Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-31-000-1993-01374-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-31-000-1993-01374-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 05001-23-31-000-1993-01374-01
Consejero ponente: Jaime Enrique Rodriguez Navas
16 de diciembre de 2022
Radicado: 05001-23-31-000-1993-01374-01 (45793)
Actor Empresas Públicas de Medellín (E.P.M. E.S.P.)
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Magistrado ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Bogotá D.C. dieciséis (16) de diciembre de dos mil veintidós (2022)
Radicación: 05001-23-31-000-1993-01374-01 (45793)
Demandante: Empresas Públicas de Medellín (E.P.M. E.S.P.)
Demandado: Romenergo y Compañía Aseguradora de Fianzas S.A.
Referencia: Acción de Controversias Contractuales (CCA)
Temas: 1. Daño contractual. 2. Daño indemnizable. 3. Daño emergente. 4. Causación
del daño. 5 Daño cierto. 6. Prueba del pago. 7. Objeción por error grave en el
dictamen pericia]. 8. Valoración del dictamen pericial.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en
contra de la sentencia del 21 de junio de 2012, proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, que declaró no probadas las excepciones propuestas
por las demandadas y negó las pretensiones de la demanda.
I. SINTESIS DEL CASO
En 1986, las Empresas Inolicas de Medellín ("EPM") y la firma rumana Romenergo
suscribieron el Contrato 3756-E, que tuvo por objeto el diseño, la fabricación y el
suministro de blindajes, tuberías de presión, válvulas, compuertas, rejas coladeras
y puente grúa para el Proyecto Hidroeléctrico Río Grande II, por un precio total de
US$ 6.983.953. EPM, quien declaró la caducidad del contrato, pretende la
indemnización de los perjuicios materiales derivados del incumplimiento, que dio
lugar a la declaración de la caducidad contractual.
II. ANTECEDENTES
2.1. El nueve (9) de septiembre de mil novecientos noventa y tres (1993)1,
Empresas Públicas de IVIedellín ("EPM") presentó demanda contra la persona
jurídica extranjera Romenorgo, representada en Colombia por la sociedad Fábrica
de Medidores de Energía Eléctrica S.A. ("Famelec"), y en contra de la Compañía
Aseguradora de Fianzas S.A. ("Confianza"), en ejercicio del medio de control
controversias contractuales para que, en su favor, fueran despachadas las
siguientes pretensiones Jondenatorias: (i) que Romenergo le pague EPM los
perjuicios irrogados con el incumplimiento y consiguiente declaración de caducidad
del Contrato 3756-E, en la cuantía que se determine en el proceso2, excluida la
Folios 110 a 124 del C. Principal 1.
2 Al respecto, manifestó que: "LE, condena deberá hacerse en las monedas en las que las Empresas
[Públicas de Medellín] hayan efer,tuado los pagos, pero aclarando que su pago se efectuará en pesos
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suma que se hubiera pagado a título de cláusula penal; (ii) que la aseguradora
Confianza es solidariamente responsable, en el pago de los perjuicios por el
incumplimiento del Contrato 3756-E, hasta concurrencia del valor asegurado en la
garantía de cumplimiento CMO-DF-6008508; (iii) que las entidades demandadas
sean condenadas en costas; y; (iv) que "se fije un término para el pago de las
sumas señaladas en la sentencia, contado a partir de su ejecutoria".
2.1.1. Como fundamentos de hecho de sus pretensiones, refirió el extremo actor
que:
2.1.1.1. En 1985, EPM abrió la licitación pública internacional PR-111, que
tenía por objeto un contrato para el diseño, fabricación y suministro de
blindajes, tuberías de presión, válvulas, compuertas, rejas coladeras y puente
grúa para el Proyecto Hidroeléctrico Río grande II; alusivo a los grupos 2, 3 y
7 de dicho proyecto, correspondientes a los blindajes de los túneles de
Tasajera, Niquía y Sifón, tubería del Sifón y las compuertas.
2.1.1.2. La firma rumana Romenergo presentó propuesta —firmada por
Alexandro Parvescu— a través de su representante en Colombia, Fábrica
Andina de Medidores S.A. ("FAMELEC S.A."), de acuerdo con el artículo 7°
inciso 2° del Decreto 222 de 1983.
3
2.1.1.3. El proceso licitatorio dio lugar a la suscripción del Contrato 3756-E,
adjudicado a la empresa rumana Romanero, por un precio total de
US$6.983.953.
2.1.1.4. Con el objeto de garantizar el cumplimiento del contrato, así como la
restitución del anticipo en caso de incumplimiento, la contratista presentó las
pólizas DF-6008508 y CMO-6003187, compañía Confianza.
2.1.1.5. Como contratista, Romenergo estaba obligada a entregar planos e
información sobre el diseño de los artefactos y sobre el programa de trabajo,
que, según la cláusula 23°, debía remitir a EPM, para su revisión y
aprobación. La información y documentación contenía errores, que
ocasionaron problemas y tardanzas en la ejecución total del contrato.
2.1.1.6. Según la cláusula 5° del Contrato 3756-E, los equipos debían ser
entregados en los puertos de Constanza (Rumania) y Cartagena (Colombia),
colombianos utilizando para el cambio la tasa oficial, o la tasa representativa del mercado, según la
que de acuerdo con las normas legales refiera en el momento en que se realizó cada pago".
3 "Artículo 7°. Cuando los contratistas fueren personas jurídicas, deberán acreditar su existencia y
representación mediante los documentos exigidos por la ley. II Con el lleno de las normalidades
pertinentes, para suscribir el contrato, las entidades extranjeras de carácter privado deberán
establecer una sucursal con domicilio en el territorio nacional si el objeto de aquél fuere permanente,
o acreditar en el país un apoderado domiciliado en Colombia debidamente facultado para presentar
la propuesta, para la celebración y ejecución del contrato, así como también para representarla
judicial y extrajudicialmente, si el objeto de éste fuere ocasional. El reglamento definirá qué se
entiende por objeto permanente y ocasional para los efectos de este artículo".
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• . S.
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en plazos que fluctuaban entre 8,5 y 16,5 meses. Por incumplimientos de
Romenergo, EPM apremió con multas sucesivas a Romenergo, a través de
las Resoluciones 619 del 30 de noviembre de 1987 y 709 del 12 de enero de
1988, las cuales fueron demandadas, por el contratista y la asegurador.
2.1.1.7. Luego, habiéndose agotado 6 de los 8 plazos pactados, con un
escaso avance de los trabajos, se podía inferir que el contratista incumpliría
lo estipulado, por lo que EPM declaró la caducidad Contrato 3756-E,
mediante la Resolución 755 de febrero 16 de 1988, confirmada con la
Resolución 1126 del 11 de agosto de 1988; actos que fueron demandados
por Romenergo, en proceso contencioso con radicado núm. 24.765.
2.1.1.8. Tras la declaración de la caducidad y habiéndose cumplido el último
plazo para la entrega de los equipos, entre el 1 y el 14 de octubre de 1.988,
una comisión de EPM visitó las fábricas del contratista, con lo cual concluyó
que los blindajes y compuertas correspondientes a los grupos 2 y 7 del
Proyecto Hidroeléctrico Río Grande II podían ser recibidos.
2.1.1.9. Para la entrega y despacho de los referidos equipos, Romenergo
exigió a EPM la constitución de una carta de crédito por el 80% del precio de
los bienes, comoquiera que había recibido un anticipo del 20%; exigencia a
la que accedió Romenergo, para evitar retrasos en la entrada en .
funcionamiento del Proyecto Hidroeléctrico Río Grande II.
2.1.1.10. "Una vez entregados tales bienes con nuevos retrasos y faltantes,
e innumerables inconvenientes", fue elaborada un acta de liquidación, que
fue objetada por Romenergo, ante lo cual, el Contrato 3756-E fue liquidado
por EPM, por medio de la Resolución 6120 del 8 de agosto de 1990,
parcialmente confirmada con la Resolución 8883", con un saldo de
US$1.145.664,39 a favor de EPM, que comprendía la cláusula penal
pecuniaria (US$698.395,30), pero no los perjuicios adicionales, que EPM se
reservó el derecho de cobrar por vía judicial, de acuerdo con los términos
contractuales. Estos actos fueron demandados por Romenergo y la
aseguradora Confianza, en procesos contenciosos, los cuales fueron
acumulados.
2.1.1.11. Como consecuencia del incumplimiento de Romenergo, se produjo
un retraso grave en el servicio de la Planta de Potabilización de Agua
Manantiales, y de las Centrales de Energía Niquía y Tasajera; situación que
contribuyó a la crisis energética que sobrevino con las medidas de
racionamiento de electricidad subsecuentes.
2.1.1.12. El incumplimiento de la contratista ocasionó sobrecostos a EPM,
por: (i) el pago transaccional de $155.808.654 (46.106.224 yenes) al
Consorcio Taisei Corporation-Concreto S.A. (en adelante, "Consorcio Taisei-
Conconcreto"), encargado de instalar los blindajes que Romenergo no
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entregó, según el Contrato 3/DJ-7702/3; y (ii) US$4.549.843, que
corresponden a la diferencia entre los US$8.294.843 pagados a la empresa
argentina Industrias Metalúrgicas Pasarmona (en adelante, "IMPSA"), y el
precio de la tubería de sifón que Romenergo se, había obligado a entregar
por US$3.745.000.
2.1.1.13. EPM ha cobrado infructuosamente, por vía coactiva, la suma que,
de acuerdo con los actos de liquidación unilateral, le corresponde pagar a
Romenergo, así como a la aseguradora Confianza.
2.1.2. Como sustento jurídico de sus súplicas, -EPM adujo que, al ser
establecimiento público del orden municipal, tenía la facultad de declarar la
caducidad del contrato, conforme al artículo 60 y siguientes del Decreto 222 de
1983, y al Decreto 02 de 1983, expedido por su junta directiva; declaración que
conlleva la del incumplimiento contractual, por lo que no; resulta necesario elevar tal
súplica en este contencioso. En consecuencia, deprecó únicamente las condenas
subsecuentes, de acuerdo con el artículo 1602 y siguientes del Código Civil. El ente
actor agregó que "la sentencia que se dicte tendrá que tener en cuenta el resultado
de los procesos acumulados de Romenergo contra las Empresas [Públicas de
Medellín] que cursa en esa misma Corporación".
2.1.3 La demanda fue corregida antes de su admisión, en lo que atañe al
representante legal de FAMELEC S.A., citado inicialmente como Luis Roa Roa,
siendo su nombre real Nelson Roa Roas.
2.2. El veintidós (22) de octubre de mil novecientos noventa y tres (1993), el Tribunal
admitiós la demanda y ordenó la notificación a las demandadas y al agente del
Ministerio Público, comisionando al efecto al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante exhorto6 que fue evacuado el 31 de enero de 1994
(Romenergo)7 y el 28 de enero del mismo año (Confianza)6.
2.3. La aseguradora Confianza contestó la demanda9 y se opuso a la prosperidad
de todas las pretensiones. Propuso, para tal efecto, las excepciones de caducidad
de la acción, de prescripción y de ausencia de legitimaCión en la causa por pasiva.
Romenergo, así mismo, contestó la demandal° y se opuso a todas y cada una de
las pretensiones. Propuso, a fin de enervarlas, la excepción de caducidad de la
acción.
2.4. El nueve (9) de mayo de mil novecientos noventa y cuatro (1994) el Tribunal
decretó pruebas", atendiendo íntegramente las solicitudes de pruebas
4 Folio 129 del C. Principal 1 (corrección texto de demanda).
5Folio 138 del C. Principal 1 (auto admisorio de demanda).
6 Folio 141 C. Principal 1 (despacho comisorio para notificación).
7 Folio 142 C. Principal 1 (notificación Romenergo).
8 Folio 143 C. Principal 1 (notificación Confianza S.A.).
9 Folio 149 a 176 C. Principal 1 (contestación demanda Confianza ,S.A.).
,5 Folio 191 a 216 C. Principal 1 (respuesta de demanda Romenerdc).
" Folios 352 a 353 Principal 1 (decreto de pruebas).
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a. a.
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documentales, testimoniales, pericial y de inspección judicial, deprecadas por las
partes sobre el particular.
2.5. El a quo clausuró el debate probatorio y corrió traslado a las partes para alegar
en primera instancia y al Ministerio Público para conceptuar, a través de auto
del 24 de septiembre de 200212. En tal virtud, la parte actora allegó alegaciones
conclusivas13; y lo propio hicieron las demandadas Confianza S.A.14 y Romenergo15,
reiterando la solicitud previa de suspensión del proceso, hasta que se definieran los
procesos 24.436, 24.765 y 920.111 en curso en el Tribunal y debidamente
acumulados". El Ministerio Público guardó silencio.
2.6. El 3 de diciembre de 2002, el Tribunal decretó la suspensión del proceso
pedida desde el 24 de noviembre de 200017, hasta que se resolviera definitivamente
sobre los procesos 24.436, 24.765 y 920.111, debidamente acumulados. El 5 de
diciembre de 2005, el a quo dispuso la reanudación del proceso, y ordenó su
remisión al magistrado sustanciador en los procesos acumulados, a objeto de que
estudiara una eventual acumulación". El 30 de mayo de 2012, la Sala Sexta de
Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia negó la acumulación del
presente procesol9 y dispuso su devolución a al despacho sustanciador.
2.7. Mediante sentencia del 21 de junio de 20122°, el Tribunal resolvió en primera
instancia:
"PRIMERO: Declárese no probada la excepción de caducidad, formulada por
las demandadas.
SEGUNDO: Declárese no probada las excepciones de prescripción y falta de
legitimación en la causa, propuestas por la Compañía Aseguradora de
Fianzas S.A.
TERCERO: Niéguense las pretensiones de la demanda.
CUARTO: No se condena en costas".
Para llegar al veredicto, el Tribunal tomó en consideración que, si bien es cierto que
Romenergo incumplió el Contrato 3756-E, no podía pasarse por alto que, de
acuerdo con su cláusula 128, no era posible la modificación de la clase y el objeto
del contrato, debían mantenerse las condiciones técnicas de su ejecución, y debía
guardarse el equilibrio financiero del contrato, con el reconocimiento de los costos
provenientes de su modificación.
12 Folio 957 del Cuaderno 2 (traslado para alegaciones conclusivas).
13 Folios 958 a 963 C. Principal 2 (alegaciones EPM).
14 Folios 964 a 968 C. Principal 2 (alegaciones Confianza S.A.).
15 Folios 969 a 1.002 C. Principal 2 (alegaciones Romenergo).
16 Folios 950 a 952 C.
Principal 2 (solicitud de suspensión del proceso).
17 Folios 1.029 a 1.031 C. Principal 2 (decreto suspensión del proceso).
le Folios 1.032 a 1.034 C. Principal 2 (reanudación del Proceso).
15 Folios 1.041 a 1.042 C. Principal 2 (denegación suspensión del proceso).
25 Folios 1.045 a 1.059 del C. Principal de r Instancia (sentencia).
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Por lo tanto, al haber realizado EPM modificaciones sustanciales en el diseño de los
equipos objeto del contrato, le correspondía al ente actor acreditar: ") Que las
modificaciones se justificaron por la entidad contratante: como lo impone el artículo
36 del Código Contencioso Administrativo; it)[q]ue la entidad contratante informó al
contratista oportunamente dichas modificaciones para la adecuada ejecución del
contrato; iii) [q]ue dichos cambios oportunamente conop.idos no alteraban el plazo
del contrato; iv) [que dichos cambios no alteraban loe costos o los valores del
contrato y v) [q]ue en el evento en que los cambios, realizados por la entidad
contratante afecten el plazo o el precio, se acuerde por ambas partes las
modificaciones en estos aspectos".
Como EPM no acreditó "los anteriores presupuestos para imputarle la
responsabilidad al contratista del incumplimiento del contrato, conforme al principio
de equidad y de reciprocidad que orienta las relacione contractuales", el Tribunal
juzgó que no cabía imputarle, con certeza, a la contratista los efectos de las
modificaciones del objeto contractual, debiendo negase consecuentemente las
pretensiones.
2.8. El 16 de julio de 2012, la parte demandante interpuso recurso de apelación21
contra la sentencia de primer grado, fundada en los siguientes motivos de
inconformidad:
2.8.1. De acuerdo con lo previsto en los pliegos de condiciones (num. 11.20
inc. 2°) y la cláusula 23a lit. e.2 de Contrato 3756-E, EPM introdujo algunas
"modificaciones aisladas a lo largo del Sifón", en. los diseños de algunos de
los equipos que formaban parte del grupo 3 del Proyecto Hidroeléctrico
Riogrande II; modificaciones que no influían en la entrega del resto del grupo,
ni constituían una modificación del objeto del. contrato, pactado bajo la
modalidad de precios unitarios, ajustables de aCuerdo con las cantidades,
diámetros, longitudes y pesos de los equipos. Dé acuerdo con el dictamen
practicado, no se presentaron "modificaciones sustanciales", salvo en los
espesores del blindaje del túnel del sifón y en lcs pesos totales del túnel
superior de Nuquía que, como lo manifestó el perito, era un evento previsible
y que no afectaba los plazos pactados.
En razón a lo anterior, EPM solicitó a Romenergotuna cotización detallada de
mayores precios. Sin embargo, la contratista' entregó únicamente una
cotización global, cuyo estudio no era posible, 'por lo que EPM tuvo que
requerir el envío de una cotización detallada, siendo esta remitida el 30 de
abril de 1987, con precios muy altos, que fueron cuestionados por EPM. Ante
estos cuestionamientos, Romenergo respondió don el envío de dos nuevas
cotizaciones, el 22 de enero y el 7 de julio de 1988, con precios aún más
altos, pese a que el plazo de ejecución corría desde el 29 de octubre de 1986.
21 Folios 1.105 a 1.115 del C. Principal de r Instancia (apelación EPM).
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Durante este lapso, Romenergo se negó a avanzar en la ejecución del
Contrato 3756-E, pese a contar con la información técnica necesaria, que
había sido aclarada por EPM; situación que se produjo, porque no consiguió
que los planos fueran aprobados, como le correspondía, conforme a la
cláusula 23'. Por lo tanto, encontrándose probado el incumplimiento en la
entrega de los productos por la contratista dentro del plazo pactado, lo que
fue objeto de actos administrativos ejecutoriados, los perjuicios ocasionados
y acreditados en el proceso son imputables a la demandada.
2.8.2. En línea con lo anterior, la entidad apelante sostuvo que el daño
ocasionado con el incumplimiento que se produjo en la entrega de los
equipos que formaban parte del grupo 2 del Proyecto Hidroeléctrico Río
Grande II son imputables a la demandada, porque en este grupo no hubo
"pedidos complementarios", y las demoras en la aprobación de los diseños
se debió a "errores que contenía la propuesta presentada por este contratista,
las que no fueron detectables en ese momento del proceso de contratación,
sino sólo hasta el momento de revisar los diseños".
2.9. El 31 de octubre de 2012, fue concedido el recurso de apelación22, el cual fue
admitido mediante auto del 6 de febrero de 201323. Tras ello, se corrió traslado a
las partes para alegaciones de conclusión, así como al Ministerio Público para
que rindiera concepto de fondo".
2.9.1. En esta oportunidad procesal, la aseguradora demandada, Confianza25,
alegó:
2.9.1.1. En línea con las excepciones propuestas inicialmente26, la
aseguradora esgrimió que —de acuerdo con el artículo 136 del CCA.,
modificado por el artículo 23 del decreto 2304 de 1989—la acción contractual
había sido interpuesta inoportunamente, en cuanto la demanda fue
presentada el 19 de septiembre de 1993, pese a que la declaración de la
caducidad, en la que se fundaron las pretensiones de incumplimiento
contractual, se había producido fuera del plazo bienal, con la Resolución
1126 de 16 febrero de 1988, confirmada por Resolución 755 de 11 agosto de
1988. Agregó que, además, el contrato había sido liquidado
extemporáneamente, cuando habían pasado tres (3) años desde que la
caducidad fuera declarada.
2.9.1.2. Sobre el fondo del asunto, la aseguradora Confianza resaltó que, de
acuerdo con el dictamen y los testimonios practicados en este proceso, EPM
había introducido cambios sustanciales al objeto del contrato, lo que
implicaba la ampliación de plazos, que impedían que el incumplimiento en la
22 Folios 1.117 del C. Principal de ? Instancia (concesión de apelación).
23 Folios 1.121 a 1.122 C. Principal de r Instancia (admisión apelación).
24 Folio 1.124 C. Principal de r Instancia (traslado para alegaciones).
25 Folios 1.125 a 1.135 C. Principal de r Instancia (alegaciones Confianza S.A.).
26 Aptado. 2.3.
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entrega de los equipos se imputara a Romenergo. Puso de presente que
paralelamente se desarrollaban un proceso contencioso acumulado, en el
que las aquí demandadas habían impugnado los actos administrativos
contractuales de imposición de multas, declaración de caducidad y de
liquidación; proceso en el que también se acreditó que EPM había modificado
sustancialmente los diseños originales de los equipos objeto del Contrato
3756-E.
2.9.1.3. Aparte, Confianza argumentó que se prácticó prueba pericia!, en la
que se determinó claramente que EPM no sufrió pérdidas equivalentes a los
mayores valores pagados y que mal podía pretender obtener una ventaja de
una equivocación financiera, determinada por, la contratación con otras
empresas a costos excesivamente onerosos para la época de la contratación,
pues hubiese sido mejor dar un plazo mayor a Romenergo, que haberle
dejado sin posibilidad de cumplir. Además —adujc— EPM no podía pretender
el cobro de perjuicios adicionales a los cubiertos por la cláusula penal
pecuniaria impuesta.
2.9.1.4. Por último, la aseguradora puso de presente que extendió la póliza
SB0-03-107429 por el buen manejo del anticipo, así como la póliza
SB01007428 por el cumplimiento del contrato, pudiendo afectarse en este
asunto únicamente la última de estas, con un cubrimiento del siniestro
máximo de $286.342.073. En todo caso —añedió— el artículo 1077 del
Código de Comercio ("CCo") le exigía a EPM probar el siniestro y su cuantía
real, sin que esto hubiera sido acreditado.
2.9.2. Romenergo27, por su parte, formuló en esta instancia las siguientes
alegaciones:
2.9.2.1. Si bien, como se determinó en primera instancia, Romenergo
incumplió su obligación de entregar los equipos Comprados dentro del plazo
pactado, este incumplimiento es imputable a EPM, en cuanto varió
sustancialmente su diseño, como se probó en. este proceso, con prueba
testimonial y pericial, así como en los procesos contenciosos tramitados
paralelamente; modificaciones que, a su vez, trajeron consigo prolongadas
negociaciones sobre el precio de los equipos, que concluyeron sin acuerdo y
con la imposición de un precio por EPM, que violó así lo estipulado en las
cláusulas 12a y 13a del Contrato 3756-E, sobre el procedimiento a seguir en
eventos que el que se suscitó.
2.9.2.2. Aparte, Romenergo adujo que, de acuerdo con el peritaje financiero
practicado en este proceso, los perjuicios reclamados por la adquisición de
equipos al Consorcio Taisei-Concreto y a la empresa argentina IMPSA no se
acreditaron, en cuanto no existe prueba del pego. Además, el hecho de
contratar con un tercero la compra de los equipos;inicialmente convenida con
27 Folios 1.136 a 1.151 C. Principal de r Instancia (alegaciones Ror:nenergo).
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Actor: Empresas Públicas de Medellín (E.P.M. E.S.P.)
Romenergo no imPlicó pérdida por el mayor valor pagado, pues este no
obedeció al incumplimiento de Romenergo, sino al precio ofrecido por EPM,
lo que constituye una equivocación financiera de la que no puede derivar
provecho. Finalmente la demandante puso de presente que, de acuerdo con
el referido dictamen, la pena pecuniaria impuesta, de acuerdo con la cláusula
9' del Contrato 3756-E, cubre con creces los perjuicios irrogados a
Romenergo.
2.9.3. La parte demandante y el Ministerio Público guardaron silencio en esta
oportunidad procesa128.
2.10. Con auto del 31 de enero de 202029, de conformidad con el articulo 169 del
Código Contencioso Administrativo ("CCA")3°, esta Subsección resolvió: (i) requerir
copia auténtica y constanda de ejecutoria de la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo el 25 de noviembre de 2013 en el proceso con radicación núm.
05001-23-31-000-1992-00111-00, en el que se ventiló el incumplimiento del
Contrato 3756-E, así como la validez de los actos declarativos en los que se declaró
su incumplimiento y este fue liquidado; (ii) requerir a la demandante la remisión de
copia legible de la resolución núm. 755 del 16 de febrero de 1988, la cual fue
allegada a este proceso en copia ininteligible; y (iii) "[r]egue& a la parte
demandante, para que esta lleve a cabo todas las actuaciones necesarias para la
obtención de las pruebas'señaladas en el numeral primero y segundo de la parte
resolutiva de esta providencia".
2.10.1. En cumplimiento de la anterior providencia, el Tribunal Administrativo de
Antioquia remitió los documentos solicitados31, mientras EPM manifestó32 que la
resolución requerida "fue microfilmada y se encuentra contenida en unos rollos de
imágenes en negativo, en el que se conserva parcialmente la Resolución 755 de
1988, dado que sólo se microfilmaron las páginas impares del documento, las
cuales se anexan al presente escrito en CD adjunto". En razón a lo anterior, la
demandante pidió a esta Corporación que librara oficio en el que solicitara al
Tribunal Administrativo de Antioquia que verificar si dicha resolución se encontraba
en el expediente con radicación núm. 02001-23-21-000-1992-00111-00, en el que
EPM había sido demandada.
III. PROBLEMA JURÍDICO Y RÉGIMEN DEL CONTRATO
28 Folio 1.154 C. Principal 2° Instancia.
29 Folios 1.157 a 1.158 C. Principal de 2° instancia.
CCA. "Artículo 169. En cualquiera de las instancias el Ponente podrá decretar de oficio las pruebas
que considere necesarias para el esclarecimiento de la verdad. Se deberán decretar y practicar
conjuntamente con las pedidas podas partes; pero, si éstas no las solicitan, el Ponente sólo podrá
decretarlas al vencimiento del término de fijación en lista. II Además, en la oportunidad procesal de
decidir, la Sala, Sección o Subsección también podrá disponer que se practiquen las pruebas
necesarias para esclarecer puntos oscuros o dudosas de la contienda. II Para practicadas deberá
señalar un término de hasta diez (10) días, descontada la distancia, mediante auto contra el cual no
procede ningún recurso".
31 Folios 1.164, 1.165. y 1.168 a 1.213 C. Principal de 20 instancia.
32 Folio 1.166 C. Principal de 2° instancia.
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Actor: Empresas Públicas de Medellín (E.P.M. E.S.P.)
3.1. Vistos los planteamientos de la sentencia de primera instancia y del recurso de
apelación, que delimitan el juicio de segunda instancia, cje acuerdo con los artículos
350 y 357 del CPC33 y la jurisprudencia unificada de esta Sección34, en armonía con
la jurisprudencia constitucional35, corresponde a esta Colegiatura dar respuesta los
siguientes problemas jurídicos:
3.1.1. ¿Romenergo no es responsable por los perjuicios ocasionados con el
incumplimiento en la entrega de los equipos objeto el Contrato 3756-E,
debido a que tal incumplimiento fue ocasionádo por una modificación
sustancial a los diseños de los equipos, que EPM introdujo con vulneración
de las cláusula 12 y 13 del Contrato 3756-E?
3.1.2. ¿El pago de obligaciones transaccionales al consorcio a cargo de las
obras de instalación de los equipos comprendidol en el Contrato 3756-E que
no fueron entregados por Romenergo, y los sobrecostos en la adquisición
posterior de tales equipos son perjuicios indemnizable imputables a
Romenergo?
3.2. En el lapso en el que se presentaron los hechos que dieron lugar al sub judice,
EPM era un establecimiento público del orden municipa136. Por lo tanto, al tratarse
de un asunto relativo a la responsabilidad por el incumplimiento contractual de la
demandada, de acuerdo con el inciso final del artículo 16 del Decreto 222 de 198331,
el análisis de esta problemática se realizará con fundamento en tal decreto. No
obstante, como lo precisó la jurisprudencia administrativa38, en los negocios
jurídicos suscritos bajo vigencia del Decreto 222 del 1983, los efectos de las
""Artículo 350. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior estudie la cuestión decidida
en la providencia de primer grado y la revoque o reforme. Podrá interponer el recurso la parte a quien
le haya sido desfavorable la providencia; respecto del coadyuvante se tendrá en cuenta lo dispuesto
en el inciso segundo del Artículo 52. 1..1 Artículo 357. Competenl ia del superior. La apelación se
entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, y por lo tanto el superior no podrá enmendar la
providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere
indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente' relacionados con aquella. Sin
embargo, cuando ambas partes hayan apelado o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el
superior resolverá sin limitaciones. [...]".
34 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia del 6 de abril de 2018, exp. 46005.
33 CORTE CONSTITUCIONAL, sentencias SU-327 de 1995, C-58S de 1997 y SU-418 de 2019.
36 En certificado extendido por el secretario general de EPM el 9 de septiembre de 1993, que obra a
folio 3 del C. Principal 1, consta: "Que las Empresas Públicas de Medellín son un establecimiento
público del orden municipal, con personería jurídica y patrimonIo independiente, creado por el
acuerdo No. 58 de 1955, expedido por el Consejo Administrativo de esta ciudad'.
31 DECRETO 222 DE 1983. "Artículo 1°. De las entidades a las cuales se aplica este estatuto. Los
contratos previstos en este decreto que celebren la Nación' (Ministerios y Departamentos
Administrativos), y los Establecimientos Públicos se someten a lasteglas contenidas en el presente
estatuto. II Así mismo, se aplicarán a los que celebren las Superibtendencias por conducto de los
Ministerios a los cuales se hallen adscritas. II A las Empresas Industriales y Comerciales del estado
y a las Sociedades de Economía Mixta en las que el Estado posea mas del noventa por ciento (90%)
de su capital social les son aplicables las normas aquí consignadas sobre contratos de empréstito y
de obras públicas y las demás que expresamente se refieran a dicbes entidades. II Las normas que
en este estatuto se refieren a tipos de contratos, su ciasificaciln, efectos, responsabilidades y
terminación, así como a los principios generales desarrollados en :el titulo IV, se aplicarán también
en los Departamentos y Municipios". (Subrayado añadido).
38 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia del 13 de mayo de 1988, rad. núm. 4303.
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obligaciones en general, así como las reglas sobre el consentimiento, objeto y causa
del negocio jurídico, se regían por el derecho privado.
IV. CONSIDERACIONES
4.1. Para los efectos que contempla el artículo 40 de la Ley 153 de 188739, al
presente asunto se aplicarán las normas adjetivas vigentes al momento en que fue
presentada la demanda y su corrección: los días nueve (9)40 y veintitrés (23)41 de
septiembre de mil novecientos noventa y tres (1993).
4.1.2. El conocimiento de este caso corresponde a la jurisdicción contencioso-
administrativa, en cuanto se plantea una controversia sobre un contrato
adrninistrativo42, que fue suscrito por Empresas Públicas de Medellín, que, como
establecimiento público", es una entidad pública". Esta Subsección es
competente para conocer de la segunda instancia del proceso por virtud del recurso
de apelación interpuesto por la parte demandante, por cuanto, a su inicio, la cuantía
de la demanda" superaba los dos millones de pesos ($2'000.000)".
4.1.3. El artículo 136 del CCA, modificado por el artículo 23 del Decreto 2304 de
1989, prescribe que las acciones "[...] relativas a los contratos caducarán en dos (2)
años de ocurridos los motivos de hecho o de derecho que le sirvan de fundamento".
Pese a que en un primer momento consideró esta Corporación que, según esta
norma, las reclamaciones por incumplimiento debían hacerse dentro de los dos (2)
39 "Articulo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre
las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. Pero los términos que hubieren
empezado a correr, y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas, se regirán por la ley
vigente al tiempo de su iniciación".
4° Folio 124 (anverso) C. Principal 1.
41 Folio 129 (anverso) C. Principal 1.
42 DECRETO 222 DE 1983. "Artículo 17. La calificación de contratos administrativos determina que
los litigios que de ellos surjan son del conocimiento de la justicia contencioso administrativa; los que
se susciten con ocasión de los contratos de derecho privado, serán de conocimiento de la justicia
ordinaria. [...]". LEY 80 DE 1993, Artículo 75. "Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores,
el juez competente para conocer de las controversias derivadas de los contratos estatales y de los
procesos de ejecución o cumplimiento será el de la jurisdicción contencioso administrativa. [...]".
43 En certificado extendido por el secretario general de EPM el 9 de septiembre de 1993, que obra a
folio 3 del C. Principal 1, consta: "Que las Empresas Públicas de Medellín son un establecimiento
público del orden municipal, con personería jurídica y patrimonio independiente, creado por el
acuerdo No. 58 de 1955, expedido por el Consejo Administrativo de esta ciudad'.
" CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Artículo 82, modificado por el artículo 12 del
Decreto 2304 de 1989. "La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está instituida por la
Constitución para juzgar las controversias y litigios administrativos originados en la actividad de las
entidades públicas y de las personas privadas que desempeñen funciones administrativa".
43 En el escrito introductorio, la cuantía fue tasada en tres mil seiscientos quince millones seiscientos
cincuenta mil pesos ($3.615.000.000), "tomando la tasa representativa del dólar y oficial del yen"
(folio 122, C. Principal 1).
49 CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Artículo 132. Modificado por el artículo 68 del
Decreto 2304 de 1989. "Los tribunales administrativos conocerán en primera instancia de los
siguientes asuntos: [...] 8. De los referentes a contratos administrativos, interadministrativos, y de los
de derecho privado de la administración en que se haya incluido la cláusula de caducidad, celebrados
por la Nación, las entidades territoriales o descentralizadas de los distintos órdenes, cuando la
cuantía exceda de dos millones de pesos ($2.000.000.00). [...]".
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años siguientes a la terminación del contrato47, más adelante precisó que la relación
contractual termina, definitivamente, con su liquidación, que es el momento en el
que las partes entran en conocimiento de los pagos que se les reconocen y pueden
decidir sobre la incoación de la acción". Ha agregado esta Sección que si cumplido
el plazo para la liquidación de mutuo acuerdo, esta no sé produce, la administración
debe liquidarlo unilateralmente dentro de un plazo razonable y que, si no lo hace, el
interesado puede acudir a la jurisdicción" para deprecar su liquidación judicial.
En cualquier caso, la expedición extemporánea del act6 de liquidación no conlleva
su transmutación por el paso del tiempo, de forma tal que deje de ser un acto
administrativo contractual", pues, en todo caso, se trata de una manifestación de
la voluntad de un ente público, que, en ejercicio —válidq o no— de una prerrogativa
administrativa instituida con ocasión de su actividad Contractual, busca generar
efectos jurídicos; acto que, además, se ha considerado como un acto administrativo
no separable, ya que no puede ser concebido sin la existencia del contrato
liquidado51.
Así, como acto administrativo contractual no separable que es el de liquidación
unilateral, está revestido por la presunción de legalidad, tiene efectos ejecutorios y
ejecutivos —al punto de haberse intentado en este asunto el cobro coactivo, como
lo manifestó la misma demandante"— y su invalidez, por falta de competencia
temporal, tenía que ser declarada por vía gubernativa o contenciosa53. En este
47 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencias de 25 de agosto de 1984; de 3 de
septiembre de 1987, exp. 3711; y de 8 de octubre de 1987, exp. 3726.
" CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia del 22 de junio de 1995, exp. 9965.
" CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, auto del 8 de junio de 1995, exp. 10684; y sentencia
del 8 de octubre de 1998, exp. 14512.
5° CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, auto del 1 de octubre de 1986, exp. N4880;
51 "El Decreto 01 de 1984 no fue afortunado en el trato que le dio a íos actos administrativos
contractuales en cuanto a las acciones, caducidad, oportunidad y procedimiento. En tal forma la
jurisprudencia, para ajustarse a las exigencias del Código, distinguió los separables de los
contractuales propiamente dichos y aceptó que aquéllos eran los dictados por la administración antes
de la celebración del contrato, y que podían existir aunque el cóntrato no llegara a celebrarse; y
éstos, los dictados luego de su celebración y que no podían darse sin la existencia de éste, por incidir
en la relación negocial misma.II Con esas precisiones se acebtó que los separables estaban
sometidos a las mismas reglas establecidas para los actos administrativos en general, en cuanto a
sus acciones (nulidad y restablecimiento, artículos 84 y 85, en armonía con el 87 infine), caducidad
de cuatro meses (artículo 136 inciso 2) y procedimiento ordinario a seguir (artículos 206 y
siguientes); y que los contractuales estaban sometidos a las acciones provenientes de los contratos
(artículo 87 inciso /9, a la caducidad de - dos anos prevista en el inciso 7' del artículo 136, y al
procedimiento especial regulado en los artículos 217 y siguientes". CONSEJO DE ESTADO, Sección
Tercera, sentencia del febrero 7 de 1990, exp. 5604; reiterada en la sentencia del 28 de febrero de
1990, exp. N5909.
52 Aptado. 2.1.1.3.
53 "La controversia en la que se busca la nulidad de un acto administrativo contractual no era en el
régimen del decreto 01 técnicamente una demanda de restablecimiento de las que regulaba el
artículo 85 del c.c.a. ni lo es hoy, luego de la modificación que le Ihtrodujo el artículo 16 del decreto
2304 de 1.989. No, ella es contractual porque así lo quiso el ardculo 87 del c.c.a. desde su texto
original, el que sólo sometió a las acciones propias de los actos 4dministrativos a los separables o
previos al contrata Fue precisamente la índole de la acción contraetual intentada la que hizo posible
la acumulación de este proceso con el 5164 referido al incumplimiento del mismo contrato de
distribución de licores. Se recuerda que aun desde antes del decreto 2304 de 1.989
jurisprudencialmente había definido que sólo los actos separables o previos a la celebración del
contrato tenían las acciones propias de los actos administrativos (nUlidad y restablecimiento), porque
los demás actos contractuales propiamente dichos debían cuestionarse dentro de las acciones
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último escenario, la acción procedente es la de controversias contractuales, como
lo precisó la jurisprudencia de la época"; acción que fue incoada previamente, sin
éxito, por la firma demandada en este asunto, en un proceso contencioso que
concluyó mediante sentencia con efectos de cosa juzgada erga omnes55, con la que
el acto liquidatario quedó en firme . Es claro, pues, que pese la extemporaneidad
del acto administrativo, su control jurisdiccional debía debatirse a través de la acción
de controversias contractuales, por lo que el término de caducidad es el de dos (2)
años, previsto en el artículo 87 del CCA para dicha acción, como se mencionó
anteriormente.
De cualquier forma, como más adelante se explica57, en este asunto se debate,
fundamentalmente, la responsabilidad por el incumplimiento en que incurrió la
demandada; asunto que, domo lo precisó en su momento esta Sección, se ventila
por medio de la acción de controversias contractuales". Por lo tanto, en línea con
contractuales reguladas en el artículo 87". CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia del
24 de septiembre de 1990, exp. N5164.
" Ibídem.
SS "Si bien es cierto los contratos de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, salvo los
de empréstito y obras públicas, se celebran y están sujetos a las reglas del derecho privado, no es
menos cierto que si dan lugar a la expedición de actos administrativos éstos estarán sujetos a los
controles propios, o sea al gubernativo, mediante los recursos establecidos en la ley y aljurisdiccional
ante la jurisdicción contencioso administrativa ( artículos 3 de la Ley 19 de 1.983 y 17 del decreto
222 de ese mismo año)". Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 10 de julio de 1990,
exp. N5782.
Aptados. 4.2.2 a 4.2.7.
57 lbidem.
" "Dice el Actor en su demanda: "Como se trata del ejercicio de la acción del restablecimiento del
derecho consagrada en el artículo 85 del C. C.A., y especialmente de la contenida en el artículo 87
pues la responsabilidad de la Administración Pública proveniente de un contrato, (sic) ..."Salta á la
vista un primer interrogante en cuanto al tipo de acción de que se trata, pues el mandante pretende
impugnar las disposiciones acusadas invocando simultáneamente el articulo 85, que trata de la
acción de nulidad y restablecimiento, así como el 87 del C.C.A., que se refiere a las entonces
denominadas acciones relativas a contratos, hoy controversias contractuales. Acciones ambas que,
vistas a la de la normatividad entonces vigente, eran, y siguen siendo, esencialmente diferentes en
cuanto a su origen y alcances, pues la primera de ellas, como su nombre lo indica, busca la anulación
de un acto administrativo autónomo e independiente expedido por la administración junto con el
restablecimiento correspondiente; mientras que la segunda lo que pretende es un pronunciamiento
del juez sobre la existencia, validez y efectos de un contrato administrativo o de uno de derecho
privado en que se :haya pactado la cláusula de caducidad, pronunciamiento que según lo solicitado,
podrá hacerse sobre la existencia, validez y efectos del contrato materia de la fitis, y que puede llegar
hasta la anulación por parte del juez de actos administrativos producidos durante su vigencia, y que
no sean de aquellos que la jurisprudencia ha considerado como actos separables. II En desarrollo
de lo anterior, cuando se trata de impugnar actos no separables de la administración, expedidos
durante la, vigencia de un contrato administrativo, lo procedente era, y aún sigue siendo, que quien
pretendiese impugnarlos tuviese que recurrir al ejercicio de las acciones contractuales, concebidas,
y diseñadas para ese propósito, En tal evento, la labor del juez era y aun es, la de analizar el acto
atacado a la luz de las obligaciones contractuales y de las normas generales que regían los contratos,
con miras a determinar su validez y efectos y, en función de ellos, expedir el pronunciamiento
apropiado. II Por el contrario, cuando se trate de impugnar actos de la administración que no tienen
relación con un contrato administrativo, o que teniéndola forman parte de los denominados actos
separables del contrato, es decir, aquellos que tienen vida propia e independiente disociable o
segregable, anterior a la relación contractual bilateral que surge entre administración contratante y
contratista a partir del perfeccionamiento de un contrato y hasta su liquidación final, lo procedente
era, y aún es, que dicha impugnación se realice a través de las acciones previstas en los artículos
84 y 85 del Código Contencieso Administrativo". CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera,
sentencia del 6 de diciembre de 1990, exp. N5165.
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Actor Empresas Públicas de Medellín (E.P.M. E.S.P.)
lo considerado por el a quo en el asunto de autos59, el plazo de caducidad debe ser
computado desde la fecha de ejecutoria del acto de liquidación unilateral del
contrato.
Pues bien, el Contrato 3756-E60, legalizado61 el 6 de octubre de 198662 fue liquidado
por medio de la Resolución 6120 del 8 de agosto de 199063, confirmada
parcialmente en reposición mediante la Resolución 8889 del 22 de julio de 199164,
que quedó ejecutoriada el veinticinco (25) de septiembrade mil novecientos noventa
y uno (1991), según la copia auténtica del edicto con el que Romenergo fue
notificada65, y los artículos 45 y 62 del CCA66, en armonía con el artículo 289 del
Decreto 222 de 198367. En consecuencia, el término dé caducidad se cumplió el
veintiséis (26) de septiembre de mil novecientos noventa y tres (1993), y la acción
de controversias contractuales fue incoada oportunamente por EPM, con la
presentación de la demanda el nueve (9) de septiembre de ese mismo año".
4.1.4. Las Empresas Públicas de Medellín y Romenergp —que, entonces, era una
sociedad estatal de comercio exterior legalmente constituida mediante decreto-ley
del Consejo de Estado rumano69— como partes del Contrato 3756-E70, cuyo
incumplimiento es debatido en el sub judice, se encuentran legitimadas en la
causa por activa y pasiva, respectivamente. Por pu parte, la aseguradora
Confianza está legitimada en la causa por pasiva, ey cuanto extendió póliza de
cumplimiento del Contrato 3756-E71 1
59 Folio 1050 (anverso y reverso) C. Principal.
69 Copia auténtica a folios 1 a 29 C. Principal 1.
61 DECRETO 222 DE 1983. "Articulo 252. Además de los requisitos señalados en este estatuto, los
establecimientos públicos deberán someter los contratos que celebián a la aprobación del Ministro
o Jefe de Departamento Administrativo a cuyo despacho a..s. halle adscrito el respectivo
establecimiento público, si dicho funcionario no fuere su representante legal, cuando la cuantía
exceda de ciento cincuenta millones de pesos ($ 150.000.000.00. II El concepto del Consejo de
Ministros y la revisión de legalidad del Consejo de Estado, sólo se ?áquerirán cuando la cuantía sea
superior a doscientos cincuenta millones de pesos ($ 250.000.000.90)".
62 Folio 28 C. Principal 1.
63 Copia auténtica a folios 99 a 102 C. Principal 1.
64 Copia auténtica a folios 103 a 107, C. Principal 1.
65 Folio 109 C. Principal 1.
66 CCA. "Artículo 45. Si no se pudiere hacer la notificación personal al cabo de cinco (5) días del
envio de la citación, se fijará edicto en lugar público del respectivo despacho, por el término de diez
(10) días, con inserción de la parte resolutiva de la providencia. I...] Articulo 62. Firmeza de los actos
administrativos. Los actos administrativos quedarán en firme: II 1. 'Cuando contra ellos no proceda
ningún recurso. II 2. Cuando los recursos interpuestos se hayan decidido. II 3. Cuando no se
interpongan recursos, o cuando se renuncie expresamente a ellOs. II 4. Cuando haya lugar a la
perención, o cuando se acepten los desistimientos".
67 DECRETO 222 DE 1983. "Artículo 289. [...] Si no hubiere acuérclo para liquidar un contrato, se
tendrá por firme la liquidación presentada por la entidad contratante, la cual se expedirá mediante
resolución motivada que estará sujeta a los recursos ordinarios por. la via gubernativa. II El acta final
de liquidación, que deberá ser aprobada por el jefe de la entidád contratante, si él no hubiere
intervenido, presta mérito ejecutivo ante la jurisdicción coactiva corra el Contratista y su garante en
cuanto de ella resultaren obligaciones económicas a su cargo".
68 Folio 124 (anverso) C. Principal 1.
69 Según consta en certificación de la embajada de la, entonces, República Socialista de Rumania,
visible a folio 12 del C. Principal 1.
79 Copia auténtica a folios 1 a 29 C. Principal 1.
71 Copia auténtica a folios 12 a 20 C. Principal 1.
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Actor: Empresas Públicas de Medellín (EP.M. E.S.P.)
Sobre la imputación del incumplimiento contractual a Romenergo
4.2. De acuerdo con los artículos 1604, 1608, 1609 y 1613 del Código Civiln —
aplicables al sub judice, como se mencionó anteriormenten— el deudor está en
mora, cuando no ha cumplido la obligación dentro del término estipulado, siempre
que el otro contratante cumpla su parte o se allane a cumplirla, y es responsable
por el lucro cesante y el daño emergente irrogados al acreedor, con tal
incumplimiento, así como lo es con el cumplimiento imperfecto o tardío, cuando, en
contratos celebrados en beneficio recíproco haya actuado con culpa leve, es decir,
con "[...] la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean
ordinariamente en sus negocios propios" (artículo 63, Código Civil). En este análisis
de la responsabilidad, la prueba de la diligencia o cuidado le incumbe al que ha
debido emplearlo, según el artículo 1604 del Código Civil, referido anteriormente.
4.2.1. En este instancia no se discute el incumplimiento de Romenergo en la entrega
de los equipos objeto del Contrato 3756-E a EPM dentro del plazo pactado, sino la
imputación de responsabilidad de indemnizar los perjuicios derivados del
incumplimiento de Romenergo, en cuanto —esta firma aduce— este habría sido
ocasionado por una conducta antijurídica de EPM; entidad que, sin consideración a
lo estipulado en las cláusulas 12a y 13a del referido contrato, habría modificado
sustancialmente el diseño de los equipos que serían entregados, lo que implicó una
modificación del objeto contractual. Debe, en consecuencia, determinarse en esta
instancia si, por un incumplimiento contractual previo de EPM, Romenergo no habría
incurrido en mora en la entrega de los equipos objeto del Contrato 3756-E, lo que
enervaría la responsabilidad que EPM le atribuye en la demanda.
4.2.2. Ahora bien, en este proceso, el actor pretendió la condena a indemnización
de perjuicios contractuales sin la declaración del incumplimiento de Romenergo,
debido a que existía un acto administrativo en el que EPM había declarado la
caducidad del Contrato 3756-E, en razón al incumplimiento grave de Romenergo74.
Aparte, desde la demandá, EPM advirtió la existencia de procesos contenciosos
paralelos, producto de acciones que Romenergo incoó en su contra, cuyas resultas
debían tenerse en cuenta en la sentencia dictada en este asunto". Lejos de
72 CÓDIGO CIVIL. "Artículo 1604. El deudor no es responsable sino de la culpa lata en los contratos
que por su naturaleza solo son útiles al acreedor; es responsable de la leve en los contratos que se
hacen para beneficio recíproco de las partes; y de la levísima en los contratos en que el deudor es
el único que reporta beneficio. II El deudor no es responsable del caso fortuito, a menos que se haya
constituido en mora (siendo el caso fortuito de aquellos que no hubieran dañado a la cosa debida, si
hubiese sido entregado al acreedor), o que el caso fortuito haya sobrevenido por su culpa. II La
prueba de la diligencia o cuidado incumbe al que ha debido empleado; la prueba del caso fortuito al
que lo alega. II Todo lo cual, sin embargo, se entiende sin perjuicio de las disposiciones especiales
de las leyes, y de las estipulaciones expresas de las partes. [...] Artículo 1608. El deudor está en
mora: II lo.) Cuando no ha cumplido la obligación dentro del término estipulado; salvo que la ley, en
casos especiales, exija que se requiera al deudor para constituirlo en mora. [...] Artículo 1613. La
indemnización de perjuicios ccmprende el daño emergente y lucro cesante, ya provenga de no
haberse cumplido la obligación, o de haberse cumplido imperfectamente, o de haberse retardado el
cumplimiento. II Exceptúanse los casos en que la ley la limita expresamente al daño emergente".
73 Aptado. 3.2.
74 Aptados. 2.1 y 2.1.2.
75 Ibídem.
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Actor: Empresas Públicas de Medellín (E.P.M. E.S.P.)
controvertir este argumento del ente actor, las demandadas pusieron de presente,
en esta instancia, la existencia de procesos judiciales prIelos, en los que las aquí
demandadas habían impugnado los actos administrativos contractuales de
imposición de multas, declaración de caducidad y de liquidación, que se centraban
en el incumplimiento del Contrato 3756-E76.
' Lo anterior dio lugar a que, de conformidad con el arlículo 169 del CCA77, esta
I
Subsección requiriera copia auténtica y constancia de; ejecutoria de la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia el 25 de noviembre de 2013 en
1 el proceso con radicación núm. 05001-23-31-000-1992-00111-00, en el que se
resolvió sobre el incumplimiento del Contrato 3756-E, y ¡obre la validez de los actos
en los que se declaró su caducidad como consecuenCia del incumplimiento, así
como de los actos con los que este contrato fue liquidado".
Así pues, por las particularidades de este asunto, en el que las pretensiones
condenatorias de la demanda penden de la validez del ac/o con el que fue declarada
la caducidad del contrato, la cual fue ventilada en un pníceso paralelo que concluyó
con sentencia ejecutoriada, debe tenerse en cuenta qué, de acuerdo con el artículo
175 del CCA, la sentencia que niegue la nulidad de un aCio administrativo producirá
efectos de cosa juzgada erga omnes, pero solo en relación con la causa petendi
juzgada. Con ello, como lo ha considerado esta Subsecpión, se busca garantizar la
seguridad jurídica y la autoridad de las sentencias judiciales, conforme a la cual,
cuando una situación problemática de carácter jurídico .ya ha sido resuelta por la
jurisdicción, esta no puede volver a plantearse nuevamente ante los jueces76. En
consecuencia, la Sala procederá a verificar, a continuación, si lo que se debate en
esta instancia formó parte de la causa petendi del proceso adelantado de forma
paralela al que las partes del presente asunto hicieron r,eferencia a lo largo de este
proceso.
4.2.3. En primer lugar, constata la Sala que la estiiSulación de la cláusula de
caducidad era obligatoria en los contratos regidos por el Decreto 222 de 1983, salvo
en los de compraventa de bienes inmuebles o de empréstitow, y de acuerdo con la
Aptados. 2.9.1.2 y 2.9.2.1.
77 CCA. "Artículo 169. En cualquiera de las instancias el Ponente pollrá decretar de oficio las pruebas
que considere necesarias para el esclarecimiento de la verdad. $e deberán decretar y practicar
conjuntamente con las pedidas por las partes; pero, si éstas no lag- solicitan, el Ponente sólo podrá
decretadas al vencimiento del término de fijación en lista. II Además, en la oportunidad procesal de
decidir, la Sala, Sección o Subsección también podrá disponer' que se practiquen las pruebas
necesarias para esclarecer puntos oscuros o dudosas de la contibnda. II Para practicadas deberá
señalar un término de hasta diez (10) días, descontada la distancia; mediante auto contra el cual no
procede ningún recurso".
79 Aptado. 2.10.
79 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección C, sentenbias del 14 de diciembre de 2018,
exp. 45440; y del 2 de julio de 2021, exp. 47986.
80 DECRETO 222 DE 1983. "Artículo 60. Salvo disposición en contrario, en todo contrato se
estipularán las cláusulas propias o usuales conforme a su nafta-laza y, además, las relativas a
caducidad administrativa; sujeción de la cuantía y pagos a las." apropiaciones presupuestales;
garantías; multas; penal pecuniaria y renuncia a reclamación diplomática cuando a ello hubiere lugar.
Así mismo en los contratos administrativos y en los de derecho privado de la administración en que
se pacte la caducidad, se incluirán como cláusulas obligatorias los principios previstos en el título IV
de este estatuto. II Siempre deberán precisarse el objeto, la cuantía y el plazo para la ejecución
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Actor: Empresas Públicas de Medellín (E.P.M. E.S.P.)
ley81, esta fue convenida'en la cláusula 8 a del Contrato 3756-E, previéndose el
incumplimiento de las obligaciones de la contratista que haga imposible la ejecución
del contrato o que causen perjuicios a la entidad contratante como una de las
causales de su declaración82. Con fundamento en dicha causal, mediante la
Resolución 755 de 198883, confirmada con la Resolución 1126 del 11 de agosto de
198884, EPM declaró la caducidad del Contrato 3756-E, ordenó su liquidación, e
hizo efectiva la cláusula penal pecuniaria, así como las multas impuestas, y ordenó
el reintegro del anticipo entregado a Romenergo.
4.2.4. Las referidas resoluciones con las que fue declarada la caducidad del
Contrato 3756-E fueron demandadas por Romenergo, en el proceso con radicado
núm. 1988-4768, que fue ¡acumulado al proceso con radicación núm. 1988-04436,
y concluyó con la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia el
8 de noviembre de 201385, ejecutoriada el 18 de diciembre del mismo año86.
En dicho asunto, Romenergo, además de pretender la nulidad de los actos referidos,
deprecó que se declarara que no estaba obligada a pagar la cláusula penal
pecuniaria y que no había causado perjuicio alguno a EPM con ocasión de la
ejecución del Contrato 3756-E87. Como fundamento fáctico de las anteriores
pretensiones, Romenergo adujo, entre otros hechos, que EPM había introducido
modificaciones en los diseños de los equipos que formarían parte de los grupos 2 y
3 del Proyecto Hidroeléctrico Río Grande II; modificaciones que habrían impedido
su entrega oportuna88. Además, como sustento jurídico de sus pretensiones,
Romenergo esgrimió la violación de las cláusulas 10a, 12, 13, 152 y 18a del
Contrato 3756E y la falsa motivación de los actos demandados, en cuanto en ellos
se tomó en consideracióñ que "las modificaciones introducidas al contrato son
pequeñas, lo cual no se ajusta a la realidad, porque tal como se advierte estas son
de gran incidencia en las condiciones generales del contrato, especialmente en el
plazo para la entrega de los bienes"89.
completa del contrato. II Artículo 61. La caducidad será de forzosa estipulación en los contratos que
no fueren de compraventa de bienes muebles o de empréstito. No será obligatoria en los contratos
interadministrativos. II En la cláusula respectiva deberán señalarse claramente los motivos que den
lugar a la declaratoria de caducidad'.
81 DECRETO 222 DE 1983. "Artículo 62. Como causales de caducidad, además de las especiales,
previstas en este estatuto y de las que se tenga por conveniente establecer en orden al exacto
cumplimiento del contrato, deben figurar las siguientes: [...] f) Si a juicio de la entidad contratante,
del incumplimiento de las obligaciones del Contratista se derivan consecuencias que hagan
imposible la ejecución del contrato o se causen perjuicios a dicha entidad'.
82 CONTRATO 3756-E. "OCTAVA. CADUCIDAD DEL CONTRATO. LAS EMPRESAS podrán
declarar caducado el presente contrato mediante la resolución administrativa correspondiente, por
las siguientes causas: [...] c. Si a juicio de LAS EMPRESAS del incumplimiento de las obligaciones
de EL CONTRATISTA se derivan consecuencias que hagan imposible la ejecución del contrato ose
causan perjuicios a dicha entidad. [... i» (copia auténtica a folios 19 a 29, C. Principal D.
" Copia auténtica a folios 72 a 78, C. Principal 1.
" Copia auténtica a folios 80 a 97, C. Principal 1.
85 Copia auténtica a folios 1.169 a 1.212, C. Principal r instancia.
86 Según constancia de la secretaría general del Tribunal Administrativo de Antioquia, obrante a folio
1.168 del C. Principal r instandia.
87 Ibídem, aptado. 1.2.
88 Aptado. 2, nums. 1) a 6).
Aptado. 3.2.
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Actor Empresas Públicas de Medellín R.P.M. E.S.P.)
4.2.5. Resulta claro así que las consideraciones9° y los qrgumentos91 que dieron pie
al primer problema jurídico decantado en esta instancia92, sobre la responsabilidad
por incumplimiento del Contrato 3756-E, formaron parte de la causa petendi del
proceso en el que fue ventilada la validez de los actos declarativos de la caducidad
contractual, en los que el ente actor funda sus pretensiones de condena, sin
pretender previa ni simultáneamente la declaración del incumplimiento contractual.
Por ende, de acuerdo con el artículo 175 del CCA referido anteriormente93, este
aspecto del presente juicio deberá partir de lo resuelto sobre la validez de las
Resoluciones 755 y 1126 de 1988.
4.2.6. Pues bien, en la sentencia del 8 de noviembre de 201394, el Tribunal
Administrativo de Antioquia negó las pretensiones de nulidad de los actos con los
que fue declarada la caducidad del Contrato 3756E y las demás súplicas
consecuenciales95, al considerar, fundamentalmente, lo Siguiente:
«11. ANÁLISIS DE LEGALIDAD DE LAS RESOLUCIONES
DEMANDADAS.
e
11.1. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 3657-E.
La empresa estatal Romenergo y Empresas Públicas de Medellín, se acusan
mutuamente de incumplir con las obligaciones establecidas en el Contrato Ala
3657-E, suscrito por ambas partes para el diseño, fabricación, pruebas,
pintura, embalaje, suministro y supervisión del montaje de los Grupos 2 3 y
7 de la Licitación Pública Internacional PR-111 10662-E0, en desarrollo del
Proyecto Riogrande
[...1
Es claro para la Sala que en el caso de las modificaciones solicitadas por
Empresas Pública de Medellín a Romenergomen su mayoría no fueron
sustanciales y las que pudiesen considerarse como tal, se debieron a los
errores cometidos por el contratista en los diseños iniciales, por lo tanto, en
este punto no podría precidares [sic] incumplimiento por parte de la entidad
accionada, sino de la accionante.
En relación con la necesidad de un plazo adicional en el caso de las
modificaciones del Grupo 3, es necesario precisa!, que el incumplimiento en
el plazo contractual, fue más allá de los 10 días sugeridos por los peritos
Ramírez Maya y Freidel Correa, reiterando .ásí el incumplimiento del
contratista.
• La exigencia del reposicionamiento de algunos cordones de soldadura y
de las boquillas de inyección, exigida por Empresas Públicas de Medellín,
99 Aptado. 2.7.
91 Aptados. 2.8.1, 2.8.2, 2.9.1.2 y 2.9.2.1.
92 Aptado. 3.1.1.
93 Aptado. 4.2.2.
94 Copia auténtica a folios 1.169 a 1.112, C. Principal r instancia
95 Numeral noveno de la parte resolutiva.
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Actor: Empresas Públicas de Medellin (E.P.M. E.S.P.)
son un argumebto de Romenergo, para indicar que había un mayor
trabajo de fabricación.
El perito Marín Castrillón, al igual que los peritos Leonel Ramírez Maya y
Rafael Freidel Corma, estima que "el reposicionamiento de los cordones
de soldadura y de las boquillas de inyección no aplican mayor tiempo de
fabricación".
• Hubo mora por parte de la contratista A. TB. en la entrega de los biseles,
situación que sirve de argumento a la contratista, para justificar su mora
en la entrega, Sin embargo, el perito indica que ésta no tenía ninguna
repercusión porque los tubos no estaban fabricados y no iban biselados.
• Romenergo se negó a certificar la compatibilidad de las pinturas rumanas
con las colombianas, constriñendo a Empresas Públicas de Medellín a
recurrir a sus prppios medios, para hacer tal verificación. Discusión que
está señalada por la contratista como causal de los retrasos, no obstante,
el dictamen pericial de Wilson Marín Castrillón, los testimonios y el pliego
de condiciones, permiten a la Sala concluir que tal certificación hacía parte
de las obligaciones de Romenergo, dado el uso de la tubería y el tubo de
proyecto, además para efectos anticorrosivos y de mantenimiento
posterior.
El listado de herramientas estaba a cargo de Romenergo que en calidad
de contratista era quien conocía cuáles eran las adecuadas para la
instalación de la tubería y en este punto la discusión de la contratante era
errada, sin embargo, a pesar de asistirle la razón al contratista, si bien
envió el listado" de herramientas, no las envió efectivamente para la
correcta instalación, lo que obligó a Empresas Públicas de Medellín a
adquiridas.
La evaluación de la presión exterior, interpretación de los valores de los
esfuerzos emitidos según DIN, evaluación de las presiones de prueba, lo
que conllevó necesariamente a nueva consideración para obtener la
aprobación del diseño, plazos que iban en contra de los intereses de
Romenergo, pero de conformidad con los testimonios, la [sic] hubo
deficiencias en )este aspecto, tal como lo evidencia Luis Javier Vélez
Duque: "La principal deficiencia que presentaba este dispositivo para
prueba hidrostáticas era la disposición del sistema de sellos los cuales
eran exteriores y por el hecho de ser exteriores impedían que la tubería
fuera sometida en el ciento por ciento de su longitud a prueba" [...].
[...1
Así las cosas, es posible afirmar que resulta irrelevante la mora posterior
en la expedición de las cartas de crédito, cuando los plazos se
encontraban vencidos por causas atribuibles en su totalidad a la empresa
contratista.
De conformidad con jurisprudencia citada dentro del presente proveído,
era necesario que la empresa estatal Romenergo demostrara que la mora
en el plazo pactado inicialmente no obedeció a causas imputables a la
contratista y por el contrario, se debió al incumplimiento de Empresas
Públicas de Medellín en sus obligaciones contractuales, sin embargo,
observa la Sala que tal como se advierte del material probatorio, si bien
existieron discusiones y controversias en aspectos técnicos, no se
encuentra demostrado que Empresas Públicas de Medellín hubiese
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Actor: Empresas Públicas de Medellín (E.P.M. E.S.P.)
incurrido en incumplimiento de obligaciones qve impidieran a Romenergo
cumplir con el plazo contractual.
E.
11.2.3. Resoluciones N° 755 de febrero 16 de 1988 y N° 1126 de
agosto 11 de 1988 por medio de las cuales se declaró la caducidad
(proceso 1988-4765 o 24756). Los actos administrativos en cita no
adolecen de falsa motivación, dado que se fundamentan en los hechos
que quedaron demostrados en el proceso de la referencia. La Resolución
N° 755 de 1988, señala que se encontraban vencidos 6 de los 8 plazos
de entrega pactados, con un atraso de aprciximadamente 7 meses, se
elaboraron bienes sin la aprobación previa dé los diseños por parte de
Empresas Públicas de Medellín y que el retraso en las obras perjudicó de
manera grave el desarrollo del proyecto Riogrande II.
Posteriormente, la Resolución N° 1126 de 1988, por medio de la cual se
resolvió el recurso de reposición, tuvo en cuenta los argumentos de los
recurrentes, relacionados con los factores externos y atribuibles a la
contratante, resolviéndolos de conformidad C017 la realidad de ejecución
contractual, resultando que los incumplimientos de Empresas Públicas de
Medellín fueron originados en las acciones u omisiones anteriores del
contratista.
Los argumentos expuestos en vía administrá.tiva por las partes, son los
relacionados con el incumplimiento, resueltos en el presente proveído, en
el cual se concluyó que efectivamente fue la (empresa contratista la que
incurrió en incumplimiento del contrato e indujo a la contratante a yerros
que condujeron necesariamente y en acatiuniento del ordenamiento
jurídico a la declaratoria de caducidad del contrato. En consecuencia, se
reitera que la motivación de los actos administrativos acusados se ajusta
a la realidad fáctica».
4.2.7. De acuerdo con lo anterior, el incumplimiento qué dio lugar a la declaración
de la caducidad que se produjo con las Resoluciones 755 y 1126 de 1988 no es
imputable a EPM por las modificaciones que introdujo S los diseños de los equipos
objeto del Contrato 3756-E, las cuales no tienen ita entidad suficiente para
considerarse una modificación sustancial del objeto del contrato, que se hayan
producido así con violación de lo estipulado, y hayan Óriginado el incumplimiento
en la entrega de tales equipos por Romenergo. En consecuencia, dichos ajustes en
los diseños de los equipos no enervan la responsabilidad contractual que se
desprende del incumplimiento en la entrega de los ienes, imponiéndose una
respuesta negativa al primer problema jurídico formuladó en esta instancia.
Sobre los perjuicios ocasionados con el incumplimiento contractual
4.3. Como perjuicios derivados del incumplimiento del Cóntrato 3756-E imputado a
Romenergo —como se determinó anteriormente— EPM pretende que se
condene96: (i) al pago de $155.808.654 más V46.106.224, que el ente actor debió
96 Aptados. 2.1. y 2.1.1.12.
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Actor: Empresas Públicas de Medellín (E.P.M. E.S.P.)
reconocer y pagar al Consorcio Taisei-Conconcreto, encargado de instalar los
blindajes que Romenergo no entregó y que EPM, a su vez, debía entregarle al
consorcio, según el Contrato 3/DJ-7702/3; y (ii) el pago de US$4.549.843, que
corresponden a la diferencia entre los US$8.294.843 pagados a IMPSA, y el precio
de la tubería de sifón que Ronnenergo se había obligado a entregar por
US$3.745.000.
Las demandadas, por pu parte, controvierten las condenas deprecadas,
argumentando que no se acreditó el pago acordado en la transacción suscrita con
el Consorcio Taisei-Conconcreto, ni el mayor precio pagado por los equipos
adquiridos a la empresa argentina IMPSA, y —añade— en todo caso, el pago de
tales sumas no se desprendería del incumplimiento del Contrato 3756-E, sino de
actuaciones de la misma ,EPM. Además, las demandadas arguyen que EPM no
podía pretender el pago de perjuicios superiores al monto de la cláusula penal
pecuniaria impuesta97.
4.3.1. Pues bien, en primer lugar, advierte la Sala que —de acuerdo con el Decreto
222 de 198398— la pena pecuniaria podía ser impuesta por la entidad contratante
por sí y ante sí, y constituía un pago parcialpero definitivo de los perjuicios causados
a la entidad contratante, como se establecía expresamente en el inciso final del
artículo 72 ejusdem99 y, además, fue estipulado en la cláusula 98 del Contrato 3756-
E199. Al existir así una norma especial posterior191 al Código Civil y pacto expreso192
sobre la imputación de la pena pecuniaria a un pago parcial de los perjuicios, cabía
hacer efectiva, concomitantemente, la pena pecuniaria por vía administrativa, y
exigir el remanente de los perjuicios irrogados por vía judicial. No asiste razón así a
97 Aptados. 2.3.1.3 y 2.9.2.2.
98 DECRETO 222 DE 1983. "Artículo 64. La declaratoria de caducidad deberá proferirse por el jefe
de la entidad contratante mediante resolución motivada, en la cual se expresarán las causas que
dieron lugar a ella y se ordenará hacer efectivas las multas, si se hubieren decretado antes, y el valor
de la cláusula penal pecuniaria, convenida, si fuere el caso. [...] Artículo 72. De la cláusula penal
pecuniaria. En todo contrato que no fuere de empréstito, deberá estipularse una cláusula penal
pecuniaria, que se hará efectiva directamente por la entidad contratante en caso de declaratoria de
caducidad o de incumplimiento. II La cuantía de la cláusula penal debe ser proporcional a la del
contrato. II El valor de la cláusula penal que se haga efectiva se considerará como pago parcial pero
definitivo de los perjuicios causados a la entidad contratante".
99 Ibidem.
1°° CONTRATO 3756-E. "NOVENA. CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA. En el caso de declararse la
caducidad del contacto o el incumplimiento de EL CONTRATISTA, LAS EMPRESAS harán efectivo
directamente el valor de los perjuicios que tales declaratorias les causen, perjuicios que desde ahora
se tasan en el diez por ciento (10%) del valor total del contrato. La cuantía de la pena pecuniaria
será deducida de las sumas que por cualquier concepto se deba a El Contratista y si fuera necesario
de la garantía de cumplimiento del contrato, llegándose en última instancia al cobro por la vía
jurisdicción para el saldo no cúbierto. II El valor de la cláusula penal que se haga efectiva se
considerará como pago parcial, pero definitivo de los perjuicios causados a LAS EMPRESAS".
lo] LEY 153 DE 1887. "Artículo.2. La ley posterior prevalece sobre la ley anterior. En caso de que
una ley posterior sea contraria a otra anterior, y ambas preexistentes al hecho que se juzga, se
aplicará la ley posterior. [...] Artículo 8. Cuando no hay ley exactamente aplicable al caso
controvertido, se aplicarán las leyes que regulen casos o materias semejantes, y en su defecto, la
doctrina constitucional y las reglas generales de derecho".
1132 CÓDIGO CIVIL. "Artículo 1600. No podrá pedirse a la vez la pena y la indemnización de perjuicios,
a menos de haberse estipulado así expresamente; pero siempre estará al arbitrio del acreedor pedir
la indemnización o la pena".
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Actor: Empresas Públicas de Medellín (E.P.M. E.S.P.)
las demandadas, en cuanto aducen que no se podía pretender el pago de sumas
adicionales a la pena pecuniaria.
4.3.2. Por otra parte, como se mencionó anteriormente93, la indemnización de los
perjuicios irrogados con el incumplimiento de la obliga,bión contractual comprende
el daño emergente y el lucro cesante. Según el artículo 1614 del Código Civil, el
daño emergente es "el perjuicio o la pérdida que proviene de no haberse cumplido
la obligación o de haberse cumplido imperfectamente", mientras el lucro cesante es
"la ganancia o provecho que deja de reportarse a cqnsecuencia de no haberse
cumplido la obligación, o cumpliéndola imperfectamente, o retardando su
cumplimiento".
En lo concerniente a las modalidades de perjuicios referidas, la Corte Suprema de
Justicia ha considerado, de antaño, que:
«La Corte, en sentencia, del 7 de mayo de 1968 (aún no publicada), dijo y
ahora lo reitera, que "los dos capítulos básicos del daño patrimonial
contemplados y definidos por el artículo 1614 del Código Civil" son el daño
emergente y el lucro cesante.
"El daño emergente abarca la pérdida misma de elementos patrimoniales, los
desembolsos que hayan sido menester o que en-el futuro sean necesarios y
el advenimiento de pasivo, causados por los heghos de los cuales trata de
deducirse la responsabilidad; en tanto que el lucro cesante, cual lo indica la
expresión, está constituido por todas las gananeias ciertas que han dejado
de percibirse o que se recibirán luego, con el mismo fundamento de hecho.
Y la pretensión indemnizatoria ha de conformarsee esta clasificación y ubicar
adecuadamente los varios capítulos de la lesión. •
"La existencia de un perjuicio cierto es indispensable para su reconocimiento
en juicio de responsabilidad... La imposibilidad de. empleo de un bien útil, con
el que se han venido satisfaciendo ciertas necesidades, permite conjeturarla
presencia de un daño, que se establecerá, probando, además de ese
antecedente, la suspensión de ganancias por la suspensión o la merma de la
actividad productiva, o el desembolso que hubo de hacerse para procurar un
medio sustitutivo del perdido temporal o definitivamente. En elprimer caso se
trata de lucro cesante, mientras que en el segundo, de daño emergente"»
(subrayado añadido)1".
103 Aptado. 4.2.
1" CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil, sentencia del 29 de septiembre de
1978, Gaceta Judicial, tomo CLVIII, núm. 2399, pp. 235 a 249. Eni sentido análogo: «También se
toma ilustrativo comentar, que en cuanto a los perjuicios patrimoniales, al tenor del articulo 1613 del
Código Civil, "fija indemnización (..) comprende el daño emergentp y el lucro cesante, ya provenga
de no haberse cumplido la obligación o de haberse cumplido :imperfectamente, o de haberse
retardado el cumplimiento' II A su vez, con apoyo en el precepto 1614 ejusdem, cabe indicar, que
el "daño emergente" abarca el monto de la pérdida misma de elementos patrimoniales, los
desembolsos hechos para enfrentar los efectos del incumplimiento, los pasivos originados en los
hechos en que se funda la "responsabilidad civil" que se hubiere Planteado; en tanto que el "lucro
cesante", lo integra la ganancia cierta o provecho que ha dejado dé obtenerse o que se recibirla con
posterioridad, y que se frustró ante el advenimiento de alguna, de las reseñadas hipótesis de
"incumplimiento de la obligación"» CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil,
sentencia SC-7220 del 9 de junio de 2015, rad. núm. 1101-31-03-034-2003-00512-01.
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Actor: Empresas Públicas de Medellín (E.P.M. E.S.P.)
Además, la jurisprudencia, a su vez, ha precisado que, en la responsabilidad
contractual, además de acreditarse el incumplimiento injustificado, debe
demostrarse "[...] la producción para el actor de un daño cierto y real,. y, finalmente,
que entre uno y otro de tales elementos medie un nexo de causalidad, es decir que
el perjuicio cuya reparación se persigue sea consecuencia directa de la conducta
anticontractual reprochada al demandado" (subrayado agregado)1°5.
Como se expuso anteriormentel°6, las pretensiones indemnizatorias de EPM que
dieron lugar al presente litigio penden del incumplimiento debatido en un proceso
contencioso paralelo, en el que fueron desestimadas las pretensiones anulatorias
del acto con el que, en razón a un incumplimiento grave de Romenergo, EPM había
declarado la caducidad contractual. Sin embargo, en el referido proceso no se
discutieron los perjuicios cuya condena pretende EPM en este asunto; circunstancia
que, de acuerdo con lo mencionado en precedencia, impone el análisis del nexo
causal entre los perjuiciS cuya reparación es deprecada y el incumplimiento grave
en virtud del cual fue declarada la caducidad contractual mediante acto
administrativo en firme, así como de la acreditación de tales perjuicios. En ello se
centrará pues el análisis subsiguiente de la Sala.
4.4. Pues bien, en los términos de la demanda, los perjuicios deprecados por EPM
corresponden a los desembolsos en que la entidad habría tenido que incurrir, para
satisfacer las necesidades del servicio que se cubrirían con el Proyecto
Hidroeléctrico Río Grande II y los equipos que, para ello, fueron objeto del Contrato
3756-E, sin que fueran entregados por la sociedad extranjera Romenergo. Se trata,
por tanto, de acuerdo con lo anterior, del daño emergente ocasionado con el
incumplimiento contractual de la demandada, cuyo reconocimiento exige que,
además de la imposibilidad de utilizar el bien —que está fuera de discusión, como
lo está el incumplimiento contractual— se acredite la existencia de una relación de
causalidad entre la conducta antijurídica del contratante incumplido, y el pago
efectivo de los desembolsos a que haya menester o del medio sustitutivo.
" 5 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil, sentencia del 9 de marzo de 2001,
rad. núm. 5659. En igual sentido: «Empero, no siempre el incumplimiento contractual conlleva el
resarcimiento de perjuicios, porque como desde antaño lo ha sostenido la doctrina de la Corte, "para
condenar al pago de perjuicios, el juzgador debe tener ante sí la prueba de que el reo se los ha
causado al actor, pues ellos son la sujeta materia de la condena, y sabido es, por otra pede, que,
aunque el incumplimiento es cUlpa y ésta obliga en principio a indemnizar, bien puede suceder que
no haya dado lugar a perjuicios, que no se los haya causado a la otra parte, y no seria lógico
condenar a la indemnización dé perjuicios inexistentes". II Por eso, cuando se pretende judicialmente
el pago de perjuicios, al actor le corresponde demostrar, salvo los casos de presunción de daño,
como ocurre con la cláusula penal y el caso del numeral 2° del artículo 1617 del Código Civil, la
lesión o menoscabo en su patrimonio, bien por una pérdida real y efectiva, ora de una ventaja o
ganancia, ocasionado por la inejecución o ejecución defectuosa o tardía de las obligaciones del
deudor Significa esto que el 'daño susceptible de reparación debe ser "directo y cierto" y no
meramente "eventual o hipotético); esto es, que se presente como consecuencia de la "culpa" y que
aparezca "real y efectivamente causado"». CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación
Civil, sentencia del 27 de marzo de 2003, exp. núm. C-6879; reiterada en la sentencia del 18 de
enero de 1007, rad. núm. 1999-00173-01.
" 6 Aptados. 4.2.1 a 4.2.7.
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' •t
Radicado: 0500:123-31-000-1993-01374-01 (45793)
Actor: Empresas Públicas de Medellín (E.P.M. E.S.P.)
Para acreditar o controvertir los perjuicios deprecados, qe acuerdo con lo solicitado
en el escrito introductoriow7 y en las contestaciones.", fueron allegadas y
practicadas en este proceso las siguientes pruebas:
4.4.1. Copia auténtica del Contrato 3/DJ-7702/3, suscrito el 13 de marzo de 1984
entre EPM y el Consorcio Taisei-Conconcretol°9, con un precio total aproximado de
$2.963.069.267,79 más $4.880.005.446,00 (cláusula 8a), pactado en la modalidad
de precios unitarios (cláusula 7a), cuyo objeto consistía en:
"[...] la construcción de obras civiles para la captación, conducciones y obras
anexas para la centrales hidroeléctricas La Tasajera y Niquía, para el
Desarrollo Hidroeléctrico Río Grande así como las obras
complementarias vinculadas a la misma construcción, que LAS EMPRESAS
le ordenaren de acuerdo con los términos del contrato" (cláusula le).
4.4.1.1. De acuerdo con la cláusula 3a del Contrato 3/DJ-770213, los pliegos de
condiciones, las especificaciones y los planos suministrados por EPM formaban
parte del contrato.
4.4.1.2. Según la cláusula 4a del referido contrato, EPM podía "[...] ordenar por
conducto de la interventoría los cambios que considere necesarios tanto en los
planos como en las especificaciones o alguno de estos documentos. Si por estos
cambios se afectan tanto el plazo como el precio o uno de estos señalados en este
contrato, LAS EMPRESAS deberán convenir con EL3 CONTRATISTA antes de
ordenar los cambios, los ajustes de plazo y precios que de ellos puedan
desprenderse, de lo cual se firmará por las partes el acta correspondiente".
4.4.1.3. Aparte, en la cláusula 12a del Contrato 3/DJ-7702/3, el Consorcio Taisei-
Conconcreto se comprometió a mantener en el lugar de ejecución de los trabajos:
(i) el "personal en la cantidad y con la capacidad suficiénte para que las obras se
ejecuten en forma técnica y eficiente y se terminen dentro del plazo acordado en
este contrato"; (ii) "el equipo de construcción en la mejor forma posible para evitar
demoras o interrupciones debidas a daños frecuentes del equipos de construcción",
así como "un número suficiente del equipo apropiado para ejecutar todas las obras
motivo de este contrato, según los planos y especificaciones de construcción dentro
de los plazos estipulados en el presente documento"; '(iii) además de "conseguir
oportunamente todos los materiales y demás elementos que EL CONTRATISTA
emplee en la ejecución de las obras que se le encomienden".
4.4.2. Copia auténtica de la correspondencia cruzada entre la firma interventora
del Contrato 3/DJ-7702/3 (Integral S.A.) y el Consorcio Taisei-Conconcretoll°,
en la que consta que:
1°7 Folios 119 a 121, numerales 2 a 5.
108 Aptado. 2.3,
1°9 Folios 2 a 99, C. 3.
11° Folios 105 a 172, C. 3.
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4.4.2.1. El 27 de mayo de 1987, la interventora le comunicó al consorcio
contratista la decisión de EPM de: (i) suspender el revestimiento del túnel de
presión de La Tasajera, a partir de la abscisa 7043.342; (ii) suprimir el
revestimiento en concreto y el blindaje del pozo de presión; y (iii) no instalar,
en esta etapa, el blindaje del pozo de presión, ni el blindaje metálico en la
zona de intersección del túnel con la ventana de construcción respectiva.
4.4.2.2. El 6 de julio de 1987, la interventora le confirmó al consorcio
contratista, que estaría a su disposición el blindaje metálico del túnel blindado
de la central de Niquía en enero de 1988 y que, si se presentare un cambio
en la programación, notificarían la fecha de entrega con 3 meses de
anticipación.
4.4.2.3. El 15 de julio de 1987, el Consorcio Taisei-Conconcreto le respondió
a la interventora, que el inicio de los trabajos referidos en el oficio anterior
estaba prevista para el 12 de febrero de 1987, por lo que la fecha mencionada
para la entrega del blindaje metálico implicaba un retraso de cerca de 12
meses, tomando en consideración los preparativos necesarios para su
ejecución, la cual se produciría "por fuera de la secuencia constructiva y en
condiciones completamente diferentes a las propuestas para la optimización
de los programas ele construcción". Con ello —agregó— se cambiarían
sustancialmente las condiciones de elaboración del presupuesto para los
precios unitarios, además de una prórroga de 7 meses, por lo que solicitó la
revisión de los precios, ante el incumplimiento de EPM en la entrega del
blindaje.
4.4.2.4. El 17 de julio de 1987, el Consorcio Taisei-Conconcreto se dirigió
nuevamente a la firma interventora, para aclararle que la supresión de la
instalación del blindaje del pozo de presión de la central de La Tasajera, "por
circunstancias completamente ajenas a la competencia del Contratista,
constituye un cambio en los planos o en las especificaciones", que, como tal,
debía ser objeto de acuerdo entre las partes, según la cláusula 4' del
Contrato 3/DJ-7702/3.
4.4.2.5. El 4 de agosto de 1987, la interventora le contestó al Consorcio
Taisei-Conconcreto, que la supresión de trabajos en el túnel de presión y el
pozo de la central La Tasajera podría considerarse un cambio en el alcance
del objeto del Contrato 3/DJ-7702/3, en lugar de un cambio en los planos y
especificaciones; circunstancia que, en todo caso, representaba un
incremento en los -costos indirectos, por lo que esperaba su evaluación
económica.
4.4.2.6. El 4 de septiembre de 1987, el Consorcio Taisei-Conconcreto
presentó a la interventora solicitud de reconocimiento y pago de los perjuicios
económicos que había soportado hasta el 27 de mayo del mismo año, como
consecuencia del incumplimiento en la entrega del blindaje para el pozo de
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presión de La Tasajera, con supresión subsiguiente de los trabajos de
revestimiento y blindaje del pozo; perjuicios que, estimó, ascendían a
V206.193.341,72, sin incluir los costos financieros causados, de lo cual
adjuntó un análisis detallado, a modo de propuesta de adenda.
4.4.2.7. El 10 de septiembre de 1987, la interventdra le manifestó al consorcio
contratista, que, conforme a lo acordado en reunión del mismo día, en el
análisis de perjuicios remitido se habían hallado cobros administrativos y de
propiedad de equipos repetidos, por lo que qyedaba a la espera de los
resultados de la revisión del análisis.
4.4.2.8. El 23 de septiembre de 1987, el Consorcio Taisei-Conconcreto le
entregó a la interventora una evaluación preliminar del costo mensual
generado por la disponibilidad de equipos, como consecuencia de la no
entrega de tuberías y elementos de blindaje por IPM.
4.4.2.9. El 6 de octubre de 1987, la interventoría.tormuló observaciones a la
evaluación preliminar de sobrecostos remitida eor el consorcio contratista
atinentes a: el conteo del tiempo de espera para la llegada del blindaje, y la
inclusión de equipos que no se requerían para lp ejecución de las labores,
así como de otros equipos que eran utilizad9s paralelamente en otras
actividades. Aparte, le manifestó al consorcio que no estaba de acuerdo con
la metodología de pago por mensualidades empleado en su análisis, y que el
registro de equipo disponible llevado por la interyentoría sería la única base
de cálculo empleada. Por último, le solicitó soportes del análisis de precios.
4.4.2.10. El 14 de octubre de 1987, el Consdrcio Taisei-Conconcreto le
respondía a la interventora, que para la modificación del programa de
construcciones se había tomado en consideración: el compromiso de EPM
de entregar las tuberías y elementos de blindaje el 1° de julio de 1987; y el
equipo efectivamente disponible.
4.4.2.11. El 4 de noviembre de 1987, la firma interventora le reiteró al
consorcio contratista la solicitud de entrega de información sobre el análisis
de sobrecostos, para cuya elaboración --Taseguró— se le había
proporcionado la información necesaria.
4.4.2.12. El 18 de noviembre de 1987, el Consorcio Taisei-Conconcreto
remitió evaluación de sobrecostos para la ejecución del blindaje del túnel de
Niquía, como consecuencia del retraso en el suministro del material de
blindaje, con un total de $1.120.500.000.
4.4.2.13. El 19 de noviembre de 1987, la interventoría le comunicó al
consorcio contratista que lo relevaba de su obligación de instalar el blindaje
metálico del túnel de la central de Niquía, y quedaba a la espera de la
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evaluación, debidamente sustentada, de los sobrecostos con ello
ocasionados.
4.4.2.14. El 7 de enero de 1988, el Consorcio Taisei-Conconcreto respondió
que la anterior decisión no podía ser tomada unilateralmente por EPM, pero
estaba dispuesto a negociar un acuerdo, con el que se conciliaran los
intereses de ambas partes.
4.4.2.15. El 2 de febrero de 1988, la interventoría le contestó al consorcio que
la decisión de EPM se ajustaba a lo estipulado en las cláusulas 24a y 25a del
Contrato 3/DJ-7702/3, y que esperaba alcanzar un acuerdo para el
reconocimiento de sobrecostos.
4.4.2.16. El 9 de mayo de 1988, el Consorcio Taisei-Conconcreto le manifestó
a la interventora que el perjuicio derivado del incumplimiento comprendía el
daño emergente y el lucro cesante, por lo que, además de los costos en que
había incurrido, debían incluirse las utilidades esperadas, sin contabilizar el
rubro de imprevistos.
4.4.2.17. El 21 de junio de 1988, la interventoría le comunicó al consorcio
contratista, que reconocería la totalidad de los costos indirectos de
administración incluidos en los precios unitarios, pero no los de imprevistos
ni las utilidades, ya que, al no haber sido ejecutadas las obras
correspondientes, estos no se habían causado.
4.4.2.18. El 11 de agosto de 1988, el Consorcio Taisei-Conconcreto insistió
en la inclusión del rubro de imprevistos en la indemnización por lucro cesante,
además de los costos de propiedad de los equipos, por lo que solicitó a la
interventora que reconsiderara su posición.
4.4.2.19. El 6 de diciembre de 1988, el Consorcio Taisei-Conconcreto le
solicitó a la interventora que en la minuta del convenio adicional núm. 14: (i)
se dejara constancia de que el contratista se reservaría el derecho a solicitar
el pago de ajustes negativos de los que fue objeto el precio original en yenes,
al definir el monto de los perjuicios que se pagarían en dicha divisa, como
resultado de la fórmula de reajuste para moneda extranjera; y (ii) que se
incluyera "el valor a origen del contrato de la obra suprimida", que daba lugar
al reconocimiento en cuestión.
4.4.2.20. El 23 de diciembre de 1988, la interventora remitió al consorcio la
minuta del convenio núm. 14, "acordado por las partes en reunión sustenida
el día 22 de diciembre de 1988".
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Actor: Empresas Públicas de Medellín (E.P.M. E.S.P.)
4.4.3. Copia auténtica del convenio adicional núm. 14 al Contrato 3/DJ-7702/3,
suscrito el 7 de marzo de 1989 entre el Consorcio Taisei-Conconcreto y EPM111, en
el que pactaron:
"PRIMERA: Objeto del Convenio. Dentro de los documentos del contrato No.
3/DJ-707/3, se estableció la obligación de LAS EMPRESAS relacionada con
el suministro de blindaje metálico el cual debía sér montado por parte de EL
CONTRATISTA, debido a que LAS EMPRESAS no pudieron atender el
suministro del blindaje metálico, EL CONTRATISTA solicitó se le
reconocieran los perjuicios económicos causados a este por la supresión,
dentro del objeto del contrato principal, del montaje de la tubería metálica
tanto en el túnel blindado de Niquía, como en el pozo de presión de La
Tasajera, donde, como consecuencia de esto, fue necesario eliminar también
el revestimiento en concreto hidráulico del mismo. El valor de la obra no
ejecutada es de ciento cincuenta y ocho millones doscientos setenta y dos
mil quinientos ochenta y un pesos M.L. ($158.271.581,00). SEGUNDA.
Cubrimiento del reconocimiento económico. Teniendo en cuenta lo solicitado
por EL CONTRATISTA y ante el hecho cierto: de que LAS EMPRESAS
relevaron a EL CONTRATISTA de la ejecución de los trabajos relacionados
con el montaje del blindaje metálico, LAS EMPRESAS encuentran aceptable
reconocer los costos en la omisión, como son los costos administrativos y los
costos de propiedad de los equipos involucrados en las actividades en
cuestión y que no utilizó. TERCERA. Valor del Convenio. Con base en lo
manifestado en las cláusulas primera y segunda del presente convenio y
teniendo en cuenta el valor de la obra no ejecutada, las partes acordaron
definir como monto del reconocimiento económico en cuestión la suma de
sesenta y cinco millones trescientos veinticinco mil trescientos treinta y siete
pesos M.L. ($65.325.337,00) más setenta y cuatro millones ochocientos
noventa y dos mil pesos ($74.692.890,00) a origen del contrato, sumas que
reajustadas hasta los meses en los cuales se tenían programados los
trabajos objeto del presente reconocimiento, utilizando la fórmula escalatoria
indicada en el contrato principal tanto para la componente en pesos como
para la componente en yenes, se convierte en ciento cincuenta y cinco
millones ochocientos ocho mil seiscientos cincuenta y cuatro pesos M.L.
($155.808.654,00) y cuarenta y seis millones ciento seis mil doscientos
veinticuatro yenes japoneses ($46.106.224,00). ,[...] QUINTA. Exoneración
de Responsabilidades. EL CONTRATISTA declara que con el pago de la
suma pactada quedan cubiertos por parte de LAS EMPRESAS todos los
perjuicios y obligaciones contractuales ocasionados por la omisión de la obra
en cuestión".
4.4.4. Como prueba del pago de las obligaciones contraídas por EPM en el convenio
adicional núm. 14 al Contrato 3/DJ-7702/3, fueron allegadas al expediente copias
auténticas de órdenes de pago112, suscritas por el ordenador del gasto de EPM,
con el Consorcio Taisei-Conconcreto como destinatario,, con el siguiente contenido:
Núm. Concepto Valor total Deducciones Neto a pagar
0528 Valor en yenes Y43.153.179,4 Y31.966.167, Y11.1887.012,
5 japoneses del 6 de los cuales 02 que 44
111 Folios 99 a 101, C. 3.
" 2 Folios 102 y 103, C. 3.
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Actor: Empresas Públicas de Medellín (E.P.M. E.S.P.)
acta y relación $46.106.224 corresponden
No. C-14 de corresponden a
obra ejecutada al Acta No. C- amortización
entre el 1 de 14, menos el de anticipo,
nov/86 y el 31 valor negativo I.P.S. (1%),
de enero/89, en de dos actas retención en
la construcción la fuente (1%)
de la captación, e impuesto de
túneles • de remesa.
presión y Obras
anexas
Proyecto
Hidroeléctrico
Riogrande• II,
según contrato
No. 3/DJ-
7702/3. '
0528 Valor en pesos $155.808.645 $77.311.743 $78.496.910,9
4 colombianos correspondien que O
del acta y te al valor del corresponden
relación No. C- Acta No. C-14 a 15% de
14 por obras amortización
ejecutadas del anticipo,
entre el 1 de I.P.S. (1%) y
nov/86 y el 31 retención en
de enero/89, en la fuente
la construcción (1%).
de las obras
civiles
correspondient
es a ' las
captaciones,
túneles de
presión, túnel
de desviación y
obras anexas
para el
Proyecto '
Riogrande • II,
según contrato
No.
3/DJ7702/3.
4.4.4.1. Para acreditar los anteriores pagos, la demandante allegó, además, copia
auténtica del "acta de convenio adicional No. C-14"113, suscrita el 29 de mayo de
" 3 Folio 104, C. 3.
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Radicado: 0500-23-31-000-1993-01374-01 (45793)
Actor Empresas Públicas de Medellín (E.P.M. E.S.P.)
1989 por representantes de EPM, del Consorcio Taisei-Conconcreto y de la
interventora del Contrato 3/DJ-7702/3, en la que se especificó que:
"El resultado es el que aparece en la Relación no. C-14 que acompaña la
presente acta $155.808.654 M6.106.224 mENps
15% amortización anticipo $74.211.150.50 39.680.202,72
Impuesto Previsión Social $1.558.086,69 461.032,30
Otras relaciones 456.451.70".
4.4.5. Copia auténtica del informe de análisis de las propuestas recibidas para
la fabricación y suministro de la tubería expuesta entre Niquía y Aburrá (sifón)
en la licitación pública internacional PR-111-S, elaborado por INTEGRAL S.A. en
febrero de 1989114, en la que, entre otros, consta que: ,
4.4.5.1. La fabricación y suministro de la tubería: que sería empleada en el
sector del Proyecto Hidroeléctrico Río Grande II comprendido entre Niquía y
Aburrá, había sido adjudicada a Romenergo y pactada en el Contrato 37566-
E, cuya caducidad fue declarada por el incurniblimiento de la contratista,
dando lugar a esta licitación.
4.4.5.2. La licitación comprendía la fabricacit y el suministro de los
siguientes equipos:
"Grupo 1: Tubería expuesta de 1,6 m de diámetro entre anclajes 1 y
10 y trifurcación (longitud aproximada 1.043 m).
Grupo 2: Tubería expuesta de 1,6 m de diámetro entre anclajes 10 y
16 (longitud aproximada 1.131,).
Grupo 3: Tubería expuesta de 1,6 m de diámetro entre anclajes 16 y
23 (longitud aproximada 961 m).
Grupo 4: Tubería expuesta de 1,6 m de diámetro entre anclajes 23 y
30 y distribuidor (longitud aproximada 1.060 m)".
4.4.5.3. El 3 de noviembre de 1998, EPM publicó avisos en la prensa
nacional, en los que manifestó su interés en 'recibir propuestas para la
fabricación y ofertas de los equipos, hasta el 30 de noviembre de 1988. Pero
luego, con publicaciones en medios semejantes, el plazo de presentación de
propuestas fue ampliado hasta el 22 de diciembre de 1988.
4.4.5.4. De las oficinas de EPM retiraron el: pliego de condiciones y
especificaciones las firmas: Conastil S.A., Industrias Carper Ltdas., Agemex,
Construcciones Tissot S.A., Interpipe Inc., Ingenieros Civiles Asocieados,
Méndez Junior Industrial Ltda., Voest Alpine Maschinenbau, Unial, Nasser
Lezaca Ingenieros, Metalma, Kdmany Metal Grokip, Industria Mecánica Orión
114 Folios 218 a 305, C. 3.
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Radicado: 05001-23-31-000-1993-01374-01 (45793)
Actor Empresas Públicas de Medellín (E.P.M. E.S.P.)
S.A., IMPSA, Distrital S.A., SDEM, A.T.B. Caldereria, Estructuras Ceno de
Antioquia, Filippone y Cia., MC. Dermott Incorporated, Shiposh Engineering
Ltd., Cimco International y Comex S.A.
4.4.5.5. Fueron recibidas propuestas del Consorcio Voest Alpine-Tissot, del
Consorcio Kvaerne Brug A/G Distrital, de IMPSA, de ATB, y de Industrias del
Hierro.
4.4.5.6. En el procedimiento de análisis de las propuestas, además de
aspectos contractuales y técnicos, fueron evaluados los aspectos
económicos, mediante operaciones aritméticas a partir de las cuales se
realizaron las correcciones pertinentes, y la constatación de que T..] en los
análisis de precios unitarios, los costos por equipos, materiales, transporte y
mano de obra estuvieran dentro de los valores normales vigentes
actualmente".
4.4.5.7. El Consorcio' Voest Alpine-Tissot e Industrias del Hierro no calificaron
para la adjudicación, porque aquel propuso una modificación de la forma de
pago que no se ajustaba a los términos del pliego de condiciones, y esta no
llenó el formulario para calificación de proponentes, ni presentó información
que permitiera la verificación de los parámetros.
4.4.5.8. El análisis económico de las propuestas restantes arrojó el siguiente
resultado:
A. GRUPO 1
A.1 IMPSA
• Grupo A
• Valor comparable 1.876.010 US$
A.2 Kvaemer-Distrital •
• Grupo A
• Valor comparable 2.769.000 US$
A.3 ATB
• Grupp B
• Valor comparable 3.490.850 US$
B. GRUPO 2
8.1 IMPSA
• Grupo A
• Valor, comparable 2.424.160 US$
B.2 Kvaerher-Distrital
• Grupq A
• Valor comparable 3.201.120 US$
B.3 ATB
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Radicado: 05061-23-31-000-1993-01374-01 (45793)
Actor Empresas Públicas de Medellín (E.P.M. E.S.P.)
• Grupo 8
• Valor comparable 3.830.670 US$
C. GRUPO 3
C.1 IMPSA
• Grupo I
A
• Valor comparable 1.596.010 US$
1
C.2 Kvaemer-Distrital
• Grupo A
• Valor comparable 2.390.380 US$
..
C.3 AT8
• Grupo 8
• Valor comparable 2.863.370 US$
D. GRUPO 4
D.1 IMPSA
• Grupo A
• Valor comparable 1.341.950 US$
D.2 Kvaemer-Distrital 3
• Grupo A
• Valor comparable 2.135.970 US$
D.3 AT8
• Grupo 8
• Valor comparable 2.889.840 US$
4.4.5.9. A partir de lo anterior y de un análisis comparativo de los precios
FOM, CIF, Taller y Almacén propuestos115, se recomendó la adjudicación de
los 4 grupos de la licitación a IMPSA.
4.4.6. Copia auténtica del Contrato SCN-1332-E, suscrito el 22 de mayo de 1989
entre EPM e Industrias Metalúrgicas Pescarmona p.A.I.C. y F. (IMPSA) de
argentina116, como resultado de la adjudicación referida en los apartados
116 Al respecto, se indicó en el referido informe: "En los formularios de propuesta se solicitan, para
cada ítem del suministro, cuatro modalidades de precio a saber:FOB, CIF, Taller y Almacén. Lo
anterior implica que el precio FOB está contenido el precio de las materias primas y bienes
semiterminados, así como el precio de los bienes terminados. igualmente en el precio CIF se
incluyen además del precio FOB, los gastos de transporte marltim6y seguros respectivos aplicables
a la materia prima y a los bienes tanto terminados como semiterminados. II Teniendo en cuenta que
los bienes terminados fabricados en el exterior son una parte mínima del total de los bienes
importados y que además no se considera conveniente que EMPRESAS haga el transporte de
bienes semiterminados y materia prima, se considera más conveniente el que adjudique el contrato
bajo la modalidad de entrega CIF para los bienes importados. II En cuanto a los bienes nacionales
[...] se pueden comparar los precios Taller con precios Almacén ce:lindos, resultando una pequeña
diferencia en favor del valor obtenido con los precios Taller. Esta pequeña diferencia no compensa
los gastos administrativos de Empresas para coordinar dicho transporte y seguros y por tal razón es
más conveniente adjudicar el suministro con entrega ALMACÉN DE EMPRESAS".
116 Folios 1 a 25 (in fine) C. 3.
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Radicado: 05001-23-31-000-1993-01374-01 (45793)
Actor: Empresas Públicas de Medellín (E.P.M. E.S.P.)
precedentes (cláusula 288), cuyo objeto, estipulado en la cláusula 1a, consistía en
que:
"LAS EMPRESAS encargan a EL CONTRATISTA y éste se obliga a ejecutar
para aquellas ciñéndose al pliego de condiciones suministrado por LAS
EMPRESAS y a las estipulaciones consignadas en este contrato, la
fabricación, prueba, pintura, embalaje, suministro de los equipos y materiales
enumerados y descritos a continuación:
E. I
Precios unitarios: Los precios unitarios que se cotizan a continuación, se
utilizarán para ajustar el valor del suministro si fuere necesario aumentar o
disminuir las cantidades, diámetros, longitudes o pesos de los diferentes
equipos.
[...I"
4.4.7. La demandante solicitó"' que fuera practicado dictamen financiero, para
que se calcularan y actualizaran los perjuicios sufridos por EPM como consecuencia
del incumplimiento contractual de Romenergo. El dictamen fue decretado mediante
auto del 9 de mayo de 1994118. El perito fue nombrado con proveído del 15 de julio
de 1997118 y tomó posesión el 24 de julio del mismo año12°: y el dictamen fue
entregado el 3 de septiembre de 1997121, tras lo cual se corrió traslado a las
partes122.
4.4.7.1. A partir de las pruebas documentales relacionadas en los apartados
precedentes y otros documentos de la licitación previamente adjudicada a
Romenergo, el perito financiero concluyó:
(i) Que "es claro que las Empresas [Públicas de Medellín] se vieron forzadas
a reconocer al Consorcio Taisei-Conconcreto una suma en pesos
colombianos y otra en yenes japoneses por la no entrega oportuna de
blindajes para los túneles que dicho consorcio estaba construyendo, en razón
de que los mismos blindajes no fueron suministrados por Romenergo en los
plazos pactados".
(ii) Sin embargo, la suma pagada al Consorcio Taisei-Conconcreto, que fue
de $155.808.654 más W-46.106.224 (los cuales, según la demanda, equivalen
a $212.356.756) es menor al monto de la cláusula penal que se hizo efectiva
por por US$ 684.235,30; suma que, en moneda nacional, equivalía a
$604.617.680,50 el 17 de agosto de 1988.
" 7 Folio 121, num. 5, C. principal 1.
1.19 Folios 352 y 353, C. principa, 1.
" 9 Folio 563, C. principal 1.
129 Folio 564, C. principal 1.
121 Folio 577, C. principal 1.
122 Auto del 27 de enero de 1998, folio 581, C. principal 1.
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Actor Empresas Públicas de Medellín (E.P.M. E.S.P.)
(iii) Que IMPSA "[...] presentó en 1986 una oferta de U.S. $4.420.937
(reajustable) por el grupo 3; y la misma compañía ofreció en 1988 el mismo
grupo por U.S. $ 9.124.327, o sea 206% superior al presupuesto en 1986.
¿Será esto lógico? No parece. Quizás la última adjudicación, siendo similar
(semejante) por tratarse de una misma tubería fue muy diferente, por ejemplo
en peso (más toneladas de hierro). En fin, no dis.ponemos de los elementos
de juicio necesarios para que consideremos que la diferencia entre el precio
de adjudicación a Romenergo por el grupo 3 en 1986 y el de adjudicación del
mismo grupo a la firma IMPSA en 1988 constityya perjuicio a favor de las
Empresas Públicas de Medellín".
4.4.7.2. Luego de que se corriera traslado del dictameril23, EPM presentó solicitud
de aclaración124, en la que manifestó: (i) que era "cierto, concreto y demostrado",
que la tubería del grupo 3, que fue objeto de los contratos suscritos con Romenergo
y, tras ello, con IMPSA, era la misma "con pequeñas diferencias en peso que
aparecen [sic] clara en los documentos del proceso"; (i1) que no podía compararse
un contrato de una empresa privada con el de una públiCa, ya que en la última debía
agotarse un proceso licitatorio; (iii) que a los peritos lek correspondía demostrar "si
todo ese mayor valor que tuvieron que pagar las Empresas, se debió simplemente
al incumplimiento de Romenergo, y si no lo fue a qué se debió"; (iv) que no le
correspondía a los peritos decir si la cláusula penal pecuniaria cubría, o no, el monto
de los perjuicios; (y) que, entre 1986 y 1988, habían podido presentarse muchas
circunstancias que explicaran la variación del precio, czoino el aumento del precio
del acero o la inflación; y (vi) que "es obvio" que si Romenergo hubiera cumplido,
EPM no hubiera tenido que pagar un mayor valor.
4.4.7.3. Como respuesta a la anterior solicitud de aclaración, los peritos dijeron125:
(I) que lo pagado por la tubería que Romenergo no' entregó no constituía un
perjuicio, debido a que esta había ingresado al patrimbpio de EPM; (ii) que, en su
condición de ingenieros civiles expertos en finanzas, consideraban que la diferencia
entre el precio acordado con Romenergo y con IMPSA or la tubería del grupo 3 no
constituía un perjuicio; (iii) que, contrario a lo afirmado por EPM, aquella y esta
tubería no era la misma, ya que, como se concluyó 91 el dictamen de ingeniería
mecánica practicado en este proceso, las diferencias en peso no eran pequeñas,
porque "los sobrepesos de juntas de expansión, bandas de anclaje, bocas de
inspección, juntas flexibles y extra longitudpor realineangento del sifón (13.86 tons),
son variaciones sustanciales que originan un sobrepeso real de 105.85 tons, 'que
da lugar a una ampliación de diez días, al plazo pactado de trece meses para el
grupo N. 3m; (iv) que los asientos contables, pérdidak y ganancias en empresas
públicas y privadas eran iguales, por lo que la naturaleza pública de EPM no
justificaba una diferencia en los resultados del dictamén; (y) que el mayor precio
pagado por el incumplimiento de Romenergo se debió a "que el precio ofrecido por
este fue equivocado, y las Empresas mal podían pretender obtener una ventaja de
123 Auto del 27 de enero de 1998, folio 581 C. principal 1.
124 Folios 525 a 584, C. principal 1.
125 Folios 599 a 605, C. Principal.
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una equivocación financiera"; (vi) que, como peritos, se limitaron a contrastar el
monto de la cláusula penal y el del perjuicio; y (vii) que el cambio en los precios del
acero no justificaban la 'diferencia que existía entre el precio inicial de US
$3.745.000, ofrecido inicialmente, y de US$ 8.294.843, pagado finalmente, y, al
tratarse de un precio en dólares, no se afectaba por la inflación que se presentaba
en Colombia.
4.4.7.4. Romenergo formuló objeción por error grave126 contra el dictamen
financiero, en la que manifestó que, en lugar de calcular y actualizar el monto de los
perjuicios, el perito debió concluir que el monto de los perjuicios quedaba
comprendido en el de la pena pecuniaria (sic).
4.4.7.5. También presentó objeción por error grave la aseguradora Confianza127,
aduciendo, en síntesis, "r: ..] que si los peritos no encontraron base para tasar
perjuicios por fuera de lo estipulado en la citada cláusula, mal podían tomar el
porcentaje del 10% allí previsto para resolver la materia del peritazgo, porque en
ella están dados los parámetros para conocer la cuantificación sin necesidad de
acudir a cálculos financieros de ninguna especie". Agregó que ese porcentaje no se
"podía tomar de forma objetiva, sin reparar si se habían o no originado, afirmación
que se hace por cuanto el concepto de perjuicios responde siempre al aspecto
causal como elemento condicíonante para dados por generados o no". De acuerdo
con lo anterior, la aseguradora concluyó que el resultado del dictamen debió ser "la
ausencia total de perjuicios a calcular o actualizar".
4.4.7.6. Pues bien, conforme al artículo 238 del CPC128, a la luz de la
jurisprudencia129, la objeción por error grave procede cuando es modificado el
objeto del análisis periciat o sus atributos, que trae necesariamente consigo unas
conclusiones erróneas. No procede pues la objeción por error grave, cuando se
discutan las apreciacionés, inferencias o juicios del perito, en cuanto esto forma
parte de la valoración de la firmeza, precisión y calidad de sus fundamentos, que
prevé el artículo 241 del CPC13°.
En este proceso, el dictamen pericial financiero fue pedido por el ente demandante,
"[...] para que calculen y actualicen los perjuicios sufridos por las Empresas
[Públicas de Medellín], con fundamento en la demanda, los documentos que
se adjunta a ella y las pruebas que se practiquen.
126 Folios 585 a 589, C. principal 1.
122 Folios 590 a 594, C. Principal 1.
128 "Artículo 238. Para la contradicción de la pericia se procederá así: [...] 4. De la aclaración o
complementación se dará traslado a las partes por tres días, durante los cuales podrá objetar el
dictamen, por error grave que haya sido determinante de las conclusiones a que hubieren llegado
los peritos o porque el error se haya originado en estas".
128 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil, auto de septiembre 8 de 1993,
expediente 3446. Reiterada en. CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia del 31 de
octubre de 2007, exp. 25177; y, Subsección C, sentencia del 4 de agosto de 2021, exp. 45004.
130 "Artículo 241. Al apreciar el dictamen se tendrá en cuenta la firmeza, precisión y calidad de sus
fundamentos, la competencia de los peritos y los demás elementos probatorios que obren en el
proceso".
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En su dictamen establecerán si financieramente es cierto que el mayor valor
pagado por las Empresas a IMPSA en dólares, pór la tubería que no entregó
Romenergo, corresponde al valor de uno de los perjuicios sufridos por las
Empresas, o en su defecto, qué parte de ese valor lo es.
Oportunamente podré presentar cuestionario adicionar
)
En los mismos términos de la solicitud de la actora, fue decretada tal prueba pericial,
en auto del 9 de mayo de 199413', el cual no fue controyertido por las partes.
En los amplios términos de la solicitud de la prueba peficial en cuestión —sin que
fuera remitido el cuestionario adicional anunciado— resulta razonable afirmar que,
atendiendo al planteamiento de las pretensiones132,) así como a las pruebas
allegadas al proceso, dentro de las que se observa lá.cláusula penal pecuniaria
estipulada en el Contrato 3756-E133, así como la imposición de la pena pecuniaria
con las Resoluciones 755 de 1988 y 1126 del 11 de agosto de 1988134, al restarle
el monto de dicha pena al valor de los perjuicios sobrelos que versó el dictamen,
los auxiliares de la justicia no excedieron el objeto del análisis pericial o sus
atributos. En consecuencia, las objeciones contra el dictamen financiero
practicado en este proceso no están llamadas a prosperar.
4.4.7.7. Lo anterior, en todo caso, no implica que el juzgador tenga que ceñirse en
su decisión a lo concluido en el dictamen, ya que, corno se mencionó135, esta es
una prueba que debe ser valorada por el juez. Sobre la eficacia probatoria del
dictamen pericial, esta Sección136, ha considerado que debe tomarse en
consideración que: (i) el perito informe de manera razonada lo que sepa de los
hechos, según sus conocimientos especializados; (ii) el dictamen sea personal y
contenga conceptos propios sobre las materias objeto de examen y no solo de otras
personas; (iii) el perito sea competente, es decir, un experto para el desempeño del
cargo; (iv) no exista un motivo serio para dudar de su imparcialidad; (v) no se haya
probado una objeción por error grave; (vi) el dictamen esté debidamente
fundamentado y sus conclusiones sean claras, firmes y una consecuencia de las
razones expuestas; (vii) sus conclusiones sean conducentes en relación con el
hecho a probar; (viii) se haya surtido la contradicción,(ix) no exista retracto del
mismo por parte del perito; (x) otras pruebas no lo desvirtúen; y que (xi) sea claro,
preciso y detallado, es decir, que dé cuenta de los exámenes, experimentos e
investigaciones efectuadas.
131 En el referido auto, la prueba fue decretada de la siguiente 1:hanera: "Dictamen. Para que se
dictamine sobre lo solicitado por la parte demandante a Fís. 121, del proceso, se nombran peritos a
los Dres. [...] quienes se localizan en los teléfonos Nos. [...]".
132 Aptado.
133 Aptado. 4.2.3.
134 lbidem.
135 Aptado. 4.4.7.6.
136 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencias de 16 dé abril de 2007, rad. núm. AG-
250002325000200200025-02; del 28 de febrero de 2013, exp. 27959; del 21 de marzo de 2012,
exp. 24250; y del 19 de noviembre de 2021, exp. 51205.
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Actor: Empresas Públicas de Medellín (EP.M. E.S.P.)
4.7.7.8. En primer lugar, observa la Sala que se surtió la contradicción137 del
dictamen financiero referido anteriormente y no prosperó la objeción formulada por
las demandadas138.
Sin embargo, en este dictamen no se especifica la metodología ni los datos
empleados para llegar a las conclusiones alcanzadas sobre la relación existente
entre el incumplimiento de Romenergo y el reconocimiento de perjuicios al
Consorcio Taisei-Conconcreto139 ;y esto no fue esclarecido en la respuesta a la
solicitud de aclaración140. Al punto, se reitera que, "pese a que el experto asuma
que los conceptos manejados en su cotidianidad son obvios y no ameritan su
explicación minuciosa, siempre ha de tener presente que sus destinatarios no son
expertos en su área de desempeño y el resultado de su actividad no puede conducir
a un diagnóstico oscuro o confuso, capaz de malograr la percepción del encargado
de administrar justicia141; de ahí que una prueba con tales características deba ser
desechada"142.
No obstante, en este asunto en concreto, conforme a lo solicitado143, el dictamen se
basó en las demás pruebas practicadas. Por ende, las conclusiones sobre la
relación existente entre el incumplimiento de Romenergo y el reconocimiento de
perjuicios al Consorcio TaiSei-Conconcreto únicamente se sostendrán en la medida
en que los demás medios de convicción brinden un apoyo sólido y claro.
En segundo lugar, la definición de lo que constituyen perjuicios indemnizables y la
forma en que la pena pecuniaria impuesta puede detraerse o computarse del monto
total de los perjuicios son aspectos jurídicos sobre los cuales el dictamen pericial no
tiene eficacia alguna, en razón al carácter técnico de esta prueba, que determina su
procedencia144-145, y según el artículo 236.1 del CPC146, el cual proscribe
137 Aptado. 4.4.7.
138 Aptados. 4.4.7.4 a 4.4.7.6.
139 Aptado. 4.4.7.1.(i).
140 Aptado. 4.4.7.3.
«141 «Aun cuando, [..1 ni el dictamen ni el informe vinculan en absoluto al juez,
de la claridad,
precisión e inteligibilidad de uno y otro puede depender el resultado de la sentencia. Un dictamen o
informe ininteligible para eljuez tendrá que dificultar sobremanera su comprensión hasta el punto de
que, basando su juicio en lo expuesto en el dictamen o informe, pudiera hacerle tomar una decisión
equivocada en el momento procesal de emitir sentencia. Dictámenes e informes ininteligibles,
crípticos para el profano en cuestiones económico-financieras y contables, pueden influir en la
sensibilidad del principal receptor, que es siempre el juez". HALAGUÉ DOMENECH, José Carlos.
La prueba pericial contable en las jurisdicciones civil, penal, contencioso administrativa y laboral 7 8
ed. Wolters Kluwer España. Madrid. 2018, p. 213».
142 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 13 de agosto de 2020,
exp. 51833.
143 Aptados. 4.4.7.1 y 4.4.7.6.
144 "CPC. Artículo 233. La peritación es procedente para verificar hechos que interesen al proceso y
requieran especiales conocimientos científicos, técnicos o artísticos. [...]".
145 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 13 de agosto de 2020,
exp. 51833.
146 CPC.
"Artículo 236. Para la petición, el decreto de la prueba y la posesión de los peritos, se
observarán las siguientes reglas: Il l. La parte que solicite un dictamen pericial determinará
concretamente las cuestiones sobre las cuales debe versar, sin que sean admisibles puntos de
derecho. [...]".
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Actor: Empresas Públicas de Medellín (E.P.M. E.S.P.)
expresamente la inclusión de aspectos jurídicos. Por tanto, esta prueba es
improcedente para determinar los anteriores aspectos de la litis.
Pero, en cualquier caso, la contrastación realizada entre cifras, en sí, no resulta
ineficaz ni improcedente, por basarse en datos de la demanda y la tasa de cambio
del dólar, que son conocidas, naturalmente, por peritos:con experticia en finanzas,
como los que rindieron este dictamen.
Por último, este dictamen concluye, esencialmente, que no existen elementos
suficientes para determinar si las especificaciones de los equipos que no entregó
Romenergo son iguales a las de los equipos que fuerogobjeto del contrato suscrito
con IMPSA, pero la gran diferencia existente entre ;los precios deja dudas al
respecto147. Si bien, por provenir de profesionales en la ingeniería civil con experticia
en finanzas —como afirman serio los peritos145— estas dudas resultan válidas, no
cabe inferir, sin más, a partir de dicha ausencia de datos que EPM hubiera incurrido
en un error financiero. Por tanto, pese a que la premisa pueda sostenerse, no ocurre
lo mismo con la conclusión alcanzada a partir de aque114.
4.4.8. La aseguradora Confianza149 y Romenergo15° solicitaron, con fundamento
en los artículos 233 y siguientes del CPC, que se praCiicara inspección judicial
con intervención de dos peritos en ingeniería mecfinica, previa exhibición de
documentos en las instalaciones de EPM, para que los: peritos dictaminaran sobre
las modificaciones que EPM habría realizado a los diseños de los grupos 2 y 3 del
Contrato 3756-E, y su incidencia en los plazos de entrega pactados; siendo esta
prueba decretada, en los mismos términos en los que fu..ç pedida, mediante auto del
9 de mayo de 199415'.
La inspección fue llevada a cabo el 17 de mayo de 199P152, con la participación de
los apoderados de las partes y de magistrado sustanciador. El 8 de abril de 1996
fue entregado el dictamen correspondiente153, del cual se corrió traslado a través de
auto del 9 de abril de 1996154.
4.4.8.1. El dictamen fue elaborado con base en: (i) la inspección judicial
practicada para poner a disposición de los peritós la información requerida,
(ii) reuniones con ingenieros de EPM, (iii) visita a las obras de las centrales
hidroeléctricas de Niquía y Tasajera correspondiphtes a los grupos 2 y 3 del
Contrato 3756-E; y (iv) los pliegos de condiciones:y planos de las licitaciones,
que fueron anexados al dictamen155.
147 Aptados.
148 Aptado. 4.4.7.3.
148 Folios 174 y 174, C. Principal 1.
1" Folios 214 y 215, C. Principal 1.
151 Folios 352 y 353, C. Principal 1.
152 Acta a folio 517, C. Principal 1.
153 Folios 518 s 552, C. Principal 1.
154 Folio 553, C. Principal 11.
155 Cuadernos de anexos 1, 2 y 3.
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Actor: Empresas Públicas de Medellín (E.P.M.
4.4.8.2. La metodología empleada para verificar la existencia de
modificaciones sustanciales en los diseños de los equipos objeto del Contrato
3756-E consistió en una comparación, "punto por punto y plano por plano",
de los anteriores documentos, en lo atinente a: (i) cotas, (ii) longitudes
efectivas, (iii) espesores, (iv) bocas de inspección, (v) juntas de expansión,
(vi) boquillas de contacto y consolidación, (vil) tramos típicos respecto a la
longitud, sin considerar variaciones de espesores; (viii) pesos totales,
refiriéndose solo a los pesos de la tubería sin accesorios; (ix) bandas de
anclaje, (x) anillos de empuje y de estanquidad, y (xi) juntas flexibles.
4.4.8.3. A partir del anterior análisis, que se expresó con detalle en cada uno
de los siguientes puntos, los peritos en ingeniería mecánica concluyeron que:
(i) Las cotas, longitudes y espesores en los planos de licitación, diseño
y estado definitivo del túnel superior de Niquía son virtualmente
iguales, por lo que EPM no introdujo una modificación sustancial en su
blindaje metálico.
(ii) Las cotas, longitudes efectivas, espesores, bandas de anclaje y
pesos totales del blindaje metálico del pozo de la central hidroeléctrica
de Niquía son virtual o exactamente iguales, por lo que EPM no
introdujo modificaciones sustanciales.
(iii) Las cotas, longitudes efectivas, espesores, tramos típicos,
boquillas de contacto y consolidación, y pesos totales de la parte recta
del blindaje metálico del pozo de la central hidroeléctrica de Niquía son
virtual o exactamente iguales, por lo que no se presentaron
modificaciones sustanciales.
(iv) Las cotas, longitudes efectivas, espesores, boquillas de contacto
y pesos totales del codo inferior del pozo de la central hidroeléctrica
de Niquía son virtual o exactamente iguales, por lo que no se
introdujeron modificaciones sustanciales.
(v) Las cotas, longitudes efectivas, espesores, boquillas de contacto y
de consolidación, tramos típicos y pesos totales del blindaje metálico
del túnel inferior de la central hidroeléctrica de Niquía de 1,80 metros
de diámetro son virtual o exactamente iguales, por lo que, en ello, no
se introdujeron modificaciones sustanciales.
(vi) Las cotas, longitudes efectivas, boquillas de contacto y
consolidación, y tramos típicos del blindaje metálico del túnel del sifón
de 2,10 metros de diámetro interior son virtual o exactamente iguales,
por lo que no se presentaron modificaciones sustanciales. Sin
embargo, sí se presentaron diferencias sustanciales en los espesores
y en el peso total del blindaje metálico del túnel del sifón de 2,10
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metros de diámetro interior, que representó un sobrepeso de 170,83
toneladas, que implicaron unas modificaciones sustanciales, que, en
todo caso, no deberían afectar los plazos pactados, si hubiera habido
suficiente cruce de información entre Romenergo y EPM.
(vi) Las cotas, longitudes efectivas, tramos típicos y anillos de empuje
del blindaje metálico de los túneles de La Tasajera de 3,2 metros de
diámetro interior son virtual o exactamente iguales, así que no se
presentaron modificaciones sustancialés. No obstante, sí se
presentaron modificaciones sustanciales en los espesores y el peso
del blindaje metálico de los túneles de tasajera de 3,2 metros de
diámetro interior, que representa un sobre' peso de 55,677 toneladas
considerados como modificaciones sustqnciales, que, de cualquier
forma, no deberían afectar el plazo de entrega si se hubiera dado un
cruce adecuado de información entre las hartes contratantes. Aparte,
el número de boquillas disminuyó.
(vii) Las cotas, longitudes efectivas, espesores, boquillas, tramos
típicos y pesos totales en los planos de lá reducción del túnel de La
Tasajera son exactamente iguales a su estado definitivo, por lo tanto
no hay una modificación sustancial en ello..
(viii) Las cotas, longitudes efectivas, espesores, boquillas, tramos
típicos y pesos totales del blindaje metOico del pozo de la central
hidroeléctrica de La Tasajera de 2,6 metr,os de diámetro interior son
exactamente iguales a su estado o plano definitivos, por ende no se
presentaron modificaciones sustanciales.
(ix) Las anteriores modificaciones halladal.en los planos presentados
por Romenergo y los que finalmente fueron aprobados por EPM en el
grupo 2 del contrato no son tan amplias, si se comparan con las
especificaciones del pliego de condiciones-, que contenían exigencias
superiores a las de los planos iniciales de Romenergo. A partir de esta
comparación, en el grupo 2 se presentaría un sobrepeso de 26,096
toneladas.
(x) En los pesos totales de la trifurcación correspondiente al grupo 3
se presentó una diferencia de 3,654 toneladas.
1
(xi) Se presentaron múltiples modificaciones sustanciales en los
espesores del tramo comprendido desde la salida de la trifurcación
hasta el comienzo de la bifurcación en Manantiales del grupo 3 de los
diseños originales de Romenergo, por ajustes de diseño y variaciones
de factores de seguridad. Aparte, se requirió una junta de expansión
adicional, con un sobrepeso de 3,2 toneladas, en el tramo que se
encuentra entre la salida de la trifurcación y el comienzo de la
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bifurcación en Manantiales, que representa una modificación
sustancial. También, en el mismo tramo, fueron solicitadas: 15 bandas
de anclaje adicionales con un sobrepeso de 5,625 toneladas, 18 bocas
de inspección más con un sobrepeso de 21,6 toneladas, 19 juntas
flexibles con un sobrepeso de 61,56 toneladas, una longitud adicional
de 25,522 metros con un sobrepeso de 13,86 toneladas, y, en
definitiva un sobrepeso total acumulado de 359,477 toneladas con
respecto a los planos iniciales de Romenergo.
(xii) Al complrar los parámetros de los planos y especificaciones de
los pliegos de condiciones con los exigidos a Romenergo en la
ejecución del contrato, en el grupo 2 el sobrepeso es menor y equivale
a 259,398 toneladas. Mientras, "[...] los sobrepesos de juntas de
expansión, bandas de anclaje, bocas de inspección, juntas flexibles y
extralongitud" [sic] por realineamiento del sifón (13,86 Tons) son
variaciones sustanciales que originan un sobrepeso de 105,85 Tons,
que da lugar a una ampliación de diez días, al plazo original pactado
de trece meses para el grupo No. 3" (subrayado añadido).
4.4.8.4. Atendiendo a los criterios de valoración del dictamen expuestos
previamente158, encuentra la Sala que las conclusiones alcanzadas en el peritaje
mecánico descrito anteriormente son válidas, en cuanto: (i) se surtió su
contradicción157 y no fue Objetado, (ii) proviene de profesionales de la ingeniería
mecánica, quienes tienen los conocimientos requeridos para su elaboración; (iii) se
basó en datos contrastables, como lo son la inspección practicada, los documentos
contractuales hallados en dicha inspección que fueron anexados al dictamen, y la
observación de las obras158; (iv) la metodología comparatival58 empleada resulta
pertinente, fue explicada con claridad y seguida rigurosamente al tratar los puntos
del dictamen; y (y) no existen razones para dudar de la imparcialidad de los peritos;
y (vi) las conclusiones no se oponen a las demás pruebas practicadas en este
proceso, ni en el que se resolvió sobre el incumplimiento del Contrato 3756-E18°.
4.4.9. El 16 de mayo de 1%5 fue celebrada audiencia181 en la que se evacuaron los
testimonios de Francisco de Paula Upegui Moscoso y de Bernardo Restrepo
Arbeláez, los cuales fueron solicitados por el ente demandante, para que ellos,
como funcionarios de EPM, depusieran sobre los perjuicios sufridos por este como
consecuencia del incumplimiento de Romenergo182.
4.4.9.1. Francisco de Paula Upegui Moscoso dijo:
156 Aptado. 4.4.7.7.
157 Aptado. 4.4.8.
158 Aptado. 4.4.8.1.
159 Aptados. 4.4.8.2 y 4.4.8.3.
160 Aptado. 4.2.6.
161 Acta de la audiencia a folios 498 a 516, C Principal 1.
162 Folio 212, num. 4, C. Principal 1.
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Actor: Empresas Públicas de Medellín (E.P.M. E.S.P.)
(i) ser un exempleado de EPM, pensionado al momento en el que declaró, y
que se desempeñaba como jefe del departamento de construcción del
Proyecto Hidroeléctrico Río Grande II, pero no se ocupó del proceso
licitatorio;
(ii) que el incumplimiento de Romenergo, por el que fue declarada la
caducidad contractual y fueron impuestas multip, dio lugar a un acuerdo
sobre perjuicios con el Consorcio Taisei-Conconcreto, así como a la apertura
de una nueva licitación, para el suministro de algunos de los elementos que
eran materia del contrato con Romenergo; licitación que se desarrolló cuando
él aún era funcionario de EPM;
(iii) que desconocía la razón por la que Romenergo incumplió el contrato;
(iv) que el Consorcio Taisei-Conconcreto estabá a cargo del montaje del
blindaje metálico que le suministraría EPM, por lo
. que el incumplimiento de
Romenergo puso a EPM en una posición de inclimplimiento, que la llevó a
exonerar al consorcio contratista de las obras de montaje de blindaje
metálico, con el reconocimiento subsiguiente de perjuicios;
(v) que tenía entendido que los incumplimientos ¿le Romenergo dieron lugar
a una reunión con funcionarios de EPM, celebrada en Rumanía en octubre
de 1987 o de 1989, a partir de la cual fueron entregados algunos blindajes,
menos los de la conducción o sifón;
(vi) que no participó en la elaboración del contr, suscrito con Romenergo,
pero lo tuvo a la vista;
(vii) que desconocía los documentos que hull:leran sido firmados en la
reunión que se desarrolló en Rumania;
(viii) que tuvo conocimiento del incumplimiento de Romenergo y de la fecha
en que se produjo, como encargado de las obras civiles y del manejo del
contrato suscrito con el Consorcio Taisei-Conconereto;
(ix) que el incumplimiento de Romenergo no dio,lugar a una licitación en la
que participara el referido consorcio, sino a la upresión de obras con el
subsiguiente reconocimiento de perjuicios, cuyo monto fue determinado con
base en un análisis de la interventoria; y
(x) que desconocía las discusiones técnicas que tuvieron lugar por
modificaciones introducidas a los diseños de los equipos.
El apoderado de Romenergo formuló tacha del testimo,nio, con fundamento en los
artículos 217 y 218 del CPC, por tratarse de un testigo sospechoso, en cuanto fue
funcionario de EPM.
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Actor: Empresas Públicas de Medellín (E.P.M. E.S.P.)
4.4.9.2. Bernardo Restrepo Arbeláez, por su parte, manifestó:
(i) ser ingeniero civil, exempleado de EPM y pensionado en el momento en
el que declaró;
(ii) que estaba a cargo de la dirección de las actividades administrativas y
técnicas a cargo del personal propio y de INTEGRAL S.A. en la división Río
Grande II;
(iii) que tenía conocimiento de la adjudicación a Romenergo "[...] de tres de
los grupos sacados a licitación PR 111 que tenía ocho grupos y se le
adjudicaron tres, que comprendían en forma general los blindajes de los
túneles de Niquía y pozo de Tasajera, el suministro de compuertas de cuatro
[sic] para la torre de captación y una para el conducto de desviación de la
presa Río Grande, de una válvula de solapa y de la tubería que se ha
denominado sifón de 1.60 de diámetro y 4.800 metros de longitud, la cual no
cumplió con el suministro, [. ..] durante la marcha del contrato hubo múltiples
problemas ocasionados en parte por la falta de capacidad técnica y operativa
de la firma Romenergo que es una firma de Estado, a la que parecía faltarle
capacidad administrativa y comercial en los trámites comerciales y técnicos";
(iv) que Romenergo cumplió extemporáneamente con la entrega de los
equipos correspondientes a los grupos 2 y 7, pero no para el grupo 3, que
comprendía el sifón mencionado, ni con la entrega de algunas herramientas
necesarias para todos los grupos, en lo que se produjo una entrega parcial;
(y) que el Consorcio Taisei-Conconcreto ejecutaba las obras subterráneas
de las centrales de Niquia y Tasajera y, por el incumplimiento de Romenergo,
EPM "[...] se vio obligada a cancelar la colocación de los blindajes de Niquia
del pozo de Tasajera y de parte del túnel de Tasajera, [porque] el contratista
debía colocar esos blindajes en sus sitio dentro del túnel, soldarlos, reparar
las pinturas que fuere necesario y colocar un concreto hidráulico entre el
blindaje y la roca";
(vi) para no agravar la angustiosa situación de incumplimiento con el
Consorcio Taisei-Conconcreto, ocasionada por la no entrega de los equipos
que debían ser suministrados por Romenergo, EPM "optó por relevarlos de
la obligación de hacer ese trabajo, y convino con ella los extracostos [sic]
claros que ello implicaba al no recuperar la firma parte de sus costos
administrativos y de equipo que estaban incluidos dentro de la cantidad de
obra a pagar";
(vii) que el incumplimiento de Romenergo en el suministro de la tubería de
sifón dio lugar a una licitación que fue adjudicada a la firma "INSA [sic]
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Industrias Peercarbon S.A. de Argentina, que consiguió un taller en
Tocancipá en [sic] Bogotá";
(viii) que dos comisiones de EPM viajaron a Rumania para, en un primer
momento, tratar de subsanar los problemas accionados con el
incumplimiento de Romenergo, relacionado con la omisión de pruebas de
presión, que finalmente no fueron ejecutadas por la empresa rumana, y, en
una segunda oportunidad, verificar que los materiales entregados en el
puerto de Constanza fueran adecuados, habiendo participado el señor
Restrepo Arbeláez en esta última, en la que no pudo constatar la capacidad
técnica de la fábrica de Romenergo;
(ix) que se hicieron ajustes "normales" a los diseños de los equipos que
serían entregados por Romenergo, los cuales, en su concepto, ocasionaron
unas "E.. .1 implicaciones [que] fueron mínimas por cuanto el alineamiento
general de la conducción era el mismo, es decir salida de Niquia y llegar a la
parte de Manantiales, la topografía era las mismas montañas que circundan
el Valle y el río Medellín, solamente en puntos particulares donde había
quiebres, donde pasaba por viaducto el conducto se modificó en algo los
esquemas iniciales, pero la parte principal del conducto que eran tubos rectos
no tuvieron en su mayor parte modificaciones, [y] se agregaron algunas
bocas de inspección";
(x) que EPM estaba dispuesta a reconocer los sobrecostos por mayor
tonelaje de la tubería y por las bocas de inspección, como se lo hizo saber a
los representantes de Romenergo en las reuniones que sostuvieron;
(xi) que no se alcanzó un acuerdo con Romenergo sobre "la curva de
Machado en donde se encontró un terreno de ,origen sedimentario y muy
húmedo que obligó a modificar el sistema de soldadura por el de unión
flexible";
(xii) que las anteriores modificaciones no originaron el incumplimiento de
Romenergo;
(xiii) que los perjuicios por sobrecostos que se reconocieron al Consorcio
Taisei-Conconcreto fueron calculados con base en la solicitud presentada por
este último, que fue analizada por la interventora del contrato y la división de
Río Grande II del departamento de construcción de EPM, la cual fue sometida
a la aprobación de la junta directiva de EPM;
(xiv) que EPM optó por admitir la entrega extemporánea de algunos equipos
a cargo de Romenergo, por la necesidad que para Antioquia y el resto del
país suponía la puesta en funcionamiento de la central hidroeléctrica de la
que formaban parte;
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(xv) que los diseños con base en los cuales se realizó la segunda licitación,
originada por el incumplimiento de Romenergo, fueron elaborados por la
empresa INTEGRAL, y "el perfil de la comisión puede o mejor el fin de la
condición puede ser igual a la de Romenergo porque la tubería se iba a llevar
por la misma parte"; y
(xvi) que lallgunas de las modificaciones que se han mencionado, tal como
lo de la curva de Machado y algunas bocas de inspección etc. Podrían dar
derecho a reclamar un extracosto [sic] y un plazo adicional pero estos
elementos dentro del trabajo contratado por Romenergo no representaban
algo significativo".
El apoderado de Romenergo formuló tacha del testimonio, con fundamento en los
artículos 217 y 218 del CPC, por tratarse de un testigo sospechoso, debido a que
fue funcionario de EPM.
4.4.9.3. Los anteriores testimonios provienen de exfuncionarios del ente
demandante, EPM, condición que puede afectar su imparcialidad y, con ello, su
credibilidad, y que los hace sospechosos de acuerdo con el citado artículo 217 del
CPC. Estas circunstancias, que —según el artículo 218 del CPC— deben ser
apreciadas por el juez en la sentencia, en cada caso, imponen una valoración más
rigurosa de estos testimonios, en conjunto con las demás pruebas practicadas,
como lo ha considerado la Sala163.
4.4.9.4. Pues bien, los testimonios rendidos provienen de personas que, en razón
de las funciones que ostentaban, tenían conocimiento directo de la mayoría de las
circunstancias que rodearon la ejecución de los contratos suscritos con el Consorcio
Taisei-Conconcreto y con Romenergo, y manifestaron, sin ambigüedad, el
desconocimiento de las circunstancias que estaban fuera de su órbita funcional.
El ingeniero Restrepo Arbeláez dio cuenta pormenorizada de tales eventos, por ser
quien estaba a cargo del Contrato 3756-E —que suscitó este litigio— mientras el
ingeniero Upegui Moscoso se refirió, con un carácter más general, a las
consecuencias del incumplimiento de aquel negocio jurídico, lo cual se explica,
porque, al estar a cargo del contrato ejecutado por el Consorcio Taisei-Conconcreto,
solo conocía de forma directa dichos efectos, mas no las contingencias que los
originaron. Aparte, no se observan contradicciones en sus testimonios ni entre ellos;
que pongan en duda su credibilidad sobre las circunstancias referidas.
Tampoco se perciben contradicciones con las demás pruebas practicadas, en las
que, por el contrario, se corrobora: (i) el referido objeto del contrato suscrito con el
Consorcio Taisei-Conconcreto164; (ii) que la falta de blindajes en el túnel de La
Tasajera trajo consigo una discusión sobre los perjuicios que ello ocasionaba al
163 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección C, sentencias del 27 de abril de 2020,
exp. 29770: y del 11 de noviembre de 2020, entre otras.
164 Aptado. 4.4.1.
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I.
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consorcio contratista, que la firma interventora del contrato —INTEGRAL S.A.—
analizól66; y (iii) que el incumplimiento de Romenergo dio lugar a una licitación que
fue adjudicada a la empresa argentina IMPSA166.
En razón a las anteriores circunstancias del presente asunto, la Sala da crédito a
los testimonios rendidos, en este proceso, por los ingenieros Restrepo Arbeláez y
Upegui Moscoso.
4.5.1. Ahora bien, en lo atinente a los perjuicios derivados de las sumas pagadas
al Consorcio Taisei-Conconcreto, observa la Sala, en primer lugar, que el objeto
del Contrato 37/DJ-7702/3, suscrito el 13 de marzo de 1984, comprendía las obras
civiles de captación y conducciones de la centrales hidrpeléctricas de La Tasajera y
Niquía167, de acuerdo con los pliegos de condiciones, las especificaciones y los
planos que EPM le entregaría al contratista, el Consorcio Taisei-Conconcreto168, el
cual, a su vez, tenía la obligación de mantener en obra el personal y los equipos
necesarios para la ejecución de los trabajos en los plazos pactados169. Si bien, en
los términos del contrato, EPM podía variar los planos y las especificaciones
previstas, las variaciones de este tipo requerían un acuerdo previo sobre las
modificaciones del precio y plazo pertinentes17°.
De acuerdo con lo anterior, cabe inferir que —como lo afirma la demandante— la
ejecución de las obras de instalación de los revestimientos y blindajes del túnel de
presión, así como del pozo de presión y del blindaje metálico de la zona
comprendida entre la intersección del túnel y la ventana de construcción de La
Tasajera se encontraban a cargo del Consorcio Taisei-Conconcreto, lo que es
corroborado con los testimonios rendidos por los funcionarios de EPM171. Además,
es claro que, de acuerdo con el Contrato 37/DJ-7702/3, en caso de que no se
pudieran ejecutar tales trabajos dentro del plazo pactado, el contratista podría
incurrir en costos innecesarios por el mantenimiento del personal y los equipos en
obra.
Aparte, en la correspondencia cruzada entre la firma interventora del Contrato
37/DJ-77021/3 y el consorcio contratista se observa que, en mayo de 1987, EPM
suspendió la construcción del revestimiento de un sector del túnel de presión de La
Tasajera, así como del blindaje del pozo de presión y del blindaje metálico de la
zona de intersección del túnel con la ventana de construcción respectiva172.
Posteriormente, la firma interventora del Contrato 37/DJ-77021/3 le comunicó al
consorcio contratista una fecha estimada de entrega del blindaje metálico del túnel
de la central de Niquía173. Tal fecha, sin embargo, representaba un retraso de cerca
166 Aptado. 4.4.2.1 a 4.2.2.20.
166 Aptado. 4.4.5.1
167 Aptado. 4.4.1.
168 Aptado. 4.4.1.1.
169 Aptado. 4.4.1.3.
170 Aptado. 4.4.1.2.
171 Aptados. 4.4.9.1 y 4.4.9.2.
172 Aptado. 4.4.2.1.
173 Aptado. 4.4.2.2.
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Actor: Empresas Públicas de Medellín (E.P.M. E.S.P.)
de 12 meses y una variación de la secuencia constructiva con base en la cual fueron
planteados los precios de la propuesta del Consorcio Taisei-Conconcreto, imputable
a un incumplimiento en la entrega de equipos por EPM, por lo que aquel le solicitó
una revisión de los precios174, que reiteró luego, afirmando que la supresión de los
ítems referidos representaba una modificación de los planos y especificaciones de
las obras' 75.
La interventoría del Contrato 37/DJ-7702/3 le dio un alcance contractual diferente a
la supresión de trabajos en el túnel de presión y el pozo de la central La Tasajera,
pero admitió que esta generaba un incremento de los costos indirectos, cuya cuantía
debía evaluarse176. Ante ello, el consorcio contratista remitió un análisis detallado
de tales sobrecostos, por un total de V206.193.341,72177, el cual fue evaluado en
una reunión en la que se detectó la repetición de cobros administrativos y de
propiedad de equipos, por lo que la interventoría solicitó una revisión del referido
análisis178, que dio lugar a la remisión de una nueva evaluación, en la que se
realizaba un estudio de los sobrecostos por mensualidades179. Esta evaluación fue
glosada nuevamente por la interventoría, que cuestionó tanto la metodología
empleada, como los datos en los que se basaba18°. Luego de que el consorcio
insistiera en que la modificación del programa se debía a un incumplimiento de
Epm181 y que la interventora reiterara la solicitud de un nuevo análisis182, fue
remitido una evaluación de sobrecostos con un monto mucho mayor al del primer
análisis (V1.120.500.000)183.
Posteriormente, en noviembre de 1987, la interventoría le manifestó al Consorcio
Taisei-Conconcreto, que las obras de instalación del blindaje metálico del túnel de
la central de Niquía, suspendidas inicialmente184, no serían ejecutadas185; situación
que dio lugar a un nuevo desacuerdo con EPM, sobre la facultad de realizar esta
modificación de forma unilatera1186 y sobre los perjuicios que, por tal supresión de
obras, debían ser indemnizados187.
Sin embargo, las anteriores diferencias fueron zanjadas, dando lugar a la remisión
de una versión preliminar del convenio adicional núm. 14, que EPM elaboró. El
Consorcio Taisei-Conconcreto le solicitó a EPM que incluyera dos estipulaciones a
dicha minuta188, siendo atendida la última de ellas —relativa a la inclusión del precio
174 Aptado. 4.4.2.3.
175 Aptado. 4.4.2.4.
176 Aptado. 4.4.2.5.
177 Aptado. 4.4.2.6.
178 Aptado. 4.4.2.7.
178 Aptado. 4.4.2.8.
180 Aptado. 4.4.2.9.
181 Aptado. 4.4.2.10.
182 Aptado. 4.4.2.11.
183 Aptado. 4.4.2.12.
184 Aptado. 4.4.2.1.
185 Aptado. 4.4.2.13.
186 Aptados. 4.4.2.14 y 4.4.2.15.
187 Aptados. 4.4.2.16, 4.4.2.17, 4.4.2.18
188 Aptado. 4.4.2.19.
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inicial de la obra suprimida— en la versión final del contrato189, con cuya suscripción
se zanjaron definitivamente las diferencias existentes sobre los sobrecostos
causados por el incumplimiento de EPM en el suministro de la tubería y del blindaje
metálico del túnel de Niquía, así como del pozo de presión de La Tasajera, con el
pago de $155.808.654 más V46,106.224, que comprendían todos los perjuicios y
obligaciones contractuales ocasionados por la omisión de la obra en cuestión19°.
De esta forma, mediante concesiones recíprocas sobre las condiciones del contrato
y el monto de los perjuicios, EPM y el Consorcio Taisei-Conconcreto pusieron fin,
con carácter definitivo, a una situación de incertidumbre sobre el concepto y monto
de los perjuicios ocasionados a la segunda, por el incumplimiento de EPM en la
entrega oportuna de equipos necesarios para la ejecución de algunas de las obras
objeto del Contrato 37/DJ-7702/3. Con el convenio adicional núm. 14 al Contrato
3/DJ-7702/3 se produjo así una transacción, según el artículo 2469 del Código Civil
y la jurisprudencialgl, que, por demás, no se aparta de los términos del referido
contrato.
Aparte, la Sala observa que, de acuerdo con lo atestiguado de forma clara, detallada
y coherente por los funcionarios de EPM que tuvieron conocimiento directo de lo
acontecido, la transacción que se produjo entre EPM y el Consorcio Taisei-
Conconcreto fue el resultado del incumplimiento de Romenergo, que, a su vez, llevó
a que el ente contratante incumpliera el Contrato 37/DJ-7702/3, por la omisión de
entregar los equipos cuya instalación estaba a cargo de) referido consorcio192.
La relación entre el incumplimiento de Romenergo y el pago de perjuicios al
Consorcio Taisei-Conconcreto se constata asimismo con el Contrato 3756-E, en
cuya cláusula 1a se estipuló expresamente que su objeto comprendía el blindaje del
túnel y el pozo de presión de Tasajera, y el blindaje del túnel de sifón,
correspondientes al grupo 2 del Proyecto Hidroeléctrico Río Grande II; así como la
tubería de sifón que formaba parte del grupo 3 del referido proyecto193. De esta
forma, las obras de instalación de los revestimientos y blindajes del túnel de presión,
así como del pozo de presión y del blindaje metálico de la zona de intersección del
túnel con la ventana de construcción de Tasajera —que fueron suprimidas por EPM,
dando lugar a la suscripción del convenio adicional núm. 14— dependían de la
entrega de equipos a cargo de Romenergo.
En este orden de ideas, pese a la falta de una exposición clara de la metodología y
de los datos empleados en el dictamen financiero para concluir que EPM se vio
forzada a reconocer perjuicios al Consorcio Taisei-Conconcreto como resultado del
incumplimiento de Romenergo194, esta conclusión se sostiene, a la luz del acervo
probatorio, con base en el cual debía realizarse dicho peritaje. En consecuencia, la
189 Aptado. 4.4.2.20.
190 Aptado. 4.4.3.
191 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil, sentencia del 26 de mayo de 2006,
exp. 1987-07992-01.
192 Aptados. 4.4.9.1 a 4.4.9.2.
193 Copia auténtica a folios 1 a 8, C. Principal 1.
194 Aptados. 4.4.7.1 y 4.7.7.8.
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Actor: Empresas Públicas de Medellín (E.P.M. E.S.P.)
Sala concluye que existe una relación de causalidad entre el incumplimiento de
Romenergo y el reconocimiento de perjuicios al Consorcio Taisei-Conconcreto, que
se produjo con la transacción pactada en el convenio adicional núm. 14 al Contrato
3756.
4.5.2. Como se determinó anteriormente195, la condena al pago del daño emergente
ocasionado requiere que, aparte de la existencia de la relación de causalidad cuya
configuración se constató anteriormente, se acredite el pago efectivo de los
desembolsos ocasionados. Al punto, la Sala ha precisado que en la jurisprudencia
de la Sección Tercera coexisten dos posiciones sobre la acreditación del pago196.
Un sector ha exigido que, además del acto en el cual se reconoce y ordena el pago
a favor del beneficiario, sea allegado la constancia de la consignación, el paz y salvo
o el recibo de pago suscrito por el beneficiario. Mientras, para acreditar el pago, otro
sector de la jurisprudencia —también acogido por la Sala Plena de la Sección
Tercera y sus tres Subsecciones— admite los comprobantes de egreso o
certificaciones suscritos por el ordenador del gasto, en los que se especifique el
concepto del pago y su destinatario, por tratarse de documentos públicos,
vinculantes, que contienen y reflejan la propia manifestación de voluntad de la
entidad condenada.
En este proceso, la demandante allegó copia simple de las órdenes de pago núm.
05258 y 05284, suscritas por el ordenador del gasto, en las que se especifica que
el destinatario era el Consorcio Taisei-Conconcreto, por un valor total a pagar de
V46.106.224 y $155.808.654, correspondientes al "Acta No. C-14"197, cifras que —
de acuerdo con el "acta de convenio adicional No. C-14"198 y con lo pactado en la
cláusula 4a del convenio adicional núm. 14 al Contrato 3/DJ-7702/3199—
corresponden a los perjuicios reconocidos en dicha transacción. En consecuencia,
se encuentra acreditado el pago efectivo de los desembolsos ocasionados con el
incumplimiento del Contrato 3756-E por Romenergo, completándose así la prueba
de este perjuicio, cuya condena es pretendida por el ente actor.
4.6. Por otra parte, recuerda la Sala que los perjuicios correspondientes al mayor
precio pagado a la empresa argentina IMPSA, por la tubería de sifón que
Romenergo se había obligado a entregarle a EPM, corresponderían —según la
demanda— al daño emergente por los pagos efectuados ante la imposibilidad de
emplear el bien objeto de la prestación incumplida para satisfacer la necesidad de
Envoo, lo que las demandantes rebaten, argumentando que el pago de tales suma
habría sido el resultado de errores financieros de EPM, que la llevaron a pagar
sumas excesivas, como se habría demostrado con la prueba pericial financiera261.
195 Aptados. 4.3.2 y 4.4.
196 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 31 de enero de 2021,
exp. 42037, aptados. 3.4.5.1 a 3.4.5.4, y 3.4.7.1 a 3.4.7.3. Reiterada en la sentencia proferida por la
Subsección C el 2 de julio de 2021, exp. 51063.
197 Aptado. 4.4.4.
198 Aptado. 4.4.4.1.
199 Aptado. 4.4.3.
20° Aptado. 4.3.2.
201 Aptados. 4.9.1.3 y
4.9 2.2.
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4.6.1. En primer lugar, recuerda la Sala que, corno se determinó anteriormente, el
dictamen financiero no dio cuenta clara de la existencia de un error financiero de
EPM, ni es una prueba procedente para determinar si se trata, o no, de un perjuicio
indemnizable, pero sí puso en evidencia la incertidumbre existente sobre la
identidad de los equipos objeto del Contrato 3756-E y del contrato suscrito con
IMPSA, por la gran diferencia existente entre sus precios2°2.
4.6.2. En todo caso, de acuerdo con un análisis conjunto de las pruebas, no cabe
afirmar que EPM hubiera pagado a IMPSA un precio excesivo. En efecto, el precio
pactado en el Contrato SCN-1332-E203, suscrito entre IMPSA y EPM, fue el
resultado de un proceso licitatorio, anunciado en dos oportunidades en diarios de
circulación nacional, que llevó a que veintiún empresas de múltiples nacionalidades
retiraran los pliegos de condiciones y fueran entregadas cinco propuestas2". En la
licitación fueron evaluados aspectos técnicos, cuyo incumplimiento llevó a que dos
de las propuestas fueran descartadas y, finalmente, el contrato fue adjudicado a la
empresa IMPSA, que ofreció precios muy inferiores a los de las dos firmas
proponentes restantes2°5. El precio de los equipos suministrados por IMPSA fue,
pues, el resultado de un proceso abierto, competitivo e igualitario, en el que se
seleccionó la mejor oferta, de acuerdo con unos criterios objetivos, dentro de los
que primó el menor precio ofertado. Difícil resulta así sostener que el precio pactado
fue excesivo.
No obstante, por tratarse de precios correspondientes a equipos diferentes, no cabe
afirmar que el mayor precio pagado a IMPSA sea un perjuicio cierto, derivado del
incumplimiento de Romenergo. De acuerdo con el dictamen de ingeniería mecánica
practicado en este proceso2°6 —que fungió como insumo del dictamen financiero—
es claro que los precios ofrecidos por Romenergo para los equipos
correspondientes al grupo 3 del Proyecto Hidroeléctrico Río Grande II se basaron
en unas especificaciones que, en su mayoría, son inferiores a las formuladas en los
pliegos de condiciones de EPM, y muy inferiores a las que finalmente fueron
requeridas por la entidad, cuando el Contrato 3756-E estaba siendo ejecutado.
Mientras la diferencia con respecto a las especificaciones de los pliegos da lugar a
un sobrepeso de 105,85 t, con respecto a las especificaciones de la propuesta de
Romenergo, el sobrepeso es de 359,47 t. Aparte, en el grupo 2, pese a que, según
el dictamen, no se presentaron modificaciones sustanciales, el sobrepeso
acumulado es de 259,39 t, con respecto a los diseños de Romenergo.
Si bien —como lo concluyó el dictamen de ingeniería mecánica— dichas
modificaciones no justificaban una ampliación del plazo superior a diez días, al
requerirse una cantidad considerablemente superior de acero, es evidente que el
precio sería superior. Justamente en razón a ese mayor tonelaje, EPM estaba
2°2 Aptado. 4.4.7.1. y 4.7.7.8.
2°3 Aptado. 4.4.6.
2°4 Aptados. 4.4.5.4 y 4.4.5.5.
2°5 Aptados. 4.4.5.6 a 4.4.6.
2°6 Aptados. 4.4.8.3 y 4.4.8.4.
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dispuesta a reconocer a Romenergo unos sobrecostos que, por las modificaciones
en los diseños de los equipos, pudieran tener lugar, como lo señaló el ingeniero a
cargo de los aspectos técnicos y administrativos de ese contrato, que participó
además en una de las comisiones de EPM que asistieron a Rumania2°7.
4.6.3. En definitiva, no existe claridad sobre el sobrecosto correspondiente a lo
pagado a IMPSA ante la imposibilidad de emplear los bienes objeto de la prestación
incumplida por Romenergo, para satisfacer la necesidad de EPM. Para ello, sería
necesario conocer el precio definitivo de los equipos que Romenergo debía
entregar, o una aproximación fundada, de acuerdo con las modificaciones que
durante la ejecución del Contrato 3756-E fueron ordenadas por EPM, así como las
especificaciones detalladas de los equipos objeto del contrato celebrado con
IMPSA, que tuvo unos diseños diferentes realizadas por Integral S.A., como lo
atestiguó el ingeniero de EPM Bernardo Restrepo Arbeláez2°8. No obran, sin
embargo, en el acervo probatorio, medios de convicción que permitan conocer lo
anterior, para así determinar el daño cierto irrogado a EPM, por el sobrecosto en
que incurrió para sustituir los equipos requeridos. En consecuencia, la Sala no
condenará al pago de tal perjuicio.
4.7. Ahora bien, el ente demandante pretendió el pago de los perjuicios irrogados
por el incumplimiento del Contrato 3756-E, con exclusión de la suma
correspondiente a la pena pecuniaria impuesta2°9; pretensión que, conforme a lo
considerado previamente, se ajusta a los términos del Contrato 3756-E y a la ley21°.
Como consecuencia del incumplimiento del Contrato 3756-E, Romenergo irrogó a
EPM unos perjuicios consistentes en el pago de las sumas acordadas en el
convenio adicional núm. 14, que ascienden a V46.106.224 y $155.808.654, cifras
que, en moneda nacional, equivalían a $212.356.754, según el dictamen
financiero211, que se basó en lo mencionado en la demanda212. Por otra parte, en
las Resoluciones 755 de 1988 y 1126 del 11 de agosto de 1988213, se hizo efectiva
la pena pecuniaria, equivalente al 10% del precio total del Contrato 3756-E214; precio
que ascendía a US$ 6.983 953, por lo que el monto de la pena pecuniaria impuesta
correspondía a US$ 698.395,30. Esta cifra, a 17 de agosto de 1988, cuando fue
notificada la Resolución 1126 de 1988 al representante de Romenergo215, equivalía
a $604.617.680,50, según el peritaje financiero216. Como esta última cifra es
mayor a la de los perjuicios derivados de las sumas pagadas en cumplimiento
del convenio adicional núm. 14, se impone la desestimación de las
pretensiones. En consecuencia, la sentencia apelada será confirmada.
2°7 Aptado. 4.4.9.2.
208
Aptado. 4.4.9.2.
206 Aptado. 2.1.
210 Aptado. 4.3.1.
211 Aptados. 4.7.7.1 y 4.7.7.8.
212 Folio 122, C. Principal 1.
213 lbidem.
214 Folio 14, C. Principal 1.
215 Según constancia obrante a folio 98, C Principal 1.
216 Aptados. 4.4.7.1 y 4.4.7.8.
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Radicado: 05001-23-31-000-1993-01374-01 (45793)
Actor: Empresas Públicas de Medellín (E.P.M.
V. COSTAS
No hay condena en costas, porque de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55 de
la Ley 446 de 1998, sólo hay lugar a su imposición, cuando alguna de las partes
hubiere actuado temerariamente y, como en este caso no se observa que se
hubiese actuado de esa manera, no se hará condena alguna en ese sentido.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el veintiuno (21) de junio de dos mil
doce (2012) por el Tribunal Administrativo de Antioquia, de acuerdo con las
consideraciones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: Sin condena en costas.
TERCERO: En firme esta providencia, enviar el expediente al Tribunal de origen
para lo de su cargo.
Cópiese, Notifíquese, Cúmplase
ICOLÁS Y 01;%i'4(
Presidente
JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS GUILLERMO SANCHEZLUQUE
Magistrado Magistrado
Aclaro voto
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