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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Penal

Sentencia SP589-2026(71613)

Fecha
17 de junio de 2026

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SP589-2026(71613)

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Penal

Parte resolutiva

RESUELVE Primero. Revocar parcialmente la sentencia proferida el 23 de octubre de 2025, por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca y Amazonas, para en su lugar CONDENAR a John Freddy Rodríguez Martínez identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.006.329 de Bogotá D. C., y demás condiciones civiles y personales conocidas en el proceso, a 48 meses de prisión, multa de 66,66 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 80 meses, como autor del delito de prevaricato por acción. Segundo: NEGAR, por prohibición legal, a John Freddy Rodríguez Martínez la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria. En consecuencia, deberá cumplir la pena impuesta en establecimiento de reclusión, para lo cual se librará orden de captura, una vez quede ejecutoriada la sentencia. Tercero: INFORMAR al procesado John Freddy Rodríguez Martínez y a su defensor que contra esta determinación procede el mecanismo de impugnación especial. Cuarto. Confirmar la providencia recurrida en lo demás que fue objeto de apelación. Puntalmente, en lo que atañe a la absolución de John Freddy Rodríguez Martínez de la conducta de falsedad ideológica en documento público.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Penal

Sentencia SP589-2026(71613)

17 de junio de 2026

MYRIAM ÁVILA ROLDÁN

Magistrada ponente

SP589-2026

Radicación n.º 71613

CUI: 11001600071120170006703

Aprobado acta n.º 197

Bogotá, D. C., diecisiete (17) de junio de dos mil veintiséis (2026).

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve los recursos de apelación interpuestos por la Fiscalía y el apoderado de la víctima contra la sentencia del 23 de octubre de 2025, proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca y Amazonas, a través de la cual absolvió a John Freddy Rodríguez Martínez de los delitos de prevaricato por acción y falsedad ideológica en documento público. Además, precluyó la actuación frente a las conductas de privación ilegal de la libertad y abuso de función pública, por prescripción de la acción penal.

II. HECHOS

El 2 de junio de 2016, John Freddy Rodríguez Martínez, en calidad de Juez Promiscuo Municipal de Silvania (Cundinamarca), dictó sentencia en el proceso de restitución de bien inmueble arrendado Rad. 2015-00035, promovido por Espedito González Cadena -arrendador- contra Rafael Antonio Luque García -arrendatario-. En esta decisión se dispuso la terminación del contrato de arrendamiento y la restitución del predio en el término de 20 días.

En vista de que la orden impartida no se materializó en el plazo establecido, el mencionado funcionario judicial comisionó a la inspectora de policía del municipio de Silvania para que llevara a cabo la respectiva entrega. Con ese cometido, el 25 de octubre de 2016, la autoridad administrativa instaló la diligencia, en cuyo desarrollo Héctor Jesús Forero Rincón (q. e. p. d.), apoderado de Germán Luque Sandoval -tercero opositor- solicitó la nulidad del trámite por falta de notificación del auto que señaló fecha y hora para dicha entrega.

Enmendado el yerro, y luego de varios aplazamientos, se dispuso el 15 de mayo de 2017 para cumplir con la actividad encomendada, pero en esa oportunidad el abogado Forero Rincón, de nuevo, se opuso a la diligencia e invocó la falta de competencia de la inspectora, motivo por el cual la actuación fue devuelta al juez comitente.

De acuerdo con la acusación, una vez retornó el expediente al Despacho, el 2 de junio de 2017 John Freddy Rodríguez Martínez asumió la dirección del aludido acto, el cual continuó el 30 de junio de 2017.

Ese último día, en el inmueble objeto de entrega, el funcionario judicial ordenó a la fuerza pública el desalojo de las personas que allí se encontraban, negó de plano la oposición previamente planteada por el profesional del derecho Héctor Jesús Forero Rincón y, ante la férrea renuencia de este abogado a que se adelantara el trámite de entrega, el juez dispuso la «compulsa de copias por el delito de fraude a resolución judicial».

Adicionalmente, avanzada la diligencia, John Freddy Rodríguez Martínez, en aplicación del incidente correccional previsto en el artículo 44-1 del Código General del Proceso, sancionó con «cinco (5) días de arresto» a Forero Rincón, sin permitir que este último ejerciera los respectivos derechos de defensa y contradicción frente a esa orden de aprehensión, la cual «no fue motivada, no se señaló la naturaleza de la misma, las circunstancias en que se produjo, su gravedad, el señor Juez omitió señalar la culpabilidad del arrestado, ni qué criterios tuvo en cuenta para dosificar la sanción en 5 días de arresto, siendo esta la más grave; tampoco se notificó personalmente la decisión ni se señaló que contra esta procedía el recurso de reposición», medida que se hizo efectiva de inmediato por parte de agentes de la Policía Nacional, pues el abogado opositor «fue retirado de la diligencia y esta continuó hasta su finalización con la firma de la correspondiente acta».

Una vez culminó la restitución, el funcionario judicial dictó a la secretaria ad-hoc, Fabiola Andrea Rojas Linares, el contenido de un acta que denominó «[i]ncidente correccional dentro del proceso de restitución…» en la cual, según el órgano de persecución penal, se realizaron afirmaciones contrarias a la realidad. En específico, porque «para la hora en que fue elaborada, 12:00 m del 30 de junio de 2017, ya el citado abogado Forero Rincón no se encontraba en el lugar, se lo había llevado la Policía, por lo tanto, era imposible que se le hubiese notificado la sanción, que le fuera informado que contra ella cabía recurso de reposición y que aquél manifestara: ‘yo también puedo denunciarlo’».

Asimismo, se indica que el entonces titular del Juzgado Promiscuo Municipal de Silvania, sin competencia, «sin existir requerimiento alguno por parte de la Fiscalía General de la Nación y actuando como Juez en un asunto de naturaleza civil» expidió la orden de captura No. 002 del 30 de junio de 2017 contra Héctor Jesús Forero Rincón, quien ya se encontraba aprehendido con base en la orden de arresto. Los «motivos fundados para la expedición de la orden de captura los hizo consistir en ‘CAPTURA EN FLAGRANCIA’ y por el delito de fraude a resolución judicial, artículo 454 del C.P.».

III. ACTUACIÓN PROCESAL RELEVANTE

El 27 de enero de 2020, el Juzgado 6° Penal Municipal de Soacha (Cundinamarca) declaró legalmente formulada la imputación contra John Freddy Rodríguez Martínez por los delitos de privación ilegal de la libertad, falsedad ideológica en documento público y prevaricato por acción, previstos en los artículos 174, 286 y 413 del Código Penal, con la circunstancia de mayor punibilidad del artículo 58-9. El procesado permaneció en libertad porque se retiró la solicitud de imposición de medida de aseguramiento.

El 16 de julio del mismo año, la Fiscalía presentó escrito de acusación. La formulación oral de los cargos inició el 16 de septiembre de 2020 ante la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca y Amazonas, oportunidad en la que se adicionó a la calificación jurídica previamente indicada el delito de abuso de función pública, de conformidad con el artículo 428 ibidem. Dicho acto procesal culminó el 16 de agosto de 2023.

La audiencia preparatoria se llevó a cabo en sesiones del 11 de octubre y 8 de noviembre de 2023, 10 de julio, 4 y 5 de septiembre, 2 de octubre de 2024, 26 de febrero y 20 de marzo de 2025.

El juicio oral se desarrolló los días 15, 25 y 26 de agosto, así como 29 de septiembre de 2025, última fecha en la que se emitió sentido de fallo absolutorio frente a las conductas de falsedad ideológica en documento público y prevaricato por acción. Además, se anunció que se precluiría el trámite, por prescripción, con relación a los delitos de privación ilegal de la libertad y abuso de función pública.

El 23 de octubre siguiente se dictó la sentencia correspondiente, cuya notificación en estrados se cumplió el 14 de noviembre de 2025.

Contra dicha decisión la Fiscalía y el apoderado de la víctima interpusieron y sustentaron apelación, disenso frente al cual la representación del Ministerio Público y la defensa se pronunciaron durante el traslado como no recurrentes.

IV. LA SENTENCIA RECURRIDA

La Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca y Amazonas, inicialmente, declaró la prescripción de la acción penal derivada del delito de privación ilegal de la libertad, pues acaecida la interrupción del lapso extintivo con la formulación de la imputación llevada a cabo el 27 de enero de 2020, el término volvió a contabilizarse por la mitad, esto es, 5 años, 7 meses y 15 días, los cuales se cumplieron el 12 de septiembre de 2025.

La misma determinación adoptó frente a la vigencia del ius puniendi respecto de la conducta de abuso de función pública, toda vez que el nuevo término de prescripción, efectuada la imputación, eran 2 años y 3 meses, el cual, aplicados los lineamientos del artículo 292, inciso 2°, de la Ley 906 de 2004, se extendió hasta los 3 años, mismos que se agotaron el 27 de enero de 2023.

Definido lo anterior, procedió a abordar el fondo del asunto. En esa medida, realizó una exposición teórica sobre los tipos penales de prevaricato por acción y falsedad ideológica en documento público. A continuación, reseñó el contenido de las estipulaciones probatorias, así como de los medios de conocimiento de índole documental y testimonial.

Con base en ello, aseguró que no existe controversia en torno a que el 30 de junio de 2017, John Freddy Rodríguez Martínez, en calidad de Juez Promiscuo Municipal de Silvania, adoptó una serie de decisiones, entre ellas, las que la Fiscalía califica de prevaricadoras y suscribió el acta que se afirma contraria a la verdad.

En punto de la orden de arresto, el Tribunal destacó que la facultad correccional del funcionario judicial en el ámbito civil está reglada en el artículo 44 de la Ley 1564 de 2021, en concordancia con el artículo 59 de la Ley 270 de 1996. Sin embargo, en el caso concreto, concluyó que la Fiscalía no logró acreditar, más allá de toda duda razonable, que el hoy acusado impuso dicha medida con desconocimiento del debido proceso reglado en el aludido precepto de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia. En otros términos, no se puede asegurar que el actuar del funcionario fue prevaricador.

En sustento, destacó que a Luis Charly Parra Rincón y Claudia Yurani Espitia Castillo no les consta lo acontecido de manera previa a la fijación de la sanción correccional. El primero fue el fiscal de URI a quien le fue puesto a disposición el aprehendido, de allí que no haya estado en el lugar de los hechos y, con relación a la segunda, la misma comisaria de familia manifestó que se ausentó durante varios momentos de la diligencia, por lo que, ante su intermitente presencia, «no recordaba si el procesado había leído una decisión cuando ordenó el arresto y tampoco si el sancionado interpuso algún recurso o controvirtió esa decisión…»

En contraposición, el patrullero Julián Alejandro Castro Duarte aseguró que el «juez sí le explicó al sancionado que la decisión la había adoptado porque le estaba faltando al respeto», situación que también fue resaltada por Pedro Julio Cruz, abogado de la parte demandante en el proceso civil de restitución de inmueble arrendado. Todo lo cual sugería que el ahora procesado «sí argumentó la razón por la cual tomó la medida correccional y ello ocurrió cuando todavía no había sido retirado del lugar el sancionado».

En esa línea, el juez plural de primera instancia afirmó que, dada la ausencia de registro audiovisual de la diligencia de entrega, la información derivada de los testigos de cargo resulta insuficiente para colegir que el acusado desconoció el debido proceso correccional. Por el contrario, se estableció que la falta al debido respeto por parte del abogado Forero Rincón fue la razón por la que el juez tomó la decisión cuestionada. Además, dio a conocer el fundamento normativo de su determinación, pues según estipularon las partes, la «orden de arresto se sustentó en el art. 44, numeral 1°, del Código General del Proceso, por el término de cinco días».

Ante ese panorama, en la sentencia recurrida se afirmó que no logró dilucidarse si Rodríguez Martínez: i) motivó la fijación del arresto y si dio aplicación al principio de proporcionalidad, ponderando la gravedad de la falta, que «de haberse probado, no constituiría el delito de prevaricato por acción… sino, eventualmente, el punible de privación ilegal de la libertad», cuya acción prescribió, y ii) que al sancionado no se le informó sobre la posibilidad de controvertir la medida, a través del recurso de reposición, pues al respecto existe la versión de Pedro Julio Cruz quien sostuvo que, si bien a Héctor Jesús Forero Rincón se le concedió la palabra con dicha finalidad, continuó «asumiendo una actitud de irrespeto hacia el funcionario judicial y por eso debió retirarlo de la diligencia».

En todo caso, para la Sala a quo resultó relevante que tanto los declarantes de la Fiscalía como de la defensa coincidieron en que entre los involucrados -juez y abogado- se presentó una discusión que, aunque en términos jurídicos y no soeces, por parte del sancionado trascendió al ámbito del irrespeto, con desatención del debido decoro de la diligencia judicial que estaba en curso.

Con relación al documento denominado orden de captura No. 0002-17 del 30 de junio de 2017, el Tribunal indicó que, en el evento de tenérsele como tal, es claro que resulta «abiertamente ilegal», en la medida que no fue expedida por un juez en ejercicio de la función de control de garantías y carece de la información que, en atención el artículo 298 de la Ley 906 de 2004, debe contener, a saber, la reseña de motivos razonablemente fundados, término de vigencia y número de radicación o noticia criminal. Tampoco podía haberse «emiti[do] con sustento en una captura en flagrancia porque, precisamente, es una de las reglas que exceptúa la expedición de la orden de captura».

De tal manera, concluyó que se contrariaron los artículos 297, 298 y 299 de la Ley 906 de 2004 y, en consecuencia, objetivamente, se configuraría la conducta de prevaricato por acción. Sin embargo, dijo que existe duda si el actuar del acusado fue doloso o si, por el contrario, su comportamiento obedeció a una «falta de pericia o ignorancia».

Enfatizó en que Héctor Jesús Forero Rincón estuvo privado de la libertad por 3 días con ocasión al arresto, lapso que no superó el inicialmente impuesto -5 días- luego la aludida orden de captura «nunca produjo efectos» y su elaboración tenía por finalidad que la «Fiscalía acudiera ante el funcionario competente y resolviera sobre la supuesta captura en flagrancia, es decir, ese documento tendría la connotación de un informe de captura en flagrancia mas no de una orden de captura».

Otro aspecto en que el fallador de primer grado hizo consistir la duda sobre el dolo se vincula con el oficio No. 1026-17 del 30 de junio de 2017, por medio del cual John Freddy Rodríguez Martínez dio a conocer a la Estación de Policía de Silvania el arresto de Forero Rincón, documento que fue recibido por el patrullero el 30 de junio de 2017, a las «13:00 horas».

Esto permitiría colegir que la intención del funcionario «no era privar de la libertad al abogado Héctor Jesús Forero Rincón más tiempo del que había dispuesto en la orden de arresto, pero, además, se acredita que la pretensión del funcionario judicial era que se diera cumplimiento a la medida correccional, no a la supuesta orden de captura, máxime que el delito por el que se expidió no comporta detención preventiva ya que tiene pena de 1 a 4 años de prisión». Por esa razón, en otro documento, rotulado como «constancia», el ahora acusado reconoció que no tenía competencia para judicializar al aprehendido, pues ello «iría en contravía del ordenamiento jurídico».

Ante ese panorama, el Tribunal dijo que el juez «confundió y entremezcló», torpemente, las figuras de arresto, captura en flagrancia y orden de captura, de lo que se deduce que cuando emitió la última no lo hizo con el conocimiento y convicción de que estaba contrariando el ordenamiento jurídico, por ello hizo que el sancionado fuera conducido hasta la Fiscalía en Fusagasugá para que allí se determinara si era vinculado a un proceso penal por fraude a resolución judicial, pues no puede pasar desapercibido que el abogado opositor estaba obstruyendo la diligencia de entrega y, por ende, el cumplimiento de la sentencia.

En cuanto al delito de falsedad ideológica en documento público, se indicó que en el acta de incidente correccional no se faltó a la verdad, pues lo consignado es un resumen de lo acontecido el 30 de junio de 2017 y, contrario a lo sostenido por la Fiscalía, cuando se adoptó la medida correccional el abogado Forero Rincón todavía estaba en el lugar de la diligencia, por consiguiente, la «decisión, al parecer, sí le fue notificada».

De igual manera, no se puede desconocer que Pedro Julio Cruz dijo que cuando el abogado contó con la oportunidad de recurrir, se dedicó a lanzar expresiones como «lo que toque, toque» y ello concuerda con la declaración jurada de Fabiola Andrea Rojas Linares, introducida como prueba de referencia, cuando aseguró que el sancionado le decía al juez que «hiciera lo que quisiera».

Por último, resaltó que aun cuando el juez le dictó a Fabiola Andrea Rojas Linares el acta Héctor Jesús Forero Rincón ya no estaba, lo cierto es que no se aseguró que este último haya estado presente durante la elaboración de dicho documento.

En ese orden de ideas, la Sala a quo dio aplicación al principio de in dubio pro reo, consagrado en el artículo 7° de la Ley 906 de 2004, y absolvió al procesado de los cargos atribuidos.

V. LOS RECURSOS

5.1. De la Fiscalía

El delegado del órgano de persecución penal afirmó que sí estaban acreditadas, tanto en su faceta objetiva como subjetiva, las conductas atentatorias de la administración y fe públicas objeto de acusación, desestimadas por el Tribunal ante una indebida valoración probatoria.

En esa línea, sostuvo que el testimonio de Claudia Yurani Espitia Castillo se analizó de forma fragmentada, con prescindencia de aspectos relevantes, sólo para resaltar aquellos en los que dicha comisaria de familia indicaba no recordar si el juez John Freddy Rodríguez Martínez al imponer el arresto, previamente había leído la decisión base, y si al sancionado se le otorgó la palabra para recurrir. De tal manera, aseguró que una «interpretación completa y fidedigna conlleva a comprender que [la funcionaria mencionada] afirmó que el abogado Forero Rincón no pudo presentar reposición», lo cual resulta creíble, por cuanto respaldó tal aserto en una explicación, el retiro «inmediat[o]» del mencionado de la diligencia.

Con relación a la declaración del patrullero Julián Alejandro Castro Duarte aseguró que su contenido también fue «alterado», pues en momento alguno afirmó que el ahora procesado anunció que la orden de arresto obedeció al irrespeto del abogado Héctor Jesús Forero Rincón, simplemente el agente se limitó a exponer lo que «él entendió que sucedió, es decir, que el juez ordenó el arresto por un supuesto irrespeto». Tema frente al cual Pedro Julio Cruz fue evasivo, pues nunca confirmó o negó que se haya dado espacio para formular reposición y terminó «respondiendo lo que debió suceder».

Así, indicó que «ninguno de los testigos, en su relato libre sobre los hechos, hizo referencia a que el juez indicara al disciplinado los recursos procedentes, por el contrario, todos aseveran que, una vez ordenado el arresto, el abogado Forero Rincón fue retirado de la diligencia». Esto también se ratifica con la declaración jurada de Fabiola Andrea Rojas Linares.

Dijo que decantado lo anterior, resulta evidente que la «ejecución inmediata de una sanción privativa de la libertad sin garantizar el debido proceso» constituye una decisión manifiestamente contraria a la ley, en la medida que no se cumplieron los presupuestos del artículo 59 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, a saber, no fue notificada, motivada, se desconoció el principio de proporcionalidad y no se habilitó la oportunidad para reponer. Justamente, estas irregularidades fueron constatadas en curso del trámite de hábeas corpus y llevaron a que dicha acción se resolviera a favor de Héctor Jesús Forero Rincón y se ordenara su libertad inmediata, medio de conocimiento que también fue pretermitido por la Sala a quo.

Disintió de que el fallador de primera instancia insistiera en la necesidad de haber contado con el registro en audio y video de la diligencia, pues con ello se impone una tarifa legal y le resta valor al acta de continuación de la diligencia de entrega del 30 de junio de 2017, por el solo hecho de no ser una grabación, sin tener en cuenta que el artículo 107, inciso tercero del numeral 6°, del Código General del Proceso «otorga equivalencia demostrativa a las actas de las diligencias que sean practicadas fuera del despacho judicial…»

Por otra parte, con relación al prevaricato por acción derivado de la expedición de la orden de captura en flagrancia calificó como completamente errado que se hiciera depender la demostración del dolo del hecho alusivo a que Héctor Jesús Forero Rincón no fue privado de la libertad en consideración a dicho mandamiento, pues se está ante un tipo penal de mera conducta, que se consuma con la sola emisión de la resolución manifiestamente contraria al ordenamiento jurídico.

Por esa vía, tampoco estuvo de acuerdo con que se afirmara, a partir del oficio No. 1026-17 del 30 de junio de 2017, que la finalidad de John Freddy Rodríguez Martínez no era prolongar la privación de la libertad del mencionado abogado por conducto de dicha orden, sino dar cumplimiento a la medida correccional de arresto, por cuanto se están exigiendo presupuestos subjetivos ajenos al tipo penal de prevaricato, cuando lo «relevante es que el juez acusado, al emitir la orden, fuere consciente de que no cumplía con los requisitos legales para su emisión».

En lo atinente a la confusión atribuida al acusado respecto a las figuras de arresto, captura en flagrancia y orden de captura, fundada por el Tribunal en el documento denominado «constancia», el apelante dijo que, precisamente, el contenido de dicho escrito lleva a una conclusión distinta, pues allí se afirma que durante la diligencia de entrega del bien, se dispuso la captura en flagrancia del abogado, lo cual no es cierto porque en las actas de dicho trámite y del incidente correccional no se hace alusión a eso.

Adicionalmente, enfatizó en que el procesado era un juez promiscuo municipal, categoría en virtud de la cual conoce de asuntos penales en ejercicio de la función de control de garantías. En consecuencia, en desarrollo de este último rol ha conocido de asuntos relacionados con la expedición de órdenes de captura, muestra de ello es que la que se cuestiona en esta actuación tenía el consecutivo No. 002, lo que indica que, previamente, había emitido una.

También negó que la orden de captura se tratara de un informe de captura en flagrancia, como aseguró la Sala a quo, pues justo en aquellos términos fue referida por el patrullero Julián Alejandro Castro Duarte y Fabiola Andrea Rojas Linares, incluso ello se corrobora con la estipulación probatoria en la que se indicó que el acusado había emitido dicho mandamiento escrito de aprehensión. Todo lo cual demuestra que el procesado actuó con dolo frente a la conducta de prevaricato por acción.

Para finalizar, con relación a la falsedad ideológica en documento público, vinculada al acta de incidente correccional, sostuvo que dilucidada, previamente, la configuración de la conducta prevaricadora frente a la imposición del arresto, lleva a concluir que en dicho escrito «se incluyeron mendacidades, con el único propósito de ocultar las irregularidades» cometidas al momento de fijar dicha medida.

Con base en lo anterior, pidió que se revoque la sentencia apelada para que, en su lugar, se condene al acusado como autor de prevaricato por acción y falsedad ideológica en documento público.

5.2. Del apoderado de la víctima

La misma pretensión formuló el representante judicial de la familia de Héctor Jesús Forero Rincón (q.e.p.d), quien manifestó que la absolución adoptada por el Tribunal se funda en «hechos contrarios a la realidad», a saber, que el sancionado dedicó su actividad profesional a entorpecer el cumplimiento de una sentencia dentro del proceso de restitución de inmueble arrendado, cuando lo cierto es que la diligencia de entrega no se llevó a cabo por asuntos atribuibles a la inspectora de policía, entre ellos, su falta de competencia sobreviniente.

Más adelante, sostuvo que el juez John Freddy Rodríguez Martínez no le permitió al abogado Forero Rincón ejercer el derecho de defensa y contradicción respecto de la orden de arresto, pues «fue llevado por el custodio a la estación y desfilando por los diferentes estrados, hasta que obtuvo su libertad mediante la figura del hábeas corpus».

En lo que atañe a la cuestionada orden de captura, aseveró que la «ilegalidad del comportamiento del señor Juez» está plenamente probada con el testimonio del fiscal de la URI, Luis Charry Parra Rincón, «quien se negó a recibirlo al ‘preso’ DR. FORERO RINCÓN por la ilegalidad en que se había incurrido». Sin que sea dable la excusa dada por el Tribunal en cuanto a que el procesado se confundió y fue torpe por su inexperiencia, pues se trata de un funcionario vinculado por concurso de méritos, que entendía el asunto objeto de controversia.

VI. NO RECURRENTES

6.1. Del Ministerio Público

Por su parte, el Procurador 358 Judicial Penal II, en cumplimiento de la agencia especial, solicitó que se confirme el fallo apelado porque, contrario a lo sostenido por los recurrentes, para la sanción de arresto se siguieron los parámetros del artículo 44 del Código General del Proceso, tal como se pactó en la estipulación probatoria No. 9.

Añadió que los testigos, tanto de la Fiscalía como de la defensa, coincidieron en que Héctor Jesús Forero Rincón irrumpió estando en curso la diligencia, dándose «a la tarea de entorpecer [su] desarrollo» y aun cuando el juez le hizo varios llamados para que recobrara la compostura, persistió en su comportamiento irreverente, escenario que «motivó al acusado a iniciar, tramitar y decidir el incidente correccional con la consecuente orden de arresto y la compulsa de copias por el delito de fraude a resolución judicial», lo que evidencia la falta de dolo del actuar del acusado.

En cuanto al delito de falsedad, aseguró que el acta de incidente correccional contiene «eventos coincidentes, contestes [y] coherentes». Además, de acuerdo con la declaración de Fabiola Andrea Rojas Linares, prueba de referencia, el juez le dictó lo que allí se consignó, por lo que es «obvio que éste obedeció a la verdad y al momento crítico que se vivió y su contenido no se extiende más allá de lo cierto y verdadero como lo fue el irrespeto al funcionario judicial el procedimiento aplicado, artículo 44 CGP en armonía con el artículo 59 de la Ley 270 de 1996, la concesión del recurso de reposición previo al arresto y su materialización dado que no se atacó la esencia de la decisión».

Aseguró que con los testimonios del fiscal Luis Charly Parra Rincón y el patrullero Julián Alejandro Castro Duarte sólo se confirma lo convenido por las partes en la estipulación No. 10, esto es, que el acusado «expidió la orden de captura por flagrancia». De tal manera, se debe reconocer que «fenomenológicamente» existe el documento, pero nunca se hizo efectiva dicha orden, pues el funcionario no era el competente para ello y, en todo caso, Forero Rincón estaba cumpliendo la medida correccional.

Afirmó que no está acreditado el aspecto subjetivo porque, aunque podría colegirse la «materialidad de la conducta presuntamente irregular, la antijuridicidad de la misma, frente al tema del dolo con que ello ocurrió sí existen protuberantes dudas», por esa razón consideró acertado que en el fallo apelado se diera aplicación al artículo 7° de la Ley 906 de 2004 y se absolviera por duda razonable.

Para terminar, postuló como escenario probable que el acusado movido por el interés de dar cumplimiento a la sentencia del 2 de junio de 2016, haya tomado decisiones en las que pudo haber errado, lo cual es distinto a haber querido, voluntariamente, infringir la ley.

6.2. De la defensa

El apoderado judicial de John Freddy Rodríguez Martínez hizo énfasis en que la Fiscalía nunca atribuyó un concurso homogéneo de prevaricatos por acción, derivado de la emisión de la orden de arresto y, luego, de la orden de captura en flagrancia, la acusación comprendió solo un concurso heterogéneo de conductas, siendo acertado que el Tribunal desestimara dicho planteamiento, al advertir una latente violación del principio de congruencia.

Tampoco estuvo de acuerdo con que el fallador de primera instancia cercenó y tergiversó lo manifestado por la comisaria de familia Claudia Yurani Espitia Castillo y del patrullero Julián Alejandro Castro Duarte, pues lo cierto es que el órgano de persecución penal no cumplió con la carga de probar la acusación y sus testigos terminaron sustentando la atipicidad subjetiva, por inexistencia del dolo.

Calificó como «contraevidente» la afirmación de la Fiscalía alusiva a que el abogado sancionado fue retirado inmediatamente de la diligencia, pues con base en lo expuesto por el agente Castro Duarte y la declaración de Fabiola Andrea Rojas Linares -prueba de referencia- se estableció que el ambiente era hostil y amenazante, comportamiento que a la última de las mencionadas le causó temor. Al tiempo, se demostró que a aquel sí se le indicó que podía interponer recursos, pero siguió increpando con frases como «si toca, toca» o «yo también lo puedo denunciar».

Igualmente, desestimó la configuración del delito de falsedad ideológica en documento público. En sustento, el defensor hizo alusión a los fallos de tutela de primera y segunda instancia proferidos el 12 de julio y 29 de agosto de 2016, por el Juzgado 1° Civil del Circuito de Fusagasugá y la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, respectivamente, en los que no se accedió al amparo, por cuanto se demostró que no fueron ejercidos los recursos de ley y por ello, se declaró la «improcedencia de la acción de tutela que interpusieron… en contra de la diligencia de entrega».

Aseguró que dado el contexto en que se desarrollaron los hechos, a saber, el irrespeto del abogado opositor hacía el juez y la actitud de aquél de entorpecer la restitución del inmueble, conforme el artículo 44 del Código General del Proceso, se «daban los dos presupuestos para imponer a discreción cualquiera de las dos sanciones, una por irrespeto y otra por obstrucción».

Ahora bien, con relación al recurso formulado por el apoderado de la víctima, aseguró que se debe declarar desierto porque los «argumentos presentados no son lo suficientemente claros o sólidos para respaldar la inconformidad, ya que se espera que el recurrente exprese las razones de su desacuerdo en concreto y no solo manifieste su desacuerdo con la decisión adoptada como en el presente evento».

VII. CONSIDERACIONES DE LA CORTE

7.1. Competencia

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia es competente para conocer los recursos de apelación interpuestos por la Fiscalía y el apoderado de la víctima contra la sentencia proferida el 23 de octubre de 2025 por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca y Amazonas, de conformidad con lo dispuesto en el ordinal 2° del artículo 235 de la Constitución Política, modificado por el artículo 3° del Acto Legislativo 01 de 2018.

El estudio de los recursos se circunscribirá al examen de los aspectos que son objeto de controversia y de los inescindiblemente vinculados, en aplicación del principio de limitación funcional que rige el trámite de la segunda instancia.

7.2. Cuestión previa. De la sustentación del recurso de apelación a cargo del apoderado de víctima

Inicialmente, se torna relevante precisar que aun cuando el defensor adujo que en la sustentación de la apelación efectuada por el apoderado de la víctima no se indicaron adecuadamente los motivos de inconformidad suscitados con la sentencia, pues en estricto sentido el recurrente no atacó la decisión, lo cierto es que constatados los argumentos expuestos por dicho interviniente, se aprecia que, en esencia, realizó una puntual crítica al modo en que el Tribunal llevó a cabo el ejercicio de valoración probatoria que fundamentó la absolución.

En tal sentido, expuso las razones por las cuales estimaba que las conductas de prevaricato por acción y falsedad ideológica en documento público, atribuidas al procesado, sí se materializaron, tanto en su arista objetiva como subjetiva, a partir de lo cual formuló la pretensión atinente a que se revoque la sentencia absolutoria y se declare responsable al procesado de los delitos objeto de acusación.

Bajo tales presupuestos, no se está ante un evento en que deba declararse desierto el recurso, razón por la cual se procede al análisis del disenso formulado por los apelantes.

7.3. Planteamiento de los problemas jurídicos y estructura de la decisión

El fallador de primera instancia absolvió a John Freddy Rodríguez Martínez al considerar que no se demostró que su comportamiento fuera manifiestamente contrario a la ley.

En particular, sostuvo que a partir de los medios de conocimiento recaudados no se logró dilucidar si, para la imposición de la medida de arresto, fueron pretermitidos los presupuestos de los artículos 44 del Código General del Proceso y 59 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, pues ante la ausencia de registro audiovisual no era dable afirmar que se incurrió en violación del debido proceso del sancionado Héctor Jesús Forero Rincón. Por esta vía, descartó la configuración de la falsedad ideológica en documento público al indicar que el acta del incidente correccional reflejaba sustancialmente lo acontecido el 30 de junio de 2017.

En lo que atañe a la denominada orden de captura en flagrancia, la Sala a quo también pregonó total incertidumbre probatoria, esta vez, frente al dolo. En sustento, resaltó que dicho mandamiento de aprehensión no se hizo efectivo y que, en todo caso, el funcionario judicial habría confundido las figuras de arresto, captura en flagrancia y orden de captura.

Valoración de la que, justamente, disintieron la Fiscalía y el apoderado de la víctima, como apelantes. Puntualmente, el primero aseguró que las pruebas documentales y testimoniales permiten colegir que al abogado opositor no se le permitió ejercer su derecho de defensa y contradicción antes de ejecutarse el arresto. Sostuvo que dicha sanción es contraria al ordenamiento jurídico, por ausencia de motivación, notificación y posibilidad de reposición.

En relación con la orden de captura en flagrancia, el órgano de persecución penal argumentó que, tratándose de un delito de mera conducta, su expedición irregular, entre otros motivos, por falta de competencia, bastaba para configurar el ilícito de prevaricato por acción, acto del que era consciente el funcionario judicial. Añadió, que el acta de incidente correccional sí contenía expresiones mendaces orientadas a encubrir la violación de garantías que se presentó el día de la diligencia de entrega.

Por su parte, el apoderado del interviniente coincidió en que la absolución se edificó sobre un análisis fáctico y probatorio errado, en tanto se desconoció que Héctor Jesús Forero Rincón fue privado de la posibilidad de ejercer el derecho de defensa ante su inmediato arresto. Asimismo, cuestionó la legalidad de la orden de captura y desestimó que la actuación del acusado pudiera explicarse en una supuesta inexperiencia.

De conformidad con los reparos formulados por los recurrentes, a la Sala de Casación Penal le corresponde definir si, a partir de los medios de convicción que obran en la actuación, se satisface el estándar previsto en el artículo 381 de la Ley 906 de 2004, para emitir condena o subsisten las dudas advertidas en el fallo apelado que imponen confirmar la absolución. En este marco, deberá determinarse:

i) Si se acreditan, en su dimensión objetiva, los delitos de prevaricato por acción y falsedad ideológica en documento público, en relación con la imposición de la medida de arresto, esto es, si dicha sanción se adoptó con observancia de los lineamientos establecidos en los artículos 44 del Código General del Proceso y 59 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia. O si, por el contrario, se trató de una decisión manifiestamente contraria a la normatividad aplicable, con incidencia en la veracidad de la correspondiente acta del trámite correccional.

ii) Si el juez John Freddy Rodríguez Martínez actuó con dolo al expedir la orden de captura en flagrancia, esto es, con conocimiento de su ilegalidad y voluntad de conculcar el ordenamiento jurídico. O si, por el contrario, las circunstancias que rodearon la emisión de tal mandamiento escrito, incluida su no ejecución y la confusión sobre tres figuras privativas de la libertad, a las que aludió el Tribunal, generan una incertidumbre razonable en torno a la configuración del elemento subjetivo del tipo penal previsto en el artículo 413.

Con el propósito de resolver los problemas jurídicos antes formulados, resulta necesario que la Corte aborde cuatro asuntos. El primero, estará referido a los elementos objetivos y subjetivos que componen los delitos de prevaricato por acción y falsedad ideológica en documento público (7.4). En segundo lugar, se hará alusión a las formas de privación de la libertad, especialmente, el arresto como medida correccional y la captura en el ámbito penal, a través de mandamiento escrito y en situación de flagrancia (7.5). Como tercer punto, se precisará, brevemente, el estándar de conocimiento para condenar y los presupuestos técnicos del carácter «razonable» de la duda (7.6). En el cuarto y último apartado, se analizará el caso concreto a la luz de los denotados presupuestos (7.7).

7.4. La estructura típica del delito de prevaricato por acción

El artículo 413 del Código Penal tipifica la conducta punible de prevaricato por acción en los siguientes términos:

El servidor público que profiera resolución, dictamen o concepto manifiestamente contrario a la ley, incurrirá en prisión de cuarenta y ocho (48) meses a ciento cuarenta y cuatro (144) meses, multa de sesenta y seis punto sesenta y seis (66.66) a trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de ochenta (80) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses.

En atención a la anterior descripción normativa, el sujeto activo es calificado, pues se requiere que el comportamiento sea desplegado por un servidor público y que en virtud de esa específica condición emita la decisión, resolución, dictamen o concepto discordante con el ordenamiento jurídico.

El elemento normativo «manifiestamente contrario a la ley» se configura cuando la decisión desconoce abiertamente la realidad probatoria o porque se distancia sin explicación del texto o sentido de la norma llamada a regular el caso concreto, haciendo que, de entrada, se revele objetivamente caprichosa o arbitraria la determinación adoptada, producto del «desconocimiento burdo y mal intencionado del marco normativo» (CSJ SP4620–2016, rad. 44697, CSJ SP1310–2021, rad. 55780 y CSJ SP506-2023, rad. 61969).

Esto significa que para la configuración del referido elemento del tipo penal objetivo no es suficiente que la providencia sea simplemente ilegal o desacertada, sino que es necesario que la disparidad del acto con los enunciados normativos o la comprensión de sus contenidos sea de tal entidad que «no admita justificación razonable alguna» (CSJ AP4267–2015, rad. 44031 y CSJ SP3578–2020, rad. 55140).

Para el efecto, resulta indispensable tener en cuenta los fundamentos jurídicos y probatorios en los que el funcionario judicial sustentó la decisión tildada de prevaricadora, así como las circunstancias en que fue proferida y los elementos de juicio con los que contaba al momento de pronunciarse, a partir de un análisis ex ante y no a posteriori del caso (SP4620–2016, rad. 44697, CSJ SP467–2020, rad. 55368, entre otras).

Ahora bien, la acción prevaricadora debe recaer sobre una decisión, vocablo que, en términos generales, hace alusión a una disposición con efectos jurídicos que el sujeto agente adopta en desarrollo de sus funciones (SP115-2026, rad. 68970). Puntualmente, por resultar útil para la definición del caso concreto, se entiende por resolución toda determinación que el servidor público profiere y que, en consecuencia, comporta «una manifestación en el mundo externo […] en actos positivos», es decir que se trata de:

[T]odas aquellas determinaciones que en el curso de cualquier proceso o actuación judicial o administrativa, pueda adoptar o tomar el respectivo servidor público a cuyo cargo se encuentra la tramitación pertinente.

En tal sentido, las decisiones por cuyo medio se limitan derechos fundamentales como la libertad, en el marco de órdenes de arresto o captura, se ajustan al elemento típico en mención.

En cuanto al componente subjetivo de la conducta, como quiera que el delito de prevaricato por acción es de modalidad dolosa, se requiere probar que el autor sabe que actúa «en contra del derecho y que, tras ese conocimiento, voluntariamente decide vulnerarlo» (CSJ SP2129–2022, rad. 54153). En otros términos, que obra con conocimiento y voluntad de desconocer la normatividad legal aplicable al asunto sometido a su consideración (CSJ SP668–2021, rad. 51652 y CSJ SP1310–2021, rad. 55780).

Adicionalmente, la Corte tiene establecido que el dolo puede deducirse de distintas maneras, como cuando en la decisión se plasman criterios subjetivos, argumentos caprichosos, arbitrarios, abiertamente absurdos, o cuando se dan explicaciones basadas en hechos que procesalmente resultan inexistentes, ocultados o tergiversados (CSJ SP, ago. 3 de 2005, rad. 22112 y CSJ SP668-2021, rad. 51652).

Para establecer el conocimiento y la voluntad en el obrar del agente puede igualmente acudirse al examen de los elementos objetivos, como la naturaleza de la decisión, la complejidad del asunto, la claridad de las normas aplicables y la trayectoria y experiencia profesional del acusado (Cfr. CSJ SP, ago. 3 de 2005, rad. 22112, SP740–2018, rad. 50132 y CSJ SP3142–2020, rad. 57793).

Debe tenerse en cuenta que no son objeto de reproche penal las decisiones producto de la impericia, ignorancia o inexperiencia (CSJ SP2438–2019, rad. 53651 y CSJ SP1971–2020, rad. 56203), mientras que la conducta efectivamente se configura cuando no está presente la «convicción de acertar, de obrar bien, de buena fe, sino la finalidad opuesta a estos propósitos» (CSJ SP8367–2015, rad. 45410 y CSJ SP13969–2017, rad. 46395).

Igualmente, conviene indicar que el prevaricato por acción es de mera conducta, por cuanto se consuma al proferirse la resolución, dictamen o concepto contrario a la ley, sin que «se requiera de la causación efectiva de un daño o perjuicio a los destinatarios de la providencia judicial o acto administrativo o concepto emitido por el servidor público» (CSJ AP5374-2021, rad. 58790).

En ese marco, cuando se ha planteado la falta de configuración del tipo al calificar «inane» los efectos de la providencia cuestionada, la Sala de Casación ha sido enfática en indicar que la materialización de este delito se presenta «independientemente de si el documento cuestionado trasciende o no en el mundo fenomenológico» (CSJ SP15942-2016, rad. 46750), por cuanto siendo el bien jurídico tutelado, el de la administración pública, lo que predomina es salvaguardar la imparcialidad con la que se debe ejercer la función pública y el «respeto a la ley que debe imperar en las actuaciones de los representantes estatales, quienes en su rol de delegatarios de la autoridad, sometidos a la normatividad, han de transmitir confianza a la comunidad respecto del contenido de sus actos».

Dicho de otra forma, «no resulta propio del tipo objetivo que la resolución o dictamen manifiestamente contrario a la ley se materialice o produzca resultados específicos; basta con que el funcionario la suscriba para que la decisión adquiera vida jurídica y tenga la potencialidad de lesionar, por ese sólo hechos, el bien jurídico tutela» (CSJ SP-2015, rad. 36607).

7.4.1. Del delito de falsedad ideológica en documento público

El artículo 286 del Código Penal tipifica la conducta de falsedad ideológica en documento público así:

El servidor público que, en ejercicio de sus funciones, al extender documento público que pueda servir de prueba, consigne una falsedad o calle total o parcialmente la verdad, incurrirá en prisión de sesenta y cuatro meses (64) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de ochenta (80) a ciento ochenta (180) meses.

Lo anterior implica que el comportamiento sancionado debe ser desplegado por un sujeto activo calificado, concretamente, un servidor público que, bajo tal calidad y en despliegue de sus atribuciones funcionales, elabora el documento con aptitud probatoria, pero de contenido mendaz.

Ello significa que, aunque el documento, en su origen y aspecto formal es auténtico, materialmente comporta declaraciones contrarias a la verdad sobre la existencia de un determinado acto o hecho, en la medida que éstos se presentan como veraces sin que hayan ocurrido o habiendo sucedido se les muestra de otra manera, se distorsionan, tergiversan o alteran.

Ante la necesidad de la colectividad de tener confianza en las formas escritas que se incorporan al tráfico jurídico, se tiene que para superar el juicio de tipicidad objetiva es imprescindible que el instrumento sirva de prueba de un hecho social y jurídicamente relevante, en tanto crea, modifica o extingue relaciones, pues si la condición espuria recae en un documento que en sí mismo no ofrece certidumbre, el comportamiento se torna inidóneo y, por consiguiente, carente de relevancia para el derecho penal.

La naturaleza pública que dimana de un documento no está supeditada al destino que se le imprima o al cumplimiento de los fines privados o de interés general que se prevean, lo «determinante es su fuente, esto es, que su formación o creación provenga del ejercicio de las funciones oficiales….

La conducta se concreta con la «editio falsi», esto es, con la elaboración o hechura del documento por parte del sujeto agente facultado para extenderlo. En materia documental a los servidores públicos, como representantes del Estado, les es propia la función certificadora de los asuntos que corresponden al ejercicio de su labor, conforme a la cual «da[n] fe de los actos o actuaciones en los que interviene[n] y de las circunstancias en que se realizan, o de la existencia de un determinado fenómeno o suceso histórico sobre el cual deba[n] certificar».

Por consiguiente, la actualización de la conducta delictiva no sólo dependerá de que el servidor falte a la verdad en un documento público o la calle total o parcialmente, sino que se torna necesario que lo haga en el marco del deber de documentar la verdad al que se encuentra adscrito.

El tipo penal sólo admite la modalidad dolosa. En consecuencia, el agente debe actuar con conocimiento de los hechos constitutivos de la infracción penal y con voluntad de su realización, según el artículo 22 del Código Penal. De tal manera, es indispensable acreditar que el servidor público, al extender un documento con aptitud probatoria, sabía de la ilegalidad de su conducta y, pese a ello, libremente decidió consignar una manifestación contraria a la realidad.

7.5. Privación de la libertad: arresto, captura en flagrancia y orden de captura

El artículo 28 de la Carta Política de 1991 establece que toda persona es libre y que nadie puede ser reducido a prisión o arresto ni detenido, salvo disposición escrita de la autoridad judicial competente, por motivos previamente definidos en la ley, como expresión del principio de legalidad que rige la limitación de este derecho fundamental.

En esa línea, la Corte Constitucional ha definido el derecho a la libertad personal como la «ausencia de aprehensión, retención captura, detención o cualquier otra forma de limitación de la autonomía de la persona». A su vez, ha reconocido que dicha prerrogativa no reviste un carácter absoluto, pues el propio orden Superior definió los supuestos en que los que resulta legítima su restricción, incluyendo el arresto.

Dicha modalidad está estrechamente vinculada a los poderes correccionales del juez, como uno de los instrumentos que permiten garantizar la eficacia de la administración de justicia y la observancia del debido respeto hacia la función jurisdiccional, que por su naturaleza sancionatoria se halla inscrita en un marco de estricto sometimiento al debido proceso.

Con la constitucionalización del debido proceso en el artículo 29 de la Carta Política de 1991, el ejercicio de los poderes correccionales del Juez quedó supeditado al debido proceso, la garantía del derecho de defensa y su motivación a partir de criterios de razonabilidad y proporcionalidad. Por consiguiente, «cuando el juez hace uso de la facultad correccional a que alude el numeral 2 del art. 39 del C.P.C. y pretende sancionar con arresto a la persona que ha incurrido en una conducta que atenta contra el respeto debido a la dignidad del cargo, debe adelantar el correspondiente procedimiento con estricto cumplimiento de las normas que rigen el debido proceso y el derecho de defensa y justificar la medida en criterios de proporcionalidad y de razonabilidad, en relación con los hechos y circunstancias, debidamente comprobadas, que le sirvan de causa», so pena de incurrir en actuaciones arbitrarias y nugatorias de derechos fundamentales.

Actualmente, en el ámbito civil, el artículo 44 del Código General del Proceso regula la materia así:

Poderes correccionales del Juez. Sin perjuicio de la acción disciplinaria a que haya lugar, el juez tendrá los siguientes poderes correccionales:

1. Sancionar con arresto inconmutable hasta por cinco (5) días a quienes le falten al debido respeto en el ejercicio de sus funciones o por razón de ellas.

2. Sancionar con arresto inconmutable hasta por quince (15) días a quien impida u obstaculice la realización de cualquier audiencia o diligencia.

3. Sancionar con multas hasta por diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes a sus empleados, a los demás empleados públicos y a los particulares que sin justa causa incumplan las órdenes que les imparta en ejercicio de sus funciones o demoren su ejecución.

4. Sancionar con multas hasta por diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes a los empleadores o representantes legales que impidan la comparecencia al despacho judicial de sus trabajadores o representados para rendir declaración o atender cualquier otra citación que le haga.

5. Expulsar de las audiencias y diligencias a quienes perturben su curso.

6. Ordenar que se devuelvan los escritos irrespetuosos contra los funcionarios, las partes o terceros.

7. Los demás que se consagren en la ley.

PARÁGRAFO. Para la imposición de las sanciones previstas en los cinco primeros numerales, el juez seguirá el procedimiento previsto en el artículo 59 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia. El juez aplicará la respectiva sanción, teniendo en cuenta la gravedad de la falta.

Cuando el infractor no se encuentre presente, la sanción se impondrá por medio de incidente que se tramitará en forma independiente de la actuación principal del proceso.

Contra las sanciones correccionales solo procede el recurso de reposición, que se resolverá de plano. (Énfasis agregado).

La remisión al artículo 59 de la Ley 270 de 1996 propugna por el adelantamiento del siguiente trámite:

El magistrado o juez hará saber al infractor que su conducta acarrea la correspondiente sanción y de inmediato oirá las explicaciones que éste quiera suministrar en su defensa. Si éstas no fueren satisfactorias, procederá a señalar la sanción en resolución motivada contra la cual solamente procede el recurso de reposición interpuesto en el momento de la notificación. El sancionado dispone de veinticuatro horas para sustentar y el funcionario de un tiempo igual para resolverlo.

Con la idea clara de que ninguna sanción correccional puede imponerse sin la observancia del debido proceso, se torna pertinente referir una particularidad: el trámite incidental puede ser inmediato, con la escucha de los descargos orales, o diferido, según sea el caso.

En esa línea, la Sala de Casación Penal ha indicado que no debe «entenderse como mancomunados o en inmediata sucesión, la falta, la sanción correccional, y la continuidad de la actuación obstruida» (CSJ AP, 17 oct. 2012, rad. 38358 y SP347-2022, 16 feb. 2022, rad. 60199).

Ello, por cuanto la decisión sobre el momento de imponer el correctivo depende de las circunstancias particulares de la respectiva situación, sin que en aquellos supuestos en los que el funcionario, con mesurado criterio, posterga el trámite incidental, implique la pérdida o renuncia de la facultad correccional. Un ejemplo que la jurisprudencia ha planteado atañe al evento en que un «abogado que con el propósito de obstaculizar el desarrollo de la diligencia le falte al respeto al juez, arriesgándose a ser arrestado en el acto. Caso este en que el juez, considera prudente luego de un llamado de atención continuar la diligencia, para posteriormente decidir sobre la ocurrencia de la falta, en tanto para el desarrollo de la actuación es indispensable la presencia del profesional».

En atención a sus características, la Corte Constitucional ha distinguido el arresto de la orden de captura. El primero es una sanción de naturaleza correccional, impuesta en el marco de un incidente y sometida al control del mismo juez que la decreta. Mientras que la segunda, debe ser dispuesta por un juez de control de garantías, únicamente, en desarrollo de una actuación penal, regida por las normas procesales de esta especialidad (CC C-276/19), interpretadas de forma restrictiva y aplicadas bajo criterios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad.

El artículo 2° de la Ley 906 de 2004, en consonancia con el artículo 28 Superior, consagra a la libertad como principio rector y reitera la importancia de la reserva judicial en materia de su restricción, así como el control judicial sobre las decisiones que la afectan.

Por esa razón, la captura constituye una forma de privación de la libertad que, como regla general, exige la emisión de un mandamiento escrito dictado por autoridad judicial competente -juez de control de garantías- con la finalidad de que se restrinja la locomoción de una persona para que se haga efectiva una medida de aseguramiento o se lleve a cabo el cumplimiento de una pena (artículos 296 y 297 C.P.P.).

De manera excepcional, el ordenamiento permite la captura en flagrancia, entendida como la aprehensión inmediata de quien es sorprendido en la comisión de un delito conforme las condiciones previstas en el artículo 301 de la Ley 906 de 2004, que por permisión del artículo 32 de la Constitución, puede realizarse tanto por las autoridades del orden público o judicial, como por particulares.

Cuando sobrevenga ese evento de naturaleza extraordinaria, el aprehendido debe ser puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, para que esta realice una doble valoración: i) establecer si el supuesto delito comporta o no detención preventiva y si ii) la captura fue o no legalmente realizada. De tal suerte que, si el comportamiento delictivo no conlleva imposición de medida de aseguramiento de detención preventiva o la captura en flagrancia fue adelantada de forma ilegal, el delegado procederá a dejar en libertad a la persona, imponiéndole bajo palabra un compromiso de comparecencia cuando sea necesario (CC C-591 de 2005).

De lo anterior se desprende que la orden de captura y la captura en flagrancia son fenómenos procesales diversos y comportan mecanismos distintos de privación de la libertad, que operan bajo presupuestos estrictamente regulados en la ley, los cuales hacen de la última una figura restringida, en el entendido de que debe «evaluarse en el marco del más genuino sentido de protección al ciudadano y que por lo tanto exige un juicio incisivo acerca de las condiciones en que se produce la captura en flagrante delito (artículo 301 del Código de Procedimiento Penal). Esto por cuanto un lenguaje constitucional fundado en el valor de la dignidad humana (artículo 1 y 2 de la Constitución Política), no tolera que la libertad de los ciudadanos pueda verse limitada por situaciones en las que se deje al libre albedrío de quien ejecuta la captura, las interpretaciones de situaciones que los jueces, como garantes de las libertades públicas, son los llamados a valorar en el margen de la imponderable relación de inmediatez que debe existir entre conducta y aprehensión».

7.6. Estándar de conocimiento para condenar. Presupuestos técnicos del carácter «razonable» de la duda

De conformidad con el artículo 381 de la Ley 906 de 2004, para proferir sentencia condenatoria es necesario que el juez alcance un conocimiento más allá de toda duda acerca de la existencia de la conducta y de la responsabilidad del acusado. Este estándar impone que la decisión adversa solo pueda adoptarse cuando, a partir de una valoración integral, coherente y racional del acervo probatorio, se excluyan hipótesis alternativas que, conforme a las reglas de la sana crítica, resulten plausibles y compatibles con la inocencia.

La duda jurídicamente relevante es aquella que, además de ser objetivamente fundada, se sustenta en el material probatorio recaudado y mantiene consistencia lógica frente a las reglas de la experiencia. En ese sentido, quedan excluidas las conjeturas e hipótesis meramente especulativas o aquellas que, aun siendo posibles en abstracto, no encuentran anclaje en los medios de convicción (CJS SP2202-2025 rad. 65186). Esto lleva a sostener que la duda debe ser razonable, con capacidad de resistir un examen crítico a partir de la prueba disponible y de ofrecer una explicación alternativa verosímil de los hechos.

En esa medida, la valoración probatoria no puede ser fragmentaria o insular, sino que debe atender a un análisis conjunto, evitando inferencias arbitrarias o conclusiones sustentadas en vacíos probatorios, siendo claro que la persistencia de una duda razonable en torno a cualquiera de los elementos estructurales del tipo penal -objetivos o subjetivos- impide desvirtuar la presunción de inocencia.

Así, definidos los contornos teóricos de la discusión, la Sala procederá al estudio de la problemática que plantea la presente actuación.

7.7. Del caso concreto

Inicialmente, se debe indicar que no admite discusión la cualificación del sujeto activo, pues las conductas que se le reprochan a John Freddy Rodríguez Martínez fueron ejecutadas en desarrollo de sus funciones como Juez Promiscuo Municipal de Silvania, cargo específico del que tomó posesión, el 3 de mayo de 2016, luego de autorizarse su traslado como titular del Juzgado Promiscuo Municipal de Fúquene, según las estipulaciones No. 1 y 2 que celebraron las partes.

De igual manera, la Fiscalía y la defensa acordaron dejar fuera de todo debate algunos antecedentes procesales alusivos a la actuación civil primigenia, en cuyo marco, el 30 de junio de 2017, acaeció la diligencia de entrega:

i) El 2 de junio de 2016, John Freddy Rodríguez Martínez, en calidad de Juez Promiscuo Municipal de Silvania (Cundinamarca), dictó sentencia en el proceso de restitución de bien inmueble arrendado Rad. 2015-00035, promovido por Espedito González Cadena -arrendador- contra Rafael Antonio Luque García -arrendatario-.

ii) Ante la no materialización de la entrega del predio por parte del demandado, en el lapso de 20 días previsto en dicha providencia, el funcionario judicial, a través de auto del 28 de julio de 2016, activó la comisión efectuada a la inspectora de la zona para llevar a cabo dicha diligencia.

iii) La Inspectora de Policía de Silvania, por segunda vez, había programado el referido acto para el 29 de noviembre de 2016, pero ante la solicitud de aplazamiento presentada por Héctor Jesús Forero Rincón tuvo que postergarla para el 9 de enero de 2017.

iv) La inspectora Alba Cecilia Garzón Naranjo ordenó la devolución del despacho comisorio «sin diligenciarlo» porque, ante la entrada en vigencia de la Ley 1801 de 2016, «era incompetente». No obstante, luego de que el funcionario comitente, con auto del 2 de marzo de 2017, le advirtiera que la asistencia judicial había sido ordenada de manera previa a que rigiera dicha normativa, le devolvió el trámite para que cumpliera con lo encomendado.

v) Reasumida la comisión, por sexta vez la inspectora fijó fecha para dar curso a la diligencia, la cual se instaló el 15 de mayo de 2017, pero Héctor Jesús Forero Rincón se opuso con el propósito de que se practicaran dos testimonios y, además, solicitó la nulidad de lo actuado ante la falta de competencia de dicha funcionaria para llevar a cabo la entrega.

Razón por la cual el despacho comisorio retornó, sin cumplimiento, al Juzgado Promiscuo Municipal de Silvania.

vi) Con auto del 2 de junio de 2017, John Freddy Rodríguez Martínez, titular del referido Despacho, asumió la práctica del acto de restitución, por lo cual dispuso que se ejecutaría el 30 de junio de 2017, a partir de las 10:00 a.m., oportunidad en la cual se resolvería la oposición formulada por Héctor Jesús Forero Rincón.

vii) El 7 de junio de 2017, Héctor Jesús Forero Rincón, abogado del tercero opositor, presentó recurso de reposición y, en subsidio, apelación contra el anterior auto que programó fecha para la diligencia de entrega, pese a que se trataba de un proceso de única instancia.

Ese mismo día, dicho profesional del derecho propuso nulidad de lo actuado por la Inspección de Policía por falta de jurisdicción y competencia.

viii) Con autos del 29 de junio de 2017, el juez John Freddy Rodríguez Martínez resolvió: i) no reponer la determinación adoptada el 2 de junio de 2017, sobre fijar fecha para la diligencia de entrega, manteniendo la hora y día indicados y ii) negó de plano la nulidad propuesta por Héctor Jesús Forero Rincón, abogado del tercero opositor.

ix) En concreto, frente al día en que se llevó a cabo el acto de entrega las partes acordaron: «dar por probado que el día 30 de junio de 2017, se continuó con la diligencia de entrega del inmueble. Para tal efecto, el señor Juez Rodríguez Martínez se desplazó al lugar del inmueble objeto de entrega, en el curso de la misma tomó varias decisiones, entre ellas: (i) negar de plano la oposición por no ser parte de ese proceso de restitución de inmueble arrendado, (ii) afirmar que con fecha 29 de junio se negó la nulidad planteada, (iii) ordenar compulsa de copias contra el abogado Héctor Forero e igualmente, compulsa de copias por el delito de Fraude a resolución judicial por parte del abogado de la parte demandada, así como, el arresto por 5 días en aplicación del incidente correccional normado en el Art. 44 de C.G.P. numeral 1°, razón por la cual ordenó a la policía nacional ejecutar la orden de arresto por 5 días».

Una vez concretadas las anteriores premisas fácticas, se procede a examinar el compromiso penal del acusado de cara a los específicos términos en que fueron concretados los hechos en la acusación que, como se explicará en detalle en los acápites siguientes, específicamente, atañen a lo acontecido en la diligencia de restitución de inmueble arrendado, en cuyo desarrollo se presentaron varios eventos de forma sucesiva.

De tal manera, resulta necesario realizar su auscultación de forma singular, con independencia de que la Fiscalía al concretar los cargos atribuyera un sólo delito de prevaricato por acción, en concurso heterogéneo con falsedad ideológica en documento público, y en la fase de alegatos de conclusión hiciera alusión al concurso homogéneo de la primera ilicitud.

Ciertamente, en el evento de considerar configurado el tipo penal del artículo 413 de la Ley 599 de 2000, la referencia tardía a la figura regulada en el artículo 31 ibidem impediría una consecuencia punitiva en ese sentido, mas no el análisis fáctico en atención a los contornos particulares dados a conocer, pues no puede soslayarse que se cuestionan los mandatos de aprehensión que se emitieron contra Héctor Jesús Forero Rincón, tanto por vía de arresto, como a través de orden de captura «en flagrancia», ambos dictados en momentos plenamente diferenciables.

Con tal precisión, el primer asunto que se abordará corresponde a la legalidad de la orden de arresto (7.7.1). En segundo lugar, a partir de lo establecido con dicha medida correccional, se examinará si la información contenida en el acta de «INCIDENTE CORRECIONAL DENTRO DEL PROCESO DE RESTITUCIÓN» es espuria (7.7.2.) y, para finalizar, en el tercer apartado se estudiará lo concerniente a la legalidad de la orden de captura No. 002 del 30 de junio de 2017 (7.7.3.).

7.7.1. De la orden de arresto impuesta al abogado del tercero opositor

Como se anunció, el primer señalamiento efectuado en la acusación contra John Freddy Rodríguez Martínez atañe a lo ocurrido el 30 de junio de 2017, cuando en su calidad de Juez Promiscuo Municipal de Silvania dio curso a la diligencia de entrega del predio ubicado en el barrio El Alto de la Virgen, conforme lo ordenado en el proceso de restitución Rad. 2015-00035 y, en ese contexto, sancionó a Héctor Jesús Forero Rincón, abogado del tercero opositor Germán Luque Sandoval, con arresto inconmutable de 5 días.

De acuerdo con la Fiscalía dicha decisión se adoptó sin habilitar la oportunidad para que el infractor ejerciera los derechos de defensa y contradicción. En particular, se reprochó que tal aprehensión se hiciera efectiva de forma inmediata, sin ser «motivada, no se señaló la naturaleza de la misma, las circunstancias en que se produjo, su gravedad, el señor Juez omitió señalar la culpabilidad del arrestado, ni qué criterios tuvo en cuenta para dosificar la sanción en 5 días de arresto, siendo esta la más grave; tampoco se notificó personalmente la decisión ni se señaló que contra esta procedía el recurso de reposición».

Con ese panorama, se debe indicar que el análisis correspondiente parte de un aspecto no controvertido: en el mundo fenomenológico Héctor Jesús Forero Rincón fue sancionado con la medida correccional de arresto por parte del funcionario judicial Rodríguez Martínez. De tal manera, el asunto que ahora atañe dilucidar, desde el plano objetivo de la conducta de prevaricato por acción y, en concreto, frente al elemento normativo «manifiestamente contrario a la ley», es si la imposición de dicha sanción estuvo precedida de un debido proceso.

Según se indicó en la parte teórica de esta providencia, el arresto inconmutable de 5 días, previsto en el artículo 44, numeral 1, del Código General del Proceso, constituye un correctivo que el juez puede imponer a «quienes le falten al debido respeto en el ejercicio de sus funciones o por razón de ellas», para lo cual le resulta obligatorio: i) concederle al infractor la oportunidad para que exprese las razones de su comportamiento, en ejercicio del derecho de defensa, ii) motivar la decisión sancionatoria, para lo cual resultaba imperativo atender el principio de proporcionalidad y iii) advertir que se podía solicitar la reconsideración de la determinación correctiva, a través del recurso de reposición (artículo 59 – Ley Estatutaria de la Administración de Justicia).

En orden a demostrar los supuestos de la acusación, la Fiscalía practicó el testimonio de la comisaria de familia de Silvania, Claudia Yurani Espitia Castillo quien, en la sesión del juicio oral del 25 de agosto de 2025, indicó que fue convocada al acto de restitución, seguramente porque «había menores de edad o adultos mayores».

Específicamente, indicó que hizo presencia desde la apertura de la diligencia hasta el final, aunque aclaró: «no estuve continuamente en toda… porque fui convocada desde el despacho de la Comisaría… [M]e tuve que retirar un par de veces».

En una de dichas ocasiones, cuando retornó al recinto, presenció que se le había dado la palabra a un «señor», el cual se opuso al trámite, pero como esta postulación fue desestimada por el juez John Freddy Rodríguez Martínez, la «parte que había solicitado interponer el recurso pues no lo toma a bien, se disgustó y pues entre ellos empezó como una controversia, una controversia jurídica, de pronto sí un poquito subida de voz, pero no al punto de pronto de irrespetarse las dos partes ni tanto el juez ni la parte que había solicitado el recurso».

Posteriormente, la declarante precisó que cuando se le permitió hablar a Héctor Jesús Forero Rincón, persona a quien la funcionaria se refería como «parte solicitante», fue con la finalidad de que diera a conocer las razones por las cuales estimaba que no debía llevarse a cabo la diligencia de entrega. En esta misma línea se pronunció sobre el tema en curso del contrainterrogatorio.

Acto seguido, la Fiscalía interrogó sobre si había logrado escuchar el «contenido de las palabras que se dijeron el uno al otro», por lo que Claudia Yurani Espitia Castillo respondió:

Efectivamente sí hubo una controversia, digamos que, en términos jurídicos, en donde la parte le hacía la exposición al señor juez en sus términos y el juez le contestaba también en términos jurídicos, pero sí, ya se acaloraron porque su tono de voz empezó a ser fuerte, ya de las dos partes, más no que se hubieran escuchado palabras soeces o irrespetos como tal de alguna de las partes.

Hubo manifestación del señor juez a este sujeto procesal en donde le decía que lo que le manifestaba era un irrespeto contra él como juez. Recuerdo que el señor juez ordenó el arresto de este, de este sujeto procesal por ese acaloramiento jurídico que se presentó entre ellos en esta controversia.

Además, la testigo afirmó que la orden de arresto se hizo efectiva, «sí se cumplió porque allí estaba la Policía y la Policía retiró a este señor de esta diligencia». Esto llevó a que se le preguntara: «¿Recuerda si cuando se dio la orden de arresto el señor juez leyó alguna resolución donde imponía esa orden de arresto?», ante lo cual la comisaria Espitia Castillo contestó:

Tengo que decir que no lo recuerdo, no lo recuerdo. Sí recuerdo fue que la Policía dio cumplimiento a esa orden que dio el juez, pero no recuerdo que el juez haya leído algo en su momento sustentando pues como esta orden que dio, realmente no lo recuerdo.

FISCALÍA: Doctora Espita ¿Recuerda usted si ante esa orden de arresto que usted manifiesta cumplió la Policía, esa persona que llevaron interpuso algún recurso o hizo alguna manifestación?

TESTIGO: Recuerdo que al señor lo retiraron de la diligencia, pero que haya interpuesto algo no porque lo retiraron de la diligencia. La verdad no recuerdo si él regresó, que creo que no regresó. No recuerdo tampoco que él haya interpuesto alguna posición o haya hecho alguna manifestación, no lo recuerdo.

Durante el contrainterrogatorio, la comisaria de familia de Silvania reiteró que el «señor juez manifestó que lo que le manifestaba la parte solicitante estaba ya subido de tono y por lo tanto era un irrespeto a él como juez y entiendo yo que el juez no tuvo a bien estas manifestaciones de este sujeto y pues ordena el arresto. Ordena el arresto porque hubo una controversia ya entre ellos subida de tono».

Finalmente, ante las preguntas complementarias formuladas por el representante del Ministerio Público aseguró que no observó ningún comportamiento irregular por parte del funcionario judicial, aunque «de pronto sí me sorprendió fue el momento cuando se ordenó el arresto».

Por su parte, en la misma sesión del juicio oral, el patrullero Julián Alejandro Castro Duarte dio a conocer que para el 30 de junio de 2017 trabajaba en la Estación de Policía de Silvania y acudió a la diligencia porque se solicitó el acompañamiento de la Fuerza Pública.

Dijo que el acto inició a las 10 de la mañana y transcurridas algunas horas, aproximadamente, a las 12 o 12:30 del mediodía inició una discusión entre el juez John Freddy Rodríguez Martínez y un «abogado». Coincidió con la anterior declarante, en que los términos empleados en la aludida controversia eran de índole jurídica, «sin malas palabras ni insultos ni palabras por ninguno de los dos, el señor juez ni el señor abogado. En ese momento el señor juez de Silvania manifiesta una orden de arresto contra el señor abogado de ese momento, el cual, pues el señor abogado nos acompaña, se para sin ningún, sin poner fuerza alguna contra nosotros, nos acompaña a la estación…».

La Fiscalía le preguntó al agente si el funcionario judicial explicó la razón por la cual ordenaba el arresto, por lo que el testigo contestó: «pues en el momento porque el señor abogado le había faltado al respeto al señor juez».

Esa aseveración ameritó que el ente acusador buscara precisar si el declarante «escuchó en ese momento de que el señor juez da la orden de arresto que el abogado hubiera manifestado algo frente a esa orden», suceso ante el cual el patrullero Julián Alejandro Castro Duarte respondió: «no, no manifestó nada, simplemente pues nos acompañó en buenos términos a nosotros los policías en ese momento».

Más adelante, sostuvo que «ya pasado me dirijo al Juzgado y es donde pues el señor juez nos da una orden, primero de arresto de cinco días, posterior a esto nos da un oficio, una orden de captura por fraude a resolución…». Tema sobre el que se profundizará en acápites posteriores.

Además, manifestó que Héctor Jesús Forero Rincón estuvo detenido en la estación el 30 de junio, 1° y 2 de julio de 2017, último día en que se notificó la decisión de hábeas corpus.

En efecto, como prueba documental la Fiscalía allegó el fallo emitido el 2 de julio de 2017 por el Juzgado 2° Penal Municipal de Fusagasugá, con fundamento en la referida acción constitucional, en virtud de la cual se dispuso la libertad inmediata de Forero Rincón por considerar que su restricción constituyó una vía de hecho, pues se había dado,

[D]entro del trámite de un proceso de restitución en audiencia de oposición, cuando debió darle el trámite que establece el artículo 59 de la Ley 270 de 1996, es decir, permitirle al supuesto infractor aportar las explicaciones en aras de ejercer el derecho a la defensa, y de no ser estas satisfactorias si procederá a señalar la sanción que establece el artículo 44 del Código General del Proceso, pero además, tampoco le concedió la posibilidad de interponer recurso de reposición al momento de la notificación de la decisión, que debió además ser motivada, para que entonces el sancionado dentro de las 24 horas siguientes sustentara el recurso y otras 24 horas para que el funcionario resuelva el mismo.

Para finalizar, la prueba incriminatoria también estuvo integrada por la declaración jurada que Fabiola Andrea Rojas Linares rindió el 24 de julio de 2019 quien, con base en el registro civil de defunción No. 06179443, se constató que falleció el 23 de abril de 2025. De tal manera, configurado el evento previsto en la letra d) del artículo 438 de la Ley 906 de 2004, se incorporó su dicho previo como prueba de referencia.

En la referida declaración jurada Rojas Linares manifestó que intervino en la diligencia de entrega como secretaria ad hoc. Puntualmente, sobre las circunstancias que desencadenaron la cuestionada orden de arresto, la deponente expuso:

Estando ya dentro de la diligencia se presentó el abogado el Dr. HÉCTOR JESÚS FORERO, en compañía del demandado, el abogado llegó en una actitud desafiante, interrumpiendo al señor Juez en el uso de la palabra. Ese abogado caminaba cerca al escritorio y pues yo estaba muy nerviosa, pensaba que iba a ver (sic) pelea, yo escribía lo que el Juez me dictaba estaba nerviosa. Ya después se le concedió el uso de la palabra al abogado, el abogado me dictaba, en algunas ocasiones le decía que me repitiera porque me dictaba rápido y posteriormente el señor Juez le resolvió las peticiones que había elevado. Medio recuerdo que cuando el señor Juez resolvía, el abogado volvía y caminaba y hacía murmuraciones en voz baja y en algunas ocasiones interrumpía al señor Juez. Dentro de lo que recuerdo el señor Juez le negó todo y el abogado siguió con la actitud desafiante, y acto seguido el señor Juez ordena a los policías que estaban presentes el arresto del abogado, no recuerdo por cuántos días, los policías quedaron desconcertados y se lo llevaron a la Estación que queda frente al Juzgado. Ahí ya continua la diligencia, el señor Juez procede a seguirme dictado para finalizar el acta y finalizó la entrega. Posteriormente, y ahí mismo procedió a dictarme lo que se denominó incidente correccional dentro del proceso de restitución, luego fuimos al Juzgado y allí ordenó a la escribiente hacer una orden de captura y un oficio para la policía.

(…)

PREGUNTADO: Recuerda usted si el abogado arrestado presentó algún recurso verbalmente o por escrito contra la decisión de arrestarlo o de compulsarle copias para que fuera investigado por el delito de fraude a resolución judicial o contra la decisión que le ordenó compulsarle copias disciplinarias. CONTESTÓ: No recuerdo, no se defendió de eso, a él se lo llevaron y luego metió el habeas corpus.

(…)

PREGUNTADO: Desea agregar algo más a esta declaración. CONTESTÓ: No señor. Lo que consigné es lo que me acuerdo, ya el tiempo ha pasado y se olvidan detalles.

El panorama descrito, en un primer nivel de aproximación, estaría en sintonía con la acusación, esto es, que la decisión a través de la cual se impuso arresto a Héctor Jesús Forero Rincón admitiría serios cuestionamientos frente a la observancia estricta de los presupuestos del artículo 44 del Código General del Proceso, en concordancia con el artículo 59 de la Ley 270 de 1996.

Sin embargo, dicha deducción no resulta definitiva. La valoración de la prueba de cargo exige un examen riguroso, integral y confrontado con su propio alcance demostrativo, con el propósito de establecer si se satisface el estándar de conocimiento previsto en el artículo 381 de la Ley 906 de 2004, esto es, si se acredita, más allá de toda duda razonable, que la actuación del funcionario judicial fue manifiestamente contraria a la ley.

En tal sentido, el relato realizado tanto por la comisaria de familia, como por el patrullero de la Policía Nacional, permite tener por acreditado que durante el aludido acto de entrega se presentó una discusión o «acaloramiento jurídico» entre el abogado Héctor Jesús Forero Rincón y el juez John Freddy Rodríguez Martínez. Aunque no llegó al extremo de los insultos y el uso de términos soeces, sí se caracterizó por la elevación del tono de voz, situación que fue calificada por Fabiola Andrea Rojas Linares, como «desafiante», al referir que el primero «interrumpi[a] al señor Juez en el uso de la palabra», conducta que, incluso, le generó «nerviosismo».

Ese contexto de tensión también fue denotado por el testigo de la defensa, Alfonso González Durán, hijo de Espedito González Cadena, demandante en el proceso civil de restitución de inmueble arrendado, quien fue autorizado por el ahora procesado a participar en la diligencia, debido a que su padre de más de 90 años se encontraba en silla de ruedas.

Corroboró que la presencia de Héctor Jesús Forero Rincón se dio ya estando en curso la diligencia, hasta ahí todo iba «correctamente», pues cuando ingresó dicho abogado,

[E]mpezó a decir cosas incoherentes, que sin la autorización de él no se podía hacer ese proceso, en fin, muchas cosas ahí que se intercambiaron entre el juez y el señor abogado, hasta que en un momento el abogado de mi padre, el doctor Pedro Cruz le pidió el favor que fuera prudente que tuviera paciencia, que esperara correctamente, que le diera la palabra o que lo dejara hacer sus intervenciones, pero el señor en forma brusca, en forma totalmente fuera de control, como se puede decir, no permitía, que no, que eso no lo podían hacer, que no sé qué, que sin orden de él no se podía hacer absolutamente nada.

Bueno, eso se intercaló así un poco de cruce de palabras y llegó un momento en que el juez le tocó intervenir y señor, tenga prudencia si usted no quiere permitir que siga esta reunión me tocará hacerlo retirar de la sala.

Eso pasó, el señor Rincón, doctor, empezó a proferir otras cosas bruscas, inclusive a decirle yo no le tengo miedo señor juez, haga lo que se le dé la gana, haga lo que quiera que yo también tengo cómo poder actuar y mandar este proceso a Bogotá.

Bueno, esas cosas las dijo, siguió molestando tanto que prácticamente no dejaba continuar la reunión hasta que el juez le tocó llamar a la autoridad y hacerlo reiterar. De ahí en adelante el proceso continuó normalmente, al señor lo retiraron, se hizo la entrega normal….

Por su parte, otro declarante de la defensa, Pedro Julio Cruz, abogado de Espedito González Cadena, demandante en el proceso de restitución de inmueble arrendado, dio cuenta de las varias veces que tuvo que aplazarse la diligencia de entrega ante las diversas solicitudes de oposición y nulidad que propuso Héctor Jesús Forero Rincón, por lo que calificó como «dilatoria» la gestión desplegada por dicho abogado.

En esencia, dio cuenta de un comportamiento reiteradamente vociferante y desafiante por parte de Forero Rincón contra el titular del Despacho.

En este punto, es importante indicar que la Fiscalía reprochó que la sanción de arresto no contó con la debida motivación, al afirmar que el ahora procesado no se ocupó de argumentar la «naturaleza de la misma, las circunstancias en que se produjo, su gravedad, el señor Juez omitió señalar la culpabilidad del arrestado, ni qué criterios tuvo en cuenta para dosificar la sanción en 5 días de arresto, siendo esta la más grave…»

Al respecto, la Corte resalta que el parágrafo del artículo 44 del Código General del Proceso, concretamente, en la parte final del primer inciso, dispone que el «juez aplicará la respectiva sanción, teniendo en cuenta la gravedad de la falta», lo que indica que el funcionario, en aplicación del principio de proporcionalidad, debe especificar, entre otros, los motivos por los cuales elige determinado correctivo.

Sin embargo, el reparo del ente acusador en torno a la «naturaleza» de la medida adoptada, permaneció en un plano enunciativo y abstracto, lo que impide que ahora la Sala evalúe si dicho aspecto acredita un comportamiento prevaricador por parte del procesado, pues en manera alguna expuso argumentos que llevaran a concluir que, en efecto, el funcionario judicial no sustentó la sanción impuesta en el escenario ya conocido y que ese comportamiento que pretendía amonestar, habría podido ser neutralizado con otra medida.

No se puede soslayar que el análisis situacional que exige el delito de prevaricato por acción implica examinar las circunstancias en que se desarrolló la conducta objeto de juzgamiento y no extrapolar criterios de solución definidos de manera ex post.

Con ese norte, la prueba hasta ahora reseñada ha dado a conocer la existencia de una tensión verbal dentro de la diligencia, en cuyo desarrollo el profesional del derecho en varios momentos increpó al titular del Juzgado Promiscuo Municipal de Silvania y faltó al respeto a la labor que en ese momento ejercía, llamándola «ilegal», cuando lo que buscaba ese 30 de junio de 2017, era dar cumplimiento a la sentencia ejecutoriada que se había proferido un año antes, esto es, el 2 de junio de 2016, en la cual se había ordenado la restitución del bien inmueble, en un plazo de 20 días, ampliamente superado, dada la continua oposición del abogado Héctor Jesús Forero Rincón, sustentada en diversas postulaciones tanto de nulidad, práctica probatoria, como de proposición de recursos improcedentes.

De tal manera, el panorama descrito no resulta incompatible con la causal del artículo 44, ordinal 1°, del Código General del Proceso, la cual habilita la imposición de «arresto inconmutable hasta por cinco (5) días», elegida por el ahora procesado, en sustento de su determinación, según se indicó en la estipulación probatoria ya reseñada y el contenido del acta de incidente, que se estudiará más adelante.

Ahora, cierto es que la fórmula empleada por el precepto lleva inserto el vocablo «hasta», que opera como un límite cuantitativo, lo cual significa que el monto de 5 días sería el máximo al que podría llegar esa modalidad de arresto inconmutable.

No obstante, frente a dicho reparo y los demás, asociados a que «tampoco se notificó personalmente la decisión ni se señaló que contra esta procedía el recurso de reposición», se debe indicar que la secuencia fáctica dada a conocer por Claudia Yurani Espitia Castillo y Julián Alejandro Castro Duarte sugiere que, una vez acaecido el conflicto verbal, Rodríguez Martínez resolvió imponer el correctivo, narración que apunta a una decisión súbita, lo cual explicaría que la primera asegurara que le había «sorprendido» la imposición de la sanción.

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la comisaria de familia ostenta una percepción fragmentaria de lo acontecido. Ella misma reconoció que su presencia en el lugar de los hechos fue intermitente, pues, como mínimo, se ausentó de la diligencia en dos ocasiones y cada vez duró, aproximadamente, entre 15 o 20 minutos.

Por esa razón, en el contrainterrogatorio Claudia Yurani Espitia Castillo manifestó: «no me consta todo, solamente me consta lo que he manifestado».

Ello implica que no estuvo al tanto de un desarrollo continuo de la problemática y, en consecuencia, su relato tampoco suministra detalles que permitan colegir una sucesión de hechos hilada, especialmente, si el juez expuso las razones por las que imponía cinco (5) días de arresto y si a Héctor Jesús Forero Rincón se le concedió la palabra para recurrir la cuestionada determinación.

En ese orden, contrario a lo sostenido por la Fiscalía, le asiste razón al Tribunal en cuanto a que la comisaria de familia no se encontraba en condiciones de establecer si el juez dio a conocer alguna resolución o providencia que sustentara la medida y, ahora entiende la Sala que ello obedeció, no a que estuviera segura de que no ocurrió, sino porque se trataba de un asunto que no podía evocar, por esa razón fue persistente en expresar: «realmente no lo recuerdo».

Esa misma insuficiencia descriptiva, en cuanto al puntual asunto objeto de análisis, se detecta en el testimonio del patrullero Julián Alejandro, en la medida que su relato no ofrece detalles sobre la progresividad del conflicto y su desenlace con el arresto.

Aunque aseguró que instantes previos a la materialización de dicha aprehensión, Héctor Jesús Forero Rincón no manifestó nada, queda la incertidumbre acerca de si a lo que se refería el testigo estaba asociado al acatamiento que evidenció el abogado frente a los integrantes de la Fuerza Pública al momento de ser conducido, pues debe recordarse que cuando expresó: «no manifestó nada», inmediatamente le siguió el aserto alusivo a que «simplemente pues nos acompañó en buenos términos a nosotros los policías en ese momento».

La pregunta de la Fiscalía no se formuló con suficiente claridad para delimitar si se indagaba por el ejercicio del derecho de contradicción, en concreto, la interposición y sustentación del recurso de reposición, lo cual incide en el alcance probatorio de la respuesta obtenida.

En ese contexto, resulta posible que el entendimiento del testigo se haya circunscrito al comportamiento del abogado al momento de concretarse la aprehensión, sin que de ello pueda desprenderse, libre de toda controversia, la existencia o no de una oportunidad previa de defensa.

Si bien, durante el contrainterrogatorio, la defensa buscó que el testigo puntualizara el contenido de la discusión, lo que serviría para establecer si el declarante hacía referencia a lo ocurrido en la fase de la oposición de la diligencia o ya en curso del incidente correccional, lo cierto es que la respuesta del agente Julián Alejandro Castro Duarte tampoco contribuyó al fin demarcado, pues se limitó a sostener, «doctor como le digo, pues términos jurídicos son lenguajes que se usan en derecho y pues algo diría yo, interponer algún recurso, pero pues era discusión entre ellos, como le manifesté».

Un escenario semejante se presenta con lo dicho por Fabiola Andrea Rojas Linares en la declaración jurada del 24 de julio de 2019, incorporada como prueba de referencia, pues ante la pregunta de si le constaba que el abogado sancionado formuló algun recurso verbal o por escrito contra la «decisión de arrestarlo o de compulsarle copias para que fuera investigado por el delito de fraude a resolución judicial o contra la decisión que le ordenó compulsarle copias disciplinarias», la mencionada contestó: «No recuerdo, no se defendió de eso, a él se lo llevaron y luego metió el habeas corpus».

De nuevo, el interrogante es compuesto, por cuanto aborda el ejercicio de contradicción de Héctor Jesús Forero Rincón contra varias decisiones que habría tomado el funcionario judicial hoy procesado.

Esa falta de precisión deja en vilo la comprensión de la declarante respecto al tema que se pretendía conocer y, si lo que entendió fue un aspecto relacionado con la interposición, en general, de algún recurso o mecanismo legal por parte del sancionado, lo cual no puede negarse, pues justamente en su respuesta Rojas Linares hizo alusión a que el infractor terminó formulando una acción constitucional. De tal manera, queda la duda de si realmente lo que aquélla quería contestar se centraba en si el anuncio del arresto mereció, en ese mismo instante, controversia por parte del abogado. Asunto que por, obvias razones, ante la indisponibilidad de la deponente no fue posible dilucidar.

A lo anterior se suma, lo dicho por el testigo de la defensa Alfonso González Durán quien, si bien, al ser contrainterrogado sobre si «¿Rec[ordaba si] si esa orden se cumplió de manera inmediata?», respondió: «sí señor ¿Recuerda quiénes lo retiraron? Creo que fueron dos agentes», pero, posteriormente, contestó de forma negativa cuando se le pidió que concretara si la conducción del abogado se dio como consecuencia directa de la discusión inicial del abogado, en torno a la oposición a la diligencia, o ya como resultado de la fijación del correctivo.

En efecto, la Fiscalía le preguntó: la «orden de retirarlo, como usted dijo, de la reunión por parte de la Policía que estaba presente ahí, se dio una vez se presentó el altercado con el juez y el abogado ¿Sí o no?», frente a lo que el testigo dijo: «No».

En ese escenario, se configura un déficit relevante en la acreditación del elemento «manifiestamente contrario a la ley», pues, a la par de la tesis incriminatoria, la Sala advierte la existencia de otra explicación igualmente plausible: que el juez acusado sí exteriorizó, al menos de forma verbal, las razones de la decisión, así como el fundamento normativo y las etapas propias del incidente correccional, sin que ello haya sido plenamente percibido o recordado por los testigos de cargo.

Resulta necesario diferenciar entre la ausencia de una motivación formalmente documentada y la inexistencia de motivación como presupuesto sustancial de la decisión. En escenarios como el analizado, caracterizados por actuaciones desplegadas en audiencia, la motivación puede exteriorizarse de manera oral, siempre que permita identificar las razones fácticas y jurídicas que sustentan la determinación adoptada.

La ausencia de recuerdo preciso por parte de los testigos y los vacíos narrativos no equivalen, por sí solos, a una inexistencia de fundamentación ni autoriza a concluir, sin lugar a duda, que en ese específico aspecto el funcionario judicial actuó al margen de las exigencias legales.

Lo anterior, con mayor razón cuando existen otras pruebas que apuntan en sentido contrario, como el testimonio de Pedro Julio Cruz, abogado del demandante Espedito González Cadena, profesional del derecho que ofreció un relato más detallado sobre lo ocurrido el 30 de junio de 2017.

Sostuvo que justo cuando el funcionario judicial está decidiendo lo relativo a las peticiones del tercero opositor, Forero Rincón ingresó y,

[E]mpezó a vociferar que están haciendo aquí, que eso es ilegal, que los voy a denunciar.

El señor juez ordenó compulsarle copias al Consejo Superior de la Judicatura, le dio la palabra, planteó una nulidad de lo actuado dentro de la diligencia en el sentido de que, nuevamente, con los argumentos de que sobre el auto de trámite que programaba la diligencia y que él había presentado recurso, le decidió sobre el mencionado recurso decidió sobre la nulidad, no accediendo a la misma. Pero antes me corrió traslado, plantee mi posición oponiéndome lógicamente a la posición y a la nulidad planteada porque no observaba que se hubiera violado ninguna norma con respecto al trámite que se le dio a los, al auto de trámite y a la que se está dando a la resolución de la oposición.

Este señor continuó vociferando y en una forma altanera increpa al señor juez, inclusive yo me le acerqué y le dije, colega, por favor, le llegué a decir, mire, esto no son asuntos personales, son asuntos de un proceso en el que pues debemos acatar. No, por el contrario, siguió hasta que ya el señor juez nuevamente le ordenó compulsar copias, ratificó y le ordenó arresto por 5 días. Inmediatamente, después el señor siguió en su misma posición que -lo toque, toque, que lo voy a denunciar- y nunca interpuso o dio una posición al respecto de manifestarse concretamente y legalmente respecto de la decisión del señor juez acabó su intervención, digámoslo así, porque la intervención eran insultos y el señor juez ordenó que se retirara de la audiencia que lo retiraran de la audiencia y la policía lo retiró.

DEFENSOR: ¿Usted recuerda cómo fue ese retiro, lo arrestaron, lo esposaron? ¿Qué sucedió?

TESTIGO: No, lo invitaron a salir y él salió.

DEFENSOR: Cuando usted dice que llegó vociferando ¿Podría ser más concreto en su especificación?

TESTIGO: Si, gritaba -qué es lo que están haciendo aquí-, -lo que están haciendo es ilegal-. Interrumpiendo sin siquiera darle el uso de la palabra.

DEFENSOR: Cuando comenzó a dirigirse así al Despacho ¿Cuál fue la posición del señor juez en ese momento?

TESTIGO: El señor juez le llamó la atención y ordenó compulsarle copias al Consejo Superior de la Judicatura, en ese primer instante.

DEFENSOR: Y en ese momento, ¿Qué actitud tuvo el doctor Forero?

TESTIGO: Pues él entonces ya entró como en una especie como de calma en ese momento y pidió el uso de la palabra y se le concedió la palabra e hizo su intervención.

DEFENSOR: Cuando el señor juez ordena el arresto ¿Cuál fue la posición del doctor Forero? ¿Qué le dijo?

TESTIGO: No, él continuó vociferando e insultando, que no le daba miedo, que lo que toque, toque.

En curso del contrainterrogatorio, la Fiscalía ahondó sobre las circunstancias específicas en que el funcionario judicial anunció la decisión de imponer arresto. En concreto, le preguntó al testigo: «¿Usted escuchó que el señor juez profiriera una resolución donde impusiera la sanción, graduara la misma? ¿Por qué razón imponía 5 días, si o no?», ante lo cual Pedro Julio Cruz contestó: «El señor juez le anuncia la norma y el por qué de la situación».

Con esa respuesta la Fiscalía profundizó en el siguiente aspecto: «¿[l]a sola enunciación de una norma podemos catalogarla como que el juez cumplió con el contenido de la norma, si o no?», por lo que Pedro Julio Cruz aseveró: «Eso le corresponde a la persona a quien va dirigido el correctivo y para eso están los recursos».

Finalmente, el Tribunal formuló las siguientes preguntas complementarias:

TRIBUNAL: Después de esos términos fuertes que usted hace alusión o vociferaciones ¿Cuánto tiempo transcurrió, aproximadamente, si recuerda, en imponer la corrección del señor juez hacia él, hacia el abogado?

TESTIGO: Doctor, pues una vez se toman las decisiones, en primer lugar, al momento en que él (Héctor Jesús Forero Rincón) ingresa, el señor juez ordena compulsar copias, luego le da el uso de la palabra, él hace uso, estaba entablando un recurso, complementando una nulidad, creo que se toma la decisión e inmediatamente empieza, nuevamente, con los insultos, pero el señor juez si se tomó un tiempo porque era que no se calmaba y tomó la decisión.

TRIBUNAL: Bien, una vez tomó esa decisión ¿Corrió traslado para efectos de recursos o qué pasó en ese momento?

TESTIGO: En ese momento en que él termina, recuerdo, pues lógicamente que viene, debería venir la intervención del disciplinado, pero era que ese señor volvió a arreciar con los insultos.

Así las cosas, es claro que la prueba de cargo no permite reconstruir de manera continua, completa y univoca la secuencia de la actuación del juez al momento de imponer la medida ni establecer si se le impidió al sancionado ejercer su defensa o interponer el recurso pertinente. Aunado, los medios de conocimiento practicados por la defensa dejan en vilo tal planteamiento.

En efecto, del conjunto probatorio surge un escenario alterno al planteado en la acusación, con alto grado de verosimilitud: que John Freddy Rodríguez Martínez antes de la imposición de la medida dio a conocer que el irrespeto asumido por el abogado y la renuencia al cumplimiento de la orden judicial de restitución fundamentaban la medida correccional, así como el soporte normativo correspondiente. Pese a que la declaración de Pedro Julio Cruz, presenta cierto nivel de generalidad en ese aspecto, lo cierto es que no existe prueba concluyente que desvirtúe dicha afirmación.

Similar situación se presenta respecto de la posibilidad de interponer reposición, pues los testigos de la defensa indicaron que el sancionado, empeñado en el éxito de su pretensión opositora, continuó reiterando, según su criterio, la ilegalidad del acto, e increpó al juez. Así, afirmó Pedro Julio Cruz cuando manifestó que en la oportunidad para recurrir Héctor Jesús Forero Rincón «continuó vociferando e insultando, que no le daba miedo, que lo que toque, toque».

Aunado, Alfonso González Durán aseguró que ante la advertencia de que sería «retirado» de la diligencia, el profesional del derecho exclamó: «yo no le tengo miedo señor juez, haga lo que se le dé la gana, haga lo que quiera que yo también tengo cómo poder actuar y mandar este proceso a Bogotá».

Ese comportamiento siembra duda sobre si la no formulación del medio impugnatorio obedeció a un acto reprochable al funcionario, al no haber brindado la oportunidad para proceder al respecto, o a la propia conducta del sancionado Héctor Jesús Forero Rincón (q. e. p. d.).

Tal estado de perplejidad impide afirmar que la decisión haya sido adoptada en abierta y palmaria contradicción con el ordenamiento jurídico.

Siendo importante indicar que esta determinación no se desvirtúa, incluso, conociendo la existencia del fallo de hábeas corpus emitido el 2 de julio de 2017 por el Juzgado 2° Penal Municipal de Fusagasugá, pues esta providencia sólo da cuenta de su existencia y contenido, pero no condiciona el análisis que en ámbito objetivo y subjetivo se debe realizar en lo atinente a la conducta de prevaricato por acción.

En consecuencia, le asiste razón al Tribunal al concluir la atipicidad objetiva de la conducta, pues al presentarse duda razonable sobre la concurrencia del elemento normativo «manifiestamente contrario a la ley», no resulta factible emitir juicio de responsabilidad contra el acusado frente a ese específico comportamiento.

7.7.2. Del acta de incidente correccional

Efectuado el análisis del primer cargo y establecida la necesidad de dar aplicación al principio de in dubio pro reo respecto de la conducta prevaricadora alusiva a la imposición de la medida correccional de arresto, desde la faceta objetiva, se debe abordar el segundo reproche formulado en la acusación.

La Fiscalía afirma que culminada la diligencia de entrega, el funcionario judicial dictó a la secretaria ad-hoc, Fabiola Andrea Rojas Linares, el contenido de un acta que denominó «[i]ncidente correccional dentro del proceso de restitución…» en la cual, según el órgano de persecución penal, se realizan afirmaciones que contrarían la realidad, pues «para la hora en que fue elaborada, 12:00 m del 30 de junio de 2017, ya el citado abogado Forero Rincón no se encontraba en el lugar, se lo había llevado la Policía, por lo tanto, era imposible que se le hubiese notificado la sanción, que le fuera informado que contra ella cabía recurso de reposición y que aquél manifestara: ‘yo también puedo denunciarlo’».

De acuerdo con el documento denominado «INCIDENTE CORRECIONAL DENTRO DEL PROCESO DE RESTITUCIÓN…», que consta en un folio, se indica que «siendo las doce de medio día del viernes 30 de junio de 2017»,

[A]nte las constantes injurias, amenazas verbales y comportamiento altanero por parte del abogado Héctor Jesús Forero Rincón identificado…, comportamiento cada vez más agresivo a pesar que al principio de la diligencia se le instó a dirijirse (sic) a este Juez con respeto, ante lo cual se tornó amenazador, por lo que el Juez como consta en el acta de la diligencia ordenó la compulsa de copias ante la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca con el fin de que sea investigado disciplinariamente al vulnerar el estatuto de la Abogacía. Posteriormente se le concedió el uso de la palabra y el mencionado abogado hizo unas solicitudes que le fueron resueltass (sic) tal y como conte (sic) en el acta de la diligencia. Una vez se le informó que sus peticiones fueron negadas siguió con su actitud retadora e irrespetuosa por lo cual este Juez le informó que estaba impidiendo el cumplimiento de la Sentencia del 2 de junio de 2016 en la cual se había ordenado entregar el inmueble objeto de la restitución de inmueble arrendado, como lo señala el artículo 454 del Código Penal. Además se le informó que se haría uso del artículo 44 numeral primero del Código General del Proceso, por lo cual conforme al artículo 59 de la Ley 270 de 1996 se le hizo saber al infractor de esta conducta de irrespeto ante funcionario judicial ante lo que contestó ‘No me da miedo’, por lo cual al no ser una respuesta satisfactoria por parte del abogado se procedió a señalar la sanción, correspondiente a cinco (5) días de arresto inconmutable conforme al numeral primero del artículo 44 del C.G.P., notificando dicha resolución, ante lo cual el abogado Forero Rincón dijo: ‘Yo también puedo denunciarlo’ y ‘Si toca, toca’. Como esa respuesta no atacó la motivación de la sanción impuesta dentro del incidente correccional, el Juzgado procedió a confirmar el arresto por cinco (5) días y se ordenó a la Policía Nacional ejecutar el arresto.

Una vez este funcionario regrese al Despacho de esta diligencia de campo se hará el oficio ante la Policía Judicial para que se cumpla la sanción impuesta y se librará la orden de captura por el delito de FRAUDE A RESOLUCIÓN JUDICIAL ante la Fiscalía General de la Nación, Seccional Fusagasugá

De la misma manera por tratarse de un incidente, se ordena tramitarle en cuaderno aparte. (Énfasis agregado).

El acta figura suscrita por el juez John Freddy Rodríguez Martínez y como secretaria ad- hoc Fabiola Andrea Rojas Linares.

El cuestionamiento de la Fiscalía gravita en dos ejes temáticos: i) la discrepancia entre la hora consignada en el acta de incidente correccional -12:00 m- y la hora de finalización de la diligencia de restitución «12:20 p.m.», a partir de la cual el ente acusador infiere que para el primer momento la medida ya se había materializado y Héctor Jesús Forero Rincón ya no se encontraba y ii) la consecuente imposibilidad de que se le hubiera informado sobre la oportunidad de recurrir la decisión.

No puede soslayarse que la configuración del delito de falsedad ideológica en documento público no se satisface con la mera existencia de inconsistencias narrativas, sino que se requiere acreditar, con suficiencia, que el funcionario público incorporó en el documento afirmaciones objetivamente contrarias a lo ocurrido, con la capacidad de generar efectos en el tráfico jurídico.

Bajo ese entendido, la tesis incriminatoria parte de una premisa fáctica no demostrada, a saber, que para las 12 del mediodía el sancionado ya había sido retirado del lugar por el patrullero Julián Alejandro Castro Duarte.

Como se analizó en el acápite precedente, la prueba practicada en juicio no permite reconstruir de manera inequívoca y cronológicamente precisa la secuencia de los acontecimientos. Por el contrario, los testimonios practicados presentan ambigüedades relevantes en torno al momento exacto en que se produjo la orden de arresto, la forma en que esta fue materializada y las actuaciones inmediatamente precedentes y subsiguientes a dicha decisión.

En efecto, mientras algunos declarantes (Claudia Yurani Espitia Castillo y Julián Alejandro Castro Duarte) refieren una reacción inmediata del juez frente al comportamiento del abogado, otros (Pedro Julio Cruz y Alfonso González Durán) introducen elementos de progresividad en el desarrollo de la controversia, incluyendo la concesión del uso de la palabra al infractor, la resolución de solicitudes e, incluso, la reiteración de conductas consideradas irrespetuosas antes de la imposición definitiva del correctivo.

Ese escenario impide fijar con contundencia el instante preciso en que se produjo la conducción del abogado.

Además, debe considerarse que el patrullero Julián Alejandro Castro Duarte aseguró que la controversia se produjo, aproximadamente, a las 12 o 12:30 del mediodía, en una diligencia iniciada sobre las 10:00 de la mañana, a la cual el abogado Forero Rincón irrumpió cuando ya se encontraba en curso, según coincidieron los testigos.

Ello deja en entredicho el carácter mendaz que se le atribuye a la aludida información, pues siguiendo el relato del agente, no resulta descabellado que, cronológicamente, en el acta de incidente correccional se asegurara que a esa hora -12 del mediodía- se presentaron las «amenazas verbales y comportamiento altanero» de Héctor Jesús Forero Rincón, es decir que la materialización del arresto pudo extenderse más allá del tiempo de terminación que se indicó en la otra acta, la alusiva a la diligencia de entrega.

Asimismo, el documento cuestionado no describe necesariamente un acto instantáneo, sino que recoge, en una misma narrativa, una secuencia de hechos que, según su texto, comprende advertencias previas, concesión del uso de la palabra, resolución de solicitudes, persistencia en conductas consideradas irrespetuosas y, finalmente, la imposición del correctivo, lo cual es compatible con un desarrollo no estrictamente simultáneo ni reducible a un único momento temporal.

En esa línea, puede citarse la declaración jurada rendida el 24 de julio de 2019 por Fabiola Andrea Rojas Linares, en la que aseguró que luego de agotado lo concerniente a la discusión de los involucrados y todo lo relacionado con el arresto, se finalizó el acto de restitución del bien inmueble y, «[p]osteriormente, y ahí mismo procedió a dictarme lo que se denominó incidente correccional dentro del proceso de restitución, luego fuimos al Juzgado y allí ordenó a la escribiente hacer una orden de captura y un oficio para la policía».

En ese contexto, la divergencia planteada por la Fiscalía entre el contenido del acta y lo ocurrido en la diligencia no alcanza a desvirtuar la presunción de veracidad del documento público, ni permite afirmar que el juez haya hecho consignar a la secretaria ad - hoc hechos falsos. La incertidumbre probatoria existente respecto de la secuencia temporal de los acontecimientos y de la presencia del sancionado en los distintos momentos del trámite introduce una duda razonable sobre la correspondencia entre lo documentado y lo efectivamente sucedido.

Por otra parte, la imposibilidad a la que alude la Fiscalía en cuanto a que se haya dado la oportunidad de recurrir la decisión tampoco fue acreditada, pues además de lo explicado, se debe enfatizar en que las expresiones reseñadas como dichas por el abogado, a saber, «No me da miedo», «Yo también puedo denunciarlo» y «Si toca, toca», guardan relación con las referidas por Pedro Julio Cruz cuando hizo mención que el abogado «continuó vociferando e insultando, que no le daba miedo, que lo que toque, toque».

En la misma línea, Alfonso González Durán sostuvo que ante la advertencia de que sería «retirado» de la diligencia, el profesional del derecho exclamó: «yo no le tengo miedo señor juez, haga lo que se le dé la gana, haga lo que quiera que yo también tengo cómo poder actuar y mandar este proceso a Bogotá».

Ello refuerza la plausibilidad de que Héctor Jesús Forero Rincón aún se encontraba presente al momento de exteriorizarse la decisión y se le brindó la posibilidad de ejercer el derecho de contradicción.

Por lo que se reitera la conclusión a la que se arribó en el acápite anterior, en cuanto a la dificultad para establecer, probatoriamente, si el recurso de reposición no se interpuso porque el sancionado Héctor Jesús Forero Rincón usó ese momento para continuar arremetiendo contra el juez, como se describe en el acta, o por causa del funcionario, quien no habilitó la oportunidad debida.

En tales condiciones, la Sala concluye que no se ha demostrado, con el estándar exigido, que el funcionario judicial dictara a Fabiola Andrea Rojas Linares información espuria, para que esta la insertara en el documento público cuestionado, con la finalidad de alterar la realidad, situación que impide tener por acreditada la configuración del delito de falsedad ideológica en documento público, por lo que, en aplicación de la duda razonable, también se impone proferir decisión absolutoria frente a este cargo.

7.7.3. De la orden de «captura en flagrancia» No. 002-2017

El tercer y último cargo inserto en la acusación atañe a que John Freddy Rodríguez Martínez, como titular del Juzgado Promiscuo Municipal de Silvania, «sin fundamento legal alguno, sin competencia para ello, sin existir requerimiento alguno por parte de la Fiscalía General de la Nación y actuando como Juez en un asunto de naturaleza civil», expidió la orden de captura No. 002 del 30 de junio de 2017 contra Héctor Jesús Forero Rincón.

La Fiscalía agregó que los «motivos fundados para la expedición de la orden de captura [el procesado] los hizo consistir en ‘CAPTURA EN FLAGRANCIA’ y por el delito de fraude a resolución judicial, artículo 454 del C.P.».

Con tal comportamiento se habrían soslayado los artículos 297 a 299 de la Ley 906 de 2004, que se entremezclaron con la captura en flagrancia regulada en el artículo 302 de dicha normativa.

Por su parte, el Tribunal advirtió que la mencionada orden de captura no fue expedida por un juez de control de garantías, como exige la ley, carece de motivos razonablemente fundados, término de vigencia y número de radicación o noticia criminal. Además, destacó que no podía expedirse con respaldo en una aprehensión en situación de flagrancia porque esta figura excluye la necesidad de mandamiento escrito.

En consecuencia, para el juez plural de primera instancia, desde el plano objetivo, no admite discusión la configuración del prevaricato por acción. Sin embargo, dictó absolución bajo un argumento central: duda sobre el elemento subjetivo.

Dicho planteamiento lo hizo consistir en aspectos alusivos a: i) la cuestionada orden de captura nunca produjo efectos, pues Héctor Jesús Forero Rincón estuvo privado de la libertad con fundamento en el arresto y sólo por 3 días, menos del lapso inicialmente impuesto -5 días-, ii) la supuesta orden de captura tenía en realidad naturaleza de «informe de captura en flagrancia», pues la finalidad de su expedición era que el referido abogado fuera puesto a disposición del funcionario competente para que se le definiera su situación jurídica.

Esta afirmación la respaldó en el oficio No. 1026-17, conforme al cual el fallador coligió que la intención del funcionario era asegurar el cumplimiento de la medida correccional y en el documento conocido como «constancia» el funcionario reconoció que no estaba facultado para judicializar al aprehendido.

Finalmente, iii) se hizo alusión al contexto en que se desarrollaron los hechos, esto es, la persistente obstrucción del abogado y el evidente desconocimiento de la orden de restitución fijada en la sentencia del 2 de junio de 2026.

A partir de lo anterior, el Tribunal adujo que el acusado habría confundido las figuras de arresto, captura en flagrancia y orden de captura, lo cual indicaría que no tenía el conocimiento y la voluntad de contrariar el ordenamiento jurídico, sino que se trató de un comportamiento torpe y errado.

En contraposición, el delegado del órgano de persecución penal cuestionó la aludida atipicidad subjetiva. En esencia, aseveró que i) por tratarse de un tipo penal de mera conducta, resultaba totalmente irrelevante sopesar los efectos del acto prevaricador, ii) la afirmación de que la orden de captura fue expedida para asegurar el cumplimiento de la medida correccional resulta incompatible con el soporte probatorio, por cuanto los testigos dan cuenta que, efectivamente, se trataba de una orden de aprehensión, no de un simple informe y iii) el acusado tenía un conocimiento técnico frente a dicha figura, derivado de su rol ocasional como juez de control de garantías.

Confrontada la tesis absolutoria y los argumentos de la apelación, conviene indicar que, tal como se había anunciado en el acápite referido al arresto, el patrullero Julián Alejandro Castro Duarte sostuvo que después de retirar de la diligencia al abogado Héctor Jesús Forero Rincón y llevarlo a la estación de Policía, se dirigió a la sede del Juzgado Promiscuo Municipal de Silvania.

Una vez allí, el «señor juez nos da una orden, primero de arresto de 5 días, posterior a esto nos da una orden de captura por fraude a resolución, hasta donde me acuerdo me vuelvo a la estación y le hago conocer al señor abogado pues el respectivo procedimiento que iba a realizar con él, hasta el momento le manifiesto al señor abogado lo que voy a hacer, posterior a eso me dirijo, realizo la documentación y me dirijo a la Fiscalía de Fusagasugá para presentar al señor abogado ante la Fiscalía por la orden de captura que nos emite el señor juez de Silvania».

Sin embargo, el fiscal que se encontraba de turno en la URI no aceptó que se le dejara a disposición a Forero Rincón porque, en palabras del agente de policía, «era algo ilegal y que se lo tenía que yo presentar al señor juez de Silvania».

Ocurrido lo anterior, Julián Alejandro Castro Duarte aseguró que regresó al Juzgado Promiscuo Municipal de Silvania, cuyo titular, John Freddy Rodríguez Martínez, le manifestó que «lo presentara el otro día». En acatamiento de tal instrucción, el patrullero volvió a la URI de Fusagasugá:

[A]l otro día voy y lo presento otra vez y para ese turno ya había una señora fiscal, también me manifiesta lo mismo, me dice que no lo recibe pues porque no era algo legal.

Me devuelvo otra vez a la estación, al juzgado de Silvania, le manifiesto al doctor, el señor juez me dice que cumpla los 5 días de arresto no más.

Ya pues se cumplen los 5 días de arresto, el señor abogado para ese tiempo pues se entrevista con otro abogado, el abogado de él interpone un habeas corpus, que posterior a eso pues después de dos días, sino estoy mal, se le da la libertad al señor abogado. Hasta ese momento lo que me acuerdo señor fiscal.

Julián Alejandro Castro Duarte aseguró que leyó el documento y se pudo percatar que la «orden decía capturar al señor por fraude a resolución, que es lo que me acuerdo, por eso se realiza el procedimiento».

En contrainterrogatorio, la defensa le formuló la siguiente pregunta: «Conforme a su relato y a lo que ha mencionado, la orden o la situación por la cual estuvo privado de la libertad en la estación de policía de Silvania el abogado capturado ¿fue en cumplimiento de una orden de arresto sí o no?», frente a lo cual el testigo respondió: «a la orden de arresto».

Por último, ante la pregunta alusiva a «usted regresa a Silvania a comentarle al señor juez que el primer fiscal no había querido recibir al privado de la libertad arrestado. ¿Qué manifestación le hace el señor juez?», el patrullero respondió: «le manifesté que no me lo habían querido recibir, pues él toma una actitud como molesta y me dice que lo presente al segundo día al otro fiscal que él ya había hablado para que lo recibieran».

Por su parte, Luis Charly Parra Rincón aseguró que para el año 2017 se desempeñaba como Fiscal 5° Local de Fusagasugá y prestaba apoyo en la Unidad de Reacción Inmediata que funcionaba en dicho municipio.

En punto del tema objeto de controversia, expuso que cuando el uniformado ingresó a las instalaciones de dicha dependencia, estaba acompañado de otra persona. Concretamente, al preguntarle qué necesitaba, le dijo que por mandato del Juez Promiscuo Municipal de Silvania concurría a dejar a disposición a Héctor Jesús Forero Rincón.

Ante tal anuncio, el fiscal Parra Rincón le solicitó al patrullero informe de policía judicial o el informe de policía en captura en flagrancia, en caso de que la aprehensión se hubiera dado por uno de los eventos previstos en el artículo 301 de la Ley 906 de 2004.

Aseguró que en un momento inicial el patrullero le manifestó que todo obedecía a una orden emanada del aludido juez y que «a su vez no contaba con ningún informe de captura en flagrancia que me fuera a presentar para poder determinar los hechos», razón por la cual el entonces fiscal local, a través de su asistente, verificó en el SPOA si figuraba algún requerimiento contra Héctor Jesús Forero Rincón, gestión que arrojó un resultado negativo.

Por esa razón, el fiscal Luis Charly Parra Rincón le preguntó al agente si llevaba otra documentación, momento en el cual,

[O]bservo un documento que traía unas características específicas que recuerdo en este momento, esas características corresponden a una orden de captura, es decir, una orden judicial expedida por un juez de la República y recuerdo que traía como motivo de la captura, decía entre comillas captura en flagrancia.

Adicional a ello, el delito que se tasa o se fija dentro de una orden judicial de captura, de las cuales acostumbro a solicitar dentro de mis procesos, es el delito de que provisionalmente se califica y esta recuerdo que decía fraude a resolución judicial, traía la fecha del mismo día de la privación de la libertad o de la puesta a disposición, no tenía número de noticia criminal, no tenía identificación de despacho fiscal que pudiera adelantar una investigación y en su defecto no traía el resumen de los hechos que generalmente se hace dentro de las órdenes judiciales, todo ello en relación con las exigencias que establece el Código de Procedimiento Penal, en sede de privación de la libertad o en sede de orden judicial de captura, todo ello establecido en el artículo 296, 297 y 298 donde se establecen los requisitos para la expedición de una orden judicial.

Después de ese análisis que realizó, como filtro inicial, de acuerdo con lo explicado en la parte teórica de esta providencia y siguiendo los lineamientos del artículo 302 de la Ley 906 de 2004, Luis Charly Parra Rincón aseguró haber concluido que la «persona privada de la libertad o retenida en custodia de la Policía, se debía, obedecía a una diligencia de carácter civil frente a una posible actividad o una diligencia que se denomina restitución de un inmueble arrendado».

Al preguntársele si dicha orden de captura la había emitido un juez en ejercicio de la función de control de garantías, respondió: «esa orden de captura no la expidió, no fue una orden de un juez de control de garantías, pero si la expidió un juez de la República y era el de Silvania, Cundinamarca». Y ante pregunta del defensor, en curso del contrainterrogatorio, fue enfático en sostener: «para el caso, no me presentaron informe de captura en flagrancia».

Ante la pregunta complementaria del Ministerio Público el testigo reiteró que «solamente se me presentó una orden de captura y que traía los ítem o hechos como ya lo expresé en mi interrogatorio». Incluso, más adelante puntualizó: «a mí no se me presentó una orden de captura como una orden de arresto, sino una orden de captura judicial de que trata el artículo 297 y 298».

En curso del juicio oral se dio a conocer que el ahora procesado denunció penalmente al mencionado fiscal por los hechos antes referidos, situación que ameritó la pregunta de la defensa alusiva a si entre ellos existía alguna enemistad, planteamiento ante el cual Luis Charly Parra Rincón, con vehemencia, afirmó: «jamás, nunca he tenido una mala palabra con el ciudadano y no he tenido ninguna confrontación, simplemente he garantizado primero la verdad procesal en este estrado judicial y en segundo lugar garantizando mis derechos fundamentales de defensa y contradicción como cualquier persona del común».

Además, negó haber denunciado o formulado alguna queja contra el hoy acusado, en virtud de lo sucedido.

A partir de la reconstrucción fáctica que antecede, derivada de los medios de conocimiento testimonial y documental aportados, se procede a abordar su valoración integral, con el propósito de establecer si, en efecto, opera la duda pregonada por el Tribunal en torno al elemento subjetivo del prevaricato por acción.

Se debe tener en cuenta que el dolo en ese particular comportamiento punible se estructura a partir del conocimiento del actor sobre la conducta descrita en el tipo penal y su voluntad de ejecutarla. Por ello, ha dicho la Corte que un juicio justo a un servidor judicial para determinar si su conducta constituye un delito de prevaricato por acción, parte de diferenciar con acierto los componentes de dicha ilicitud y su demostración en el caso concreto. Sin embargo, ante la dificultad de contar con prueba directa del ingrediente subjetivo del tipo, debe llevarse a cabo un análisis de los hechos que con su obrar exteriorizó el funcionario, pues estos permiten inferir su intención, el conocimiento y la estructuración subjetiva de su proceder.

Inicialmente, se debe indicar que el documento cuestionado, indiscutiblemente, correspondía a una orden de captura. Con esa naturaleza fue referida por el patrullero Julián Alejandro Castro Duarte y en virtud de esa condición de mandamiento escrito se buscó que el fiscal Luis Charly Parra Rincón procediera a la judicialización de Héctor Jesús Forero Rincón, ante un juez con función de control de garantías.

Igualmente, las partes acordaron tener como probado que el ahora acusado, «actuando como Juez en el proceso de restitución de bien inmueble arrendado, expidió una orden de captura No. 002-17, motivo flagrancia».

Lo anterior desvirtúa la reinterpretación funcional del documento que hizo el Tribunal, pues en manera alguna puede tenérsele como un simple «informe de captura en flagrancia», sino que constituye el soporte escrito del mandamiento de aprehensión, en «flagrancia», por el delito de fraude a resolución judicial.

La cuestionada orden de captura en «flagrancia» le resultaba plenamente diferenciable al funcionario, respecto del fenómeno antecedente del arresto.

Contrario a lo sostenido por el fallador de primera instancia, John Freddy Rodríguez Martínez fundamentó la imposición de la medida correccional de arresto a Héctor Jesús Forero Rincón por la conducta irrespetuosa en desarrollo de la diligencia de restitución de inmueble arrendado, según se explicó.

Además, ante el comportamiento renuente a facilitar la entrega del bien inmueble, el funcionario también consideró que se estaba ante el delito previsto en el artículo 454 del Código Penal.

Ello surge con total nitidez del fragmento final del acta de incidente correccional, analizada en el acápite precedente, en la que se consignó:

Una vez este funcionario regrese al Despacho de esta diligencia de campo se hará el oficio ante la Policía Judicial para que se cumpla la sanción impuesta y se librará la orden de captura por el delito de FRAUDE A RESOLUCIÓN JUDICIAL ante la Fiscalía General de la Nación, Seccional Fusagasugá.

Justamente, así fue como procedió el acusado, pues el patrullero Julián Alejandro Castro Duarte aseguró que cuando fue a la sede del juzgado, directamente el titular le entregó «una orden, primero de arresto de 5 días, posterior a esto nos da una orden de captura por fraude a resolución»¸ siendo aquél el oficio No. 1026-17 del 30 de julio de 2017, con destino a la Estación de Policía de Silvania para «mantener arrestado al señor HÉCTOR JESÚS FORERO RINCÓN, por el término de cinco (5) días contados a partir de dicha fecha, por habérsele impuesto sanción correctiva por el desacato a orden judicial de acuerdo con lo normado en el numeral 1 del Artículo 44 del Código General del Proceso», según la respectiva estipulación probatoria.

Aunque en los dos documentos consta la misma hora de recibido -«13:00»- por parte del patrullero, este fue claro en afirmar que se desplazó hasta la URI de Fusagasugá para «presentar al señor abogado ante la Fiscalía por la orden de captura que nos emite el señor juez de Silvania».

Tan diferenciables eran los referidos documentos y sus fuentes situacionales, que cuando el patrullero le informó al juez que la segunda fiscal de URI tampoco había aceptado tener a disposición al abogado, «el señor juez me dice que cumpla los 5 días de arresto no más».

También es claro que librada la orden de captura «en flagrancia», por fraude a resolución judicial y denegada la judicialización por el fiscal Luis Charly Parra Rincón, el juez acusado persistió en ello. El patrullero aseguró que exhibió una «actitud como molesta» y, de nuevo, impulsó la presentación del aprehendido al día siguiente, lo que revela una actitud activa, reiterada y dirigida a producir efectos jurídicos a dicho mandamiento, propios de una captura penal no correccional, como aseguró la Sala a quo.

Esa persistencia se presentó incluso cuando el agente de la Policía Nacional le informó al acusado que en la URI, el fiscal no había aceptado la judicialización Héctor Jesús Forero Rincón porque el trámite era ilegal.

Incluso, a modo de corroboración de este aspecto, se puede citar la declaración juramentada que rindió el 17 de julio de 2019, Karin Sefair Calderón, quien para la época de los hechos fungía como fiscal y coordinador de la Unidad de Fiscalía de Fusagasugá.

Dicha declaración ingresó como prueba de referencia y en ella consta que el mencionado funcionario manifestó:

[U]n día viernes hacia el medio día me llama a mi teléfono el Dr. JOHN FREDDY RODRÍGUEZ Juez Promiscuo Municipal de Silvania, indicándome que necesitaba que por parte de la Fiscalía se enviara un policía para efectos de que procediera a capturar en flagrancia a un abogado, del cual no tengo el nombre presente, porque se estaba negando a cumplir una orden judicial que él como Juez había emitido luego de resolver una oposición, si mal no recuerdo. En ese momento me indicó que él, para ese instante ya lo tenía arrestado por no acatar su decisión, esto en atención a los poderes que él tenía como Juez, pero que él también consideraba que en vista de la negativa del abogado a cumplir con lo que se le ordenaba había incurrido en fraude a resolución judicial. Yo recuerdo que en mi condición de coordinador, que fue el motivo por el cual entiendo el señor Juez me llamó, le hice dos comentarios: uno, que analizara el hecho de que para ese momento de la llamada, según lo que él me había indicado, ya ese abogado se encontraba arrestado, y que en ese orden de ideas privarlo de la libertad bajo una posible flagrancia podría resultar no acertado o innecesario, no recuerdo exactamente las palabras, puesto que lo estaría privando de la libertad, pese a que ya estaba restringida la libertad por el arresto que él me había comentado. Lo segundo que le indiqué fue que, pues si él finalmente consideraba que la flagrancia existía por el delito de Fraude a resolución judicial, que en ese orden de ideas le quedaba más fácil a él comunicarse con la estación de policía de Silvania, dado que nosotros estábamos en Fusagasugá, para que le prestaran el apoyo de la policía correspondiente. Dicho eso el señor Juez, el doctor JHON FREDDY me dijo que muchas gracias y procedió a colgar la llamada.

La insistencia en el trámite de judicialización por parte del acusado también se evidencia en el documento conocido como «constancia» incorporada como prueba documental por la Fiscalía, la cual se encuentra firmada por el ahora procesado, en cuyo rótulo se indica «EL SUSCRITO JUEZ DEL JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE SILVANIA, EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES, HACE CONSTAR»:

Primero: Durante diligencia de entrega de inmueble dentro del radicado 2015-0035, restitución de inmueble arrendado, se le solicitó a la Policía Nacional de manera verbal la captura en flagrancia de HÉCTOR JESÚS FORERO RINCÓN identificado… Orden que fue inmediatamente cumplida por los uniformados que acompañaban la diligencia civil, pues el capturado incurrió en el delito de fraude a resolución judicial descrito y sancionado en el Art. 454 del Código Penal.

Segundo: Hoy a las 12:30 del medio de día (sic), se firmó una orden de captura en flagrancia contra HÉCTOR JESÚS FORERO RINCIÓN identificado… para que la Policía Nacional tuviera un soporte por escrito de lo que había sido ordenado veinte (20) minutos antes.

Tercero: La Policía Nacional en cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales presentó a HÉCTOR JESÚS FORERO RINCÓN ante la Unidad de reacción Inmediata de la Fiscalía General de la Nación de Fusagasugá, siendo atendidos por el Fiscal CHARLY, quien según la Policía Nacional se negó a recibir el detenido y les indicó que debía ser dejado a disposición de este Juzgado, sin que mediara ningún escrito de por medio.

Cuarto: Que el suscrito Juez se comunicó vía telefónica al abonado celular 310--- con el Fiscal Coordinador Karim Sefair, quien indicó que el conducto regular es que la Policía Nacional lo presente mañana a primera hora ante la Unidad de reacción Inmediata con el Fiscal de turno.

Quinto: Que la Policía Nacional cumpliendo lo que les indicó de manera oral el fiscal Charly, traen hacia las 5:00 p.m. un oficio dejando a disposición el detenido a este Juzgado.

Sexto: Que el suscrito Juez en su calidad de denunciante por el delito de fraude a Resolución Judicial, no tiene funciones de Fiscal, y no está dentro de su competencia funcional decidir si judicializa o no a un detenido que esta privado de la libertad por orden de este mismo juez, no puede hacer lo que indicó de manera verbal el Fiscal Charly a la Policía Nacional, porque eso iría en contravía del ordenamiento jurídico.

Séptimo: Que el detenido HÉCTOR JESÚS FORERO RINCÓN sigue en la Estación de Policía de Silvania para que el día de maña (sic) a primera hora sea presentado ante el Fiscal de Turno URI de Fusagasugá.

Octavo: Que hoy, a las 12 de medio día dentro de las facultades correccionales que trae el Art. 44 numeral primero del Código General del Proceso, se ordenó sancionar con arresto inconmutable de cinco (5) días a HÉCTOR JESÚS FORERO RINCÓN. Esta sanción por ser de carácter administrativo debe cumplirse independientemente de que el Fisca (sic) Delegado de la URI de Fusagasugá, decida si judicializa o no al capturado en flagrancia. (Énfasis agregado).

A partir del contenido del anterior documento el Tribunal hizo alusión a un estado de confusión de figuras jurídicas por parte del procesado. No obstante, examinado de manera objetiva lo allí consignado se revela todo lo contrario, como pasa a explicarse.

Con base en lo anterior, se advierte que John Freddy Rodríguez Martínez sí sabía que el rol desempañado en el marco de la diligencia de entrega de inmueble arrendado era como juez civil. Contextualizó toda la actuación dentro de dicho trámite, lo que descarta cualquier inexactitud sobre su competencia para dicho asunto.

El hoy procesado calificó como flagrancia la aprehensión de Héctor Jesús Forero Rincón e indicó que la Policía la había hecho efectiva y tipificó el delito por el que se había procedido, esto es, fraude a resolución judicial. Lo que implica la comprensión de que dicha figura habilita la restricción de la locomoción sin orden previa, pues expresamente manifestó que «firmó una orden de captura en flagrancia» sólo como «soporte» de lo que se había materializado minutos antes.

También evidencia que conoce el esquema de captura de la Ley 906 de 2004, pues enfatizó que en el ámbito de la captura en flagrancia se imponía dejar a disposición al aprehendido de un fiscal y por no ostentar dicho cargo, procedió a afirmar que no podía decidir sobre la judicialización del mencionado.

Ello revela un entendimiento concreto sobre los límites funcionales en materia de restricción de la libertad personal.

Otro aspecto que queda claro es que el procesado era consciente de que las medidas correccionales como el arresto se diferencian y operan de forma autónoma frente a afectaciones de la libertad con ocasión de asuntos penales.

Por último, lo más revelador es que en esa «constancia» el propio acusado, pese a que se identificó como «Juez en su calidad de denunciante por el delito de fraude a Resolución Judicial», a la par, aceptó que el «detenido» estaba «privado de la libertad por orden de este mismo juez».

Así las cosas, queda claro que John Freddy Rodríguez Martínez no emitió la reprochada orden de captura «en flagrancia» como consecuencia de un obrar confundido, sino, por el contrario, con pleno desconocimiento de las reglas que delimitaban su competencia, como incluso él mismo evidenció.

El supuesto aturdimiento solo es una apreciación laxa del Tribunal, sin base probatoria, pues en la aludida «constancia» no se refleja un estado de conflicto interpretativo ni ambigüedad jurídica de figuras. En oposición, el propio juez, a pesar de que fijó las pautas de competencia en materia de restricción de la libertad, decidió no seguirlas y admitió que la orden de privación provenía de su propia determinación, lo que evidencia una actuación deliberada en contravía de los límites funcionales plenamente comprendidos.

No puede soslayarse que como juez promiscuo, cuando así concurrían las circunstancias específicas, se activaba la función de control de garantías, en cuyo marco Rodríguez Martínez conocía, entre otros temas, lo relacionado con la expedición de órdenes de captura solicitadas por el respectivo delegado de la Fiscalía General de la Nación. Esto, logra inferirse de manera fundada, tal como lo dijo el apelante, de que el consecutivo de la orden cuestionada sea el No. 002, lo que es indicativo de que, en virtud de dicho rol, ya había emitido una previamente.

Por otra parte, se debe decir que el Tribunal también fundó la duda sobre el dolo a partir de criterios dogmáticamente incorrectos.

Según se indicó en la parte teórica de esta providencia y también fue resaltado en la apelación, el prevaricato por acción es un tipo de mera conducta, razón por la cual ninguna trascendencia tiene la circunstancia atinente a que los fiscales de la URI de Fusagasugá no hayan accedido a presentar ante un juez con función de garantías a Héctor Jesús Forero Rincón, capturado en «flagrancia» mediante orden escrita, por la aparente conducta de fraude a resolución judicial.

Para la materialización de la conducta punible objeto de juzgamiento bastó que la cuestionada orden de captura No. 002 del 30 de junio de 2017 se produjera y entrara al mundo jurídico al ser presentada al fiscal Luis Charly Parra Rincón y a otra colega, como soporte de la pretendida judicialización del abogado opositor.

La tesis del fallador de primer grado traslada aspectos propios de un plano fáctico, como son los efectos de la orden cuestionada y el tiempo final por el que estuvo privado de la libertad Forero Rincón al ámbito subjetivo de la conducta, cuando el dolo, en el caso concreto, claramente, se predica del momento de emisión del acto prevaricador y el conocimiento del acusado sobre su ilegalidad, finalmente, acreditado con los supuestos de hecho antes analizados, dada la ostensible ilegalidad de la orden, por carecer de competencia para emitirla y la falta de motivos fundados.

Tampoco resulta apropiado que el Tribunal, desestimara el actuar doloso del acusado y adujera total incertidumbre frente a tal aspecto, al referir el contexto en que se desarrollaron los hechos, esto es, la persistente obstrucción del abogado y el evidente desconocimiento de la orden de restitución fijada en la sentencia del 2 de junio de 2026, pues aunque no se desconoce que, ciertamente, se presentó un comportamiento indebido por parte de Héctor Jesús Forero Rincón, avalar aquella postura del implicaría admitir que un servidor público está autorizado por el ordenamiento jurídico para disponer de la libertad de las personas de cualquier forma, postura que resultaría abiertamente inconstitucional, por contrariar los artículos 28 y 29 de la Carta.

Aunque el derecho a la libertad no es absoluto, su limitación tampoco tiene ese carácter y, por lo tanto, el legislador, al regular los supuestos en los que opera la restricción del derecho, obliga a los funcionarios judiciales a observar criterios de razonabilidad y proporcionalidad que además de justificar adecuadamente la aplicación de una medida de tal severidad, principalmente, contribuyen a mantener inalterado el necesario equilibrio entre la existencia misma del derecho y sus límites.

Conforme lo expuesto, la Sala concluye que contrario a lo afirmado en la sentencia recurrida, el acusado actuó con conocimiento y voluntad de proferir una orden de captura ostensiblemente contraria al ordenamiento jurídico. Es decir, que además de estar acreditada la faceta objetiva de la conducta de prevaricato por acción, no hay lugar a dar aplicación al principio de in dubio pro reo, frente al aspecto subjetivo, pues las pruebas acreditan su configuración, más allá de toda duda razonable.

Dilucidado lo anterior, se debe indicar que el comportamiento desplegado por el acusado es formalmente antijurídico porque, como quedó visto, se encuentra prohibido por el ordenamiento jurídico penal, en el artículo 413 de la Ley 599 de 2000.

Además, desde la perspectiva material, evidentemente se vulneró el bien tutelado de la administración pública, en concreto, se afectaron principios reguladores de la función judicial como los de legalidad y transparencia con la que corresponde actuar a servidores en quienes la Rama Judicial y la sociedad depositan su confianza, con la expectativa de que sus decisiones estén libres de sesgos, apasionamientos e intereses externos y se guíen por lineamientos objetivos y normativos.

En punto de la culpabilidad, debe indicarse que con fundamento en los medios de convicción es factible colegir que John Freddy Rodríguez Martínez tenía plena capacidad para entender la ilicitud de su comportamiento y autodeterminarse conforme dicha comprensión, pues así lo revela su sanidad mental, condición que lo reporta como sujeto imputable.

Igualmente, se advierte que concurre el presupuesto de la conciencia de la antijuridicidad porque, además de sus calidades personales, formación académica y experiencia como juez promiscuo, tanto el municipio de Fúquene como de Silvania, rol que le permitía conocer los requisitos legales y constitucionales para emitir una orden de captura, sabía que la conducta objeto de juzgamiento están prohibida por el ordenamiento jurídico.

En lo atinente con la exigibilidad de otro comportamiento, como elemento final del juicio de culpabilidad, se tiene que el acusado en efecto se hallaba en la posibilidad de actuar conforme a derecho, pues tratándose de un juez de la República estaba en condiciones de optar por un proceder compatible con el ordenamiento jurídico, privilegiando la probidad que le impone su rol, por ende, proceder de forma distinta a la de procurar la privación de la libertad de una persona sin tener competencia ni motivos razonablemente fundados, razón por la cual su conducta resulta claramente reprochable y susceptible de la imposición de una pena.

Por todo lo anterior, la Sala encuentra acreditados los presupuestos del artículo 381 de la Ley 906 de 2004 y, en consecuencia, revocará la absolución dictada por el Tribunal a favor de John Freddy Rodríguez Martínez, para en su lugar declararlo penalmente responsable, como autor del delito de prevaricato por acción, conforme lo prevé el artículo 413 del Código Penal.

8.- De la dosificación punitiva

En este punto es importante dilucidar un aspecto preliminar. La Fiscalía atribuyó al procesado la circunstancia de mayor punibilidad prevista en el numeral 9º del artículo 58 del Código Penal, atendida la posición distinguida que ocupaba en la sociedad. Para tal efecto, simplemente destacó que se trataba de un juez de la República.

De acuerdo con el artículo 58 del estatuto punitivo, las circunstancias de mayor punibilidad se aplican «siempre y cuando no hayan sido previstas de otra manera». La regulada en su numeral 9º se estructura cuando el sentenciado ocupa una posición distinguida en la sociedad, ya sea «por su cargo» o por «su posición económica, ilustración, poder, oficio o ministerio».

Claramente, la Fiscalía asoció la circunstancia de mayor punibilidad, relacionada con la posición distinguida en la sociedad, al cargo de juez que ostentaba el procesado, cuando acaecieron los hechos. Ocurre que esa condición, al conferirle el carácter de funcionario judicial, fue la que permitió enmarcar su comportamiento en el delito de prevaricato por acción, tipo penal con sujeto activo cualificado que requiere, para su configuración, de dicha calidad personal (servidores públicos), sin que, en esta oportunidad, se demostrara alguna particularidad que justifique una valoración distinta.

De tal manera, no es posible tener en cuenta la mencionada circunstancia, so pena de vulnerar el principio de non bis in idem, pues se estaría deduciendo dos consecuencias punitivas con base en un mismo supuesto fáctico, esto es, la investidura de juez que le permitió proferir la orden de captura manifiestamente contraria a la ley. En sentido similar, la Corte se ha pronunciado:

[L]a condición de servidor público, en particular la de juez de la República, constituye uno de los elementos de la tipicidad, particularmente el que fija la calificación del sujeto activo de la acción. Por lo tanto, dicha condición no podía configurar, además, el supuesto de hecho de que trata el artículo 58-9 del Código Penal, referente a “la posición distinguida que el sentenciado ocupe en la sociedad, por su cargo, posición económica, ilustración, poder, oficio o ministerio”, como circunstancia de mayor punibilidad (CSJ SP2235-2015, 4° mar. 2015, rad. 45099).

Precisado lo anterior, se debe decir que el artículo 413 del Código Penal, con el aumento del artículo 14 de la Ley 890 de 2004, sanciona la conducta de prevaricato por acción con prisión de 48 a 144 meses, multa de 66,66 a 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 80 a 144 meses. En consecuencia, los cuartos de movilidad quedan conformados de la siguiente manera:

Cuarto mínimo

Cuartos medios

Cuarto máximo

De 48 a 72 meses de prisión

De 72 meses, un día a 96 meses de prisión

De 96 meses y un día a 120 meses de prisión

De 120 meses y un día a 144 meses de prisión

66,66 a 124,995 s.m.l.m.v.

124,996 a 183,33 s.m.l.m.v.

183,34 a 241,665 s.m.l.m.v.

241,666 a 300 s.m.l.m.v.

De 80 a 96 meses de inhabilitación

De 96 meses y un día a 112 meses de inhabilitación

De 112 meses y un día a 128 meses de inhabilitación

De 128 meses y un día a 144 meses de inhabilitación

Como quiera que en contra del procesado en la acusación no fueron aducidas circunstancias genéricas de mayor punibilidad distintas a la prevista en el numeral 9 del artículo 58 del Código Penal, la cual no será aplicada, conforme lo explicado en precedencia, y a su favor concurre la de menor punibilidad descrita en el artículo 55, numeral 1, del Código Penal, consistente en la carencia de antecedentes penales, la sanción habrá de ser fijada en el cuarto mínimo, de conformidad con el inciso 2° del artículo 61 ibidem.

De acuerdo con los criterios previstos en el inciso 3° del último precepto en mención, en la determinación de la pena se pondera la gravedad de la conducta desplegada por John Freddy Rodríguez Martínez, quien prevaliéndose de su condición de titular del Juzgado Promiscuo Municipal de Silvania, con acceso a formatos de órdenes de captura, propias de las que libraría en el ejercicio del rol de función de control de garantías, libró un mandamiento escrito destinado a restringir la locomoción y, posterior, judicialización del abogado del tercero opositor a la restitución del bien inmueble arrendado.

No obstante, también se debe sopesar que la dilación constante de lo dispuesto en sentencia del 6 de junio de 2016, principalmente, por la formulación de solicitudes de nulidades y recursos notoriamente improcedentes por parte de Héctor Jesús Forero Rincón, si bien no revistió la entidad de obnubilar el discernimiento del procesado, es latente que colmó la serenidad con la que dicho funcionario judicial debió neutralizar el comportamiento reticente del profesional del derecho a que se cumpliera con la restitución del bien inmueble en la diligencia del 30 de junio de 2017.

En ese orden de ideas, resulta proporcional imponer el mínimo legal previsto, esto es, 48 meses de prisión, multa de 66,66 salarios e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 80 meses.

9.- Del subrogado penal y el sustituto

En el presente asunto, teniendo en cuanta que los hechos ocurrieron durante el 30 de junio de 2017, el estudio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena y el sustituto de la prisión domiciliaria se rige por la regulación contenida en la Ley 1709 de 2014, por cuanto ya había entrado en vigencia para la época indicada.

En tal sentido, el inciso 2° del artículo 68A del Código Penal, modificado por el artículo 32 de la Ley 1709 de 2014, excluye el otorgamiento de beneficios y subrogados penales a quienes hayan sido condenados por delitos contra la administración pública, como ocurre en este asunto, en el que el comportamiento ilícito por el que se declara penalmente responsable al acusado atenta contra dicho bien jurídico.

En ese orden de ideas, por prohibición legal no resulta viable conceder ningún beneficio carcelario, debiendo John Freddy Rodríguez Martínez cumplir la pena impuesta en establecimiento de reclusión, para lo cual se librará orden de captura una vez quede ejecutoriada la sentencia, por cuanto en este momento no se advierte la necesidad de una privación inmediata, debido a que el acusado ha comparecido al proceso y su arraigo está determinado.

10. Conclusiones

En lo concerniente al señalamiento de la Fiscalía frente a la sanción de arresto impuesta a Héctor Jesús Forero Rincón, con aducida violación del debido proceso previsto en los artículos 44-1 del Código General del Proceso y 59 de la Ley Estatutaria de la Administración de justicia, así como de la consecuente falta a la verdad de la información consignada en la respectiva acta de incidente correccional del 30 de junio de 2017, para la Corte existen dos hipótesis alternativas y contradictorias frente a la responsabilidad del procesado, con respaldo razonable en las pruebas practicadas.

Por un lado, es factible que la medida se impusiera de forma inusitada y con prescindencia de tales presupuestos. No obstante, por otro lado, con igual grado de probabilidad puede sostenerse que John Freddy Rodríguez Martínez sí motivó y fundamentó el arresto en la conducta irrespetuosa del abogado, a quien habría brindado la oportunidad de controvertir la determinación que lo afectaba, y aun así, dado su comportamiento reticente no habría hecho uso del recurso de reposición.

Bajo ese escenario, se impone la absolución, no porque se haya acreditado la plena ausencia de responsabilidad del acusado, sino porque existe duda sobre la configuración del elemento normativo «manifiestamente contrario a la ley» y el carácter espurio del documento público cuestionado por la Fiscalía, que por mandato del artículo 7° de la Ley 906 de 2004 debe resolverse a favor del procesado.

Sin embargo, en lo atinente a la expedición de la orden de captura No. 002 del 30 de junio de 2017, la Sala concluye que la conducta del acusado no puede atribuirse a una mera falta de pericia o a una confusión excusable de figuras jurídicas, sino que revela un comportamiento funcionalmente orientado a producir los efectos propios de un mandato escrito de aprehensión, pese a la manifiesta ausencia de presupuestos legales para su emisión.

En efecto, la prueba demuestra que el procesado no solo emitió una orden ostensiblemente contraria al ordenamiento, sino que desplegó una actuación persistente encaminada a su materialización, incluso después de haber sido advertido por autoridades competentes acerca de su irregularidad.

En ese contexto, los argumentos relativos a la falta de efectos del acto o a su supuesta finalidad correctiva carecen de relevancia típica, en tanto el prevaricato por acción se consuma con la sola expedición de la providencia ilegal.

Así las cosas, la Sala encuentra acreditado, más allá de duda razonable, que el acusado actuó con conocimiento de la ilegalidad de la orden dictada, descartándose la hipótesis de simple ineptitud funcional.

En esas condiciones, se revocará parcialmente el fallo proferido el 23 de octubre de 2025, por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca y Amazonas para, en su lugar, declarar penalmente responsable a John Freddy Rodríguez Martínez del delito de prevaricato por acción.

11. Otra determinación

En atención a que la sentencia proferida por esta Sala, en sede de segunda instancia, constituye la primera condena contra John Freddy Rodríguez Martínez por el delito de prevaricato por acción, a efectos de garantizar el principio de doble conformidad, se comunicará a la defensa y al acusado, que contra esta decisión procede el mecanismo de impugnación especial. En tal sentido, se dará aplicación del numeral 7 del artículo 235 de la Constitución Política, modificado por el art. 3º del Acto Legislativo 01 de 2018 y a las directrices del Acuerdo 29 del 23 de septiembre de 2020 de la Sala de Casación Penal.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

Primero. Revocar parcialmente la sentencia proferida el 23 de octubre de 2025, por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca y Amazonas, para en su lugar CONDENAR a John Freddy Rodríguez Martínez identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.006.329 de Bogotá D. C., y demás condiciones civiles y personales conocidas en el proceso, a 48 meses de prisión, multa de 66,66 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 80 meses, como autor del delito de prevaricato por acción.

Segundo: NEGAR, por prohibición legal, a John Freddy Rodríguez Martínez la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria. En consecuencia, deberá cumplir la pena impuesta en establecimiento de reclusión, para lo cual se librará orden de captura, una vez quede ejecutoriada la sentencia.

Tercero: INFORMAR al procesado John Freddy Rodríguez Martínez y a su defensor que contra esta determinación procede el mecanismo de impugnación especial.

Cuarto. Confirmar la providencia recurrida en lo demás que fue objeto de apelación. Puntalmente, en lo que atañe a la absolución de John Freddy Rodríguez Martínez de la conducta de falsedad ideológica en documento público.

Comuníquese y cúmplase.

MYRIAM ÁVILA ROLDÁN

GERARDO BARBOSA CASTILLO

FERNANDO BOLAÑOS PALACIOS

DIEGO EUGENIO CORREDOR BELTRÁN

GERSON CHAVERRA CASTRO

JORGE HERNÁN DÍAZ SOTO

NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA

Secretaria

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