Ficha de la providencia
Sentencia SP598-2026(70393)
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Penal
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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Penal
Ficha de la providencia
Sentencia SP598-2026(70393)
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Penal
República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Penal
Sentencia SP598-2026(70393)
17 de junio de 2026
JOSÉ JOAQUÍN URBANO MARTÍNEZ
Magistrado ponente
SP598-2026
Radicación 70393
Aprobado Acta No. 195
Bogotá, D.C., diecisiete (17) de junio de dos mil veintiséis (2026).
I. OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala resuelve los recursos de apelación interpuestos por la Fiscalía y los apoderados de víctima contra la providencia emitida por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira. Mediante esta, el 15 de agosto de 2025, absolvió a María Eugenia Taborda Franco de los delitos de prevaricato por acción, falsedad ideológica en documento público y violación ilícita de comunicaciones agravada.
II. SÍNTESIS DE LOS HECHOS.
1. Desde 2017, María Eugenia Taborda Franco ejerció el cargo de Fiscal 31 Seccional de Pereira y dirigió la Unidad Regional Antinarcóticos (URA) del Eje Cafetero.
El 12 de marzo de 2019, con el apoyo del investigador Carlos Iván Salguero, elaboró una constancia en la que afirmó haber entrevistado a una fuente humana no formal. En ella sostuvo que esa fuente le informó que dos funcionarios de la Fiscalía filtraban información reservada a integrantes de la organización criminal «Cordillera», y que les había entregado sus números telefónicos. Sin embargo, la Fiscalía estableció que no existió registro alguno del ingreso de esa supuesta fuente a las instalaciones de la Fiscalía o del CTI, lo que permite concluir que ella no existió.
Con base en esa constancia, la asistente de Taborda Franco abrió la noticia criminal No. 660016000058201900238 y la asignó directamente a ella. Luego, Taborda Franco ordenó interceptar las dos líneas telefónicas referidas por la fuente, por un término de 180 días, sin realizar labores mínimas de verificación sobre la veracidad de la información y sin precisar adecuadamente la identidad de los titulares de los abonados interceptados.
Desde el principio, sin embargo, según la Fiscalía, la procesada sabía que esas líneas pertenecían a sus colegas, los fiscales Andrés González Tamayo y Alejandro Nova Guevara, quienes adelantaban investigaciones contra los grupos delincuenciales «Cordillera», «Tellus», «Zombis» y «Némesis».
El 9 y el 12 de abril de 2019, Taborda Franco compareció ante los Juzgados 6° Penal Municipal de Garantías de Pereira y Promiscuo Municipal de La Celia (Risaralda), respectivamente, con el fin de obtener la legalización de los resultados de las interceptaciones. En esas audiencias presentó como ciertos hechos que eran falsos: afirmó desconocer la identidad de los titulares de las líneas interceptadas, a pesar de que conocía que pertenecían a sus compañeros fiscales. Esto lo hizo con base en un informe espurio que elaboró el analista Edison Sánchez Aguirre.
2. Por otro lado, el 10 de abril de 2019, en un comité técnico-jurídico, Taborda Franco decidió trasladar directamente a su despacho las investigaciones con radicaciones 660016000058201800248 —Banda Los Tellus— y 66001600000201900005 —Banda Los Tellus Apocalipsis—.
Al día siguiente se declaró impedida para conocer uno de esos asuntos, por mantener una amistad íntima con Eliana Patricia Aguirre Ramírez, señalada como jefe financiera del grupo delincuencial organizado «Zombis II». El impedimento fue aceptado; no obstante, el asunto permaneció sin trámite durante 18 meses.
3. Finalmente, el 31 de marzo de 2020, Taborda Franco ordenó el archivo de la actuación No. 660016000058201900238 bajo el argumento de inexistencia del hecho investigado. En esa decisión reiteró información falsa y dirigió la actuación contra personas no identificadas, aun cuando conocía la identidad de quienes habían sido interceptados.
4. Todos estos actos tuvieron como finalidad que Taborda Franco conociera anticipadamente las decisiones adoptadas en las investigaciones seguidas contra las organizaciones «Cordillera», «Los Tellus», «Zombis» y «Némesis», para así favorecer a algunos de sus integrantes, específicamente a Eliana Patricia Aguirre Ramírez, su amiga.
III. SÍNTESIS DE LA ACTUACIÓN PROCESAL.
1. El 5 de enero de 2022, el Juzgado 1° Penal Municipal de Garantías de Pereira presidió la audiencia de formulación de imputación contra María Eugenia Taborda Franco, el investigador Carlos Iván Salguero y el analista Edison Sánchez Aguirre. Contra aquella por los delitos de falsedad ideológica en documento público, prevaricato por acción y violación ilícita de comunicaciones agravada, con circunstancia de mayor punibilidad por actuar en coparticipación, según los artículos 286, 413, 192 –inciso 2°-, 58.9 del Cp. La imputada no aceptó los cargos.
2. El 21 de abril de 2022, la Fiscalía presentó el escrito de acusación únicamente en relación con María Eugenia Taborda Franco, debido a su fuero legal. Lo hizo en términos similares a la imputación, pero aclaró que la circunstancia de mayor punibilidad acusada es la correspondiente al numeral 10 del artículo 58 del Cp. Su conocimiento le correspondió a la Sala Penal del Tribunal Superior de Pereira.
3. El 24 de noviembre de 2022, esta realizó la audiencia de acusación por las conductas referidas en la imputación.
4. Entre el 30 de junio de 2023 y 22 de marzo de 2024, el Tribunal adelantó la audiencia preparatoria.
5. El juicio oral lo desarrolló entre el 3 de febrero y el 31 de marzo de 2025. Las partes presentaron como estipulaciones probatorias la plena identidad de la acusada y los siguientes hechos:
i) Taborda Franco está vinculada a la Fiscalía desde el año 2000 y ocupa el cargo de fiscal seccional desde 2013. Para la época de los hechos se desempeñaba como Fiscal 31 Seccional de Pereira y coordinadora de la Unidad Regional de Antinarcóticos (URA), con más de doce años de experiencia profesional.
ii) La investigación con radicado 660016000058201900238 estuvo a su cargo. En ese marco sustentó el procedimiento de interceptación de las líneas 3146151051 y 3117951695 ante Jueces de Control de Garantías y obtuvo la declaratoria de legalidad del acto de investigación, el procedimiento y sus resultados.
iii) El contenido de las grabaciones obrantes en 10 IDs contenidos en 5 DVD, y la síntesis de las comunicaciones (ODA) elaborada por la investigadora de campo Leidy Marcela Muñoz Castillo, respecto de las líneas 3146151051 y 3117951695.
iv) El 13 de septiembre de 2021, el Juzgado 1° Penal del Circuito Especializado de Pereira condenó a Eliana Patricia Aguirre Ramírez —amiga de la procesada—, Carlos Alberto Ospina Rave y Héctor Fabio Ballesteros Grisales por concierto para delinquir agravado, por pertenecer a la organización criminal «Némesis» —reducto de la banda «Zombis II»—, dedicada a la venta de estupefacientes en el sector de Guadualito, barrio San Diego del municipio de Dosquebradas (Risaralda) entre 2017 y 2020 (radicado 6600160000002021000023, ruptura del radicado 66001640201900005).
v) Durante los años 2018 a 2020, varios integrantes de organizaciones dedicadas al tráfico de estupefacientes en Pereira, Santuario, La Celia y Balboa fueron condenados por concierto para delinquir agravado en distintos procesos adelantados ante los juzgados penales del circuito especializado de Pereira, entre ellos miembros de la estructura criminal conocida como «La Huesuda».
vi) En desarrollo de algunas de esas investigaciones, Taborda Franco, en su condición de Fiscal 31 Seccional URA, formuló imputación por los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico de estupefacientes, y solicitó medidas de aseguramiento que fueron concedidas por los respectivos jueces de control de garantías.
vii) Durante las fases de indagación e investigación de los procesos identificados con los radicados 660016008785201800015, 660016000000202000048, 660016000000201900144, 660016000058201800239, 660016000000201900195, 664006000064201600189 y 664006000000201800003, la procesada se desempeñó como Fiscal 31 Seccional URA.
viii) El 9 de octubre de 2018, el Juzgado 4° Penal del Circuito Especializado de Villavicencio condenó a Carlos Alfonso Peña Ramírez —supuesta fuente humana no formal según la defensa— por concierto para delinquir agravado, por haber sido miembro activo de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en calidad de médico de la organización.
Durante la práctica probatoria, la Fiscalía, además de la prueba documental, ofreció los testimonios de: Leidy Marcela Muñoz Castillo, investigadora; los fiscales Alejandro Nova Guevara y Andrés González Tamayo, víctimas dentro de esta actuación; Humberto Guerrero Gómez, analista de comunicaciones y jefe de la Sala de Interceptación Zeus; Juan José Perdomo Sarmiento, quien realizó análisis de vínculos entre las líneas telefónicas; Silvia Mónica Quiceno Marín, funcionaria encargada del reparto en la Fiscalía; y Andrés Orlando Córdoba Orjuela, líder investigador del CTI en la regional Risaralda.
La defensa, por su parte, presentó prueba documental y los testimonios de: Héctor Antonio García Rico, guía canino de ubicación de sustancias estupefacientes y explosivos; Annie Lizeth Trejos Isaza, asistente de la Fiscalía 31 Seccional; los fiscales Víctor Mauricio Hernández Zuluaga, Eduardo Sanabria Pérez, Guillermo Galvis Trejos y Álvaro Jairo Barrera Jaramillo, adscritos a la Fiscalía 1° Local URA, la Fiscalía 4° Especializada, la Fiscalía 14 Local de descongestión y la Fiscalía 3° Delegada ante el Tribunal Superior de Pereira, respectivamente; Omar de Jesús Vásquez Velásquez, investigador adscrito a esta última; Adriana Alexandra Estrada Hincapié, Directora Seccional de Fiscalías de Risaralda; Olav Abbey Fernández Varón, sucesor de Taborda Franco; Jorge Humberto Marín Ángel, líder coordinador de evidencias de la Seccional Risaralda; Luis Álexon Mosquera Mosquera, investigador criminal del grupo URA, y Bilsan Gómez Marín, investigador privado de la defensa.
Luego, las partes presentaron sus alegatos de conclusión; la Fiscalía, Andrés González Tamayo y Alejandro Nova Guevara, los apoderados de ellos y de la Fiscalía General de la Nación solicitaron sentido de fallo condenatorio. La defensa y el Ministerio Público pidieron la absolución.
6. El 15 de agosto de 2025, el Tribunal profirió sentencia absolutoria. La Fiscalía, los apoderados de las víctimas y una de estas interpusieron y sustentaron el recurso de apelación.
IV. FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA APELADA
El Tribunal absolvió a María Eugenia Taborda Franco. Para ello, expuso lo siguiente:
1. En relación con el delito de prevaricato por acción, consideró que la orden de interceptación emitida por la procesada el 12 de marzo de 2019 no era manifiestamente contraria a la ley, pues se encontraba sustentada en el formato de fuente no formal FPJ-26, en el informe ejecutivo FPJ-3 suscritos por Carlos Iván Salguero y en la constancia de entrevista elaborada por la propia fiscal.
Para el Tribunal, esa información resultaba suficiente para considerar acreditada la existencia de motivos fundados, en la medida en que este estándar no exige certeza, sino un juicio de probabilidad razonable.
2. La Directiva 0004 del 2 de noviembre de 2021, mediante la cual la Fiscalía unificó criterios sobre la labor investigativa en materia de interceptación de comunicaciones, no resulta aplicable al presente asunto, pues los hechos ocurrieron en 2019, esto es, con anterioridad a su expedición. En todo caso, dicha directiva fija estándares de verificación menos estrictos cuando la información proviene de fuentes no formales.
Además, varios funcionarios de la Fiscalía coincidieron en señalar que para la época de los hechos no existía un protocolo específico sobre la verificación de este tipo de fuentes y que, en la práctica, gran parte de las iniciativas investigativas en la URA se originaba precisamente a partir de información suministrada por fuentes no formales.
3. Si bien los documentos aportados reflejan inconsistencias cronológicas en el trámite de la interceptación —pues la constancia de entrevista a la fuente fue emitida antes del formato de fuente no formal y la solicitud de interceptación fue recibida varias horas antes de la expedición de la orden que supuestamente la sustentaba—, lo cierto es que no se advierte que ello obedeciera a un actuar doloso, sino que, como lo expuso la defensa, pudo corresponder a errores derivados de la alta carga laboral de las fiscalías adscritas a la URA, donde «era un panorama normal cometer errores».
4. Aunque la procesada pudo realizar una verificación más rigurosa de las líneas telefónicas a interceptar —mediante aplicaciones como «True Caller», la plataforma IMEI Colombia, la revisión de su agenda telefónica o consultas a talento humano de la Fiscalía—, lo cierto es que el delito de prevaricato por acción no sanciona la imprudencia o la falta de diligencia, sino la emisión consciente y voluntaria de una decisión manifiestamente contraria a la ley.
5. Tampoco advirtió prevaricato en los conceptos emitidos por la procesada ante los jueces de control de garantías para legalizar las interceptaciones, en los que sostuvo que la medida estaba soportada en motivos fundados y que desconocía la identidad de los titulares de las líneas intervenidas.
Ello, porque la Fiscalía no acreditó que Taborda Franco tuviera conocimiento de que los abonados correspondían a los fiscales Andrés González Tamayo y Alejandro Nova Guevara. Aunque el jefe de la Sala Zeus afirmó que desde que recibió la orden conocía que se trataba de fiscales, el Tribunal consideró que dicha información era de referencia, pues el testigo precisó que lo sabía porque el analista Edison Sánchez le comentó que el investigador Carlos Iván Salguero le había informado quiénes eran los interceptados.
Además, precisó que durante la ejecución de la orden quienes mantenían contacto eran el analista y el investigador, pero no ellos con la fiscal asignada. También señaló que, cuando los resultados de las interceptaciones no arrojaban información útil frente al objetivo de la investigación, era innecesario consignar en los informes la identidad de los titulares de las líneas, por lo que bastaba indicar que las conversaciones versaban sobre asuntos personales, familiares y laborales y, en consecuencia, sugerir la cancelación de las interceptaciones.
6. La procesada no conoció el contenido de las interceptaciones, pues los informes no estaban acompañados de ningún CD. Así lo indicaron la asistente de la Fiscalía 31 Seccional y el Fiscal 1° Local, quienes explicaron que, para evitar su pérdida, esos elementos se remitían directamente al almacén de evidencias. Además, el coordinador de dicha dependencia confirmó que Taborda Franco nunca tuvo contacto con él para retirar ese material.
7. Aunque algunos ID daban cuenta de la titularidad de los interceptados, no existió prueba de que la identidad de ellos hubiera salido de la órbita de conocimiento del analista Edison Sánchez y del investigador Carlos Iván Salguero.
8. Frente a la acusación según la cual la procesada manipuló el reparto para asignarse directamente la noticia criminal No. 66001600000201900238, con el propósito de dirigir la investigación y expedir la orden de interceptación para conocer las conversaciones de los fiscales Alejandro Nova y Andrés González, quedó acreditado que la URA presentaba una situación excepcional en materia de reparto. Como únicamente estaba integrada por tres fiscalías, por directriz del nivel central la asignación de investigaciones se realizaba manualmente, mediante un libro físico.
Por otro lado, la Fiscalía no acreditó manipulación en el reparto de la actuación No. 66001600000201900005, denominada «Apocalipsis» en la que era procesada Eliana Patricia Aguirre, amiga de Taborda Franco. Según el acta del comité de seguimiento del 10 de abril de 2019, la acusada no solicitó la remisión específica del caso a su despacho, la asignación de esa actuación fue realizada al azar. Incluso, varios asistentes a la reunión afirmaron que la funcionaria nunca pidió la adjudicación de una investigación en particular.
Además, una vez Taborda Franco advirtió la identidad de los procesados, al día siguiente manifestó su impedimento. Por ello, carece de sustento la tesis según la cual habría paralizado deliberadamente el proceso durante 18 meses para favorecer la evasión de uno de los procesados, hermano de Eliana Patricia Aguirre.
9. En cuanto al reproche según el cual la procesada conocía que las líneas interceptadas pertenecían a otros fiscales y, pese a ello, decidió no remitir la investigación a los fiscales delegados ante el Tribunal, consideró que ello fue un hecho jurídicamente relevante introducido de manera novedosa en el juicio oral. Por ello, no podía valorarlo.
En todo caso, el hecho de que, en otra actuación, iniciada el mismo día, la procesada hubiera remitido el asunto a los fiscales delegados ante el Tribunal, no sugiere un actuar amañado. En ese caso la fuente identificó expresamente al fiscal Andrés González Tamayo, como uno de los funcionarios que entregaba información a la organización delincuencial, lo que permitía advertir de manera inmediata su calidad de aforado.
En cambio, en la investigación aquí cuestionada la información únicamente hacía referencia a «funcionarios» de la Fiscalía y a dos abonados telefónicos, sin precisar la identidad de sus titulares. Por tanto, para ese momento, la procesada no conocía que se tratara de fiscales ni, en consecuencia, de personas aforadas.
10. En relación con el delito de falsedad ideológica en documento público, atribuido por haber consignado en la constancia del 12 de marzo de 2019 y en la orden de archivo del 31 de marzo de 2020 dos hechos contrarios a la realidad, explicó que la ausencia de registro de la fuente humana en las minutas de ingreso no significaba que esta no hubiera existido, máxime cuando era usual preservar el anonimato de esas personas. Además, aunque no tenía la carga de hacerlo, la defensa identificó a la fuente humana como Carlos Peña Ramírez y acreditó que sí estuvo en la Fiscalía.
11. Finalmente, frente al delito de violación ilícita de comunicaciones agravado consideró que se trata de un tipo penal residual o subsidiario, pues la norma prevé su aplicación «siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor». En ese sentido, como por los mismos hechos la Fiscalía imputó el delito de prevaricato por acción, cuya pena es superior, concluyó que la acusación por aquel delito resultaba improcedente.
V. LAS APELACIONES INTERPUESTAS.
A. La Fiscalía le solicitó a la Corte la revocatoria de la sentencia absolutoria. Sustentó su pretensión en los siguientes argumentos:
1. El Tribunal omitió valorar integralmente los medios de conocimiento aportados por la Fiscalía y realizó un análisis probatorio fragmentado. A su juicio, de haber apreciado la prueba en conjunto, habría concluido que estaba acreditada la responsabilidad de Taborda Franco en los delitos de la acusación.
2. El Tribunal ignoró el análisis link elaborado por el investigador Juan José Perdomo Sarmiento, según el cual, a partir del cruce de registros telefónicos entre enero de 2018 y diciembre de 2019, estableció que la acusada antes de interceptar a los fiscales Alejandro Nova Guevara y Andrés González Tamayo sostuvo comunicaciones previas con ellos. Esto desvirtúa que desconociera la identidad de los titulares de las líneas intervenidas.
3. No es cierto que la procesada únicamente hubiera recibido los informes de interceptación acompañados de protocolos de cadena de custodia y rótulos de evidencia física. La prueba documental acredita que su investigador, Carlos Iván Salguero, recibió el informe del 11 de abril de 2019 junto con un DVD que contenía 1.368 registros telefónicos correspondientes a las líneas interceptadas.
4. La orden de interceptación no estaba soportada en motivos fundados, pues la información suministrada por la fuente humana era vaga e inverificable. Esto porque no refirió circunstancias concretas de tiempo, modo y lugar, ni precisiones sobre cómo obtuvo la información. Además, la procesada no realizó ninguna actividad mínima de corroboración previa, pese a que funcionarios de la Fiscalía, que declararon en el juicio, indicaron que antes de ordenarse un acto de investigación tan invasivo era necesario adelantar tareas de verificación de las líneas telefónicas a interceptar.
Si bien la Directiva 0004 de 2021 fue expedida con posterioridad a los hechos, sus exigencias ya resultaban aplicables en 2019, pues recogían estándares jurisprudenciales vigentes.
5. El jefe de la Sala Zeus declaró que, desde el primer día de la interceptación, todos sabían que los titulares de los abonados telefónicos eran dos fiscales.
6. El Tribunal reconoció en la sentencia que la acusada pudo haber verificado la identidad de los interceptados con herramientas disponibles, pero calificó esta omisión como conducta «poco cuidadosa» o «precipitada», y no dolosa. No obstante, tratándose de una fiscal con amplia experiencia institucional, la omisión total y sistemática de cualquier verificación no puede ser accidental.
7. El argumento sobre la incompetencia funcional de Taborda Franco para investigar aforados legales no fue un argumento novedoso, pues en la imputación y en el escrito de acusación quedó muy claro que los interceptados eran fiscales con fuero, lo que hacía incompetente a la acusada para investigarlos.
8. Cuestionó que el Tribunal hubiera permitido a la defensa incorporar tres audios de interceptación, pese a que, en su criterio, dichos elementos no fueron descubiertos, enunciados, solicitados ni decretados como prueba. Sostuvo que, al admitir esos elementos, también debió permitirle la valoración del ID 963596158 del 24 de noviembre de 2021. Este daba cuenta de que Taborda Franco conocía desde un inicio que las líneas interceptadas pertenecían a los fiscales Alejandro Nova Guevara y Andrés González Tamayo.
9. Taborda Franco incurrió en el delito de prevaricato por acción no solo en virtud de la orden de interceptación, sino por su participación en los controles judiciales posteriores donde afirmó falsamente desconocer la identidad de los titulares de los abonados.
10. El delito de falsedad ideológica se configuró, porque la acusada consignó hechos falsos en la constancia del 12 de marzo de 2019 y en la orden de archivo del 31 de marzo de 2020 al hacer aparecer una fuente humana no formal que nunca existió. Esa fuente fue una invención para crear una apariencia de legalidad sobre la interceptación, con plena conciencia de que los abonados celulares pertenecían a sus colegas fiscales.
11. El delito de violación ilícita de comunicaciones sí se configura porque los verbos rectores de ese ilícito son autónomos y, además, puede concursar con el prevaricato, ya que describe una conducta independiente: interceptar ilícitamente comunicaciones privadas sin competencia ni motivos fundados.
B. La víctima Alejandro Nova Guevara manifestó su desacuerdo con la decisión impugnada, le solicitó a la Corte que la revoque y expuso varios argumentos para fundamentar su petición.
C. El apoderado de Alejandro Nova Guevara expuso las siguientes razones:
1. El Tribunal omitió valorar que el 12 de marzo de 2019 se originaron las noticias criminales No. 2019-00236 y 2019-00238, ambas derivadas de la misma fuente, relacionadas con presuntas filtraciones de información a favor de la organización «Cordillera» e involucrando al fiscal Andrés González Tamayo.
Sin embargo, mientras en la primera Taborda Franco identificó expresamente al funcionario y remitió la actuación a los fiscales delegados ante el Tribunal por falta de competencia, en la segunda continuó la investigación y ordenó la interceptación de los abonados 3146151051 y 3117951695. Esta circunstancia evidencia que, para ese momento, conocía tanto la identidad de al menos uno de los involucrados como las reglas especiales de competencia.
2. Es muy dudoso que Humberto Guerrero, jefe de Sala Zeus, un analista de esta y el investigador que trabajaba con la acusada conocieran que las líneas interceptadas pertenecían a dos fiscales y que ese conocimiento no hubiera llegado a Taborda Franco. Especialmente, porque ella era la directora de la investigación e interceptar a dos fiscales tenía una gran trascendencia institucional.
3. Si bien Humberto Guerrero tiene la calidad de prueba de referencia, su declaración tiene fuerza de acreditación por ser un testigo de oídas de primer grado, comoquiera que la información que recibió en punto a la calidad de los interceptados provino directamente del analista que participaba en el procedimiento de interceptación.
4. Sostuvo que la decisión de absolver a la acusada por el delito de violación ilícita de comunicaciones fue jurídicamente correcta, por tratarse de un tipo penal subsidiario frente a los demás punibles atribuidos. No obstante, frente a los delitos de prevaricato por acción y falsedad, la conclusión fue errónea.
D. El apoderado de Andrés González Tamayo en la sustentación del recurso expuso lo siguiente:
1. El Tribunal omitió por completo dos testimonios clave sin explicar por qué los descartaba: Humberto Guerrero y Héctor Antonio García, quienes acreditaron que Carlos Alfonso Peña, la supuesta fuente, nunca habló de filtraciones de información a «Cordillera», sino de un hurto y asuntos de narcotráfico, lo que acredita que la constancia del 12 de marzo de 2019 era objetivamente falsa.
2. La duda razonable no se fundó en vacíos probatorios insuperables, sino en una lectura sesgada de la prueba existente. Además, el Tribunal incurrió en un plagio jurisprudencial con inversión de sentido: tomó un párrafo de la Sentencia CSJ SEP00100-2019 (caso Aida Merlano) como argumento propio y le dio una interpretación contraria a lo que la Corte Suprema dijo realmente, pues en ese precedente la información de fuente sí fue verificada por policía judicial.
3. El Tribunal no valoró elementos indiciarios relevantes: la amistad íntima de Taborda Franco con Eliana Patricia Aguirre (jefa de finanzas del grupo criminal «Zombis II – Némesis»), lo que evidencia un móvil de favorecimiento, y la reiteración de la falsedad en el auto de archivo de marzo de 2020.
4. La Fiscalía acreditó que la noticia criminal 2019-00238 la asignó de forma caprichosa la propia procesada a ella, pues matemáticamente, siguiendo el orden consecutivo de los tres despachos de la URA, no le correspondía. El Tribunal atribuyó esta coincidencia al «azar», conclusión que el recurrente tilda de inverosímil.
5. «Callar la verdad total o parcialmente» es uno de los verbos rectores del tipo penal. Al omitir la identidad de los fiscales interceptados, la procesada alteró la verdad material de documentos públicos con vocación probatoria.
6. Un informe del 6 de diciembre de 2021, que la defensa incorporó, contenía un audio en el que la procesada reconoce haber sabido desde el inicio que los interceptados eran fiscales y que «legalizó sin problema», pero que le «asusta y aterra» la posibilidad de ser capturada. El Tribunal no lo valoró.
7. Uno de los magistrados integrante de la Sala de Decisión del Tribunal falleció tres días antes del fallo, por lo que la sentencia fue dictada por una sala dual, lo que conlleva una afectación sustancial al debido proceso.
E. La defensa como no recurrente, frente al recurso de la Fiscalía, refirió:
1. El Tribunal no estaba obligado a valorar exhaustivamente cada prueba. Además, el análisis de llamadas de la procesada solo acreditó contactos previos entre esta y los fiscales, pero no que la procesada conociera de memoria los números telefónicos interceptados.
2. Tres testigos coincidieron en que la práctica habitual de la URA era recibir únicamente el informe de interceptación y la cadena de custodia, no los audios. La recepción del informe no significa prueba de entrega efectiva del DVD.
3. La orden de interceptación cumplió los requisitos mínimos del artículo 221 del CPP: contó con informe de fuente humana no formal, verificación de portabilidad de los números telefónicos y respaldo en un informe ejecutivo, a tal punto que dos Juzgados de Control de Garantías la declararon legal.
4. Lo que el jefe de la Sala Zeus señaló sobre el conocimiento previo de los titulares de las líneas fue información «de oídas», recibida de Edison Sánchez, quien a su vez la había recibido del investigador Carlos Salguero.
5. La Fiscalía no acreditó la inexistencia de la fuente humana no formal.
Frente al recurso de la víctima Alejandro Nova Guevara:
1. Solicita su inadmisión, pues, desde la audiencia preparatoria, las víctimas deben actuar mediante apoderado. En este caso, Alejandro Nova Guevara tiene representante judicial activo, por lo que su intervención paralela no es procedente.
Frente al recurso del apoderado de Alejandro Nova Guevara:
1. Las dos investigaciones (radicados 236 y 238) son distintas, con hechos y fuentes diferentes; no puede aplicarse «identidad fáctica» para trasladar consecuencias de una a otra. La fuente del radicado 236 mencionó expresamente al fiscal González Tamayo; la del 238 solo aludió a funcionarios de la entidad, sin identificar a ningún fiscal.
2. El argumento de que Taborda Franco carecía de competencia funcional para adelantar la investigación contra dos funcionarios de la fiscalía no hizo parte de los hechos jurídicamente relevantes de la acusación.
3. Ningún medio de prueba acreditó que Taborda Franco supiera que interceptaba a dos fiscales, ni antes ni después de emitir la orden. Además, no tuvo acceso a los audios de la interceptación.
4. El presunto móvil de favorecimiento se desvirtuó durante el juicio.
Frente al recurso del apoderado de Andrés González Tamayo:
1. El Tribunal sí valoró el testimonio de Humberto Guerrero Gómez, lo que ocurrió es que su declaración era prueba de referencia inadmisible.
2. Probó que Carlos Peña es la fuente humana no formal que declaró el 12 de marzo de 2019. El hecho de que él no le haya mencionado a Héctor García todos los temas que hablaría en la Fiscalía no desdibuja su existencia.
3. Sobre el uso de la cita jurisprudencial SEP 52.418 (caso Aida Merlano) consideró que las circunstancias fácticas de ambos casos son disímiles. Además, la verificación equivalente a la del precedente citado fue la verificación de portabilidad de los abonados, que sí se realizó.
4. No hubo conexión entre el radicado 660016000058201900238 y la actuación sobre la que recayó el impedimento de Taborda Franco por amistad con Eliana Patricia. Esto desvirtúa el supuesto «móvil» de favorecimiento que la Fiscalía ancló en los hechos jurídicamente relevantes.
5. La supuesta autoasignación de la investigación no se acreditó. Además, el reparto de la noticia criminal no hizo parte de la acusación y el número NUNC lo asigna el sistema SPOA para toda la Seccional Risaralda, no exclusivamente para la URA, y a esa unidad también llegaban por reparto procesos que ya tenían CUI asignado. Por ello, la lectura matemática de la secuencia numérica que propone el recurrente carece de relevancia.
6. El audio del 21 de noviembre de 2021, en el que la acusada aparentemente reconocía haber sabido a quiénes pertenecían las líneas no podía valorarse, porque nunca fue aducido como prueba por ninguna de las partes. La Fiscalía tenía la posibilidad de solicitar ese producto en su turno probatorio y no lo hizo.
7. La irregularidad procesal alegada por el fallecimiento del Magistrado Julián Rivera Loaiza no se configura. El fallo fue adoptado por mayoría, por lo que cumple el quórum decisorio.
F. El representante del Ministerio Público como no recurrente le solicitó a la Corte que confirme la absolución de Taborda Franco. Considera que la prueba practicada no alcanzó el grado de conocimiento necesario para condenar y que las conductas atribuidas, en el peor de los casos, se enmarcan en una falta de diligencia culposa, nunca en un actuar doloso.
Resaltó que: i) existieron motivos fundados; ii) dos jueces de garantías avalaron la legalidad de la orden; iii) ningún medio de prueba acreditó que la Fiscal supiera que los abonados pertenecían a los fiscales González Tamayo y Nova Guevara; iv) no hubo manipulación en el reparto, pues en la URA era manual; y v) la acusada solo supo que los interceptados eran «funcionarios de la Fiscalía», categoría que abarca desde el nivel asistencial hasta el directivo.
VI. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN.
A. Competencia.
1. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia es competente para conocer del recurso de apelación, teniendo en cuenta lo establecido en el numeral 2° del artículo 235 de la Constitución Política, por haber sido interpuesto en contra de una decisión dictada en primera instancia por un Tribunal Superior de Distrito Judicial.
2. Precisado lo anterior, y en observancia del principio de limitación que rige el trámite de segunda instancia, el contenido de la presente decisión se circunscribirá al examen de los temas que son objeto de los recursos de apelación y, de ser necesario, se extenderá a aquellos inescindiblemente vinculados.
En esa dirección, la Corporación expondrá los argumentos que sustentan su decisión, ocupándose inicialmente de la validez de la actuación y luego, si hay lugar a ello, de la inocencia o responsabilidad de la procesada.
B. Validez de la actuación.
3. Para que la Sala pueda emitir una decisión de fondo, debe verificar la validez del proceso adelantado contra María Eugenia Taborda Franco. En este sentido, advierte que:
a) Las actuaciones fueron conducidas por las autoridades competentes;
b) No se omitieron etapas esenciales del proceso penal;
c) Se garantizó el derecho de defensa técnica y material, ya que la procesada fue citada a las audiencias, contó con un defensor de confianza, solicitó pruebas, controvirtió las presentadas por la contraparte, interpuso los recursos disponibles y expuso los argumentos que consideró pertinentes;
d) No se practicaron pruebas con vulneración de derechos fundamentales o sin cumplir los requisitos legales;
e) La sentencia dictada en el proceso estuvo debidamente motivada,
f) Se les garantizó a las partes e intervinientes el ejercicio pleno de su rol procesal y
g) Se llevó a cabo audiencia de lectura del fallo.
Bajo ese panorama, no existen razones que pongan en duda la legitimidad del procedimiento, pues este se ajustó a las disposiciones legales, lo que habilita a la Corte para adoptar una decisión de fondo sobre el caso.
C. Planteamiento del problema jurídico y estructura de la decisión.
4. La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira absolvió a Taborda Franco tras concluir que la Fiscalía no logró acreditar su responsabilidad en los delitos objeto de acusación. Contra esa decisión apelaron la Fiscalía, los apoderados de las víctimas y una de las víctimas, quienes sostuvieron, en síntesis, que el acervo probatorio sí permite concluir la responsabilidad penal de la procesada.
La Corte debe determinar si los argumentos de los apelantes son válidos y conllevan la condena de la procesada o, si, por el contrario, las pruebas practicadas e incorporadas al proceso generan una duda razonable sobre su responsabilidad.
Para tal efecto, la Corte aludirá i) a la procedencia de los recursos de apelación, ii) a la estructura típica de los delitos por los que Taborda Franco fue absuelta, iii) al derecho a la intimidad y la reserva judicial de las libertades públicas, y iv) a las interceptaciones de comunicaciones en el proceso penal colombiano.
Luego, v) someterá las pruebas aducidas al juicio a un proceso crítico de valoración en aras de determinar la tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad de los punibles acusados, vi) dará respuesta a los argumentos de los apelantes, y, vii) expondrá la conclusión del análisis probatorio, determinando si la decisión apelada debe ser confirmada, modificada o revocada.
F. Acerca de los recursos de apelación.
5. La defensa le solicitó a la Corte que inadmita el recurso de apelación que la víctima Alejandro Nova Guevara presentó porque tiene apoderado y mediante aquel debía recurrir la decisión.
Pues bien, según el artículo 229 de la Constitución Política toda persona tiene derecho a acceder a la administración de justicia. Además, al legislador le corresponde definir los casos en los que tal prerrogativa puede ejercerse sin la representación de un abogado.
6. Ahora, el artículo 137 de la Ley 906 de 2004 dispone que las víctimas del injusto, en garantía de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación, tienen el derecho de intervenir en todas las fases de la actuación penal y que a partir de la audiencia preparatoria deben estar asistidas por un profesional del derecho o estudiante de consultorio jurídico, para cualquier intervención.
7. No obstante, en relación con la legitimación para interponer y sustentar el recurso de apelación, esta Sala de Casación Penal ha considerado que se debe verificar que en el interesado concurran la legitimación en el proceso y en la causa: aquella la detenta quien se ha constituido o se ha reconocido como parte, interviniente o tercero con interés en una actuación determinada; mientras que la segunda está relacionada con la afectación real que la providencia cause al recurrente. En torno al primer requisito, precisó:
«[L]a legitimación procesal para instaurar el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, tanto en los juicios tramitados por la Ley 600 de 2000, como los rituados bajo la Ley 906 de 2004, se encuentra supeditada, en lo que concierne a la víctima o parte civil, a que se promueva a través de abogado».
8. En ese orden, la Sala advierte que Alejandro Nova Guevara intervino directamente en la sustentación del recurso, pese a que, dentro de la actuación, debía intervenir por medio de apoderado. En efecto, aunque le asistía un interés jurídico para controvertir la decisión, esa circunstancia no lo habilitaba para actuar directamente, pues la legitimación procesal de la víctima para impugnar la sentencia de primera instancia se encuentra supeditada a que promueva y sustente el recurso a través de abogado.
Entonces, la Corte rechazará la apelación de este y continuará con el análisis frente a los disensos que fueron debidamente expuestos por los recurrentes, entre ellos, justamente el del apoderado de Alejandro Nova Guevara.
G. Estructura típica de los delitos de prevaricato por acción falsedad ideológica en documento público agravada y violación ilícita de comunicaciones.
9. El artículo 413 de la Ley 599 de 2000 describe el prevaricato por acción en los siguientes términos:
«[E]l servidor público que profiera resolución, dictamen o concepto manifiestamente contrario a la ley, incurrirá en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses, multa de sesenta y seis puntos sesenta y seis (66.66) a trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de ochenta (80) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses».
De acuerdo con esta descripción, el prevaricato por acción es un delito especial propio y de resultado, que se estructura a partir de los siguientes elementos: i) un sujeto activo calificado: servidor público, ii) una resolución, dictamen o concepto proferido en ejercicio de sus funciones, y iii) que dicha decisión sea manifiestamente contraria a la ley; es decir, en un grado tan alto que no admita justificación razonable de acuerdo con el derecho positivo.
El elemento normativo manifiestamente contrario a la ley se configura cuando la decisión desconoce abiertamente la realidad probatoria o se aparta, sin explicación, del texto o sentido de la norma que debía aplicarse al caso, revelándose objetivamente como caprichosa o arbitraria, y como resultado de un «desconocimiento burdo y mal intencionado del marco normativo».
Esto implica, según la jurisprudencia de la Sala, que no basta con que la providencia sea simplemente ilegal o errónea; es necesario que la discordancia entre el acto emitido y el ordenamiento jurídico sea tan evidente que «no admita justificación razonable alguna».
La acreditación de estos tópicos exige tener en cuenta los fundamentos jurídicos y probatorios en los que el servidor público sustentó la decisión tildada de prevaricadora, así como las circunstancias en que fue proferida y los elementos de juicio con los que contaba al momento de pronunciarse, a partir de un análisis ex ante del caso.
Y en lo que concierne a la tipicidad subjetiva, solo admite la modalidad dolosa. Por lo tanto, el agente debe saber que actúa «en contra del derecho y que, tras ese conocimiento, voluntariamente decid[e] vulnerarlo». Vale decir, que obra con conocimiento y voluntad de desconocer la normatividad legal aplicable al caso.
Para valorar el dolo, resulta viable acudir al examen de elementos objetivos como la naturaleza y complejidad del asunto, la claridad de las normas aplicables, y la trayectoria y experiencia profesional del acusado. Esto comoquiera que no son objeto de reproche penal las decisiones fruto de la impericia, ignorancia o inexperiencia, pues la conducta típica exige la ausencia de «la convicción de acertar, de obrar bien, de buena fe, sino la finalidad opuesta a estos propósitos».
10. Por otra parte, la falsedad ideológica en documento público está descrita en el artículo 286 del Cp. como aquella que comete «el servidor público que, en ejercicio de sus funciones, al extender documento público que pueda servir de prueba, consigne una falsedad o calle total o parcialmente la verdad (…)».
Los elementos que configuran la tipicidad objetiva del delito son los siguientes: i) un sujeto activo calificado, que debe ser un servidor público que se encuentre en el ejercicio de sus funciones; ii) la existencia de un documento público con aptitud probatoria que sea elaborado o suscrito por un funcionario público, y iii) que en dicho instrumento se calle total o parcialmente la verdad o se distorsione, tergiverse o altere de alguna forma la declaración que en él se consigna (CSJ SP163-2017, 18 ene. 2017, rad. 48079, reiterado en SP215-2023, 31 may. 2023, rad. 56139).
De igual forma, la Sala ha precisado que el ámbito de protección de la norma solo se extiende a las actuaciones que el servidor público realiza en ejercicio de la función certificadora o documentadora de la verdad que el Estado le delega en desarrollo de la política de protección del bien jurídico de la fe pública.
Por consiguiente, la actualización de la conducta delictiva de falsedad ideológica no solo dependerá de que el servidor oficial falte a la verdad en un documento público, sino que lo haga en el marco del deber de certificación de la verdad que le ha sido adscrito, así:
«Es lo que ocurre con los jueces de la República, quienes además de la función certificadora propiamente dicha, cumplen otras funciones, como tomar decisiones, en las que realizan valoraciones de índole fáctico, probatorio y jurídico, que nada tienen que ver con la función documentadora, en cuanto no se orientan a dar fe de un hecho, sino a declarar un estado de cosas y aplicar una consecuencia jurídica, en ejercicio de la actividad jurisdiccional de impartición del derecho.
Cuando el juez, en cumplimiento del deber de resolver casos y aplicar el derecho, o de pronunciarse sobre la existencia de un determinado supuesto fáctico que lo inhabilita para conocer del asunto, hace afirmaciones mentirosas, no comete falsedad ideológica en documento público, porque para la realización de esta conducta se requiere, como viene de ser visto, que la afirmación mendaz se haga en ejercicio específico de la función certificadora de la verdad, y en los supuestos que se enuncian no se estaría dentro de este marco funcional.
Podría dar lugar a la comisión de otro delito, por ejemplo, prevaricato por acción, si la fundamentación mendaz del servidor público se orienta a dar apariencia de legalidad a una decisión contraria a la ley, tesis que la Sala ya ha acogido en casos similares, no a partir desde luego del criterio de atipicidad objetiva de la falsedad ideológica que hoy la Sala privilegia, sino desde la perspectiva de aplicación del principio de consunción».
Es un delito que solo admite la modalidad dolosa, es decir, quien incurre en él debe obrar con el conocimiento y voluntad de que con su comportamiento crea un instrumento con potencialidad probatoria, apartado de la realidad o la verdad.
11. Por último, el delito de violación ilícita de comunicaciones está previsto en el artículo 192 del Cp., que sanciona a quien ilícitamente sustraiga, oculte, extravíe, destruya, intercepte, controle o impida una comunicación privada dirigida a otra persona, o se entere indebidamente de su contenido.
Así, protege la inviolabilidad de las comunicaciones y, con ello, el derecho fundamental a la intimidad. Esto porque la comunicación privada es de interés del emisor y del receptor, de manera que ningún tercero puede acceder a ella, registrarla, interceptarla o conocer su contenido sin orden judicial.
Además, se trata de una conducta en la que el reproche no depende únicamente de que el contenido se revele, pues el acceso indebido a la comunicación privada desconoce la intimidad y la reserva que ampara el diálogo entre sus titulares.
Además, la conducta se agrava cuando el autor revela el contenido de la comunicación, o la emplea en provecho propio o ajeno o con perjuicio de otro.
H. Del derecho a la intimidad y la reserva judicial de las libertades públicas.
12. La interceptación de comunicaciones constituye una de las formas más intensas de injerencia estatal en la esfera privada de las personas, pues compromete el derecho fundamental a la intimidad y la inviolabilidad de las comunicaciones. Por esa razón, tanto el derecho internacional de los derechos humanos como el derecho interno han sometido esta medida a límites destinados a impedir que el ejercicio de la función investigativa se convierta en un mecanismo arbitrario de vigilancia o control de los ciudadanos.
13. En el plano convencional, la protección de la intimidad encuentra reconocimiento expreso en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos. Así, el artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos proscribe las injerencias arbitrarias en la vida privada, la familia, el domicilio y la correspondencia; los artículos 5, 9 y 10 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADH) garantizan la protección de la vida privada, la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia; el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) prohíbe las injerencias arbitrarias o ilegales en la vida privada, la familia, el domicilio y las comunicaciones, y el artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) proscribe toda injerencia arbitraria o abusiva en el domicilio y las comunicaciones.
Ahora, los artículos 29.2 y 30 de la Declaración Universal, el artículo 28 de la DADH, los artículos 5 y 17 del PIDCP y los artículos 29, 30 y 32.2 de la CADH coinciden en que la intimidad no es un derecho absoluto. En ese sentido, condicionan la legitimidad de sus restricciones i) a que aquellas estén previstas en la ley, ii) persigan fines legítimos y iii) se encuentren sometidas a controles que impidan actuaciones arbitrarias.
En concordancia con lo anterior, el Comité de Derechos Humanos, en relación con el artículo 17 del PIDCP, señaló que la correspondencia y las comunicaciones deben estar protegidas de manera real y no meramente formal, de modo que debe prohibirse la vigilancia, la interceptación de comunicaciones telefónicas y la grabación de conversaciones por fuera de los supuestos autorizados por el ordenamiento jurídico.
14. En el ordenamiento colombiano, este marco de protección se encuentra en el artículo 15 de la Constitución Política, que garantiza el derecho a la intimidad personal y familiar y dispone que la correspondencia y las demás formas de comunicación privada son inviolables; de modo que únicamente pueden interceptarse o registrarse en los casos y con las formalidades previstas en la ley.
Por su parte, el artículo 6 de esa normatividad establece que los servidores públicos responden por la extralimitación en el ejercicio de sus funciones, lo que impone a quienes adelantan labores investigativas el deber de sujetar estrictamente sus actuaciones a las exigencias constitucionales y legales que condicionan la restricción de derechos fundamentales.
Por otro lado, dentro del proceso penal, la restricción de derechos fundamentales se encuentra sometida al principio de reserva judicial. Esta garantía, propia de los Estados constitucionales, tiene el objetivo de evitar que las injerencias estatales en ámbitos especialmente protegidos de la libertad individual dependan exclusivamente de la voluntad de las autoridades encargadas de la investigación.
I. Las interceptaciones de comunicaciones en el proceso penal colombiano: presupuestos constitucionales, legales y estándares de los motivos fundados.
15. El artículo 250 de la CP atribuye a la Fiscalía General de la Nación la función de adelantar la investigación de los hechos que revistan las características de un delito y autoriza expresamente a dicha entidad para ordenar registros, allanamientos, incautaciones e interceptaciones de comunicaciones. En tanto estas medidas comportan restricciones directas de derechos fundamentales, el mismo precepto constitucional dispone que el juez de control de garantías debe efectuar el control posterior respectivo, tanto formal como material.
Estos actos de investigación son una excepción expresa a la regla general de que toda medida de investigación que implique afectación de derechos fundamentales debe estar precedida de autorización judicial previa, en cuanto la Constitución autoriza a la Fiscalía a ordenarlas y luego a solicitar el control judicial posterior.
16. En desarrollo de ese mandato constitucional, el artículo 235 de la Ley 906 de 2004 regula el régimen legal de las interceptaciones de comunicaciones. Según esa disposición, el fiscal podrá ordenar, con el objeto de buscar elementos materiales probatorios, evidencia física, o la ubicación de imputados, indiciados o condenados, que se intercepten mediante grabación magnetofónica o similares las comunicaciones que se cursen por cualquier red de comunicaciones en donde curse información o haya interés para los fines de la actuación.
La norma exige que la orden conste por escrito, se encuentre debidamente motivada y preserve la reserva de la actuación respecto de quienes intervienen en ella. Asimismo, dispone que toda prórroga de la medida debe someterse a control previo de legalidad por parte del juez de control de garantías.
La exigencia de motivación escrita no constituye una formalidad vacía. Responde a la necesidad de que la orden repose sobre motivos fundados, presupuesto expresamente desarrollado por el legislador en materia de registros y allanamientos, y que resulta aplicable a las interceptaciones de comunicaciones.
17. Los motivos fundados configuran un límite material al ejercicio del poder investigativo del Estado. Su función consiste en asegurar que medidas altamente invasivas, como la interceptación de comunicaciones, descansen sobre circunstancias objetivas y verificables, y no sobre la sola apreciación subjetiva de quien las ordena.
18. La Corte Constitucional, en la sentencia C-024 de 1994, precisó que los motivos fundados no corresponden a simples intuiciones ni a convicciones subjetivas del funcionario, sino a un conjunto articulado de hechos que permitan inferir objetivamente la probable vinculación de una persona o de un objeto con una actividad delictiva.
19. Al desarrollar esa noción, acogió criterios elaborados por la Corte Suprema de los Estados Unidos y por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), según los cuales la mera sospecha o la simple creencia del agente estatal no constituyen fundamento suficiente para restringir derechos fundamentales. Así lo sostuvo la Corte Suprema de los Estados Unidos en Beck vs. Ohio (1964) y el TEDH en Fox, Campbell y Hartley vs. Reino Unido (1990), al destacar que la legitimidad de la medida depende de la existencia de razones objetivas y verificables, y no de la buena fe o de la convicción subjetiva de quien la ordena.
En esa misma línea, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Escher y otros vs. Brasil, sostuvo que toda decisión estatal que afecte derechos humanos debe encontrarse debidamente motivada y fundamentada, pues de lo contrario deviene arbitraria. La autoridad competente debe exponer, mediante una argumentación racional, las razones que justifican la medida y acreditar que ponderó los requisitos legales y los elementos fácticos que autorizan su adopción.
20. En efecto, el artículo 221 de la Ley 906 de 2004 dispone que los motivos fundados deben estar respaldados, al menos, en informes de policía judicial, declaraciones juradas de testigos o informantes, o en elementos materiales probatorios y evidencia física que permitan establecer razonablemente la vinculación del objeto de la medida con el delito investigado. Esto con el fin de que la fundamentación de la orden se base en circunstancias objetivas, verificables y susceptibles de control judicial.
Cuando la información proviene de un informante, la misma disposición impone exigencias adicionales que no pueden soslayarse. La policía judicial debe suministrar al fiscal la identificación del informante y exponer las razones que permitan considerarlo confiable. Tales exigencias no son requisitos accesorios; por el contrario, son precisamente las que permiten dotar de credibilidad y consistencia la información suministrada. Sin ellas, la información del informante no trasciende el ámbito de una simple afirmación no verificada, funcionalmente equivalente a una sospecha.
Lo anterior encuentra respaldo adicional en la jurisprudencia de esta Corporación sobre el valor y los límites de la información proveniente de fuentes anónimas o no formales. La Sala ha precisado que en el ordenamiento jurídico colombiano las declaraciones anónimas pueden utilizarse por las autoridades de policía para realizar labores de verificación y pueden dar lugar al inicio de una investigación penal.
No obstante, su uso tiene un límite absoluto: no pueden ser el fundamento único y directo de una medida restrictiva de derechos fundamentales. Este límite no se agota en la prohibición de usarlas como prueba de cargo durante el juicio. Como la Sala lo ha señalado acogiendo los lineamientos del TEDH:
«No basta con excluir la utilización de la 'confidencia' como prueba de cargo, para garantizar una adecuada tutela de los derechos fundamentales. Es necesario excluirla también como indicio directo y único para la adopción de medidas restrictivas de los derechos fundamentales. Ha de recordarse que la confidencia puede ocultar el ánimo de venganza, auto exculpación, beneficio personal, etc., así como el antiguo brocardo de que 'quien oculta su rostro para acusar, también es capaz de ocultar la verdad en lo que acusa».
La razón de ese límite es estructural: la información confidencial, aquella cuyo transmisor no está necesariamente identificado, debe ser objeto de un juicio de ponderación reforzado, en el que su destinatario valore su verosimilitud, credibilidad y suficiencia antes de que pueda servir de base a cualquier actuación que afecte derechos fundamentales.
Un sistema que permita que cualquier denuncia anónima o confidencial no verificada baste para ordenar una interceptación alentaría, en los términos del Tribunal Supremo Español citado por la Sala, «la negativa erosión no solo de los valores de convivencia, sino el círculo de los derechos fundamentales de cualquier ciudadano frente a la capacidad de los poderes públicos para investigarle».
21. Sobre este punto, la Corte Constitucional, en la sentencia C-673 de 2005, indicó que la declaración del informante se limita a servir de soporte para establecer la existencia de motivos fundados que permitan adoptar medidas restrictivas de derechos fundamentales. Se trata de un mecanismo destinado a orientar la actividad investigativa del Estado y no de un medio probatorio para demostrar la ocurrencia del delito o la responsabilidad de una persona.
La misma providencia señaló que el fiscal llamado a valorar la información del informante debe realizar dos juicios insustituibles: uno de carácter fáctico, dirigido a establecer si existen circunstancias que aconsejen la adopción de la medida; y otro de naturaleza jurídica, encaminado a ponderar la tensión entre el derecho fundamental comprometido y las necesidades de la investigación penal. Para ello, no basta con que la policía judicial afirme que el informante es confiable. Resulta indispensable que el fiscal cuente con elementos que le permitan valorar directamente su credibilidad y la consistencia de la información suministrada.
Además, la Corte declaró la exequibilidad condicionada de la expresión «De todas maneras, los datos del informante serán reservados, inclusive para los efectos de la audiencia ante el juez de control de garantías», en el entendido de que la reserva de datos del informante no vincula al juez de control de garantías.
Es decir, los datos de la fuente humana son elementos de juicio indispensable para que el juez de control de garantías pueda ejercer un control sobre la medida. Sin esa información, el juez no puede examinar si esta perseguía un fin constitucionalmente válido, si ese fin no podía alcanzarse por un medio menos gravoso, ni si las ventajas obtenidas compensan los sacrificios impuestos al titular del derecho.
22. A ello se suma que el artículo 222 de la Ley 906 de 2004 exige que las órdenes de registro y allanamiento determinen con precisión el lugar objeto de la diligencia y prohíbe expresamente la expedición de órdenes indiscriminadas o genéricas. Como se advirtió, aunque la disposición se refiere específicamente a esas actuaciones investigativas, el principio que la inspira resulta trasladable al ámbito de las interceptaciones de comunicaciones.
Por ello, la orden de interceptación debe individualizar de manera precisa las líneas o canales de comunicación objeto de la medida e indicar las razones concretas que justifican la intervención de cada una de ellas. No basta con invocar genéricamente una fuente de información ni con hacer referencia abstracta a los fines de la investigación. Es indispensable que exista una justificación específica que vincule racionalmente cada línea intervenida con el delito investigado y con la persona respecto de la cual se adopta la medida.
Una orden que carezca de ese respaldo individualizado no satisface el estándar constitucional y legal de los motivos fundados y termina convirtiéndose en una interceptación indiscriminada, expresamente proscrita por el ordenamiento jurídico.
J. Fundamentos de una sentencia condenatoria.
23. En el sistema penal colombiano, la condena requiere el conocimiento más allá de toda duda sobre la comisión de una conducta penalmente relevante y la responsabilidad del procesado. Este estándar, regulado en los artículos 7°, 372 y 381 de la Ley 906 de 2004, demanda que la hipótesis delictiva esté suficientemente corroborada con pruebas debatidas en juicio, valoradas de manera individual y conjunta, acorde con las reglas de cada medio probatorio. Este método procura que la conclusión alcanzada resista cualquier refutación racional y cumpla con los requisitos de justificación epistémica exigidos por la dogmática penal y la teoría de la prueba.
L. Razonamiento probatorio y jurídico.
24. En este caso no se discute que María Eugenia Taborda Franco es abogada, desde el 2000 ingresó a la Fiscalía y desde el 2013 ejerce el cargo de fiscal seccional. Tampoco que para la fecha de los hechos era la coordinadora de la Unidad Regional de Antinarcóticos (URA).
El debate gira en torno al contexto y las circunstancias en que la procesada, como Fiscal 31 Seccional de Pereira, adelantó la investigación bajo el radicado 6600164058201900238 y los procedimientos de interceptación de comunicaciones, y si, para ello, profirió decisiones manifiestamente contrarias a la ley y consignó información falsa en documentos públicos.
La Corte debe fijar su postura en esta discusión, para lo cual valorará las pruebas practicadas en el juicio.
Valoración probatoria de la Fiscalía
25. La Corte revisó las estipulaciones probatorias, las pruebas documentales y la prueba testimonial aducida al juicio por la Fiscalía. Con base en la información aportada, advierte lo siguiente:
a. En el 2017, Diego Alejandro Nova Guevara, en calidad de Fiscal 28 Seccional, adelantó el registro y allanamiento contra el inmueble donde residía Eliana Patricia Aguirre, jefe de finanzas del grupo delincuencial denominado «Zombies».
b. En marzo de 2017, Andrés González Tamayo, en calidad de Fiscal 3° Especializado, inició la investigación con radicado 2017-00079, contra la estructura criminal referida, la cual se dedicaba al expendio de heroína y otros estupefacientes en el barrio San Diego de Dosquebradas.
c. En diciembre de 2018, el fiscal Andrés González Tamayo concluyó la primera fase de la investigación 2017-00079 y logró la judicialización de once personas, principalmente vendedores de los estupefacientes.
La segunda fase de la investigación, con la que buscaba la judicialización de los altos mandos de la organización como Leydi (esposa del líder); Eliana Patricia Aguirre (jefe de finanzas); Henry Aguirre (jefe de sicarios), estaba prevista para ejecutarse a más tardar en junio de 2019. Asimismo, se buscaba impactar las finanzas de la organización, las cuales, según su investigación, ascendían a 400 millones de pesos al mes.
d. El 22 de enero de 2019, Andrés González Tamayo ordenó la ruptura del proceso 2017-00079 «Zombies I» y creó el proceso 2019-00005 «Zombies II», con el fin de recolectar más elementos materiales probatorios y evidencia física para la ejecución de la segunda fase en cuestión.
e. A finales de febrero de 2019, Adriana Alexandra Estrada Hincapié asumió la Dirección Seccional de Fiscalías de Risaralda. Durante los tres meses de su gestión realizó numerosos traslados y movimientos de personal.
f. Por otro lado, el 12 de marzo de 2019, en relación con la actividad desplegada por María Eugenia Taborda Franco, dentro de la indagación 2019-00238, y que es objeto de juzgamiento, se registraron las siguientes actividades:
i) A las 08:45 horas, el jefe de la Sala de Interceptación Zeus, Humberto Guerrero Gómez, recibió y firmó el formato de interceptación de las líneas telefónicas 3146151051 y 3117951695, por el término de 180 días. Esto en virtud de una investigación por el delito de cohecho propio. Los titulares de esas líneas eran los fiscales Alejandro Nova Guevara y Andrés González Tamayo, respectivamente. Taborda Franco firmó la orden.
ii) A las 13:00 horas, Taborda Franco dejó constancia escrita según la cual se reunió con una fuente no formal y corroboró la información de su investigador. Según aquel informante, alias Mofre, perteneciente a la organización delincuencial «Cordillera», tendría contactos con funcionarios de la Fiscalía, quienes les entregarían información relevante para evitar capturas y registros y allanamientos.
iii) A las 14:15 horas, la asistente de Taborda Franco, Annie Lizeth Trejos Isaza, recibió el informe ejecutivo del investigador Carlos Iván Salguero Zarabanda.
iv) A las 14:30 horas, Carlos Iván Salguero Zarabanda entrevistó a la fuente no formal.
v) A las 16:30 horas, tal servidor suscribió el informe ejecutivo que abrió la noticia criminal con radicado 2019-00238 por el delito de cohecho propio.
vi) A las 19:00 horas, Taborda Franco profirió la orden de interceptación de comunicaciones sobre las líneas referidas.
A las 19:00 horas, paralelamente, Taborda Franco abrió otra investigación con radicado 2019-00236. Esta se originó porque una fuente humana no formal le señaló que el fiscal Andrés González Tamayo entregaba información reservada para favorecer a alias el Pecoso. Por ello, remitió la investigación por competencia a los fiscales delegados ante el Tribunal.
g. El 13 de marzo de 2019, a las 9:15 horas, la asistente Annie Lizeth Trejos envió un correo electrónico a Silvia Mónica Marín, en el que solicitó la asignación del radicado 2019-00238 a la Fiscalía 31 Seccional, es decir, al despacho de Taborda Franco.
h. El 14 de marzo de 2019, Humberto Guerrero recibió un nuevo formato de interceptación, debido a que el del 12 anterior tenía una inconsistencia. Luego, remitió la orden al Nivel Central y una vez este autorizó el inicio de la actividad investigativa la asignó a Edison Sánchez.
i. Al día siguiente, Humberto Guerrero tuvo conocimiento de que dos abonados interceptados pertenecían a los fiscales Alejandro Nova Guevara y Andrés González Tamayo. Por ello, le pidió al analista Edison Sánchez que fuera muy acucioso con la investigación y que lo mantuviera al tanto. Esto debido a que era la primera vez que los interceptados eran fiscales de la regional.
j. De acuerdo con varias comunicaciones interceptadas entre marzo y abril de 2019, la identidad de los titulares de las líneas telefónicas objeto de seguimiento quedó plenamente establecida.
En relación con la línea 3146151051, las conversaciones permitieron identificar de manera inequívoca a Diego Alejandro Nova Guevara. En los registros interceptados se le menciona por su nombre, se hace referencia expresa a su condición de Fiscal Seccional en el marco de un trámite de retiro de cesantías, se identifica su ubicación laboral en el Palacio de Justicia como titular de la Fiscalía 28 Seccional; se alude a funcionarios específicos de la entidad, entre ellos personal de talento humano, y se discuten asuntos propios de su actividad funcional, incluyendo procesos penales concretos asignados a su despacho, con referencia a radicados determinados y actuaciones relacionadas con investigaciones por corrupción y prevaricato. Incluso, una de las comunicaciones corresponde a la notificación de una decisión judicial adoptada por la Sala Penal del Tribunal dentro de un asunto bajo su conocimiento.
Por su parte, las interceptaciones practicadas sobre la línea 3117951695 permitieron identificar a Andrés González Tamayo. En dichas comunicaciones se le menciona expresamente por su nombre, se le ubica en el Despacho 3° Especializado, funcionarios judiciales lo contactan para la entrega de actuaciones relacionadas con recursos de apelación, se discuten aspectos técnicos sobre la incorporación de pruebas en juicio, y se abordan asuntos procesales relativos a imputaciones contra funcionarios públicos.
k. El 1° de abril de 2019, la directora seccional Adriana Estrada removió al fiscal Andrés González Tamayo del cargo de Fiscal 3° Especializado y coordinador de esa unidad. Le informó que ya no tendrá a su cargo los procesos priorizados, que debía devolver el vehículo asignado y que no podría usar el parqueadero. Le indicó que la jefa de la URA, Taborda Franco, asumiría el conocimiento de esos casos.
l. El 8 y el 11 de abril de 2019, el analista Edison Sánchez rindió informes de resultados de las interceptaciones, dirigidos a Taborda Franco. Informó que las personas que usan las líneas interceptadas abordan temas de índole personal, familiar y laboral, por lo que no es posible inferir que esos sujetos, identificados como HD1 y HD2, pertenezcan o laboren para organización delictiva alguna.
m. Con base en este, el 11 de abril de 2019, el investigador Carlos Iván Salguero le informó a Taborda Franco que los abonados telefónicos interceptados solo aluden a temas personales y, por ello, le sugiere cancelar la interceptación.
n. El 9 y 12 de abril de 2019, la procesada acudió ante los juzgados de control de garantías para solicitar el control de legalidad posterior. No obstante, ante esas autoridades ya no refirió que la conducta investigada era cohecho propio, sino concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes.
ñ. El 10 de abril de 2019, se llevó a cabo un comité en el que, debido al traslado del fiscal Andrés González Tamayo, la directora Adriana Estrada le solicitó exponer sus casos priorizados. Así, aquel explicó las investigaciones que adelantaba contra las organizaciones delincuencias «Los Tellus», «Zombies II» y «Puentes de la 11».
El comité decidió remitir esos casos a la URA, coordinada por Taborda Franco, debido a que esa unidad era la competente para adelantar investigaciones relacionadas con el tráfico de estupefacientes en el caso de existir estructuras. El fiscal Andrés González Tamayo manifestó su inconformidad con esa determinación, debido a que la URA asumía investigaciones en sus etapas iniciales, mientras que las actuaciones que él adelantaba se encontraban en un estado avanzado y próximas a generar resultados operativos.
o. El 12 de abril de 2019, Taborda Franco solicitó, ante el jefe de la Sala Zeus, la cancelación de la interceptación de las líneas telefónicas. No obstante, esa orden no se materializó y las líneas de Alejandro Nova Guevara y Andrés González Tamayo continuaron activas en el sistema de monitoreo hasta el 28 de agosto de 2019.
p. El 25 de abril de 2019, la carpeta física del radicado 2019-00005 «Apocalipsis / Zombies II» salió de la Fiscalía 3° Especializada con destino a la URA.
q. El 27 de abril de 2019, Taborda Franco presentó impedimento en el radicado 2019-00005. Refirió que tiene una amistad íntima y prolongada de hace más de 15 años con Eliana Patricia Aguirre, que tiene sentimiento de afecto y cariño hacia ella y su menor hijo, por lo que resultaba difícil adelantar una investigación que podía conducir a su judicialización y eventual pérdida de la libertad.
r. El 29 de abril de 2019, la directora seccional de la Fiscalía de Risaralda aceptó el impedimento.
s. El 26 de agosto de 2019, el investigador Carlos Iván Salguero firmó un informe mediante el cual le solicitó a Taborda Franco que ordenara bajar del «sistema esperanza» las dos líneas interceptadas. Esto pese a que el 12 de abril de 2019, ella ya había radicado ante el jefe de la Sala Zeus la orden de cancelación.
t. El 31 de marzo de 2020, Taborda Franco profirió la orden de archivo del radicado 2019-00238 por inexistencia del hecho. Allí refirió que los delitos que investigó fueron concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes.
u. El 28 de mayo de 2021, el fiscal Alejandro Nova Guevara recibió en su oficina un sobre cerrado de Servientrega. En su interior encontró 42 folios con las copias del proceso penal 2019-00238 y un oficio anónimo que revelaba que Taborda Franco había adelantado una investigación con el propósito de conocer las investigaciones que él y el fiscal Andrés González Tamayo adelantaban, y con el fin de sacarlos de sus cargos.
v. El 3 de junio de 2021, Alejandro Nova Guevara y Andrés González Tamayo presentaron denuncia penal ante la Unidad Nacional de Anticorrupción de la Fiscalía.
w. Taborda Franco los denunció penal y disciplinariamente por supuesto acceso fraudulento al SPOA. No obstante, la Fiscalía certificó que las consultas que aquellos realizaron fueron a través de la plataforma pública.
x. El 14 de octubre de 2021, el técnico investigador Juan José Perdomo Sarmiento rindió informe en el que estableció, a partir del análisis de registros telefónicos, que Taborda Franco sostuvo cinco comunicaciones con Andrés González Tamayo entre enero de 2018 y enero de 2019, y dos comunicaciones con Alejandro Nova Guevara en agosto de 2018. Asimismo, reportó que el investigador Carlos Iván Salguero y el analista Edison Jamith registraron catorce comunicaciones entre marzo y abril de 2019.
y. Los registros de las interceptaciones únicamente pudieron recuperarse en el Nivel Central de la Fiscalía en Bogotá, debido a que los archivos conservados en la Seccional Pereira habían sido destruidos.
26. Puestas, así las cosas, según la teoría de la Fiscalía el delito de prevaricato por acción se concreta en dos decisiones: i) la orden de interceptación y ii) en los conceptos que la acusada rindió ante los jueces de control de garantías para lograr la legalización del referido acto de investigación.
27. Pues bien, en cuanto a la orden de interceptación del 12 de marzo de 2019, del análisis conjunto de las pruebas que la Fiscalía aportó, la Corte logra establecer, contrario a lo concluido por el Tribunal, que esa determinación sí fue manifiestamente contraria a la ley, por las siguientes razones:
a. Taborda Franco dispuso la restricción de uno de los ámbitos más protegidos por la Constitución e instrumentos internacionales de derechos humanos —la intimidad y la inviolabilidad de las comunicaciones privadas— sin contar con verdaderos motivos fundados.
La interceptación de comunicaciones es una medida excepcional que habilita al Estado para penetrar en la esfera más reservada de la vida de las personas, pero, precisamente, por la intensidad de la afectación que produce sobre derechos fundamentales, el legislador condicionó su procedencia a la existencia de motivos fundados, entendidos no como simples sospechas, intuiciones o apreciaciones subjetivas del funcionario, sino como circunstancias objetivas, verificables y susceptibles de control judicial.
La exigencia responde a una finalidad constitucional concreta: impedir que una medida tan invasiva repose únicamente en lo que el investigador o el fiscal creen. Además, garantiza que la afectación del derecho fundamental a la intimidad encuentre respaldo en elementos fácticos susceptibles de verificación y control posterior por el juez de garantías.
En este caso, la única información con la que la acusada contaba al momento de expedir la orden provenía de una fuente humana no formal que afirmó conocer que unos funcionarios de la Fiscalía suministraban información reservada a un integrante de la organización criminal «Cordillera» conocido como alias «Mofre». Sin embargo, el contenido de la orden evidencia la precariedad de esa información.
La supuesta fuente no explicó cómo obtuvo el conocimiento de los hechos, no precisó cuándo ocurrieron las supuestas conversaciones, no indicó cuántas veces se habrían producido, no señaló los procesos concretos sobre los cuales se suministraba información. Es más, ni siquiera aportó el número telefónico más importante: el de su compañero alias «Mofre».
Es decir, frente a las acusaciones tan graves no describió una sola circunstancia específica de tiempo, modo o lugar que permitiera verificar sus afirmaciones. En realidad, el único dato concreto que rindió fue que los funcionarios de la Fiscalía se comunicaban desde los abonados telefónicos 3146151051 y 3117951695.
b. El artículo 221 de la Ley 906 de 2004 establece que cuando la información proviene de un informante la policía judicial debe suministrar al fiscal la identificación de aquel y exponer de manera concreta las razones que permitan considerarlo confiable. En el presente caso, la constancia del 12 de marzo de 2019 suscrita por Taborda Franco refiere que una persona se presentó con documento de identidad, pero solicitó expresamente que no se dejara constancia de sus datos. En esas condiciones, la identificación de la fuente no quedó registrada en el expediente, ni siquiera bajo reserva.
Ello significa que el requisito del artículo 221 ibidem se incumplió formalmente. En efecto, este caso no se trata de una reserva de datos en el expediente, sino de la inexistencia total de ese dato en cualquier documento. Esa situación hacía imposible el control judicial posterior, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, y convirtió la interceptación en una medida de injerencia de los derechos fundamentales que dependió exclusivamente de la valoración unilateral de quien la ordenó, lo que el ordenamiento constitucional colombiano y los estándares convencionales proscriben.
c. La sentencia C-673 de 2005 señaló que no basta con que el fiscal afirme que el informante es confiable, pues se requieren elementos que permitan valorar directamente esa afirmación. La constancia que obra en el expediente, según la cual Taborda Franco consignó que se entrevistó con la fuente humana no formal y, a su criterio, fue coherente y confiable, es una manifestación subjetiva: no está respaldada en ningún elemento externo y verificable, en ningún historial de confiabilidad de la fuente, ni en ningún acto de corroboración independiente del dicho de la misma persona cuya identidad no quedó registrada.
d. A lo anterior se suma una circunstancia que resulta determinante: la fuente manifestó no conocer a los servidores de la Fiscalía a quienes señalaba, limitándose a indicar que estos se comunicaban con alias «Mofre» a través de los abonados referenciados. Eso significa que la vinculación entre esos dos números específicos y el delito investigado no provenía de un conocimiento directo de la fuente sobre las personas interceptadas, sino de una referencia indirecta que no se contrastó con ningún elemento externo.
La información confidencial no puede ser el fundamento único y directo de una medida restrictiva de derechos fundamentales, su destinatario debe valorar su verosimilitud, credibilidad y suficiencia antes de que pueda servir de base a cualquier actuación que afecte derechos fundamentales.
Cuando la propia fuente admite no conocer a las personas señaladas, ese juicio de suficiencia se torna aún más exigente y en el expediente no existe ningún elemento que lo satisfaga.
e. Hubo ausencia absoluta de corroboración respecto a lo que el informante manifestó. La trascendencia de esta omisión no puede minimizarse. Los fiscales Diego Alejandro Nova Guevara y Andrés González Tamayo, y el investigador Andrés Orlando Córdoba, que comparecieron al juicio, coincidieron en señalar que, para la época de los hechos, previo a orden una interceptación telefónica lo común era establecer la titularidad de los abonados telefónicos.
Ellos explicaron que tales actividades no obedecían a una simple formalidad administrativa, sino a la necesidad de corroborar la información inicial y establecer una conexión objetiva entre las líneas telefónicas y el hecho investigado, debido a la transgresión del derecho fundamental .
Pese a ello, Taborda Franco, quien para entonces se desempeñaba como coordinadora de la URA, era una de las fiscales con más recorrido en la seccional -en palabras de Andrés González Tamayo- y contaba con amplia experiencia como fiscal seccional de indagación, decidió ordenar la interceptación sin adelantar ninguna gestión encaminada a verificar quiénes eran los usuarios de los números suministrados por la fuente.
No consultó bases de datos institucionales, plataformas de identificación telefónica, operadores de telefonía móvil ni acudió a la oficina de talento humano de la Fiscalía, pese a que la propia información recibida indicaba que los posibles involucrados eran funcionarios de la entidad.
Ese dato imponía un especial deber de cautela. No se trataba de ciudadanos indeterminados respecto de quienes resultara imposible obtener información básica de identificación. Por el contrario, la acusada laboraba en la misma seccional a la que pertenecían los potenciales implicados y contaba con mecanismos institucionales para establecer su identidad antes de ordenar la medida.
En consecuencia, la medida se adoptó sin que existiera un solo elemento material probatorio independiente, pese a la posibilidad de obtenerlo. Así, Taborda Franco asumió como cierta la información suministrada por la fuente y prescindió de cualquier actividad de corroboración, de manera que la información de la fuente nunca superó el ámbito de una simple sospecha.
f. Ahora bien, aunque el investigador Carlos Iván Salguero verificó la portabilidad de los abonados antes de su ingreso a la Sala Zeus, ello obedeció exclusivamente a un requisito técnico indispensable para la ejecución de la interceptación, según la explicación que el jefe de dicha dependencia ofreció, pues era necesario establecer la empresa prestadora del servicio de telefonía.
No obstante, de la revisión del informe, por medio del cual Carlos Iván Salguero informó la portabilidad de las líneas telefónicas, la Sala encuentra que ese acto de investigación estuvo orientado a cumplir simplemente un requisito formal, pero mediante el registro de información que no correspondía con lo que la fuente informó. Esto debido a que en aquel documento quedó consignado que los abonados celulares eran de alias «Mofre» y no de funcionarios de la Fiscalía, obsérvese: «Para el abonado 3146151051 utilizado por alias “Mofre” NO se encuentra portado” y “Para el abonado 3117951695 utilizado por alias “Mofre” se encuentra portado, MOVISTAR».
g. Por otro lado, la argumentación en torno a la idoneidad, necesidad y proporcionalidad contenida en la orden de interceptación fue vaga, pues aludió a la gravedad del narcotráfico y a las dificultades del recaudo probatorio frente a organizaciones clandestinas, pero no contiene una sola línea que justifique específicamente por qué esas dos líneas, pertenecientes a esos dos funcionarios de la Fiscalía, debían intervenirse durante 180 días. Una argumentación desvinculada de las circunstancias concretas del caso torna la orden contraria al ordenamiento jurídico.
h. Las múltiples inconsistencias cronológicas y documentales revelan el conocimiento y voluntad de la procesada de proferir una decisión contraria a la ley.
La prueba producida por la propia Fiscalía dejó al descubierto una secuencia documental cronológicamente incoherente, incompatible con el proceso de análisis riguroso que debía preceder la adopción de una medida de semejante impacto sobre derechos fundamentales.
La constancia suscrita por la acusada indica que la entrevista a la fuente la realizó a la 1:00 p.m. del 12 de marzo de 2019. Sin embargo, el formato de fuente no formal registra como hora de elaboración las 2:30 p.m. del mismo día, es decir, una hora y treinta minutos después. De igual manera, el informe ejecutivo aparece recibido a las 2:15 p.m., aunque se elaboró a las 4:30 p.m.
Ello significa que la fiscal certificó haber corroborado una información que en ese momento aún no había sido recogida por el investigador, lo que hace materialmente imposible que la corroboración hubiera ocurrido en los términos descritos en la constancia. A esa misma conclusión conduce el hecho de que el informe ejecutivo del investigador fue recibido por la asistente antes de que el investigador lo hiciera. Un documento no puede recibirse antes de existir.
Las inconsistencias se extienden a la propia solicitud de interceptación. El formato correspondiente fue recibido por el jefe de la Sala Zeus a las 8:45 a.m. del 12 de marzo de 2019, mientras que la orden de interceptación que supuestamente le servía de fundamento se emitió a las 7:00 p.m. de esa misma fecha. Es físicamente imposible que la Sala Zeus hubiera recibido una orden horas antes de que esta fuera emitida y mucho antes de que Taborda Franco entrevistara al informante.
Estas inconsistencias, consideradas aisladamente, podrían atribuirse a errores administrativos o descuidos en la elaboración de los documentos. Sin embargo, valoradas de manera conjunta, revelan que la secuencia procedimental que debía preceder a la orden de interceptación no ocurrió en el orden que la ley exige y que los documentos se construyeron para aparentar que sí.
i. Otro aspecto particularmente revelador radica en la falta de competencia de la acusada para tramitar una investigación por un delito de cohecho propio, pues ella, de acuerdo con la Resolución 0572 de 2017, solo tenía competencia para investigar ilícitos de narcotráfico y conexos a este.
El cohecho propio, tipificado en el artículo 405 del Cp., es un delito contra la administración pública cuya investigación correspondía a una unidad funcionalmente distinta de aquella a la que Taborda Franco pertenecía. Esa incompetencia no era una cuestión de interpretación dudosa: era una regla de asignación clara, contenida en un acto administrativo vigente al momento de los hechos.
La procesada conocía esa regla, pues el mismo 12 de marzo de 2019, prácticamente a la misma hora, abrió el radicado 2019-00236, originado también en información sobre la presunta entrega de información del fiscal Andrés González Tamayo a alias «El Pecoso», y lo remitió de inmediato a los delegados ante el Tribunal Superior reconociendo que ese era el competente.
Si bien, como lo sostiene la defensa, las investigaciones radicadas bajo los números 2019-000236 y 2019-000238 son distintas —pues en la primera la fuente no formal mencionó expresamente al fiscal González Tamayo, mientras que en la segunda únicamente hizo referencia genérica a funcionarios de la entidad sin identificar a ningún fiscal—, el reproche formulado en este asunto no radica en que la procesada hubiera omitido remitir la actuación a sus superiores para el trámite correspondiente respecto de aforados legales. Lo que se cuestiona es que ella, siendo una fiscal de la Unidad Regional de Antinarcóticos, hubiese decidido iniciar en su despacho una investigación por un delito no conexo con esa actividad.
j. La Sala no puede ignorar el contexto en el que se produjo la interceptación.
La prueba practicada permitió establecer que el fiscal Andrés González Tamayo adelantaba una investigación contra el grupo delincuencial «Zombies II» y que dentro de esas actuaciones figuraba como jefe de finanzas Eliana Patricia Aguirre, quien mantenía una relación cercana con la acusada, circunstancia que condujo a que esta se declarara impedida para continuar con la investigación cuando se le reasignó.
La Sala es consciente de que la existencia de dicha relación personal no es, por sí sola, prueba de responsabilidad penal. Sin embargo, sí configura un elemento contextual relevante que adquiere significado cuando se integra con los demás datos acreditados en el juicio.
No puede pasarse por alto que uno de los abonados interceptados correspondía precisamente al fiscal que lideraba la investigación contra la organización criminal en la que aparecía vinculada una persona respecto de la cual la acusada reconoció tener una estrecha relación de amistad. Tampoco resulta irrelevante que dicho funcionario hubiera logrado impactar una parte de la estructura delincuencial y que proyectara dar un nuevo impacto a más tardar en junio de 2019.
A ello se suma que la salida de Andrés González Tamayo de esa investigación y la reasignación del expediente coincidieron temporalmente con el momento en que Taborda Franco dispuso formalmente el cese de las interceptaciones.
28. Es muy claro que ninguno de los elementos expuestos, considerado de manera aislada, resultaría suficiente para estructurar el juicio de responsabilidad. No obstante, la valoración conjunta, integral y contextualizada de la prueba conduce a una conclusión distinta.
La acusada ordenó la interceptación de comunicaciones sin contar con información objetivamente apta para satisfacer el estándar constitucional y legal de los motivos fundados, omitió toda actividad de corroboración del informante pese a su amplia experiencia institucional y al conocimiento especializado que tenía como fiscal coordinadora de la URA, dispuso la intervención de líneas telefónicas sin verificar la identidad de sus titulares, actuó en medio de inconsistencias documentales significativas, desconoció reglas de competencia que ella misma demostró conocer y lo hizo dentro de un contexto que evidenciaba un interés personal respecto de una investigación adelantada por uno de los funcionarios interceptados.
En esas condiciones, la orden de interceptación del 12 de marzo de 2019 no puede entenderse como el resultado de una equivocación jurídica, una simple irregularidad procedimental o una actuación negligente. Por el contrario, la convergencia de todos esos elementos permite concluir que la acusada dispuso una grave afectación del derecho fundamental a la intimidad sin contar con los presupuestos mínimos exigidos por el ordenamiento jurídico, razón por la cual la decisión se apartó de manera ostensible y consciente de las exigencias previstas en los artículos 221 y 235 de la Ley 906 de 2004, configurándose así el delito de prevaricato por acción.
29. Contrario a lo anterior, en lo que respecta a los conceptos emitidos por Taborda Franco ante los jueces de control de garantías, la Sala no encuentra acreditado el delito de prevaricato por acción. La razón es sencilla: la Fiscalía no aportó ningún medio de conocimiento que permitiera reconstruir lo ocurrido en esas diligencias. En particular, no incorporó los registros de las audiencias ni otro elemento probatorio que permitiera establecer cuáles fueron las manifestaciones concretas de la acusada al sustentar la legalidad de las interceptaciones.
Esa omisión probatoria impide a la Corporación conocer el contenido preciso de los argumentos expuestos por la procesada y, por ende, valorar si alguna de sus afirmaciones resultó manifiestamente contraria al ordenamiento jurídico. En esas condiciones, no es posible estructurar el juicio de tipicidad que exige el delito de prevaricato por acción, pues la Sala desconoce el acto concreto que habría materializado la posible ilegalidad. Por tal razón, en este punto la decisión absolutoria adoptada por el Tribunal resulta jurídicamente correcta.
30. Por otro lado, en relación con el delito de falsedad ideológica en documento público, la Fiscalía acusó a Taborda Franco de consignar hechos contrarios a la realidad y callar la verdad en dos documentos: i) en la constancia de entrevista de la fuente no formal del 12 de marzo de 2019 y ii) en la orden de archivo del 31 de marzo de 2020.
31. En relación con el primero de ellos, la Fiscalía sostuvo que la constancia suscrita por la acusada, en la que dejó consignado haberse entrevistado con una fuente humana no formal que le informó que funcionarios de la Fiscalía suministraban información sobre registros, allanamientos y órdenes de captura a alias «Mofre», integrante de la organización «Cordillera», contenía afirmaciones contrarias a la realidad, pues dicha fuente nunca existió.
Sin embargo, durante el juicio la Fiscalía no logró acreditar ese supuesto fáctico. Ninguno de los testigos afirmó que la fuente humana fuera inexistente, que la entrevista jamás hubiera ocurrido o que se tratara de una invención de la acusada. En otras palabras, la hipótesis acusatoria según la cual Taborda Franco documentó una diligencia ficticia careció de respaldo probatorio.
Por tanto, la Sala no encuentra acreditado que la acusada hubiera consignado en la constancia un hecho objetivamente falso. Y aunque dicho documento, por su naturaleza, podría ser examinado desde la perspectiva de la función documentadora o certificadora que ejerce el servidor público, lo cierto es que ese análisis resulta innecesario en el presente asunto, pues la Fiscalía no acreditó el presupuesto básico de la conducta atribuida: la divergencia entre lo consignado y la realidad. Por ello, la decisión del Tribunal de absolver a Taborda Franco por este aspecto de la acusación resulta jurídicamente correcta.
32. En cuanto a la orden de archivo del 31 de marzo de 2020, la situación es muy distinta por varias razones. En primer lugar, porque el documento cuestionado no fue expedido por Taborda Franco en ejercicio de una función certificadora o documentadora de la verdad, sino en cumplimiento de su deber funcional de dirigir la investigación, resolver el asunto sometido a su conocimiento y adoptar una decisión jurídica sobre la procedencia del archivo de la actuación.
En esas condiciones, aun cuando la Fiscalía reprocha que en dicha decisión se hubieran consignado afirmaciones contrarias a la realidad, los hechos descritos no encuadran en el delito de falsedad ideológica en documento público. Como la Sala lo ha precisado en su jurisprudencia, esta conducta exige que la manifestación mendaz se produzca en desarrollo de la función certificadora que el Estado delega en el servidor público.
Así, cuando las afirmaciones se incorporan en una providencia o decisión adoptada en ejercicio de una función jurisdiccional o investigativa, lo que se encuentra en discusión no es la autenticidad de un hecho certificado, sino la legalidad de la decisión sustentada en tales afirmaciones.
No obstante, ello no impide examinar esos mismos hechos desde la perspectiva del delito de prevaricato por acción. La variación de la adecuación típica resulta procedente porque permanece inalterado el núcleo fáctico de la acusación: la expedición de la orden de archivo del 31 de marzo de 2020 y la incorporación en ella de afirmaciones contrarias a la realidad. Tampoco se advierte afectación alguna del derecho de defensa, pues la procesada conoció desde la acusación los hechos que se le atribuían y tuvo plena oportunidad de controvertir las pruebas dirigidas a acreditarlos. Además, el delito de prevaricato por acción prevé una pena inferior a la fijada para la falsedad ideológica en documento público.
Por tanto, corresponde determinar si las afirmaciones incorporadas por Taborda Franco en la orden de archivo fueron utilizadas para sustentar una decisión manifiestamente contraria a la ley.
a. La orden de archivo registró que la indagación 2019-000238 se adelantó por los delitos de concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, y concluyó que procedía su terminación por inexistencia del hecho investigado.
Sin embargo, la noticia criminal que dio origen a la actuación y la orden de interceptación de comunicaciones del 12 de marzo de 2019 indican de manera expresa que la investigación se encontraba orientada a establecer la posible comisión del delito de cohecho propio. Así, la decisión de archivo modificó sustancialmente el objeto jurídico de la actuación, atribuyéndole una naturaleza completamente distinta a la que realmente tenía.
b. El examen detenido de la prueba documental que forma parte del proceso permite conocer que la orden de archivo presentó como indiciado al integrante de la organización «Cordillera» conocido como alias «Mofre», al señalar que «se aportaron por parte de la fuente humana dos abonados celulares, presuntamente utilizados por el indiciado, por lo que se dispuso la interceptación de los mismos». Esa afirmación no se corresponde con la realidad.
Las líneas interceptadas no pertenecían a alias «Mofre», sino a los fiscales Andrés González Tamayo y Diego Alejandro Nova Guevara. Taborda Franco sabía desde la emisión de la orden que los abonados telefónicos interceptados eran de los funcionarios de la Fiscalía, de ahí que la investigación surgió por un delito contra la administración pública.
En esas condiciones, la decisión presentó como destinatario de la medida de interceptación a un integrante de la organización criminal, cuando en realidad esta recayó sobre dos fiscales de la entidad, alterando un aspecto esencial de la actuación y proyectando una realidad procesal distinta de la efectivamente acontecida.
c. De igual manera, la orden consignó que la información que originó la investigación había sido suministrada por «investigadores adscritos al CTI» que pusieron en conocimiento datos obtenidos a través de una fuente humana.
Sin embargo, la actuación demuestra que la noticia criminal no se originó en información obtenida directamente por funcionarios del CTI en desarrollo de actividades investigativas propias, sino en la versión suministrada por una fuente humana no formal que fue presentada a la fiscal por un único investigador y no varios. De esta forma, la decisión alteró el verdadero origen de la información que dio lugar a la actuación.
d. Por otro lado, en el documento cuestionado, Taborda Franco afirmó que las actividades investigativas adelantadas no permitieron establecer la identidad de las personas posiblemente involucradas en los hechos objeto de investigación. No obstante, esa afirmación resulta difícilmente compatible con la prueba practicada en juicio.
En efecto, el jefe de la Sala Zeus explicó de manera detallada el procedimiento administrativo que debía surtirse para que una línea telefónica fuera incorporada al sistema de interceptación. Señaló que, una vez recibidos los formatos F-45 y F-08, la documentación era remitida al nivel central para su autorización y, posteriormente, la orden era asignada al analista con menor carga operativa. Precisó, además, que al inicio de cada interceptación el analista debía comunicarse con el investigador del caso para conocer el objeto de la medida y los aspectos de interés para la investigación.
Según su declaración, dicho procedimiento se cumplió en el presente asunto. Por esa razón, desde el día siguiente al inicio de las interceptaciones tuvo conocimiento de que los abonados intervenidos correspondían a funcionarios de la Fiscalía, información que le fue suministrada directamente por Edison Sánchez, analista encargado del monitoreo de las comunicaciones. Ante esa situación, dijo que le pidió al analista que fuera muy acucioso con la investigación y que lo mantuviera al tanto de lo que ocurriera, pues era la primera vez que los interceptados eran fiscales de la regional.
Así las cosas, resulta llamativo que el analista responsable de la interceptación, el jefe de la dependencia encargada de su ejecución e incluso el investigador de Taborda Franco conocieran tempranamente esa circunstancia, mientras que ella, en calidad de fiscal titular de la actuación, encargada de dirigir la investigación y adoptar las decisiones de fondo, permaneciera completamente ajena a esa situación hasta que decidió archivar la actuación.
A ello se suma que la investigación se prolongó por un período considerable y tuvo como objeto precisamente esclarecer una supuesta filtración de información desde la Fiscalía hacia integrantes de la organización «Cordillera». En ese contexto, la identidad de los posibles involucrados no constituía un aspecto secundario o accesorio de la actuación, sino uno de sus elementos centrales. Por ello, resulta altamente cuestionable que la fiscal afirmara que no había sido posible identificar a las personas involucradas, cuando la propia dinámica de la investigación estaba orientada precisamente a establecer quiénes eran los funcionarios que supuestamente suministraban información a la organización criminal.
33. Como quedó acreditado, Taborda Franco justificó el archivo de la actuación a partir de una reconstrucción de los antecedentes investigativos que no correspondían con la realidad acreditada en el proceso. La investigación se presentó como una actuación por delitos de concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes, cuando había surgido por la posible comisión del delito de cohecho propio; afirmó que los abonados interceptados pertenecían a alias «Mofre», cuando correspondían a dos fiscales de la entidad; alteró el origen de la información que dio lugar a la noticia criminal y sostuvo que no había sido posible identificar a los posibles involucrados, a pesar de los elementos de juicio existentes en la actuación.
La relevancia de estas afirmaciones radica en que no fueron incorporadas en ejercicio de una función certificadora, sino utilizadas como fundamento para sustentar una decisión de fondo. Dicho de otro modo, Taborda Franco no se limitó a archivar una actuación que consideraba inviable, sino que para justificar jurídicamente esa determinación presentó una realidad procesal distinta de la efectivamente acontecida. De esa manera, la motivación de la decisión quedó edificada sobre premisas fácticas incompatibles con los antecedentes de la investigación.
La Sala descarta que se trate de simples errores de reconstrucción o imprecisiones narrativas. La inferencia sobre el dolo surge de la propia posición funcional de la acusada. Fue ella quien recibió la información que dio origen a la noticia criminal, dirigió la investigación desde su inicio, ordenó las interceptaciones, supervisó el desarrollo de la actuación y finalmente dispuso su archivo. En esas condiciones, resulta incompatible sostener que desconocía aspectos esenciales de una actuación que permaneció bajo su dirección durante más de un año.
Por tanto, la Sala concluye que Taborda Franco actuó con conocimiento de la divergencia existente entre los antecedentes reales de la investigación y los fundamentos consignados en la orden de archivo y, pese a ello, decidió incorporarlos para dotar de sustento jurídico a la decisión adoptada. Tal proceder desbordó el margen legítimo de valoración y motivación que le asistía como fiscal y convirtió la providencia en una decisión manifiestamente contraria a la ley, configurándose así el delito de prevaricato por acción.
34. Finalmente, en cuanto al delito de violación ilícita de comunicaciones la Corte no comparte la postura del Tribunal en punto a que este queda subsumido en el punible de prevaricato por acción. Los bienes jurídicos protegidos son autónomos e independientes, mientras este último sanciona la afectación a la recta administración de justicia derivada de una decisión manifiestamente contraria a la ley, aquel protege la inviolabilidad de las comunicaciones privadas y, con ella, el derecho fundamental a la intimidad.
El acceso indebido a la comunicación privada es en sí la conducta que desconoce la intimidad y la reserva que ampara el diálogo entre sus titulares. En consecuencia, el concurso entre los dos delitos es materialmente posible y no compromete el principio de non bis in idem, pues cada tipo tiene un desvalor propio que el otro no agota ni podría agotar.
Esto es así porque la emisión de la orden manifiestamente contraria a la ley configura el delito de prevaricato con independencia de su cumplimiento. Si quien la profiere decide al día siguiente revocarla y evitar su ejecución, el delito ya se habría consumado. Es por ello que el contenido de lesividad del delito de violación ilícita de comunicaciones no queda comprendido en el del prevaricato por acción: cada conducta agota un desvalor propio en un momento distinto y frente a un titular distinto del bien jurídico comprometido. El prevaricato lesiona la administración de justicia y la violación ilícita, en este caso, lesionó la intimidad de Diego Alejandro Nova Guevara y Andrés González Tamayo como personas concretas y determinadas.
Por otro lado, el momento de consumación de los dos delitos es diferente. En este caso, el prevaricato se consumó el 12 de marzo de 2019, cuando Taborda Franco profirió la orden manifiestamente contraria a la ley. La violación ilícita de comunicaciones, en cambio, comenzó a consumarse el 14 de marzo de 2019, cuando las líneas de los dos fiscales ingresaron efectivamente al sistema de monitoreo de la Sala Zeus, y se extendió en el tiempo hasta el 12 de abril de 2019.
Se trata, por tanto, de una conducta de ejecución continuada que inició dos días después de que el prevaricato ya se había perfeccionado, lo que da cuenta que los dos tipos no describen el mismo hecho ni sancionan el mismo momento de la actuación de la acusada. Si se redujera la violación ilícita al prevaricato, quedaría sin sanción autónoma la invasión concreta y prolongada de la intimidad de dos personas.
En este caso, la Sala considera que la conducta de Taborda Franco configura este delito con independencia de la ilegalidad de la orden que precedió las interceptaciones. Ello porque la Fiscalía logró acreditar que la orden del 12 de marzo de 2019 no contaba con motivos fundados, fue proferida por una funcionaria sin competencia para investigar el delito que le servía de sustento y se apoyó en documentos cuya secuencia cronológica resulta materialmente imposible. Una orden que carece de esos presupuestos materiales no convierte en lícita la interceptación que autoriza: simplemente agrega un soporte documental que tampoco es legítimo.
Si bien podría pensarse que la existencia formal de una orden escrita y su posterior legalización por el juez de control de garantías excluyen la ilicitud de la conducta, lo cierto es que la configuración del elemento normativo del tipo «ilicitud» no se determina por la mera existencia de un documento denominado «orden de interceptación», sino por la validez material de esa decisión de acuerdo con presupuestos constitucionales y legales que condicionan su legitimidad.
Admitir lo contrario equivaldría a sostener que cualquier interceptación queda automáticamente amparada por el simple hecho de estar respaldada por un acto formal, incluso cuando este haya sido obtenido contrariando la ley. Una interpretación de esa naturaleza vaciaría de contenido las garantías previstas para la protección de la intimidad y convertiría en lícitas actuaciones que, desde su origen, se encuentran viciadas por una manifiesta ausencia de fundamento convencional, constitucional y legal.
En esas condiciones, la interceptación de las comunicaciones de los fiscales Diego Alejandro Nova Guevara y Andrés González Tamayo entre el 14 de marzo y el 12 de abril de 2019 constituyó una violación ilícita de comunicaciones consumada y probada, atribuible a Taborda Franco. Los cinco DVDs obtenidos en el Nivel Central con 1.585 y 46.942 registros de las líneas interceptadas, y los diez identificadores de audio estipulados por las partes, acreditan que las comunicaciones fueron registradas durante ese período de manera injustificada.
Ahora bien, aunque Alejandro Nova Guevara y Andrés González Tamayo estuvieron interceptados hasta agosto de 2019, lo cierto es que el 12 de abril de 2019 la acusada presentó ante la Sala Zeus el formato de cancelación correspondiente. Ese acto de cancelación está documentado en el expediente y fue confirmado por Humberto Guerrero Gómez, quien afirmó que lo recibió y tramitó ante el Nivel Central en Bogotá. Con ese acto, la acusada suspendió su actuar delictivo.
No obstante, después del 12 de abril de 2019 las líneas de los fiscales referidos permanecieron activas en el sistema de monitoreo hasta el 28 de agosto de 2019. Es decir, 137 días después de la orden de cancelación, según lo declararon ambas víctimas de manera consistente.
Sin embargo, la continuación de las interceptaciones no puede atribuírsele a la acusada, pues la Fiscalía no probó que en las ocurridas con posterioridad al 12 de abril de 2019 ella haya tenido incidencia. No obstante, esta Sala no puede pasar por alto que la persistencia de la interceptación durante más de 130 días adicionales a la orden de cancelación es una circunstancia que reclama una explicación.
El hecho de que una interceptación continúe activa durante más de cuatro meses después de que un juez ordenó su cancelación y de que la fiscal del caso tramitó formalmente ese cese no es un resultado que pueda atribuirse, en principio, a una falla técnica o administrativa. Por esa razón, esta Sala ordenará la expedición de copias a la Fiscalía General de la Nación para que se investigue la responsabilidad de quienes pudieron haber mantenido activa las interceptaciones contra Alejandro Nova Guevara y Andrés González Tamayo con posterioridad al 12 de abril de 2019.
Ahora bien, la acusación solicitó la aplicación del agravante previsto en el inciso 2° del artículo 192 del Cp., que incrementa la pena cuando el autor revela el contenido de la comunicación o la emplea en provecho propio o ajeno o con perjuicio de otro. Como sustento de esa circunstancia, la acusación invocó el hecho de que las interceptaciones fueron «quemadas» y que su contenido fue conocido por el analista Edison Sánchez, el investigador Carlos Iván Salguero y la acusada. Esa fundamentación es insuficiente para configurar el agravante y debe descartarse.
Los verbos rectores del tipo agravado son revelar y emplear; sin embargo, ninguna de las dos conductas se probó durante el juicio. La grabación de los registros de interceptación en DVDs es el procedimiento técnico de preservación de evidencia en cadena de custodia y su propósito es precisamente garantizar la integridad del material obtenido, no divulgarlo. Que el analista, el investigador y la fiscal del caso hayan tenido acceso al contenido tampoco configura el agravante: todos ellos forman parte de la cadena institucional de la interceptación y su acceso al material es inherente a la función que cada uno cumple dentro de ese procedimiento.
La agravante no está concebida para sancionar que quienes ejecutan la interceptación accedan al contenido; por el contrario, está planteada para sancionar que ese contenido sea sacado de esa cadena, revelado o utilizado por fuera de ella.
Lo que podría haber configurado el agravante —y que habría sido el fundamento probatorio adecuado para solicitarlo— es la existencia de prueba que acreditara que Taborda Franco transmitió el contenido de las conversaciones de los fiscales interceptados a Eliana Patricia Aguirre o a cualquier otro tercero, o que utilizó la información obtenida para beneficiar a alguien. Esa prueba no obra en el expediente.
Puestas así las cosas, la Sala revocará la absolución de Taborda Franco por este punible para, en su lugar, condenarla por violación ilícita de comunicaciones, pero en la modalidad simple.
Valoración pruebas de la defensa
35. La Corporación estudió las estipulaciones probatorias, los testimonios y los documentos aducidos al juicio, y el contrainterrogatorio a los testigos. Así, advierte que lo que sucedió, según estas fuentes de información, fue lo siguiente:
a. El 12 de marzo de 2019, Carlos Iván Salguero Zarabanda elaboró una constancia en la que indicó que entrevistó a una fuente humana no formal que manifestó la posibilidad de actos de corrupción de funcionarios de la Fiscalía. Luego, Salguero Zarabanda le informó esa situación tanto a María Eugenia Taborda Franco como a la directora Adriana Alexandra Estrada Hincapié.
b. Estrada Hincapié se comunicó, vía telefónica, con la fuente humana no formal, quien se identificó como Carlos Peña Ramírez. A su turno, Héctor Antonio García Rico, guía de las instalaciones de la Fiscalía ubicadas en la carrera 8 # 42B-50 en Pereira, explicó que Carlos Peña Ramírez lo abordó inicialmente en esa sede, pues iba a denunciar un hurto y a delatar a un expendedor de estupefacientes que le suministraba drogas a su hija.
El investigador privado Bisan Gómez Marín verificó que Carlos Alfonso Peña Ramírez es médico de profesión, residía en el sector Crucero de Combia en Pereira y aparece en bases de datos institucionales como informante.
c. A partir de allí, Annie Lizeth Trejos Isaza recibió el informe ejecutivo del 12 de marzo de 2019. Con ese documento enunciado, aquella se encargó de que se creara la noticia criminal 2019-00238 y de registrarla en el libro de reparto manual que operaba en la URA. Le correspondió a la Fiscal 31 Seccional: el sistema funcionaba por orden «de puertas» entre los tres fiscales que integraban la unidad.
d. Silvia Mónica Marín era la funcionaria de la Oficina de Asignaciones encargada de formalizar el reparto de los procesos, mientras que Juan Carlos Henao, como ingeniero de la dirección de la Fiscalía, era el responsable de manejar el sistema SPOA y realizar técnicamente las asignaciones de las noticias criminales.
e. En los informes del investigador del 12 de marzo y el 8 de abril de 2019 dirigidos a Taborda Franco se describió que el delito investigado en el radicado 2019-00238 era cohecho propio.
Además, el 17 de julio de 2020, Trejos Isaza le informó a Jorge Enrique Álvarez Marín, Procurador 290 Judicial I, que la Fiscalía 31 Seccional de Pereira archivó la investigación 2019-00238 por el delito de cohecho propio, con fundamento en la causal de «inexistencia del hecho».
f. El 10 de abril de 2019, se realizó un comité técnico de seguimiento. La directora seccional de Risaralda convocó la reunión y se integró por seis funcionarios de la Fiscalía: Adriana Alexandra Estrada Hincapié, Paula Andrea Rios, Luz Adriana Cano Rendón, Eduardo Sanabria Pérez, Andrés González Tamayo y María Eugenia Taborda Franco.
En la sesión, Andrés González Tamayo expuso el estado de la investigación 2019-00005 y la identificó como la segunda fase de la organización matriz «Zombies», dedicada al tráfico de estupefacientes. En ese contexto, el expediente se trasladó de la Fiscalía 3° Especializada de Pereira a la URA.
g. El 25 de abril de 2019, el expediente referido salió de la Fiscalía 3° Especializada y, luego del reparto entre los fiscales que hacían parte de la URA, le correspondió a Taborda Franco.
h. El 27 de abril siguiente, Taborda Franco se declaró impedida, pues, en la investigación aludida, estaba vinculada Eliana Patricia Aguirre, su manicurista y con quien tenía una amistad íntima. El 29 de abril de 2019, la directora seccional aceptó el impedimento mediante la Resolución DSF-133. La actuación se reasignó a Socorro Ospina Hoyos, Fiscal 34 URA.
i. El 23 de diciembre de 2020, se destruyó la evidencia del radicado 2019-00238 según el protocolo institucional de descongestión masiva y estuvo a cargo de Guillermo Galvis Trejos y Jorge Humberto Marín Ángel.
j. En 2020, se presentó una denuncia anónima ante la Fiscalía por la posible comisión del delito de utilización indebida de información privilegiada. Ello porque Taborda Franco habría intervenido en un comité técnico para que se le asignara el caso de la estructura criminal «Zombis II» con el fin de favorecer a una amiga.
El 7 de octubre de 2020, el investigador Omar de Jesús Vásquez concluyó que no existió ninguna comunicación ni conexión entre el abonado celular de la fiscal y el de Eliana Patricia Aguirre entre el 1° de febrero y el 30 de abril de 2019.
El 29 de enero de 2021, el Fiscal 3° delegado ante el Tribunal de Pereira ordenó el archivo de la investigación por atipicidad de la conducta.
k. La defensa presentó tres interceptaciones de la línea telefónica 3046325100 realizadas por la Fiscalía en noviembre de 2021 a la procesada. En la del 24 de noviembre de 2021, Taborda Franco y Carlos Iván Salguero sostuvieron una conversación en la que aquella manifestó que ellos habían actuado correctamente y expresó temor por el avance rápido de la investigación penal en su contra.
36. Así la cosas, la defensa planteó un escenario en el que la procesada actuó en cumplimiento de sus deberes: la fuente humana no formal existió, la orden de interceptación estuvo debidamente fundada, el reparto de los procesos al interior de la URA fue transparente, y no existió vínculo entre Taborda Franco y Eliana Patricia Aguirre en el contexto de las investigaciones a organizaciones dedicadas al tráfico de estupefacientes en Pereira. Sin embargo, las pruebas de descargo no desvirtúan el alcance de la prueba incriminatoria. Véase:
a. Para la defensa, se acreditó que la fuente humana no formal era Carlos Alfonso Peña Ramírez y, en ese sentido, la procesada no consignó falsedades ni en la constancia del 12 de marzo de 2019 ni en la orden de archivo del 31 de marzo siguiente. Al respecto, la Corte pone de presente que ese no fue el único asunto que la Fiscalía puso en discusión.
Respecto a la constancia de la entrevista, es cierto que la Fiscalía no acreditó su falsedad. De ahí que no haya discusión en torno a ese hecho jurídicamente relevante.
Ahora, la conclusión es distinta frente a la orden de archivo. El debate en ese escenario no se agotó en establecer si la fuente existió o si informó sobre posibles actos de corrupción cometidos por funcionarios de la Fiscalía. Lo relevante fue que, al disponer el archivo de la actuación 2019-00238, Taborda Franco se apoyó en afirmaciones falsas para sustentar una decisión manifiestamente contraria a la ley.
En efecto, en la orden de archivo se indicó que la investigación se adelantaba por los delitos de concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes, pese a que la noticia criminal y los informes ejecutivos del 12 de marzo de 2019 indicaban expresamente que su objeto era establecer la posible comisión del delito de cohecho propio. También, señaló que las actividades investigativas no permitieron establecer quiénes eran las personas posiblemente involucradas, a pesar de que el analista encargado y el jefe de la Sala Zeus conocían que las líneas telefónicas intervenidas correspondían a funcionarios de la Fiscalía.
En tal virtud, Taborda Franco dirigió la investigación, recibió información que dio origen a la noticia criminal, supervisó la actuación y dispuso su archivo. Desde luego, esa posición funcional permite concluir que conocía los aspectos esenciales de la indagación y que, aun así, decidió sustentar su decisión en unos sucesos y antecedentes que no correspondían a lo que sucedió en la investigación.
Con todo, las pruebas de descargo sobre la existencia de la fuente humana no desvirtúan la prueba incriminatoria relativa a la orden de archivo. El prevaricato por el que se atribuye responsabilidad a Taborda Franco no radica en haber inventado la fuente no formal, sino en alterar conscientemente los antecedentes relevantes de la investigación 2019-00238 y tomar una decisión manifiestamente contraria a la ley.
b. En el presente caso, el defensor desplegó un gran esfuerzo para demostrar que la orden de interceptación estuvo debidamente fundada y que siguió el trámite regular para esos casos hasta el archivo de las diligencias.
Sin embargo, las explicaciones de los testigos de descargo en torno a ese hecho no son fiables. De un lado, el fiscal Víctor Hernández Zuluaga, que hacía parte de la URA, describió el trámite común para verificar la existencia y confiabilidad de la información suministrada por las fuentes humanas, era el siguiente: entrevista personal orientada a comprobar la coherencia de la información, uso de aplicaciones como «IMEI Colombia» y «True Caller», y consulta en la base de datos. Y con razón: las interceptaciones de las comunicaciones son orientadas por la Fiscalía e interfieren derechos fundamentales.
Ahora bien, además de Víctor Hernández, los fiscales e investigadores que comparecieron al juicio como testigos de cargo coincidieron en señalar que, para la época de los hechos, era una práctica común realizar verificaciones preliminares dirigidas a establecer la titularidad de los abonados telefónicos antes de ordenar una interceptación. No obstante, Taborda Franco ordenó esa medida sin adelantar ninguna de las gestiones referidas por aquellos y encaminadas a constatar quiénes utilizaban los números suministrados por la fuente.
De otro lado, la asistente Annie Lizeth Trejos Isaza afirmó que en los informes relacionados con la indagación 2019-00238 era clara la calificación del delito de cohecho propio y, aun así, Taborda Franco asumió la investigación. Sus explicaciones oscilaron entre un continuo «error de digitación» o la posibilidad de que la procesada consideró que estaba relacionada con tráfico de estupefacientes.
Desde luego, llama la atención de la Sala que, en principio, los investigadores del CTI consignaron en sus informes el delito de cohecho propio como calificación jurídica del radicado 2019-00238 y que, en el oficio de notificación de la orden de archivo del 17 de julio de 2020, ese delito fue el que Annie Lizeth Trejos Isaza comunicó al Procurador Judicial. No obstante, como se indicó, Taborda Franco señaló en la orden de archivo que la investigación se había adelantado por la posible comisión de los delitos de concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes.
Así, ninguna de las justificaciones en torno a la discrepancia del delito por el que se adelantó la investigación es una imprecisión menor: revela que Taborda Franco alteró la calificación jurídica del asunto al momento de archivarlo, sustituyendo el cohecho propio (delito que comprometía a funcionarios de la Fiscalía y que era ajeno a la competencia de su unidad) por delitos de estupefacientes que no fueron objeto de investigación en ese radicado.
Entonces, cambió la naturaleza del asunto para hacerlo parecer compatible con la misionalidad de la URA y esa actuación reafirma la tesis acusatoria: una fiscal con más de doce años de experiencia en ese cargo y coordinadora de una unidad especializada no podía propiciar la inobservancia de la normatividad de esa manera.
De este modo, queda claro que estaba investigando a funcionarios de la institución, en los informes se relacionó un delito contra la administración pública, es decir, ajeno a la misionalidad de la URA, no identificó a ningún posible infractor y tampoco realizó ningún acto de investigación adicional con ese fin. A pesar de ello, asumió la investigación penal y ordenó la interceptación de las comunicaciones.
c. Las declaraciones de Annie Lizeth Trejos Isaza y Adriana Alexandra Estrada Hincapié no son contestes. La Sala no discute el mecanismo de asignación de expedientes en la URA: el reparto manual respondía a una necesidad para evitar que los procesos por concierto para delinquir agravado y tráfico de estupefacientes fueran asignados automáticamente a fiscalías especializadas.
No obstante, lo que se cuestiona es que ese sistema, cuyo dominio ostentaba la procesada en su condición de coordinadora, se utilizó como instrumento para que el radicado 2019-00238 permaneciera en su despacho, permitiéndole así ordenar la interceptación de esas líneas.
Sobre este punto, Annie Lizeth afirmó que el libro de reparto lo manejaba la coordinación de la URA, dependencia de la que también hacía parte, y que Taborda Franco tenía conocimiento de los procesos que llegaban a esa unidad. Ese nivel de control sobre el reparto es incompatible con la tesis de la defensa de que el proceso simplemente llegó a su despacho por el azar del turno.
Asimismo, se presenta una contradicción entre los testimonios de Trejos Isaza y Estrada Hincapié respecto al manejo del libro de reparto. Mientras la primera ubicó ese manejo de reparto en la coordinación de la URA, bajo el conocimiento de la procesada; la segunda mencionó a Silvia Mónica Marín y a Juan Carlos Henao como los funcionarios encargados de la asignación formal de los procesos.
Esa diferencia, desde luego, pone de presente que el reparto no se efectuaba de manera externa y ajena al despacho de Taborda Franco, sino como un procedimiento manual en el que ella y su asistente intervenían.
Por ello, la Sala no puede asumir, sin más, que la asignación del radicado 2019-00238 a la Fiscalía 31 Seccional fue el resultado del azar. A estas alturas de la valoración, lo acreditado es que el proceso ingresó a un despacho y a una unidad en la que la procesada ejercía funciones de coordinación, que el reparto se hacía manualmente y que la funcionaria tenía conocimiento de los asuntos que llegaban a la URA.
d. El hecho de que Taborda Franco hubiese tenido una amistad íntima con Eliana Patricia Aguirre hace aún más probable que los hechos hayan sucedido en la forma que se ha indicado, pues denota que la acusada conocía y tenía cercanía con una persona que integraba una organización criminal dedicada al tráfico de estupefacientes y que, posteriormente, fue condenada por ello.
En la misma dirección, hay que tener en cuenta que luego del comité de seguimiento sobre la investigación 2019-00005, en el que se encontraba Taborda Franco, el expediente se trasladó a la URA. El asunto le correspondió justamente al despacho de la procesada y aquella se declaró impedida, por la amistad de hace años con Eliana Patricia Aguirre.
En ese contexto, el hecho de que el investigador Omar de Jesús Vásquez Morales no hubiese encontrado comunicaciones, entre el 1º de febrero y el 30 de abril de 2019, entre el abonado celular de la procesada y el de Eliana Patricia Aguirre, no genera una duda razonable ni acredita una hipótesis explicativa de los hechos distinta a la de la Fiscalía y excluyente de la responsabilidad de la acusada.
La ausencia de registro telefónico en ese período no excluye la existencia del vínculo ni desvirtúa los demás elementos que comprometen su responsabilidad. Así las cosas, se insiste, ese argumento de la defensa no altera el panorama probatorio de la acusación.
e. Si bien el asunto relacionado con el traslado de la investigación contra la organización «Zombies II» a la URA y la utilización de información privilegiada para favorecer a Eliana Patricia Aguirre se investigó en el radicado 660016000058202000341, esa situación no implica una vulneración al non bis in ídem.
Ello es así, porque para la aplicación de ese principio, además de que concurra el mismo sujeto, objeto y causa, se requiere una decisión bajo los efectos de la cosa juzgada y «ese talante, lo podrían comportar la preclusión de la investigación y la sentencia», más no la orden de archivo de las diligencias.
f. La defensa presentó los audios de las interceptaciones correspondientes a las evidencias identificadas con los ID 3758646, 376778, 3738167, 3825465 y 3781011, obtenidos del número de teléfono portado por la acusada. El 30 de junio de 2023, esos elementos se presentaron como prueba común. Así, la defensa de María Eugenia Taborda Franco las descubrió, las enunció y las solicitó.
Ahora, en la audiencia del 31 de marzo de 2025, el Tribunal admitió la incorporación de esas interceptaciones en la que se expuso tres comunicaciones sostenidas por la procesada con otros funcionarios, tales como Carlos Iván Salguero, Víctor Mauricio Hernández Zuluaga y Juan Carlos Henao. En ellas, la procesada advirtió que tenía conocimiento de la existencia de una investigación penal en su contra por interceptar dos líneas telefónicas.
Los números de radicación controvertidos por la Fiscalía corresponden a los IDs de identificación de la evidencia original que contenía los audios recolectados por funcionarios de esa institución. En ese orden, no es cierto que la Sala esté ante una irregularidad procesal: el reclamo de la Fiscalía deviene improcedente, pues los IDs cuestionados se refieren al mismo material de interceptación conocido por las partes desde la audiencia preparatoria.
Además, el defensor ofreció para cada interceptación los documentos y el testimonio del investigador privado Bisan Gómez Marín, quien acreditó el proceso de recolección de la evidencia.
37. En conclusión, la Corte considera que el alcance de las pruebas ofrecidas por la defensa es limitado: no son idóneas para desvirtuar los medios de conocimiento ofrecidos por la Fiscalía. Es decir, no plantean una hipótesis explicativa de los hechos distinta a la aducida por la acusación y excluyente de la responsabilidad de la imputada, y tampoco tienen la fortaleza necesaria para generar una duda razonable.
C. Respuesta a los argumentos de los recurrentes y no recurrentes.
38. Adicionalmente, el apoderado de Andrés González Tamayo formuló varios reparos contra la sentencia proferida por el Tribunal y que están pendientes de pronunciamiento.
a. Puso de presente que uno de los magistrados que integraba la sala de decisión del Tribunal falleció tres días antes del fallo, por lo que la sentencia fue dictada por una sala dual y ello afectó el debido proceso.
A esto la Corte responde que, según el artículo 54 de la Ley 270 de 1996, tratándose de una providencia proferida por un juez colegiado, las decisiones se adoptan por mayoría de sus integrantes. Esto presupone que, integrada la sala de decisión del Tribunal por tres magistrados, la aprobación de la sentencia por dos de ellos satisface la mayoría que la ley exige y descarta cualquier irregularidad en su adopción.
b. Por otra parte, el hecho de que el investigador hubiera recibido los DVDs con el contenido de las interceptaciones no acredita el agravante de la violación ilícita de comunicaciones por parte de la procesada, pues los verbos rectores del tipo agravado son revelar y emplear, ninguno de los cuales se configura con ese hecho.
M. Conclusión
39. La Sala está ante pruebas de cargo que merecen credibilidad y que satisfacen el estándar probatorio requerido para la condena. Además, los argumentos expuestos por la defensa no les restan ningún valor ni credibilidad. En efecto, sus estrategias no alteran ese estado de cosas: no son suficientes para acreditar una hipótesis explicativa de los hechos distinta a la de la Fiscalía y excluyente de la responsabilidad de la acusada, ni plantean una duda razonable que deba resolverse a su favor.
Por el contrario, a partir de las pruebas que ingresaron al debate probatorio, fue posible concluir que María Eugenia Taborda Franco profirió la orden de interceptación del 12 de marzo de 2019 sin motivos fundados. Ello debido a que no corroboró la información suministrada por la fuente, no verificó la identidad de los titulares de las líneas y se apartó del sentido de la normatividad aplicable a esos casos en la investigación 2019-00238.
Por lo anterior, la Fiscalía acreditó su responsabilidad por el delito de prevaricato por acción respecto de la decisión aludida. Sin embargo, no demostró ese delito respecto a las manifestaciones rendidas por la procesada ante los jueces de control de garantías, pues no incorporó los registros de las audiencias ni otro medio de prueba que permita establecer su contenido concreto.
En cuanto a la falsedad en documento público, la Fiscalía acusó a Taborda Franco por consignar falsedades respecto de dos documentos: la constancia de entrevista del 12 de marzo de 2019 y la orden de archivo del 31 de marzo de 2020.
Respecto de la primera, la Fiscalía no acreditó el supuesto fáctico que sustentaba la acusación, pues no probó que la acusada hubiera consignado en ese documento un hecho objetivamente falso. En cambio, respecto de la orden de archivo sí se acreditó que la decisión se proyectó sobre afirmaciones contrarias a la realidad; no obstante, ese documento no fue expedido por Taborda Franco en ejercicio de una función certificadora o documentadora de la verdad, sino en cumplimiento de su deber funcional de resolver el asunto sometido a su conocimiento. Por ello, las afirmaciones mendaces incorporadas en la decisión en cuestión no configuran falsedad ideológica en documento público, sino prevaricato por acción, por aplicación del principio de consunción.
Finalmente, la Fiscalía acreditó que la acusada afectó la inviolabilidad de las comunicaciones privadas y, desde luego, configuró el delito de violación ilícita de comunicaciones en su modalidad simple, toda vez que ordenó y permitió la interceptación de dos líneas telefónicas sin que mediara una orden constitucionalmente válida.
Así las cosas, la Sala declarará la responsabilidad de Taborda Franco por los delitos de prevaricato por acción en concurso homogéneo y sucesivo, y de violación ilícita de comunicaciones en su modalidad simple.
En ese contexto, mantendrá la absolución frente a los conceptos rendidos ante los jueces de control de garantías, de la falsedad atribuida a la constancia de entrevista y de la circunstancia de agravación imputada en relación con la violación ilícita de comunicaciones.
N. Individualización de las penas, sanciones accesorias, sustitutos de la prisión y orden de captura.
1. Individualización de las penas
40. Comoquiera que Taborda Franco fue declarada responsable de dos delitos de prevaricato por acción y uno de violación ilícita de comunicaciones, corresponde a la Corte individualizar la pena respecto de cada una de ellas, de acuerdo con los criterios previstos en los artículos 60 y 61 del Cp. Para tal efecto, los respectivos ámbitos de movilidad punitiva se representan de la siguiente manera:
i) Prevaricato por acción (artículo 413 del Cp.): pena de prisión de 48 a 144 meses, multa de 66.66 a 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 80 a 144 meses.
Ámbito de Movilidad
Cuarto Mínimo
Cuartos Medios
Cuarto Máximo
Prisión
(24 meses)
48 a 72
meses
72 meses y 1 día a 96 meses
96 meses y 1 día a 120 meses
120 meses y 1 día a 144 meses
Multa
(58.995 smlmv)
66.66 a 124.995
124.996 a 183.33
183.34 a 241.665
241.666 a 300
Inhabilidad
(16 meses)
80 a 96 meses
96 meses y 1 día a 112 meses
112 meses y 1 día a 128 meses
128 meses y 1 día a 144 meses
ii) Violación ilícita de comunicaciones (artículo 192 del Cp.): pena de prisión de 16 a 54 meses de prisión.
Ámbito de Movilidad
Cuarto Mínimo
Cuartos Medios
Cuarto Máximo
Prisión (9 meses y 15 días)
16 meses a 25 meses y 15 días
25 meses y 16 días a 34 meses y 30 días
35 meses a 44 meses y 15 días
44 meses y 16 días a 54 meses
41. Si bien en la formulación de imputación y en el escrito de acusación la Fiscalía atribuyó circunstancias de mayor punibilidad, el ámbito de movilidad para cada una de las conductas punibles corresponde al primer cuarto, habida consideración de que la circunstancia de coparticipación no se acreditó durante el juicio oral.
Ahora bien, de acuerdo con el inciso 3° del artículo 61 del Cp., una vez establecido el cuarto dentro del cual debe individualizarse la sanción, el juzgador debe ponderar, entre otros aspectos, la mayor o menor gravedad de la conducta, el daño real o potencial creado, la naturaleza de las circunstancias que agraven o atenúen la punibilidad, la intensidad del dolo y la necesidad y función de la pena en el caso concreto.
La Corte considera justo fijar las sanciones en el límite inferior del primer cuarto previsto para cada una de las conductas punibles. En efecto, no se acreditaron circunstancias que permitan predicar una especial intensidad del dolo ni una gravedad superior a la inherente a los tipos penales realizados. Del mismo modo, aunque los comportamientos afectaron bienes jurídicos diversos y relevantes, como la administración pública y la intimidad personal, no se demostraron consecuencias lesivas adicionales que justifiquen un incremento dentro del ámbito de movilidad seleccionado.
En consecuencia, las penas individualmente consideradas corresponden a 48 meses de prisión, multa de 66.66 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 80 meses por el delito de prevaricato por acción, y a 16 meses de prisión por el delito de violación ilícita de comunicaciones.
Establecidas las penas correspondientes a cada uno de los delitos concurrentes, la Corte debe aplicar las reglas previstas en el artículo 31 del Cp. Según dicha disposición, cuando varias conductas punibles concurren en una misma actuación, el autor queda sometido a la pena prevista para el delito más grave, aumentada hasta en otro tanto, sin que pueda superar la suma aritmética de las sanciones individualmente dosificadas. Asimismo, cuando alguno de los delitos concurrentes contemple consecuencias jurídicas distintas de las previstas para la conducta base, estas deberán incorporarse a la tasación punitiva final.
En el presente asunto, la conducta que tiene la pena más severa es el prevaricato por acción, cuya pena se fija en 48 meses de prisión, 66.66 salarios mínimos de multa y 80 meses de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas. A partir de esta pena base debe efectuarse el incremento derivado de las restantes conductas concurrentes.
42. La Corte considera proporcionado incrementar la pena base en 12 meses de prisión, 16.66 salarios mínimos legales mensuales vigentes de multa y 20 meses de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por razón del segundo delito de prevaricato por acción, así como en 10 meses de prisión e inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el delito de violación ilícita de comunicaciones.
En consecuencia, la pena definitiva a imponer a Taborda Franco será de 70 meses de prisión, 83.32 salarios mínimos legales mensuales vigentes de multa e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 110 meses.
Las sanciones así impuestas respetan los límites previstos en el artículo 31 del Código Penal y no superan la suma aritmética de las penas individualmente consideradas.
2. De los mecanismos sustitutivos de la prisión
43. El inciso segundo del artículo 68A del Código Penal, modificado por el artículo 32 de la Ley 1709 de 2014, excluye la concesión de beneficios y subrogados penales, entre otros eventos, cuando la condena recae por delitos contra la administración pública o por el punible de violación ilícita de comunicaciones. Comoquiera que en este asunto la procesada fue declarada responsable de los delitos de prevaricato por acción y violación ilícita de comunicaciones, no hay lugar al reconocimiento de mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad ni de beneficios penales.
Bajo tal perspectiva, por expresa prohibición legal no resulta viable conceder ningún subrogado o sustituto punitivo. Por ese motivo, María Eugenia Taborda Franco deberá cumplir la pena impuesta en establecimiento de reclusión.
3. De la orden de captura
44. El artículo 450 de la Ley 906 de 2004 señala que «si al momento de anunciar el sentido del fallo el acusado declarado culpable no se hallare detenido, el juez podrá disponer que continúe en libertad hasta el momento de dictar sentencia». Asimismo, el inciso 2º de dicha norma establece que «si la detención es necesaria, de conformidad con las normas de este código, el juez la ordenará y librará inmediatamente la orden de encarcelamiento».
La Corte Constitucional recientemente señaló que en los eventos en los que el juez penal decida que es necesario ordenar la captura inmediata del acusado declarado culpable, bien sea con el anuncio del sentido del fallo o en la sentencia escrita, tiene el deber de motivar la decisión y analizar, no sólo la procedencia o no de subrogados penales, sino circunstancias específicas del caso, como el arraigo social del procesado, su comportamiento durante el proceso y el quantum punitivo al que está expuesto «Cfr. CC. SU-220-2024».
En este caso, por prohibición legal, no resulta viable conceder ningún beneficio carcelario, por lo cual, María Eugenia Taborda Franco debe cumplir la pena impuesta en establecimiento de reclusión. No obstante, la Corte no advierte la necesidad de disponer su captura inmediata, motivo por el cual la respectiva orden deberá librarse una vez la sentencia quede ejecutoriada. Cumplida la captura, la procesada deberá ser puesta de inmediato a disposición del Tribunal Superior de Pereira.
VII. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
Primero: Confirmar parcialmente la sentencia del 15 de agosto de 2025 proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Pereira, únicamente en cuanto absolvió a María Eugenia Taborda Franco por el delito de falsedad ideológica en documento público atribuido a la constancia suscrita el 12 de marzo de 2019, y por el delito de prevaricato por acción atribuido a las solicitudes de legalización de las interceptaciones de comunicaciones presentadas ante los jueces de control de garantías los días 9 y 12 de abril de 2019.
Segundo: Rechazar la apelación interpuesta por Alejandro Nova Guevara, en calidad de víctima.
Tercero: Revocar parcialmente la sentencia del 15 de agosto de 2025 proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Pereira, en cuanto absolvió a María Eugenia Taborda Franco por el delito de prevaricato por acción atribuido a la orden de interceptación del 12 de marzo de 2019, por el delito de falsedad ideológica en documento público atribuido a la orden de archivo del 31 de marzo de 2020, y por el delito de violación ilícita de comunicaciones.
Cuarto: Condenar a María Eugenia Taborda Franco, como autora responsable de los delitos de prevaricato por acción —en concurso homogéneo y sucesivo respecto de la orden de interceptación del 12 de marzo de 2019 y de la orden de archivo del 31 de marzo de 2020— y de violación ilícita de comunicaciones en su modalidad simple, a las penas de 70 meses de prisión, 83.32 salarios mínimos legales mensuales vigentes de multa y 110 meses de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas.
Quinto: Negar por expresa prohibición legal, a María Eugenia Taborda Franco, la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria.
Librar orden de captura una vez ejecutoriada esta decisión.
Sexto: Compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación para que investigue las circunstancias en que las líneas telefónicas de los fiscales Diego Alejandro Nova Guevara y Andrés González Tamayo permanecieron activas en el sistema de monitoreo con posterioridad al 12 de abril de 2019, no obstante existir orden judicial de cancelación desde esa fecha, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Séptimo: Advertir que, por haberse condenado a María Eugenia Taborda Franco, por primera vez, está en posibilidad de activar el mecanismo especial de impugnación previsto en el Acto Legislativo 01 de 2018.
Octavo: Librar por la Secretaría de la Sala de Casación Penal, las comunicaciones pertinentes.
Esta decisión se notifica en estrados. En contra ella procede el mecanismo de impugnación especial.
Notifíquese y cúmplase.
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