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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Penal

Sentencia SP640-2026(60734)

Año
2026

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SP640-2026(60734)

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Penal

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: NEGAR las solicitudes de nulidad de la actuación procesal. SEGUNDO: CONFIRMAR la condena proferida en contra de VÍCTOR MANUEL BRAVO RODRÍGUEZ, en sentencia proferida el 9 de julio de 2021 por el Tribunal Superior de Villavicencio. TERCERO: INFORMAR que en contra de esta decisión no procede recurso alguno. CUARTO: ORDENAR la devolución de las diligencias al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Penal

Sentencia SP640-2026(60734)

GERARDO BARBOSA CASTILLO

Magistrado Ponente

SP640-2026

Impugnación Especial n.º 60734

Acta n.º 214

Bogotá, D.C., primero (1º) de julio de dos mil veintiséis (2026).

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve el recurso de impugnación especial presentado por la defensa técnica de VÍCTOR MANUEL BRAVO RODRÍGUEZ, en contra de la sentencia proferida el 9 de julio de 2021 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, mediante la cual se condenó por primera vez al procesado como autor del delito de fraude procesal.

ANTECEDENTES RELEVANTES

Fácticos

En lo que respecta a los delitos de falsedad en documento privado y fraude procesal, el abogado VÍCTOR MANUEL BRAVO RODRÍGUEZ en el año 2008 representó en un trámite de separación y disolución de sociedad conyugal a la denunciante Martha Patricia Ramírez Bonilla, en el que finalmente se le entregaron unos cheques girados a favor de su cliente por valor de $900.000.000, correspondientes a la venta de un predio denominado Tierra Prometida.

Luego de que el abogado BRAVO RODRÍGUEZ le recomendara a Ramírez Bonilla la inversión de dinero en bienes raíces, el 2 de julio de 2009 se falsificó la firma de la denunciante en un poder y un contrato de cesión de derechos de crédito para hacerse copropietario en la adjudicación de un inmueble denominado Yarima 4, ubicado en la vereda Tillaba del municipio de Puerto Gaitán, Meta.

Los documentos espurios fueron utilizados en la misma fecha dentro del proceso ejecutivo No. 1991-01009 que cursaba en el Juzgado 4º Civil del Circuito de Bogotá, para obtener por remate la adjudicación conjunta de dicho predio.

La denunciante tuvo conocimiento de la situación real del inmueble en el año 2012.

Procesales

El 14 de julio de 2015, ante el Juzgado 2º Promiscuo Municipal de Puerto López, se realizó la audiencia de formulación de imputación en la que se atribuyó a VÍCTOR MANUEL BRAVO RODRÍGUEZ la autoría de los delitos de estafa, fraude procesal y falsedad en documento privado. El imputado no aceptó los cargos.

El 11 de septiembre de 2015 la fiscalía radicó el escrito de acusación en los mismos términos de la imputación. El 14 de marzo de 2016, ante el Juzgado 1º Promiscuo del Circuito de Puerto López, se realizó la correspondiente audiencia de formulación de acusación.

El 17 de noviembre de 2016 se llevó a cabo la audiencia preparatoria. La audiencia de juicio oral se realizó en varias sesiones entre el 9 de octubre de 2017 y el 15 de octubre de 2019. En esta última fecha se presentaron los alegatos de conclusión y se anunció el sentido absolutorio del fallo.

El 14 de noviembre de 2019 se realizó la audiencia de lectura de sentencia de primera instancia. La fiscalía y el apoderado de la víctima impugnaron la decisión mediante el recurso ordinario de apelación.

El 9 de julio de 2021, el Tribunal Superior de Villavicencio revocó parcialmente la sentencia apelada y condenó por primera vez a VÍCTOR MANUEL BRAVO RODRÍGUEZ como autor del delito de fraude procesal, al cumplimiento de una pena de 78 meses de prisión, multa de 260 salarios mínimos legales mensuales e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de 66 meses.

El Tribunal negó la suspensión condicional de la ejecución de la pena, concedió la prisión domiciliaria, ordenó la cancelación definitiva de la anotación no 10 del certificado de tradición 234-6407 y declaró la extinción de la acción penal por prescripción respecto del delito de falsedad en documento privado.

La audiencia de lectura de fallo se llevó a cabo el 15 de julio de 2021. En contra de esta decisión la defensa técnica interpuso y sustentó oportunamente el recurso de impugnación especial. El apoderado de la víctima intervino como no recurrente.

2.3. Sentencia absolutoria en primera instancia

El Juzgado 1º Promiscuo del Circuito de Puerto López, absolvió al procesado por todos los delitos objeto de acusación, con fundamento en la existencia de dudas probatorias que le impedían alcanzar el conocimiento necesario para condenar.

En síntesis, consideró que los medios de prueba incorporados al proceso no son suficientes para derruir la presunción de inocencia que le asiste al procesado, pues, al interior de este asunto primó siempre la duda sobre: (i) si VÍCTOR realmente concurrió a la firma y utilización del documento fraudulento y (ii) si VÍCTOR conocía que se trataba de documentos falsos y tuvo intención de hacer uso de ellos para beneficiarse.

En su criterio, estos elementos se quedaron en el ámbito de la especulación y no tuvieron comprobación suficiente para emitir sentencia condenatoria, motivo por el cual concluyó que no le quedaba un camino diferente al de absolver al procesado.

Sin embargo, bajo la consideración de que en el proceso quedó evidenciada la comisión de conductas punibles por parte de terceras personas, «este despacho judicial ordena que se remitan copias de la presente decisión con destino a la Fiscalía General de la Nación para que, si lo considera pertinente, proceda a investigar las acciones delictivas en que pudo incurrir la señora Karen Cristina Mejía, así como los servidores judiciales que, para el año 2009 se desempeñaban en el Juzgado 1º Civil del Circuito de Bogotá».

2.4. Sentencia condenatoria en segunda instancia

El Tribunal Superior de Villavicencio confirmó la absolución por el delito de estafa, declaró la prescripción de la acción penal del delito de falsedad en documento privado y revocó la absolución por el delito de fraude procesal.

En lo que respecta al delito de estafa, consideró que ninguno de los comportamientos ejecutados, esto es, la entrega de los títulos valores y la utilización de los documentos falsos para el logro de la decisión judicial, encuadran en la descripción típica del delito de estafa.

En primer lugar, porque no aparece concretado en la acusación el ardid o el error en que se hizo incurrir a la denunciante, ni se acreditó el mismo, además de que en esta fase de los hechos no hubo provecho ilícito alguno dado que los títulos o el contenido de los mismos se utilizaron para hacer las propuestas dentro del referido proceso y abrir una cuenta bancaria a la denunciante.

Y en según lugar, porque para el logro de las resultas del proceso no se mantuvo en error a la denunciante, quien además desconocía lo que ocurría dentro del proceso, ni fue esta quien voluntariamente se despojó del bien en cuestión; el sujeto pasivo del engaño fue el juez quien finalmente con base en documentos falsos adjudicó el bien.

Entonces, siendo esencial de la estafa el empleo de artificios o engaños sobre la víctima, que ésta incurra en un error como consecuencia directa de la maniobra engañosa y que como efecto de la treta el afectado voluntariamente se desprenda de su patrimonio o de parte de éste; concluyó que, al no estar probados estos aspectos, no era posible deducir la tipicidad objetiva y confirmó la sentencia absolutoria.

En lo que respecta al delito de fraude procesal, destacó que se acreditó que el poder especial y el contrato de cesión de derechos de crédito son falsos, toda vez que las firmas y las huellas que figuran en esos documentos corresponden a Karen Cristina Mejía, quien era la secretaria del abogado VÍCTOR BRAVO RODRÍGUEZ para la época de su suscripción.

También se demostró que estos documentos espurios fueron utilizados por el acusado dentro del proceso ejecutivo No. 1991-01009, que cursó en el Juzgado 4º Civil del Circuito de Bogotá, con la finalidad de lograr la adjudicación por orden judicial del 50% del predio Yarima 4. Es decir, tanto el poder como el contrato de cesión de derechos de crédito falsificados por Mejía Rodríguez, secretaria del acusado, fueron introducidos al tráfico jurídico al ser radicados en el Juzgado Civil para hacer incurrir en error al funcionario judicial.

La clara intención de inducir en error a un funcionario judicial se sustenta en que, al radicar los documentos apócrifos en el que figuraba como cesionario del 50% del inmueble Yarima 4, indudablemente iba a lograr, como en efecto ocurrió, que el juez le adjudicara la mitad del predio en calidad de propietario.

En lo que respecta al conocimiento sobre la intervención del acusado en la actividad delincuencial, destacó una serie de hechos debidamente acreditados, como el beneficio estructurante del móvil para delinquir; la persona que falsificó los documentos era su secretaria personal; BRAVO RODRÍGUEZ era la única persona beneficiada con la falsificación y el uso de los documentos; y, como si fuera poco, el acusado se enteró de la falsedad de las firmas y no hizo nada para corregir el error, ni denunció a su asistente, aun a sabiendas de la gravedad del delito, lo que constituye un indicio de manifestación posterior o actitud sospechosa.

Concluyó la Sala que el procesado sabía que la firma plasmada en el poder especial y el contrato de cesión de derechos no correspondía a la de su cliente, o sea, que eran falsos y sin embargo los introdujo en el tráfico jurídico e indujo en error al Juez 4º Civil del Circuito de Bogotá, obteniendo una decisión favorable a sus intereses.

Con esas consideraciones, entre otras, se resolvió revocar parcialmente el fallo impugnado para condenar a VÍCTOR MANUEL BRAVO RODRÍGUEZ como autor del delito de fraude procesal.

IMPUGNACIÓN ESPECIAL

El impugnante formula en contra de la sentencia de segunda instancia, tres alegaciones de nulidad y una por defectos de apreciación y valoración probatoria.

En lo que respecta a la nulidad, la defensa propone la extinción de la acción penal por prescripción; la indebida estructuración de los hechos jurídicamente relevantes y la vulneración del derecho de defensa; y el desconocimiento del debido proceso y el derecho de contradicción, al cercenarse al procesado la posibilidad de interponer el recurso extraordinario de casación.

En lo relacionado con la apreciación probatoria contenida en la sentencia, el recurrente identificó dos errores que considera relevantes: el primero referido al testimonio de Karen Cristina Mejía, sobre la fecha en la que ésta dijo haber firmado los documentos en nombre de Martha Patricia Ramírez Bonilla; y el segundo referido al testimonio de Hernando Villalba Herrera, sobre el supuesto conocimiento que tenía el procesado de que los documentos habían sido firmados por su asistente y no por su poderdante.

En lo relacionado con la valoración probatoria, el recurrente se ocupa de sustentar: los elementos probatorios que evidencian que la denunciante sabía de su condición de copropietaria del inmueble Yarima 4; la refutación de que el procesado era la única persona beneficiada con la falsedad y el fraude procesal; y finalmente, en qué momento se enteró el procesado de que su secretaria había firmado y estampado la huella dactilar sobre los documentos radicados en el Juzgado 4º Civil del Circuito de Bogotá.

Solicita que se revoque la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Superior de Villavicencio y que, en consecuencia, se profiera un fallo absolutorio a favor de su representado.

INTERVENCIÓN DE NO RECURRENTES

El apoderado de la víctima, como no recurrente, manifiesta su oposición a las pretensiones de la defensa técnica.

En su orden expone que: la acción penal del delito de fraude procesal no se encuentra prescrita porque la sentencia se profirió el 9 de julio de 2021 y no el 15 de julio siguiente; y, durante el curso procesal, ni la defensa ni el procesado, advirtieron yerros o falencias en los actos de imputación y acusación, nunca se presentó objeción u observación sobre los hechos jurídicamente relevantes estructurados por la fiscalía.

A continuación, presenta su valoración probatoria, con la que considera que está suficientemente acreditada la ocurrencia de los delitos de falsedad en documento privado y fraude procesal, así como la responsabilidad penal del acusado. Por ende, solicita que se confirme el fallo de segunda instancia.

V. CONSIDERACIONES DE LA CORTE

5.1. Competencia

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia es competente para conocer de la impugnación especial presentada por la defensa técnica de VÍCTOR MANUEL BRAVO RODRÍGUEZ, conforme a lo dispuesto en el numeral 7º del artículo 235 de la Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo 01 de 2018 y las directrices plasmadas en el auto AP1263 del 3 de abril de 2019, dentro del radicado 54215.

Esta competencia se ejercerá con estricto respeto del principio de limitación, que la habilita para pronunciarse sobre los puntos objeto de inconformidad del recurrente y lo inescindiblemente relacionado con ellos, así como la proscripción de la reforma en perjuicio del procesado cuando es apelante o recurrente único.

5.2. Delimitación del debate

La Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio concluyó que, de acuerdo con las pruebas practicadas en la audiencia de juicio oral, el acusado es autor del delito de fraude procesal. En contra de esta conclusión, los planteamientos del impugnante se refieren a unas circunstancias que en su criterio invalidan la actuación y a la ausencia de la prueba necesaria para condenar.

Le corresponde a esta Sala definir: (i) si se presentaron circunstancias que justifiquen la anulación total o parcial de la actuación procesal; (ii) si de conformidad con los hechos objeto de acusación y las pruebas practicadas en la audiencia de juicio oral, concurren los presupuestos necesarios para confirmar la declaratoria de responsabilidad penal del acusado o si, por el contrario, lo procedente es su revocatoria.

5.3. Sobre las solicitudes de invalidación de la actuación procesal

El impugnante formula tres planteamientos que, de prosperar, generarían la invalidación total o parcial de la actuación procesal. Se refiere a la extinción de la acción penal por prescripción; la indebida estructuración de los hechos jurídicamente relevantes y la vulneración del derecho de defensa; y el desconocimiento del debido proceso y el derecho de contradicción, al cercenarse al procesado la posibilidad de interponer el recurso extraordinario de casación; veamos:

5.3.1. Extinción de la acción penal por prescripción

El Tribunal confirmó la decisión absolutoria por el delito de estafa y declaró la prescripción de la acción penal del delito de falsedad en documento privado. Condenó por primera vez al acusado por el delito de fraude procesal, únicamente.

Como la audiencia de formulación de imputación se realizó el 14 de julio de 2015 y el delito de fraude procesal tiene una pena máxima legal de 12 años de prisión, el recurrente considera que la acción penal se extinguió justo antes de la audiencia de lectura de fallo.

El artículo 86 de la Ley 599 de 2000, establece que el término de prescripción se interrumpe con la formulación de imputación y se reanuda por un término equivalente a la mitad del previsto en el artículo 83 ídem, sin que pueda ser inferior a 3 años (por lo previsto en el artículo 292 de la Ley 906 de 2004), ni superior a 10 años (salvo puntuales excepciones).

Así, el impugnante plantea que desde el 14 de julio de 2015 (fecha en la que se realizó la imputación de cargos por el delito de fraude procesal), hasta el 15 de julio de 2021 (fecha en la que se realizó la audiencia de lectura de fallo en el Tribunal), transcurrieron 6 años y 1 día, excediéndose el término máximo de 6 años que tenía el Estado para proferir la sentencia en segunda instancia, conforme lo previsto en el artículo 189 de la Ley 906 de 2004.

Se evidencia que el recurrente entiende que el conteo del término de prescripción durante la etapa procesal comienza con la formulación de imputación (lo que es correcto), pero que solo se interrumpe con la realización de la audiencia de lectura de fallo en segunda instancia y no con su aprobación en la respectiva sala de decisión (lo que es equivocado).

Sin embargo, el recurrente conoce que su planteamiento no corresponde al ordenamiento jurídico vigente, pues está al tanto del precedente CSJ SP, 14 ago. 2012, rad. 38467, en el que la Sala en un caso similar «fijo su criterio sobre lo que ha de entenderse jurídicamente por proferimiento del fallo de segundo grado», por lo que «con la mera suscripción del acta de la decisión de la Sala se interrumpe nuevamente el término de prescripción, según lo dispone el artículo 189 de la Ley 906 de 2004».

Entonces, la defensa es consciente de la improcedencia de su solicitud, solo que propone que se revalúe dicho criterio jurisprudencial con fundamento en lo dispuesto en la sentencia C-641 del 13 de agosto de 2002, en la que se consideró que «los efectos jurídicos de las providencias se surten a partir de su notificación».

El recurrente conoce también que en dicha sentencia de constitucionalidad se analizó el artículo 187 de la Ley 600 de 2000 y no el 189 de la Ley 906 de 2004; pero, además, que en el precedente CSJ SP, 14 ago. 2012, rad. 38467, la Sala se refirió al principio de publicidad precisando que «no es válido afirmar que la tesis que aquí se consigna atenta contra el derecho de publicidad, porque ya se vio, este se privilegia en el momento mismo de la lectura, a partir de la cual se activa la posibilidad de interponer recursos en la medida que la providencia lo admita, lo cual desde luego no es óbice para pregonar que la decisión ya se profirió».

No obstante, considera que esa referencia dista mucho de contener un abordaje integral sobre la fuerza vinculante de la sentencia C-641/2002, por lo que propone una revaluación de la línea jurisprudencial de la Sala de Casación Penal, en la que se exija «un mínimo de publicidad que dote de legitimidad a todos los efectos jurídicos que se derivan de la sentencia de segunda instancia».

La postura del impugnante se enfrenta a la jurisprudencia consolidada de esta Sala que, incluso con posterioridad a la providencia citada, ha reiterado que al dictarse sentencia de segunda instancia en procesos regidos por la Ley 906 de 2004, se suspende el término de prescripción penal por 5 años, conforme a lo establecido en el artículo 189 del Código de Procedimiento Penal (CSJ AP1942-2021, radicado 58403; CSJ SP126-2024, radicado 61317; CSJ AP3403-2024, radicado 62466). Y esa suspensión del término de prescripción opera con la emisión de la sentencia de segunda instancia y no con su lectura (CSJ SP975, 17 mar. 2021, rad. 58210).

Sobre esta misma postura, en la decisión CSJ AP2034-2022, rad. 56205, se destacó que «la Sala de manera pacífica y reiterada ha señalado que las decisiones de segunda instancia, de conformidad con el artículo 179 de la Ley 906 de 2004, no se entienden proferidas el día en que se les da lectura, sino en la fecha en la que son adoptadas por el respectivo cuerpo colegiado; de modo que, es a partir de ese instante que se produce la suspensión del término de prescripción a la cual se refiere el artículo 189 ibidem» (CSJ SP, 14 ago. 2012, rad. 38467, reiterada en CSJ AP6453-2017, rad. 50477; CSJ SP1272-2018, rad. 48589; CSJ AP2919-2018, rad. 51572; CSJ AP3149-2018, rad. 51619, CSJ SP4649-2020, rad. 56451; CSJ SP975-2021, rad. 58210; CSJ SP1274-2021, rad. 54442; CSJ AP3403-2024, rad. 62466, entre muchas otras).

El argumento ofrecido por el recurrente sobre la adaptación del criterio de la Sala a la sentencia C-641/2002, no resulta de recibo porque, precisamente, la Corte Constitucional en sentencia SU-214 de 2023, consideró que la postura de esta Sala se aviene a la Constitución y que «se entiende que el periodo en el que transcurre el término de los cinco años, debe contabilizarse desde que se dicta la sentencia de segunda instancia, esto es, desde el día en que se adopta la providencia -no desde que se le da lectura-, momento a partir del cual es inmodificable dicha decisión».

De este modo, es claro que lo alegado por el recurrente carece de la fortaleza argumentativa para generar algún tipo de modificación en la consolidada línea jurisprudencial de la Sala, acogida en la jurisprudencia de la Corte Constitucional mediante la citada sentencia de unificación.

Entonces, el artículo 83 del Código Penal prevé que la acción penal prescribe en un tiempo igual al máximo de la pena fijada en la ley, si fuere privativa de la libertad, sin que en ningún caso sea inferior a cinco (5) años ni exceda de veinte (20).

El artículo 86 C.P., modificado por la Ley 890 de 2004, dispone que la prescripción se interrumpe con la formulación de la imputación. Lo mismo se establece en el artículo 292 de la Ley 906 de 2004, disposición que agrega que, producida la interrupción, comenzará a correr de nuevo por un término igual a la mitad del señalado en el artículo 83, sin que pueda ser inferior a tres (3) años.

Y ese término prescriptivo, por disposición del artículo 189 de la Ley 906 de 2004, con la hermenéutica previamente analizada, se suspende con el proferimiento de la sentencia de segunda instancia por un lapso de cinco años. En el presente caso el término prescriptivo se suspendió el 9 de julio de 2021, cuando el Tribunal Superior de Villavicencio profirió el fallo impugnado.

Teniendo en cuenta que el delito de fraude procesal, para el momento de los hechos, ya tenía prevista una pena máxima legal de 12 años de prisión, fácilmente se concluye que la acción penal se encuentra vigente, como quiera que entre la formulación de la imputación (14 de julio de 2015) y la sentencia de segunda instancia (9 de julio de 2021), no transcurrieron los 6 años requeridos para la consolidación del fenómeno prescriptivo.

Entonces, la Sala no encuentra motivo para invalidar la actuación procesal porque la acción penal nunca se extinguió por prescripción.

5.3.2. Estructuración inadecuada de los hechos jurídicamente relevantes en la audiencia de imputación

Sobre el concepto de hechos jurídicamente relevantes y su relación con el contenido de la imputación y la acusación, la Sala ha realizado, entre otras, las siguientes precisiones:

(i) Según lo establecido en los artículos 288 y 336 de la Ley 906 de 2004, a la Fiscalía le corresponde expresar de manera sucinta y clara los hechos jurídicamente relevantes.

(ii) Los hechos jurídicamente relevantes se identifican con los presupuestos fácticos que encajan o pueden subsumirse en el supuesto hipotético previsto por el legislador en el Código Penal. Dicho de otra manera, la relevancia jurídica del hecho se supedita a su correspondencia con la norma penal (Cfr., entre muchas otras, CSJ SP2042–2019, 5 jun. 2019, rad. 51007).

(iii) Al estructurar la formulación de los cargos, la Fiscalía no debe confundir o mezclar los hechos jurídicamente relevantes con sus hechos indicadores y tampoco incorporar el contenido de los medios probatorios.

(iv) Aunque mezclar los hechos jurídicamente relevantes, sus hechos indicadores y los contenidos probatorios constituye una impropiedad y una mala práctica que debe ser erradicada, ello no conduce necesariamente a la anulación de la actuación, puesto que, a pesar de esa situación, es posible que el imputado o acusado haya comprendido el fundamento fáctico y jurídico de los cargos.

(v) Para la adecuada estructuración de la hipótesis de hechos jurídicamente relevantes, es necesario que la Fiscalía conozca e interprete correctamente las normas penales que considera aplicables al caso.

(vi) Si en la imputación y la acusación se incluyen varios delitos, la Fiscalía debe referirse a los hechos jurídicamente relevantes para cada uno de ellos. Si los cargos se formulan en contra de varias personas, se debe indicar cuál es la forma de intervención de cada una de ellas, sin perjuicio de los demás hechos jurídicamente relevantes.

(vii) La hipótesis de hechos jurídicamente relevantes contenidos en la acusación determina aspectos medulares del proceso, entre ellas, el tema de prueba, el estudio de pertinencia de las pruebas, la función decisional del juez en virtud del principio de congruencia, etcétera (CSJ SP3168, 8 mar. 2017, rad. 44599; CSJ SP19617, 23 nov 2017, rad. 45899; CSJ SP2042, 5 jun 2019, rad. 51007, CSJ SP372–2021, 17 feb. 2021, rad. 55532 y CSJ SP4525–2021, 6 oct. 2021, rad. 56204, entre muchas otras).

El artículo 453 del Código Penal tipifica el delito de fraude procesal en los siguientes términos:

El que por cualquier medio fraudulento induzca en error a un servidor público para obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley, incurrirá en prisión de seis (6) a doce (12) años, multa de doscientos (200) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) a ocho (8) años.

De esta descripción legal y su ubicación en la parte especial del Código Penal, se desprende con claridad que el delito de fraude procesal tiene las siguientes características: (i) es de sujeto activo indeterminado, (ii) monosubjetivo, (iii) el objeto material es de carácter personal, pues la conducta del autor recae sobre un servidor público, con capacidad para proferir o emitir una sentencia, resolución o acto administrativo, (iv) la conducta típica consiste en inducir en error al servidor público que tiene capacidad de decisión, (v) la inducción en error se puede lograr por cualquier medio fraudulento, (vi) el objeto jurídico de protección, o bien jurídicamente tutelado, es la eficaz y recta impartición de justicia, (vii) es esencialmente doloso, (viii) la preposición «para« implica que desde el ámbito subjetivo, además del dolo, es necesario que el autor realice la conducta con el propósito o la finalidad de obtener una sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley, sin que se requiera su efectiva obtención para la tipificación del delito.

Estos elementos constitutivos del tipo penal de fraude procesal determinan el contenido de la premisa fáctica de la imputación y/o acusación. En otras palabras, lo que está previsto de manera general e impersonal en una disposición penal, se debe traducir en hechos concretos, circunstanciados, realizados o cometidos por la persona objeto de imputación y/o acusación.

Y es que no es más, el concepto de hechos jurídicamente relevantes está asociado con la descripción de aquello que ocurrió, que a su vez permite encuadrar o adecuar la conducta de la persona imputada y/o acusada en el delito específico que se le atribuye.

La relevancia jurídica de los hechos de la imputación y acusación depende de si su descripción satisface -o no- los elementos estructurales del supuesto de hecho de la norma penal, lo cual, lógicamente, implica la correcta selección y comprensión de los textos de derecho que la contienen (CSJ AP2880-2023, 20 sep. 2003, rad. 62296).

En relación con el tipo penal de fraude procesal, a la fiscalía le correspondía enunciar, como mínimo, que un sujeto indujo en error a un servidor público, mediante la utilización de algún medio fraudulento, con el propósito de obtener una decisión contraria a la ley y con conocimiento de dichas circunstancias.

En este caso el fiscal indicó que VÍCTOR MANUEL BRAVO RODRÍGUEZ indujo en error al Juez Cuarto Civil del Circuito de Bogotá, mediante la utilización de un poder y un contrato de cesión de derechos de crédito que contenían la firma falsificada de Martha Patricia Ramírez Bonilla, con la finalidad de hacerse a la copropiedad de un inmueble que se estaba rematando en ese despacho judicial, denominado Yarima 4.

Lo anterior se extrae del extenso relato del fiscal, tal como lo hicieron los juzgadores en primera y segunda instancia. En lo pertinente se precisó:

(…) Con tal suma de dinero en la cuenta, el profesional del derecho le propuso a la señora Ramírez que comprara un bien inmueble que se encontraba embargado por un despacho judicial de la ciudad de Bogotá, y como él le manejaba su patrimonio, lo autorizó para que hiciera postura al interior del proceso ejecutivo No. 1991-01009 adelantado ante el Juzgado 4º Civil del Circuito de Bogotá, proceso al interior del cual se remató el bien inmueble denominado Yarima 4, ubicado en la vereda Tillaba del municipio de Puerto Gaitán, avaluado en la suma de $498.119.350 y cuyo remate fue aprobado por la suma de $199.248.000.

La señora Martha Patricia Ramírez Bonilla, creyéndose propietaria del bien inmueble rematado decidió ponerlo en venta y, una vez encontró un potencial comprador, a efectos de la negociación, solicitó el respectivo certificado de tradición que corresponde a la matrícula inmobiliaria No. 234-6407 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Puerto López; sin embargo al obtener dicho certificado, descubrió que compartía la propiedad con el procesado VÍCTOR MANUEL BRAVO, circunstancia que le pareció extraña y resolvió requerirlo, advirtiéndole que ella necesitaba vender la finca, requerimientos a los que se negó el señor BRAVO, quien le manifestó “venda su parte que yo no estoy interesado en vender la mía”. Sorprendida por la respuesta, indagó sobre la misma y el procesado le enseñó algunos documentos inherentes a un poder y una cesión de derechos de crédito cuya rúbrica, firma y autorización nunca dio ella, es decir, se percató de que su firma había sido falsificada.

En lo que hace al contrato denominado contrato de cesión de derechos de crédito, se trata de una cesión a título de venta de los derechos de crédito que como parte activa tenía el señor Ricardo Ramírez Ovalle al interior del proceso ejecutivo mixto del Banco Popular contra Reinaldo Pinzón Tovar y Heraclio Vega Goyeneche, proceso que cursaba en el Juzgado 4º Civil del Circuito de Bogotá, con el radicado 1991-1009, la señora Ramírez aparece signando el mismo, firma rúbrica que no le pertenece.

Aseguró la Fiscalía que el procesado tenía la certeza de que los documentos mencionados eran falsos, espurios y que a través de ellos se hizo parte en el proceso donde se remataba el inmueble rural Yarima No. 4, induciendo en error al señor Juez Cuarto Civil del Circuito de Bogotá.

En esas condiciones, la Sala no advierte que se hayan comunicado de manera incompleta los hechos jurídicamente relevantes relacionados con el delito de fraude procesal, a pesar de la inadecuada mención del contenido de elementos materiales probatorios que, por sí misma, en ningún caso invalida la actuación.

Como la fiscalía aseveró que el imputado «tenía la certeza de que esos documentos eran falsos, espurios», el recurrente concentra su reproche en que no se indicaron las circunstancias por las cuales VÍCTOR MANUEL BRAVO tenía la certeza de que los documentos incorporados al proceso judicial eran falsos. Y agrega que esta omisión del ente investigador «derivó en una incertidumbre respecto de los hechos frente a los cuales el procesado y la defensa debían concentrar el contradictorio, en ejercicio de su derecho a la defensa material y técnica».

El impugnante incurre en un yerro conceptual al demandar como hecho jurídicamente relevante las circunstancias o los hechos indicadores del dolo. La jurisprudencia de la Corte ha venido insistiendo en que los elementos materiales probatorios, los medios de prueba y los hechos indicadores, son ajenos al concepto de formulación de los hechos jurídicamente relevantes en los actos de imputación y acusación.

La fiscalía precisó cuál servidor público fue inducido en error (Juez Cuarto Civil del Circuito de Bogotá); el sujeto activo de dicha inducción (el abogado VÍCTOR MANUEL BRAVO); el proceso judicial en el que se produjo el fraude (proceso ejecutivo no 1991-0100); el medio documental utilizado para engañar (poder y contrato de cesión de derechos de crédito); el aspecto concreto objeto de falsificación (la firma de Martha Patricia Ramírez Bonilla); la decisión judicial obtenida en esas condiciones (adjudicación como copropietario del inmueble Yarima 4).

Y, finalmente, como corresponde al imputar un delito exclusivamente doloso, la fiscalía afirmó que el imputado conocía que los documentos utilizados eran falsos. En ese momento procesal no le era exigible precisar con qué medios probatorios o con cuáles hechos indicadores se demostraría la existencia del conocimiento típico, como erradamente lo considera el impugnante.

La equivocación del impugnante se evidencia cuando radica la violación del derecho de defensa, en que el Tribunal sustentó la condena por fraude procesal a partir de hechos indicadores no consignados en la imputación y acusación. Lo hace de la siguiente manera:

a) El procesado debió identificar la firma de la señora Martha Patricia Ramírez Bonilla, pues, había adelantado su proceso de liquidación de sociedad conyugal. Adicionalmente, no era la primera vez que ejercía como abogado.

b) Del testimonio de Hernando Villalba se infiere que el procesado tenía conocimiento de la falsedad ejecutada por su secretaria Karen Mejía y no hizo nada para evitarlo, puesto que no la denunció.

A partir de esos hechos indicadores y del indicio de que él era la única persona beneficiada con la falsedad y el fraude procesal, el Tribunal concluyó que el procesado sabía, no que tenía la certeza, como lo sostuvo la Fiscalía en la imputación, que la firma no correspondía a la de su cliente, es decir, eran falsas y, sin embargo, las introdujo al tráfico jurídico e indujo en error al juez civil para obtener una decisión favorable a sus intereses.

Y, aparte de esa confusión entre los hechos jurídicamente relevantes del delito de fraude procesal y los hechos indicadores del conocimiento típico, que ya deja sin piso la alegación; el impugnante se limita a afirmar que esa supuesta omisión derivó en la vulneración de los derechos de contradicción y defensa, sin acreditar una situación concreta de indefensión, más allá de referir que «a la postre dio lugar a la sentencia de segunda instancia, a partir de hechos indicadores e indicios».

En suma, la Sala no encuentra motivo para invalidar la actuación procesal por la alegada estructuración inadecuada de los hechos jurídicamente relevantes.

5.3.3. Vulneración del debido proceso y del derecho de contradicción

El impugnante considera que el Tribunal vulneró «las garantías fundamentales al debido proceso y a la contradicción», cuando dispuso que para el procesado y su defensor procedía el recurso de impugnación especial, mientras que para las demás partes e intervinientes procedía el recurso de casación, «contrariando lo dispuesto en el auto AP1263-2019 de la Honorable Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia».

El yerro interpretativo del impugnante es evidente. En CSJ AP1263-2019, en lo pertinente se indicó que el tribunal «advertirá en el fallo que, frente a la decisión que contenga la primera condena, cabe la impugnación especial para el procesado y/o su defensor, mientras que las demás partes e intervinientes tienen la posibilidad de interponer el recurso de casación».

Aunque del texto anterior se desprende con claridad que frente a la primera condena es procedente el recurso de impugnación especial y no el extraordinario de casación, la defensa interpreta que en dicho auto no se excluyó el recurso de casación como mecanismo procedente para que el procesado o su defensor puedan impugnar el fallo de segunda instancia.

Sobre esta alegación, además de la claridad de lo dispuesto en CSJ AP1263-2019, la Sala recuerda al impugnante que los recursos de casación interpuestos en contra de una condena proferida por primera vez en segunda instancia, o se han rechazado por ser improcedentes o, según el caso, se han ajustado al trámite de impugnación especial, lo que demuestra que se trata de una postura equivocada.

Ante una condena proferida por primera vez en segunda instancia no existe ninguna posibilidad de escoger entre el recurso de impugnación especial y el recurso extraordinario de casación, pues para el procesado y su defensor únicamente es procedente el primero. El recurso de casación es procedente para las demás partes e intervinientes, o para el procesado y su defensor cuando impugnan la confirmación de la condena por algún delito en casos de concurso delictual.

En CSJ AP2299-2020, 16 sep. 2020, rad. 56957, entre otras cosas se precisó:

(i).- contra las sentencias dictadas por los Tribunales Superiores procede el recurso de casación, regla que corresponde al trámite normal del proceso (artículo 181 de la Ley 906 de 2004).

Si se trata de una sentencia del Tribunal en la cual se condena por primera vez, puede interponerse la impugnación especial o el recurso extraordinario de casación. Este último está disponible solo para los sujetos procesales distintos al procesado y su defensor.

El procesado y el defensor, se precisa, cuentan con el derecho a recurrir a través de la impugnación la primera condena, y solamente les es dable recurrir simultáneamente en casación en hipótesis de delitos conexos respecto de los cuales se ha declarado la responsabilidad penal del procesado en primera y segunda instancia.

Contra la sentencia que resuelve la impugnación o la casación, no procede ningún recurso.

Si el Tribunal señaló en la sentencia impugnada que «contra el presente fallo, procede para el procesado y su defensor el recurso de apelación (impugnación especial) respecto a la condena por el delito de fraude procesal y para las demás partes e intervinientes el recurso extraordinario de casación», es porque así se encuentra señalado en la ley y así lo ha desarrollado la jurisprudencia de la Corte.

Entonces, la Sala no advierte ninguna vulneración del debido proceso ni del derecho de contradicción que invalide lo actuado.

5.4. Solución del caso concreto y respuesta a la impugnación especial

5.4.1. Como se trata de un recurso interpuesto contra el primer fallo condenatorio, se debe tener en cuenta que según los artículos 7º y 381 de la Ley 906 de 2004, para proferir una sentencia de esa índole se requiere tener un conocimiento más allá de toda duda, sobre la ocurrencia del delito y la responsabilidad penal del acusado, fundado únicamente en las pruebas debatidas en el juicio.

La Sala anticipa que, de conformidad con los hechos objeto de acusación y las pruebas practicadas en la audiencia de juicio oral, concurren los presupuestos necesarios para confirmar la declaratoria de responsabilidad penal de VÍCTOR MANUEL BRAVO RODRÍGUEZ como autor del delito de fraude procesal.

5.4.2. Por parte de la fiscalía rindieron testimonio: la denunciante Martha Patricia Ramírez Bonilla, su ex esposo Flavio Molina Trujillo, Ricardo Ramírez Ovalle (amigo del procesado), Karen Teresa Villalba Márquez (funcionaria del CTI), Luís Antonio Espitia Rodríguez (perito grafólogo del CTI), Hernando Villalba Herrera (amigo del procesado) y César Arturo Ortiz Umaña (funcionario del CTI).

Por parte de la defensa rindieron testimonio: Elizabeth Gutiérrez Barrera (contadora del procesado), Karen Cristina Mejía Rodríguez (secretaria del procesado), Justo Pastor Ramírez (cuñado del procesado) y Juan Carlos Solano Guerrero (investigador de la defensa).

La primera prueba incriminatoria es el testimonio de la víctima Martha Patricia Ramírez Bonilla, quien declaró que el acusado es su primo en tercer grado y se conocen desde que eran niños. Informó que se separó de su esposo en el año 2008 y contactó al abogado VÍCTOR MANUEL BRAVO RODRÍGUEZ para que le ayudara con el trámite de separación de bienes.

Relató que en dicha separación le correspondieron varios bienes inmuebles, dineros y una finca denominada Tierra Prometida. Sobre este último predio informó que volvió a manos de su ex esposo porque se lo compró en $900.000.000, dinero que recibió BRAVO RODRÍGUEZ de Flavio Molina Trujillo, pues ella misma lo autorizó para que se lo reclamara.

Sobre este dinero declaró que solo vio un cheque por $228.000.000 con el que se abrió una cuenta bancaria a su nombre, trámite que se hizo desde la oficina del acusado porque la gerente del banco se trasladó hasta ese lugar.

Señaló que el abogado BRAVO RODRÍGUEZ le cobró $100.000.000 por concepto de honorarios y que ella le había abonado $65.000.000. Sobre el dinero restante que le pertenecía, declaró que el acusado le recomendó por asuntos tributarios abrir una fiducia e invertir en bienes inmuebles, pero que ella no sabía de eso, nunca había trabajado ni salido de la casa.

En ese sentido, informó que el acusado le propuso un negocio relacionado con un inmueble, en el que ella ponía el dinero y él ganaba la mitad sobre la utilidad de la venta. Se trataba de la compra de una finca en Puerto Gaitán que estaban rematando en Bogotá. Tiene entendido que el remate salió por $200.000.000, todo el dinero fue suyo, el abogado acusado no aportó nada.

El doctor VÍCTOR BRAVO me dijo que tenía que presentarme en la ciudad de Bogotá en un juzgado para hacer la ponencia de la finca, entonces que él en su momento me avisaba, empieza pues a transcurrir el tiempo y un día él me dice que bajemos a Puerto Gaitán a mirar la finca que se va a comprar, fuimos con una juez de Gaitán creo, se hizo el recorrido por la finca, volvimos a Villavicencio, al tiempo él me llama y me dice que tenemos que volver a la finca que se había comprado, entonces yo le digo pero venga, cómo así, cuándo fue el remate, entonces él me dice que yo no tenía necesidad de haber ido a Bogotá que eso ya estaba hecho. Bajamos a Puerto Gaitán, ese día, no recuerdo la fecha, creo que fue para el año 2010, fuimos a la finca, llegamos a Puerto Gaitán, llegamos a la oficina de la doctora y allí me dan un paquete de hojas, como de seis hojas y me dicen que firme, entonces yo me siento a firmar y voltee las hojas para leer y él me dice Martha rápido porque va a llover y nos coge el día, entonces yo firmé y alcancé a ver que estaba el nombre de la doctora, el nombre de él y el nombre mío, la verdad no le vi nada de malicioso porque él era el abogado mío en ese momento.

Declaró que cuando necesitó vender el inmueble y definir el comprador, su abogado le dijo que vendiera su parte, entonces se terminó enterando que solo era dueña de la mitad del predio denominado Yarima 4.

Ya después de conseguir clientes, ya íbamos casi que por el cuarto cliente, entonces yo le dije Víctor yo necesito vender la finca, entonces él me dice venda su parte porque yo no estoy interesado en vender la mía, entonces yo le digo, pero cuál parte, entonces allí es donde me doy cuenta de que él es dueño de la mitad de la finca que en su momento me propuso que compraría con mi dinero.

Es que él no aportó dinero para la compra, él no aportó, él llevaba el trámite de estar pendiente del remate y eso fue todo, él en ningún momento me dijo yo compro la mitad.

Relató que ante esa situación le pidió la contabilidad al acusado, quien le dijo que ella supuestamente le salía a deber por gastos. Finalmente le entregaron los documentos de la finca a su hija en una bolsa de basura, los revisó y encontró un poder y una cesión de derechos en los que su firma no corresponde.

Un día él me manda unas cuentas, me dice que tenemos que sentarnos a cuadrar unas cuentas en la cual yo le salgo a deber $250.000.000, entonces me manda un paquete de hojas donde me dice que todo lo subrayado en gris no tiene recibos y, pues, era prácticamente todo. Yo acudo a mi contador y le digo que me acompañe a la reunión y él le dice, Edgar vea, esto es lo que Martha me debe, el contador le pide la contabilidad y de una manera un poco grosera la señorita contadora de él le dice, a ver Edgar eso es una relación de gastos, él le dice sí, pero no veo los soportes, entonces el señor BRAVO me dice, bueno, para que no haya problema yo me doy la pela en $250.000.000 y volvamos a empezar de cero, entonces el contador le dice pero cómo, cómo se da usted la pela si usted no se va a dar la pela ni siquiera en cinco.

Entonces salimos de ahí, el contador me sugirió que le pidiera todo lo relacionado con la finca, le pido el favor a él (VÍCTOR) que me de los documentos y el día que me dijo que fuera subí, le entregaron a mi hija mayor los documentos en una bolsa de basura. Entonces yo llego a mi casa, saco los documentos, ahí estaba una hermana, yo me puse pues a llorar porque me quedé sin nada, saco los papeles y de pronto veo un poder que está firmado no sé por quién donde yo lo autorizo a él para que haga ponencia en el remate, sigo pasando y veo otras dos firmas que no son las mías donde se presenta para la cesión, para que ya le cedan.

Afirmó que desde entonces perdió contacto con su abogado y que nunca le ofreció una explicación sobre el tema de las firmas y esos documentos. En turno de contrainterrogatorio no fue impugnada su credibilidad.

El testigo Flavio Molina Trujillo, ex esposo de la víctima, confirmó la ocurrencia de esa separación de bienes, incluyendo la asignación de la finca Tierra Prometida a Ramírez Bonilla. Además, ratificó que a través del acusado VÍCTOR MANUEL BRAVO RODRÍGUEZ cuadró el negocio de la recompra de la finca por $900.000.000.

Declaró que el pago se realizó con tres cheques en la Notaría 3ª. El acusado le firmó un documento de recibido y los cheques fueron efectivamente cobrados. Aunque la defensa prevaleció en su oposición a la exhibición de los cheques por falta de descubrimiento, el testigo contestó a pregunta del procurador judicial que uno de los cheques fue endosado porque provenía de un pago que le hicieron y los otros dos fueron girados a nombre de su ex esposa, por valor de $900.000.000 en total.

El testigo Luis Antonio Espitia Rodríguez, perito grafólogo del CTI, quien realizó inspección al proceso 1991-1009 en el Juzgado 4º Civil del Circuito de Bogotá, confirmó que en esas diligencias efectivamente reposaban una cesión de derechos y un poder especial otorgado por Martha Patricia Ramírez a VÍCTOR MANUEL BRAVO RODRÍGUEZ. En ambos casos la firma de la denunciante fue falsificada.

En contrainterrogatorio de la defensa, el declarante contestó que Martha Patricia Ramírez no firmó esos documentos, pero que con esa pericia no era posible establecer quién los firmó.

La testigo Karen Teresa Villalba Márquez, investigadora del CTI, por las labores que realizó confirmó que el predio Yarima 4 fue adjudicado mediante remate judicial a favor de Martha Patricia Ramírez y VÍCTOR MANUEL BRAVO RODRÍGUEZ.

El testigo Ricardo Ramírez Ovalle, persona que intervino como cedente en el contrato de cesión de derechos, declaró que conocía al acusado desde hace más de 25 años y que tuvo una hija con una hermana de él.

Este declarante informó que el acusado le propuso inicialmente el negocio de poner todo el capital para la compra del inmueble en remate judicial. Pero, finalmente, sin aportar un solo peso, por petición del acusado, terminó prestándole su nombre para adquirir esos derechos litigiosos y posteriormente cedérselos al mismo VÍCTOR MANUEL BRAVO RODRÍGUEZ y Martha Patricia Ramírez.

Alguna vez en el 2008, 2009, por allá, VÍCTOR fue a mi apartamento un día y entre lo que estuvimos hablando me dijo que sabía de un negocio. Él creo que en esa época ya era abogado y trabajaba con algunos bancos, me dijo que había un posible negocio de unos remates, unos predios que iban a salir. Yo no recuerdo si era con el Banco Popular o con la Caja Agraria, creo que era con el Banco Popular, él sabía que yo quería comprar, que yo quería una finca, y me dijo que tal Ricardo si nos asociamos y yo pongo mi conocimiento y tu pones el capital y lo compramos en compañía, me dijo que la finca era en Puerto Gaitán y sinceramente a mí me pareció lejana y yo no le caminé al asunto.

Después me encontré con él y le pregunté y me dijo que había conseguido una socia y que iban a comprar la finca, ahí supe de la señora Martha Ramírez, yo escuchaba que hablaba con ella, como que tenían negocios anteriores, me pidió el favor de que prestara mi nombre para hacer la compra, eran unos derechos litigiosos y yo fui adjudicatario de esos derechos litigiosos, me lo adjudicaron a mí, realmente los trámites litigiosos los hizo él, yo presenté la oferta.

Meses después me llegó a mi oficina un poder donde yo cedí los derechos litigiosos a VÍCTOR BRAVO y Martha Ramírez, hasta ahí fue mi participación, hasta ahí supe de eso. De hecho, yo fabrico alambre de púas, algunas veces me compró alambre para la finca, pero yo a la señora no la conocí ni la conozco, supe que tenían su finca, supe que tenían sus negocios, lo escuchaba hablar con ella, pero no más. Mi intervención fue prestar mi nombre y después la cedí a ellos, eso es todo.

El testigo, claramente cercano al acusado, reconoció que prestó su nombre para adquirir esos derechos litigiosos el 27 de febrero de 2009, mediante venta que le hizo el Banco Popular. Y en junio de 2009, de manera gratuita, se los cedió al mismo acusado y a la denunciante, persona a quien no conocía.

Yo cedí los derechos a VÍCTOR y a Martha porque eran los dos, yo no les vendí nada, no me acuerdo realmente qué decía el documento, pero yo recuerdo que le firmé un documento que era la cesión de esos derechos.

Lo que hice en ese contrato fue ceder los derechos, ese documento lo firmé yo en mi oficina, me llegó a mí, yo lo firmé y lo devolví, se lo devolví a VÍCTOR BRAVO, no se lo pude devolver a nadie más porque yo a la señora Martha Patricia no la conocía. La plata la pusieron ellos, no yo, yo lo que hice fue prestar mi nombre.

Más adelante, sobre el origen de los dineros con los que adquirió inicialmente esos derechos litigiosos contestó:

Yo no recuerdo haber puesto el dinero, el dinero lo pusieron ellos, los señores cedentes, yo no sé si el dinero lo puso la señora Martha o el señor VÍCTOR, yo no me acuerdo de haberlo puesto yo, creo que ese dinero lo pusieron ellos, ellos porque eran los cedentes, yo fui apenas el vehículo.

El testigo Hernando Villalba Herrera, solicitado como prueba sobreviniente de la fiscalía, declaró que conocía de vieja data al acusado y a la denunciante. Informó que VÍCTOR BRAVO RODRÍGUEZ le comentó que había comprado unas fincas para venderlas. Después se enteró que esas fincas se habían comprado con dineros de Martha Patricia Ramírez. En una ocasión se lo comentó al acusado, quien le contestó que había hecho un negocio con ella, pero que el dinero que puso se lo fue devolviendo porque ella le debía una plata y entonces esos predios ya eran prácticamente de él.

Este declarante, quién aseveró que el acusado llegó a considerarlo como un padre, se concentró en relatar lo que el mismo BRAVO RODRÍGUEZ le comentó en alguna oportunidad. En particular, que su secretaria Karen le había firmado algo, que le había hecho una embarrada, como que le había firmado un documento que no tenía que firmar. Y también, que quería arreglar el tema con Martha Ramírez, pero le preocupaba que le fueran a decir que era un ladrón, estaba pensando en entregarle esa tierra para evitarse problemas.

A partir de la información aportada tardíamente por Villalba Herrera, la fiscalía también convocó al testigo César Arturo Ortiz Umaña, investigador adscrito al CTI en la sección de lofoscopia, quien declaró que la huella digital que aparece al lado de las firmas de Martha Patricia Ramírez Bonilla en el poder especial y en el contrato de cesión de derechos pertenece a Karen Cristina Mejía Rodríguez, secretaria del acusado para la época de los hechos.

La testigo Karen Cristina Mejía Rodríguez, convocada de manera sobreviniente por la defensa, declaró que en la oficina del abogado BRAVO RODRÍGUEZ se tramitó un asunto del Juzgado 4º Civil del Circuito de Bogotá, en el que el acusado y la denunciante compraron unos derechos litigiosos dentro de un proceso del Banco Popular.

Aseveró que como secretaria era la encargada de adelantar las cosas en Bogotá, pues radicó los poderes de la cesión de derechos. Y reconoció que firmó dicha cesión suplantando a Martha Patricia Ramírez. La única explicación que ofreció es que ella se lo solicitó de esa manera.

La señora Martha Patricia me llama a mi teléfono celular, había premura para radicar ese documento, me dice que ella no alcanza a llegar a la ciudad de Bogotá, estaba en la ciudad de Villavicencio, entonces que firmara por ella la cesión de derechos y el poder, que para eso me iba a enviar fotocopia de su cédula escaneada, así lo hizo, imprimí la cédula y firmé por ella y ese fue el documento que se radicó efectivamente en el Juzgado 4º Civil del Circuito de Bogotá (…)

Agregó que el acusado nunca le solicitó que hiciera eso, que lo hizo como un favor directo para la señora Martha Patricia Ramírez Bonilla.

En contrainterrogatorio de la fiscalía, la testigo reconoció que la firma que aparece en el poder también le pertenece. Sobre la premura del tiempo contestó que ya había pasado una primera fecha de remate y que era necesario radicar los documentos. Aclaró que no firmó ningún otro documento para la denunciante y que no sabe en qué momento se enteró el acusado de la situación.

Sin embargo, en turno de preguntas aclaratorias de la procuraduría judicial, la testigo contestó que no tuvo conocimiento de la existencia de negocios comerciales entre el abogado BRAVO RODRÍGUEZ y la denunciante; y que le reportó la situación a su jefe cuando se enteró con sorpresa que se había presentado una denuncia.

Aunque los hechos objeto de investigación fueron más amplios y las instancias coincidieron en absolver al acusado por el delito de estafa y se declaró la prescripción de la acción penal del delito de falsedad en documento privado, para esta Sala, en lo que respecta al delito de fraude procesal, no cabe ninguna duda sobre su ocurrencia y la intervención del acusado como autor. La prueba incorporada al proceso indica lo siguiente:

(i) El ex esposo de la denunciante le entregó $900.000.000 al acusado, en calidad de abogado de Martha Patricia Ramírez. Esta suma correspondía a la venta de una finca denominada Tierra Prometida y estaba soportada en tres cheques que fueron efectivamente cobrados.

(ii) El acusado únicamente entregó a la denunciante una suma equivalente a $228.000.000, que correspondía al valor de uno de los cheques girados en pago de la finca. Con ese dinero se abrió una cuenta bancaria a favor de Martha Patricia Ramírez. Con el dinero restante, el abogado BRAVO RODRÍGUEZ le propuso a su clienta la realización de inversiones inmobiliarias.

(iii) El testigo Ricardo Ramírez Ovalle, amigo del acusado, confirmó que para la época de los hechos investigados éste también le propuso el negocio del remate de un inmueble en Puerto Gaitán, en el que Ramírez Ovalle pondría la totalidad del dinero y BRAVO RODRÍGUEZ su conocimiento. Lo anterior corrobora la versión de la víctima sobre el tipo de negocio que le planteó el acusado.

(iv) A finales de febrero de 2009, el acusado se valió de su amigo Ricardo Ramírez Ovalle para comprar los derechos litigiosos que estaban en manos del Banco Popular. Ramírez Ovalle prestó su nombre para la adquisición de los derechos (no se sabe a cambio de qué) y BRAVO RODRÍGUEZ puso el dinero para materializar la misma.

Aunque el testigo Ramírez Ovalle declaró que no sabía si todo el dinero provenía de Martha Ramírez Bonilla, lo cierto es que corrobora que el acusado, teniendo el dinero completo en su poder y el conocimiento del negocio, no compró los derechos litigiosos de manera directa, sino que utilizó a un “testaferro” para adquirirlos, lo que resulta compatible con la utilización de dineros ajenos.

(v) Unos meses después, en junio de 2009, bajo la completa dirección del acusado, Ricardo Ramírez Ovalle cedió de manera gratuita los derechos litigiosos que estaban en su poder, a favor del mismo abogado BRAVO RODRÍGUEZ y su clienta Martha Patricia Ramírez.

Con esta operación contractual, que claramente implicó una circulación ficticia del dinero que estaba en manos del abogado BRAVO RODRÍGUEZ, el acusado y la denunciante pasaron a ser propietarios de los derechos litigiosos en una proporción equivalente al 50% cada uno.

(vi) Para poder formalizar la operación contractual antedicha en el juzgado en que se remataría el inmueble Yarima 4 y lograr su adjudicación a nombre del acusado y la denunciante, fue necesaria la utilización de dos documentos: un poder especial conferido por Martha Patricia Ramírez al abogado VÍCTOR BRAVO RODRÍGUEZ y un contrato de cesión de derechos litigiosos firmado por el cedente Ricardo Ramírez Ovalle y los cesionarios BRAVO RODRÍGUEZ y Martínez Bonilla.

Probado quedó, de manera irrefutable, que esos dos documentos utilizados en el Juzgado 4º Civil del Circuito de Bogotá para obtener la adjudicación del predio en esas condiciones son espurios, concretamente por la falsificación de la firma y la huella de la denunciante Martha Patricia Ramírez.

Para acabar de completar, debido a la prueba sobreviniente, decretada durante el juicio oral en segunda instancia, se pudo establecer que la autora material de la falsificación de los documentos fue Karen Cristina Mejía Rodríguez, secretaria del abogado acusado.

(vii) En esas condiciones se refuerza la credibilidad del testimonio de la denunciante, cuando afirma que desconocía la existencia de esas operaciones que conllevaron a que el juzgado adjudicara el predio Yarima 4 de manera compartida, excediendo en todo caso las negociaciones autorizadas o acordadas con su abogado.

(viii) En lo que respecta al punible de fraude procesal, único por el cual se impartió condena, es palmario que se utilizaron documentos falsificados dentro de un proceso judicial, con la finalidad de obtener una decisión contraria a la realidad y por ende a la ley.

Para el momento de la realización de la conducta típica del delito de fraude procesal, esto es, la introducción de los documentos espurios en el Juzgado 4º Civil del Circuito, que conllevó a la inducción en error a un juez de la República, no existe ningún elemento que indique, de manera confiable, que Martha Patricia Ramírez conocía la existencia del poder y el contrato de cesión de derechos con su firma y huella falsificadas, utilizados para lograr la adjudicación del predio en las condiciones ya anotadas.

(ix) La defensa, ante la práctica de la prueba sobreviniente decretada por el Tribunal, fincó su teoría exculpatoria en la declaración de la ex secretaria del acusado, quien manifestó que falsificó la firma de la denunciante en esos documentos legales porque ella misma se lo solicitó vía telefónica, situación que nunca llegó a ser conocida por el acusado en la época de los hechos investigados.

La declaración de Karen Mejía Rodríguez ratificó lo que la prueba pericial sobreviniente pudo establecer, esto es, que las huellas dactilares incorporadas en los citados documentos legales le pertenecían. La testigo agregó que las firmas espurias también provenían de su puño y letra. Entonces, no existe manera alguna de desconocer la falsedad en los documentos utilizados dentro del proceso ejecutivo.

Sin embargo, la testigo convocada a última hora por la defensa sería útil para su hipótesis alternativa porque, de un lado, descarta cualquier conocimiento e intervención del acusado en la falsificación e incorporación procesal de los documentos; y del otro, aunque no enerva la existencia de la falsedad, se la atribuye al ruego o solicitud telefónica de la propia denunciante.

Para la Sala, la declaración de Mejía Rodríguez no resulta confiable. No se advierte ninguna razón para que la secretaria del acusado, estudiante de derecho, se prestara en silencio para falsificar firmas y huellas de una cliente con destino a una actuación judicial, sin que se explique razonablemente a cambio de qué accedió a semejante solicitud.

Pero hay mucho más, la denunciante para qué le enviaría la fotocopia de la cédula si ella había adelantado otros asuntos con el abogado BRAVO RODRÍGUEZ. Pero lo más importante, para qué sería útil ese documento si Karen Mejía iba a estampar una firma y una huella completamente diferentes.

Además, para qué serviría una fotocopia de la cédula si al poder firmado y al contrato de cesión de derechos litigiosos tocaba hacerle la respectiva presentación personal para radicarlos en el Juzgado 4º Civil del Circuito de Bogotá.

Mucho menos explicación tiene la supuesta premura en recoger la firma de Martha Patricia Ramírez, como para que fuera imperioso falsificar su firma y huella y esquivar una presentación personal que podía hacerse en la ciudad de Villavicencio. Pero, más inverosímil aún, que todo ello se haya resuelto entre la denunciante (prima del abogado) y su secretaria, sin consultárselo en ningún momento, ni antes ni después.

El contrato de cesión de derechos litigiosos fue firmado por Ricardo Ramírez Ovalle (presentación personal), desde el 9 de junio de 2009. La presentación personal de los documentos con las firmas falsificadas se hizo el 2 de julio siguiente y el remate se produjo el 4 de agosto de 2009 (fecha que aparece en el poder especial). Entonces, ¿cuál era la premura que justificaba falsificar documentos a espalda del abogado?

Ahora, la situación se agrava cuando se conoce que a esos documentos espurios se les hizo presentación personal en el Juzgado 1º Civil del Circuito de Bogotá, despacho diferente al que adelantaba el citado proceso ejecutivo. En esa diligencia, surtida el 2 de julio de 2009, figuran presentándose de manera personal Martha Patricia Ramírez Bonilla y, como no, su abogado VÍCTOR MANUEL BRAVO RODRÍGUEZ.

Y solo respecto de la denunciante se tiene la absoluta seguridad de que no estuvo presente en la realización de esa diligencia. La presentación personal de esos documentos con la firma del acusado en el sello correspondiente del juzgado, por supuesto que compromete gravemente su responsabilidad y permiten inferir que estaba al tanto de la situación.

Por lo anterior, la Sala también encuentra que no es creíble, de ninguna manera, que los documentos hayan sido firmados por la secretaria del abogado suplantando a su clienta, llevados a diligencia de presentación personal en el Juzgado 1º Civil del Circuito de Bogotá (incluyendo la presentación de las firmas de su jefe), y radicados en el Juzgado 4º Civil del Circuito donde se llevaría a cabo la diligencia de remate; todo ello con desconocimiento de BRAVO RODRÍGUEZ sobre el trabajo proactivo de su secretaria.

5.4.3. Los alegados defectos de apreciación y valoración probatoria en la sentencia impugnada

Con las consideraciones precedentes se ha ofrecido respuesta a la mayoría de los planteamientos del impugnante; no obstante, la Sala abordará puntualmente otros aspectos que fueron objeto de impugnación.

En lo relacionado con la apreciación probatoria contenida en la sentencia, el recurrente identifica dos errores que considera relevantes: el primero referido al testimonio de Karen Cristina Mejía, sobre la fecha en la que ésta dijo haber firmado los documentos en nombre de Martha Patricia Ramírez Bonilla; y el segundo referido al testimonio de Hernando Villalba Herrera, sobre el supuesto conocimiento que tenía el procesado de que los documentos habían sido firmados por su asistente y no por su poderdante.

Sobre el primer yerro de apreciación que se formula, en el que se acusa al Tribunal de cercenar y tergiversar un aparte de la declaración de Karen Mejía Rodríguez, secretaria del acusado para la época de los hechos, basta con afirmar que le asiste razón al recurrente en lo que respecta a la acreditación del error.

La testigo no declaró de manera cerrada que los documentos hubieran sido firmados en el mes de junio de 2009. Realmente contestó, como lo acredita la defensa, que la firma se produjo en «julio creo, junio julio del 2009», pero al final, en turno de contrainterrogatorio de la fiscalía, contestó que la firma se realizó el 2 de julio de 2009.

El Tribunal, a partir de la apreciación errada sobre la respuesta de la testigo, incluyó una consideración relacionada con la inexistencia de premura para radicar los documentos falsificados, pues si los documentos habrían sido firmados por la secretaria en junio de 2009 y presentados personalmente ante el Juzgado 1º Civil del Circuito de Bogotá el 2 de julio siguiente, ello conspiraría contra la idea que urgencia que mencionó la testigo.

En lo que no asiste razón al impugnante, es en la trascendencia que le asigna a esa circunstancia. Más allá de alguna consideración sobre la supuesta premura para tener que suplantar a la denunciante en la suscripción de esos documentos, lo más relevante es que el Tribunal no le concedió ninguna credibilidad a la testigo cuando declaró que estampó su firma y su huella por solicitud telefónica que le hiciera Martha Patricia Ramírez.

La Sala, como previamente se explicó, tampoco encuentra creíble esa manifestación, lo que descarta la teoría del mandato ad scribendum que propone la defensa. En la sentencia impugnada, entre otras cosas se consideró:

No tiene explicación lógica que Karen Cristina Mejía, quien para el momento era estudiante de derecho y, por tanto, consciente de la gravedad del hecho ejecutado, decida firmar e imponer sus huellas en el contrato de cesión de derechos y el poder a nombre de Martha Patricia Ramírez y de paso, ocultar dicha realidad a su jefe obviando las consecuencias judiciales adversas que podría acarrearle dicho comportamiento.

Tampoco es aceptable que, si el abogado VÍCTOR MANUEL BRAVO había asesorado a la señora Ramírez Bonilla en el proceso de divorcio y la liquidación de la sociedad conyugal, no haya identificado que la firma que obraba en los documentos no correspondía a la utilizada por su poderdante, aspecto fácilmente verificable si se tiene en cuenta que no era la primera vez que él ejercía como su abogado.

Sobre el segundo yerro de apreciación que se formula, en el que se acusa al Tribunal de tergiversar un aparte de la declaración de Hernando Villalba Herrera, realmente no le asiste razón a la defensa. Es cierto que el testigo no dijo expresamente que el procesado tenía conocimiento sobre la falsedad de las firmas, o que éste le hubiese manifestado su conocimiento de que los documentos habían sido firmados por su asistente, sino que lo infirió o concluyó a partir de la conversación que sostuvo con el acusado, en la que le mencionó una situación relacionada con su secretaria y la firma de unos documentos.

Pero, no es cierto que el Tribunal haya derivado de esa declaración la prueba de que el acusado «se había enterado de la falsedad de las firmas con antelación a su radicación en el juzgado civil», como erradamente lo asevera el recurrente.

Es claro que la conversación entre Villalba Herrera y BRAVO RODRÍGUEZ se habría producido en el año 2016. De hecho, eso es justamente lo que explica la solicitud de las pruebas sobrevinientes que conllevaron a descubrir que las huellas dactilares impuestas en los documentos pertenecían a Karen Mejía Rodríguez. El indicio que construyó el Tribunal a partir de ese hecho, claramente está relacionado con conducta posterior a la falsificación de los documentos, no previa como lo sostiene el impugnante.

En lo que respecta a la intervención del acusado en la actividad delincuencial, el Tribunal destacó una serie de hechos debidamente acreditados, como el beneficio estructurante del móvil para delinquir; la persona que falsificó los documentos era su secretaria personal; BRAVO RODRÍGUEZ sería la única persona beneficiada con la falsificación y el uso de los documentos. Y agregó que, «de acuerdo a lo narrado en el juicio por el testigo Hernando Villalba Herrera, BRAVO RODRÍGUEZ sí se enteró de la falsedad de las firmas y pese a ello, no hizo nada para corregir el error, ni denunció a su asistente, aún a sabiendas de la gravedad del delito, lo cual constituye el indicio de manifestación posterior o actitud sospechosa».

Finalmente, el impugnante cita tres documentos, todos posteriores a la realización del fraude procesal que aquí se ha analizado, que en su criterio demostrarían que Martha Patricia Ramírez tenía conocimiento de su condición de copropietaria del predio Yarima 4.

Se refiere al acta de la diligencia de entrega del predio rural Yarima 4, suscrita el 4 de marzo de 2010, en la que se indicó la condición de copropietaria de Martha Patricia Ramírez; una carta de aprobación de un crédito del Banco Agrario del 12 de abril de 2010, solicitado para hacer inversiones en los predios Yarima 4 y Medianito; y un poder otorgado al acusado en septiembre de 2010, dirigido al Juez Promiscuo de Puerto López, para que la representara dentro de un proceso ordinario de prescripción adquisitiva donde se menciona su calidad de copropietaria.

Al respecto es importante recordar que la propia denunciante declaró sobre el manejo de sus dineros por parte del abogado VÍCTOR MANUEL BRAVO RODRÍGUEZ. El ex esposo de Martha Ramírez confirmó que puso en manos del acusado $900.000.000, provenientes de la compraventa de solo uno de los inmuebles que le correspondieron a la denunciante en la separación de bienes, cifra bastante considerable para el año 2009.

Entonces, es claro que sobre los predios rurales adquiridos, en todo o en parte con los dineros de Martha Patricia Ramírez, pudieron existir solicitudes de créditos bancarios para inversión o el otorgamiento de poderes para la defensa jurídica de los mismos, o incluso intenciones asociativas posteriores, pero eso no enerva ni excluye la actuación fraudulenta que se realizó en julio de 2009 ante el Juzgado 4º Civil del Circuito de Bogotá, concretamente la relacionada con el contrato de cesión de derechos litigiosos (de Ricardo Ramírez Ovalle a Martha Patricia Ramírez y VÍCTOR BRAVO RODRÍGUEZ), con la firma y huella de la denunciante falsificadas.

Con todo lo anterior, como se anticipó, la Sala considera que concurren los presupuestos necesarios para confirmar la declaratoria de responsabilidad penal del acusado por el delito de fraude procesal en calidad de autor.

5.5. Conclusiones

De conformidad con los hechos objeto de acusación y las pruebas practicadas en la audiencia de juicio oral, la Sala considera que concurren los presupuestos necesarios para confirmar la declaratoria de responsabilidad penal de VÍCTOR MANUEL BRAVO RODRÍGUEZ.

La Sala informa que, para elaborar las consideraciones precedentes, se adelantó un examen integral y completo de los medios de prueba legalmente incorporados, no solo frente a lo propuesto por el impugnante, sino dentro de un contexto amplio y carente de formalidades propio del mecanismo de impugnación especial.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: NEGAR las solicitudes de nulidad de la actuación procesal.

SEGUNDO: CONFIRMAR la condena proferida en contra de VÍCTOR MANUEL BRAVO RODRÍGUEZ, en sentencia proferida el 9 de julio de 2021 por el Tribunal Superior de Villavicencio.

TERCERO: INFORMAR que en contra de esta decisión no procede recurso alguno.

CUARTO: ORDENAR la devolución de las diligencias al tribunal de origen.

Notifíquese y cúmplase

CARLOS ROBERTO SOLÓRZANO GARAVITO

Presidente

MYRIAM ÁVILA ROLDÁN

GERARDO BARBOSA CASTILLO

FERNANDO LEÓN BOLAÑOS PALACIOS

DIEGO EUGENIO CORREDOR BELTRÁN

GERSON CHAVERRA CASTRO

JORGE HERNÁN DÍAZ SOTO

EN PERMISO

HUGO QUINTERO BERNATE

JOSÉ JOAQUÍN URBANO MARTÍNEZ

NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA

Secretaria

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