios previos.
El objeto del referido contrato n.° 1229 de 2009, fue el siguiente:
«Contratar la prestación de servicios de salud de atención prehospitalaria en diferentes unidades móviles a través de uno o varios operadores para que realicen asesoría, atención y/o traslados de pacientes con patología médica y/o traumática y/o adulto y/o pediátrica de manera que se garantice el derecho a la atención de urgencias, emergencias y desastres de la población en el Distrito Capital».
El valor del contrato fue por $64.203’690.774, cuyo tiempo de ejecución fue pactado para 34.81 meses. El valor por concepto de AIU [Administración, Imprevistos y Utilidad] fue establecido «por tipo de vehículo» en un porcentaje de «39.1229%».
En relación con la comisión ilegal por la adjudicación del contrato: la Sala evidencia, del análisis conjunto de la práctica probatoria, que el alegato de la defensa sobre la rectitud del trámite contractual se contrapone con las afirmaciones que hicieron testigos que declararon en cumplimiento de compromisos de colaboración con la justicia en virtud de principios de oportunidad.
En específico, en dicha condición rindieron testimonio Héctor Zambrano Rodríguez, ex Secretario Distrital de Salud de Bogotá; Hipólito Moreno Gutiérrez [quien se cambió el nombre a Alejandro H. Moreno Gutiérrez], ex concejal de Bogotá; Federico Gaviria Velásquez, socio de una compañía estructuradora de proyectos; y, Juan Carlos Aldana Aldana, representante legal de la empresa Suárez y Silva LTDA.
Estas declaraciones se deben confrontar con los alegatos defensivos, según los cuales: (i) el tribunal dio por acreditado la existencia de un contexto de corrupción, pese a que dicho tema no fue acusado; y, (ii) la responsabilidad penal se fundamentó indebidamente en una construcción indiciaria con base en elementos típicos de delitos de los cuales se declaró la prescripción de la acción penal, en específico, los de cohecho propio y cohecho por dar u ofrecer.
Pues bien, la Sala evidencia que el contexto de corrupción sí se extrae de la acusación. En concreto, en el «escrito de acusación unificado» (en contra de Andrés Bocanegra, Yolanda Sarmiento y José Bonnet) se aludió a la existencia de un «acuerdo criminal» liderado por el entonces alcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas, por funcionarios de la administración distrital, concejales de la ciudad, y, «por políticos de la época, quienes con su actuar permitieron que contratos públicos vitales e importantes, terminaran en manos de contratistas a cambio de que les dieran un porcentaje de dichos contratos estatales».
Como se indicó en su momento, el 5 de octubre de 2018 se decretó la conexidad de la antedicha acusación con aquella formulada en contra de Juan Varela. Dicho evento procesal, que impone el análisis conjunto de ambos textos, ratifica, en lo que respecta a este último procesado, que fue propósito de la fiscalía señalar la existencia de un entramado de corrupción para la fecha de los hechos, que se manifiesta, entre otros aspectos, en la denominada «venta de la función pública» y que, en general, es parte integral de la acusación en el presente asunto.
En lo que respecta a la valoración de los referidos testigos beneficiados con principios de oportunidad y la alusión a elementos que integran conductas punibles prescritas, la Corte no encuentra que dicho proceder configure una irregularidad que amerite un pronunciamiento de fondo. El análisis se circunscribe a hechos y pruebas practicadas, y así guarden relación con otras conductas punibles, son pertinentes para determinar si se configuró el peculado por apropiación agravado.
La Sala ha insistido en que cuando prescribe una conducta acusada esto no impide que elementos fácticos y normativos que la integran sean considerados como presupuesto fáctico y probatorio de una conducta que no ha prescrito. Lo que debe imperar es que los elementos que componen la conducta vigente permanezcan invariables, como quiera que se trata de conductas autónomas, con estructuras típicas independientes (Cfr. SP2299-2025, rad. 70308 y SP022-2026, rad. 70244).
Ahora bien, en el proceso se cuestionó el valor probatorio de los testimonios de Héctor Zambrano Rodríguez, Hipólito Moreno Gutiérrez [hoy, Alejandro H. Moreno Gutiérrez], Federico Gaviria Velásquez, y, Juan Carlos Aldana Aldana, porque declararon en cumplimiento de principios de oportunidad. Los defensores señalaron que a algunos de ellos se les había compulsado copias penales por falso testimonio en otras actuaciones y que no tenían interés de decir la verdad sino mantener los beneficios.
A los testigos Héctor Zambrano y Federico Gaviria se les intentó impugnar credibilidad en virtud de las compulsas de copias, pero dicha labor no tuvo un efecto concreto en orden a desacreditar sus afirmaciones en relación con los temas que se discuten en este proceso. En el mismo sentido, no se especificó el alcance de los señalamientos sobre el interés que ellos o los restantes beneficiarios de principios de oportunidad pudieran tener con algún efecto perjudicial para el curso de este proceso.
El solo hecho de que una declaración en juicio oral se rinda en cumplimiento de un principio de oportunidad, no la despoja de eficacia probatoria, sino que debe valorarse conforme a la sana crítica y de cara a elementos de corroboración externa. Lo que mina la credibilidad del testimonio ofrecido en contextos de colaboración no es la existencia de los beneficios consustanciales a estos mecanismos, sino, por ejemplo, cuando se acreditan contradicciones sustanciales sobre aspectos centrales de sus exposiciones o se prueba que en efecto el testigo mintió en su relato (Cfr. SP846-2020, rad. 56434, y SP1883-2025, rad. 61622).
La Sala advierte que el ex concejal de Bogotá, Alejandro H. Moreno Gutiérrez, y Héctor Zambrano Rodríguez, ex Secretario Distrital de Salud de Bogotá, coincidieron en señalar la existencia de un contexto de corrupción en la alcaldía de Bogotá para el año 2008, en la contratación pública. El exconcejal incluso precisó que su interés por el sistema de atención prehospitalaria en ambulancias inició años atrás, cuando se presentó la necesidad de cambiar el modelo existente.
En la sesión de juicio oral del 6 de septiembre de 2021, Héctor Zambrano expuso que venía trabajando como Secretario de Salud en la administración anterior y fue ratificado a inicios del año 2008. De este testimonio y de la declaración en juicio del ex concejal se extrae que ambos identifican el origen del esquema de corrupción desde la etapa de planeación del proyecto, que fue incluido en el trámite y aprobación del plan de desarrollo de la ciudad y en la autorización de vigencias futuras en el Concejo de Bogotá.
Del análisis conjunto de la prueba se extrae que Héctor Zambrano intentó separar el referido acuerdo corrupto de la fase técnica de estructuración y elaboración de pliegos en el que intervinieron el CRUE [Centro Regulador de Urgencias y Emergencias de la Secretaría Distrital de Salud], las áreas jurídicas, financiera y de planeación de dicha secretaría, así como el comité de contratación que presidía el Subsecretario de Salud Distrital, Juan Eugenio Varela Beltrán.
Para la Corte, resulta inverosímil que se admita la existencia de un contexto de corrupción e interés ilegal desde la planeación del proyecto, y que, a la vez, se afirme que no hubo direccionamiento ni irregularidad alguna en el proceso contractual, ante la intervención de áreas técnicas y órganos colegiados en la toma de decisiones. Sobre todo, porque Héctor Zambrano reconoció que luego de la adjudicación actuó como garante y canalizador del pago de comisiones provenientes de los favorecidos con el contrato.
Lo cierto es que de los testimonios de Héctor Zambrano Rodríguez e Hipólito Moreno Gutiérrez [Alejandro H. Moreno Gutiérrez] se extrae con claridad que el proyecto de atención prehospitalaria en unidades móviles o ambulancias estuvo mediado por compromisos económicos ilegales. Describieron en detalle la existencia de «compromisos» a los que se llegaron con distintos concejales y otros «actores políticos» de la ciudad en relación con este proyecto, que para este caso no es necesario ahondar.
El contexto de corrupción se acredita con la referida prueba testimonial y se complementa con el testimonio del particular Federico Gaviria Velásquez. Éste ratificó la existencia del compromiso de pago de una «comisión de éxito» del 10% del valor del contrato si la adjudicación del contrato era para el grupo empresarial que impulsaba. Precisó que contaron con información desde los prepliegos de condiciones con miras a realizar ajustes en la propuesta con la que iban a concursar.
La gestión de los ajustes en requisitos clave del proceso de contratación sobre los prepliegos los ubica en: (i) la reducción de experiencia en el número de traslados hospitalarios exigidos; (ii) la adecuación del objeto social de la empresa Suárez y Silva LTDA; y, (iii) el fortalecimiento en el cupo de crédito. Según Federico Gaviria, los ajustes respondieron a información suministrada informalmente por la Secretaría de Salud y en las intervenciones formales en las audiencias del proceso licitatorio.
Finalmente, el testigo Juan Carlos Aldana Aldana, representante legal de Suárez y Silva LTDA, confirmó que conocieron los requisitos del pliego de condiciones antes de su publicación, lo que les permitió cumplirlos o promover su modificación, e igualmente, la reducción de la experiencia por número de traslados hospitalarios, lo cual fue decisivo para ganar la licitación. Este testigo reconoció que prestó el monto de aproximadamente $6.300’000.000 millones para el pago de «coimas», dinero que provino de otra empresa de su propiedad llamada Inversiones y Valores SAS.
La Sala encuentra que son coherentes las declaraciones de los testigos que declararon en el juicio oral en cumplimiento de compromisos derivados de principios de oportunidad en otros procesos. No se advierten contradicciones sustanciales, al punto que pueda dudarse de la credibilidad de sus relatos, y tampoco se acreditó en la actuación que alguno de ellos hubiera faltado a la verdad. Es decir que no hay motivos para dudar de su credibilidad y valor probatorio.
En ese contexto, Hipólito Moreno Gutiérrez [Alejandro H. Moreno Gutiérrez] reconoció que por su conducto llegó la empresa Transporte Ambulatorio Médico [TAM] a conformar la Unión Temporal Transporte Ambulatorio Bogotá [UT-TAB], por cercanía política y familiar con Andrés Bocanegra (representante legal de TAM) y Yolanda Sarmiento (mamá de Andrés Bocanegra). Como representante legal de la UT-TAB fungió el procesado José Antonio Bonnet Llinás.
Y al analizar en conjunto los testimonios de quienes declararon en el marco de compromisos adquiridos por principios de oportunidad, se extrae, en relación con los acusados en la presente actuación, lo siguiente:
Andrés Bocanegra y Yolanda Sarmiento, como integrantes del grupo empresarial favorecido, tenían conocimiento de los acuerdos que se hicieron en el trámite de la contratación e intervinieron en reuniones de aprobación de los pagos por la comisión ilícita pactada que luego de que el contrato fue adjudicado, ambos actuaban conjuntamente en la toma de decisiones sobre la empresa Transporte Ambulatorio Médico [TAM] (así lo declararon Federico Gaviria, Juan Carlos Aldana, Héctor Zambrano e Hipólito Moreno Gutiérrez);
José Bonnet, quien para la fecha de los hechos compartía oficina con Federico Gaviria, intervino en la conformación de la unión temporal, en su operación logística y financiera, y se desempeñó como su gerente y participó en la toma de decisiones, incluyendo el aval y gestión de los pagos por la comisión ilícita pactada (así lo declararon Federico Gaviria, Juan Carlos Aldana, Héctor Zambrano e Hipólito Moreno Gutiérrez); y,
Juan Eugenio Varela, en el ejercicio del cargo de Subsecretario de Salud se benefició del entramado de corrupción al recibir a su favor una suma de dinero producto de la comisión ilícita (así lo declararon Juan Carlos Aldana y Héctor Zambrano).
Los referidos testigos coincidieron en afirmar que el pacto ilegal por la adjudicación del contrato de prestación de servicios de salud de atención prehospitalaria en unidades móviles fue por la suma de 10% del valor del contrato, es decir, de $67.203’690.774. Sobre este punto fue especialmente enfático Hipólito Moreno Gutiérrez, quien indicó que dicho porcentaje era para su manejo, con miras a financiar sus aspiraciones políticas, pero que una vez adjudicado el contrato la destinación de estos recursos se modificó para ser entregado entre más personas.
En este punto, la Corte debe precisar que los compromisos ilícitos asumidos para el pago de «comisiones» o «coimas» con ocasión de la adjudicación del contrato n.° 1229 de 2009, así como la efectiva entrega de las sumas pactadas, no puede concebirse como un asunto de naturaleza privada. Por el contrario, dichos recursos se encuentran directamente vinculados a dineros provenientes del contrato público, razón por la cual no es posible calificar estos hechos como una «estafa entre particulares», como se alega en una de las impugnaciones especiales.
Se trata de dineros públicos en la medida en que, conforme a la tesis de la fiscalía y aquello que fue demostrado en la práctica probatoria, los referidos recursos provinieron de las diferencias entre lo pactado en el contrato y aquello que se ejecutó. En últimas, del contrato mismo, y fueron apropiados de manera indebida, así dichos recursos en un primer momento hayan sido prestados por Juan Carlos Aldana Aldana, los cuales le iban siendo restituidos progresivamente con los pagos mensuales que la administración distrital realizaba con la ejecución contractual.
En lo que respecta a los dineros por la comisión ilícita que recibió el servidor público Juan Eugenio Varela Beltrán, Héctor Zambrano Rodríguez precisó, en la audiencia de juicio oral del 6 de septiembre de 2021, que a finales de 2007 fungía como Secretario de Salud de Bogotá y que el entonces alcalde electo Samuel Moreno Rojas le manifestó que continuara en dicho cargo durante su administración. Luego, en enero de 2008, el alcalde le solicitó que su amigo personal, Juan Eugenio Varela, fuera designado como Subsecretario Distrital de Salud.
Héctor Zambrano expuso que Juan Eugenio Varela no figuraba en el «listado inicial» que le había entregado Iván Moreno [hermano de Samuel Moreno] para la entrega de recursos por el contrato de las ambulancias. Pero que fue el propio alcalde quien le solicitó entregarle dineros a Juan Eugenio Varela, así que convinieron $150’000.000, que concretó en siete (7) «entregas», en el baño de «una sala de reuniones muy privada de la Secretaría de Salud». Aclaró que le informó al destinatario de los recursos que provenían de «comisión» por el del contrato de ambulancias.
La antedicha cantidad de dinero fue una parte de los aproximados $6.300’000.000 millones que, según declaró Juan Carlos Aldana Aldana, prestó y luego se pagaron entre distintas personas como comisión ilegal por el contrato n.° 1229 de 2009. Dicha suma corresponde a un aproximado de 9.3 % del valor del contrato, que como se indicó, fue por la suma de 67.203’690.774 millones de pesos. Son datos que no contradicen ni se oponen al 10% del valor del contrato que, según se acreditó, se pactó como comisión ilegal.
Si bien es cierto en la actuación declaró el abogado Jorge Pino Ricci, experto en contratación, asesor en su momento de la empresa TAM, la explicación que hizo sobre la naturaleza del contrato a precios unitarios, el manejo de costos o la distinción entre presupuesto oficial y ejecución real no desvirtúa la existencia de un acuerdo corrupto de direccionamiento del contrato. Tampoco desestima la prueba testimonial obrante sobre la finalidad ilícita que guiaba tales maniobras.
La discusión que se plantea como alegato defensivo sobre los términos del contrato y los márgenes de discrecionalidad en su ejecución no desplaza la prueba sobre la existencia de pactos ilícitos antes de la adjudicación del contrato. Dicha forma de proceder, según se extrae del análisis conjunto de la prueba, tenía como objetivo asegurar un resultado exitoso en el proceso licitatorio y viabilizar durante la ejecución del contrato la recuperación de los dineros comprometidos para el pago de la comisión ilícita.
Ahora bien, para la Sala es significativo que el acuerdo de una comisión ilegal por el direccionamiento del proceso de licitación encuentre respaldo en otras pruebas practicadas en el proceso. Así se desprende de los documentos incorporados en la sesión del juicio oral del 28 de mayo de 2021 por la investigadora de la fiscalía, Diana Paola Acero Cortés, quien explicó que le fueron entregados por Federico Gaviria Velásquez como soporte de sus señalamientos incriminatorios.
Al proceso ingresó el documento de constitución de la unión temporal, de fecha 22 de abril de 2009 y suscrito por Andrés Fernando Bocanegra Sarmiento, Juan Carlos Aldana Aldana y Jairo Ramón Aldana Aldana. En dicho documento se precisó que los miembros del Consejo Directivo serían: Juan Carlos Aldana Aldana, Andrés Fernando Bocanegra Sarmiento (con Yolanda Sarmiento Gutiérrez como su suplente) y José Antonio Bonnet Llinás, quien fue designado como representante legal de la unión temporal.
El objeto de esta unión temporal fue «…la presentación de la propuesta, adjudicación, celebración y ejecución del contrato, dentro de la contratación que realizara la Secretaría de Salud de Bogotá que consiste en contratar la prestación de servicios de salud de atención prehospitalaria…». De su cláusula décima se desprende que para ese momento ya se hablaba de una «comisión de éxito», aunque con destino a las firmas estructuradoras del proyecto y la cual se pagaría una vez se recibiera el anticipo del contrato (luego de la adjudicación).
Las sociedades beneficiarias de la referida comisión o prima de éxito fueron identificadas en el documento, junto con el valor monetario que recibirían, en los siguientes términos: Latin American Factory of Financial Instruments LLC ($750’000.000), Conceptos y Estrategias Publicidad LTDA ($662’500.000), Inversiones CICAL LTDA ($662’500.000) y EMCOL LTDA – Empresa Comercial de Papeles LTDA ($1.325’000.000).
Así mismo, en la práctica probatoria se aludió a otro documento del 22 de abril de 2009, correspondiente a un contrato de prestación de servicios entre: Transporte Ambulatorio Médico [TAM], representada por Andrés Fernando Bocanegra Sarmiento, la empresa Latin American Factory of Financial Instruments LLC (la cual, según el documento, la apoderaba José Antonio Bonnet Llinás, pero este no lo suscribe), y, Juan Carlos Aldana Aldana, en nombre de Suárez y Silva LTDA.
En el objeto de este contrato se señala la oferta que se presentará en el proceso contractual de prestación de salud y atención prehospitalaria. Además, se especifica que se contratará a la empresa Latin American Factory of Financial Instruments LLC para que realice, entre otras cosas, la estructuración de «las propuestas que se presenten a la licitación», la supervisión de la operación y la compra de vehículos y equipos. Como contraprestación, se pactó «el 10% del valor del contrato que se adjudique al consorcio en caso de ser favorecido dentro de la licitación pública que convoque la Secretaría de Salud de Bogotá».
En la práctica probatoria también se expuso el documento «acta de cumplimiento de contrato» del 16 de diciembre de 2009, entre la Unión Temporal Transporte Ambulatorio Bogotá [UT-TAB] y Suárez y Silva LTDA, que lo suscriben Andrés Fernando Bocanegra Sarmiento, José Antonio Bonnet Llinás y Juan Carlos Aldana Aldana. De su contenido se extraen los siguientes aspectos relevantes:
que «el 30 de septiembre de 2009 se suscribió el contrato 1229 de 2009 entre la Secretaría Distrital de Salud y la Unión Temporal Transporte Ambulatorio Bogotá»;
que «Suárez y Silva LTDA aportó «recursos financieros, así como las garantías y el grupo de crédito» (…) «y el cumplimiento de los indicadores financieros requeridos por la licitación pública…»;
que «los miembros de la Unión Temporal Transporte Ambulatorio Bogotá ratifican con su firma lo pactado en este contrato» (…) «objeto (…): la Unión Temporal pagará a Suárez y Silva LTDA una remuneración por su participación en la Unión Temporal pactada en partidas mensuales de 462 millones (…) durante 35 meses mes vencido a partir de la fecha de iniciación del contrato 1229-2009 antes referido»; y,
que «el valor acá anotado se cancelará mediante» «cheques, transferencias electrónicas o abono a cuentas dentro de los tres días siguientes a que la Unión Temporal reciba el pago objeto del contrato 1229 antes mencionado (…).»
El contenido de estos documentos reafirma aspectos centrales expuestos por los testigos que declararon en cumplimiento de principios de oportunidad. Particularmente, se reafirma lo descrito por Federico Gaviria y Juan Carlos Aldana en relación con la existencia de comisiones, en concreto, la relacionada con la empresa Latin American Factory of Financial Instruments LLC, a la que se encontraba ligado José Antonio Bonnet Llinás.
Si bien la defensa de este último sostuvo que uno de estos documentos contiene su nombre, pero no su firma, tal circunstancia no lo desvincula de las labores desplegadas en relación con el proceso licitatorio. Sea del caso referir que Federico Gaviria fue claro al afirmar que José Antonio Bonnet Llinás era su socio, que compartían oficina, y fue la persona que ejerció como representante legal de la Unión Temporal Transporte Ambulatorio Bogotá [UT-TAB].
Los otros particulares, Yolanda Sarmiento Gutiérrez y Andrés Fernando Bocanegra Sarmiento (mamá e hijo), actuaban como representante principal y suplente de Transporte Ambulatorio Médico [TAM]. A nombre de dicha sociedad, integrante de la unión temporal que resultó adjudicataria de la licitación pública, suscribieron los documentos de compromisos adquiridos. Al respecto, Federico Gaviria precisó que tratar con uno u otro era igual, pues ambos participaban en las reuniones y toma de decisiones al interior de la unión temporal.
Un elemento de especial relevancia en esta prueba documental lo constituye la denominada «acta de cumplimiento de contrato», mediante la cual, los integrantes de la unión temporal ganadora del proceso licitatorio ratificaron su compromiso de pagar un dinero mensual a Suárez y Silva LTDA. Esto se conecta, siguiendo la tesis de la fiscalía, con las manifestaciones de Juan Carlos Aldana Aldana en relación con el préstamo que hizo para cubrir la comisión ilegal y los pagos que la UT-TAB le efectuaba durante la ejecución del contrato para saldar dicha deuda.
El propio Juan Carlos Aldana Aldana especificó en su momento que la comisión ilegal por la adjudicación del contrato se pactó en el 10% de su valor. Por ende, como el valor del contrato corresponde a la suma de $67.203’690.774, las pruebas practicadas en el juicio reflejan que el valor de lo apropiado de manera ilícita fue por la suma de $6.720’369.077.
En relación con el sobrecosto por el componente mano de obra: la fiscalía señaló que, en los estudios previos del contrato de prestación de servicios de salud de atención prehospitalaria en unidades móviles, se proyectó para el componente de mano de obra la suma de $34.793’482.800. Sin embargo, la adjudicataria del contrato, Unión Temporal Transporte Ambulatorio Bogotá [UT-TAB], únicamente habría realizado pagos por nómina cercanos a $17.196’830.333, lo cual generó una diferencia injustificada aproximada de $17.542’652.467.
Como sustento de esta afirmación, el ente investigador indicó que los estudios previos, el pliego de condiciones y las adendas hacían parte integral del contrato y, por tanto, no podían ser desconocidos durante su ejecución. En efecto, en el contenido del contrato n.° 1229 de 2009, si bien no se precisaron valores específicos para el ítem mano de obra, sí se establece que: «[f]orman parte integral del presente contrato los siguientes documentos: 1. Estudios y documentos previos, 2. pliego de condiciones y sus adendas, 3. Propuesta presentada por el contratista…».
Según se acreditó en la práctica probatoria, en especial con el testimonio del investigador Juan Carlos Ibagué Pinilla, que se corrobora con el expediente digital, entre los estudios previos, el pliego definitivo y los términos de la adjudicación no hubo modificaciones respecto de los valores proyectados por mano de obra. De ahí que en el juicio oral se haya aludido en distintas ocasiones al siguiente cuadro de asignación salarial de la proyección que hizo el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias – CRUE:
CARGO
COSTO MENSUAL A PAGAR POR EL OPERADOR
PRESTACIONES
ASIGNACIÓN SALARIAL
CONDUCTORES
1.510.000
510.000
1.000.000
AUXILIARES PARA AMBULANCIAS
1.812.000
612.000
1.200.000
AUXILIARES PARA VRR
2.038.500
688.500
1.350.000
TECNOLOGOS PARA VRR
2.355.000
795.000
1.560.000
MEDICOS PARA AMBULANCIAS
4.077.000
1.377.000
2.700.000
MEDICOS PARA VRR
4.530.000
1.530.000
3.000.000
PSIQUIATRAS PARA AMBULANCIA
6.040.000
2.040.000
4.000.000
Ahora bien, aunque el investigador de la fiscalía aludió a la existencia de un informe contable y financiero en el que se contrastaban los valores proyectados por la mano de obra con aquellos efectivamente pagados durante la ejecución del contrato, dicha afirmación no fue respaldada con prueba documental de la que pueda extraerse la diferencia en los pagos objeto de acusación. Se aludió a la existencia de un informe, pero que fue objeto de exclusión probatoria en el curso de la actuación.
Lo anterior tuvo como consecuencia que la tesis acusatoria dependiera, en buena medida, de la prueba testimonial para acreditar el tema de los valores pagados a los trabajadores de la unión temporal. Al respecto, declararon en el proceso como testigos de cargo los auxiliares de enfermería que laboraron para la unión temporal, Sandra Castro García, quien manifestó que le pagaron como salario $800.000; y Michel Anyelo Betancur, quien señaló que su salario fue de $960.000.
En los alegatos de cierre, la fiscalía aseguró que con estos testigos se acreditaba la diferencia entre el valor que el operador debía pagar a los auxiliares de enfermería (esto es, $1’812.000, entre prestaciones y asignación salarial) y los salarios que en realidad recibieron dichos trabajadores. De esta premisa se infirió que la diferencia total presupuestal entre lo que debió pagarse y lo efectivamente pagado podía proyectarse tomando como punto de referencia las diferencias salariales reveladas en estas declaraciones.
Pese a lo anterior, la Sala advierte una ausencia probatoria en relación con los cálculos exactos de las diferencias entre los salarios presupuestados y los efectivamente pagados, así como de una proyección integral que comprendiera todos los cargos y la totalidad del personal vinculado a la unión temporal durante la ejecución del contrato. Dicha situación impide validar el señalamiento de la acusación en el que se alude a unas diferencias totales de más de 17 mil millones de pesos.
Esto se refuerza con el contenido del testimonio del médico Marco Antonio Ariza Rodríguez, quien también declaró por solicitud de la fiscalía, y quien indicó que, en su condición de tripulante de ambulancia, percibía un salario aproximado de $4’000.000. Con base en este testimonio la defensa alegó que podría afirmarse que los salarios cancelados correspondían a los valores proyectados o, incluso, que en algunos casos se pagaba por encima de lo inicialmente presupuestado.
Sobre este punto declararon, por solicitud de la defensa, las auxiliares de enfermería: Luz Dary Patiño León, Sintia Raquel Rubio Rivera y Yaneth Patricia Triana. Sin embargo, del examen de estas declaraciones se constata que la última testigo no recordó el monto exacto que recibía por salario, aunque señaló que la remuneración era mejor que en otras empresas del sector; y en lo que respecta a primeras dos testigos, sus vínculos laborales no aportan a los temas que interesan a este proceso.
En específico, las enfermeras Luz Dary y Sintia Raquel reconocieron que durante el tiempo en que se ejecutó el contrato con la Secretaría de Salud de Bogotá sus salarios los pagaba directamente la empresa Transporte Ambulatorio Médico [TAM]. Dicha empresa, aunque hace parte de la unión temporal, continuó desarrollando operaciones propias de prestación de atención médica y el pago de estos salarios no pueden atribuirse a Unión Temporal Transporte Ambulatorio Bogotá [UT-TAB].
La ausencia de prueba sobre los valores exactos que se cancelaron por el componente mano de obra por la totalidad del contrato no impide concluir que sí se acreditó que existieron irregularidades en este componente. Así se desprende del «informe de seguimiento y control al contrato n.° 1229-09» del 13 de diciembre de 2011, del despacho de Jorge Bernal Conde, entonces Secretario de Salud de Bogotá. Sus hallazgos sirvieron de insumo para la compulsa de copias en este proceso, según se expuso en el juicio oral.
Del referido documento que fue incorporado debidamente a la actuación, contrario a lo afirmado por la defensa, sí se extraen elementos alusivos a irregularidades en la ejecución del contrato en el componente mano de obra. En específico, se encontró en la fase de ejecución del contrato lo siguiente:
que el revisor fiscal de la Unión Temporal Transporte Ambulatorio Bogotá [UT-TAB] no estaba certificando el cumplimiento de la obligación contractual de encontrarse al día en el pago de los salarios y prestaciones de sus empleados, pues esta labor venía siendo realizada por la empresa Transporte Ambulatorio Médico [TAM];
que las certificaciones aportadas eran de carácter genérico, sin individualización de los trabajadores, de las horas efectivamente laboradas ni de los valores cancelados, lo que impide verificar si los pagos se realizaron de manera completa y conforme a lo pactado;
que se evidenciaron diferentes valores de la hora de servicio para un mismo tipo de ambulancia, sin que existiera justificación alguna, circunstancia indicativa bien de sobrecosto en la facturación del servicio o un pago menor del salario establecido en los pliegos de condiciones;
que se identificaron elementos que permitían concluir que horas reportadas como servicio prestado habrían sido pagadas, pese a que dicho servicio no se habría ejecutado realmente;
que en varias oportunidades no se remitieron a las autoridades distritales los cronogramas o la programación de los vehículos y del talento humano requerido para la operación del servicio;
que se detectaron casos de adulteración de documentos correspondientes a personas contratadas por la unión temporal; y,
que en la inspección de los vehículos se constató la existencia de dotación incompleta o de deficiente calidad, en contravía de las obligaciones contractuales.
Así las cosas, si bien probatoriamente no se acreditó la cuantificación de las diferencias entre los valores proyectados y los pagados por mano de obra, no ocurre lo mismo frente a la existencia de irregularidades sustanciales en la forma como dicho rubro fue gestionado durante la ejecución del contrato. Lo cierto es que sí quedaron demostradas prácticas que afectaron la transparencia, trazabilidad y control en el gasto por mano de obra.
Lo anterior se ve reflejado, en esencia, ante la ausencia de certificaciones idóneas, variaciones injustificadas de valores en el número de horas en que se prestó el servicio, indefinición en la existencia de pagos y la falta de control efectivo sobre el talento humano. Se trata de un contexto relevante que descarta una ejecución regular del contrato, sujeto a los términos pactados por el concepto de mano de obra, que fortalecen la tesis acusatoria sobre el desvío de recursos públicos por dicho ítem.
Se trata de situaciones o hallazgos que fueron ratificadas en la práctica probatoria por Julia Elizabeth Fajardo Velázquez, jefa de control interno de la Secretaría de Salud para el año 2012, Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez, Secretario de Salud durante el 2012 y 2013. Dichos servidores expusieron a cerca de su conocimiento personal sobre la existencia de irregularidades en la ejecución del contrato ligado a el componente de mano de obra y que refuerza la tesis acusatoria en este caso.
La carga probatoria descrita no se desvirtúa con los testimonios que rindieron en el juicio oral Juan Felipe Conde Roa, director operativo de Transporte Ambulatorio Médico [TAM] de septiembre de 2009 hasta enero de 2013 o el de Waldetrudes Aguirre Ramírez, quien fue director del Centro Regulador de Urgencias, Emergencias y Desastres [CRUE]. En esencia, estos testigos detallaron el sistema de operación de la atención prehospitalaria mediante unidades móviles y la metodología de certificación de las horas y sus reportes para los correspondientes pagos.
El primero de estos testigos, tal como lo precisó el ente investigador, dejó en evidencia que en buena medida no tenía un contacto directo con la operación del sistema, sino que recibía constantemente reportes de otras personas. Mientras que, el segundo de estos declarantes no detalló aspectos puntuales de la operación en relación con el componente mano de obra sino que hizo una descripción del diseño general del sistema de atención y pagos. Dichos eventos son suficientes para que carezcan del valor probatorio que pretendieron otórgales los abogados defensores.
En definitiva, según lo expuesto hasta ahora, si bien desde los estudios previos se pactó para el componente de mano de obra la suma de $34.793’482.800, la fiscalía, aunque lo anunció en la acusación, en la práctica probatoria no acreditó que la UT-TAB únicamente hubiera realizado pagos por mano de obra por $17.196’830.333, con lo cual se permita concluir una diferencia injustificada, o de apropiación, por valor de $17.542’652.467, aunque sí probó que se presentaron irregularidades en dicho componente.
Conclusión: según se expuso en su momento (§ 124-129), el delito de peculado por apropiación se consuma cuando el servidor público en ejercicio de sus funciones se apodera en favor suyo o de un tercero de recursos del Estado. En el presente caso, Andrés Fernando Bocanegra Sarmiento, Yolanda Sarmiento Gutiérrez y José Antonio Bonnet Llinás fueron acusados como coautores intervinientes, al no reunir la calificación especial que exige el tipo penal, y el servidor público Juan Eugenio Varela Beltrán fue acusado como coautor de dicha conducta.
En relación con los particulares, se acreditó que participaron con conocimiento y voluntad en el direccionamiento del trámite contractual que culminó con la adjudicación del contrato n.° 1229 de 2009, a cambio del 10% del valor del contrato. Además, que conocieron y avalaron los pagos producto de comisiones ilícitas asociadas a ese direccionamiento. Dichos dineros provinieron en un inicio de un préstamo particular para su distribución entre participantes del entramado criminal, pero se recuperaron luego con los pagos mensuales en la ejecución del contrato.
Y en lo que respecta al servidor público, en el proceso quedó acreditado que en ejercicio de sus funciones participó en la toma de decisiones que permitieron la adjudicación irregular del contrato y, en consecuencia, la posterior apropiación del 10% de su valor que fue pactado como comisión ilícita. El procesado conocía la naturaleza irregular de la actuación, y, aun así, quiso llevar a cabo dichos actos, lo que además le representó para sí una suma de dinero.
Se estableció igualmente, en el marco del análisis del delito de peculado por apropiación agravado, que existieron irregularidades en el componente mano de obra del contrato. Si bien no se logró demostrar el monto exacto de lo apropiado por ese concepto, sí se acreditaron deficiencias en la gestión y ejecución de dicho rubro durante la ejecución del contrato. Tales circunstancias permiten concluir que dicho componente no fue ejecutado conforme a las exigencias pactadas y, por ende, respaldan la tesis acusatoria sobre el desvío de recursos públicos asociados a este rubro.
Lo expuesto es suficiente para confirmar la corrección judicial del fallo del tribunal.
Modificación de la pena de multa. El tribunal expuso que, acorde con el artículo 397 del Código Penal, la multa por el delito de peculado por apropiación agravado corresponde al valor de lo apropiado. En consecuencia, que lo apropiado fue de $17.542’652.467; sin embargo, según se expuso párrafos atrás (§ 209), ese monto no fue acreditado probatoriamente en el juicio oral.
En todo caso, sí se demostró la apropiación ilícita del 10% del valor del contrato n.° 1229 de 2009, que se suscribió por $67.203’690.774. Esto arroja una suma de apropiación ilícita de $6.720’369.077, como se especificó en su momento (§ 191). Por ende, se modificará el fallo del tribunal para fijar en dicha cifra el valor apropiado, el cual constituye la base de la multa a imponer por el delito de peculado por apropiación agravado.
Acorde con la tasación hecha por el tribunal, la pena de multa según el artículo 397 (inc. 2º) es el valor de la cuantía apropiada, que corresponde a 13.524 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2009 en que ocurrieron los hechos. Y con la rebaja de la ¼ por la calidad de intervinientes de los particulares (Andrés Fernando Bocanegra Sarmiento, Yolanda Sarmiento Gutiérrez y José Antonio Bonnet Llinás), la multa para ellos queda en 10.143 salarios mínimos legales mensuales vigentes, o lo que es lo mismo: $5.040’056.700.
En el caso del servidor público (Juan Eugenio Varela Beltrán), la multa por el delito de peculado por apropiación agravado se ubica en 13.524 salarios mínimos legales mensuales vigentes, o lo que es lo mismo: $6.720’369.077.
La redosificación de la pena solicitada en favor de Andrés Fernando Bocanegra Sarmiento y Yolanda Sarmiento Gutiérrez: el defensor sostiene que el tribunal vulneró el principio non bis in idem, al considerar que el delito de peculado por apropiación exige, como presupuesto de su configuración, la concurrencia un sujeto activo (los procesados fueron acusados como coautores intervinientes), por lo que la coparticipación criminal es de su esencia. Y que, pese a ello, se incluyó dicha circunstancia al dosificar la pena, lo cual significó una doble sanción por el mismo hecho.
En relación con este tema, la Sala ha sido insistente en que no se incurre en una doble sanción penal por el mismo hecho cuando los procesados son condenados como coautores y se aplica la circunstancia genérica del artículo 58.10 del Código Penal, de obrar en coparticipación criminal, para dosificar la pena. Esto, pues la coautoría y la coparticipación criminal no son categorías equivalentes ni se superponen (Cfr. SP1281-2024, rad. 57851).
La coautoría responde al título de imputación, en los términos del artículo 30 del Código Penal, mientras que la coparticipación criminal valora un mayor desvalor de la acción ante la concurrencia de varias personas, con independencia del título de intervención. De ahí que no haya doble valoración del mismo hecho, o doble sanción, aun cuando la coparticipación sea un presupuesto fáctico del delito (Cfr. SP16332-2016, rad. 40843, AP3645-2018, rad. 50711 y SP2847-2020, rad. 52567, entre otras).
En consecuencia, no prospera el alegato de redosificación punitiva.
Análisis de la tipicidad del delito de interés indebido en la celebración de contratos, respecto de Juan Eugenio Varela Beltrán
Según la argumentación que expuso el procesado en la impugnación especial, en ejercicio de su defensa material, y la plasmada por su apoderado, la fiscalía no acreditó que fuera responsable por esta conducta.
En criterio de los recurrentes, no se acreditó que el procesado haya participado en el direccionamiento de la licitación, en la entrega de información privilegiada o en un acuerdo para favorecer a la Unión Temporal Transporte Ambulatorio Bogotá [UT-TAB], previo a la suscripción del contrato n.° 1229 de 2009. Además, refieren que intervino en el ejercicio de sus funciones, sin que se haya evidenciado un interés indebido.
Contrario a los argumentos defensivos, la Sala sí encuentra que existen elementos probatorios suficientes con los cuales se desvirtuó la presunción de inocencia del acusado por esta conducta. Esto tiene como punto de partida, necesariamente, el contexto de corrupción descrito por la fiscalía en la acusación y que se detalló en la práctica probatoria, acorde con lo expuesto en el análisis teórico del tipo penal de peculado por apropiación (§126 y 127).
No es cierto que el tribunal haya inferido la responsabilidad penal del acusado por la amistad que sostenía con el entonces alcalde Samuel Moreno Rojas. Simplemente, según se deduce de la práctica probatoria, dicha situación sirvió para explicar de manera coherente el motivo por el cual Juan Eugenio Varela Beltrán ingresó a la administración distrital como Subsecretario de Salud, en el año 2008, y es punto de partida para ubicarlo en el entramado de corrupción.
Salta a la vista que en este proceso no fue impugnada la credibilidad de quien fungió como Secretario de Salud para la fecha de los hechos, Héctor Zambrano Rodríguez, quien señaló que fue el propio alcalde quien le indicó que nombrara al procesado. Y que, además, en el trámite de reparto de los dineros producto de la comisión ilícita, le señaló que le entregara dineros a Juan Eugenio Varela, instrucción que, según expuso, luego confirmó con Iván Moreno Rojas, senador y hermano del alcalde.
El entramado de corrupción, a todos los niveles, y que fue descrito por Héctor Zambrano Rodríguez, se corrobora con las declaraciones de Federico Gaviria Velásquez e Hipólito Moreno Gutiérrez. En lo que respecta al aquí procesado, se concreta en el detalle y coherencia ofrecido por el primero de estos testigos al señalar las siete (7) «entregas» de dinero a Juan Eugenio Varela con el conocimiento pleno de que se trataba de dineros producto de la «comisión» por el del contrato de ambulancias.
Es en ese contexto que se entiende la participación del procesado y la actualización de los elementos de la conducta acusada. Según se acreditó en el juicio oral, con los documentos que fueron incorporados por el investigador de la fiscalía, Juan Carlos Ibagué Pinilla, en ejercicio de sus funciones públicas:
suscribió la resolución n.° 563 del 1º de julio de 2009, mediante la cual ordenó la apertura de la licitación pública n.° «FFDS-LP-006 de 2009», designó el comité asesor y dispuso la publicación del proceso licitatorio;
suscribió el pliego de condicionales definitivo del 1º de julio de 2009 de la licitación pública n.° «FFDS-LP-006 de 2009»; y,
participó en la recomendación de la adjudicación del contrato a la UT-TAB, que tuvo lugar mediante resolución n.° 909 del 21 de septiembre de 2009 que suscribió Héctor Zambrano Rodríguez.
Para la Sala resulta claro que se trata de decisiones que, desde una perspectiva formal, se inscriben dentro de las funciones propias del servidor público. Sin embargo, ello no impide advertir que tales actuaciones contribuyeron de manera relevante a poner en marcha el proceso licitatorio, el cual había sido previamente direccionado en favor de la la UT-TAB, según se acreditó en la presente actuación, circunstancia que devela el interés indebido.
En el juicio oral declaró al respecto Jairo Villamil Hernández, director administrativo de la Secretaría de Salud de 2009 a 2012. Dicho testigo expuso de manera detallada el funcionamiento de los distintos comités técnicos, incluyendo el comité jurídico y de contratación, así como la falta de injerencia directa e indirecta del Secretario o Subsecretario de Salud en dichos asuntos, descartando cualquier direccionamiento institucional.
No obstante, su declaración no resulta suficiente para desacreditar o generar alguna duda en torno a la existencia de un entramado corrupto que condujo al direccionamiento del proceso licitatorio. De ninguna manera controvierte, ni su conocimiento directo de los hechos conduce a ello, la existencia de acuerdos previos que fueron acreditados con abundante prueba en la práctica probatoria, cuyo resultado se reflejó, en el caso del servidor público, en la apropiación ilícita de recursos.
La intervención del procesado en este contexto de direccionamiento contractual también se vincula con la incorporación, en el pliego de condiciones, de requisitos que ya habían sido amañados para favorecer a la UT-TAB. De igual modo, su participación e injerencia derivadas del ejercicio del cargo público en la aprobación de términos de referencia, informes de evaluación y en la recomendación de la adjudicación del contrato igualmente son aspectos relevantes para el análisis del interés indebido.
Conclusión: según se expuso en su momento (§130-138), el delito de interés indebido en la celebración de contratos se configura cuando el servidor público abandona sus deberes, obligaciones y compromisos con el Estado y se interesa de manera indebida en la actividad contractual en detrimento del interés colectivo.
En el presente caso se acreditó que Juan Eugenio Varela Beltrán participó en el entramado de corrupción que condujo a la adjudicación y posterior suscripción del contrato n.° 1229 de 2009. Su interés en el referido contrato se materializó en el beneficio económico que obtuvo, y en el hecho de que el ejercicio formal de sus competencias haya trascendido funcionalmente al entramado de direccionamiento del trámite contractual.
La participación del procesado solo se comprende por su interés propio, y el de otras personas, en la obtención de provechos indebidos derivados de la contratación estatal. De esta manera, antepuso sus intereses particulares al interés general, afectando los principios de transparencia, imparcialidad y selección objetiva que gobiernan la contratación pública.
Así las cosas, también se confirma la corrección jurídica de la decisión del tribunal de proferir sentencia condenatoria por esta conducta.
Examen general del presente caso
La Sala abordó en un inicio las solicitudes de nulidad formuladas, en las que se alegaban violaciones al debido proceso ante una supuesta incongruencia entre la imputación fáctica y la sentencia del tribunal, y falta de motivación de dicho fallo. Se concluyó, conforme al principio de acreditación, que ninguno de estos alegatos estaba llamado a prosperar, pues la autoridad de segunda instancia no incorporó hechos nuevos ni incumplió su deber de motivar la decisión, y que tampoco profirió el fallo sin contar con acceso completo al expediente.
Superado lo anterior, se analizaron los argumentos planteados en las impugnaciones especiales sobre la responsabilidad penal de Andrés Fernando Bocanegra Sarmiento, Yolanda Sarmiento Gutiérrez y José Antonio Bonnet Llinás por el delito de peculado por apropiación agravado, así como la de Juan Eugenio Varela Beltrán por los delitos de peculado por apropiación agravado e interés indebido en la celebración de contratos. Como punto de partida, se fijaron las bases teóricas sobre la descripción típica de estas conductas y su desarrollo jurisprudencial.
Al examinar la tipicidad del delito de peculado por apropiación en el caso concreto, se concluyó que la fiscalía acreditó la existencia de una comisión ilegal asociada a la adjudicación del contrato de atención prehospitalaria en unidades móviles. Dicho evento se estableció con fundamento en las declaraciones rendidas por testigos que comparecieron en cumplimiento de compromisos adquiridos en principios de oportunidad, cuyo contenido encontró respaldo en otras pruebas obrantes en la actuación.
De igual manera, se determinó que el ente investigador acreditó la configuración de este delito en relación con el componente mano de obra. Si bien no se probó el monto exacto del detrimento patrimonial, sí se demostró la existencia de irregularidades sustanciales en la gestión y ejecución de dicho rubro, las cuales respaldan la tesis acusatoria sobre el desvío de recursos públicos, conclusión que se sustenta en el informe de seguimiento y control del contrato y de prueba testimonial que fue practicada en el juicio oral.
Una vez establecida la responsabilidad penal de todos los acusados por el delito de peculado por apropiación agravado, la Sala analizó en el caso concreto el tipo penal de interés indebido en la celebración de contratos atribuido al servidor público Juan Eugenio Varela Beltrán. Se concluyó que también se encontraban acreditados los elementos estructurales de esta conducta punible, esencialmente, ante el provecho indebido que obtuvo con ocasión del trámite y ejecución del proceso contractual objeto de este proceso.
En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
Primero. NEGAR las solicitudes de nulidad.
Segundo. CONFIRMAR la sentencia del 5 de marzo de 2024 de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante la cual condenó, por primera vez, a Juan Eugenio Varela Beltrán por los delitos de peculado por apropiación agravado e interés indebido en la celebración de contratos; y, a Andrés Fernando Bocanegra Sarmiento, Yolanda Sarmiento Gutiérrez y José Antonio Bonnet Llinás por el delito de peculado por apropiación agravado.
Tercero. MODIFICAR la pena de multa por el delito de peculado por apropiación agravado. En relación con Juan Eugenio Varela Beltrán, se fija en 13.524 salarios mínimos legales mensuales vigentes; y, respecto de Andrés Fernando Bocanegra Sarmiento, Yolanda Sarmiento Gutiérrez y José Antonio Bonnet Llinás, se fija en 10.143 salarios mínimos legales mensuales vigentes, en los términos expuestos en la parte motiva.
Cuarto. En contra de la presente decisión no proceden recursos.
Quinto. Por la Secretaría de la Sala, dese cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 2195 de 2022 y la Circular n.° PCSJC22–12 del 29 de julio de 2022 de la Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura, con miras a aportar a la adopción de medidas de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción.
Sexto. Devuélvase la actuación a la autoridad judicial de origen.
Notifíquese y cúmplase.
CARLOS ROBERTO SOLÓRZANO GARAVITO
Presidente
Aclaración de voto
MYRIAM ÁVILA ROLDÁN
GERARDO BARBOSA CASTILLO
FERNANDO LEÓN BOLAÑOS PALACIOS
GERSON CHAVERRA CASTRO
DIEGO EUGENIO CORREDOR BELTRÁN
JORGE HERNÁN DÍAZ SOTO
HUGO QUINTERO BERNATE
JOSÉ JOAQUÍN URBANO MARTÍNEZ
Aclaración de voto
NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA
Secretaria
ACLARACIÓN DE VOTO
Los suscritos magistrados compartimos la decisión tomada por la Sala, pero no los fundamentos en que se apoya. Lo hacemos por los siguientes motivos:
1. El 30 de septiembre de 2009, la alcaldía de Bogotá, en cabeza de Samuel Moreno Rojas, adjudicó el contrato No. 1229 de 2009 a la Unión Temporal de Transporte Ambulatorio Bogotá, por un valor de $67.203.690.774. El objeto de dicho contrato era la prestación de servicios de salud de atención prehospitalaria mediante unidades móviles.
José Antonio Bonnet Llinás representaba legalmente a la Unión Temporal. Esta la integraban las empresas J.A. Asociados, Suárez y Silva Ltda., representada por Juan Carlos Aldana Aldana, y Transporte Ambulatorio Médico, representada por sus propietarios Andrés Fernando Bocanegra Sarmiento y Yolanda Sarmiento Gutiérrez.
Desde la etapa de planeación y antes de la apertura de la licitación pública, se concretaron acuerdos ilícitos entre particulares y servidores públicos con el propósito de asegurar que el contrato fuera adjudicado a la Unión Temporal de Transporte Ambulatorio Bogotá. Lo anterior, mediante: i) el acceso a información confidencial; ii) modificaciones a los pliegos de condiciones en la etapa precontractual y, iii) el direccionamiento integral de los procesos de licitación y adjudicación.
En la base de dichos acuerdos, la totalidad de los integrantes de la Unión Temporal acordaron entregar una comisión de aproximadamente $6.700.000.000, equivalente al 10% del valor del contrato. Dicha suma se pagó entre septiembre de 2009 y diciembre de 2010 y se distribuyó por intermedio del secretario distrital de salud, Héctor Zambrano Rodríguez, a los servidores públicos que hicieron parte del proceso de contratación. En idénticas condiciones, Juan Eugenio Varela Beltrán, subsecretario distrital de salud, recibió una comisión de $150.000.000.
2. Por estos hechos, el 23 de septiembre de 2014, la Fiscalía acusó a Juan Eugenio Varela Beltrán como coautor de los delitos de cohecho propio, peculado por apropiación agravado e interés ilícito en la celebración de contratos. De igual manera, el 23 de enero de 2018, acusó a Andrés Fernando Bocanegra Sarmiento, Yolanda Sarmiento Gutiérrez y José Antonio Bonnet Llinás como coautores del delito de cohecho por dar u ofrecer y coautores intervinientes en el delito de peculado por apropiación agravado.
El 22 de enero de 2021, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá ordenó la preclusión, por prescripción, del delito de cohecho por par u ofrecer a favor de Andrés Fernando Bocanegra Sarmiento, Yolanda Sarmiento Gutiérrez y José Antonio Bonnet Llinás.
El 21 de septiembre de 2022, el Juzgado Cincuenta Penal del Circuito de Bogotá los absolvió. El 5 de marzo de 2024, el Tribunal Superior de Bogotá revocó la sentencia de primera instancia. Condenó, por primera vez, a Andrés Fernando Bocanegra Sarmiento, Yolanda Sarmiento Gutiérrez y José Antonio Bonnet Llinás, como coautores intervinientes de peculado por apropiación agravado. Consideró que estos comparten las condiciones de coautores en los que no concurren la calidad especial requerida para la comisión de aquel delito.
3. Los suscritos magistrados no compartimos los fundamentos de esa decisión: para nuestra forma de ver las cosas, ninguna persona en la que no concurra la calidad requerida para reputarse autor de un delito especial, en este caso, el de peculado por apropiación, puede ser autor o coautor de ella. A lo sumo puede ser partícipe, pero no autor ni coautor.
Con el debido respeto, exponemos las razones que sirven de fundamento a esta aclaración de voto, anunciada durante la discusión en la Sala.
4. En nuestro criterio: i) la tesis según la cual «el sujeto activo que no tiene la calidad especial exigida en el tipo —extraneus—, pero concurre a su realización, es coautor […]», representa una interpretación extensiva del art. 30 inciso 4º del Código Penal -CP-, que no se compadece con los principios de legalidad e igualdad. Debido a lo anterior, ii) una conclusión más plausible a la que la Corte pudo arribar en este caso es que Andrés Fernando Bocanegra Sarmiento, Yolanda Sarmiento Gutiérrez y José Antonio Bonnet Llinás participaron en calidad de intervinientes, tal como se explicará a continuación.
Sobre los presupuestos que definen la calidad de interviniente especial en injustos penales con elementos personales especiales.
5. El Legislador plasmó en el inciso 4º del artículo 30 del CP los presupuestos para la solución al problema de la imputación a quien interviene en un delito especial, sin tener las calidades exigidas para el sujeto activo. Al respecto, el citado inciso dispone que «Al interviniente que no teniendo las calidades especiales exigidas en el tipo penal concurra en su realización, se le rebajará la pena en una cuarta parte».
De esta manera, delimita tanto una calificación jurídica autónoma para ciertas modalidades de participación en injustos especiales, como una regla de punibilidad que abarca al sujeto que concurra en tal injusto sin disponer de la calidad requerida.
6. La intervención en injustos con elementos personales especiales representa un título específico de imputación en el marco de las modalidades de participación en el hecho punible previstas en el CP. Con ello se busca asegurar el desvalor al acto del extraneus sin recurrir a tipos penales diferentes y comunes. El propósito de esta modalidad de concurrencia personal en el hecho punible consiste, entonces, en la conservación de la unidad de imputación entre un intraneus y un extraneus tratándose de injustos especiales. De esta manera, se asegura que el injusto del autor con calidad especial (intraneus) también pueda ser imputado al sujeto no calificado que concurra a dicho injusto (extraneus).
7. Si se tiene en cuenta que la figura del interviniente especial toma cuerpo en el marco de un concepto restrictivo de autoría, que distingue entre autores y partícipes, entonces no resulta entendible que el extraneus sea ubicado sólo como un «interviniente coautor», tal como lo sostiene la Sala. En tanto la figura del «interviniente especial» está regulada precisamente en una norma específica (art. 30 inciso 4 CP), dedicada a la definición de los partícipes, entonces lo acertado sería entender que en el ámbito de la participación en sentido estricto cobra relevancia esta modalidad de concurrencia personal. La sanción del partícipe en el marco de injustos especiales, en términos de la opinión dominante, se fundamenta en el hecho de que la intervención del extraneus materializa una agresión accesoria a un bien jurídico protegido, frente al cual el partícipe no tiene un dominio normativo de su protección.
8. Desde la ubicación sistemática del interviniente especial en la Ley 599 de 2000 (régimen de participación en sentido estricto), se puede entender que esta figura abarca a los partícipes en el hecho punible. En esa medida, la interpretación de la figura del interviniente especial como una exclusiva hipótesis de coautoría representaría una interpretación extensiva del art. 30 inciso 4 del Cp. Esta última es la lectura recogida por la Sala (supra num. 2).
Esta postura parece desatender el hecho de que el injusto del partícipe resulta desvalorado debido al injusto del autor, pero su intervención resulta particular porque, además de accesoria, carece de las calidades requeridas para la intervención en un delito especial. Es por ello que, por ejemplo, si un particular induce a un servidor público a una infracción de deberes en el ejercicio del cargo, debe ser sancionado con base en el injusto especial, pero en calidad de interviniente partícipe.
La modalidad de intervención especial en el caso concreto.
9. El enfoque acogido en esta aclaración de voto permite sostener que quien como inductor apoya a un sujeto activo calificado, será sancionado en tal condición (partícipe) ante la ausencia de los elementos personales especiales requeridos para el sujeto activo, aunque de modo atenuado. Esta es una interpretación más respetuosa del principio de legalidad: quien no posee la calidad exigida para ser autor tampoco puede convertirse en tal, mucho menos cuando su intervención ha sido accesoria frente al autor calificado.
10. Llevadas estas consideraciones al problema jurídico que ocupó a la Sala en este caso, se tendrían las siguientes implicaciones:
Primero, la concurrencia de Andrés Fernando Bocanegra Sarmiento, Yolanda Sarmiento Gutiérrez y José Antonio Bonnet Llinás en el acuerdo criminal dirigido a conseguir de manera fraudulenta la adjudicación del contrato No. 1229 de 2009 de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, no podría calificarse como una modalidad de «interviniente coautor». En tanto el peculado por apropiación es una forma de delito de infracción del deber, entonces sólo puede ser coautor «quien como intraneus tiene el deber con otro y lo infringe con él».
Segundo, el hecho de que Andrés Fernando Bocanegra Sarmiento, Yolanda Sarmiento Gutiérrez y José Antonio Bonnet Llinás, de manera conjunta, utilizaron a funcionarios de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá con el fin de conseguir la adjudicación irregular de un contrato de prestación de servicios de salud a la Unión Temporal de la que hacían parte, supone un escenario en el que el extraneus se vale de un intraneus (funcionarios de la Secretaría de Salud). Este sería un caso de inducción por parte del extraneus y de autoría directa con responsabilidad de parte del intraneus.
Sin embargo, en este caso concreto –delito de infracción del deber–, el dominio normativo en la protección del bien jurídico y, por lo tanto, el gobierno de alguna modalidad de autoría sería imputable a los servidores de la Secretaría Distrital de Salud, Juan Eugenio Varela Beltrán y Héctor Zambrano Rodríguez, quienes actuaron como funcionarios a cargo de la dirección y vigilancia de la licitación pública y posterior adjudicación del contrato No. 1229 de 2009. En este contexto, el aporte de Bocanegra Sarmiento, Sarmiento Gutiérrez y Bonnet Llinás sería el de un particular que concurre a la realización de un delito especial desplegado por el sujeto activo calificado exigido en el tipo.
Tercero, aceptado que sí puede tener lugar la figura del interviniente partícipe, el descuento de pena previsto en el artículo 30 sería aplicable a quien reúna tales condiciones y esto sería así indistintamente de la forma específica de participación imputable al extraneus y que resulta relevante en el ámbito de los delitos comunes. Es decir, con independencia de que se trate de un determinador o de un cómplice, las consecuencias punitivas serían las mismas, ya que, por razones político-criminales, en el contexto específico de los delitos especiales, el legislador ha desvalorado su aporte de forma similar: en los dos casos, la pena imponible sería la fijada para el autor, pero rebajada en una cuarta parte.
11. En atención a las anteriores consideraciones, la reducción de la figura del interviniente especial a una forma de coautoría no resulta consecuente con la ubicación de lege data de esta modalidad de participación en el hecho punible. Esta tesis instala una interpretación extensiva que desborda los límites legales que sustentan el reproche del interviniente especial.
La equiparación entre coautor e interviniente especial en delitos de infracción del deber, v.gr. el peculado por apropiación, supone la extensión de un deber de sujeción y, por lo tanto, también, de una calidad especial que este partícipe no posee. De esta manera, se termina incluyendo a los determinadores y a los cómplices dentro de los autores y se desdibuja la condición de intervención accesoria que fundamenta el reproche penal de aquellos.
12. Si se tomase en serio la distinción entre autores y partícipes, se evitaría la vuelta a un concepto unitario de autoría y, de igual manera, se lograría un mejor rendimiento de la prohibición de exceso que se plasma en la punibilidad diferenciada para los unos y los otros. Precisamente, el presupuesto para considerar que la figura del interviniente especial es ordenadora de algunas modalidades de participación en injustos especiales, radica en sostener una unidad de imputación que no desconozca que el desvalor del injusto del partícipe es menor debido a su intervención accesoria y a la ausencia de deberes especiales de sujeción que vinculen a este como extraneus en un injusto especial. Esta diferenciación resulta mucho más compatible con los principios de legalidad e igualdad, con los presupuestos del régimen del concurso de personas en el hecho punible y con las particularidades de la autoría y la participación en los denominados delitos de infracción del deber.
13. Por estos motivos, consideramos que la Corte debió replantear su jurisprudencia, para condenar a Andrés Fernando Bocanegra Sarmiento, Yolanda Sarmiento Gutiérrez y José Antonio Bonnet Llinás como intervinientes partícipes de un delito de peculado por apropiación desplegado por sujetos en los que sí concurrían las calidades exigidas para el autor de tal conducta punible, y no como «coautor en calidad de interviniente».
Fecha ut supra.
CARLOS ROBERTO SOLÓRZANO GARAVITO
Magistrado
JOSÉ JOAQUÍN URBANO MARTÍNEZ
Magistrado
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