Ficha de la providencia
Sentencia SP743-2026(64596)
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Penal
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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Penal
Ficha de la providencia
Sentencia SP743-2026(64596)
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Penal
República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Penal
Sentencia SP743-2026(64596)
15 de julio de 2026
MYRIAM ÁVILA ROLDÁN
Magistrada ponente
SP743-2026
Radicación n.° 64596
CUI: 25899600066120200037001
Aprobado acta n.° 230
Bogotá, D.C., quince (15) de julio de dos mil veintiséis (2026).
OBJETO DE LA DECISIÓN
En ejercicio de la competencia prevista en el art. 32.1 de la Ley 906 de 2004 (Código de Procedimiento Penal, en adelante CPP), la Corte decide el recurso de casación interpuesto por la procuradora contra la sentencia del 22 de junio de 2022, dictada por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Cundinamarca. Esta modificó la emitida por el Juzgado Promiscuo Municipal de Cogua, en el sentido de conceder a Michel Stiven Cortés Leguizamón la suspensión condicional de la ejecución de la pena, que le fue impuesta como autor de violencia intrafamiliar agravada.
HECHOS
Los jueces de instancia declararon probado que, el 20 de diciembre de 2019, en la vereda Rodamontal del municipio de Cogua, Michel Stiven Cortés Leguizamón interceptó en la vía pública a Karen Julieth Ballén Leguizamón, expareja con quien tenía una bebé de tres años. Karen Ballén salía de su casa con destino a su trabajo y acababa de recibir una llamada de su jefe, cuando Michel Cortés le increpó «¿con quién hijueputas es que habla? ¿ya está hablando con el otro?». Ella le contestó que no era de su incumbencia porque ya no tenían una relación.
Entonces Michel Cortés cogió a Karen Ballén por el cuello, la hizo caer y le dijo «levántese perra». Ella se incorporó y salió corriendo, pero él la alcanzó, la insultó con «hijueputa, perra, zorra» y la cacheteó dos veces. Ella escapó a la casa de un familiar, a donde la siguió Michel Cortés, mientras exigía que le diera el celular. Cuando ella se cayó al suelo, él la pateó en la cintura.
A Karen Ballén se le dictaminó una incapacidad medicolegal de 10 días, con secuelas a determinar.
III. ACTUACIÓN PROCESAL PERTINENTE
El 25 de septiembre de 2020, la Fiscalía corrió traslado del escrito de acusación a Michel Cortés, como autor de violencia intrafamiliar agravada (CPI fol. 1-6).
El 12 de diciembre de 2022, en la audiencia concentrada, la fiscal anunció el preacuerdo con el procesado, consistente en aceptar su responsabilidad penal como autor de violencia intrafamiliar agravada, a cambio de recibir la pena de lesiones personales agravadas (arts. 111, 112.1º y 119.2º del Código Penal, en adelante CP).
El Juzgado Promiscuo Municipal de Cogua aprobó el preacuerdo, emitió sentido de fallo condenatorio y corrió el traslado del art. 447 CPP. Al descorrerlo, la fiscal, la representante de víctimas y el defensor pidieron que se aplicara la excepción de inconstitucionalidad al art. 68A CP, a fin de que se le suspendiera la pena al procesado.
El 19 de enero de 2023, el juzgado condenó a Michel Cortés a 37 meses de prisión. Le negó la suspensión de la pena (CPI fol. 194-203). La defensa apeló.
Por medio de fallo del 22 de junio de 2023, leído el 29 de junio de 2023, el Tribunal Superior de Cundinamarca, en sala mayoritaria, modificó la sentencia, en el sentido de inaplicar el art. 68A-2º CP y suspender la ejecución de la pena al procesado (CSI fol. 9-26 y 35-36).
Dentro del término legal, la procuradora interpuso y sustentó el recurso de casación (CSI fol. 52-76).
El 18 de febrero de 2026, el despacho ponente superó los defectos de la demanda y la admitió a examen de fondo (Esav 13). La audiencia de sustentación se llevó a cabo el 23 de abril de 2026 (Esav 30).
IV. LA DEMANDA DE CASACIÓN
La procuradora propone un único cargo contra la sentencia, por violación directa de la ley sustancial, proveniente de la falta de aplicación de los arts. 68A y 63 CP, 93 Const. Pol., 3º Convención de Belém do Pará, 7º de la Ley 1257 de 2008 y 23.2 de la Ley 1709 de 2014. El error fue suspender la pena para la violencia intrafamiliar agravada.
En sustento, sostiene que el tribunal estimó suficiente que víctima y victimario conformaran familia y que este «provee todo lo que la niña necesita», aun cuando hubo otra agresión. Así, el juez contrarió el auto AP669-2019, asumió que el cumplimiento de las obligaciones alimentarias excluye la necesidad de la pena y abrió «un camino de impunidad y desprotección para las muchas víctimas de violencia intrafamiliar, preámbulo de muchos feminicidios».
A su juicio, el tribunal perpetuó la violencia de género al reproducir estereotipos, como que el desarrollo armónico de los hijos solamente puede darse dentro de familias tradicionales con «padre y madre». Que la mujer debe renunciar a su protección para mantener la familia en su rol de cuidadora del hogar. Que la violencia es un asunto doméstico exento de la intervención estatal.
Para la procuradora, como el delito es agravado por razón del género, su sanción reprocha los atentados a la unidad familiar y a una vida libre de violencia. Al inaplicar la pena, el juez desconoció su obligación de debida diligencia en la prevención y sanción de la violencia contra la mujer. Ante la tensión de los derechos de los menores vs. los de las mujeres, el juez debía aplicar una perspectiva de género, más no una perspectiva familista (cita la T-267/23).
Sin desconocer los efectos gravosos de las penas para las familias y las fallas del sistema penitenciario, censura que el tribunal omitió la Ley 750/02 como vía eficaz cuando los derechos de los menores están en riesgo por el encarcelamiento de sus padres. También omitió que el derecho a una familia implica vivir libre de violencia.
Con el recurso, pretende la unificación de la jurisprudencia sobre la (im)procedencia de inaplicar el art. 68A CP y una solución a la tensión de derechos. Solicita a la Corte «infirmar» la sentencia en lo relativo a la suspensión de la pena y dejar en firme la decisión a quo.
V. AUDIENCIA DE SUSTENTACIÓN
Recurrente
El procurador delegado argumenta que el tribunal «resolvió de modo incorrecto» porque creó una regla que modifica las disposiciones referidas a la libertad, sin que exista una razón para modificar el «efecto sancionatorio» del art. 219 CP [sic]. El legislador cumplió con «la razón suficiente» al prohibir expresamente la suspensión de la pena para algunas infracciones, entre ellas la violencia intrafamiliar, por motivos de política criminal como la gravedad de la conducta y su afectación a bienes jurídicos que son «patrimonio del conglomerado».
Para el recurrente, el «error de interpretación» impacta el ordenamiento sistemáticamente, pues se estableció una excepción «sin un carácter fundante admisible», sino con «un carácter plenamente utilitario» violatorio del art. 13 constitucional. Así, se afectó la dignidad de la familia (preámbulo y art. 1º Const. Pol.), se puso en tela de juicio los derechos fundamentales de los destinatarios de la ley (art. 4 Código Civil) y se privilegió la libertad en contra del derecho de la mujer a no sufrir maltrato.
En respuesta a las preguntas orientadoras del despacho, expone que el art. 68A CP no contraría la Const. Pol. en lo relativo al derecho de los niños a tener una familia. De hecho, la interpretación del tribunal violenta el derecho de la niña a estar, crecer y desarrollarse en un ambiente sano y libre de humillaciones, maltratos y presiones.
Tampoco estima que sean excluyentes las perspectivas familista y de género. Antes bien, son complementarias por la interacción de «planos relacionales similares», toda vez que no se puede privilegiar los derechos de un niño a costa de que la madre padezca la «presión en concreto del abusador».
Considera que el tribunal promovió una forma de violencia de género con un razonamiento altamente discriminatorio, sintetizado en lenguaje coloquial «porque te mantengo, te aporreo». Ninguna circunstancia habilita a que se obligue a una mujer a vivir con su agresor so pretexto de que ella y su «hijita» merecen la manutención y demás asistencias en el ámbito familiar. La familia de este caso no solo es disfuncional, sino que la niña también es víctima y merece una protección actual.
Con base en esas razones, insiste en que se case la sentencia recurrida y «recobre el imperio la sentencia de primer grado». En consecuencia, se haga efectiva la pena de 6 años de prisión impuesta al procesado.
No recurrentes
La fiscal y la representante de víctima apoyan la solicitud del procurador. El defensor se opone.
Fiscal. En respuesta a las preguntas del despacho, expone que el art 68A CP se ajusta a la Const. Pol., en tanto busca proteger bienes jurídicos de la mayor relevancia constitucional como la integridad de las mujeres, su dignidad y la familia en su dimensión material. El derecho de la niña a una familia y no ser separada de ella no solo requiere la comprobación de «una unidad física», sino de vínculos de afecto y confianza, los cuales exigen una relación equilibrada y armónica entre los padres y un comportamiento pedagógico respecto de sus hijos.
Según la fiscal, el derecho a la unidad familiar no es absoluto, pues la privación de la libertad derivada de una condena es una limitación constitucionalmente válida. En todo caso, la aplicación del art. 68A CP no compromete el derecho de la niña a tener una familia, toda vez que el vínculo parental «no se rompe», sino que ha de mantenerse «bajo modalidades seguras».
De acuerdo con la fiscal, si bien la excepción de inconstitucionalidad constituye un mecanismo legítimo de control difuso, su uso demanda una contradicción palmaria entre la norma y la Constitución. En cambio, la decisión recurrida se basó en una interpretación abstracta y no en la verificación concreta de la afectación de los derechos de los involucrados. Tampoco se acreditó la necesidad y la indispensabilidad de la excepción.
Critica que el tribunal aplicó un enfoque familista basado en una concepción formal-clásica de familia, con exclusión de otras formas constitucionalmente reconocidas. De manera acrítica, redujo la familia a la pervivencia nominal de un grupo humano, con omisión de las relaciones de afecto y protección como componentes esenciales de aquella. Ese enfoque desconoce el interés superior de la menor y omite que una de las formas de discriminación contra la mujer es la causada con actos de violencia dentro de la familia.
En su criterio, la solución del caso exige aplicar el enfoque de género y el principio pro fémina para comprender el fenómeno de violencia estructural y garantizar decisiones que «rompan los ciclos de violencia». Como la decisión también compromete los derechos de una niña, debe aplicarse el interés superior de la menor para garantizar sus derechos a tener una familia y vivir libre de violencia.
A su juicio, la permanencia del procesado en el núcleo familiar no constituye la mejor garantía del interés superior de la niña, por el contrario, su presencia crea un entorno atravesado por dinámicas de violencia. Por tanto, la separación no solo es legítima sino necesaria, pues la presencia del padre puede afectar el derecho fundamental de la niña y su madre a vivir una vida libre de violencia.
Siguiendo a la fiscal, las pruebas evidencian que Michel Cortés incumplió las obligaciones alimentarias y los procesos terapéuticos. Cuando Karen Ballén trabajaba, quien asumía el cuidado de la bebé era la abuela paterna. Los problemas entre los progenitores persistieron por el desentendimiento del padre respecto de la bebé. Michel Cortés reiteró la violencia contra Karen Ballén, lo cual generó una nueva investigación y el cambio de residencia de la víctima. El procesado no mostró arrepentimiento real.
Bajo esas condiciones, concluye que «no se ha superado el conflicto de pareja», como lo malentendió el tribunal. Tampoco están acreditadas las manifestaciones de protección, afecto, educación y cuidado del padre hacia su hija. Ese ambiente familiar no es el medio idóneo para el desarrollo emocional y psicológico de la niña ni le asegura las condiciones de respeto y dignidad que requiere.
Para la fiscal, invocar el rol de proveedor económico reproduce estereotipos de género que «asignan al hombre la función de proveer el dinero necesario para sostener el hogar y asegurar así las condiciones mínimas de subsistencia de sus hijos». Ese rol excluye al padre del «cuidado, afecto y formación del menor», asignándoselo a la madre.
De todas maneras, señala que no está acreditada la dependencia económica de la niña hacia el procesado. Por el contrario, aunque el padre se ocupa de cosas de la niña, en ocasiones no lo hace y se desentiende de ellas, según evidencian los informes de trabajo social. Además, la madre trabaja y la niña depende de ambos padres.
Representante de víctima. Plantea que no se estructura la excepción para inaplicar el art. 68A CP, norma de carácter objetivo y «dirigido con perspectiva de género».
Según la representante, si el núcleo de la decisión es la protección de la familia, entonces es evidente que «no se dio este parámetro», pues el «devenir probatorio» muestra que «el compromiso para la protección especial de la familia se vio quebrantado». Si bien hubo un preacuerdo, no quedaron afianzadas las «pautas de comportamiento» que debía tener el procesado, e incluso había otra investigación en su contra. Que el padre sea el proveedor no es sinónimo de que brinde un amparo integral a la menor.
Defensor. Expone que el principio de legalidad no «se olvidó», ya que la excepción de inconstitucionalidad se aviene con que la Constitución es norma de normas como consagra su art. 4º (alude a la Pirámide Kelseniana). Incluso, «vamos más allá» con los tratados internacionales que conforman el bloque de constitucionalidad (art. 93 ibidem).
Califica el caso de «muy particular» y «muy especial» dada la supremacía de los derechos fundamentales de los niños (art. 44 Cons. Pol.), en concordancia con el derecho a la familia (art. 42 ibidem). Con base en ellos, defiende la inaplicación del art. 68A CP para que el sentenciado tenga la oportunidad de «disfrutar su hija, disfrutar su familia» cuando «ya hay una especie de perdón, de olvido».
Opina que en este caso «están todos los requisitos para haber aplicado un principio de oportunidad, pero no se hizo» en el momento adecuado, hasta antes de la audiencia preparatoria. Si las finalidades de la pena son resocializar y rehabilitar al procesado, se pregunta si el centro cancelario cumplirá esas finalidades o, por el contrario, será «una escuela para cometer más delitos».
VI. CONSIDERACIONES
Preliminarmente, la Sala reitera que los defectos formales de la demanda se entendieron superados con el auto admisorio. En consonancia, la Corte puede tener en cuenta una causal diferente de la alegada por la demandante, atendiendo a la fundamentación de los fines de la casación e índole de la controversia planteada (art. 184 CPP).
Si bien la procuradora seleccionó la causal de violación directa de la ley sustancial, del contenido de la demanda y de las intervenciones en la audiencia de sustentación, la Sala extrae que la causal aplicable es la violación indirecta de la ley sustancial (art. 181.3 CPP). Esta es la vía idónea por cuanto la controversia devela errores en la apreciación y valoración probatoria que sustentó la excepción de inconstitucionalidad del art. 68A CP y la consecuente suspensión de la pena. A raíz de esos errores el tribunal habría dejado de aplicar el art. 68A CP y varias normas del bloque de constitucionalidad.
En ese orden de ideas, corresponde a la Corte definir si ¿el tribunal incurrió en violación indirecta de la ley sustancial en relación con la excepción de inconstitucionalidad del art. 68A CP y la consecuente suspensión de la pena que le fue impuesta al procesado por violencia intrafamiliar agravada?
Para resolver esa controversia, la Corte abordará la siguiente temática: i) la excepción de inconstitucionalidad (sub. 6.1); ii) el derecho de la niña a tener una familia y a no ser separada de ella, junto al derecho de la mujer y de la niña a una vida libre de violencia (6.2); iii) enfoques obligatorios en casos de violencia contra mujeres y niñas (6.3); iv) los errores de hecho derivados del falso juicio de identidad y del falso raciocinio (6.4); v) el caso concreto (6.5); vi) las conclusiones (6.6); vii) las medidas de restablecimiento de derechos (6.7).
6.1. La excepción de inconstitucionalidad
De conformidad con el art. 4º Const. Pol., la Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales.
Se trata del principio de supremacía y prevalencia de la Constitución, del cual emana la excepción de inconstitucionalidad. Esta consiste en la facultad/deber que recae en las autoridades y en los particulares para inaplicar normas legales o de menor entidad, cuandoquiera que se opongan a disposiciones de la Constitución o del bloque de constitucionalidad (CSJ AP6837-2024).
Es un mecanismo de control difuso aplicado a cada caso concreto. Por eso mismo, solo tiene efectos inter partes, de manera que la norma sobre la que recae la excepción no desaparece del sistema jurídico (CSJ AP1703-2025). Frente a su procedencia, uniformemente la Corte Constitucional ha identificado los siguientes eventos (CC T-681/16):
«- La norma es contraria a los cánones superiores y no se ha producido un pronunciamiento sobre su constitucionalidad, toda vez que de ya existir un pronunciamiento judicial con efectos erga omnes su aplicación se hace inviable. En estos casos, cualquier providencia judicial, incluidas las de las acciones de tutela, deberán acompasarse a la luz de la sentencia de control abstracto que ya se hubiere dictado.
• Se reproduce su contenido otra [sic] que haya sido objeto de una declaratoria de inexequibilidad por parte de la Corte Constitucional o de nulidad por parte del Consejo de Estado, en respuesta a una acción pública de inconstitucionalidad o nulidad por inconstitucionalidad, según sea el caso.
• En virtud de la especificidad de las condiciones del caso particular, la aplicación de la norma acarrea consecuencias que no estarían acordes a la luz del ordenamiento iusfundamental. En otras palabras, “puede ocurrir también que se esté en presencia de una norma que, en abstracto, resulte conforme a la Constitución, pero no pueda ser utilizada en un caso concreto sin vulnerar disposiciones constitucionales.».
Si bien el funcionario cuenta con la facultad/deber de ejercer el control de constitucionalidad por vía de excepción, para que sea viable es preciso que dicha contraposición normativa con la Constitución Política sea evidente, ostensible, flagrante. De lo contrario, el mecanismo perdería su naturaleza excepcional (CSJ AP6837-2024).
Desde luego, tal exigencia implica una necesaria carga argumentativa de parte de quien acude a la figura, orientada a evidenciar esa contrariedad o incompatibilidad manifiesta entre el precepto a aplicar y la Constitución. De la motivación presentada debe fluir con total claridad que es imprescindible dejar de aplicar las disposiciones de menor jerarquía por apartarse de las constitucionales.
6.2. Los derechos a tener una familia y a una vida libre de violencia
De conformidad con los arts. 44 Const. Pol. y 22 del Código de Infancia y Adolescencia (en adelante CIA), uno de los derechos fundamentales de las niñas es tener y crecer en el seno de una familia, a ser acogidas y no ser separadas ni expulsadas de ella. Las menores sólo podrán ser separadas de su familia cuando no les garantice las condiciones para la realización y el ejercicio de sus derechos.
En sintonía con ello, como Estado Parte de la Convención sobre los Derechos del Niño (en adelante CDN), Colombia debe velar por que la niña no sea separada de sus padres contra la voluntad de estos, excepto cuando las autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el interés superior de la niña (art. 9º).
El interés superior de la niña es una consideración primordial en todas las medidas concernientes a ella que tomen las instituciones públicas, incluidos los tribunales. En ese sentido, Colombia se ha comprometido a asegurar a la niña «la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar» (art. 3º CDN).
El bienestar de las niñas depende de la efectividad de sus demás derechos fundamentales, entre los que se incluye el derecho «al cuidado y el amor», así como a ser protegidas contra toda forma de tratos inhumanos y degradantes, entre ellos, el abandono y la violencia física o moral (art. 44 Const. Pol.). Las niñas gozan también de los demás derechos humanos predicables de los adultos, incluido el derecho a una vida libre de violencia.
Este último es un derecho humano en cabeza de toda mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. De acuerdo con la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (en adelante Convención de Belém Do Pará), entre otras facetas, el derecho a una vida libre de violencia incluye la facultad de las mujeres de (arts. 3º y 6º):
Ser libres de toda forma de discriminación.
Ser valoradas y educadas libre de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación.
El correlato necesario de esos derechos son los deberes de los Estados Parte a fin de prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres. Entre esos compromisos, el Estado colombiano ha de abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por que sus autoridades se comporten de conformidad con esa obligación. También, a actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer (art. 7º Convención de Belém Do Pará).
Que el derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluya el ser libre de toda forma de discriminación indica que la violencia y la discriminación no son fenómenos separados, sino dimensiones interconectadas de una misma problemática. La discriminación estructural contra las mujeres crea un terreno fértil para que la violencia se normalice. Por ejemplo, si la sociedad considera a las mujeres subordinadas, se legitima el abuso y el control.
La expresión más extrema de la discriminación es la violencia. Golpes, insultos o violaciones no brotan de la nada, sino de un sistema que ya coloca a las mujeres en desventaja. Se trata de un círculo vicioso: la violencia perpetúa la discriminación porque refuerza la idea de que las mujeres deben soportar el maltrato. A su vez, la discriminación legitima la violencia al considerarla “normal” o “cotidiana”.
Teniendo en cuenta la complejidad de esa problemática y que «las mujeres siguen siendo objeto de importantes discriminaciones», los Estados Parte en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (en adelante CEDAW) se comprometieron a adoptar medidas encaminadas a eliminar la discriminación contra la mujer, entre ellas (art. 2º):
Asegurar por ley u otros medios apropiados la realización práctica del principio de igualdad del hombre y de la mujer.
Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones correspondientes, que prohíban toda discriminación contra la mujer.
Por conducto de los tribunales nacionales competentes y de otras instituciones públicas, garantizar la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación.
Abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra la mujer y velar por que las autoridades e instituciones públicas actúen de conformidad con esta obligación.
La Corte considera que el derecho de las niñas a tener una familia y el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y discriminación se entrelazan en una misma reivindicación de dignidad. No basta con preservar la unidad familiar: esta debe ser un espacio seguro, libre de abusos y desigualdades. La verdadera protección estatal consiste en garantizar que la familia no reproduzca violencia ni discriminación, sino que sea el ámbito donde germinen la igualdad, el respeto, el cuidado y el amor.
6.3. Enfoques obligatorios en casos de violencia contra mujeres y niñas
El principio pro infans es un mandato ineludible para todas las autoridades (art. 44 Const. Pol). En los procedimientos judiciales donde intervienen menores de edad, dicho principio reconoce la condición de vulnerabilidad de ese grupo poblacional y salvaguarda la prevalencia de su interés superior en la interpretación y aplicación de las normas, en particular, cuando se adopta una decisión que impacta sus derechos (CSJ SP2098-2025, SP1825-2025, SP1842-2025 y SP3240-2024).
Por su parte, el enfoque de género es una metodología de análisis de la cuestión litigiosa de carácter vinculante. Tiene por objeto deconstruir y superar las prescripciones normativas y razonamientos judiciales aparentemente neutrales, pero en el fondo machistas, en búsqueda de la plena realización de los principios de igualdad y no discriminación (arts. 13 Const. Pol. y 2º CEDAW).
La aplicación de esos enfoques diferenciales no significa la flexibilización de las garantías del procesado o la disminución de las exigencias para dictar la condena e imponer la correspondiente sanción. Simplemente, es la adopción consciente de métodos aplicados cuando las mujeres y las niñas aparecen como víctimas de violencia de género, los cuales exigen debida diligencia en las actuaciones y decisiones que atañen a su bienestar y a su protección reforzada (CSJ SP1689-2025).
6.4. Errores de hecho derivados del falso juicio de identidad y del falso raciocinio
Los errores que se pueden cometer en la actividad probatoria pueden ser de derecho o de hecho (art. 181-3º CPP). Los segundos —que son los que interesan en este asunto— implican el desconocimiento de una situación fáctica, producto de la incursión en falsos juicios de existencia o de identidad o falso raciocinio (CSJ AP1830-2025, AP4580-2024 y AP3457-2022).
La segunda de esas hipótesis —falso juicio de identidad— tiene ocurrencia cuando el juzgador distorsiona o tergiversa el contenido objetivo de determinado medio de conocimiento, haciéndole decir lo que en realidad no dice, bien sea porque realiza una lectura equivocada de su texto, le agrega circunstancias que no contiene o prescinde de aspectos relevantes de aquel (CSJ AP1830-2025, AP4580-2024, AP3139-2024 y AP3457-2022).
Por su parte, el falso raciocinio se configura cuando el juez aprecia los elementos de conocimiento en su integridad, pero al valorarlos desconoce los postulados de la sana crítica, esto es, una concreta ley científica, un principio lógico o una máxima de la experiencia (CSJ AP2664-2026).
Como uno de los tres referentes de valoración probatoria, la construcción de una máxima fundada en el ordinario devenir de los acontecimientos de la vida en sociedad requiere de una estructura general y abstracta, definida por la Corte en los siguientes términos:
«[L]a experiencia forma conocimiento y los enunciados basados en esta conllevan a la generalización, lo cual debe ser expresado en términos racionales para fijar ciertas reglas con pretensión de universalidad, por cuanto comunican determinado grado de validez y facticidad, en un contexto socio histórico específico.
En ese sentido, para que ofrezca fiabilidad una premisa elaborada a partir de un dato o regla de la experiencia ha de ser expuesta, a modo de operador lógico, así: siempre o casi siempre [que] se da A, entonces sucede B.» (CSJ AP2664-2026, AP7470-2024 y AP5164-2022).
La Corte ha develado falsas máximas de la experiencia que solo reproducen simples prejuicios machistas. Ese tipo de razonamiento defectuoso es demandable en casación por la vía del falso raciocinio:
«En esa comprensión, la invocación de prejuicios o estereotipos sexistas (que por definición no constituyen reglas empíricas sino que se les oponen) y su aplicación a la valoración probatoria o la deducción inferencial bajo la falsa justificación de constituir máximas experienciales encierra, por consecuencia obvia, un yerro demandable por la vía del falso raciocinio.» (CSJ SP2136-2020).
Y es que los estereotipos «son elementos cognitivos irracionales» con pretensiones descriptivas que generalizan sobre los rasgos de un grupo humano —por ejemplo, que las mujeres son naturalmente pacientes y tolerantes, lo cual justifica que soporten agresiones en silencio para “preservar el hogar”—. O bien, con pretensiones prescriptivas que imponen ciertos roles a los miembros de un grupo humano —por ejemplo, que los hombres son los proveedores económicos y las mujeres deben limitarse al cuidado del hogar—.
Por lo tanto, cualquier razonamiento probatorio que los replique o afirme, salvo que tenga asidero en su demostración real y concreta en el caso específico, será contrario a la sana crítica. Esta reclama que los procesos intelectivos y de valoración de la evidencia respeten las máximas experienciales, de las que se apartan los planteamientos sustentados en ideas discriminatorias o prejuiciosas desprovistas de asidero fáctico y empírico (CSJ SP2136-2020).
6.5. Los errores de hecho del tribunal
Para claridad de esta decisión, la Sala reproducirá los considerandos de la sentencia en los que se detectan errores de hecho. Según el tribunal:
«2.3. Ahora, si bien con posterioridad a los hechos objeto del proceso, MICHEL STIVEN CORTÉS LEGUIZAMÓN, reitera su comportamiento agresivo con su pareja, en concreto en abril de 2020, -como consta en documento de la Fiscalía-; ello en nada desdice que en la actualidad luego de más de tres (3) años, la vida de [sic] familiar del procesado y su compañera sentimental –víctima-, y de la menor hija A.R.C.B., es completamente distinta, según lo manifestado por aquella, incluso, obra constancias de asistencia de la pareja a terapia psicológica en procura de restablecer una vida de armonía, unidad, de afecto en el hogar y brindar apoyo moral y económico a la menor hija.
Así, contrario a lo afirmado por la juez, se acreditó apoyo moral y económico por parte del procesado CORTÉS BALLÉN [sic]; pues, la compañera reiteró que provee “las cosas que la niña necesita” en entrevista con la Trabajadora Social de la Alcaldía de Cogua, año 2020, y el propósito del procesado por restablecer la unidad y armonía familiar benéfica para la menor hija; y lo expresó en la audiencia de verificación de preacuerdo, el 12 de diciembre de 2022, “(…) las disculpas las acepto, estamos conviviendo juntos y pues tenemos a nuestra hija, y ahorita vamos a hacer lo mejor posible para tener una mejor convivencia con nuestra hija y como pareja también”, -récord 49:17-. […]
(xii). En efecto, transcurridos más de tres (3) años de ocurridos los hechos, no se advierte inminente repetición de violencia intrafamiliar, puesto que: (i) desde abril de 2020 a hoy no se conoce de nuevo maltrato físico o psicológico; (ii) los profesionales en Psicología y Trabajo Social que han intervenido y seguido el caso, han certificado que según la víctima, el procesado MICHEL STIVEN CORTÉS LEGUIZAMÓN, no ha incurrido en nuevos episodios de maltrato familiar; es más, el procesado aceptó su autoría y responsabilidad en los hechos sometiéndose a la justicia; igualmente manifestó su arrepentimiento por su conducta pasada; y ha participado en tratamiento para mejorar su comportamiento y relación de pareja; (iii) MICHEL STIVEN CORTÉS LEGUIZAMÓN, y Karen Julieth Ballén Leguizamón, actualmente conforman familia que protege con afecto a la menor hija A.R.C.B., por lo que la presencia de sus padres representa un ambiente óptimo e integral para su crecimiento emocional.» (CSI fol. 16 y 23-24).
El tribunal incurrió en falsos juicios de identidad en la apreciación probatoria de las constancias emitidas por la psicóloga Olga Jiménez (CPI fol. 178-179) y la trabajadora social Sandra Arévalo (fol. 176-177), ambas adscritas a la Comisaría de Familia de Cogua. En concreto, la instancia prescindió de aspectos relevantes de esos documentos.
Antes que nada, la Sala toma nota de las fechas y asistencia del procesado a las sesiones: las de la psicóloga Jiménez apenas van del 3 de febrero al 23 de abril de 2020, con una sola asistencia de Michel Cortés. Las de la trabajadora social Arévalo son del 23 de abril al 14 de septiembre de 2020, con dos asistencias del procesado.
En cuanto al contenido objetivo de esos documentos, en uno de ellos la psicóloga Olga Jiménez hizo constar:
«Martes 11 de febrero/2020: […] Niega nuevos episodios de maltrato o violencia intrafamiliar por parte del padre de su hija señor Michel Stiven Cortés Leguizamón. En el encuentro la señora comenta que se encuentra laborando, recibe apoyo de abuela paterna de su hija Alison para el cuidado y atención de la niña, refiere comunicación limitada con su excompañero Michel y principal motivo de conflicto los celos de él. Se revisaron aspectos relacionados con el ciclo de la violencia, reflexión de cada etapa y compromiso individual para la prevención de nuevos hechos de conflicto.» (CPI fol. 178, subrayas añadidas).
Por su parte, la trabajadora social Sandra Arévalo en una de sus constancias consignó:
«*Jueves 14 de mayo de 2020. […] En cuanto a nuevos hechos de conflictos con el señor Michel Cortés Leguizamón la señora en mención comenta que no ha tenido contacto o comunicación, por lo que no hay nuevos hechos de conflictos. Refiere que la abuela paterna es quien continúa cuidando a la niña mientras ella trabaja y Michell [sic] compra las cosas que la niña necesita y se las entrega a la abuela. Aduce que como estrategia para evitar conflictos con el señor Michel, ella hace un mes aproximadamente se fue a vivir a la casa de la hermana que es en la misma vereda, pero lejos de la casa de Michel. Por parte de la profesional se brindan orientaciones encaminadas a prevenir la violencia intrafamiliar.» (CPI fol. 176, subrayas añadidas).
Contrastado ese contenido objetivo de las constancias con lo contemplado por el tribunal, la Sala observa que, si bien los documentos dan cuenta de que no hubo «nuevos hechos de conflictos» cercanos a las sesiones de psicología y trabajo social, el tribunal cercena que lo fue porque Karen Ballén procuró evitar cualquier contacto con Michel Cortés, mediante el cambio de su residencia lejos de aquel.
Ese contenido cercenado es trascendente porque demuestra una acción autónoma y protectora de la víctima, incompatible con la tesis de que la ausencia de conflictos favorecía al procesado. Al contrario, la decisión de cambiar de residencia para cortar todo vínculo revela la gravedad del riesgo y la necesidad de preservar su seguridad, lo que torna improcedente la apreciación favorable que la instancia indebidamente otorgó para suspender la pena.
El tribunal también cercenó el contenido objetivo de la reparación simbólica ofrecida por el procesado, la cual dista de un sincero arrepentimiento y garantía de no repetición. En la audiencia de verificación del preacuerdo, celebrada el 12 de diciembre de 2022, las partes expresaron:
«Procesado: Eh, pues yo le pido perdón [se ríe]. Pues le pido perdón y pues no, que no voy a cometer más esos hechos y pues ya han pasado dos años y pues no ha ocurrido nada que o sea que, que nos afecte entre los dos.
Juez: Señora Karen, algo que manifestar frente a esa manifestación del señor Michel.
Víctima: No señora, que, pues las disculpas las acepto, estamos conviviendo juntos y pues tenemos a nuestra hija y ahorita vamos a hacer lo mejor posible para tener una mejor convivencia con nuestra hija y como pareja también.
Juez: Gracias.» (Récord 48:15 a 49:45).
El tribunal no auscultó el contenido literal de las manifestaciones del procesado, sino que se limitó a mencionar superficialmente que aquel mostró «arrepentimiento por su conducta pasada». Sin embargo, el comportamiento verbal y no verbal de Michel Cortés en audiencia lo único que transmitió fue un desinterés frente a la gravedad de sus actos, al punto de que emitió una risa durante su intervención.
Tampoco hubo un compromiso claro del procesado de no repetir la violencia en contra de Karen Ballén. Por el contrario, sutilmente se desligó de la responsabilidad que aceptaba al indicar que «ya han pasado dos años y pues no ha ocurrido nada que o sea que, que nos afecte entre los dos», como si las agresiones contra Karen Ballén no hubiesen dependido enteramente de él.
Además de esos falsos juicios de identidad por cercenamiento, el tribunal ignoró el enfoque de género obligatorio en casos de violencia contra la mujer y terminó efectuando valoraciones que esconden estereotipos de género, incompatibles con el principio de igualdad y no discriminación:
«(xi) Una interpretación exegética propia del rigor del positivismo jurídico a ultranza, ello, implica desatender el mandato del artículo 44 constitucional, por cuanto la prohibición legal así entendida -justicia legal-, en detrimento del derecho de la menor A.R.C.B., a tener una familia con la presencia permanente de padre y madre y que éstos con la ayuda profesional que reciben superen sin agresiones los consabidos conflictos de la vida en pareja; interrumpir el crecimiento o fortalecimiento de la armonía y unidad familiar en proceso consolidación, a efectos de aplicar expresa prohibición legal, en este caso no redundaría en propugnar por la institución familia como base de la sociedad.»(CSI fol. 23).
Frente a los hechos sancionados, cuyo fundamento fáctico-probatorio en la sentencia de primera instancia (CPI fol. 198) incluyó el formato único de noticia criminal del 23 de diciembre de 2019, el tribunal plantea que el procesado y la víctima «con la ayuda profesional que reciben superen sin agresiones los consabidos conflictos de la vida en pareja». Por ‘consabido’ se entiende lo que es «conocido, habitual, característico».
Para la Sala, no hay nada de ‘consabido’ en que un hombre hostigue a la expareja a las afueras de su hogar. Motivado por los celos de que ella reciba una llamada del jefe, la maltrate verbalmente -diciéndole «¿con quién hijueputas es que habla? ¿ya está hablando con el otro?»-. Luego le propine una fuerte golpiza en la vía pública -agarrándola del cuello, empujándola al suelo, cacheteándola dos veces- y la trate con palabras absolutamente denigrantes de su dignidad como mujer -insultándola con «levántese perra», «hijueputa, perra, zorra»-. La persiga hasta la vivienda de un familiar para continuar con los improperios, los golpes y el control sobre sus acciones para que le entregue su celular.
Esas agresiones fueron de tal magnitud que ameritaron una incapacidad medicolegal de 10 días, con secuelas a determinar, según la evaluación plasmada por la doctora Laura Carolina Pinzón Martínez en el informe médico legal de lesiones personales (CPI fol. 84-85).
En realidad, los hechos juzgados no iniciaron como un ‘consabido’ conflicto de pareja que luego escaló a una agresión, como sugirió el tribunal. Desde el hostigamiento mismo de Michel Cortés a las afueras de la casa de Karen Ballén, los hechos fueron una violación grave del derecho humano de una mujer a una vida libre de violencias psicológica y física. Como bien ha discernido el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF):
«Es importante saber que los conflictos y la violencia en la pareja no son lo mismo; la violencia no es normal y debemos hacer algo para detenerla» (Subrayas adicionadas).
La violencia contra las mujeres en su entorno familiar es una de las formas más generalizada de violación de derechos humanos. En la región de Las Américas una de cada cuatro mujeres de entre 15 y 49 años ha sufrido violencia física o sexual por parte de una pareja íntima al menos una vez en su vida. La violencia de pareja es la forma más común de violencia contra las mujeres.
De ese grave flagelo que azota la región de Las Américas hizo parte la violencia sufrida por Karen Ballén a manos de Michel Cortés. Este caso no se inscribe en un «consabido conflicto de la vida en pareja» que escaló a agresiones. Desde un inicio se trató de violencia de género de un hombre contra una mujer, mediante actos de cosificación y anulación de su dignidad con el hostigamiento en su residencia, los insultos denigrantes motivado por los celos, la coacción física y el control de sus acciones.
Cuando el tribunal circunscribe el caso a unas agresiones que desbordaron los “consabidos conflictos de la vida en pareja”, está reproduciendo el estereotipo de género que normaliza la violencia machista como si fuera parte inevitable de las relaciones de pareja, con lo cual minimiza su gravedad y privatiza su erradicación al eludir la sanción penal. El tribunal reconduce el origen de la violencia física y psicológica a un simple desacuerdo cotidiano, invisibilizando el daño real para la víctima.
Más preocupante aún, el razonamiento del tribunal reproduce la desigualdad entre hombres y mujeres, pues tácitamente refuerza la idea de que hay maltrato tolerable para la mujer en su rol de (ex)pareja, perpetuando relaciones desiguales. Por esa vía, el tribunal contradice los estándares internacionales consagrados en la CEDAW y la Convención de Belém do Pará, que obligan a los Estados a tratar la violencia contra la mujer como una violación de derechos humanos, no como un asunto privado.
De hecho, el razonamiento del tribunal raya con una forma de violencia institucional, pues convierte al sistema de justicia en un mecanismo de reproducción de la discriminación en lugar de garantizar la protección efectiva de la mujer víctima. Al incurrir en el estereotipo de normalizar la violencia de género, el tribunal no solo perpetúa la desigualdad, sino que incumple la obligación estatal de asegurar una justicia libre de sesgos y verdaderamente protectora frente a la violencia.
Con el mismo sesgo de normalización de la violencia, al tribunal le quedó fácil restarle importancia a la reiteración de la violencia intrafamiliar, pese a que los hechos acá juzgados no fueron la primera ni la última vez que Michel Cortés agredió a Karen Ballén.
Con el propósito de contextualizar ese otro error del tribunal, la Sala recuerda que las agresiones juzgadas ameritaron la imposición de una medida de protección provisional el mismo 20 de diciembre de 2019 -día de los hechos-, a favor de Karen Ballén y en contra de Michel Cortés, para que este cesara «todo acto de violencia, agresión, maltrato, amenaza u ofensa» (CPI fol. 90).
El 17 de enero de 2020, en la «Diligencia de fallo que trata la ley 575 de 2000 medida No 038 de 2019», a la cual no asistió el procesado, la medida de protección se tornó en definitiva y se extendió a la niña A.R.C.B., «para garantizar la integridad física, moral y emocional de los integrantes del grupo familiar, para evitar todo acto de agresión, amenaza u ofensa» (CPI fol. 98-100).
En esa ocasión, la comisaria le indagó a la compareciente si: «Es la primera vez que suceden este tipo de hechos con el progenitor de su hija», a lo que Karen Ballén contestó: «No, es la segunda vez, yo no conocía que podía pedir medida de protección, estuvimos acá en la comisaría, pero fue por los alimentos de la niña y pues dejé así» (CPI fol. 98-99). Este antecedente de violencia fue completamente invisibilizado por el tribunal.
El 13 abril de 2020, en vigencia de la medida de protección n° 038 de 2019, Michel Cortés volvió a agredir a Karen Ballen, lo que ameritó una nueva denuncia y un proceso penal en curso bajo el CUI 258996000418202050144 (CPI fol. 166). Ese hecho fue minimizado por el tribunal, pese a que su valoración en contexto demostraba un ciclo de violencia reiterada ejercida por el procesado contra la víctima.
Además del sesgo de normalización de la violencia de género, el tribunal incurrió en otro error de hecho en relación con dos constancias emitidas por las profesionales de la Comisaría de Familia de Cogua, cuyo contenido es el siguiente:
De la psicóloga Olga Jiménez: «Martes 03 de Marzo/2020. […] Se hizo presente a la cita el señor Michel Stiven Cortés Leguizamón […] El compareciente niega hechos de recientes de maltrato o violencia contra la señora Karen Julieth. Se revisan aspectos relacionados con la responsabilidad parental, aduce que no aporta cuota económica pactada en conciliación sino alimentación. En cuanto a la comunicación con la progenitora de su hija comenta que se limita al saludo y necesidades de la niña, además refiere detalle hacia ella [ilegible y corte de página] Aclara que esta cita había sido programada en pareja con aceptación verbal de los dos. Durante la intervención se revisaron aspectos relacionados con el proyecto de vida en el cual se percibe, se encuentran involucrados sus padres e hija.» (CPI fol. 178-179).
De la trabajadora social Gloria Arévalo: «*Martes 23 de junio de 2020. […] A quien se le pregunta si han ocurrido nuevos hechos de violencia intrafamiliar a lo que refiere que por el momento todo ha estado tranquilo, que hay nuevos hechos de conflicto o violencia. Respecto a los gastos de la niña, la señora comenta que Michell [sic] no le aporta ningún tipo de cuota, pero cuando ella está trabajando y la niña queda bajo el cuidado de la abuela paterna el señor Michell le compra todo lo que ella necesita y que la comunicación que tienen es básicamente con los temas relacionados a su hija. Comenta que continúa viviendo con la hermana. Por parte de la trabajadora social se brindan recomendaciones y orientaciones en fortalecer comunicación asertiva y pautas de crianza.» (CPI fol. 176-177).
El tribunal entendió que Michel Cortés asume el apoyo económico en la familia porque Karen Ballén indicó que provee «las cosas que la niña necesita». Para empezar, el tribunal descontextualiza la respuesta de Karen Ballén, de la que realmente se extrae que el cumplimiento de la obligación económica se daba cuando la bebé quedaba al cuidado de la abuela paterna mientras ella trabajaba, pero de resto Michel Cortés no aportaba «ningún tipo de cuota».
Súmesele a ello que Michel Cortés afronta un proceso por inasistencia alimentaria, como informó la fiscal al descorrer el traslado del art. 447 CPP. Y, de hecho, el propio Michel Cortés indicó que no aportaba la cuota económica pactada en la conciliación, según se desprende de la constancia psicológica del 3 de marzo de 2020.
Así entonces, pierde fuerza argumentativa el considerando del tribunal cifrado en que el procesado ha asumido el sustento económico de A.R.C.B., pues no lo ha hecho en todo el sentido de esa obligación, como bien lo identificó la fiscal en su condición de no recurrente.
Pero más allá de esa crítica al razonamiento judicial, el falso raciocinio del tribunal consiste en reproducir el estereotipo de reducción del rol del padre a ser el proveedor del hogar, invisibilizando si ejerce o no un acompañamiento afectivo real. En la cultura colombiana, tradicionalmente al padre se le asocia a quien aporta lo económico al hogar, mientras la madre se vincula al cuidado afectivo y doméstico, en un esquema que reproduce la división sexual del trabajo.
Al trasladar ese prejuicio cultural al razonamiento jurídico, el tribunal entiende que el padre «brinda apoyo moral y económico» por el solo hecho de proveer bienes —en ocasiones—, sin evidencia alguna de expresiones concretas de amor, cuidado y respeto en el entorno familiar. Así, se refuerza la idea de que lo material basta para derivar lo moral, reduciendo la paternidad a la provisión y excusando al padre de las demás formas de acompañamiento.
Este estereotipo contaminó la valoración probatoria y las conclusiones del tribunal sobre la suspensión de la pena, bajo el argumento de proteger el interés superior de la menor. En realidad, el tribunal privilegió la figura del “padre proveedor” —parcial, además— sin indagar sobre si el procesado cumple el rol de cuidador, como requisito indispensable para afirmar fundadamente que aquel «brinda apoyo moral y económico» en la familia.
Además de esos dos razonamientos estereotipados, como bien lo identificaron el procurador y la fiscal en la sustentación, el tribunal acogió un concepto nominal de familia cuando consideró que el derecho a la familia de A.R. se satisface llanamente «con la presencia permanente de padre y madre». El tribunal supone que las niñas están mejor en un hogar con papá y mamá, con independencia del trato real y concreto que el hombre le ha dispensado a la mujer.
Como se decantó en la parte teórica de esta decisión, el derecho a la familia tiene un contenido sustancial ligado a la protección y el cuidado que sean necesarios para el bienestar de la niña. En este caso el procesado no ha propiciado un ambiente de bienestar para la niña A.R. ni para la madre, como razonablemente se deduce de las circunstancias delictuales y posdelictuales, aunado a la información actual del núcleo familiar aportada por los elementos documental y declarativo.
Para la Sala, la violencia que ejerció Michel Cortés contra Karen Ballen es incompatible con un entorno familiar armónico para la entonces bebé de 3 años. Según se extrae del formato único de noticia criminal del 23 de diciembre de 2019 que sustentó el preacuerdo (CPI fol. 79-82), aun cuando la niña ese día estaba al cuidado de su abuela paterna (madre del procesado y tía de la víctima), la violencia ejercida por su papá contra su mamá la afectó indirectamente.
La agresión dejó huellas en la víctima con capacidad de desequilibrar la armonía en el entorno de la bebé. Por un lado, la víctima sufrió una lesión física consistente en un «edema de 8 cm x 5 cm con leve equimosis y eritema central» en la región lumbar (CPI fol. 84-85). Por otro lado, la víctima tuvo una afectación psicológica exteriorizada en «el miedo a salir sola a la calle porque él me amenazó y he estado sola encerrada en la casa porque me da miedo salir» (CPI fol. 80).
La bebé estuvo expuesta a percibir esas huellas físicas y psicológicas en su mamá causadas por su papá, lo cual representa un riesgo para la salud mental y bienestar emocional a la frágil edad de 3 años.
Como consta en el formato único de noticia criminal (CPI fol. 80), el mismo 20 de diciembre de 2020, a las 6:30 p.m., mientras Karen Ballén asistía a la cena navideña de su empresa, Michel Cortés volvió a la vivienda «a sacar a la niña» que se encontraba al cuidado de la madrina. Luego de que esta le indicara «Karen me dejó encargada de la niña y la niña no sale de acá», Michel Cortés ingresó y empezó a buscar «como loco en toda la casa» a Karen Ballén, pero como no la encontró, se sentó afuera a esperarla.
En esa circunstancia posdelictual no se vislumbra ninguna atención genuina de un papá hacia su hija, sino un control obsesivo de un hombre hacia una mujer.
Además de las constancias de la Comisaría de Familia de Cogua del 2020 y la reiteración de la violencia intrafamiliar en abril de ese año, el expediente no cuenta con información sobre cuál fue el trato del procesado hacia la víctima y la niña, entre septiembre de 2020 y octubre de 2022.
Transcurridos esos dos años, para el tercer trimestre de 2022, Michel Cortés y Karen Ballén retomaron su relación de pareja, según se deduce de la certificación de asistencia psicológica del 5 de noviembre de 2022 y de las declaraciones rendidas en la audiencia de verificación del preacuerdo del 12 de diciembre de igual año.
Al respecto, la Sala observa que la certificación de psicología únicamente indica que el procesado y la víctima asistieron a una sesión psicológica el 5 de noviembre de 2022 y «se encuentran en etapa de evaluación»:
«[Q]ue los consultantes KAREN BALLEN con C.C 1007380304 de Cogua asistió junto a su pareja MICHAEL CORTES con C.C. 1075676436 de Zipaquirá quienes han asistido a sesiones psicológicas los días: 05 de noviembre de 2022 en los respectivos horarios de 11:00am a 12:00pm y se encuentran en etapa de evaluación.» (CPI fol. 193, subrayas añadidas).
Por otra parte, en la audiencia de verificación del preacuerdo, precedido de una risa, el procesado se limitó a decir «no voy a cometer más esos hechos y pues ya han pasado dos años y pues no ha ocurrido nada». La víctima refirió que «estamos conviviendo juntos y pues tenemos a nuestra hija y ahorita vamos a hacer lo mejor posible para tener una mejor convivencia».
Más allá de eso, no se indagó sobre cómo era la dinámica familiar en esa nueva convivencia. Mucho menos se preguntó sobre el bienestar de la hija en común, en particular, si el procesado propiciaba un entorno de trato igualitario, amor y respeto hacia las dos mujeres que conformaban el núcleo familiar.
Entonces, sin desconocer la reunificación de la pareja para el tercer trimestre de 2022, lo cierto es que los elementos documentales y declarativos no evidencian el funcionamiento armónico del núcleo familiar. En especial, los referidos elementos no acreditan si Michel Cortés dispensa a Karen Ballén un trato basado en la igualdad, la dignidad y el respeto a la mujer, como valores fundamentales para el bienestar integral y el crecimiento óptimo de la hija en común al interior de la familia.
En ese contexto fáctico-probatorio, resulta evidente que la motivación del tribunal es inidónea para excepcionar el artículo 68A CP, pues se construye sobre un concepto meramente formal de familia, sin aportar elementos ciertos, claros y concretos acerca de la presencia de amor, cuidado y respeto que la niña requiere. Dichos valores incluyen, de manera inescindible, la garantía de una vida libre de violencia para las mujeres que integran el núcleo familiar, lo cual tampoco está acreditado en este proceso.
En consecuencia, el tribunal incumplió la carga argumentativa propia de la excepción de inconstitucionalidad, al no demostrar la incompatibilidad manifiesta entre el artículo 68A CP y la Constitución Política en lo relativo al derecho a tener una familia en su sentido material, entendido como un espacio de igualdad, protección, respeto y amor entre sus integrantes.
Recapitulando, para sustentar la suspensión de la pena, el tribunal acudió a apreciaciones y valoraciones ostensiblemente erradas. Por un lado, presentó una lectura cercenada de algunos elementos de conocimiento en torno a cuáles medidas adoptó la víctima para evitar al procesado y cómo fue la manifestación de arrepentimiento de este. Por otro lado, respecto a otros elementos de conocimiento, el tribunal elaboró un raciocinio errado por basarse en generalizaciones estereotipadas, incompatibles con el principio de igualdad y no discriminación.
A raíz de los falsos juicios de identidad y falsos raciocinios trascendentes, de manera indebida e indirecta, el tribunal aplicó la excepción de inconstitucionalidad, al paso que inaplicó la exclusión de subrogados penales para la violencia intrafamiliar agravada y el bloque de constitucionalidad sobre los derechos humanos de la mujer y de la niña:
En primer lugar, el tribunal aplicó indebidamente el art. 4º Const. Pol. En este caso no hay una incompatibilidad ostensible entre el art. 44 Const. Pol. y el 68A CP, que ameritara inaplicar este último. Por el contrario, los elementos de conocimiento apuntan a que el interés superior de la hija no se asegura con la presencia de su padre, pues este violó gravemente el derecho a una vida libre de violencia de la mamá con riesgo indirecto en la niña, tiene otro proceso por la reiteración de la violencia intrafamiliar, no ofreció un sincero arrepentimiento y tampoco asumió compromisos de no repetición.
Por esa vía, en segundo lugar, el tribunal inaplicó el art. 68A CP en lo relativo a la exclusión de subrogados y beneficios penales. Esa disposición era aplicable al caso concreto en respeto del principio de legalidad, ya que a) el procesado fue condenado por violencia intrafamiliar agravada y b) ese es uno de los delitos por los que no se concede la suspensión condicional de la ejecución de la pena.
Y, en tercer lugar, el tribunal inaplicó la Carta Política y su bloque de constitucionalidad. Contradijo los arts. 3º y 6º de la Convención de Belém do Pará, al hacer nugatorio el derecho de toda mujer a una vida libre de violencia y discriminación.
Al dejar de aplicar la sanción, el tribunal incumplió el deber de actuar con debida diligencia y perpetuó estereotipos que legitiman la violencia contra la mujer, contrariando el mandato de igualdad y no discriminación. En tal sentido, vulneró los arts. 7º de la Convención de Belém do Pará y el 2º de la CEDAW, pues no adoptó las medidas judiciales para sancionar toda forma de violencia y discriminación contra la mujer y garantizar su protección efectiva.
Contrario a lo que pretendió el tribunal, este terminó inaplicando los arts. 44 Const. Pol. y 22 CIA, en lo relativo al derecho de toda niña a crecer en el seno de una familia fundada en el amor, el cuidado y el respeto. El juez se apartó del estándar constitucional y convencional, pues no aseguró la protección contra la violencia física y moral ni garantizó el derecho a una vida libre de violencia en la familia, lo que constituye una vulneración del principio del interés superior de la niña previsto en los arts. 9º y 3º de la CDN.
6.6. Conclusión
Con el examen de fondo, la Sala verifica que el tribunal violó indirectamente la ley sustancial por errores de hecho en la apreciación y valoración probatoria, derivados de falsos juicios de identidad y falsos raciocinios.
Esos yerros condujeron a la aplicación indebida del art. 4º Const. Pol. y a la falta de aplicación de los arts. 68A CP, 44 Const. Pol., 22 CIA, 9º y 3º CDN, 3º, 6º y 7º de la Convención de Belém do Pará, y 2º de la CEDAW, por conceder la suspensión condicional de la ejecución de la pena al procesado, pese a que no había motivos adecuados para inaplicar por excepción de inconstitucionalidad el art. 68A CP que excluye ese subrogado para la violencia intrafamiliar.
Ante la verificación de ese error judicial y su trascendencia, la Sala casará parcialmente la sentencia. En reemplazo, dejará en firme la decisión de primera instancia en lo relativo a la negativa de la suspensión condicional de la pena a Michel Stiven Cortés Leguizamón.
6.7. Medidas de restablecimiento de derechos
Según se extrae de una lectura armónica de los arts. 2º, 4º y 230 de la Carta Política de 1991, los jueces penales, al igual que todos los jueces de la República, han de garantizar la efectividad de los derechos consagrados en la Constitución. Esto implica que sus decisiones deben propender por la optimización de las prerrogativas ius-fundamentales en los casos concretos, cuandoquiera que se verifique una transgresión de aquellas (SP1590-2025).
En completa armonía con ello, el art. 22 CPP consagra el restablecimiento del derecho como uno de los principios rectores del proceso penal. De conformidad con la citada norma, cuando sea procedente, la fiscalía y los jueces deberán adoptar las medidas necesarias para hacer cesar los efectos producidos por el delito y las cosas vuelvan al estado anterior, si ello fuere posible, de modo que se restablezcan los derechos quebrantados, independientemente de la responsabilidad penal.
La adopción de ese tipo de determinaciones judiciales no es novel en la jurisprudencia de la Sala. De hecho, desde hace más de un lustro, la Corte ha recomendado la implementación de medidas positivas tendientes a materializar la prevalencia de los derechos fundamentales, eliminando así los prejuicios y estereotipos socioculturales que limitan el pleno ejercicio de las facultades ius-fundamentales de las mujeres y las niñas (CSJ SP3261-2020 y SP13189-2018, reiteradas en la SP1590-2025):
SP3261-2020
SP13189-2018
«[L]a Sala sugerirá a las autoridades competentes el emprendimiento de acciones de optimización de las prerrogativas fundamentales de las víctimas en el presente caso, por medio de la gestión de acciones afirmativas de protección, para atenuar con ello los efectos de la violencia y eliminar las desigualdades que determinan una ubicación de grave desventaja social de los niños y las mujeres.
Por consiguiente, la Sala, articulando instrumentos normativos del Estado, especialmente la Ley 1257 de 2008 y sus decretos reglamentarios, sugerirá el emprendimiento de las siguientes acciones afirmativas de derechos, así:
Al Alcalde Municipal de Sevilla se le recomendará que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 11 del Decreto 4796 de 2011, verifique si las víctimas se hallan afiliadas al régimen subsidiado de seguridad en salud y a los programas de educación pública gratuita, para que, en caso negativo, se evalúe adoptar las medidas pertinentes a fin de lograr su rehabilitación física, psicológica y siquiátrica, y asegurar su escolaridad.
A la Dirección del INPEC del Valle del Cauca se le sugerirá ofrecer al condenado un programa de sensibilización y fortalecimiento en el respeto de derechos fundamentales, especialmente, de las mujeres y los niños, con el doble propósito de reforzar el proceso de eliminación de la violencia como un obstáculo para el logro de la igualdad y, al mismo tiempo, promover la función de prevención especial positiva y la resocialización del procesado -artículo 4 del Código Penal-.
Del mismo modo, se invitará a la dirección de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla para que, en desarrollo de sus fin misional de contribución al mejoramiento de la administración de justicia, considere incluir como estrategia de promoción y fortalecimiento de los derechos de los niños y de las mujeres, un programa de actualización jurídica en violencia intrafamiliar con enfoque de género, para ser ofrecido a los funcionarios públicos -jueces, fiscales, procuradores, comisarios de familia, defensores públicos, etc.- que en ejercicio de sus labores traten dichas problemáticas en el Departamento del Valle del Cauca».
«Así las cosas, si al momento de analizar un caso, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia advierte que debido a la naturaleza del delito perpetrado o al modo en que los hechos se desarrollaron, las víctimas requieren un acompañamiento especial en aras de garantizar sus derechos, con base en la Constitución y los tratados internacionales sobre derechos humanos, específicamente, el artículo 4 literales c, f y g de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que exhorta a los Estados a «proceder con la debida diligencia a fin de prevenir, investigar y conforme a la legislación nacional castigar todo acto de violencia contra la mujer, ya se trate de actos perpetrados por el Estado o por particulares», cuenta con la competencia para compulsar copias a las autoridades e instituciones que considere necesarias a efectos de que se emprendan acciones afirmativas de protección.
Debido a lo anterior, la Corte dispondrá que la Secretaría Distrital de la Mujer de Bogotá, D.C., o la institución distrital que sea del caso, actúe en doble vía: por un lado, frente a las víctimas del presente asunto, para que impulse las actuaciones administrativas necesarias tendientes a garantizarles el derecho a la rehabilitación como componente de la restitutio in integrum y, por otro lado, frente al condenado, para que le brinde un programa de sensibilización y formación en el respeto de los derechos de las mujeres y las niñas, lo que en efecto se ordenará.
El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad valorará muy especialmente en la toma de sus decisiones, la participación del condenado en las actividades programadas.
Esta medida, además de reforzar el proceso de eliminación de la violencia contra la mujer y las niñas como un obstáculo para el logro de la igualdad, del desarrollo y de la paz, se erige como una estrategia de readaptación social del condenado que impulsará su proceso de resocialización».
En esas mismas decisiones, cabe indicar, se ha advertido que tales medidas no comportan una sanción adicional, ni un exceso o desbordamiento en el ejercicio de las competencias legales de la Corte. Por el contrario, implican materializar el imperativo constitucional de protección de derechos, así como el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por Colombia y decantados por el Tribunal Constitucional.
Pues bien, del examen de fondo de este caso se extrae que Karen Ballén padeció un ciclo de violencia por parte del procesado, del cual hizo parte la agresión del 20 de diciembre de 2019, caracterizada por actos discriminatorios contra ella: Michel Cortés la hostigó a las afueras de la vivienda, motivado por los celos la insultó con palabras denigrantes de su dignidad como mujer, la sometió mediante coacción física y ejerció control para que le entregara el celular. No fue la primera ni la última agresión que padeció Karen Ballén a manos de Michel Cortés.
Por esos hechos, la Comisaría de Familia de Cogua prestó atención especializada de psicología y trabajo social. Según se extrajo de las respectivas constancias, las profesionales brindaron a Karen Ballén «recomendaciones y orientaciones en fortalecer comunicación asertiva y pautas de crianza» y «aspectos relacionados con el ciclo de la violencia, reflexión de cada etapa y compromiso individual para la prevención de nuevos hechos de conflicto».
Tales medidas son insuficientes en términos de restablecer el derecho de la mujer a una vida libre de violencia y su empoderamiento para superar escenarios de discriminación machista. Primero, porque las profesionales equipararon el conflicto en la familia con la violencia intrafamiliar, aun cuando no son lo mismo, la violencia no es normal y se deben tomar medidas serias para erradicarla.
Segundo, porque las profesionales asignaron a la víctima una carga que no le correspondía, al recomendarle un «compromiso individual para la prevención de nuevos hechos de conflicto», aun cuando las agresiones del 20 de diciembre de 2019 fueron responsabilidad exclusiva de Michel Cortés.
Sumado a ello, la Sala toma nota de que Karen Ballén ha sido el principal sostén económico del hogar, pues ella era quien trabajaba y asumía la cuota alimentaria de la bebé, mientras que Michel Cortés solo «compraba las cosas que la niña necesita» cuando quedaba al cuidado de la abuela paterna durante el horario laboral de Ballén. Cabe indicar que Karen Ballén se dedica a “Oficios varios” y su nivel educativo es hasta “Décimo de bachiller”, según se desprende de los datos consignados en el formato único de noticia criminal del 23 de diciembre de 2019 (CPI fol. 81).
En ese contexto de vida de Karen Ballén y su hija A.R., la Corte estima necesario adoptar medidas de restablecimiento a favor de ambas mujeres para garantizarles su derecho a una vida libre de violencia. Por ello, en aplicación de la Carta Política, la Ley 1257 de 2008, sus decretos reglamentarios y demás normatividad concordante, la Sala emitirá órdenes complejas de restablecimiento de derechos, así:
A la Secretaría de Salud, Protección y Bienestar Social de Cogua. Deberá promover acompañamiento psicológico a Karen Ballén y la menor A.R., en varias sesiones, a fin de brindarles herramientas que les permitan identificar los escenarios de abuso, superar el ciclo de violencia machista y reconformar la unidad familiar libre de violencias y discriminaciones.
A la Secretaría de Salud, Protección y Bienestar Social de Cogua junto con la Casa Social de la Mujer en Cogua. En acción conjunta y coordinada, ambas instituciones deberán ofrecer a Karen Ballén un programa de formación gratuita en áreas de profesionalización, emprendimiento, proyectos productivos o similares, a elección de la ciudadana. Esta medida tiene el objetivo de materializar la garantía de no repetición de la violencia contra la mujer, mediante el empoderamiento femenino cimentado en la capacitación y profesionalización de la mujer.
Al establecimiento penitenciario que corresponda la vigilancia de la pena privativa de la libertad. Ofrecerá al condenado Michel Cortés un programa de sensibilización y fortalecimiento en el respeto de derechos fundamentales, con especial énfasis en los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia y a la igualdad y no discriminación.
Esta medida tiene un doble propósito: de un lado, reforzar el proceso de eliminación de la violencia de género contra las mujeres, la cual representa un obstáculo para el logro de la igualdad real. De otro lado, promover la función de prevención especial positiva y la resocialización del procesado (art. 4 CP).
Cabe indicar que es potestad del sentenciado Michel Cortés decidir si toma o no el referido programa. En caso de hacerlo, el juez de ejecución de penas tendrá especialmente en cuenta la participación del condenado en las actividades programadas, al momento de emitir las decisiones en fase de cumplimiento de la sanción.
En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE
Primero. Casar parcialmente la sentencia recurrida. En consecuencia, dejar en firme la sentencia de primera instancia en lo relativo a la negativa de la suspensión condicional de la ejecución de la pena impuesta a Michel Stiven Cortés Leguizamón.
Segundo. Ordenar a la Secretaría de Salud, Protección y Bienestar Social de Cogua, la Casa Social de la Mujer en Cogua y el establecimiento penitenciario a cargo de vigilar la pena privativa de la libertad, la adopción de medidas de restablecimiento de derechos, en los términos expuestos en el capítulo 6.7. de esta decisión. Para ello, remítase copia de esta sentencia a través de la Secretaría de la Sala. Del cumplimiento de las órdenes tendrá que informarse al Despacho ponente.
Tercero. Advertir que no proceden recursos contra esta decisión.
Notifíquese y cúmplase.
CARLOS ROBERTO SOLÓRZANO GARAVITO
Presidente
MYRIAM ÁVILA ROLDÁN
GERARDO BARBOSA CASTILLO
FERNANDO LEÓN BOLAÑOS PALACIOS
GERSON CHAVERRA CASTRO
DIEGO EUGENIO CORREDOR BELTRÁN
JORGE HERNÁN DÍAZ SOTO
HUGO QUINTERO BERNATE
JOSÉ JOAQUÍN URBANO MARTÍNEZ
NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA
Secretaria
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