Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-26-000-2007-00307-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-26-000-2007-00307-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 25000-23-26-000-2007-00307-01
Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdes
7 de julio de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D. C., siete (7) de julio de dos mil veintitrés (2023)
Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Radicación: 25000232600020070030701
Demandante: INTERNEXA S.A. E.S.P. (anteriormente FLYCOM COMUNICACIONES
S.A. E.S.P)
Demandado: Nación – Ministerio de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones
Tema: Título habilitante para la asignación de canales del espectro radioeléctrico
con la tecnología LMDS – Alcance del título habilitante – revisión de las
condiciones de la concesión – No se acreditó la alteración de la ecuación
económica de la concesión
Sentencia de segunda instancia
La Sala de Decisión de la Sección Primera del Consejo de Estado -dando
cumplimiento a lo ordenado en la sentencia de tutela de 30 de agosto de 2021,
proferida de la Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado dentro del
trámite con radicado 11001-03-15-000-2021-02376-01-, procede a emitir sentencia
sustitutiva de la decisión de segunda instancia de 24 de septiembre de 2020,
mediante la cual se revocó la sentencia de 12 de diciembre de 2011, proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección
B, a través de la cual declaró la nulidad del Oficio No. 88 de 31 de enero de
2007, expedido por el Ministerio de Comunicaciones, hoy Ministerio de las
Tecnologías de la Información y Comunicaciones.
I.- ANTECEDENTES
I.1.- La demanda
1. La sociedad FLYCOM Comunicaciones S.A. E.S.P., absorbida por
INTERNEXA S.A. E.S.P.1, inicialmente denominada como FIRSTMARK
COMMUNICATIONS COLOMBIA S.A.-, a través de apoderado judicial,
instauró demanda ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en contra
1 En el escrito de alegatos de conclusión de primera instancia, el apoderado de la parte actora informó que
mediante escritura pública 1.636 de 29 de noviembre de 2007 de la Notaría Única de Sabaneta
(Antioquia), cuya copia aportó, se protocolizó la fusión por absorción total que INTERNEXA S.A. E.S.P.
(sociedad absorbente) hizo de FLYCOM COMUNICACIONES S. A. ESP, la cual se encuentra
debidamente registrada en la Cámara de Comercio de Medellín.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Demandante: INTERNEXA S.A. E.S.P.
Demandado: Nación - Ministerio TIC
de la Nación – Ministerio de Comunicaciones, hoy Ministerio de las Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones2, con el fin de obtener las siguientes
declaraciones:
1. Que se declare la nulidad del oficio No. 0088 del 31 de enero de 2007,
mediante el cual el Ministerio de Comunicaciones negó la solicitud de
revisión de las condiciones de la concesión nacional para la prestación de
servicios de telecomunicaciones con la tecnología LMDS, otorgada a
FLYCOM COMUNICACIONES S. A. E. S. P.
2. Como consecuencia de lo anterior, que se declare que la concesión
otorgada a FLYCOM, durante su desarrollo, ha sido afectada por la
ocurrencia de hechos imprevistos, no imputables a las partes, así como por
diferentes actos administrativos expedidos por el MINISTERIO DE
COMUNICACIONES que alteraron la ecuación económica de la concesión.
3. Que se condene a la NACIÓN – MINISTERIO DE COMUNICACIONES
a pagar a FLYCOM la suma de dinero que se demuestre en el proceso,
debidamente actualizada, con el fin de restablecer el equilibrio de la
ecuación económica de la concesión otorgada a FLYCOM.
I.1.1.- Los hechos
2. Los principales hechos en que se sustenta la demanda son los siguientes:
3. El Ministerio de Comunicaciones expidió la Resolución 244 de 2000, a través
de la cual abrió el proceso de selección objetiva para adjudicar, mediante
licencia, dos (2) concesiones para el ámbito nacional y diecisiete (17)
concesiones en el ámbito local para la prestación de servicios de
telecomunicaciones con la tecnología LMDS3.
4. El Ministerio de Comunicaciones elaboró un pliego de condiciones en el cual
dispuso que el proceso de selección en referencia se adelantaría en la
modalidad de sobre cerrado, con el fin de lograr la adjudicación a la mejor oferta
económica. Así, el valor ofertado por parte de los interesados fue establecido
como factor determinante para la adjudicación de las licencias.
5.FIRSTMARK COMMUNICATIONS COLOMBIA S.A., cuyo nombre cambió
posteriormente por el de FLYCOM COMUNICACIONES S.A. E.S.P., sigla
FLYCOM S.A. E.S.P.4., decidió participar en el procedimiento abierto por el
Ministerio de Comunicaciones, ofreciendo la suma de treinta y dos mil
ochocientos sesenta y tres millones trescientos treinta y ocho mil doscientos
2 Folios 1 a 63 del cuaderno 1.
3 Del inglés Local Multipoint Distribution Service (Sistema de Distribución Local Multipunto).
4
Mediante Resolución 1077 de 2 de agosto de 2002, el Ministerio de Comunicaciones reconoció el cambio
de nombre del operador de la red radioeléctrica de distribución punto multipunto de banda ancha con
tecnología LMDS/LMCS y concesionario para la prestar servicio al portador de FIRSTMARK
COMMUNICATIONS S.A. por el de FLYCOM COMUNICACIONES S. A. E.S.P., FLYCOM S.A. E.S.P.
(folios 28 y 29 cuaderno de pruebas).
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pesos ($32.863.338.200) para obtener una de las bandas de frecuencia a
atribuirse.
6. El Ministerio de Comunicaciones, con fecha 22 de junio de 2000, a través de
la Resolución número 1384, otorgó a FIRSTMARK COMMUNICATIONS
COLOMBIA S.A. el título habilitante por el término de diez (10) años para el uso
y la explotación del espectro radioeléctrico, el establecimiento de la red
radioeléctrica de distribución punto multipunto de banda ancha con tecnología
LMDS/LMCS y la concesión para prestar el servicio de portador. En
consecuencia, el 7 de septiembre de 2000 la actora canceló el valor de la
contraprestación inicial que ofreció.
7. Durante la ejecución de la licencia, FIRSTMARK COMMUNICATIONS
COLOMBIA S.A. -después FLYCOM S.A. E.S.P.- se vio sometida a
circunstancias que le fueron ajenas y que afectaron de forma grave la ecuación
económica de la concesión, a saber: (i) el desarrollo de nuevas tecnologías; (ii)
la crisis generalizada de las empresas de internet, y (iii) las decisiones del
Ministerio de Comunicaciones que permitieron la prestación de servicios a los
operadores de nuevas tecnologías sin que debieran asumir el pago de la
licencia.
8. Las referidas situaciones llevaron a FIRSTMARK COMMUNICATIONS
COLOMBIA S.A. - FLYCOM S.A. E.S.P. a asumir pérdidas netas acumuladas a
diciembre de 2006 por $54.090.924.760, razón por la cual, mediante escritos
presentados el 25 de agosto y el 9 de octubre de 2006, solicitó al Ministerio de
Comunicaciones la revisión de las condiciones de la concesión para la
prestación de servicios de telecomunicaciones con la tecnología LMDS, con el
fin de que se restableciera la ecuación económica de la concesión.
9. El Secretario General del Ministerio de Comunicaciones, con fecha 31 de
enero de 2007, emitió el Oficio No. 88, mediante el cual decidió que no es
procedente atender positivamente la solicitud de revisión de las condiciones de
la concesión para la prestación de servicios de telecomunicaciones con la
tecnología LMDS/LMCS. En el acto administrativo se omitió indicar cuáles
serían los recursos en vía gubernativa que procedían en su contra, como lo
ordena el artículo 47 del Código Contencioso Administrativo, en adelante
también CCA.
I.1.2.- Los fundamentos de derecho y el concepto de violación
10. El apoderado de la demandante señaló que con la emisión del Oficio No. 88
de 31 de enero de 2007 el Ministerio de Comunicaciones desconoció lo previsto
en el artículo 13 de la Constitución Política; en el artículo 13 del Decreto Ley
1900 de 1990; en los artículos 8º, 9º y 31 del Decreto 1972 de 2003, en
armonía con el artículo 4º, numerales 8° y 9º, artículo 5º, ordinal 1°, así como en
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los artículos 27 y 28 de la Ley 80 de 1993, en sustento de lo cual formuló los
siguientes cargos:
(i) El título habilitante otorgado y el derecho a reclamar el
mantenimiento de la ecuación económica de la concesión
11. Indicó que el título habilitante otorgado por el Ministerio de Comunicaciones a
FIRSTMARK COMMUNICATIONS COLOMBIA S.A. mediante la Resolución
número 1384 del 22 de junio de 2000 comprende el derecho exclusivo al uso y
explotación del espectro radioeléctrico en los canales 1 y 4, atribuidos y
clasificados en el Decreto 868 de 1999, modificado por el Decreto 099 de 2000;
la autorización para el establecimiento de la red radioeléctrica de distribución
punto multipunto de banda ancha con tecnología LMDS/LMCS y la concesión
para prestar el servicio portador.
12. Explicó que, de conformidad con el artículo 7º de la Ley 72 de 1989, las
concesiones, bien sea que se otorguen por medio de contratos o en virtud de
licencias, según lo disponga el Gobierno Nacional, darán lugar al pago de
derechos, tasas o tarifas que fije el Ministerio de Comunicaciones, y añadió que
el artículo 25 del Decreto 868 de 1999, modificado por el artículo 5º del Decreto
99 de 2000, que sirvió de fundamento al procedimiento de adjudicación de la
licencia, dispuso que para obtener un título habilitante debía pagarse una
contraprestación inicial, cuyo valor sería el que el solicitante ofertara en sobre
cerrado.
13. Resaltó que la referida contraprestación inicial incluyó: i) la contraprestación
adicional establecida en el inciso 3º del artículo 32 del Decreto 2041 de 1998
por el uso del espectro radioeléctrico asignado; ii) la contraprestación anual por
concepto de los permisos por el uso del espectro radioeléctrico establecida en
el inciso segundo del artículo 32 del Decreto 2041 de 1998, derogado por el
Decreto 1972 de 2003, y iii) las contraprestaciones durante la vigencia del
respectivo título habilitante por las autorizaciones a que se refieren los artículos
29 y 30 del Decreto 2041 de 1998, derogado por el Decreto 1972 de 2003.
14. Reseñó que, según la doctrina5, la concesión y el permiso son dos formas
que la ciencia jurídica ha desarrollado para el otorgamiento de derechos
especiales de uso sobre los bienes públicos. Sin embargo, anotó que no
siempre resulta claro si se trata de un permiso de uso o de una concesión de
uso, lo que obliga a interpretar el respectivo acto para determinar con precisión
su naturaleza, considerando que la distinción no depende de la arbitraria
denominación que se le dé sino de sus características y esencia.
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Citó: Miquel S. MARIEHOFF, Tratado del Dominio Publico. Buenos Aires, Tipográfica Editora
Argentina, 1960. P.344
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15. Adujo que, de acuerdo con el criterio en mención, el permiso otorgado a
FIRSTMARK COMMUNICATIONS COLOMBIA S.A. es una verdadera
concesión para la utilización de un bien de uso público -el espectro
electromagnético-, como lo ordena el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, ya que fue
otorgado de forma exclusiva y por un término definido de diez (10) años,
prorrogables por otro tanto, de manera que el título habilitante no tiene carácter
precario, como es lo propio del permiso.
16. Manifestó que si bien es cierto que el concepto de desequilibrio económico
es una institución propia de los contratos estatales, como se desprende de los
artículos. 4º, ordinales 8° y 9º; 5º, ordinal 1° y 14, 27 y 28 de la Ley 80 de 1993,
también es una realidad que artículo 9º del Decreto 2041 de 1998, vigente para
cuando se llevó a cabo el procedimiento para otorgar la licencia de la tecnología
LMDS, expresamente reconoció el derecho de los operadores de los servicios
de telecomunicaciones, sin ninguna distinción, a que se mantenga inalterada la
ecuación económica de la concesión, por lo que, a su juicio, hay una
asimilación del título habilitante ─acto administrativo─ al contrato estatal.
17. Aseveró que FIRSTMARK COMMUNICATIONS COLOMBIA S.A. pagó una
suma inicial de $32.863.338.200.00 para obtener la licencia de forma exclusiva
y, adicionalmente, adquirió obligaciones de inicio de operaciones y cobertura,
requisitos propios de un negocio jurídico; de allí que no se puede afirmar que a
esa compañía no se le otorgó un derecho exclusivo, como lo hace el Ministerio
de Comunicaciones en el demandado Oficio No. 88 de 2007, por cuanto existen
más de 40 licenciatarios del servicio portador que prestan sus servicios a través
de cables de fibra óptica, pares aislados y microondas, ya que es preciso
distinguir la situación de estos operadores, que no tuvieron que pagar ninguna
contraprestación inicial al Estado, pues simplemente se les concedió un
permiso que podían utilizar de manera discrecional y sin ninguna obligación.
18. En tales condiciones, afirmó que debe concluirse que, tanto las normas de la
Ley 80 de 1993 como los desarrollos doctrinarios y jurisprudenciales elaborados
por el Consejo de Estado sobre el derecho del contratista al restablecimiento de
la ecuación económica del contrato, resultan aplicables a la situación particular
de FLYCOM S.A. E.S.P., antes FIRSTMARK COMMUNICATIONS COLOMBIA
S.A., independientemente de la denominación que se haya utilizado en el título
habilitante que le fue otorgado por el Ministerio de Comunicaciones, ya que se
trata de una verdadera concesión de un bien de uso público.
(ii) El equilibrio económico en la contratación estatal
19. Mencionó que uno de los principios cardinales del régimen jurídico de los
contratos estatales consiste en reconocer el derecho del contratista al
mantenimiento del equilibrio económico del contrato, el cual tiene como
fundamento la equivalencia de las prestaciones y el respeto de las condiciones
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que las partes tuvieron en cuenta al momento de su celebración, tal y como lo
establecen diversas disposiciones del Estatuto General de Contratación de la
Administración Pública.
20. Explicó que en los referidos contratos el concesionario lo que finalmente
hace es cambiar un activo, que es dinero, por otro, que es el derecho de
explotación, los cuales deben ser equivalentes, de manera que si, por
circunstancias ajenas al contratista, tal ecuación se rompe, el concedente debe
tomar las medidas necesarias para que se restablezca esa equivalencia o
ecuación financiera.
21. Aludió a que, en el presente caso, esa ecuación financiera entre lo pagado
en su momento por FIRSTMARK COMMUNICATIONS COLOMBIA S.A. para
obtener la concesión y el derecho a utilizar y explotar el espectro
electromagnético en un servicio con la tecnología LMDS que le permitiera el
acceso al mercado de banda ancha inalámbrica equivale a la suma de
$32.863.338.200.00.
22. Reseñó que la jurisprudencia y la doctrina han reconocido que el equilibrio
económico de los contratos que celebra la administración pública puede verse
alterado durante su ejecución: (i) por factores externos y extraños a las partes,
entre los que se encuentran las circunstancias de hecho que surgen, de manera
imprevista, durante la ejecución del contrato, ajenas y no imputables a las
partes, las cuales son manejadas con fundamento en la teoría de la imprevisión,
y (ii) por actos de la administración, los cuales se presentan cuando esta actúa
como Estado y no como contratante, como cuando expide actos de carácter
general en la modalidad de ley o acto administrativo, por ejemplo: la creación de
un nuevo tributo, o la imposición de un arancel, tasa o contribución que afecte la
ejecución del contrato, lo que corresponde a lo que se denomina como hecho
del príncipe.
23. Precisó que la teoría de la imprevisión y el hecho del príncipe se diferencian
en que mientras en el primer evento se presenta una circunstancia ajena a la
voluntad de las partes cocontratantes; en el segundo, el acto general proviene
de una de ellas, esto es, la entidad pública contratante.
24. Seguidamente, el apoderado procedió a explicar la forma en que, a su juicio,
se configuraron las referidas modalidades de ruptura del equilibrio económico
de la concesión en el asunto sub examine:
a. La imprevisión
25. Argumentó que la teoría de la imprevisión, construida por el Consejo de
Estado francés «para la subsistencia del contrato y el cumplimiento de los fines
perseguidos por él», fue acogida por el legislador colombiano en el numeral 1º
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artículo 5° de la Ley 80 de 1993, norma que estableció el derecho del
contratista a que, previa solicitud, la administración le restablezca el equilibrio
de la ecuación económica del contrato a un punto de no pérdida por la
ocurrencia de situaciones imprevistas que no le sean imputables, así como en
el artículo 27 ibidem, según el cual las partes deben adoptar, en el menor
tiempo posible, las medidas necesarias para el restablecimiento de la ecuación
financiera del contrato, cuando esta se rompa por causas no imputables a quien
resulte afectado, como una manera de garantizar la continua y eficiente
prestación de los servicios públicos, finalidad esencial de la contratación estatal,
en los términos del artículo 3º ejusdem.
26. Señaló que, de acuerdo con lo dicho, al contratista que pretende alegar la
aplicación de la teoría de la imprevisión no le basta con probar la ocurrencia del
hecho o situación imprevista o imprevisible sino que debe probar, además, i) su
carácter anormal o extraordinario, y ii) su incidencia en la ecuación económica
que le produjo perdidas, las cuales debe asumir la entidad publica contratante,
no como una indemnización por la producción de un daño que le sea imputable,
sino como una ayuda o colaboración con el fin de garantizar la continua y
eficiente prestación de los servicios públicos a cargo de esta ultima (art.3 Ley
80 de 1993).
27. Afirmó que cuando las condiciones en el tiempo cambian por razones que no
le son imputables al concesionario, y la administración no procede a restablecer
la ecuación financiera de la concesión, la suma pagada se convierte en un
dinero que recibe la entidad sin ninguna justificación jurídica, configurándose un
enriquecimiento sin justa causa en favor del Estado y a costa de la ruina del
concesionario.
28. Expuso que, en el sub judice, los nuevos desarrollos tecnológicos para
prestar servicios de acceso a internet de banda ancha, así como la crisis de las
empresas de internet y de la tecnología LMDS, que no resultaban
razonablemente previsibles cuando se adjudicó la licencia a FIRSTMARK
COMMUNICATIONS COLOMBIA S.A., le ocasionaron a la compañía pérdidas
significativas que se tradujeron en un grave desequilibrio de la ecuación
financiera de la concesión.
b. El hecho del príncipe
29. Refirióque el hecho del príncipe, como fenómeno determinante del
rompimiento de la ecuación financiera del contrato, se presenta cuando
concurren los siguientes supuestos: a) La expedición de un acto administrativo,
general o particular, por parte de la entidad contratante; b) la incidencia directa
o indirecta del acto en el contrato estatal; c) el carácter cierto del daño; d) la
alteración extraordinaria o anormal de la ecuación financiera del contrato como
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consecuencia de la vigencia del acto, y e) la imprevisibilidad de la expedición
del acto al momento de la celebración del contrato.
30. Manifestó que, en relación con la tecnología WiMAX6, el Ministerio de
Comunicaciones quiso eliminar las barreras de entrada para los nuevos
operadores de los servicios de telecomunicaciones como una manera de lograr
su masificación.
31. Subrayó que, con ese propósito, el Ministerio de Comunicaciones expidió las
Resoluciones 2064 y 2070 de 2005, en virtud de las cuales autorizó la
adjudicación de tres (3) permisos para otorgar a operadores de telefonía de
larga distancia el derecho al uso del espectro radioeléctrico para la prestación
de los servicios de telecomunicaciones con utilización de sistemas de
distribución punto a punto y punto multipunto para acceso de banda ancha
inalámbrica en el área de cubrimiento nacional (banda de 3.5 GHz – WiMAX),
que, en efecto, fueron adjudicadas a ETB, ORBITEL y TELECOM, ello sin el
pago de una contraprestación inicial, es decir, permitiendo así el desarrollo de
un servicio sustituto al prestado por la entonces denominada FLYCOM S.A.
E.S.P. pero con unas condiciones económicas diferentes.
32. Alegó que las referidas decisiones del Ministerio de Comunicaciones
pusieron a FLYCOM S.A. E.S.P. en una situación de desigualdad económica,
con desconocimiento del artículo 13 del Decreto Ley 1900 de 1990, norma que
prescribe que las concesiones se entregarían promoviendo la eficiencia, la libre
iniciativa, la competencia y la igualdad de condiciones en la utilización de los
servicios, así como del artículo 31 del Decreto 1972 de 2003, que dispuso que
en la determinación de las contraprestaciones por la asignación del espectro se
garantizaría un tratamiento igual y efectivo para todos los operadores de
servicios, con sujeción a reglas económicas equivalentes y considerando las
características técnicas particulares de la porción del espectro objeto de la
asignación.
33. Sostuvo que en la medida en que los nuevos operadores recibieron licencias
para la prestación de los servicios de banda ancha (WiMAX) sin barreras de
entrada, estos obtuvieron una ventaja competitiva, toda vez que sus precios no
tendrían que incorporar la recuperación de la contraprestación inicial.
34. Aseveró que, además, el Ministerio de Comunicaciones le otorgó a los
operadores de WiMAX descuentos de más de un 95% en el pago de las
contraprestaciones periódicas por el uso del espectro radioeléctrico, toda vez
que, mediante los Decretos 2925 de 2005 y 1928 de 2006, en cuya expedición
participó esa cartera ministerial, se modificó el valor del factor N en la fórmula
que anteriormente establecía el artículo 33.1 del Decreto 1972 de 2003, que
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Del inglés Worldwide Interoperability for Microwave Access.
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arrojaba un valor anual de US$18.396.000.00, lo cual igualmente demuestra el
ostensible trato desigual que se le dio a la demandante, quien no obtuvo ese
beneficio, así como la consecuente agravación de su situación económica.
35. Finalizó señalando que las anteriores circunstancias modificaron las
condiciones de mercado que sirvieron de base a FIRSTMARK
COMMUNICATIONS COLOMBIA S.A. para la elaboración de su plan de
negocios y, en la práctica, le impidieron recuperar la suma de dinero pagada
para obtener la licencia, lo que indefectiblemente la llevaría a un proceso de
liquidación, razón por la cual el Ministerio de Comunicaciones, a su juicio, debió
proceder a restablecer la ecuación financiera de la concesión para garantizar la
continuidad en la prestación del servicio a su cargo pero, en cambio, se negó a
hacerlo, desconociendo la ley y los desarrollos de la jurisprudencia nacional, así
como los antecedentes existentes en el derecho comparado.
I.2.- Contestación de la demanda
36. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, por
conducto de apoderado judicial, contestó oportunamente la demanda7
oponiéndose a la prosperidad de sus pretensiones.
37. En sustento de su posición, aseguró que la sociedad demandante incurrió en
un costo de oportunidad que no pudo aprovechar por situaciones de mercado,
pues canceló voluntariamente una suma para ingresar al mercado de banda
ancha asumiendo un riesgo que, en su propio concepto, no funcionó porque la
situación de internet se estancó justamente en ese momento, circunstancia que
no la faculta para pedir que el Estado la subvencione mediante una ayuda
estatal prohibida por la legislación.
38. Argumentó que, de acuerdo con la doctrina moderna, las situaciones de
equilibrio financiero como la discutida en el asunto sub lite no se analizan en
beneficio de los operadores de servicios públicos sino en procura del interés
general, teniendo en cuenta la situación de competencia.
39. Adujo que la parte demandante confunde conceptos de diferente estirpe y
que, en la medida en que reconoció que muchos de sus problemas se deben a
los avances tecnológicos y que no logró demostrar los supuestos del artículo 9°
del Decreto 1972 de 2003, se invalida toda posibilidad de que la administración
sea la responsable de su situación.
40. Afirmóque la accionante está invocando en realidad una ayuda estatal
contraria al derecho de la competencia y al progreso natural de las
7 Folios 80 a 141 del cuaderno 1.
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telecomunicaciones en Colombia, ya que solicita que se le reconozca una
posición de ventaja frente a cualquier otro agente.
41. Por lo demás, el apoderado formuló las excepciones que se relacionan a
continuación:
(i) Inepta demanda por cuanto no se puede demandar en acción
contractual cuando no hay contrato
42. Señaló que la demanda fue incoada desde la perspectiva de la acción
contractual, con invocación de normas de la Ley 80 de 1993 y de reglas
contractuales, pese a que en el caso concreto no existe un contrato, pues la
controversia versa sobre una licencia, la cual es una de las modalidades
establecidas por el artículo 7º de la Ley 72 de 1989 para otorgar concesiones
de servicios públicos de telecomunicaciones.
(ii) Imposibilidad de detener el progreso de las telecomunicaciones en
beneficio de un operador de un servicio de telecomunicaciones
43. Aludió que la tecnología de la sociedad FLYCOM S.A. E.S.P. quedó desueta
rápidamente y que resulta irrazonable esperar que el Estado postergue la
entrada de nuevas tecnologías solamente para proteger sus intereses, lo cual
violaría mandatos legales expresos.
44. Recordó que el establecimiento, instalación, expansión, modificación,
ampliación, renovación y utilización de la red de telecomunicaciones del Estado,
o de cualquiera de sus elementos, constituyen motivos de utilidad pública e
interés social y advirtió que todo operador, por licencia o concesión, o titular de
un permiso debe tener presente que el progreso tecnológico puede afectarlo de
un momento a otro, tal y como le ocurrió a la actora.
(iii) No se puede pretender que el Gobierno Nacional asuma las
consecuencias de una gestión empresarial ineficiente y respecto de
situaciones ajenas al Ministerio de Comunicaciones
45. Destacó que la sociedad FLYCOM S.A. E.S.P. admitió en la demanda que,
sin intervención del Ministerio de Comunicaciones, optó por unos productos que
luego fueron descontinuados por sus proveedores, lo que implica que tomó una
pésima decisión en materia de suministro de elementos tecnológicos cruciales
para el éxito de su negocio, y reconoció, además, que los avances de la
tecnología afectaron su marcha, de manera que el desequilibrio aludido se
generó por situaciones ajenas al Ministerio de Comunicaciones.
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(iv) Inaplicación de la teoría del desequilibrio del contrato de que trata la
Ley 80 de 1993
46. Aseveró que no pueden invocarse simultáneamente la teoría del equilibrio
económico del contrato de que trata la Ley 80 de 1993 con la ecuación
económica de la concesión prevista en el artículo 9° del Decreto 1972 de 2003,
toda vez que, en lo atinente al desarrollo de la concesión, exista o no contrato,
la misma Ley 80 hace remisión al régimen de contraprestaciones contenido en
el Decreto Ley 1900 de 1990 y sus normas modificatorias o reglamentarias.
(v) La adopción de medidas favorables para la actora
47. Sostuvo que con la expedición del Decreto 99 de 2000 se amplió el plazo
para el inicio de operaciones de los beneficiarios de los títulos habilitantes para
el uso de bandas de frecuencias, flexibilizando así las exigencias del
cumplimiento de las operaciones, y agregó que, a solicitud de FLYCOM S.A.
E.S.P., mediante el Decreto 1972 de 2003 se redujo el pago del valor de las
contraprestaciones por permisos para el uso del espectro radioeléctrico en la
banda de 28 Ghz en la cual operaban las tecnologías LMDS, de manera que el
pago por megahertz a cargo de la actora se redujo de 10 a 7 salarios mínimos
legales mensuales; todo lo cual demuestra que el Ministerio adoptó medidas
para favorecer la viabilidad económica del negocio de la demandante.
(vi) La demandante no demostró el desequilibrio de la ecuación financiera
• Incorrecta interpretación del artículo 9º del Decreto 1972 de 2002
48. Afirmó que en el proceso no se demostró cuál es la ecuación que habría que
mantenerse y, por el contrario, la actora parte de un supuesto extraño al
Decreto 1972 de 2003, asociado a la desigualdad en la relación jurídica en su
favor, pese a que el artículo 9° de dicho decreto se refiere al rompimiento de la
ecuación aceptable en lo que tiene que ver con los principios sobre reparto de
cargas públicas, tema que no fue planteado en la demanda.
49. Resaltó que ni la petición en virtud de la cual se expidió el acto administrativo
cuestionado, ni la demanda misma se presentaron en el marco del artículo 9°
del Decreto 1972 de 2003, y aseveró que, en todo caso, la situación económica
de la parte demandante se debió a circunstancias de mercado que debe
soportar todo empresario, puesto que el Estado no está obligado a subsidiar
indiscriminadamente la operación de las empresas para evitar que sufran las
consecuencias de operar en un entorno de riesgo normal.
50. Alegóque cualquier agente del sector de las telecomunicaciones asume
riesgos a causa de los avances tecnológicos, puesto que por ley el Gobierno
Nacional debe reglamentar buscando la modernización de redes y servicios, así
como el beneficio de quienes acceden a ellos. Así las cosas, la introducción de
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competencia como consecuencia de los cambios en el entorno tecnológico es
simple consecuencia de mandatos legales expresos, a cuya aplicación no
puede oponerse la demandante.
(vii) Garantía de las condiciones mínimas del negocio
51. Anotó que el Gobierno Nacional garantizó unas condiciones del negocio
frente a una oferta monetaria voluntaria de la parte demandante, pero después
las condiciones cambiaron por el devenir normal del mercado, ya que no podía
pedirse al Estado que se abstuviera de permitir la entrada de terceros
operadores con productos o servicios, sustitutos o no de los de la demandante.
(viii) Tratamiento constitucional de la libre competencia respecto de la
gestión del espectro electromagnético
52. Precisó que en materia de espectro electromagnético las reglas de
competencia pueden no ser observadas estrictamente en lo que respecta a los
temas de libertad de empresa, lo cual constituye una regla constitucional que es
ignorada en la demanda, en cuanto se pretende que una tecnología que exige
los más altos requisitos para su aprovechamiento, tanto sociales como técnicos
o económicos, pueda ser utilizada contrariando el principio de prevalencia del
interés general de que trata la Constitución Política y que fundamenta el
concepto de Estado Social de Derecho.
(ix) La demandante no demostró que su situación se compara con la de
otros operadores de banda ancha
53. Indicó que, en razón de una multitud de factores, en los años 1999 y 2000 un
permiso como el que recibió FIRSTMARK COMMUNICATIONS COLOMBIA
S.A. tenía un valor diferente al que podía exigirse siete (7) años después, por lo
que es difícil comparar su situación con la de los operadores a los cuales alude
en la demanda, pues se trata de condiciones de mercado distintas, aspecto al
que no se hizo siquiera referencia en la demanda.
II.- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
54. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B,
mediante sentencia de 12 de diciembre de 20118 declaró no probadas las
excepciones propuestas por la parte demandada; decretó la nulidad del Oficio
No. 88 de 31 de enero de 2007, a través del cual el Ministerio de
Comunicaciones negó la solicitud de revisión de las condiciones de la
concesión nacional para la prestación de servicios de telecomunicaciones con
la tecnología LMDS, y condenó en abstracto a la Nación – Ministerio de
8 Folios 564 a 579 del cuaderno 1.
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Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, o a quien haga sus veces,
a pagar a INTERNEXA S. A. E.S.P., antes FLYCOM S.A. E.S.P., el daño
emergente causado con ocasión de su expedición.
55. De manera previa al pronunciamiento de fondo del asunto, el a quo se refirió
a los presupuestos procesales de la acción y a las excepciones formuladas por
la entidad demandada.
56. En ese sentido, analizó cuál es la acción procedente en el caso concreto,
exponiendo que, de conformidad con el artículo 7º de la Ley 72 de 1989 y el
Decreto 1900 de 1990, la concesión para el uso y explotación del espectro
radioeléctrico para la prestación del servicio básico de portador, como
modalidad del servicio público de las telecomunicaciones, podía otorgarse por
medio de contratos o en virtud de licencias, según lo determinara el Gobierno
Nacional, y que, en todo caso, daría lugar al pago de los derechos, tasas o
tarifas que fijara el Ministerio de Comunicaciones, a excepción de las que
correspondiera fijar a Inravisión y a las organizaciones regionales de televisión.
57. Resaltó que el Decreto 868 de 1999 dispuso que las resoluciones que expide
el Ministerio de Comunicaciones para el otorgamiento de la concesión para la
prestación del servicio portador en el ámbito territorial se denominarían título
habilitante y comprenderían el permiso para usar el espectro radioeléctrico, la
autorización para el establecimiento de la red radioeléctrica de distribución
punto multipunto de banda ancha con tecnología LMDS/LMCS y la concesión
para prestar el servicio portador en el ámbito del permiso para usar el espectro
radioeléctrico asignado, con sujeción a las normas legales y reglamentarias
aplicables.
58. En ese contexto, destacó que, en el caso sub examine, el Ministerio de
Comunicaciones otorgó un título habilitante mediante la Resolución número
1384 de 22 de junio de 2000, que comprende: (i) el permiso para usar el
espectro radioeléctrico; (ii) el establecimiento de la red radioeléctrica de
distribución punto multipunto de banda ancha con tecnología LMDS/LMCS, y
(iii) la concesión para prestar el servicio de portador, decisión que fue adoptada
dentro del margen de discrecionalidad de la administración permitido por el
Decreto 1900 de 1990, toda vez que de acuerdo con sus artículos 20 y 40, el
uso del espectro electromagnético estaba sometido a un permiso por parte del
Ministerio de Comunicaciones y la concesión del servicio de portador no tenía
definida una modalidad para concederse.
59. Hizo énfasis en que, de conformidad con lo anterior, la concesión del servicio
público en cuestión fue otorgada a través de un acto administrativo y no de un
contrato estatal, puesto que la administración decidió utilizar el primero de los
instrumentos legales para el efecto.
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60. Con apoyo en la doctrina nacional, se refirió a las diferencias existentes entre
el contrato de concesión y la licencia, y advirtió que, en todo caso, estas figuras
no son antagónicas, puesto que en ellas pueden concurrir aspectos que
corresponden a una u otra categoría, ya que, en efecto, en el interior de cada
institución se encuentran aspectos propios de un acto administrativo y de una
relación contractual, lo cual permite concluir que se está en presencia de una
mixtura en cuanto a su contenido material. Dicha mixtura, aclaró, no se
presenta en materia procesal, por lo que explicó que no es posible concluir que
la acción procedente en el sub lite sea la de controversias contractuales, la cual,
en los términos del artículo 87 del CCA, está reservada a las partes de un
contrato estatal y, bajo ciertas circunstancias, al juez del contrato, al Ministerio
Público y a las personas que demuestren interés directo.
61. Añadió que el acto administrativo demandado, esto es, el Oficio No. 88 de 31
de enero de 2007, no es de aquellos a los que refiere el inciso 2º del artículo 77
de la Ley 80 de 1993, es decir, actos administrativos dictados con motivo y
ocasión de la actividad contractual, toda vez que la decisión adoptada por el
Ministerio de Comunicaciones mediante el mismo estuvo encaminada a negar
el restablecimiento del equilibrio de la ecuación económica de que trata el
artículo 9º del Decreto 2041 de 1998, en relación con un título habilitante
concedido en el marco de una actuación administrativa regulada en la primera
parte del Código Contencioso Administrativo y no en el Estatuto General de
Contratación. En ese orden de ideas, concluyó que la acción procedente es la
de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del Código
Contencioso Administrativo.
62. Afirmó que la acción fue ejercitada dentro del término legal previsto para la
acción de nulidad y restablecimiento del derecho, de conformidad con el
numeral 2º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, modificado
por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998, norma vigente a la fecha de la
presentación de la demanda, que dispuso que dicha acción caducaría al cabo
de cuatro (4) meses, contados a partir de la publicación, notificación,
comunicación o ejecución del acto, según el caso.
63. De acuerdo con los anteriores argumentos, declaró no probada la excepción
de ineptitud sustantiva de la demanda, edificada sobre la indebida escogencia
de la acción.
64. Respecto de las demás excepciones, señaló que no están encaminadas a
impedir un pronunciamiento de fondo, pues se dirigen a atacar la cuestión a
resolver, por lo que serían decididas al desatar la misma.
65. Seguidamente, el Tribunal Administrativo procedió a analizar si
existieron
alteraciones en la ecuación económica de la concesión otorgada mediante la
Resolución número 1384 de 20 de junio de 2000, que den lugar a su
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reconocimiento por parte de la entidad demandada, todo ello como se sintetiza
a continuación:
i) La procedibilidad de la teoría del equilibrio contractual cuando la
concesión de servicios de telecomunicaciones se otorga a través
de licencia
66. Reiteróque, por disposición del artículo 7º de la Ley 72 de 1989, las
concesiones de servicios de telecomunicaciones pueden otorgarse por medio
de contratos o en virtud de licencias, según lo disponga el Gobierno Nacional,
dando lugar al pago de derechos, tasas o tarifas fijadas por el Ministerio de
Comunicaciones, a excepción de las que corresponda fijar a Inravisión y a las
organizaciones regionales de Televisión.
67. Expuso que si bien entre la licencia y el contrato existen diferencias
conceptuales, lo cierto es que en algunos temas esas figuras convergen. Así,
por ejemplo, destacó, el artículo 9º del Decreto 2041 de 1998, vigente a la fecha
de otorgamiento del título habilitante en cuestión, dispuso que los operadores
tendrían derecho a que se les mantuviera inalterada la ecuación financiera.
68. Resaltó que el artículo 2º del Decreto 1900 de 1990 definió el operador como
una persona natural o jurídica, pública o privada, que es responsable de la
gestión de un servicio de telecomunicaciones en virtud de autorización o
concesión, o por ministerio de la ley y, en ese contexto, consideró que la
sociedad actora es un concesionario del servicio público de
telecomunicaciones, en la modalidad de servicios básicos para prestar el
servicio portador, lo que se traduce en que es un operador, independientemente
de la forma en que se le hubiera otorgado la concesión, esto es, bien fuera por
licencia o por contrato y, por ende, puede reclamar el desequilibrio de la
ecuación financiera.
69. Refirió que la jurisprudencia nacional ha desarrollado el concepto de actos
administrativos de contenido mixto, precisando que consisten en la
concurrencia de efectos particulares y generales, acepción que, advirtió, bajo
algunos matices, es perfectamente predicable en el caso sub lite, toda vez que
la licencia tiene aspectos propios de un acto administrativo, puntualmente, la
revocatoria directa, pero también contiene aspectos de un contrato, como el
tema del desequilibrio contractual, razón por la cual los aspectos de la licencia
que se relacionen con su naturaleza jurídica de acto administrativo se desatarán
conforme a las normas sustanciales de tal material y viceversa frente a los
temas contractuales.
ii) La ruptura del equilibrio contractual
70. Señaló que el desarrollo sobre el derecho que, a la luz del artículo 9º del
Decreto 2041 de 1998, tienen los operadores de servicios de
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telecomunicaciones a que se les mantenga inalterada la ecuación económica
de la concesión9 ha sido estrictamente contractual, y aludió que considerando
que «estamos frente a un acto administrativo mixto, que combina aspectos de
índole unilateral y bilateral», resulta pertinente hacer remisión a las normas que
desarrollan tales aspectos, con el fin de llenar el vacío que se presenta en el
asunto, tal y como lo permite el artículo 8º de la Ley 153 de 188710.
71. En esos términos, resaltó que el artículo 90 de la Constitución Política
establece la responsabilidad administrativa centrada no en el comportamiento
dañoso, según los principios clásicos, sino en la posición de la víctima, pues se
busca garantizar que el menoscabo del orden patrimonial o extrapatrimonial que
esta haya sufrido sea adecuadamente reparado, de forma que puede haber
daño antijurídico sin que exista culpa de la autoridad o falla del servicio, real o
supuesta.
72. Aludió a que el desequilibrio de la ecuación financiera ha sido desarrollado
en el derecho comparado como una responsabilidad sin culpa, fórmula que, en
principio, fue adoptada por el artículo 27 de la Ley 80 de 1993, según el cual a
las partes de un contrato estatal o de una licencia de concesión de servicios
públicos se les debe garantizar la igualdad entre los derechos y las obligaciones
surgidos al momento de proponer o de contratar o, para los efectos del presente
asunto, desde el otorgamiento de la respectiva licencia.
73. Explicó que si la referida igualdad se rompe por causas no imputables a
quien resulte afectado, las partes deben adoptar las medidas necesarias para
su restablecimiento, es decir, cualquiera de las partes puede reclamar el
desequilibrio.
74. Anotó que, a la luz del numeral 1º del artículo 5º de la Ley 80 de 1993, a los
contratistas les asiste el derecho a que, previa solicitud, la administración les
reconozca el equilibrio de la ecuación financiera a punto de no pérdida por la
ocurrencia de situaciones imprevistas que no les sean imputables, equilibrio que
se rompe por el incumplimiento de la entidad estatal contratante, evento en el
cual debe restablecerse la ecuación financiera al nacimiento del contrato, lo
cual implica que en nuestro ordenamiento legal la ruptura del equilibrio
contractual puede ser con culpa o sin culpa.
75. Comentóque los hechos y situaciones generadoras de la ruptura de la
ecuación contractual, doctrinal y legalmente admitidos son la imprevisión, el
9
Siempre y cuando cumplan oportunamente con el deber de cancelar las contraprestaciones a que estén
obligados en las condiciones, términos y cuantías aplicables.
10 «ARTÍCULO 8º. Cuando no hay ley exactamente aplicable al caso controvertido, se aplicarán las leyes
que regulen casos ó materias semejantes, y en su defecto, la doctrina constitucional y las reglas generales
de derecho».
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hecho del príncipe y el incumplimiento, sin significar ello que son los únicos o
que su denominación o alcance resulten siempre uniformes. En ese contexto,
sostuvo que en el presente asunto corresponde verificar la ocurrencia de la
teoría de la imprevisión y del hecho del príncipe.
a) De las situaciones imprevistas
76. El a quo puso de presente que, doctrinalmente, la teoría de las sujeciones
imprevistas ha sido entendida como el alea material o físico, que generalmente
resulta de un fenómeno natural, mientras que la teoría de la imprevisión es
conocida como el alea económico. Dicha distinción, anotó, resulta compleja,
puesto que en la práctica los cambios económicos que dan origen a la
imprevisión pueden provenir de un hecho natural.
77. Añadió que los requisitos para que una u otra teoría se verifique, aparte de la
distinción entre alea material y alea físico, son los mismos y se concretan en: (i)
la afectación de las prestaciones contractuales; (ii) un hecho ajeno a las partes;
(iii) un hecho imprevisible, y (iv) un hecho anormal.
78. Destacó que el Consejo de Estado ha precisado que la declaración de un
estado de imprevisión exige lo siguiente11: (i) se debe estar en presencia de un
contrato estatal; (ii) el hecho debe ser razonablemente imprevisible, es decir,
que en estricto sentido la imprevisibilidad sea aplicable a las consecuencias del
hecho, más que al hecho mismo; (iii) el hecho invocado como imprevisible debe
afectar de manera sustancial el equilibrio económico del contrato, pues no
puede tratarse de una «imprevisión previsible» y acordada en el contrato o en el
sistema de precios del mismo; (iv) debe existir una íntima correlación entre el
hecho y el trastorno ocurrido; (v) el hecho debe ser independiente de la
voluntad de las partes (vi) es indispensable que, no obstante el trastorno
ocurrido, no se suspenda la ejecución del contrato, y (vii) la impresión no cubre
ganancias, solo es una ayuda en las pérdidas.
79. Subrayó que la accionante reclama unos perjuicios que debió enfrentar a
causa de la aparición de los nuevos desarrollos tecnológicos para la prestación
de los servicios de acceso a internet de banda ancha, así como la crisis de las
empresas de internet y de la tecnología LMDS, situaciones que no resultaban
razonablemente previsibles cuando se le adjudicó la licencia.
80. Al respecto, señaló que resulta apenas natural que en el servicio público de
telecomunicaciones se produzcan desarrollos tecnológicos que muy
seguramente terminarán afectando a otras tecnologías y, por ende, a quienes
explotan las mismas.
11
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto 1792 del 12 de diciembre de 2006.
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81. Recalcó que, en el dictamen practicado dentro del proceso, el perito Mauro
Flórez Calderón expuso que: «[…] de acuerdo con el desarrollo e incursión en
el mercado de nuevas tecnologías de banda ancha, LMDS es ya una tecnología
en descenso, siendo entonces reemplazado por WiMAX, soluciones de fibra
óptica etc., sin embargo con el fin de utilizar la infraestructura que se encuentra
instalada, LMDS es un complemento de WiMAX en el último kilómetro», y se
refirió a las decisiones y estrategias implementadas por los operadores de
LMDS nacionales autorizados entre 1998 y 2000, así como a la situación en la
cual se encontraban en el año 2006.
82. Hizo énfasis en que, según las conclusiones del perito, la crisis de las
empresas de internet se presentó entre los años 1995 y 2001, de manera que la
concesionaria debió preverla, toda vez que la licencia le fue otorgada el 22 de
junio de 2000, y añadió que la estabilidad económica de dicho sector está
estrechamente ligada al producto que ofrecen, que no es otro que la tecnología,
actividad que tiene un alto componente de innovación permanente, lo cual
genera unos riesgos muy altos frente a las actividades económicas
establecidas.
83. Así,el Tribunal consideró que no solamente la entrada de nuevas
tecnologías afectó el desarrollo de la tecnología concedida a la actora, sino
también las deficiencias técnicas de la misma, y advirtió que, con todo, los
nuevos desarrollos tecnológicos no constituyen una situación imprevista para un
concesionario, más aún en un negocio en el que tales desarrollos son de común
y necesaria ocurrencia, debido a la competencia que incentiva ese tipo de
avances.
84. Indicó que, además, resulta razonable considerar que las nuevas tecnologías
que impactan en la buena prestación del servicio público y el mejoramiento de
las tarifas para el usuario deben contar con las condiciones necesarias para
garantizar su uso universal, lo cual quiso garantizar la demandada al permitir la
entrada de nuevas tecnologías.
85. Por lo expuesto, concluyó que la crisis de las empresas de internet debió
contemplarse como un riesgo propio de esta clase de actividades y que, por lo
tanto, resulta improcedente reclamar por su realización. En consecuencia,
decidió que no es jurídicamente posible obligar a la demandada a asumir una
carga económica generada por el desarrollo de nuevas tecnologías.
b) Del hecho del príncipe
86. ElTribunal recordó que, de antaño, la teoría del hecho del príncipe era
considerada como una medida arbitraria y violenta fundada en la fuerza
coercitiva del detentador del poder pero que, sin embargo, actualmente se
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designa como toda orden emanada de una autoridad pública a la cual los
particulares deben someterse y obedecer.
87. Precisó que, en todo caso, existen dos alcances sobre dicha teoría: una, en
stricto sensu y, la otra, en lato sensu. En la primera, indicó, constituyen hecho
del príncipe todas aquellas medidas emanadas de cualquier órgano del Estado
que afecta de cualquier manera la ejecución del contrato, bien sea directa o
indirectamente, mientras que en la segunda el hecho del príncipe se restringe a
los actos de la administración contratante que afectan la ejecución del contrato.
88. Señaló que en Colombia la concepción adoptada sobre la teoría del hecho
del príncipe es la stricto sensu, es decir, solo da lugar a la verificación de los
actos provenientes de la administración contratante, y expuso que, en efecto, el
Consejo de Estado ha considerado que se presenta un hecho del príncipe
cuando el Estado, concretamente la entidad contratante, expide una medida de
carácter general y abstracto que era imprevisible al momento de la celebración
del contrato y que incide directa o indirectamente en el mismo, alterando en
forma extraordinaria o anormal la ecuación financiera surgida al momento de
proponer el contratista su oferta o celebrar el contrato.
89. Tras las referidas precisiones, adujo que para obtener la licencia que le fue
otorgada, la actora pagó una contraprestación inicial por la suma de
$32.863.338.200, sin perjuicio de las demás contraprestaciones previstas en la
referida normativa, ello en virtud de lo dispuesto en el artículo 5º del Decreto 99
de 2000, que modificó el artículo 25 del Decreto 868 de 1999.
90. Destacó que la «resolución 2070 del 16 de septiembre de 2005, en artículo
14, señaló que el derecho al uso de frecuencias radioeléctricas daría lugar a sin
excepción alguna, a la liquidación, cobro, recaudo y pago de contraprestaciones
por concepto del permiso y su título habilitante, de conformidad con el Decreto
2925 de 2005, el Decreto 1972 de 2003 o Régimen Unificado de
Contraprestaciones, o las normas que los sustituyan, aclaren, modifiquen o
adicionen».
91. Expuso que el 4 de noviembre de 2005 y el 22 de diciembre de 2006, el
Ministerio de Comunicaciones otorgó varios permisos para la utilización de
frecuencias radioeléctricas sin exigir a los operadores la contraprestación inicial,
a diferencia de lo ocurrido con la actora, situación que, entre otras razones,
llevó a esta a una crítica situación económica, constituyéndose en un hecho que
alteró de manera extraordinaria la economía del «contrato».
92. Refirió, además, que se trataba de una medida imprevisible, puesto que lo
razonable era que la entidad demandada mantuviera la contraprestación para
los nuevos concesionarios con el fin de salvaguardar la ecuación financiera
entre los operadores que se encontraban en legítima competencia.
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93. Manifestó que si bien dentro de las facultades constitucionales y legales de
las que está investida la entidad demandada para garantizar la cobertura
efectiva del servicio público está la de fijar las nuevas condiciones económicas,
como ocurrió con los permisos otorgados, también es cierto que esas medidas
pueden ser imprevisibles, puesto que, de prever el otorgamiento de tales
permisos, como uno de los riesgos propios de la licencia, la actora difícilmente
la hubiera aceptado.
94. En esos términos, el a quo encontró reunidos los requisitos de la teoría del
hecho del príncipe, toda vez que, con posterioridad al otorgamiento de la
licencia a la sociedad demandante, el Ministerio de Comunicaciones expidió
unos actos administrativos de carácter general que permitieron que otros
operadores de banda ancha explotaran el espectro radioeléctrico sin el pago de
la contraprestación inicial al que aquella se vio obligada, situación que alteró
gravemente la ecuación financiera de la concesión.
95. Precisóque, en la medida en que la entidad concedente participó de la
expedición de los actos administrativos generadores del desequilibrio
económico, dando lugar a la configuración de la teoría del hecho del príncipe,
en stricto sensu, se impone declarar la nulidad del acto administrativo
demandado.
96. Advirtió que no se está cuestionando la legalidad de la Resolución número
2070 de 2005 y del Decreto 1972 de 2003, puesto que uno de los presupuestos
de la teoría del hecho del príncipe es que se trate de actuaciones legítimas de
la administración contratante y añadió que, tal y como lo afirmó la entidad
demandada, esos actos administrativos contienen medidas necesarias, que
evitaron mayores costos al usuario final. Sin embargo, adujo que esas medidas
legales y necesarias generaron un quebrantamiento en el principio de igualdad
frente a las cargas públicas que debe ser asumido por la entidad demandada
con el fin de restablecer el equilibrio quebrantado.
iii) De la indemnización de perjuicios
97. El Tribunal Administrativo anotó que, en lo atinente a la indemnización de
perjuicios por la configuración del hecho del príncipe, el Consejo de Estado ha
sostenido que la parte afectada negativamente con el hecho perturbatorio de la
ecuación contractual tendrá derecho al reconocimiento integral de los perjuicios,
toda vez que lo que se configura es una responsabilidad contractual sin falta,
que es imputable a un hecho de la propia autoridad contratante y que rompe el
equilibrio económico del contrato, por lo cual está obligada a reconocer tanto el
daño emergente como el lucro cesante resultado de ese desequilibrio por ella
ocasionado.
98. Bajoesa deducción, consideró que, en el caso concreto, como
indemnización de perjuicios, a título de daño emergente, se debe reconocer el
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valor pagado por la actora como contraprestación inicial, toda vez que esta,
junto con otras causas, generaron el desequilibrio alegado, pero descontando
de dicho guarismo el valor del tiempo por el cual la concesionaria pudo explotar
su licencia antes de la autorización de los nuevos operadores. Así, advirtió que
la licencia fue otorgada el 22 de junio de 2000 y que los primeros permisos se
otorgaron en noviembre de 2005, lo que significa que por más de cinco (5) años
la accionante explotó su licencia sin la presencia de los operadores de WiMAX.
99. En ese orden de ideas, observó que, teniendo en cuenta que el valor de la
contraprestación inicial por el otorgamiento del título habilitante fue de
$32.863.338.200, y dado que la concesión fue otorgada por 10 años, cada año
tenía un valor por contraprestación inicial de $3.286.333.820, de forma que
como fueron cinco (5) los años que quedaron de la concesión, el valor base
para determinar el reconocimiento del daño emergente sería de
$16.431.669.100.
100. Consideró que fueron tres las causas que impactaron negativamente en la
situación económica de la actora a saber: i) la caída de las acciones de
empresas tecnológicas, ii) la aparición de nuevas tecnologías, y iii) la
adjudicación de la banda de 3.5. GHz – WiMAX sin exigir contraprestación
inicial. Las dos primeras, insistió, no resultan exigibles a la entidad demandada -
como lo sostuvo en el estudio de la teoría de la imprevisión en el caso concreto-,
mientras que, en cambio, esta sí debe salir a restablecer el equilibrio contractual
por la tercera causa.
101. Aludió a que, para efectos de determinar cuál fue el impacto de cada una de
esas causas sobre la situación financiera de la actora, sería necesario que en
un incidente de liquidación de perjuicios, tal como lo dispone el artículo 172 del
Código Contencioso Administrativo, se estableciera el porcentaje de dicho
impacto con el fin de reconocer tan solo el grado o porcentaje que corresponda
a la adjudicación de la banda de 3.5 GHz - WiMAX sin la exigencia de
contraprestación, el cual debe aplicarse sobre la base de $16.431.669.100,
siendo el valor resultante de dicha operación el que se reconocerá como
indemnización por el daño emergente en estudio, debidamente actualizado.
102. Finalmente, adujo que no hay lugar a reconocer el lucro cesante deprecado,
toda vez que la actora tenía la posibilidad de renunciar a la explotación de la
licencia que le fue otorgada, lo cual no hizo a pesar de que la adjudicación de
nuevas licencias sin el cobro de la consabida contraprestación le generaba una
situación crítica, por lo que debe entenderse que asumió las consecuencias
negativas que de ello se derivaron, tales como la pérdida del perjuicio en
comento.
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III.- RECURSOS DE APELACIÓN
III.1.- La sociedad FLYCOM Comunicaciones S.A. E.S.P.
103. Mediante escrito oportunamente presentado12, el apoderado de la sociedad
FLYCOM Comunicaciones S.A. E.S.P., antes denominada FIRSTMARK
COMMUNICATIONS COLOMBIA S.A., solicitó que se modifique la sentencia de
primera instancia y que, en su lugar, se ordene a la Nación – Ministerio de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a restablecer la ecuación
económica de la concesión para la prestación de los servicios de
telecomunicaciones con la tecnología LMDS que le fue otorgada y que, como
consecuencia de dicha declaración, se le condene, en concreto, a pagar la
totalidad de los perjuicios causados por la configuración del hecho príncipe,
representados en el valor de $32.863.338.200 pagado por la licencia (daño
emergente) y la suma de $25.782.966.760 por concepto de la utilidad dejada de
percibir (lucro cesante), para un total de $58.646.304.960, con la debida
actualización y reconocimiento de intereses legales a la tasa del 6% anual, lo
cual sustentó de la siguiente forma:
i) El monto del daño emergente reconocido
104. El apoderado aseveró que el juez de primera instancia parte de una
premisa equivocada que consiste en entender que el valor de la licencia
otorgada a FIRSTMARK COMMUNICATIONS COLOMBIA S.A. se amortizó
anualmente, lo cual lo llevó a determinar que como esa sociedad prestó
servicios de telecomunicaciones con la tecnología LMDS durante cinco (5) años
sin la presencia de los operadores de WiMAX, durante ese período pudo
amortizar el equivalente al 50% del valor de la licencia y que sólo se afectó el
50% restante ($16.431.669.100).
105. Afirmó que si al momento de presentar oferta para la adquisición de la
licencia de LMDS (junio de 2000) la compañía hubiera advertido que cinco (5)
años más tarde se permitiría en el país la utilización de una tecnología para la
prestación de un servicio de telecomunicaciones equivalente a la tecnología
LMDS, como lo es WiMAX, se habría abstenido de pagar $32.863.338.200 por
la explotación de aquella.
106. Aseguró que, por consiguiente, el valor del daño emergente ocasionado a
FLYCOM S.A. E.S.P. como consecuencia de haber otorgado las licencias de
WiMAX –que prestan un servicio equivalente al que se presta con la tecnología
12 Folios 580 a 615 del cuaderno principal 1.
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LMDS– es de $32.863.338.200 y no el 50% de ese valor, como se sostiene en
la sentencia recurrida.
107. Insistió en que, además, en virtud de lo dispuesto en los Decretos 2925 de
2005 y 1928 de 2006, el Ministerio de Comunicacioneso torgó a los
concesionarios de banda ancha (WiMAX) descuentos de más de un noventa y
cinco por ciento (95%) en el pago de las contraprestaciones periódicas por el
uso del espectro radioeléctrico, lo que les significó reducir sus pagos anuales de
US$18.936.000 a US$1.896.000, beneficio que no obtuvo la sociedad
demandante.
108. Adujo que las condiciones de la licencia otorgada a FLYCOM fueron
sustancialmente distintas a las que tuvieron que cumplir los operadores de
WiMAX, no sólo por la contraprestación inicial que tuvo que asumir para la
obtención de la licencia, sino porque el valor de la contraprestación anual que
debió cancelar no tuvo los mismos privilegios que le fueron otorgados a los
operadores de WiMAX.
ii) Cuando se configura el hecho del príncipe la indemnización es
plena y, por tanto, debe reconocerse no solo el daño emergente
sino el lucro cesante
109. Sostuvo que la decisión de no reconocer la indemnización del lucro cesante
bajo el argumento de que FLYCOM S.A. E.S.P. tuvo la posibilidad de renunciar
a la explotación de la licencia que le fue otorgada desconoce la reiterada
doctrina y jurisprudencia, tanto nacional como extranjera, según la cual cuando
se presenta desequilibrio económico en una concesión con fundamento en el
hecho del príncipe se está en presencia de una responsabilidad sin falta que es
imputable a la entidad pública concedente y, por lo tanto, la indemnización de
perjuicios debe ser plena, es decir, incluye no solo el daño emergente sino el
lucro cesante.
110. Afirmó que el lucro cesante padecido por la demandante está representado
por la utilidad dejada de ganar como consecuencia de la afectación de su plan
de negocios, estimada en $25.782.966.760, considerando que tenía derecho a
explotar la licencia para la prestación de servicios de telecomunicaciones con la
tecnología LMDS durante todo el tiempo de su vigencia, es decir, diez (10)
años.
III.2.- El Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones.
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111. Porconducto de apoderado judicial, el Ministerio de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones interpuso recurso de apelación13, solicitando
que se revoque la sentencia de primera instancia y que, en su lugar, se
desestimen en su totalidad las pretensiones de la demanda, bajo los
argumentos que se sintetizan a continuación:
i) En relación con lo resuelto sobre los presupuestos procesales de
la acción
112. Señaló que el juzgador de primera instancia despachó desfavorablemente
la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda, pero al analizar los
presupuestos procesales de la acción reconoció que la concesión del servicio
no le fue otorgada a la actora mediante un contrato sino a través de licencia y
permiso para el uso del espectro radioeléctrico, es decir, a través de un acto
administrativo que contiene una decisión unilateral de la administración y que,
por ello, no es posible concluir que la acción procedente en el sub lite sea la
contractual.
113. Sostuvo que, así las cosas, el a quo debió declarar la ineptitud de la
demanda, pero no lo hizo a pesar de que en la parte considerativa apuntaba a
ello, de forma que hubo un quiebre entre la parte motiva o considerativa y la
parte resolutiva del fallo.
114. Añadió que no es comprensible cuáles son las razones para declarar la
nulidad del Oficio No. 88 de 31 de enero de 2007, ya que la sentencia no se
refirió ni están probadas las causales previstas en el articulo 84 del Código
Contencioso Administrativo.
ii) Cuestión de fondo
115. Elapoderado argumentó que en el acto administrativo que concede un
permiso para uso del espectro radioeléctrico no están plasmadas las
características propias de los contratos, tales como el principio de reciprocidad
de prestaciones, la estructuración previsiva y la asunción planeada y
proporcional de riesgos, por lo que, a su juicio, las premisas de la sentencia
planteadas sobre la existencia de un contrato contradicen las reglas del
derecho.
116. Sostuvo que el cálculo que hizo el Tribunal Administrativo sobre la base
para determinar el daño emergente no es acorde con la realidad, toda vez que
el valor inicial pagado por FIRSTMARK COMMUNICATIONS COLOMBIA S.A.
corresponde al otorgamiento del permiso para el uso del espectro radioeléctrico
y que, como tal, no constituye un contrato de concesión de los referidos en la
13
Folios 616 a 624 del cuaderno 1.
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Ley 80 de 1993, sino que se trata de una medida administrativa sobre gestión
del espectro y de una tecnología específica que permite su aprovechamiento en
aras del interés general, siendo el permiso independiente de la concesión para
la prestación de servicios.
117. Anotó que, adicionalmente, en el proceso no se determinó cuál fue el
mercado afectado, lo que, de hecho, no podía determinarse porque los
beneficiarios del permiso de WiMAX no entraron a operar.
118. En ese orden de ideas, aseguró que no se configuró la teoría del hecho del
príncipe o de la administración, por cuanto, en primer lugar, no hubo contrato
del cual se pueda predicar afectación por la actuación del Ministerio de
Comunicaciones; en segundo lugar, no está probado que los actos de la
administración hayan tenido incidencia directa o indirecta en la licencia del
operador demandante y, en tercer lugar, el perjuicio eventual no es
indemnizable, pues el perjuicio indemnizable debe ser cierto y concreto, no
eventual.
119. Asimismo, destacó que el artículo 2º del Decreto 868 de 1999 establece
que el título habilitante, además del permiso para el uso del espectro
radioeléctrico en las bandas definidas para ello, otorga la concesión para
prestar el servicio portador, el cual, de acuerdo con el Decreto Ley 1900 de
1990, puede ser prestado por varias tecnologías, entre estas los pares aislados
y circuitos dedicados, así como también con tecnología LMDS, de tal forma que
el servicio no es exclusivo para LMDS. De hecho, aseguró, para la época en
que se otorgó la licencia a la accionante existían más de 40 licenciatarios del
servicio portador que prestaban sus servicios a través de cables de fibra óptica,
pares aislados, microondas, LMDS, entre otros.
120. Por lo demás, el apoderado reiteró los argumentos de defensa planteados
en el escrito de contestación de la demanda.
IV.- TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
121. Los recursos de apelación fueron concedidos por el magistrado conductor
de la primera instancia mediante auto de 22 de junio de 2012.
122. Remitido y repartido el proceso entre los diferentes Despachos que integran
la Sección Tercera del Consejo de Estado, la magistrada Olga Mélida Valle de
la Hoz admitió los recursos de apelación a través de auto de 1 de agosto de
201214 y, mediante providencia del día 29 del mismo mes y año, corrió traslado
14 Folio 654 del cuaderno 2 del Consejo de Estado.
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a las partes por el término de diez (10) días para que presentaran alegatos de
conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto15.
123. En esta etapa del proceso, la entidad demandada, en esencia, reiteró los
argumentos esgrimidos en el escrito de apelación de la sentencia de primera
instancia16.
124. La demandante guardó silencio y, por su parte, la Agencia del Ministerio
Público no emitió concepto.
V.- LA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA PROFERIDA POR LA
SECCIÓN PRIMERA DEL CONSEJO DE ESTADO
125. Aldesatar los recursos de apelación interpuestos por las partes, esta
Sección decidió revocar la sentencia de primera instancia proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B y, en
su lugar, negar las pretensiones de la demanda. En sustento de la decisión, la
Sala efectuó el siguiente análisis:
[…] En criterio de la demandante, los nuevos desarrollos tecnológicos para
prestar servicios de acceso a internet de banda ancha, así como la crisis de
las empresas de internet y de la tecnología LMDS que no resultaban
razonablemente previsibles cuando se le adjudicó la licencia mediante la
Resolución 1389 de 2000, le ocasionaron pérdidas significativas que se
tradujeron en un grave desequilibrio de la ecuación financiera de la
concesión, por lo que el Ministerio de Comunicaciones debió proceder a
restablecer dicha ecuación para garantizar la continuidad en la prestación
del servicio a su cargo (teoría de la imprevisión).
Igualmente, el apoderado adujo que mediante la Resolución 2070 de 16 de
septiembre de 2005, expedida de conformidad con el Decreto 1972 de
2003, el Ministerio de Comunicaciones autorizó la adjudicación de tres (3)
permisos para la prestación de servicios de banda ancha (WiMAX) sin
exigir a sus destinatarios una contraprestación inicial, poniendo a FLYCOM
S.A. E.S.P. en una situación de desigualdad económica, ya que para
obtener la licencia para la prestación del servicio de telecomunicaciones
con la tecnología LMDS esta se vio obligada a pagar una contraprestación
inicial $32.863.338.200, mientras que los nuevos operadores obtuvieron
una ventaja competitiva, toda vez que sus precios no tendrían que
incorporar la recuperación de la contraprestación inicial, lo cual transgrede
los mandatos del artículo 13 del Decreto Ley 1900 de 1990 y del artículo 31
del Decreto 1972 de 2003.
Manifestó, además, que en virtud de los Decretos 2925 de 2005 y 1928 de
2006, expedidos por el Presidente de la República y el Ministro de
Comunicaciones, los nuevos operadores obtuvieron descuentos de más de
un 95% en el pago de las contraprestaciones periódicas por el uso del
15 Folio 661 del cuaderno 2 del Consejo de Estado.
16 Folios 662 a 666 del cuaderno 2 del Consejo de Estado.
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espectro radioeléctrico, beneficio que no obtuvo en su momento
FIRSTMARK COMMUNICATIONS COLOMBIA S. A., lo que demuestra el
trato desigualdad que le ha dado el Ministerio de Comunicaciones, y que
conllevó a la agravación de su situación económica.
Así, la parte accionante sostiene que, con ocasión de la expedición de los
aludidos actos administrativos de carácter general, se modificaron las
condiciones de mercado que fueron tenidas en consideración para la
elaboración del plan de negocios de la concesión que le fue adjudicada y
se le impidió recuperar la suma de dinero que pagó para obtener la licencia,
de manera que se alteró de forma grave la ecuación financiera de la
concesión, configurándose la llamada teoría del hecho del príncipe, que, a
su juicio, según lo expuso en el recurso de alzada, da lugar a una
indemnización plena, que incluye tanto el lucro cesante como el daño
emergente, este último correspondiente a la totalidad del pago exigido por
concepto de contraprestación inicial para el otorgamiento de la licencia y no
al 50% del mismo, como lo estimó el a quo.
De conformidad con lo anterior, esta Sala debe establecer: a) si a través del
título habilitante conferido por el Ministerio de Comunicaciones mediante la
Resolución 1384 de 22 de junio de 2000 se otorgó una concesión para el
uso exclusivo del espectro electromagnético o si lo otorgado para ese
efecto corresponde a un permiso, y b) si a la demandante, como titular del
título habilitante, le asiste el derecho a recuperar lo que pagó por concepto
de contraprestación inicial.
(i) Alcance del título habilitante otorgado mediante la Resolución 1384
de 2000
[…]
De lo expuesto hasta ahora, esta Sala advierte que la actuación
administrativa que culminó con la Resolución 1384 de 22 de junio 2000
tuvo como finalidad la asignación de unos canales del espectro
radioeléctrico, específicamente de unas bandas de frecuencia para el
establecimiento de redes radioeléctricas de distribución punto multipunto de
banda ancha con tecnología LDMS/LMCS, cuyo uso requería del
otorgamiento de un permiso. Así, en el ámbito nacional, se dispuso otorgar
dos (2) permisos: uno (1) para los canales radioeléctricos 1 y 4, que le
fueron asignados a la sociedad FIRSTMARK COMMUNICATIONS
COLOMBIA S. A. – F. M. C. COLOMBIA S. A., actualmente denominada
INTERDEXA (sic) S.A. E.S.P., que funge como demandante en el sub lite, y
uno (1) para los canales radioeléctricos 2 y 5.
[…]
De conformidad con todo lo anterior, no es cierto, como lo alega la
accionante, que el permiso que le fue otorgado a través de la Resolución
1384 de 22 de junio de 2000 para usar el espectro radioeléctrico es en
realidad una concesión, pues el instrumento dispuesto por el ordenamiento
jurídico para la atribución de frecuencias radioeléctricas es precisamente el
permiso.
[…]
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Corolario de lo anterior, podemos afirmar que, en lo atinente al alcance del
título habilitante, la Resolución 1384 de 2000 se ajustó a las normas que
regulan la materia, de manera que para el uso del espectro radioeléctrico
se le otorgó a la sociedad actora un permiso propiamente tal y no una
concesión, como la que sí le fue conferida para la prestación del servicio de
telecomunicaciones.
[…]
Del contenido de las normas transcritas, regulatorias de la actuación
administrativa dentro de la cual se otorgó a la actora el título habilitante, se
establece que el valor de la contraprestación inicial pagado por
FIRSTMARK COMMUNICATIONS COLOMBIA S.A. F.M.C. COLOMBIA
S.A, el cual ofertó en sobre cerrado, incluyó el equivalente a tres (3)
salarios mínimos legales mensuales vigentes por la autorización para la
modificación, ensanche, renovación, ampliación o expansión de las redes
de telecomunicaciones del Estado autorizadas y tres (3) salarios
mínimos legales mensuales vigentes por concepto de la autorización
relativa a la modificación, ensanche, renovación, ampliación o expansión de
los servicios de telecomunicaciones concedidos, de manera que la suma
restante, y que lógicamente resulta ser la más representativa, corresponde
a la contraprestación por el permiso para usar el espectro radioeléctrico.
Así, se infiere que la suma de $32.863.338.200 pagada por FIRSTMARK
COMMUNICATIONS COLOMBIA S. A. - F.M.C. COLOMBIA S. A. no
incluyó contraprestación por concepto de la concesión que se le
otorgó para la prestación del servicio de telecomunicaciones en modalidad
de portador, cuyas prestaciones están reguladas en el capítulo 1 del
Decreto 2041 de 199817.
Es pertinente anotar que en el expediente no reposa copia de los términos
de referencia expedidos en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2º
de la Resolución 244 de 2000, precepto según el cual «[e]l trámite para el
otorgamiento de los títulos habilitantes a que se refiere la presente
resolución será el establecido en el Decreto 01 de 1984, en el Decreto 868
de 1999 y en los términos de referencia que se expidan para tal fin».
Ahora bien, el artículo 9º del Decreto 2041 de 1998 —vigente para la fecha
en que se otorgó el título habilitante en cuestión, y que fue derogado en su
integridad por el Decreto 1972 de 2013, cuya violación, en sus artículos 8º,
9º y 31, alegó la parte actora— señala que «[l]os operadores de servicios
de telecomunicaciones tienen derecho a que se mantenga inalterada la
ecuación económica de la concesión, siempre y cuando cumplan
17
Capítulo 1
Concesiones para la prestación de servicios de telecomunicaciones
Artículo 16°. Criterios para la determinación de las contraprestaciones por la concesión. Las contraprestaciones
por concepto de la concesión para la prestación de servicios de telecomunicaciones se establecen en función de un
porcentaje sobre los ingresos fijados con arreglo a la clase o naturaleza del servicio de telecomunicaciones, concedido,
salvo a los servicios especiales y de ayuda según determinación que haga el Ministerio de Comunicaciones.
El Ministerio de Comunicaciones, para determinados servicios de telecomunicaciones que no se encuentren
operando a la fecha de expedición del presente decreto, podrá establecer que la contraprestación por concepto de
la concesión involucre de más un pago inicial, según las reglas fijadas en cada caso para el efecto en el
presente Decreto (negritas de la Sala).
[…].
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oportunamente con el deber de cancelar las contraprestaciones a que
estén obligados en las condiciones, términos y cuantías aplicables. En todo
caso, los operadores deberán suministrar la información veraz y fidedigna
que se requiera o se exija para el efecto» (se destaca).
De su lectura se puede establecer, sin mayores elucubraciones, que el
precepto se refiere al equilibro de la concesión para la prestación de
servicios de comunicaciones y no al permiso para el uso del espectro
radioeléctrico, ni a la autorización para el establecimiento, explotación y
uso de redes requeridas para los servicios de telecomunicaciones.
En ese orden de ideas, se reitera, el juez de instancia no tuvo en cuenta
que en relación con el espectro electromagnético la actora no tenía
una concesión sino un permiso, análisis que resultaba necesario
teniendo en cuenta el alcance del título habilitante que le fue otorgado.
Tal imprecisión llevó al a quo a aplicar la teoría del equilibrio contractual y a
ordenar el reconocimiento del valor pagado por la accionante como
contraprestación inicial, pese a que, valga insistir, la suma que por ese
concepto pagó FIRSTMARK COMMUNICATIONS COLOMBIA S. A. -
F.M.C. COLOMBIA S. A. ($32.863.338.200) no corresponde a la concesión
otorgada para la prestación del servicio de telecomunicaciones en
modalidad de portador, por lo que no resultaba aplicable el artículo 9º del
Decreto 2041 de 1998.
Cabe anotar, además, que la sociedad demandante no alegó ni demostró la
existencia de disposición alguna que le otorgue el derecho a recuperar la
contraprestación por el permiso para usar el espectro radioeléctrico, la cual
tiene como fin lograr para el Estado una retribución justa, objetiva y
permanente, así como propender por el aprovechamiento racional y
eficiente del espectro (artículo 32 del Decreto 2041 de 1998). Tal atribución,
en todo caso, no se colige de las normas que regularon la actuación
administrativa en virtud de la cual le fue conferido a la actora el título
habilitante, y que fueron analizadas en esta providencia.
A todo lo dicho se suma que analizadas las pruebas allegadas al proceso la
Sala no encuentra demostrado que la situación económica de la accionante
se haya visto gravemente alterada con la expedición de las Resoluciones
2064 y 2070 de 2005, mediante las cuales el entonces Ministerio de las
Comunicaciones dispuso atribuir y planificar unas bandas de frecuencias
del espectro radioeléctrico para la prestación de los servicios de
telecomunicaciones que utilicen sistemas de distribución punto a punto y
punto multipunto para acceso de banda ancha inalámbrica, y adoptar
medidas tendientes a establecer el correcto y racional uso del espectro
radioeléctrico, respectivamente, así como de los Decretos 2925 de 2005 y
1928 de 2006, relativos a la contraprestación por los permisos para el uso
del espectro radioeléctrico.
Al respecto, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones aseguró que los beneficiarios del permiso de WiMax no
entraron a operar y que, en ese sentido, no se puede considerar que la
actora haya sufrido una afectación por la sola expedición de las normas
aludidas.
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Radicación: 25000232600020070030701
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La Sala observa que, en informe rendido en el mes de marzo del año 2009,
el ingeniero Mauro Flórez Calderón, experto en telecomunicaciones
designado como perito dentro del proceso,18 resolvió interrogante que la
demandante formuló en relación con el impacto que ha tenido el desarrollo
de la tecnología WiMax, ADSL y cable modem frente a los operadores de
LMDS, aduciendo lo siguiente:
[…]
Se resalta del informe que el perito manifestó que en su experticia no
determinó que el otorgamiento o la sola entrega de permisos para uso del
espectro para la tecnología WiMax hubiera afectado a la sociedad
demandante.
Por las razones esgrimidas, la Sala considera que el Oficio No. 88 de 2000,
mediante el cual el Ministerio de Comunicaciones, actualmente Ministerio
de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, resolvió de
forma desfavorable la petición contenida en los escritos con radicados
125708 de 25 de agosto y 135182 de 17 de noviembre de 2006,19 no
vulneró las normas superiores invocadas como violadas en la demanda, de
manera que la sociedad Flycom Comunicaciones S.A. E.S.P., absorbida
por INTERNEXA S.A. E.S.P., no logró desvirtuar su legalidad.
En consecuencia, se revocará la sentencia de primera instancia proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección B para, en su lugar, negar las pretensiones de la demanda,
como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
[…]
VI.- LA ACCIÓN DE TUTELA INTERPUESTA POR INTERNEXA S.A. E.S.P.
126. La demandante, INTERNEXA S.A. E.S.P., instauró acción de tutela contra
la decisión de segunda instancia adoptada por esta Sala, argumentando que,
en su criterio, le fueron vulnerados sus derechos fundamentales al debido
proceso y al acceso de la administración de justicia, al configurarse: i) un
defecto procedimental por falta de aplicación del artículo 33 de la Decisión 472
de la Comunidad Andina, que obligaba a acudir a la interpretación prejudicial
ante ese órgano; ii) un defecto sustantivo por desconocimiento de la normativa
de la Comunidad Andina sobre protección a la libre competencia y la
interpretación que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha hecho
sobre la materia; iii) un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente
de la Corte Constitucional fijado en las sentencias C-097 de 2006 y C-043 de
2010, y iv) un defecto sustantivo por la errada interpretación de los artículos 7º y
8º de la Ley 72 de 1989, y 2º y 16 del Decreto 868 de 1999.
18
Folios 2 a 83 del cuaderno No. 8.
19
Folios 970 a 1011, folios 1013 y 1014 del cuaderno de pruebas No. 2
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Radicación: 25000232600020070030701
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127. A la acción de tutela se le asignó el radicado núm. 11001-03-15-000-2021-
02376-00 y su conocimiento le correspondió en primera instancia a la Sección
Quinta del Consejo de Estado, la cual, en sentencia de 1º de julio de 2021,
declaró su improcedencia bajo el argumento de que ninguno de los cargos
cumple con el requisito de subsidiariedad.
128. En ese sentido, la Sección Quinta advirtió que no se configuró un defecto
procedimental o un defecto sustantivo con respecto a la supuesta omisión de
consulta y al presunto desconocimiento de las normas de la Comunidad Andina,
toda vez que ninguno de los extremos del litigio solicitó su aplicación y, destacó,
«al haberse limitado el fundamento de la demanda en el desconocimiento de las
disposiciones internas y, al ejercer el juez de lo contencioso administrativo una
jurisdicción rogada, le correspondía a la interesada alegar lo que, a su juicio, en
el sub examine le aplicaba para que fuera dicho operador judicial el que
analizara la presunta vulneración de sus derechos por parte de la
administración y se pronunciara al respecto».
129. Asimismo, el fallador de primera instancia sostuvo que respecto de los
demás yerros sustantivos tampoco se encontraba cumplido el requisito de
subsidiariedad, conclusión a la que llegó al observar que la accionante contaba
con otro mecanismo de defensa judicial –el recurso de reposición– contra la
providencia de 7 de noviembre de 2019 por la cual la Sección Tercera del
Consejo de Estado decidió remitir el expediente a la Sección Primera por
considerar que no se trataba de un asunto contractual; premisa en la que se
basaron los argumentos de tutela tendientes a demostrar los defectos
sustantivos por desconocimiento del precedente constitucional y por
interpretación errada de las normas invocadas como violadas en la demanda.
130.La Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado conoció de la
segunda instancia de la acción de tutela, profiriendo fallo de 30 de agosto de
2021, mediante el cual expuso lo siguiente:
10.- La Sala revocará la sentencia de primera instancia y accederá
parcialmente a las pretensiones de la acción de tutela, por cuanto
considera que la Sección Primera del Consejo de Estado debió aplicar las
normas de la Comunidad Andina para resolver el caso en cuestión y, por
consiguiente, debió solicitar ante el TJCA la interpretación prejudicial de
dichas normas. Al omitir este deber de consulta, la autoridad judicial
accionada vulneró el derecho al debido proceso de la sociedad Internexa
S.A. E.S.P., por lo que resulta necesaria la intervención del juez
constitucional.
11.- […] [E]n cuanto a la subsidiariedad, esta Sala no comparte la
improcedencia por este requisito declarada por la primera instancia porque
como se explicará más adelante, la aplicación de las nomas de la
Comunidad Andina es de obligatoria aplicación por parte del juez interno, y
no cabe el análisis rogado que refiere la primera instancia.
[…]
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12.1.- Si bien el a quo consideró que los defectos sustantivos por
desconocimiento del precedente constitucional e interpretación errada de
las normas aplicables estaban encaminados a probar que la relación entre
las partes era de índole contractual, la actora aclaró que estos yerros se
esbozaron <<para demostrarle al juez del amparo que la materia objeto de
discusión se encuentra regulada en la normatividad de la comunidad
andina y que, por tanto, (…) era exigible la solicitud de interpretación
prejudicial.>> Siendo así, la Sala corrobora que todos los defectos
radican en la falta de aplicación y observancia del ordenamiento
jurídico andino, y en esa medida se descarta la improcedencia que sobre
este asunto declaró la primera instancia.
13.- Así las cosas, la Sala encuentra que al juez de lo contencioso
administrativo le correspondía aplicar tanto las normas como la
jurisprudencia de la Comunidad Andina para resolver el caso y, por
consiguiente, sí estaba bajo la obligación de solicitar la interpretación
prejudicial ante el TJCA, como pasa a explicarse:
13.1- La Corte Constitucional ha señalado que para que proceda la
interpretación prejudicial es necesario verificar el cumplimiento de dos (2)
condiciones diferentes. Primero, es preciso examinar si caben o no
recursos ordinarios en el derecho interno; por lo tanto, la viabilidad de la
interpretación prejudicial se circunscribe a (i) los procesos de única
instancia y (ii) las actuaciones en las cuales los jueces o tribunales
nacionales actúan como órgano de cierre de la controversia. Segundo,
resulta necesario corroborar si en el proceso judicial se debió aplicar o se
controvirtió al menos una de las normas que conforman el ordenamiento
jurídico andino
[…].
14.- Descendiendo al caso concreto, la Sala encuentra que se cumplen
ambas condiciones. Por una parte, la Sección Primera del Consejo de
Estado fungió como órgano de cierre de la controversia, pues contra la
sentencia que profirió el 24 de septiembre de 2020 no proceden recursos
ordinarios. Por otra parte, si bien a lo largo del proceso no se
controvirtió la aplicabilidad del ordenamiento jurídico de la
Comunidad Andina, la Sala estima que el juez de conocimiento debió
tener en cuenta las normas comunitarias porque (i) resultan
directamente aplicables al caso y (ii) son necesarias a la hora de
establecer el alcance del título habilitante. A continuación, se explica por
qué.
14.1.- En primer lugar, el literal a) del numeral 1° del artículo 4° de la
Decisión 462 de la Comunidad Andina dispone que <<todas las
medidas de los Países Miembros que afecten el acceso a las redes y
servicios públicos de transporte de telecomunicaciones y a la
utilización de los mismos por personas de los países Miembros>> se
encuentran dentro de su ámbito de aplicación. Por consiguiente, la
Resolución No. 1384 del 22 de junio del 2000, por medio de la cual el
Ministerio de Comunicaciones otorgó a Internexa S.A. E.S.P. (i) el uso
y la explotación del espectro radioeléctrico, (ii) el establecimiento de
la red radioeléctrica y (iii) la concesión para prestar el servicio de
portador, debe regirse por las disposiciones de dicha decisión. En
este sentido, es claro que el oficio que fue enjuiciado en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho –y mediante el cual el
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Radicación: 25000232600020070030701
Demandante: INTERNEXA S.A. E.S.P.
Demandado: Nación - Ministerio TIC
ministerio se negó a restablecer la ecuación económica de la
concesión–, también debe encontrarse en concordancia y valorarse
conforme a las disposiciones de la Decisión 462.
14.1.1.- Cabe agregar que la aplicación de dichas disposiciones no es
opcional o facultativa para las autoridades nacionales, sino directa,
inmediata y, por sobre todo, prevalente. En términos de la Corte
Constitucional: <<las normas del derecho comunitario se incorporan a
nuestro ordenamiento jurídico de forma directa, con el mismo rigor y valor
que las leyes, pero dotadas de preeminencia y de aplicación
preferencial.>>
14.2.- En segundo lugar, la Sección Primera del Consejo de Estado expuso
–en la providencia que se ataca por vía de tutela– que el título habilitante
que el Ministerio de Comunicaciones otorgó a la empresa accionante para
usar el espectro radioeléctrico no corresponde a un contrato de concesión,
sino a un permiso para el establecimiento, explotación y uso de las redes
requeridas para los servicios de telecomunicaciones. Por lo tanto, el
equilibro económico que se predica del artículo 9° del Decreto 2041 de
1998 no resulta aplicable. En los términos de la sentencia de segunda
instancia:
[…].
14.2.1.- La Sala encuentra que la interpretación anterior desconoce las
normas comunitarias que reglamentan el comercio de los servicios de
telecomunicaciones, por cuanto dichas normas no distinguen entre
las distintas formas de otorgar un título habilitante (concesión,
permiso, etc.) para efectos de impedir la ocurrencia de situaciones
desiguales para ciertos competidores. De hecho, la Decisión 462 de la
Comunidad Andina, por medio de la cual se fomenta la liberalización del
comercio de los servicios públicos de telecomunicaciones, apunta a que sin
importar la figura jurídica que se utilice para otorgar un título habilitante, los
actores del mercado de las telecomunicaciones están protegidos por las
disposiciones que garantizan la libre competencia y el equilibrio económico.
14.2.2.- En efecto, la Decisión 462 define título habilitante como un <<acto
administrativo por medio del cual la Autoridad Nacional Competente de un
País Miembro faculta a un proveedor para el suministro de servicios de
telecomunicaciones o para la instalación y operación de redes.>> Por lo
tanto, si el artículo 4° de la Decisión 258 determina que los gobiernos
no pueden generar <<condiciones desiguales para prestaciones
equivalentes que coloquen a unos competidores en situación
desventajosa frente a otros>>, se debe entender que aplica a
concesiones, permisos, autorizaciones y a cualquier otra forma de
título habilitante.
14.3.- En este orden de ideas, la Sala considera que se cumple la segunda
condición para que sea exigible la interpretación prejudicial, pues según lo
expuesto resulta tanto obligatorio como necesario aplicar las normas de la
Comunidad Andina para determinar si se configuró un desequilibrio
económico que la empresa accionante no tiene la obligación jurídica de
soportar. Así, la Sala concluye que la Sección Primera del Consejo de
Estado incurrió en (i) un defecto sustantivo por falta de aplicación de las
normas comunitarias y en (ii) un defecto procedimental por omisión de la
interpretación prejudicial del TJCA.
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Radicación: 25000232600020070030701
Demandante: INTERNEXA S.A. E.S.P.
Demandado: Nación - Ministerio TIC
15.- En tanto que el agotamiento de la interpretación prejudicial es un
requisito sin el cual el juez nacional no puede proferir sentencia, su
inobservancia se traduce en un yerro que afecta la decisión judicial.
16.- Respecto al cargo sobre la ausencia de carácter contractual del asunto
porque el acto demandado constituye una manifestación de la voluntad, lo
que para la accionante constituye un desconocimiento de la jurisprudencia
de la Corte Constitucional que ha dicho lo contrario, para esta Sala resulta
importante resaltar que cuando se otorga una licencia es posible que se
cree por esa vía una relación similar a la que surge en un contrato en el
cual el adjudicatario de la licencia o concesionario tiene derecho a que se
restablezca el equilibrio financiero si éste se ha roto por circunstancias
posteriores que son imprevisibles. En otros términos, el titular de un título
habilitante que ha pagado por prestar un servicio técnico tiene derecho, al
igual que quien ha suscrito un contrato con el Estado, a que se restablezca
el equilibrio económico del contrato si hay lugar a ello, pues no existe
ninguna diferencia sustancial entre los derechos del contratista y quien
detenta de otra forma el título habilitante: los dos han pagado una
contraprestación que puede resultar afectada. La remisión a la Sección
Primera no implica la inaplicación de esas normas legales de derecho
sustancial (negritas de la Sala).
131. Con sustento en las anteriores consideraciones, la Sección Tercera,
Subsección B, del Consejo de Estado, decidió lo siguiente:
PRIMERO: REVÓCASE la sentencia de primera instancia que declaró la
improcedencia de la tutela por subsidiariedad, y en su lugar, AMPÁRASE
el derecho fundamental al debido proceso de la sociedad Internexa S.A.
E.S.P. por las razones expuestas en la parte motiva de la presente
providencia.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, DÉJASE sin efectos la
sentencia proferida el 24 de septiembre de 2020 por la Sección Primera del
Consejo de Estado, para que proceda a SOLICITAR la interpretación
prejudicial obligatoria al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, para
que se pronuncie sobre el alcance de las normas comunitarias que aplican
al caso y, posteriormente, DICTAR un nuevo fallo de segunda instancia en
el cual tenga en cuenta el concepto que emita el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina y la normativa comunitaria pertinente, y la aplicación de
las normas sustanciales sobre el equilibrio económico del contrato […].
VII.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL
132. El magistrado a cargo de la sustanciación del proceso solicitó al Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina la interpretación de normas comunitarias 20, en
los siguientes términos:
La Sección Tercera, Subsección B, del Consejo de Estado, mediante
sentencia de 30 de agosto de 2021, profirió fallo de tutela de segunda
instancia21, a través del cual decidió amparar el derecho fundamental al
debido proceso de la sociedad Interdexa (sic) S.A. y, en consecuencia,
20
Índice 54 del expediente digital.
21
Radicación: 11001-03-15-000-2021-02376-01
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Radicación: 25000232600020070030701
Demandante: INTERNEXA S.A. E.S.P.
Demandado: Nación - Ministerio TIC
dispuso dejar sin efectos la sentencia proferida el 24 de septiembre de 2020
por la Sección Primera del Consejo de Estado en el proceso ordinario de la
referencia, ordenando que se procediera a solicitar al Tribunal de Justicia
de la Comunidad Andina que emitiera interpretación prejudicial respecto del
alcance de las normas comunitarias aplicables a la controversia.
En cumplimiento de lo ordenado por el juez constitucional, y dada mi
condición de Magistrado a cargo de la sustanciación del proceso ordinario,
me permito solicitar la referida interpretación prejudicial, dado cumplimiento a
los requisitos que se exigen para la formulación de consulta sobre el
alcance de normas que conforman el ordenamiento jurídico de la
Comunidad Andina; para lo cual expreso lo siguiente:
1.- El nombre o instancia del Juez o Tribunal que hace la solicitud: lo es el
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Primera, proceso de segunda instancia número 25000 23 26 000 2007
00307 01.
2.- Las normas del ordenamiento jurídico comunitario cuya interpretación se
solicita son las que se relacionan a continuación22:
(i) Artículo 4º, literal d) de la Decisión 285 de 1991;
(ii) Artículo 18 de la Decisión 439 de 1998;
(iii) Artículo 1º literales a) y d), artículo 2º.- definiciones: título
habilitante, y artículo 4º numeral 1º literal a) de la Decisión 462 de
1999, y
(iv) Artículo 7º de la Decisión 608 de 2005
3.- La demanda
Hechos
Los hechos más relevantes referidos por la apoderada de la parte actora en
la demanda son los siguientes:
[…]
Normas violadas y concepto de violación
[…]
4.- Contestación de la demanda
[…]
5.- Sentencia de primera instancia (del proceso ordinario)
[…]
6. La sentencia de segunda instancia (del proceso ordinario)
[…]
22
Corresponden a las normas relacionadas en el escrito de tutela y en el fallo de segunda instancia que la resolvió.
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Radicación: 25000232600020070030701
Demandante: INTERNEXA S.A. E.S.P.
Demandado: Nación - Ministerio TIC
Tal y como se advierte de las anteriores reproducciones de apartes de las
sentencias de primera y segunda instancia, en las cuales, a su vez, se
alude a los aspectos más relevantes de la demanda, su contestación y
otras intervenciones de las partes, en el proceso ordinario ninguno de los
sujetos procesales solicitó la interpretación prejudicial de normas
comunitarias.
Asimismo, nótese que la Sección Tercera, Subsección B, del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, al momento de proferir la sentencia de
primera instancia, no consideró que se habían vulnerado normas
comunitarias, y la parte actora no hizó ningún reproche en tal sentido
cuando interpuso el recurso de apelación frente a la citada decisión, como
tampoco lo hizo.
Más aún, en el auto que corrió traslado para presentar alegatos de
conclusión, la demandante tampoco solcitó que se surtiera el trámite
asociado a la consecución de la interpretación prejudicial de normas
comunitarias.
A todo lo anterior se suma el hecho consistente en que la Sección Primera
del Consejo de Estado, al momento de proferir el fallo de segunda
instancia, no consideró necesario que se confrontara el acto administrativo
acusado con normas cuyo alcance debiera ser fijado por el Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina.
Es de anotar que esta Sección del Consejo de Estado ha precisado que
cuando las partes del proceso no invoquen la vulneración de normas de la
Comunidad Andina, ni se advierta la necesidad de interpretar disposiciones
de ese ordenamiento jurídico para resolver el asunto concreto, no hay lugar
a solicitar interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina. Así, en en sentencia de 26 de febrero de 200423, esta Sección
señaló:
[…] Sea lo primero advertir que en el caso sub examine no se solicitó
la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina, ya que la demanda ni la contestación de la misma guardan
relación con la violación de normas comunitarias cuyo alcance se
requiera precisar.
Más recientemente, en sentencia de 6 de agosto de 2020, la Sección
reiteró que: «no se solicitó la interpretación prejudicial al Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina, teniendo en cuenta que en la demanda
no fueron invocadas como violadas normas comunitarias, así como
tampoco se precisa la interpretación de alguna de sus disposiciones para
resolver el asunto24, postura prohijada, una vez más, en sentencia de 24 de
septiembre de 202025.
23
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de sentencia de 26 de febrero
de 2004. Radicación 2001-00314-01(7498). M.P.: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 5 de agosto de 2020.
Radicación: 11001 03 24 000 2010 00503 00. Actor: Earthrenew Ip Holdings LLC..
25
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 24 de septiembre de 2020.
Radicación: 11001-03-24-000-2008-00453-00. Actor: Universidad Nacional Autónoma de México. M.P. Nubia Margoth
Peña Garzón.
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Radicación: 25000232600020070030701
Demandante: INTERNEXA S.A. E.S.P.
Demandado: Nación - Ministerio TIC
7. Sentencia de tutela de primera instancia
7.1. La Sección Quinta del Consejo de Estado profirió sentencia de primero
de julio de 2021, por la cual resolvió, en primera instancia la acción de
tutela instaurada por la sociedad Interdexa (sic) S.A. E.S.P. contra la
sentencia de 24 de septiembre de 2020 que puso fin a la controversia,
acción sustentada en que la providencia incurrió en defecto procedimental,
consistente en que previo a decidir asuntos como el que es objeto de
debate, el juez ordinario debe solicitar un concepto al Tribunal Judicial de la
Comunidad Andina; y en defecto el sustantivo, por el desconocimiento del
marco jurídico de la referida comunidad.
[…]
7.2. En la providencia, la Sala Quinta declaró la improcedencia de la
acción, argumentando lo siguiente en relación con los referidos cargos:
[…]
8. Sentencia de tutela de segunda instancia
En la sentencia de tutela de 30 de agosto de 2021, que dio origen a la
presente solicitud, la Subsección B, de la Sección Tercera, del Consejo de
Estado dispuso lo siguiente en relación con la obligatoriedad de acudir a la
interpretación prejudicial:
[…]
«[S]i bien a lo largo del proceso no se controvirtió la aplicabilidad del
ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, la Sala estima que el juez
de conocimiento debió tener en cuenta las normas comunitarias
porque (i) resultan directamente aplicables al caso y (ii) son
necesarias a la hora de establecer el alcance del título habilitante.
[…]
133. En respuesta a la solicitud del magistrado a cargo de la sustanciación del
proceso, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina expidió la
interpretación prejudicial 255-IP-2021 de 15 de diciembre de 202226, en la que
expuso lo siguiente:
[…]
VISTO:
El Oficio Nº 1895 del 24 de septiembre de 2021, recibido vía correo
electrónico el día 27 del mismo mes y año, mediante el cual la Sección
Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado
de la República de Colombia solicitó al Tribunal de Justicia de la
26
Índice 65 del expediente digital.
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Radicación: 25000232600020070030701
Demandante: INTERNEXA S.A. E.S.P.
Demandado: Nación - Ministerio TIC
Comunidad Andina (en adelante, el Tribunal o el TJCA) la interpretación
prejudicial del Literal d) del Artículo 4 de la Decisión 285 de la Comisión
del Acuerdo de Cartagena (en adelante, la Decisión 285); del Artículo 18 de
la Decisión 439 de la Comisión de la Comunidad Andina (en adelante, la
Decisión 439); de los Artículos 1 (Literales a y d), 2, y 4 (Literal a del
Numeral 1) de la Decisión 462 de la Comisión de la Comunidad Andina (en
adelante, la Decisión 462); y del Artículo 7 de la Decisión 608 de la
Comisión de la Comunidad Andina (en adelante, la Decisión 608), a fin de
resolver el proceso interno Nº 25000 23 2600020070030701; y,
EI Auto del 7 de octubre de 2022, mediante el cual este Tribunal admitió a
trámite la presente interpretación prejudicial.
A. ANTECEDENTES
Partes en el proceso interno
Demandante: INTERNEXA S. A. E. S. P. (previamente FLYCOM
COMUNICACIONES S. A. E. S.)
Demandado: Ministerio de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones
B. ASUNTO CONTROVERTIDO
De la revisión de los documentos remitidos por la autoridad consultante,
este Tribunal considera que, de todos los temas controvertidos en el
proceso interno, el que resulta pertinente para la presente interpretación
prejudicial, por estar vinculado con la normativa andina, es el siguiente:
Determinar la naturaleza jurídica de la habilitación administrativa que
traduce la licencia contenida en la Resolución 001384 del 22 de junio del
año 2000 y, a partir de eso, establecer si califica como un acto
administrativo o como un contrato administrativo. Si la licencia constituye
un acto administrativo, no se le aplicaría una cláusula de equilibrio
económico-financiero. Si, por el contrario, tuviese la cobertura de un
contrato administrativo, sí se le podría aplicar una cláusula de equilibrio
económico-financiero.
C. NORMAS CUYA INTERPRETACIÓN SE SOLICITA
La autoridad consultante solicitó la interpretación prejudicial de los Artículos
4 (Literal d) de la Decisión 285, 18 de la Decisión 439, 1 (Literales a y d) 2,
y 4 (Literal a del Numeral 1) de la Decisión 462 y 7 de la Decisión 608.
No procede realizar la interpretación del Artículo 4 (Literal d) de la
Decisión 285 ni del Artículo 7 de la Decisión 608 por cuanto no está en
discusión la existencia de una práctica anticompetitiva transfronteriza.
Tampoco procede realizar la interpretación del Artículo 18 de la
Decisión 439 por cuanto no se evidencia una afectación trasfronteriza al
comercio intrasubregional de servicios en los términos descritos en los
Artículos 1 y 2 de la referida Decisión.
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Radicación: 25000232600020070030701
Demandante: INTERNEXA S.A. E.S.P.
Demandado: Nación - Ministerio TIC
Asimismo, no procede realizar la interpretación de los Artículos 1
(Literales a y d) y 4 (Literal a del Numeral 1) de la Decisión 462 debido a
que no se ha controvertido la aplicación o no del derecho comunitario sobre
las medidas que afectan la utilización o el acceso a las redes y servicios
públicos de transporte de telecomunicaciones, así como tampoco se
discute el proceso de liberalización progresivo del comercio de los servicios
de telecomunicaciones en la Comunidad Andina.
Sí se interpretará la definición de «Título Habilitante» previsto en el Artículo
2 de la Decisión 462 pero a la luz del principio de complemento
indispensable.
D. TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN
1. El principio de complemento indispensable del Derecho Comunitario
Andino
E. ANÁLISIS DEL TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN
1. El principio de complemento indispensable del Derecho
Comunitario Andino
1.1. Los Países Miembros no pueden expedir normas sobre asuntos
regulados por las normas comunitarias, salvo que sean necesarias para su
correcta ejecución y, en consecuencia, no pueden, con el pretexto de
reglamentar normas comunitarias, establecer nuevos derechos u
obligaciones o modificar los ya existentes y previstos en las normas
comunitarias.
1.2. No obstante lo anterior, cuando la norma comunitaria deja a
responsabilidad de los Países Miembros la implementación o desarrollo de
aspectos no regulados por aquella, en aplicación del principio de
complemento indispensable, le corresponde a dichos países llevar a cabo
tales implementaciones, sin que estas puedan establecer, desde luego,
exigencias, requisitos adicionales, constituir reglamentaciones que de una u
otra manera afecten el derecho comunitario o, restrinjan aspectos
esenciales por él regulado de manera que signifiquen, por ejemplo, una
menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria.
1.3. En ese sentido, son solo dos los escenarios en los que la norma
nacional puede complementar a la norma andina:
(i) El primero, cuando un asunto o tema no está regulado en la norma
Andina. En este caso, ante el silencio de la norma andina, la norma
nacional puede abocarse al conocimiento de dicho asunto o tema y
regularlo normativamente; y,
(ii) El segundo, cuando la norma andina regula una materia en términos
generales y autoriza que algún extremo de ella sea desarrollado de manera
más detallada o concreta por la legislación interna de los Países Miembros.
En cualquiera de los dos supuestos antes mencionados, la regulación del
asunto o materia por la norma nacional no puede transgredir el texto o la
ratio legis de la norma andina, como tampoco los principios que rigen al
derecho andino.
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1.4. Ejemplo del primer escenario es el Artículo 276 de la Decisión 486, el
cual dispone que «[l] os asuntos sobre Propiedad Industrial no
comprendidos en la presente Decisión, serán regulados por las normas
internas de los Países Miembros». Por virtud del principio de complemento
indispensable, todo aquello sobre propiedad industrial que no está
contemplado en la Decisión 486 es susceptible de ser regulado por la
normativa interna de los Países Miembros, sin que ello suponga la
posibilidad de contradecir alguna disposición de dicha norma andina.
1.5. Un ejemplo del segundo escenario es el Capítulo IX de la Decisión
351, que va del Artículo 29 al 32 y regula lo referido a la transmisión y
cesión de derechos. Su Artículo 29 establece que el derecho de autor
puede ser transmitido por sucesión de acuerdo con lo dispuesto en la
legislación nacional aplicable. Su Artículo 30 señala que las disposiciones
relativas a la cesión o concesión de derechos patrimoniales y a las licencias
de uso de las obras protegidas se regirán por lo previsto en las
legislaciones internas de los Países Miembros. Los dos artículos
mencionados, por vía del principio de complemento indispensable,
autorizan a las legislaciones internas a regular aquello que en términos muy
generales está mencionado en la norma andina.
1.6. En esa línea, este Tribunal en reiterada jurisprudencia ha manifestado
lo siguiente:
«...la norma comunitaria, la doctrina y la jurisprudencia recomiendan
aplicar criterios restrictivos, como el principio del “complemento
indispensable” para medir hasta dónde pueden llegar las innovaciones
normativas de derecho interno, anotando que sólo serían legítimas
aquellas complementarias que resulten ser “estrictamente necesarias
para la ejecución de la norma comunitaria y, por tanto, que favorezcan
su aplicación y que de ningún modo la entraben o desvirtúen” (...)
advirtió la inaplicabilidad del derecho interno que sea contrario al
ordenamiento jurídico comunitario, debiendo quedar substraídos de la
competencia legislativa interna los asuntos regulados por la legislación
comunitaria. De esta manera, “la norma interna que sea contraria a la
norma comunitaria, que de algún modo la contradiga o que resulte
irreconciliable con ella, si bien no queda propiamente derogada, dejará
de aplicarse automáticamente, bien sea anterior (subrayamos) o
posterior a la norma integracionista”».
(Subrayado agregado)
1.7. El Tribunal ha establecido que no son aplicables las normas de
derecho interno que sean contrarias al ordenamiento jurídico comunitario,
debiendo quedar substraídos de la competencia legislativa interna los
asuntos regulados por la legislación comunitaria andina.
Asimismo, el Tribunal, sobre el tema, ha expresado que «no es posible la
expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean
necesarias para la correcta aplicación de aquellas». (Subrayado agregado)
1.8. Por otra parte, el principio de complemento indispensable tiene dos
límites connaturales: el primero, que la legislación nacional no viole el
derecho andino; y, el segundo, que, en la medida que la legislación
nacional desarrolla vacíos contenidos en la norma andina, debe mantener
la razonabilidad o proporcionalidad que guía a esta.
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Radicación: 25000232600020070030701
Demandante: INTERNEXA S.A. E.S.P.
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1.9. El segundo aspecto merece una mayor explicación. Si bien por el
principio de complemento indispensable, los países miembros se
encuentran autorizados a complementar la legislación andina con
legislación nacional, esta no puede establecer cualquier cosa en cualquier
sentido o dirección. No solo se trata de que la legislación nacional no
contradiga el derecho andino, sino que debe respetar los principios que
guían a esta, como son los principios de razonabilidad y progresividad, los
cuales establecen límites naturales al ejercicio de las potestades más
exorbitantes de la administración pública, aquellas que implican una
restricción o limitación significativa de los derechos o libertades
involucrados.
1.10. Resta señalar que, si bien el Artículo 2 de la Decisión 462 define
al «Título Habilitante» como el acto administrativo por medio del cual
la autoridad nacional competente de un País Miembro faculta a un
proveedor para el suministro de servicios de telecomunicaciones, en
aplicación del principio de complemento indispensable, la legislación
interna de los Países Miembros puede encauzar dicho título
habilitante a través de un contrato administrativo, con el objeto, por
ejemplo, de dotar al administrado de las garantías y seguridades que
permite la figura contractual.
1.11. En tal sentido, corresponde a la legislación interna de los Países
Miembros el determinar si el «Título Habilitante» por medio del cual la
autoridad nacional competente faculta a un proveedor para el
suministro de servicios de telecomunicaciones constituye un acto
administrativo, tal como lo prevé el Artículo 2 de la Decisión 462, o si
recibirá la cobertura de un contrato administrativo (negritas de la Sala).
F. SOLICITUD DE INFORME ORAL
1. Mediante escrito de fecha 2 de marzo de 2022, INTERNEXA S.A. E.S.P.
solicitó informe oral en aplicación de lo establecido en los Artículos 6 y 9 del
Reglamento que regula aspectos vinculados con la solicitud y emisión de
Interpretaciones Prejudiciales, aprobado por el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina mediante Acuerdo 08/2017, modificado por el Acuerdo
04/2018 publicado el 14 de mayo de 2018 en la Gaceta Oficial del Acuerdo
de Cartagena.
2. En atención a todo lo expuesto precedentemente, este Tribunal
considera innecesario convocar a las partes a un informe oral.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por
la autoridad consultante al resolver el proceso interno No 25000 23 26 000
2007 00307 01, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el
Articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
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Demandante: INTERNEXA S.A. E.S.P.
Demandado: Nación - Ministerio TIC
VIII.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Y CONCEPTO DEL MINISTERIO
PÚBLICO
134. Mediante providencia de 12 de abril de 202327, el magistrado a cargo de la
sustanciación del proceso, en atención a la interpretación prejudicial allegada al
expediente, nuevamente corrió traslado a las partes para presentar alegatos de
conclusión, y al agente del Ministerio Público delegado ante la Sección Primera
del Consejo de Estado para que, de considerarlo pertinente, rindiera concepto.
i) El Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Telecomunicaciones28
135. Dentro del término del traslado para alegar de conclusión, el apoderado de
la entidad demandada adujo que en el fallo de tutela de segunda instancia que
dejó sin efectos la sentencia de segunda instancia dentro del proceso ordinario,
el juzgador resolvió el fondo del asunto y se excedió en sus competencias como
juez de tutela.
136. Señaló que las normas de la CAN no consagran ningún aspecto
relacionado con la aplicación del equilibrio económico a una licencia para el uso
y explotación del espectro radioeléctrico ajena a una relación contractual, e
indicó que la interpretación prejudicial rendida por el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina denota una innecesaria e injustificada intromisión por parte
del juez de tutela en un asunto que no es su especialidad.
137. En ese sentido, resaltó que, en la interpretación prejudicial emitida, el
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina precisó: (i) que el Estado
colombiano es libre de establecer si el título habilitante se otorga a través de un
contrato administrativo o por medio de un acto administrativo, y (ii) que, en caso
de otorgarse mediante un contrato administrativo, el proveedor gozará de todas
las garantías y prerrogativas derivadas de este tipo de vínculo jurídico.
138. Sostuvo que, por esa razón, «cuando el Despacho concluyó en la Sentencia
de Segunda Instancia que resultaba improcedente el restablecimiento del
equilibrio económico al caso que nos ocupa por haberse conferido el título
habilitante a través de un acto administrativo, es una decisión que constituye
un desarrollo jurisprudencial ligado al desarrollo normativo interno
autorizado por el principio de “complemento indispensable”, el cual,
según lo dicho por el TJCA, no contradice las normas de la Comunidad
Andina».
27 Índice 72 del expediente digital.
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Índice 78 del expediente digital.
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Demandante: INTERNEXA S.A. E.S.P.
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139. Anotó que: «una interpretación adecuada a la orden impartida en el fallo de
segunda instancia de la Acción de Tutela es que, sólo en el evento en que el
TJCA considerara la procedencia de la aplicación de las normas sustanciales
sobre el equilibrio económico al caso que nos ocupa, debería ajustarse la
Sentencia de Segunda Instancia en lo pertinente. Sin embargo, teniendo en
cuenta que el TJCA no estimó ni ordenó la aplicación de la figura del
restablecimiento del equilibrio económico en el presente asunto, no hay lugar a
reformar la Sentencia de Segunda Instancia en relación con este aspecto».
140. Aseveró que, sin perjuicio de lo anterior, en el proceso no se demostró que
la conducta del Estado haya afectado las condiciones del mercado en contra del
demandante, lo que se traduce en que no existe conducta alguna que pueda
ser reprochable a la entidad demandada y que conlleve a una eventual
declaratoria de responsabilidad y a la consecuente indemnización de perjuicios.
141. Con sustento en lo expuesto, solicitó que se revoque la sentencia de
primera instancia y, en su lugar, se nieguen las pretensiones de la demanda.
ii) INTERNEXA S.A. E.S.P.29
142. El apoderado de la sociedad actora descorrió oportunamente el traslado
para alegar de conclusión, reiterando los argumentos de la demanda tendientes
a demostrar que el permiso otorgado a FLYCOM (hoy Internexa S.A. E.S.P.) a
través de la Resolución número 1384 del 22 de junio de 2000 y para efectos de
usar el espectro radioeléctrico, ciertamente corresponde a una verdadera
concesión para la utilización del espectro electromagnético, a lo que agregó que
las normas de la Ley 80 de 1993, así como los desarrollos doctrinarios y
jurisprudenciales sobre el derecho del contratista al restablecimiento de la
ecuación económica del contrato son aplicables a la situación particular de la
actora.
143. Igualmente, reiteró los argumentos de impugnación de la sentencia de
primera instancia, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en
lo atinente al monto de daño emergente reconocido y a la negación del lucro
cesante.
Seguidamente, solicitó que la sentencia recurrida sea modificada y, en su lugar,
se ordene a la Nación – Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones restablecer la ecuación económica de la concesión para la
prestación de los servicios de telecomunicaciones con la tecnología LMDS
otorgada a INTERNEXA S.A. E.S.P. y, en consecuencia, se le condene, en
concreto, a pagar la totalidad de los perjuicios causados por la configuración del
hecho del príncipe, representados en el valor pagado por la licencia
29
Índice 79 del expediente digital.
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Demandante: INTERNEXA S.A. E.S.P.
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($32.863.338.200, daño emergente) y la utilidad dejada de percibir
($25.782.966.760, lucro cesante), para un total de $58.646.304.960, con la
debida indexación y el reconocimiento de intereses legales a la tasa del 6%
anual.
IX.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
IX.1.- Competencia
144. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 129 del Código Contencioso
Administrativo30 y el artículo 13 del Acuerdo No. 80 de 12 de marzo de 2019,
expedido por la Sala Plena del Consejo de Estado, mediante el cual se realiza
la distribución interna de asuntos, le corresponde a esta Sección conocer en
segunda instancia del presente proceso.
IX.2.- Problema jurídico
145. De conformidad con el inciso 1º del artículo 328 del CGP, aplicable por
remisión del artículo 267 del CCA, corresponde a la Sala analizar la legalidad
del Oficio 88 de 31 de enero de 2007, a través del cual el Ministerio de
Comunicaciones, hoy Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, resolvió la «solicitud de revisión de las condiciones de la
concesión nacional para la prestación de servicios de telecomunicaciones con
la tecnología LMDS». Para el efecto, se debe determinar si la ecuación
económica de la concesión otorgada a la demandante mediante la Resolución
número 1384 de 22 de junio de 2000 sufrió alteraciones que den lugar a su
reconocimiento por parte de la entidad demandada.
146. El artículo 328 del Código General del Proceso31 dispone que el juez de
segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos
expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de
oficio.
147. Sin embargo, la misma norma procesal dispone que cuando ambas partes
hayan apelado la sentencia, o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el
superior resolverá sin limitaciones, por lo que, en estos dos supuestos, por
autorización de la ley, el juez no queda atado a la favorabilidad que cada
apelante busca para su situación procesal con la interposición del recurso.
30 Artículo 129. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda
instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales
Administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los
recursos de queja cuando no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que
corresponda, o no se conceda el extraordinario de revisión. […]:
31 Artículo 357 del Código de Procedimiento Civil.
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148. En ese orden de ideas, y dado que en el presente asunto apelaron tanto la
parte actora como la entidad demandada, la Sala podrá decidir sin limitaciones
sobre la providencia objeto de apelación.
IX.3.- La excepción de ineptitud sustantiva de la demanda por indebida
escogencia de la acción
149. En la sentencia de primera instancia, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, determinó que el Oficio número
88 de 31 de enero de 2007, cuya nulidad pretende la actora, no es un acto de
aquellos a los que refiere el inciso 2º del artículo 77 de la Ley 80 de 1993, por
no tratarse de un acto administrativo expedido con motivo y ocasión de la
actividad contractual, toda vez que la decisión adoptada por el Ministerio de
Comunicaciones, mediante la referida decisión, dispuso negar el
restablecimiento del equilibrio de la ecuación económica de que trata el artículo
9º del Decreto 2041 de 1998 en relación con un título habilitante concedido en
el marco de una actuación administrativa sometida a las disposiciones de la
primera parte del Código Contencioso Administrativo y no a las normas que
integran el Estatuto General de Contratación.
150. En ese orden de ideas, concluyó que la acción procedente era la de nulidad
y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del Código Contencioso
Administrativo - CCA, razón por la cual declaró no probada la excepción de
ineptitud sustantiva de la demanda sustentada en la indebida escogencia de la
acción.
151. Al respecto, esta Sala destaca que, si bien la parte actora se refirió en la
demanda a la teoría del equilibrio económico propia de la contratación estatal, y
también hizo alusión a la aplicación de la Ley 80 de 1993, la realidad es que no
indicó estar ejerciendo la acción contractual prevista en el artículo 87 del CCA.
152. En todo caso, del contenido del libelo introductorio se desprende que la
controversia se enmarca en el contexto de actuaciones administrativas que
afectan concesiones de los servicios de telecomunicación referentes al uso y la
explotación del espectro radioeléctrico.
153. Al respecto, es pertinente traer a colación la sentencia de 11 de octubre de
2018 en la cual esta Sección, al analizar demanda de nulidad impetrada para
controvertir la legalidad parcial de un pliego de condiciones elaborado por el
Ministerio de Comunicaciones para la adjudicación de licencias de concesión del
servicio de telecomunicaciones -bajo la modalidad de radiodifusión sonora
comunitaria en frecuencia modulada-, precisó que dicho asunto se rige por un
procedimiento administrativo y no por disposiciones contractuales, pese a que el
decreto que regula el procedimiento se remite al principio de selección objetiva
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previsto en la Ley 80 de 1993. En dicha oportunidad la Sección se pronunció en
los siguientes términos:
[…] Como no se trata de un tema contractual, por expresa disposición
del Congreso de la República, sino de un trámite de concesión por
licenciamiento, no es viable acudir a lo dispuesto en el artículo 87 del
CCA., pues éste se orienta a regular los términos de presentación oportuna
de las acciones de controversias contractuales, ya sea de los actos previos o
de aquéllos que se profieren después de la adjudicación del contrato.
Es evidente que el escenario propuesto supone la existencia de una decisión
unilateral, en este caso del Ministerio de Comunicaciones, dirigida a crear una
situación jurídica concreta; esto es, determinar qué persona natural o jurídica
sería adjudicataria de la licencia correspondiente para prestar el servicio de
radiodifusión comunitario.
[…]
Decantado entonces que en materia de concesiones para la prestación
del servicio de radiodifusión sonora se sigue un proceso administrativo de
licenciamiento y no contractual, y que en línea con ello, los actos
expedidos en el agotamiento de ese trámite son controlables por medio
de las acciones de nulidad simple o nulidad y restablecimiento del
derecho, según se trate de actos particulares, generales o mixtos resta
por determinar el alcance de la remisión del Decreto 1981 de 2003,
cuando indica que la concesión de la respectiva licencia para la
prestación del servicio de radiodifusión sonora comunitaria en las
ciudades de Barranquilla, Bogotá, Cali y Medellín, debe consultar los
principios de selección objetiva, transparencia, economía y
responsabilidad, así como los postulados que rigen la Ley 80 de 1993.
[…]
En ese orden, para la Sala la remisión a dicho principio [deber de selección
objetiva] no implica necesariamente la aplicación de la regla dispuesta en la
norma que lo positivizó, esto es, en el artículo 29 de la Ley 80 de 1993 que
fue modificada por el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, pues de lo que se
trata es de otorgar una concesión vía licenciamiento y no bajo la arista
de un proceso contractual, circunstancia que indica que las previsiones que
debe adoptar el Ministerio de Comunicaciones para su garantía bien pueden
involucrar elementos no previstos en las enunciadas normas pero que
conduzcan a lograr la materialización del deber de seleccionar objetivamente
la mejor propuesta (negritas de la Sala)32.
154. En suma, como en el presente asunto se debaten las alteraciones a la
ecuación económica causadas por actuaciones administrativas expedidas por el
entonces Ministerio de Comunicaciones respecto de una concesión de
naturaleza no contractual para el uso y la explotación del espectro
radioeléctrico, el establecimiento de la red radioeléctrica de distribución punto,
multipunto de banda ancha con tecnología LMDS/LMCS y la concesión para
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 11 de octubre
32
de 2018. Radicado: 110010326000200800069 00. M.P.: Oswaldo Giraldo López. Actora: Trina Marcela
Bocanegra Montalvo.
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prestar el servicio de portador, esta Sala encuentra acertada la decisión del a
quo de declarar no probada la excepción de inepta demanda que formuló la
entidad demandada.
IX.4.- El caso concreto
155. A través del demandado Oficio No. 88 de 200733, el Secretario General del
Ministerio de Comunicaciones sostuvo que la petición de adopción de medidas
para restablecer el desequilibrio económico afrontado por FLYCOM S.A. E.S.P. se
fundamentó en que a dicha compañía se le otorgó una concesión para el uso
del espectro electromagnético, premisa que, según lo adujo, resulta errada,
pues en realidad se le atribuyó un permiso para el uso del espectro
radioeléctrico, como resultado de un procedimiento de selección objetiva que se
adelantó de conformidad con los Decretos 868 de 1999 y 99 de 2000 y la
Resolución 244 de 2000, en cuyo ámbito se estableció que el acto
administrativo que se expidiera para conceder dicho permiso también
comprendería la autorización de la red y la concesión del servicio portador34.
156. En ese contexto, el Ministerio de Comunicaciones determinó que no se
puede predicar desequilibrio frente a una licencia otorgada para el uso del
espectro radioeléctrico, pues no se trata de un contrato estatal regido por la Ley
80 de 1993, sino de una actuación administrativa regulada por las normas
pertinentes y por el Código Contencioso Administrativo.
157. La entidad explicó que en la legislación de telecomunicaciones existen tres
elementos jurídicos básicos, a saber: (i) el servicio, definido como la actividad
económica que se desarrolla, y al cual se accede mediante concesión, que, a su
vez, puede otorgarse a través de un contrato o de una licencia; (ii) la red,
consistente en la infraestructura física con la cual se presta el servicio, y a la cual
se accede mediante autorización, y (iii) el espectro electromagnético, el cual
es objeto de permiso.
158. Una vez efectuada la referida precisión, resaltó que, a través de la Resolución
número 1384 de 22 de junio de 2000, se otorgó a la sociedad entonces
denominada FIRSTMARK COMUNICATIONS COLOMBIA S.A.: (I) permiso
para usar el espectro radioeléctrico; (ii) autorización para el establecimiento de
la red, y (iii) concesión para la prestación del servicio portador; y aseguró que el
33 Folios 1019 a 1030 del cuaderno de pruebas No. 2.
34 De conformidad con el artículo 27 del Decreto Ley 1900 de 1990, para todos sus efectos, los servicios
de telecomunicaciones se clasifican en básicos, de difusión, telemáticos y de valor agregado, auxiliares
de ayuda y especiales. A su vez, el artículo 28 ibidem, dispuso que los servicios básicos comprenden los
servicios portadores y los teleservicios, y definió los primeros como “[…] aquellos que proporcionan la
capacidad necesaria para la transmisión de señales entre dos o más puntos definidos de la red de
telecomunicaciones. Estos comprenden los servicios que se hacen a través de redes conmutadas de
circuitos o de paquetes y los que se hacen a través de redes no conmutadas. Forman parte de éstos, entre
otros, los servicios de arrendamiento de pares aislados y de circuitos dedicados […].
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valor de la contraprestación inicial pagado por la titular del título habilitante
corresponde al primer componente, valga decir, al otorgamiento del permiso
para usar el espectro radioeléctrico, el que, como tal, no constituye un contrato
de concesión.
159. Seguidamente, señaló que el artículo 9º del Decreto 2041 de 1998 solo se
refiere al derecho que tienen los operadores de servicios de telecomunicaciones
a que se mantenga inalterada la ecuación económica de la concesión, sin
hacer alusión a los permisos o a las autorizaciones y, en consecuencia,
decidió que no es procedente acceder a la solicitud de revisión de las
condiciones de la concesión nacional para la prestación de servicios de
telecomunicaciones con la tecnología LMDS.
160. Asimismo, el Ministerio de Comunicaciones en el oficio acusado señaló que
las circunstancias económicas que afectaron a la sociedad peticionaria forman
parte del alea de su negocio y de la gestión comercial de la empresa y añadió
que esa cartera no puede garantizar niveles mínimos de ingresos y número
mínimo de usuarios, y que no se puede restringir la evolución normativa y su
adecuación a los cambios tecnológicos que brinden mayores facilidades a los
usuarios, de manera que el hecho de otorgar licencias no implica que se limite
el reconocimiento de tecnologías alternas y su acceso para beneficio común.
161. Precisó que el servicio portador otorgado puede prestarse por varias
tecnologías, tales como los pares aislados y circuitos dedicados, así como
también con tecnología LMDS, de tal forma que el servicio no es exclusivo para
LMDS. Así las cosas, concluyó que con el título habilitante otorgado a
FIRSTMARK COMUNICATIONS COLOMBIA S.A. para el derecho al uso del
espectro electromagnético en la banda de 27. GHz, no se otorgó la exclusividad
del servicio pues, anotó, existían 40 licenciatarios del servicio portador que
prestaban sus servicios a través de cables de fibra óptica, pares aislados,
microondas y LMDS.
162. Añadió que, en cambio, el derecho al uso de la frecuencia de operación
otorgada sí tenía un carácter de exclusividad, lo cual respetó el Ministerio de
Comunicaciones considerando que una asignación de la misma frecuencia
podía generar interferencias perjudiciales entre operadores.
163. Por su parte, el apoderado de la sociedad actora, como sustento de las
pretensiones de la demanda, afirmó que el título habilitante que le fue otorgado
a dicha compañía por el Ministerio de Comunicaciones, mediante la Resolución
número 1384 de 22 de junio de 2000, no es precario, como es lo propio del
permiso, sino que consistió en una verdadera concesión para la utilización de
un bien de uso público –el espectro electromagnético–, como lo ordena el
artículo 32 de la Ley 80 de 1993; ya que fue asignado de forma exclusiva y por
un término definido de 10 años, prorrogables por otro tanto, para lo cual canceló
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una suma inicial de $32.863.338.200.00 y adquirió obligaciones en cuanto a
cobertura y prestación de los servicios.
164. Aseveró que, de no haber sido así, FIRSTMARK COMMUNICATIONS
COLOMBIA S.A. habría solicitado simplemente un permiso de explotación
comercial, como lo hicieron otros operadores que recibieron otras bandas que
no usan LMDS para prestar los mismos servicios sin costo inicial, y se habría
sometido al alea del negocio, cuyo riesgo consiste en recuperar las inversiones
propias de la tecnología a utilizar y no la recuperación del pago de una licencia
de uso exclusivo.
165. Manifestó que, si bien es cierto que la figura del desequilibrio económico es
propia de los contratos estatales, la realidad es que el artículo 9º del Decreto
2041 de 1998 -vigente para el momento en que se llevó a cabo el procedimiento
encaminado a otorgar la licencia de la tecnología LMDS-, expresamente
reconoció el derecho de los operadores de los servicios de telecomunicaciones
-sin ninguna distinción-, a que se mantenga inalterada la ecuación económica
de la concesión, por lo que, a su juicio, hay una asimilación del título habilitante
al contrato estatal.
166. En tales condiciones, anotó que, tanto las normas de la Ley 80 de 1993,
como los desarrollos doctrinarios y jurisprudenciales elaborados por el Consejo
de Estado sobre el derecho del contratista al restablecimiento de la ecuación
económica del contrato, resultan aplicables a la situación particular de FLYCOM
S.A. E.S.P., independientemente de la denominación que se haya utilizado en
el título habilitante que le fue otorgado por el Ministerio de Comunicaciones, ya
que se trata de una verdadera concesión de un bien de uso público.
167. En criterio de la parte demandante, los nuevos desarrollos tecnológicos
para prestar servicios de acceso a internet de banda ancha, así como la crisis
de las empresas de internet y de la tecnología LMDS -fenómenos que no
resultaban razonablemente previsibles cuando se le adjudicó la licencia
mediante la Resolución número 1389 de 2000-, le ocasionaron pérdidas
significativas que se tradujeron en un grave desequilibrio de la ecuación
financiera de la concesión, por lo que el Ministerio de Comunicaciones debió
proceder a restablecer dicha ecuación para garantizar la continuidad en la
prestación del servicio a su cargo (teoría de la imprevisión).
168. Igualmente, adujo que, mediante la Resolución 2070 de 16 de septiembre
de 2005, expedida de conformidad con el Decreto 1972 de 2003, el Ministerio
de Comunicaciones autorizó la adjudicación de tres (3) permisos para la
prestación de servicios de banda ancha (WiMAX) sin exigir a sus destinatarios
una contraprestación inicial, poniendo a FLYCOM S.A. E.S.P. en una situación
de desigualdad económica, ya que para obtener la licencia para la prestación
del servicio de telecomunicaciones con la tecnología LMDS, dicha compañía se
vio obligada a pagar una contraprestación inicial de $32.863.338.200, mientras
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que los nuevos operadores obtuvieron una ventaja competitiva, toda vez que
sus precios no tendrían que incorporar la recuperación de la contraprestación
inicial, lo cual transgrede los mandatos del artículo 13 del Decreto Ley 1900 de
1990 y del artículo 31 del Decreto 1972 de 2003.
169. Expuso, además, que en virtud de los Decretos 2925 de 2005 y 1928 de
2006, expedidos por el Presidente de la República y el Ministro de
Comunicaciones, los nuevos operadores obtuvieron descuentos de más de un
95% en el pago de las contraprestaciones periódicas por el uso del espectro
radioeléctrico, beneficio que no obtuvo en su momento FIRSTMARK
COMMUNICATIONS COLOMBIA S. A., lo que demuestra el trato desigualdad
que le ha dado el Ministerio de Comunicaciones, el cual conllevó a la
agravación de su situación económica.
170. La parte accionante sostuvo que, con ocasión de la expedición de los
aludidos actos administrativos de carácter general, se modificaron las
condiciones de mercado que fueron tenidas en consideración para la
elaboración del plan de negocios de la concesión que le fue adjudicada, a lo
que agregó que esas mismas decisiones le impidieron recuperar la suma de
dinero que pagó para obtener la licencia, de manera que se alteró de forma
grave la ecuación financiera de la concesión, configurándose así la llamada
teoría del hecho del príncipe, la que, según lo expuso en el recurso de alzada,
da lugar a una indemnización plena, que incluye tanto el lucro cesante como el
daño emergente, este último correspondiente a la totalidad del pago exigido por
concepto de contraprestación inicial para el otorgamiento de la licencia y no al
50% del mismo, como lo estimó el a quo.
171. Planteada la controversia, procede la Sala a analizar si, como lo aduce la
parte actora, la ecuación económica de la concesión que le fue otorgada
mediante la Resolución número 1384 de 20 de junio de 2000, sufrió una
alteración que debe ser reconocida por parte de la entidad demandada, en los
términos del artículo 9º del Decreto 2041 de 1998.
172. Es importante resaltar que, en el fallo de tutela de 30 de agosto de 2021, la
Sección Tercera del Consejo de Estado consideró que esta Sala incurrió: (i) en
un defecto sustantivo por falta de aplicación de las normas comunitarias, y (ii)
en un defecto procedimental por omisión de la interpretación prejudicial del
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina - TJCA.
173. El juez de tutela estimó que el Oficio número 88 de 31 de enero de 2007,
que fue enjuiciado en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho –y
mediante el cual el entonces Ministerio de Comunicaciones se negó a
restablecer la ecuación económica de la concesión otorgada mediante la
Resolución No. 1384 del 22 de junio del 2000–, debe encontrarse en
concordancia y valorarse conforme con las disposiciones de la Decisión 462 de
la Comunidad Andina, normatividad que, según lo dispone el literal a) del
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numeral 1° de su artículo 4°, resulta aplicable a «[t]odas las medidas de los
Países Miembros que afecten el acceso a las redes y servicios públicos de
transporte de telecomunicaciones y a la utilización de los mismos por personas
de los Países Miembros».
174. Así mismo, la autoridad judicial destacó que la Decisión 462 define el título
habilitante como un «[a]cto administrativo por medio del cual la Autoridad
Nacional Competente de un País Miembro faculta a un proveedor para el
suministro de servicios de telecomunicaciones o para la instalación y operación
de redes». Por lo tanto, consideró que, si el artículo 4° de la Decisión 258
[entiéndase 285] determina que los gobiernos no pueden generar «condiciones
desiguales para prestaciones equivalentes que coloquen a unos competidores
en situación desventajosa frente a otros» (literal d), se debe entender que tal
regulación aplica a concesiones, permisos, autorizaciones y a cualquier otra
forma de título habilitante.
175. En atención a las anteriores premisas, la Sección Tercera, Subsección B
concluyó que: «resulta tanto obligatorio como necesario aplicar las normas de la
Comunidad Andina para determinar si se configuró un desequilibrio económico
que la empresa accionante no tiene la obligación jurídica de soportar».
176. Por lo expuesto, el fallador de tutela le ordenó a esta Sala acudir a la
interpretación prejudicial obligatoria y dictar un nuevo fallo en el cual tenga en
cuenta, tanto el concepto que emita el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina, como la referida normatividad comunitaria.
177. Sin embargo, en la Interpretación Prejudicial rendida en el proceso, el
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sostuvo que no procede realizar
la interpretación del artículo 4º, literal a) del numeral 1 de la Decisión 462 (ni
del artículo 1º, literales a y d ibidem, invocado en el escrito de tutela), «debido a
que no se ha controvertido la aplicación o no del derecho comunitario
sobre las medidas que afectan la utilización o el acceso a las redes y
servicios públicos de transporte de telecomunicaciones, así como tampoco
se discute el proceso de liberalización progresivo del comercio de los servicios
de telecomunicaciones en la Comunidad Andina». (negritas de la Sala)
178. Igualmente, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina precisó que no
procede realizar la interpretación del artículo 4º, literal d) de la Decisión
285 por cuanto no está en discusión la existencia de una práctica
anticompetitiva transfronteriza.
179. Así las cosas, y de conformidad con lo expuesto en la citada interpretación
prejudicial, no resulta obligatoria la aplicación de las normas comunitarias
aludidas para determinar si se configuró, o no, un desequilibrio económico
injustificado a la demandante.
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180. Ahora bien, en el fallo de tutela, la Sección Tercera, Subsección B del
Consejo de Estado, además, determinó que el titular de un título habilitante que
ha pagado por prestar un servicio técnico -al igual que quien ha suscrito un
contrato con el Estado-, tiene derecho a que se restablezca el equilibrio
económico del contrato si hay lugar a ello, pues no existe ninguna diferencia
sustancial entre los derechos del contratista y quien ostenta el título habilitante.
En consecuencia, le ordenó a esta Sala aplicar las normas sustanciales
sobre el equilibrio económico del contrato.
181. Por consiguiente, para abordar el análisis de la legalidad del acto
administrativo enjuiciado, esta Sala, por razones metodológicas, analizará los
siguientes aspectos: (i) alcance del título habilitante conferido por el entonces
Ministerio de Comunicaciones, mediante la Resolución número 1384 de 22 de
junio de 2000; (ii) ruptura del equilibrio contractual por situaciones imprevistas y
por el hecho del príncipe, y (iii) la indemnización de perjuicios, en caso de
encontrase configurado un desequilibrio económico que deba ser asumido por
la demandada.
(i) Naturaleza y alcance de la licencia otorgada mediante la Resolución
número 1384 de 2000
182. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, tras señalar, como
anteriormente se precisó, que no procede la interpretación prejudicial del
artículo 4º, literal d) de la Decisión 285 y del artículo 4º numeral 1º literal a) de la
Decisión 462, se limitó a interpretar la definición de «Título Habilitante» prevista
en el artículo 2º de la Decisión 462, pero a la luz del principio de complemento
indispensable.
183. En tal sentido, explicó que, en virtud del principio de complemento
indispensable, la norma nacional puede complementar a la norma andina solo
en dos escenarios, a saber: (i) cuando un asunto o tema no está regulado en la
norma andina, caso en el cual la norma nacional puede avocarse al
conocimiento de dicho asunto o tema y regularlo normativamente, y (ii) cuando
la norma andina regula una materia en términos generales y autoriza que algún
extremo de ella sea desarrollado de manera más detallada o concreta por la
legislación interna de los Países Miembros. En cualquiera de los dos supuestos,
advirtió, la regulación del asunto o materia por la norma nacional no puede
transgredir el texto o la ratio legis de la norma andina, como tampoco los
principios que rigen al derecho andino.
184. Con sustento en tales consideraciones, el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina manifestó que, si bien el artículo 2º de la Decisión 462
define al «Título Habilitante» como el acto administrativo por medio del cual la
autoridad nacional competente de un País Miembro faculta a un proveedor para
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el suministro de servicios de telecomunicaciones, la realidad es que en
aplicación del principio de complemento indispensable la legislación interna de
los Países Miembros puede encauzar dicho título habilitante a través de un
contrato administrativo, con el objeto de dotar al administrado de las garantías y
seguridades que permite la figura contractual.
185. En este aspecto es pertinente destacar que el principio de complemento
indispensable de la normativa comunitaria consagra lo que algunos tratadistas
denominan «norma de clausura»35, según la cual se deja a la legislación de los
Países Miembros la solución legislativa de situaciones no contempladas en la
ley comunitaria, ya que es posible que aquella no prevea todos los casos
susceptibles de regulación jurídica36. En armonía con lo anterior el Tribunal de
Justicia ha señalado lo siguiente: «[C]uando la norma comunitaria deja a la
responsabilidad de los Países Miembros la implementación o desarrollo de
aspectos no regulados por aquella, en aplicación del principio de complemento
indispensable, les corresponde a esos países llevar a cabo tales
implementaciones, sin que estas puedan establecer, desde luego, exigencias,
requisitos adicionales o constituir reglamentaciones que de una u otra manera
afecten el derecho comunitario o, restrinjan aspectos esenciales por el
regulados de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los
derechos consagrados por la norma comunitaria37».
186. La Sala, retomando lo expuesto en la interpretación prejudicial rendida en el
presente asunto, hace énfasis en que el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina puso de relieve que corresponde a la legislación interna de los Países
Miembros determinar si el «Título Habilitante», por medio del cual la autoridad
nacional competente faculta a un proveedor para el suministro de servicios de
telecomunicaciones, constituye un acto administrativo -tal como lo prevé el artículo
2º de la Decisión 462-, o si adquiere la naturaleza propia de un contrato
administrativo.
187. De lo expuesto se desprende que, para efectos de facultar a un proveedor
para el suministro de servicios de telecomunicaciones o para la instalación y
operación de redes, las legislaciones internas de los países miembros de la
Comunidad Andina pueden optar por el otorgamiento del título habilitante, bien
sea a través de acto administrativo (título habilitante), como lo dispone la
Decisión 462, o a través de un contrato, este último, en palabras del Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina, con el objeto dotar al administrado de las
garantías y seguridades que permite la figura contractual.
35
NAVARRO, Pablo E. Normas permisivas y clausura de los sistemas normativos. En: Instituto
Tecnológico Autónomo de México (ITAM). ISONOMlA - Revista de Teoría y Filosofía del Derecho.
Numero 34, Abril 2011, pp. 109-139. Disponible: http://www.isonomia.itam.mx/docs/isonomia34/lsono
345.pdf (Consulta: 21 de febrero de 2017). Citado en la Interpretación Prejudicial 107-IP-2018.
36 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Interpretación Prejudicial 107-IP-2018.
37 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Interpretación Prejudicial 142-1P-2015 y 67-IP-2013.
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188. En nuestro país, en efecto, la Ley 72 de 19893839, en su artículo 7º,
estableció que las concesiones podrán otorgarse por medio de contratos o
en virtud de licencias, según disposición del Gobierno Nacional, y darán lugar
al pago de derechos, tasas o tarifas que fije el Ministerio de Comunicaciones, a
excepción de las que corresponda fijar a Inravisión y a las Organizaciones
Regionales de Televisión.
189. La citada Ley 72 de 1989 precisó que por telecomunicaciones se entiende
toda transmisión, emisión o recepción de signos, señales, escritos y sonidos,
datos o información de cualquier naturaleza, por hilo, radio, medios visuales u
otros sistemas electromagnéticos (artículo 2º). Se trata, entonces, de un
servicio público que el Estado prestará directamente o a través de concesiones
que podrá otorgar en forma exclusiva a personas naturales o jurídicas
colombianas, reservándose, en todo caso, la facultad de control y vigilancia
(artículo 5º).
190. Asimismo, la normativa señaló que el establecimiento, explotación y uso
en el país de redes, sistemas y servicios de telecomunicaciones nacionales
e internacionales, así como su ampliación, modificación y renovación, requieren
la autorización previa del Ministerio de Comunicaciones (artículo 8º).
191. Mediante el artículo 14 de la ley en comento, el Legislador revistió al
Presidente de la República de facultades extraordinarias para reformar las
normas y estatutos que regulan las actividades y servicios de
telecomunicaciones; facultades que efectivamente fueron ejercidas mediante el
Decreto Ley 1900 de 1990, cuyo artículo 2º dispuso que se entiende por
telecomunicación toda emisión, transmisión o recepción de señales, escritura,
imágenes, signos, sonidos, datos o información de cualquier naturaleza por hilo,
radio, u otros sistemas ópticos o electromagnéticos; y que se entiende por
operador una persona natural o jurídica, pública o privada, que es responsable
de la gestión de un servicio de telecomunicaciones en virtud de autorización o
concesión, o por ministerio de la ley.
192. Igualmente, el Decreto Ley 1900 definió la red de telecomunicaciones del
Estado como el conjunto de elementos que permite conexiones entre dos o más
puntos determinados para establecer la telecomunicación entre ellos, a través
de la cual se prestan los servicios al público, y señaló que esa red está
38 Por la cual se definen nuevos conceptos y principios sobre la organización de las telecomunicaciones en
Colombia y sobre el régimen de concesión de los servicios y se conceden unas facultades extraordinarias
al Presidente de la República.
39
Derogado en lo pertinente (en cuanto hagan referencia a los servicios, las redes, las actividades y los
proveedores, y en cuanto resulten contrarios a las normas y principios contenidos en la presente ley ) por
el artículo 73 de la Ley 1341 de 2009.
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integrada por los equipos de conmutación, transmisión y control, cables y otros
elementos físicos, el uso de los soportes lógicos y la parte del espectro
electromagnético asignada para la prestación de los servicios y demás
actividades de telecomunicaciones, así como por aquellas redes cuya
instalación, uso y explotación se autorice a personas naturales o jurídicas
privadas para la operación de servicios de telecomunicaciones (artículos 14 y
15).
193. Por lo demás, la normativa en cita dispuso que el espectro electromagnético
es de propiedad exclusiva del Estado y, como tal, constituye un bien del
dominio público, inenajenable e imprescriptible, cuya gestión, administración y
control corresponden al Ministerio de Comunicaciones (artículo 18), a lo que se
agrega que el uso de frecuencias radioeléctricas requiere permiso previo
otorgado por esa cartera ministerial y dará lugar al pago de los derechos que
correspondan (artículos 19 y 20).
194. Ahora bien, mediante la Resolución número 1384 de 22 de junio de 2000, el
Ministerio de Comunicaciones decidió «OTORGAR a FIRSTMARK
COMMUNICATIONS COLOMBLA S.A. F.M.C. COLOMBIA S.A. título habilitante
en el ámbito nacional TNI, que comprende: (a) El permiso para usar el espectro
radioeléctrico en los canales uno (1) y cuatro (4) atribuidos y planificados en el
decreto 868 de 1999, modificado por el decreto 099 de 2000; (b) La autorización
para el establecimiento de la red radioeléctrica de distribución punto multipunto
de banda ancha con tecnología LMDS/LMCS; y (c) La concesión para prestar el
servicio portador».
195. De la lectura de la parte considerativa de la citada resolución, se observa
que el título habilitante se otorgó como resultado de una actuación
administrativa regida por las disposiciones del Decreto 868 de 199940,
modificado por el Decreto 99 de 2000, y por la Resolución 244 de 29 de febrero
de 2000, expedida por el entonces Ministerio de Comunicaciones.
196. El artículo 1º del Decreto 868 de 1999, valga resaltarlo, dispone lo
siguiente:
Artículo 1 º. Objeto. El presente decreto tiene por objeto:
1. Atribuir en el territorio nacional unas bandas de frecuencias para el
establecimiento y operación de redes radioeléctricas de distribución punto
multipunto de banda ancha con tecnología LMDS/LMCS para la prestación
de servicios de telecomunicaciones.
2. Planificar el espectro radioeléctrico atribuido.
40 “[P]or el cual se atribuyen unas bandas de frecuencias para el establecimiento dentro del territorio
nacional de redes radioeléctricas de distribución punto multipunto de banda ancha, se establecen los
procedimientos para otorgar los títulos habilitantes y se dictan otras disposiciones.
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3. Aplicar los procedimientos y establecer los requisitos para el
otorgamiento de permisos para el uso del espectro radioeléctrico
atribuido.
4. Aplicar los procedimientos y establecer los requisitos para el
otorgamiento de la autorización para la instalación, ampliación,
renovación, ensanche o modificación de la red asociada al espectro
radioeléctrico atribuido, y establecer las condiciones para el
funcionamiento, la operación y la explotación de las mismas.
5. Establecer el otorgamiento de la concesión para la prestación del
servicio portador en el ámbito territorial asociado al permiso para el uso
del espectro radioeléctrico atribuido para el establecimiento y operación
de redes radioeléctricas de distribución punto multipunto de banda ancha
con tecnología LMDS/LMCS.
6. Establecer las condiciones económicas para la liquidación, cobro,
recaudo y pago de las contraprestaciones a que haya lugar. (la negrita no es
original)
197. El artículo 2º del mismo decreto definió el alcance del título habilitante en
los siguientes términos:
Artículo 2 º. Alcance del título habilitante. Las resoluciones que expida el
Ministerio de Comunicaciones, a través de las cuales se culminan las
actuaciones administrativas originadas en la aplicación de este decreto y
que para los efectos se denominarán título habilitante, comprende el
permiso para usar el espectro radioeléctrico, la autorización para el
establecimiento de la red radioeléctrica de distribución punto multipunto de
banda ancha con tecnología LMDS/LMCS, y la concesión para prestar el
servicio portador en el ámbito del permiso para usar el espectro
radioeléctrico asignado, con sujeción a las normas legales y
reglamentarias que sean aplicables. (negrillas y subraya ajenas al texto)
198. La atribución de las bandas de frecuencia se determinó concretamente en
el artículo 7 º del Decreto 868, así:
Artículo 7º Atribución de bandas de frecuencias. Se atribuye en el
territorio nacional y se ordena su inscripción en el Cuadro Nacional
de Atribución de Bandas de Frecuencias, la banda de 25,350 GHz a
28,350 GHz, para el establecimiento de redes radioeléctricas de
distribución punto multipunto de banda ancha con tecnología
LDMS/LMCS.
199. El artículo 8º del Decreto 868, modificado por el artículo 1º del Decreto 99
de 2000, reguló la planificación del espectro radioeléctrico atribuido en el
transcrito artículo 7º, en los siguientes términos:
Artículo 8. Planificación del espectro radioeléctrico atribuido. El espectro
radioeléctrico atribuido se planifica para su uso dentro del territorio nacional
así:
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Canal Límite Límite superior Ancho de banda (MHz)
inferior (GHz)
(GHz)
1 27,500 27,645 145
2 27,645 27,785 140
3 27,785 27,925 140
4 27,925 28,065 140
5 28,065 28,210 145
6 28,210 28,350 140
El Ministerio de Comunicaciones planificará el bloque de 25,350 a 27,500
GHz cuando lo considere necesario.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, el Ministerio de
Comunicaciones podrá atribuir otras bandas de frecuencias para las redes
de distribución punto multipunto de banda ancha con tecnología
LMDS/LMCS, y planificará dichas bandas para su uso dentro del territorio
nacional, teniendo en cuenta las normas nacionales e internacionales que
regulan la materia, las establecidas en este Decreto y demás normas que
sean pertinentes.
200. El artículo 9º del pluricitado Decreto 868, modificado por el artículo 2º del
Decreto 99 de 2000, facultó al Ministerio de Comunicaciones para otorgar títulos
habilitantes que comprendieran permisos para el uso de los canales del
espectro radioeléctrico atribuidos y planificados en los siguientes ámbitos y con
sujeción a la distribución de canales que se define a continuación:
1) En el ámbito nacional, dos (2) permisos: uno (1) para los canales
radioeléctricos 1 y 4, y uno (1) para los canales radioeléctricos 2 y 5.
2) En el ámbito local, un (1) permiso para los canales radioeléctricos 3 y 6
en cada municipio o distrito.
201. En sus artículos 10º y 11, el mismo Decreto 868 facultó al Ministerio de
Comunicaciones para originar una actuación destinada a otorgar los títulos que
comprenden los permisos para el uso de los canales radioeléctricos en el
ámbito nacional, de acuerdo con el numeral 1º del artículo 9º que acaba de
referirse.
202. Efectivamente, el Ministerio de Comunicaciones expidió la Resolución 244
de 29 de febrero de 200041, «[p]or la cual se ordena el inicio de la actuación
administrativa para otorgar títulos habilitantes, para el establecimiento dentro
del territorio nacional de redes radioeléctricas de distribución punto multipunto
de banda ancha con tecnología LMDS/LMCS para la prestación de servicios de
telecomunicaciones».
41 Folios 416 y 417 del cuaderno 2 A del Tribunal Administrativo.
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203. De acuerdo con lo expuesto, la Sala enfatiza que la actuación administrativa
que culminó con la Resolución número 1384 de 22 de junio 2000 tuvo como
finalidad la asignación de unos canales del espectro radioeléctrico,
específicamente de unas bandas de frecuencia para su utilización en redes
radioeléctricas de distribución punto multipunto de banda ancha con tecnología
LDMS/LMCS.
204. Así, en el ámbito nacional, se dispuso otorgar dos (2) permisos: uno (1)
para los canales radioeléctricos 1 y 4, que le fueron asignados a la sociedad
FIRSTMARK COMMUNICATIONS COLOMBIA S. A. – F. M. C. COLOMBIA S.
A., actualmente denominada INTERNEXA S.A. E.S.P., que funge como
demandante en el sub lite, y uno (1) para los canales radioeléctricos 2 y 5.
205. Significa lo anterior que la Resolución número 1384 de 22 de junio 2000, tal
como su mismo texto lo indica, constituye un título habilitante -acto
administrativo- que comporta: el permiso para el uso del espectro radioeléctrico
para el establecimiento dentro del territorio nacional de redes radioeléctricas de
distribución punto multipunto de banda ancha con tecnología LMDS/LMCS; la
autorización para el establecimiento de la correspondiente red, y la concesión
para prestar el servicio portador, esta última en el ámbito del permiso para usar
el espectro radioeléctrico asignado, según se desprende del artículo 2º del
Decreto 868 de 1999.
206. Corolario de lo anterior, podemos afirmar que si bien es cierto el
ordenamiento jurídico colombiano permite que los servicios y las actividades de
telecomunicaciones sean prestados mediante concesión otorgada por medio de
contratos, la realidad es que la concesión otorgada a la parte demandante para
prestar el servicio portador, al igual que el permiso para usar el espectro
radioeléctrico y la autorización para el establecimiento de la red radioeléctrica
de distribución punto multipunto de banda ancha con tecnología LMDS/LMCS,
están contenidos en un título habilitante o acto administrativo.
(ii) Los eventuales perjuicios económicos sufridos por la demandante
durante la ejecución del título habilitante
207. Como anteriormente se expuso, el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina precisó que cuando el título habilitante por medio del cual se faculta a
un proveedor para el suministro de servicios de telecomunicaciones se concede
a través de un acto administrativo, este no recibe la cobertura de un contrato.
Sin embargo, la Sección Tercera del Consejo de Estado, en sentencia de tutela,
ordenó a esta Sección «dictar un nuevo fallo en el cual tenga en cuenta […] la
aplicación de las normas sustanciales sobre el equilibrio económico del
contrato». En acatamiento de dicha decisión, la Sala procede a analizar si se
configuró el perjuicio económico que la sociedad demandante invoca haber
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sufrido, a partir de las situaciones generadoras de la ruptura de la ecuación
contractual.
208. Según lo previsto en el artículo 3º de la Resolución número 1384 de 2000,
el título habilitante otorgado a la sociedad FIRSTMARK COMMUNICATIONS
COLOMBIA S.A., hoy INTERNEXA S.A. quedó sometido al régimen unificado
de contraprestaciones para la liquidación, cobro, recaudo y pago de las
contraprestaciones previsto en los Decretos 2041 de 1998, 1705 de 1999 y 99
de 2000.
209. Para adquirir el título habilitante, la sociedad actora ofertó por concepto de
contraprestación inicial la suma de treinta y dos mil ochocientos sesenta y tres
millones trescientos treinta y ocho mil doscientos pesos ($32.863.338.200), ello
de conformidad con el artículo 25 del Decreto 868 de 1999, modificado por el
artículo 5º del Decreto 99 de 2000, norma del siguiente tenor:
Artículo 25. De las contraprestaciones. Los títulos habilitantes que se
otorguen conforme a lo dispuesto en este Decreto se someterán al régimen
unificado de contraprestaciones para la liquidación, cobro, recaudo y pago
de las contraprestaciones que les corresponda, de acuerdo con lo
establecido en los Decretos 2041 de 1998, 1705 de 1999 y las normas que
los reglamenten, modifiquen, sustituyan o adicionen.
Los titulares deberán pagar una contraprestación inicial cuyo valor
será el que el solicitante ofertó en sobre cerrado de acuerdo con el
artículo 10 del presente Decreto. Este valor incluye:
a) La contraprestación adicional de que trata el inciso tercero del artículo 32
del Decreto 2041 de 1998;
b) La contraprestación de que trata el artículo 2º del Decreto 1705 de 1999
relativa al permiso por el uso del espectro radioeléctrico asignado al titular
de que trata el artículo 7º del presente decreto, durante un año contado a
partir de la fecha de ejecutoria del título habilitante, y
c) Las contraprestaciones durante la vigencia y respecto del título
habilitante por las autorizaciones de que tratan los artículos 29 y 30 del
Decreto 2041 de 1998.
El titular deberá pagar esta contraprestación inicial de acuerdo con los
términos y plazos establecidos en los Términos de Referencia de que trata
el artículo 10 del presente Decreto. Así mismo, el titular deberá pagar las
demás contraprestaciones a que haya lugar de acuerdo con los Decretos
2041 de 1998 y 1705 de 1999 y las normas que los reglamenten,
modifiquen, sustituyan o adicionen.
Para la liquidación del valor anual de contraprestación por uso del espectro
radioeléctrico asignado al titular de que trata el artículo 7º del presente
decreto, se aplicará el siguiente esquema:
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 y
siguientes
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Valor a Incluido en la 60% x VAC 73% x 83% x 100% x
pagar Contraprestación VAC VAC VAC
Inicial
VAC = Valor Anual de Contraprestación, calculada con la fórmula de que
trata el artículo 2º del Decreto 1705 de 1999.
El año 2 comprende el período entre la terminación del año incluido en la
contraprestación inicial y el 31 de diciembre del mismo año.
Las prórrogas del título habilitante no generarán pagos por la
contraprestación adicional por uso del espectro radioeléctrico a cargo del
titular, de que trata el inciso tercero del artículo 32 del Decreto 2041 de
1998.
210. Las disposiciones del Decreto 2041 de 1998 a las cuales se remitió la
norma transcrita, y que se encuentran ubicadas en sus capítulos 1 y 2, regulan
las contraprestaciones relativas a las autorizaciones y los permisos,
respectivamente, así:
Capítulo 2
Las Autorizaciones
[…]
Artículo 29°. Contraprestación por autorizaciones relativas a las redes
de telecomunicaciones. Las autorizaciones que se otorguen para la
modificación, ensanche, renovación, ampliación o expansión de las
redes de telecomunicaciones del Estado, autorizadas tanto a
particulares como a entidades estatales, dan lugar al pago de una
contraprestación por parte del autorizado de una suma equivalente a
tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
No obstante lo anterior, las autorizaciones de carácter general inscritas
dentro de un plan aprobado por el Ministerio, así como los cambios
generados por error de esta entidad o interferencias no imputables al
operador, no darán lugar al pago de contraprestaciones adicionales a las
fijadas y ya canceladas para la autorización inicialmente conferida (la
negrita no es original).
Artículo 30°. Contraprestación por autorizaciones relativas a los
servicios de telecomunicaciones. Las autorizaciones que se otorguen
para modificación, ensanche, renovación, ampliación o expansión de los
servicios de telecomunicaciones concedidos dan lugar al pago de una
contraprestación equivalente a tres (3) salarios mínimos legales mensuales
vigentes (negritas de la Sala).
[…]
Capítulo 3
Permisos
Artículo 32°. Régimen de la contraprestación relativa al permiso para
usar el espectro radioeléctrico asignado. La contraprestación por el
permiso para usar el espectro radioeléctrico asignado por el Ministerio de
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Comunicaciones tiene como fin lograr para el Estado una retribución justa,
objetiva y permanente, así como propender por el aprovechamiento
racional y eficiente del espectro.
El otorgamiento del permiso por parte del Ministerio de Comunicaciones
para usar el espectro radioeléctrico y asignado da lugar al pago de una
contraprestación anual en función de formulas objetivas según
determinación que haga el Ministerio de Comunicaciones, en función de
criterios, tales como: pagos únicos o periódicos, fijos o variables, con
fundamento en bases porcentuales, unidades de volumen de tráfico,
velocidad de transmisión, ancho de banda asignado, unidades de medida
radioeléctrica, establecimiento de obligaciones especiales, planes de
expansión y cobertura o cualquiera otra medida técnica; así mismo
mediante una combinación de los distintos criterios. En desarrollo de tales
principios, por el otorgamiento de permisos para usar el espectro
radioeléctrico asignado se deberá pagar la contraprestación de que trata el
artículo 33.
No obstante lo anterior, cuando el Ministerio de Comunicaciones
determine que no existe disponibilidad suficiente del espectro
radioeléctrico o cuando las características técnicas de uso impliquen
una limitación en el número de asignaciones del mismo, podrá en
cualquier oportunidad establecer una contraprestación adicional a la
prevista en el artículo 33 de este capítulo, previo un procedimiento de
selección objetiva. Para tal procedimiento, podrá tener en
consideración criterios de escogencia, tales como: el valor que
ofrezca el interesado por concepto de la contraprestación por el
otorgamiento del permiso para usar el espectro radioeléctrico
asignado, menores tarifas al usuario por concepto de los servicios de
telecomunicaciones que prestará con dicho recurso, menor cantidad del
recurso radioeléctrico requerido para operar, el grado de reutilización del
mismo y el aprovechamiento de la más moderna tecnología disponible
(negrita fuera del texto).
[…]
Artículo 33° [modificado por el artículo 2º del Decreto 1705 de 1999]. Valor
de la contraprestación relativa a los permisos para el uso del espectro
radioeléctrico. El otorgamiento de permisos para usar el espectro
radioeléctrico asignado, destinado a la prestación de servicios de
telecomunicaciones, da lugar al pago por parte del titular del permiso de
una contraprestación equivalente al valor que resulte de aplicar, según sea
el caso, las siguientes fórmulas:
33.1 Por el uso de frecuencias radioeléctricas en HF: El valor anual de
contraprestación por el uso de frecuencias radioeléctricas asignadas en la
banda de HF se liquidará con base en la siguiente fórmula:
Donde:
VAC: Valor Anual Contraprestación
AB (kHz): Ancho de banda asignado en kHz
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N (SMLMV): Valor de 1 kHz de ancho de banda asignado en la banda de
HF y según el horario de operación. Se define en salarios mínimos legales
mensuales vigentes, así:
N igual a 0,25 para cada hora asignada entre las 6:00 y las 18:00 horas,
N igual a 0,20 para cada hora asignada entre las 18:00 y las 6:00 horas del
día siguiente
SMLMV: Salarios mínimos legales mensuales vigentes en pesos
colombianos.
Dado que las asignaciones en esta banda se efectúan para uso compartido
en función de horas de operación, para obtener el valor total por el uso de
estas frecuencias, el valor anual de la contraprestación por hora asignada
se multiplicará por cada hora de operación autorizada de acuerdo con el
numeral 33.6 del presente decreto.
33.2 Por el uso de frecuencias radioeléctricas para cubrimiento y/o enlaces
punto - multipunto. El valor anual de contraprestación por el uso de
frecuencias radioeléctricas de cubrimiento y/o enlaces punto - multipunto se
liquidará con base en la siguiente fórmula:
Donde:
VAC: Valor Anual de la Contraprestación
AB (MHz): Ancho de Banda Asignado en MHz
N (SMLMV): Valor de 1 MHz de acuerdo con la posición del ancho de
banda asignado en el espectro radioeléctrico y con los sistemas y servicios
de telecomunicaciones. Se define en salarios mínimos legales mensuales
vigentes.
Z: Valor relativo del espectro de acuerdo con el mercado del área de
servicio para la cual se asignó el ancho de banda (AB). El área de servicio
se entiende como la zona geográfica determinada dentro de la cual deben
situarse y operar los equipos destinados a la telecomunicación y deben
prestarse los servicios de telecomunicaciones, de acuerdo con los
parámetros técnicos de operación autorizados.
Los valores de N y Z se adoptan en el artículo 34 del presente decreto.
Esta fórmula aplica para cada área de servicio, sea ésta de ámbito
municipal, departamental o nacional, según sea el caso y de acuerdo con el
artículo 34 del presente decreto.
Parágrafo. En los casos en que el título habilitante no tenga definida un
área de servicio especificada por ámbito municipal, departamental o
nacional, el titular del permiso debe informar al Ministerio de
Comunicaciones, en los plazos y condiciones que este determine, el ámbito
de cada área de servicio de acuerdo con las características técnicas
aprobadas y según las condiciones del título habilitante.
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Si el titular no informa el ámbito del (las) área(s) de servicio, el Ministerio de
Comunicaciones procederá a definirla(s) de acuerdo con las características
técnicas aprobadas y según las condiciones del título habilitante.
El Ministerio de Comunicaciones se reserva el derecho de verificar el
ámbito del área de servicio informada por el titular del permiso y de solicitar
los ajustes técnicos que considere necesarios.
En todo caso, los titulares de estos permisos deberán cumplir con la
normatividad aplicable para cada una de las redes y de los servicios que
preste.
33.3 Por el uso de frecuencias radioeléctricas para enlaces punto a punto.
El valor anual de contraprestación por el uso de frecuencias radioeléctricas
para enlaces punto a punto se liquidará con base en la siguiente fórmula:
Donde:
VAC: Valor Anual de la Contraprestación
AB: Ancho de Banda Asignado en MHz, corresponde al tamaño de cada
segmento de espectro radioeléctrico asignado por el Ministerio de
Comunicaciones
F: Frecuencia central del segmento en MHz
K: Constante igual a 3,3 para enlaces cuya frecuencia central es mayor o
igual a 1 GHz
Constante igual a 1,75 para enlaces cuya frecuencia central es menor a 1
GHz
e: Base del logaritmo natural, constante igual a 2,71828182845904.
Esta fórmula debe aplicarse para cada segmento de espectro radioeléctrico
asignado en cada enlace, entendiéndose por enlace la conexión vía
radiofrecuencia (RF) entre dos estaciones situadas en puntos fijos
determinados.
33.4 Sistemas satelitales:
33.4.1 Por el uso del espectro radioeléctrico en las rampas ascendentes y
descendentes de segmentos espaciales geoestacionarios. El valor anual de
contraprestación por el permiso para usar el espectro radioeléctrico
corresponderá a una tercera parte de un salario mínimo legal mensual
vigente por cada 25 kHz de ancho de banda utilizado. Este valor será
pagado por el proveedor del segmento espacial.
33.4.2 Sistemas satelitales no geoestacionarios. Las contraprestaciones
correspondientes a los sistemas satelitales no geoestacionarios se regirán
por las normas especiales que regulen la materia.
33.5 Valor de la contraprestación por el uso de espectro radioeléctrico
atribuido para sistemas que operan con tecnología de espectro
ensanchado. El valor anual de contraprestación por el uso del espectro
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radioeléctrico atribuido para ser utilizado a título secundario, según el
Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias, en sistemas que operan
con tecnología de espectro ensanchado se determinará con base en la
siguiente fórmula:
Donde:
K: 0,1 para uso dentro de una edificación y sus zonas conexas
1,0 para uso en enlaces punto a punto
5,0 para uso en enlaces punto multipunto
AB (MHz): Ancho de banda asignado en MHz.
SMLMV: Salario mínimo legal mensual vigente en pesos colombianos.
Esta fórmula debe aplicarse para cada enlace punto a punto o para cada
punto de radiación en los enlaces punto multipunto, según sea el caso.
33.6. Horario compartido. En los casos que el Ministerio de
Comunicaciones otorgue permisos para el uso del espectro radioeléctrico
en horario compartido, el valor de la contraprestación se deberá liquidar en
forma proporcional al número de horas diarias de operación asignadas. En
todo caso, se asignarán horas completas y mínimo dos (2) horas.
33.7 Valor de la contraprestación por el uso del espectro radioeléctrico en
proyectos de telecomunicaciones sociales. Las condiciones y requisitos que
deben cumplir los proyectos para que sean considerados como proyectos
de telecomunicaciones sociales, son las determinadas por el Ministerio de
Comunicaciones.
Para el uso de frecuencias radioeléctricas en proyectos de
telecomunicaciones sociales, se aplica el siguiente régimen excepcional:
1. Cuando la totalidad de los usuarios del proyecto cumplan con las
condiciones establecidas por el Ministerio de Comunicaciones para que el
proyecto pueda acogerse a este régimen excepcional, el uso de
frecuencias radioeléctricas de que tratan los numerales 33.2, 33.3 y 33.4.1
del presente decreto, causarán una contraprestación equivalente al diez por
ciento (10%) del valor que resulte de aplicar las fórmulas establecidas en
estos numerales.
2. Cuando un porcentaje de los usuarios del proyecto cumplan con las
condiciones establecidas por el Ministerio de Comunicaciones para que el
proyecto pueda acogerse a este régimen excepcional, el uso de
frecuencias radioeléctricas de que tratan los numerales 33.2, 33.3 y 33.4.1
del presente decreto, causarán una contraprestación equivalente al
cincuenta por ciento (50%) del valor que resulte de aplicar las fórmulas
establecidas en estos numerales. Este porcentaje de usuarios es definido
por el Ministerio de Comunicaciones.
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3. El Ministerio de Comunicaciones determinará a cuáles enlaces punto a
punto, de que trata el numeral 33.3 del presente Decreto, les será aplicable
el presente régimen excepcional.
33.8 Valor de la contraprestación por el uso del espectro radioeléctrico que
se autorice de manera general. El uso del espectro radioeléctrico para
aplicaciones industriales, científicas y médicas (ICM) y para aplicaciones en
recinto cerrado que se autoricen de manera general y expresa por parte del
Ministerio de Comunicaciones, es libre.
33.9 Valor de la contraprestación por el uso del espectro radioeléctrico en
recintos cerrados. El uso del espectro radioeléctrico en recintos cerrados,
para aplicaciones que no sean autorizadas de manera general por el
Ministerio de Comunicaciones y de acuerdo con la reglamentación que para
el efecto expida, da lugar al pago de un valor anual de contraprestación de
un (1) salario mínimo legal mensual vigente por cada permiso (negritas de la
Sala).
211. En criterio de la parte demandante, durante la ejecución de la licencia se vio
sometida a circunstancias que le fueron ajenas y que afectaron de forma grave
la ecuación económica de la concesión, a saber: (i) el desarrollo de nuevas
tecnologías; (ii) la crisis generalizada de las empresas de internet, y (iii) las
decisiones del Ministerio de Comunicaciones que permitieron la prestación de
servicios a los operadores de nuevas tecnologías sin que debieran asumir el
pago de la licencia.
212. El artículo 9º del Decreto 2041 de 1998 —vigente para la fecha en que se
otorgó el título habilitante en cuestión, y que fue derogado en su integridad por
el Decreto 1972 de 2003, cuya violación, en sus artículos 8º, 9º y 31, alegó la
parte actora— dispuso:
Artículo 9°. Equilibrio de las partes. Los operadores de servicios de
telecomunicaciones tienen derecho a que se mantenga inalterada la
ecuación económica de la concesión, siempre y cuando cumplan
oportunamente con él deber de cancelar las contraprestaciones a que
estén obligados en las condiciones, términos y cuantías aplicables. En todo
caso, los operadores deberán suministrar la información veraz y fidedigna
que se requiera o se exija para el efecto.
213. Por su parte, el numeral 1º del artículo 5º de la Ley 80 de 1993 señala que
los contratistas «tendrán derecho, previa solicitud, a que la administración les
restablezca el equilibrio de la ecuación económica del contrato a un punto de no
pérdida por la ocurrencia de situaciones imprevistas que no sean imputables a
los contratistas. Si dicho equilibrio se rompe por incumplimiento de la entidad
estatal contratante, tendrá que restablecerse la ecuación surgida al momento
del nacimiento del contrato».
214. El artículo 27 ibidem, señala que: «En los contratos estatales se mantendrá
la igualdad o equivalencia entre derechos y obligaciones surgidos al momento
de proponer o de contratar, según el caso. Si dicha igualdad o equivalencia se
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Radicación: 25000232600020070030701
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rompe por causas no imputables a quien resulte afectado, las partes adoptarán
en el menor tiempo posible las medidas necesarias para su restablecimiento».
215. De esa manera, la Ley 80 de 1993 ha desarrollado el principio del equilibrio
financiero del contrato, medular en el régimen jurídico de la contratación pública
y cuya finalidad es garantizar el mantenimiento de la igualdad o equivalencia
entre derechos y obligaciones surgidos al momento de proponer o de contratar -
según el caso-, de manera que si se rompe por causas sobrevinientes,
imprevisibles y no imputables a quien resulte afectado, las partes adoptarán las
medidas necesarias para su restablecimiento, so pena de incurrir en una
responsabilidad contractual que obliga a restituir tal equilibrio42.
216. De acuerdo con la doctrina y la jurisprudencia, la ecuación económica y
financiera del contrato puede verse afectada o sufrir menoscabo: a) por actos o
hechos de la entidad administrativa contratante, como cuando no cumple con
las obligaciones derivadas del contrato o introduce modificaciones al mismo -ius
variandi-, sean estas abusivas o no; b) por actos generales de la administración
como Estado, o teoría del hecho del príncipe, como cuando en ejercicio de
sus potestades constitucionales y legales, cuya voluntad se manifiesta mediante
leyes o actos administrativos de carácter general, afecta negativamente el
contrato, y c) por factores exógenos a las partes del negocio, o teoría de la
imprevisión, o sujeciones materiales imprevistas, que involucran circunstancias
no imputables al Estado y externas al contrato pero con incidencia en el mismo
negocio jurídico43.
217. A continuación, la Sala procede a analizar si, en el caso concreto, la
ecuación económica del título habilitante otorgado a la demandante se vio
alterada por causas atribuibles a la entidad demandada, concretamente si
ocurrieron circunstancias que tipifiquen eventos como la imprevisión y el hecho
del príncipe. Lo anterior, partiendo del análisis que al respecto efectuó el
Tribunal a quo bajo la premisa consistente en que, al haber sido la sociedad
actora concesionaria del servicio público de telecomunicaciones en la
modalidad de servicios básicos para prestar el servicio portador, bien podía
reclamar el desequilibrio de la ecuación financiera con base en el artículo 9º del
Decreto 2041 de 1998, aun cuando la cesión hubiera sido otorgada a través de
una licencia.
– Teoría de la imprevisión
218. ElConsejo de Estado ha precisado que la teoría de la imprevisión se
configura cuando se presentan eventos posteriores a la celebración del
42
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera, Subsección B. Sentencia
de 28 de junio de 2012. Radicado: 113001233100019960123301 (21990). M.P.: Ruth Stella Correa
Palacio. Actor: Sociedades Equipo Universal y Cia. Ltda. y otros.
43
Ut supra. Radicado: 113001233100019960123301.
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contrato, ajenos a la voluntad de las partes, que afecten, de manera grave, el
equilibrio económico, dando lugar a un reconocimiento patrimonial por parte de
la administración para llevar al contratista afectado a un punto de no pérdida44.
219. En el asunto sub examine, la demandante aduce que sufrió perjuicios a
causa de la aparición de nuevos desarrollos tecnológicos para la prestación de
los servicios de acceso a internet de banda ancha, así como por la crisis de las
empresas de internet y de la tecnología LMDS; circunstancias que, asegura, no
resultaban razonablemente previsibles para el momento en que se le otorgó el
título habilitante contenido en la Resolución número 1384 de 2000.
220. Con apoyo en las pruebas obrantes en el proceso, el a quo observó que la
crisis de las empresas de internet se presentó entre los años 1995 y 2001, de
manera que la concesionaria debió preverla, toda vez que la licencia le fue
otorgada el 22 de junio de 2000. Aunado a ello, la estabilidad económica de
dicho sector está estrechamente ligada al producto que se ofrecía, que no es
otro que la tecnología; actividad que tiene un alto componente de innovación
permanente, lo cual genera unos riesgos muy altos frente a las actividades
económicas establecidas.
221. Al respecto, se destaca que, en el dictamen practicado dentro del proceso,
el perito Mauro Flórez Calderón, Ingeniero con PHD en Ingeniería de
Telecomunicaciones, expuso:
[…]
De los ocho operadores de LMDS nacionales autorizados entre 1998 y
2000, la situación en 2006 es que uno ha devuelto la licencia (Banda 26);
tres se han fusionado en uno solo, Neo-Sky, con licencia en ambas bandas;
Uni2 se orienta a la desagregación del bucle abonado y Auna, tras su
compra por Ono, prefiere el mercado del cable; por último, Iberbanda,
Basa, Neo-Sky y Euskaltel están migrando a WiMAX. Y todos comparten
una historia de cambios de accionariado, repetidas definiciones
estratégicas y escasa penetración en el mercado que les ha llevado, salvo
en el caso de Iberbanda y Neo-Sky, a una práctica inactividad.
[…]
Bellsouth en Colombia devolvió sus licencias.
[D]e acuerdo con el desarrollo e incursión en el mercado de nuevas
tecnologías de banda ancha, LMDS es ya una tecnología en descenso,
siendo entonces reemplazado por WiMAX, soluciones de fibra óptica etc.,
sin embargo con el fin de utilizar la infraestructura que se encuentra
44
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia de 3 de abril de
2020. Radicado: 25000-23-26-000-2007-00097 (48.676). C. P. Alberto Montaña Plata. Actor: Consorcio
Silva Fajardo y CIA Ltda. y otros.
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instalada, LMDS es un complemento de WiMAX en el último kilometro
(sic).45
[…]
La entrada de Internet provocó una frenética lucha de las empresas por los
beneficios inmediatos.
A medida que la capacidad técnica de Internet mejoraba, la necesidad de
tener una estrategia para su uso se convirtió en cuestión de moda. Las
inversiones en Internet a cualquier precio y para cualquier propósito
empezaron a valorarse más que la sabiduría estratégica, y la necesidad de
infraestructura de telecomunicaciones para transportar torrentes de tráfico
en Internet parecía justificar los gastos. EI gasto de las compañías de
telecomunicaciones locales en equipos se disparó fuertemente al alza,
duplicándose alrededor de un centenar de billones de dólares anuales
entre 1996 y 2000.
La mayor crisis de Internet se presento entre los años 1995 y 2001 y
fue denominada la crisis de las. Com (dot-com bubble).
[…]
Entre los años 1998 a 2000, aparecen centenares de compañías entre ellas
Amazon, Yahoo y AOL que, de forma rápida y sin tan siquiera haber
demostrado la viabilidad del proyecto, conseguían salir a bolsa y obtener
sustanciales cantidades de dinero con la venta inicial de sus acciones.
Durante esta época, los valores de las acciones de muchas de estas
empresas crecieron a ritmos vertiginosos, sin embargo solo en caso muy
contados llegaron a obtener los beneficios netos esperados. II Las acciones
de las empresas siguieron subiendo subiendo (sic) debido a las inversiones
que se hacían, más no a la producción real del negocio. Además la
dificultad de valorar estas empresas debido a lo novedoso de su
negocio hizo que los inversionistas no tomaran previsiones ante los
riesgos (negritas de la Sala)46.
222. La experticia llevó al Tribunal a quo a considerar que no solamente la
entrada de nuevas tecnologías afectó el desarrollo de la tecnología concedida a
la actora, sino también las deficiencias técnicas de la misma y agregó que, de
cualquier manera, los nuevos desarrollos tecnológicos no constituyen una
situación imprevista para un concesionario, más aún en un negocio en el que
tales desarrollos son de común y necesaria ocurrencia, debido a la competencia
que incentiva ese tipo de avances.
223. Como igualmente lo anotó el Tribunal de primera instancia, resulta
razonable considerar que las nuevas tecnologías que impactan en la buena
prestación del servicio público y el mejoramiento de las tarifas para el usuario
deben contar con las condiciones necesarias para garantizar su uso universal,
45 Folios 19 y 20 del cuaderno 8 Dictamen pericial.
46
Folio 44 del cuaderno 8 Dictamen pericial.
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Demandado: Nación - Ministerio TIC
lo cual quiso garantizar la entidad demandada al permitir la entrada de nuevas
tecnologías.
224. Lo dicho permite concluir que la crisis de las empresas de internet debió
contemplarse como un riesgo propio de esta clase de actividades, motivo por el
cual, resulta improcedente reclamar indemnizaciones por su materialización.
225. Para la Sala, las consideraciones del a quo son acertadas, en la medida en
que resulta natural que en el servicio público de telecomunicaciones se
produzcan desarrollos tecnológicos que muy seguramente terminarán afectando
a otras tecnologías y, por ende, a quienes explotan las mismas.
226. Así, las situaciones aducidas por la actora no pueden considerarse
imprevisibles pues, por el contrario, tuvieron ocurrencia dentro del margen de
riesgo propio del negocio de la actora.
227. En esa línea argumentativa, debe concluirse que en el sub lite no se
verifican los requisitos para la configuración de la teoría de la imprevisión, como
evento del rompimiento del equilibrio económico de los contratos estatales,
asociada a la presencia de «situaciones extraordinarias ajenas a las partes,
imprevisibles, que siendo posteriores a la celebración del contrato, alteran la
ecuación contractual en forma notoria pero que no imposibilitan su ejecución»47.
– El hecho del príncipe
228. Como ya se expuso, el equilibrio económico del contrato puede verse
afectado por causas que pueden resultar atribuibles a la administración por la
expedición de actos en ejercicio legítimo de su posición de autoridad, los cuales
han sido concebidos por la doctrina como hechos del príncipe.
229. La jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado ha
desarrollado la teoría del hecho del príncipe concibiéndola como el
«rompimiento del equilibrio económico del contrato por la expedición, imprevista
y posterior a su celebración de medidas de carácter general y abstracto por
parte de la entidad estatal contratante -según posición mayoritaria de la
Sección- (leyes, decretos, etc.), que de manera indirecta o refleja afectan la
ecuación contractual y hacen más gravosa la situación del contratista (álea
administrativa)»48.
230. En el caso sometido a análisis, el Tribunal a quo determinó que se
configuraron los requisitos para la aplicación de la teoría del hecho del príncipe,
47 Concepto Sala de Consulta C.E. 1011 de 1997 Consejo de Estado - Sala de Consulta y Servicio Civil.
48
Ut supra. Radicado: 113001233100019960123301.
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toda vez que, con posterioridad al otorgamiento de la licencia a la sociedad
demandante, el Ministerio de Comunicaciones expidió unos actos
administrativos de carácter general que permitieron que otros operadores de
banda ancha explotaran el espectro radioeléctrico sin el pago de la
contraprestación inicial al que aquella se vio obligada, situación que alteró
gravemente la ecuación financiera de la concesión.
231. Sobre el particular, el Tribunal de primera instancia señaló que el Ministerio
de Comunicaciones expidió la Resolución 2070 de 16 de septiembre de 2005 49,
en cuyo artículo 14 señaló que el derecho al uso de frecuencias radioeléctricas
daría lugar, sin excepción alguna, a la liquidación, cobro, recaudo y pago de
contraprestaciones por concepto del permiso y su título habilitante, de
conformidad con el Decreto 2925 de 200550 y el Decreto 1972 de 2003, los
cuales no contemplaron la exigencia de la contraprestación inicial.
232. El Tribunal a quo expuso que el 4 de noviembre de 2005, así como el 22 de
diciembre de 2006, el Ministerio de Comunicaciones otorgó varios permisos
para la utilización de frecuencias radioeléctricas con fundamento en la aludida
Resolución 2070 de 2005, lo que implicó que no se exigiera a los operadores la
contraprestación inicial, a diferencia de lo ocurrido con la actora, hecho que, «tal
como lo afirmó la perito Myriam Mendoza de Tovar, fue una de las razones que
llevó a la crítica situación económica de la actora, situación en la que se
encontraba a la fecha de presentación de la demanda y a la fecha de rendir el
dictamen pericial (fls. 29 30, c. 7), lo cual indica que fue un hecho que alteró de
manera extraordinaria la economía del contrato».
233. En criterio del mismo Tribunal, el otorgamiento de tales permisos sin el
pago de contraprestación inicial constituyó una medida imprevisible, puesto que
lo razonable era que el Ministerio de Comunicaciones mantuviera la
contraprestación para los nuevos concesionarios con el fin de salvaguardar la
ecuación financiera entre los operadores que se encontraban en legítima
competencia.
234. El Tribunal también adujo que la entidad demandada participó en la
expedición de los actos administrativos generadores del desequilibrio
económico, configurándose así la teoría del hecho del príncipe, en stricto sensu.
En tal virtud, decidió declarar la nulidad del demandado Oficio No. 88 de 31 de
enero de 2007, mediante el cual el Ministerio de Comunicaciones negó la
solicitud de revisión de las condiciones de la concesión nacional para la
prestación de servicios de telecomunicaciones con la tecnología LMDS.
235. El a quo advirtió que no se trata de cuestionar la legalidad de la Resolución
número 2070 de 2005 y del Decreto 1972 de 2003 –puesto que uno de los
49 Folios 418 a 422 cuaderno 2A antecedentes administrativos.
50 Folios 435 a 438 del cuaderno 24 de antecedentes administrativos.
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presupuestos de la teoría del hecho del príncipe es que se trate de actuaciones
legítimas de la administración contratante–, normas que introdujeron medidas
necesarias para evitar mayores costos al usuario final. Sin embargo, tales
normas, a juicio de la autoridad judicial de primera instancia, generaron un
quebrantamiento del principio de igualdad frente a las cargas públicas, que
debe ser asumido por la entidad demandada con el fin de restablecer el
equilibrio quebrantado.
236. En consecuencia, el Tribunal de instancia condenó a la parte demandada a
indemnizar los perjuicios causados a título de daño emergente, ordenando para
el efecto la realización de un incidente de liquidación de perjuicios en el cual se
valore el impacto de cada una de las causas que afectaron negativamente la
situación económica de la concesionaria (condena en abstracto). Por otro lado,
negó el reconocimiento del lucro cesante deprecado, en razón de que la actora,
al no renunciar a la explotación de su licencia -pudiendo hacerlo-, asumió las
consecuencias negativas derivadas de la adjudicación de nuevas licencias sin
el pago de contraprestaciones.
237. La Sala difiere de las conclusiones del a quo en lo que respecta al punto en
análisis, valga decir, la configuración del hecho del príncipe, toda vez que,
analizadas las pruebas allegadas al proceso, no se encuentra acreditado que la
situación económica de la accionante se haya visto gravemente alterada con la
expedición de la Resolución 2070 de 2005, así como de los Decretos 2925 de
2005 y 1928 de 2006, relativos a la contraprestación por los permisos para el
uso del espectro radioeléctrico.
238. Alrespecto, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones aseguró que los beneficiarios del permiso de WiMax no
entraron a operar y que, en ese sentido, no se puede considerar que la actora
haya sufrido una afectación por la sola expedición de las normas aludidas.
239. De acuerdo con lo expuesto, el Tribunal a quo determinó que la economía
de la concesionaria demandante se alteró de manera extraordinaria por el
otorgamiento de permisos para la utilización de frecuencias radioeléctricas sin
exigir a los beneficiarios la contraprestación inicial, hecho que encontró probado
a través de lo afirmado por la perito Myriam Mendoza de Tovar en el dictamen
pericial rendido dentro del proceso.
240. LaSala observa que en el auto que abrió a pruebas el proceso51, el
magistrado a cargo de la sustanciación del proceso en primera instancia, en
atención a que el cuestionario aportado por la parte actora para efectos del
dictamen pericial contenía interrogantes que se referían tanto al campo de las
telecomunicaciones como a asuntos contables, requirió a la experta para que
51 Folio 172 del cuaderno principal No. 1.
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aclarara si para su práctica se requería, además de la intervención de un perito
experto en telecomunicaciones, la de un perito contador.
241. En atención a tal requerimiento, el apoderado de la demandante allegó
memorial aclarando que «las preguntas 1 a 9 de la prueba pericial solicitada en
la demanda deben ser respondidas por un perito experto en
telecomunicaciones, en tanto que las preguntas 11 y 12 lo serán por un perito
contador», motivo por el cual, en efecto, se designaron dos peritos para la
práctica del dictamen pericial.
242. Analizado el dictamen pericial, la auxiliar de la justicia Myriam Mendoza de
Tovar, quien afirmó que rindió la experticia a partir de los conocimientos
contables, económicos y financieros que posee como contadora pública, al
resolver el cuestionario presentado por la demandante, específicamente ante la
pregunta 12. ¿cuáles han sido las causas de la difícil situación por la que se
encuentra atravesando FLYCOM hoy día?, respondió:
[…]
PRIMERA CAUSA: LA CAÍDA DE LAS ACCIONES DE EMPRESAS
TECNOLÓGICAS.
[…]
SEGUNDA CAUSA: ADJUDICACION DE LA BANDA DE 3.5 GHz-WiMax
SIN EXIGIR CONTRAPRESTACION INICIAL.
Para la adjudicación de la banda de 3.5 GHz WiMax. El Ministerio de
Comunicaciones mediante resoluciones Nos. 2064 y 2070 de 2005 entregó
tres (3) licencias nacionales a los operadores de telefonía de larga distancia
(TELECOM, ETB y ORBITEL) sin exigir ninguna contraprestación inicial.
FLYCOM, parte demandante, por haber tenido que pagar
contraprestaciones, tanto iniciales como periódicas, trasladó estos costos
finalmente al usuario a través de las tarifas para recuperar la inversión.
Por el hecho de que las personas jurídicas a quienes se les entregó la
banda de 3.5 GHz WiMax, sin contraprestación inicial a diferencia de lo
ocurrido con FLYCOM, sociedad que debió pagar contraprestaciones tanto
iniciales como periódicas, es decir en condiciones económicas diferentes,
se afectó el equilibrio financiero de la sociedad demandante.
Se agrega a lo anterior el hecho de que el Ministerio de Comunicaciones
otorgó a los operadores WiMax descuentos de mas de un noventa y cinco
por ciento (95%) en el pago de las contraprestaciones periódicas por el uso
del espectro radioeléctrico.
En resumen, una de las causas que afectó el equilibrio financiero de la
sociedad demandante fue el haber entregado el Ministerio de
Comunicaciones licencias nacionales a los operadores de telefonía de larga
distancia (TELECOM, ETB y ORBITEL) sin exigir ninguna contraprestación
inicial, condición diferente a la exigida a la sociedad FLYCOM y dio lugar a
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Demandado: Nación - Ministerio TIC
una competencia comercial en la que la demandante se encontraba en
desventaja.
[…]
TERCERA CAUSA: APARICION DE NUEVAS TECNOLOGIAS52.
[…]
243. A solicitud formulada por la demandada al descorrer el traslado del
dictamen, la perito Myriam Mendoza de Tovar procedió a aclarar, entre otros,
los siguientes puntos de su informe:
[…]
5. Sírvase igualmente la Honorable Doctora que ha rendido el peritazgo de
la referencia, y dado que hace un estudio económico de la situación de la
demandante, aclarar cuáles eran los riesgos normales y propios del
negocio de esta, y además el monto monetario de la incidencia de esos
riesgos normales y propios en la situación económica de la parte
demandante.
[…]
RESPUESTA:
No entiendo a que riesgos se refiere el solicitante de la aclaración cuando
dice: “CUALES ERAN LOS RIESGOS NORMALES Y PROPIOS DEL
NEGOCIO DE ESTA”.
Sin embargo, si se trata de los riesgos normales y propios de la
demandante, se aclara que al igual que toda empresa corre con los riesgos
que las afecta la situación cambiante de la economía.
El monto de los riesgos normales y propios de un negocio no es posible
cuantificarlo, en razón a que los riesgos no se contabilizan. El decreto 2649
de 1993, (Diciembre 29) “Por el cual se reglamenta la contabilidad en
general y se expiden los principios o normas de contabilidad generalmente
aceptados en Colombia", en el artículo 12 - Realización, señala:
"ART.12.-Realización. Solo pueden reconocerse hechos económicos
realizados. Se entiende que un hecho económico se ha realizado cuando
quiera que pueda comprobarse que, como consecuencia de transacciones
o eventos pasados, internos o externos, el ente económico tiene o tendrá
un beneficio o un sacrificio económico, o ha experimentado un cambio en
sus recursos, en uno y otro caso razonablemente cuantificables (Arts.10,
17,47,48,57,96,97)”
[…]
8. Sírvase aclarar la Honorable Señora perito porqué (sic) no tiene en
cuenta cuándo entraron en operación esos beneficiarios de permisos en el
espectro para WiMax a que achaca la agravación de la situación
52
Folios 16 a 20 del cuaderno 6.
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económica del demandante, o siquiera si alguno de esos beneficiarios de
permisos (porque existe “concesión de WiMax” ni cosa parecida) entró en
operación, y en cambio asume que la sola entrega de permisos del
espectro para WiMax impactaba el negocio del demandante, cuando lo
cierto es que nadie puede perder clientes o mercado sino con quien puede
quitárselos, posibilidad solamente efectiva cuando el competidor opera".
[…]
RESPUESTA:
EI hecho de que a otras personas, como en el presente caso a TELECOM,
ETB y ORBITEL, el Ministerio de Comunicaciones mediante resoluciones
Nos. 2064 y 2070 de 2005 les haya entregado tres (3) licencias nacionales
sin exigir contraprestación inicial, esto es en mejores y desiguales
condiciones, por cuanto FLYCOM debió pagar contraprestaciones tanto
iniciales como periódicas, es causa para que los costos y gastos de las
empresas favorecidas sean menores y pueda vender sus servicios a menor
precio, multiplicar ofertas, ofrecer descuentos, etc., desplazando o sacando
del mercado a aquella que por sus obligaciones financieras previamente
adquiridas, se ve obligada a mantener el precio más alto.
Es por lo anterior que se dijo en el Dictamen Pericial que ante la
desigualdad de condiciones, la competencia de las empresas TELECOM,
ETB y ORBITEL colocó en desventaja a la demandante.
244. La perito Myriam Mendoza de Tovar expresó que el dictamen pericial se
sustentó en las siguientes actas de reuniones extraordinarias de la Asamblea
General de Accionistas de FIRSTMARK COMMUNICATIONS COLOMBIA S.A.,
cuyas copias insertó al mismo: acta 003 de 28 de abril de 2000, sobre cesión y
venta de 246.622.500 acciones a INTERCONEXION ELECTRICA S. A. ESP. -
ISA; acta 004 de 31 de agosto de 2000, sobre aprobación de presupuesto,
requerimientos económicos y financieros para cumplimiento con los
compromisos adquiridos con el Ministerio de Comunicaciones por el
otorgamiento de la licencia LMDS y para cubrimiento de gastos para inicio de
actividades sociales, y acta 007 de 12 de junio de 2001, sobre reglas
transitorias para el manejo de la sociedad, aportes para futura capitalización,
emisión y colocación de acciones y nombramiento de Junta Directiva.
245. Asimismo, citó como fuente la obra ANDEL, Michael, LA DEPRESION DE
INTERNET, editado por PEARSON EDUCACION S. A., Madrid, 2001. Internet:
www. Wikipedia.orgWIKI/Burbuja.
246. La Sala considera pertinente precisar que la Resolución 2064 de 15 de
septiembre 2005, referida por la perito Myriam Mendoza de Tovar, tuvo por
objeto atribuir y planificar unas bandas de frecuencias del espectro
radioeléctrico para la prestación de los servicios de telecomunicaciones que
utilicen sistemas de Distribución Punto a Punto y Punto Multipunto para Acceso
de Banda Ancha Inalámbrica (artículo 1º). Concretamente, el Ministerio de
Comunicaciones atribuyó «dentro del territorio nacional, a título primario al
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Radicación: 25000232600020070030701
Demandante: INTERNEXA S.A. E.S.P.
Demandado: Nación - Ministerio TIC
servicio fijo radioeléctrico, para la operación de los sistemas de Distribución
Punto a Punto y Punto multipunto para Acceso de Banda Ancha Inalámbrica, la
banda de frecuencias radioeléctricas comprendida entre los 3 400 MHz a los 3
600 MHz» (artículo 3º).
247. Por su parte, la Resolución número 2070 de 16 de septiembre de 2005 se
encaminó a adoptar medidas tendientes a establecer el correcto y racional uso
del espectro radioeléctrico y a determinar la forma de otorgamiento de los
permisos para el uso del espectro radioeléctrico para la prestación de servicios
de telecomunicaciones que utilicen sistemas de distribución Punto a Punto y
Punto multipunto para Acceso de Banda Ancha Inalámbrica, en la banda de 3
400 MHz a 3 600 MHz.
248. Así las cosas, resulta imprecisa la afirmación de la perito Myriam Mendoza
de Tovar según la cual, mediante la Resoluciones números 2064 y 2070 de
2005, el Ministerio de Comunicaciones entregó tres (3) licencias nacionales a
TELECOM, ETB y ORBITEL, pues se trata de actos administrativos que
contienen disposiciones generales, mientras que los permisos a estas
empresas fueron concedidos posteriormente, mediante actos administrativos de
carácter particular.
249. Ahora bien, la perito Myriam Mendoza de Tovar afirmó que el equilibrio
financiero de la sociedad actora se vio afectado por la caída de las acciones de
las empresas tecnológicas, la aparición de nuevas tecnologías y la adjudicación
de la banda de 3.5 GHZ-WiMax sin la exigencia de contraprestación inicial y
con descuentos de más del 95% en el pago de las contraprestaciones
periódicas por el uso del espectro radioeléctrico.
250. Sin embargo, del análisis de la citada experticia la Sala observa que sus
conclusiones carecen de sustento, pues la perito se limita a hacer inferencias
sobre las afectaciones que pudieron causar los aludidos factores en la situación
económica de la parte actora, sin presentar argumentos que lleven a tal
convicción.
251. Más aún, la perito no resuelve lo cuestionado por la entidad demandada
sobre la entrada, o no, en operación de los titulares de los permisos que
menciona en la experticia, valga decir, sobre el efectivo uso del espectro
radioeléctrico para la prestación de servicios de telecomunicaciones que utilicen
Sistemas de Distribución Punto a Punto y Punto Multipunto para Acceso de
Banda Ancha Inalámbrica, en la banda de 3 400 MHz a 3 600 MHz en el ámbito
nacional, en los términos de la Resolución 2070 de 2005. Por ende, tampoco
explica la manera en que la expedición de dicho acto administrativo impactó y
afectó la concesión de la demandante.
252. En cuanto a los documentos que soportan la experticia, se trata de actas de
reuniones extraordinarias de la Asamblea General de accionistas de
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Radicación: 25000232600020070030701
Demandante: INTERNEXA S.A. E.S.P.
Demandado: Nación - Ministerio TIC
FIRSTMARK COMMUNICATIONS COLOMBIA S.A., fechadas el 28 de abril de
2000, el 31 de agosto de 2000 y el 12 de junio de 2001, que en nada sustentan
las afirmaciones de la perito Myriam Mendoza de Tovar sobre las afectaciones
causadas por el otorgamiento de permisos para el uso del espectro
radioeléctrico en el año 2005 por parte del Ministerio de Comunicaciones.
253. En todo caso, la Sala advierte que tales aspectos técnicos escapan al
campo de la experticia de la señora Myriam Mendoza de Tovar, quien, se
reitera, fue designada para resolver el cuestionario formulado por la actora solo
en lo que respecta a asuntos contables.
254. Cabe destacar que el juzgador no tiene que ceñirse en su decisión a lo
concluido en el dictamen pericial, puesto «esta es una prueba que debe ser
valorada por el juez».
255. Esta Corporación, al pronunciarse respecto de la eficacia probatoria del
dictamen pericial, ha destacado que, para tal efecto, deben tomarse en
consideración, entre otros factores, el consistente en que «[…] (i) el perito de
manera razonada lo que sepa de los hechos, según sus conocimientos
especializados (…) (vi) el dictamen esté debidamente fundamentado y sus
conclusiones claras, firmes y una consecuencia de las razones expuestas
[…]53».
256. Tales exigencias, en criterio de la Sala, no están presentes en el precitado
dictamen pericial, teniendo en cuenta que la perito Myriam Mendoza de Tovar
carece de conocimientos técnicos en materia de telecomunicaciones, a lo que
se agrega que sus conclusiones no se encuentran debidamente
fundamentadas.
257. Aunado a lo anterior, la Sala pone de presente que en el informe rendido en
el mes de marzo del año 2009, el ingeniero Mauro Flórez Calderón, experto en
telecomunicaciones igualmente designado como perito dentro del proceso,54
resolvió el interrogante elaborado por la demandante, del cual se destaca la
respuesta a la pregunta número 9, a saber: ¿Qué impacto ha tenido el
desarrollo de la tecnología WiMax, ADSL y cable modem frente a los
operadores de LMDS?. En respuesta a tal interrogante, el perito contestó:
[…] En Colombia, LMDS no prosperó mucho a causa de sus
inconvenientes y falta de clientes.
Su principal competidor es la tecnología de WiMAX donde se empezó a
implementar en las mismas ciudades donde se empezó el sistema LMDS,
53 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia
de 16 de diciembre de 2022. Radicado: 05001233100019930137401. C. P. Jaime Enrique Rodríguez
Navas. Actor: Empresas Públicas de Medellín (E.P.M. E.S.P).
54 Folios 2 a 83 del cuaderno No. 8.
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Radicación: 25000232600020070030701
Demandante: INTERNEXA S.A. E.S.P.
Demandado: Nación - Ministerio TIC
además el aumento de las redes de cableado en las principales ciudades,
su rebaja de costos y el aumento de la velocidad de los enlaces al usuario
permitió aumentar la demanda de las tecnologías de cableado, dejando de
lado las conexiones LMDS por sus altos costos y problemas técnicos al
manejar frecuencias tan altas.
Otro competidor en la actualidad es la conexión por medio de las redes de
tercera generación de los diferentes operadores de celular, que tiende a ser
una alternativa para captar nuevos usuarios de Internet en banda ancha por
su facilidad de adquirir un MODEM y pagar el servicio, que en la
actualidad es similar a su contraparte alámbrica como ADSL y Cable
MODEM y sin la necesidad de hacer un cableado ni equipos nuevos como
MODEM conectado a una corriente eléctrica o Router.
Un punto adicional es la disponibilidad en la cobertura, debido a la red de
telefonía celular en la actualidad tiene una gran variedad en cobertura.
De todas formas cabe resaltar que a pesar del crecimiento de xDLS y
Cable MODEM, las tecnologías inalámbricas tuvieron un crecimiento
del 129% en el periodo de 2006 -2007, mucho mayor que las otras
tecnologías, pero su número de usuarios no es tan significativo.
[…]
El impacto de WIMAX con respecto a los operadores LMDS sería
bastante desfavorable ya que WIMAX pude ofrecer los mismos
servicios que LMDS añadiendo beneficios, como por ejemplo:
▪ Movilidad.
▪ Mayor cobertura (mayor radio de celda) ofrecida a sus abonados.
▪ Beneficios de la interoperabilidad.
▪ Diferentes opciones en cuanto se refiere a la calidad de servicio (4
definidos)
▪ Diferentes especificaciones que puede manejar la capa física de
acuerdo a las necesidades del cliente.
Estas ventajas ofrecidas por los operadores dedicados a ofrecer servicios
WIMAX ponen en un alto nivel de riesgo a las empresas dedicadas a
ofrecer servicios LMDS (fls. 63 y 64 Cd. 8)
258. Del referido dictamen, el a quo corrió traslado a las partes, oportunidad en
la que el apoderado de la entidad demandada solicitó al perito las siguientes
aclaraciones:
[…] 1. Sírvase aclarar el Honorable Perito porqué no tiene, y en cuenta
(sic) cuándo entraron en operación los beneficiarios de permisos
WiMax (que no licenciatarios, puesto que no hay concesión de por medio)
a que achaca la agravación de la situación económica del
demandante, o siguiera si alguno de esos beneficiarios entró en
operación, y en cambio asume que la sola entrega de permisos para
WiMax impactó el negocio del demandante, cuando lo cierto es que nadie
puede perder clientes o mercado sino con quien puede quitárselos,
posibilidad solamente efectiva cuando el competidor opera y, para efectos
de la presente demanda, ello además debió ocurrir antes de la agravación
de la situación económica de la parte demandante que motivó a demandar
al Ministerio de Comunicaciones (negritas de la Sala).
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Radicación: 25000232600020070030701
Demandante: INTERNEXA S.A. E.S.P.
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[…]
6. En relación con la respuesta dada a la pregunta No 9, según la cual "en
Colombia, LMDS no prospero mucho a causa de sus inconvenientes y falta
de clientes", el señor perito precisará si esa falta de clientes se produjo en
razón de la incursión de nuevas tecnologías o el desarrollo de las
existentes. En caso afirmativo dirá cuales fueron esas tecnologías […]
259. Atendiendo la solicitud de aclaración del dictamen pericial, el experto
manifestó lo siguiente:
[…] En el documento del peritaje en ninguna parte afirmo que “el
otorgamiento de permisos para uso del espectro para WiMax afectó a
la parte demandante, ni asumo que la sola entrega de permisos para
WiMax impactó el negocio del demandante”.
Si se afirma que WiMax, es (o fue) competidor de LMDS y además que
WiMax presenta un número de ventajas técnicas sobre LMDS, sobre todo
en cuanto propagación radioelectromagnética (f. 87 cuaderno 8).
[…]
Sin ninguna duda WiMax afecto (sic) sensiblemente el desarrollo y las
posibilidades comerciales de LMDS, pero precisar en cuánto y desde
que fecha exacta es un imposible. También es imposible precisar la
poca demanda de LMDS, por parte de los clientes, por existir múltiples
causas, por ejemplo el relativo bajo desarrollo informacional de Colombia, o
las expectativas en cuanto calidad y precio que genero (sic) WiMax y de
ADSL, entre otras cosas.
En mi sentir, una tecnología podría afectar el mercado de otra, no
solamente desde el momento de la incorporación o de la asignación
de títulos habilitantes, sino podría afectarlo, por ejemplo, desde que se
conoce el desarrollo positivo de los prototipos de laboratorio o desde que
se visualiza la incorporación en el mercado de esa tecnología emergente
por las expectativas y zozobras que produce (folios 89 y 90 cuaderno 8).
(Resaltado por la Sala).
260. Se resalta del informe que el perito manifestó que en su experticia no
determinó que el otorgamiento o la sola entrega de permisos para uso del
espectro para la tecnología WiMax hubiera afectado a la sociedad demandante
ni asume que la sola entrega de permisos para WiMax impactó el negocio de
esta. En contradicción a esa afirmación, seguidamente manifiesta que «Sin
ninguna duda WiMax afecto (sic) sensiblemente el desarrollo y las
posibilidades comerciales de LMDS».
261. Igualmente, llama la atención que el perito manifestó que es imposible
precisar en qué cantidad y desdé qué fecha se dio la afectación de la tecnología
WiMax al desarrollo y las posibilidades comerciales de LMDS.
262. La Sala resalta que, si, como lo expone el perito, no es posible determinar
la fecha en que se produjo la supuesta afectación con la entrada de la
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tecnología WiMax al establecimiento y operación de redes radioeléctricas de
distribución punto multipunto de banda ancha con tecnología LMDS/LMCS, es
claro que la experticia no conduce a concluir, como lo hizo el a quo, que dicha
afectación fue provocada con ocasión de la expedición de la Resolución 2070
de 2005 y de los Decretos 2925 de 2005 y 1928 de 2006, más aún cuando,
según lo adujo la entidad demandada en el proceso, los beneficiarios del
permiso WiMax «nunca entraron a operar».
263. En síntesis, no está demostrado el perjuicio económico que la sociedad
demandante invoca haber sufrido, como quiera que de las pruebas obrantes en
el expediente no se desprende con claridad que esta haya padecido un perjuicio
susceptible de ser reparado o indemnizado. De esa manera, no puede
establecerse la existencia de un daño por el hecho del príncipe, causal de
ruptura del equilibrio económico que «se presenta cuando la administración
contratante (intervención de los poderes públicos) profiere actos generales en
su calidad de autoridad estatal, en ejercicio de sus propias funciones y no como
parte contratante en el negocio jurídico, pero que tienen incidencia indirecta en
el contrato y afectan su ecuación, generando una alteración extraordinaria o
anormal de la misma, que ocasiona un detrimento de los intereses económicos
del contratista, aunque a título de responsabilidad sin culpa. En este evento,
procede la indemnización integral de los perjuicios55».
264. Se debe agregar que el título habilitante otorgado a Flycom
Comunicaciones S.A. –hoy Internexa S.A. E.S.P.– para el usufruto del espectro
radioeléctrico se dio en competencia, lo que implica que existía la posibilidad de
que otros actores ingresaran al mercado en condiciones distintas a las
establecidas para la actora, sin que por ese hecho pueda invocarse válidamente
la existencia de un daño por el hecho del príncipe.
265. En lo que toca a este aspecto, conviene mencionar que el artículo 33356 de
la Constitución Política consagra la libertad de competencia como una garantía
de las actividades económicas.
266. El artículo 365 de la Constitución Política dispone que los servicios públicos
son inherentes a la finalidad social del Estado y que este tiene el deber
asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional.
Los servicios públicos, señala la norma, podrán ser prestados por el Estado,
55
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera, Subsección B. Sentencia
de 28 de junio de 2012. Radicado: 113001233100019960123301 (21990). M.P.: Ruth Stella Correa
Palacio. Actor: Sociedades Equipo Universal y Cia. Ltda. y otros.
56 ARTICULO 333. La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien
común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin autorización de la ley.
La libre competencia económica es un derecho de todos que supone responsabilidades.
80
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directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares y, en
todo caso, el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos
servicios.
267. En criterio de la Corte Constitucional, de esa norma se desprende que
cuando el Estado decide delegar en particulares la prestación de un servicio
público, da paso a la concurrencia de estos en el ámbito de la libertad
económica, debiendo además intervenir de modo que tal concurrencia sea
compatible con las finalidades del servicio público57. Es así como a los servicios
públicos, en tanto actividad de contenido económico, les son aplicables las
garantías de las actividades económicas, como lo es la de la libertad de
competencia prevista en el artículo 333 superior.
268. De acuerdo con lo ya expuesto en esta providencia, en vigencia del Decreto
Ley 1900 de 1190 predominó en materia de servicios de telecomunicaciones –
especie de los servicios públicos– un modelo de titularidad pública en el que los
prestadores adquirían esta calidad solamente bajo la existencia de un título que
los habilitara para ello: una licencia o una concesión58. Este título habilitante
para prestar el servicio no era suficiente para proceder a la prestación del
mismo, pues era necesario además tener acceso al espectro radioeléctrico 59, a
través de un permiso que, en ocasiones, se concedía en el mismo título que
habilitaba para la prestación del servicio, ello en razón de que el Estado era el
titular tanto del servicio como del espectro necesario para su prestación, aun
cuando se trataba de dos conceptos diferentes60.
269. En su artículo 13, el Decreto Ley 1900 de 2000 estableció que las
concesiones de servicios de telecomunicaciones deberían otorgarse de modo
tal que se promovieran la eficiencia, la libre iniciativa y competencia, la
igualdad de condiciones en la utilización de los servicios y la realización plena
de los derechos a la información y al libre acceso a los servicios de
telecomunicaciones.
270. Así, el régimen legal estableció la liberalización del subsector de los
servicios públicos de telecomunicaciones y la garantía de libre competencia en
los mismos, la cual se manifiesta de distintas formas.
271. En este escenario, conviene traer a colación la sentencia C-403, mediante
la cual la Corte Constitucional analizó si el inciso cuarto del artículo 68 de la Ley
1341 de 2009, que prevé un régimen de transición para los operadores y
57 Corte Constitucional. Sentencia C-815 de 2001. M.P.: Rodrigo Escobar Gil.
58 Artículos 2º y 4º del Decreto Ley 1900. Igualmente, así se desprende de los artículos 555 de 2000.
59 Artículo 20 del Decreto Ley 1900 de 2000.
60
Barreto, S. 2017. La libre competencia económica en el régimen de los servicios públicos. Revista
Digital de derecho Administrativo. 18 (jun. 2017), 225–252. DOI:https://doi.org/10.18601/21452946.n18.10.
81
Radicación: 25000232600020070030701
Demandante: INTERNEXA S.A. E.S.P.
Demandado: Nación - Ministerio TIC
proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones que estaban en el
mercado al momento de expedición de la ley, desconoce los artículos 13
(derecho a la igualdad) y 333 (libre competencia) de la Constitución Política al
permitir la subsistencia de dos regímenes distintos: el que rige las concesiones,
permisos, licencias y autorizaciones otorgadas con anterioridad a la vigencia de
la Ley 1341 de 2009, y el que surge de la habilitación general introducida por la
misma Ley. De la citada sentencia se destaca lo siguiente:
[…] El Decreto 2870 de 2007, que desarrolla la Ley 72 de 1989 y el Decreto
Ley 1900 de 1990, establece por primera vez en Colombia un marco
reglamentario que permite la convergencia en los servicios públicos y en
las redes de telecomunicaciones del Estado, con el fin de asegurar el
acceso y uso de tales servicios y redes a todos los habitantes del territorio y
promover la competencia entre los diferentes operadores.
[…]
Observa la Corte que dentro del propósito del legislador de respetar el título
habilitante obtenido bajo un régimen anterior y aplicar, a partir de la
vigencia de la Ley 1341 de 2009, a todos los proveedores de redes y
servicios de telecomunicaciones que libremente así lo decidan, las nuevas
reglas, no establecen en realidad dos tratamientos distintos para
situaciones iguales. Se trata de situaciones jurídicas diferentes, una
consolidada bajo los parámetros del Decreto Ley 1900 de 1990 y el
Decreto 2870 de 2007, que debe ser protegida para garantizar los
derechos y obligaciones originalmente acordados, y otra, que de
configurarse va a nacer bajo los efectos de la nueva ley (Ley 1341 de
2009). De esta forma se garantiza la libre competencia, protegiendo
situaciones consolidadas bajo el régimen anterior, a las cuales no se
les cambian intempestivamente las condiciones bajo las cuales
adquirieron el título habilitante y se les permite, durante un tiempo
limitado, continuar con la prestación del servicio habilitado bajo dichas
condiciones, para luego hacer la transición al nuevo régimen […].
Así las cosas, encuentra la Corte que el legislador se limitó en la
disposición demandada a respetar el acceso de los operadores
establecidos bajo el régimen anterior y que en esa medida el artículo 68
demandado no introduce tratamientos distintos para situaciones
iguales, que vulneren los derechos constitucionales a la igualdad (art. 13
CP) y a la libre competencia (art. 333 CP), y en consecuencia, procederá a
declarar la exequibilidad de la norma demandada por el cargo analizado.
[…]
272. En el asunto analizado por esta Sala en la presente providencia,
FIRSTMARK COMMUNICATIONS COLOMBIA S.A., hoy Internexa S.A. E.S.P.,
se reitera, obtuvo un título habilitante que comprende el permiso para usar el
espectro radioeléctrico en los canales uno (1) y cuatro (4); la autorización para
el establecimiento de la red radioeléctrica de distribución punto multipunto de
banda ancha con tecnología LMDS/LMCS y la concesión para prestar el
servicio portador.
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Demandante: INTERNEXA S.A. E.S.P.
Demandado: Nación - Ministerio TIC
273. Por su parte, ORBITEL S.A. E.S.P.61, la Empresa de Telecomunicaciones
de Bogotá S.A. E.S.P. - ETB S.A. E.S.P.62 y Colombia Telecomunicaciones S.A.
E.S.P.63, en virtud de lo dispuesto mediante las Resoluciones números 2064 de
200564 y 2070 de 200565, obtuvieron permiso para el derecho al uso del
espectro radioeléctrico para la prestación de los servicios de
telecomunicaciones con utilización de sistemas de Distribución Punto a Punto y
Punto Multipunto para Acceso de Banda Ancha Inalámbrica, para su operación
dentro del área de servicio nacional.
274. De acuerdo con la Resolución 2070 de 2005, el permiso para el derecho al
uso del espectro radioeléctrico no constituiría, por sí mismo, título habilitante
para la prestación de servicios de telecomunicaciones (parágrafo del artículo
3º). Por lo demás, dentro del alcance del permiso definido en dicha resolución
no se incluyó la autorización para el establecimiento, explotación y uso de redes
requeridas para los servicios de telecomunicaciones.
275. De hecho, para obtener los permisos por el derecho al uso del espectro
radioeléctrico para la prestación de los servicios de telecomunicaciones que
utilicen sistemas de Distribución Punto a Punto y Punto Multipunto para Acceso
de Banda Ancha Inalámbrica en el área de cubrimiento nacional, a los
operadores se les exigió, entre otros requisitos: a) Contar con título habilitante
para la prestación de servicios de Valor Agregado y Telemáticos. b) Estar
autorizado o contar con título habilitante para la prestación del servicio de Larga
Distancia. C) Operar directa o indirectamente, a través de empresas vinculadas,
socios, accionistas al menos un (1) millón de las líneas telefónicas fijas
instaladas en el país. (artículo 7º).
276. De lo dicho se tiene que, mientras el título habilitante otorgado a la
demandante incluyó el permiso para el uso del espectro radioeléctrico, la
autorización para el establecimiento de redes y la concesión para la
prestación del servicio de telecomunicaciones, en contraste, a ORBITEL S.A.
E.S.P, a la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. - ETB S.A.
E.S.P. y a Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. solo se les otorgó un
permiso para usar el espectro radioeléctrico; ello en razón de que una
exigencia que debieron satisfacer fue contar previamente con título habilitante
para operar servicios de telecomunicaciones, para lo cual –resulta claro tras el
61 Resolución 2595 de 4 de noviembre de 2005 folios 435 a 438 del cuaderno 2A antecedentes
administrativos.
62
Resolución 2596 de 4 de noviembre de 2005 folios 439 a 441 del cuaderno 2A antecedentes
administrativos.
63 Resolución 2597 de 4 de noviembre de 2005 y Resolución 3646 de 22 de diciembre de 2006, folios 442
a 444 y 445 a 449, respectivamente, del cuaderno 2A antecedentes administrativos.
64 Por la cual se atribuyen y planifican unas bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico, para la
prestación de servicios de telecomunicaciones que utilicen sistemas de distribución Punto a Punto y Punto
multipunto ara Acceso de Banda Ancha Inalámbrica y se dictan otras disposiciones.
65 Por la cual se adoptan medidas tendientes a establecer el correcto y racional uso del espectro
radioeléctrico en la banda de 3 400 MHz a 3 600 MHz y se dictan otras disposiciones.
83
Radicación: 25000232600020070030701
Demandante: INTERNEXA S.A. E.S.P.
Demandado: Nación - Ministerio TIC
análisis de las normas que rigen la materia–, en su momento debieron cumplir
con los requisitos y pagos exigidos.
277. En efecto, en los actos administrativos particulares que expidió el Ministerio
de Comunicaciones se condicionó la vigencia de los permisos del espectro
radioeléctricos al hecho de que sus titulares mantuvieran vigentes las licencias
para la prestación de servicios de valor agregado y telemáticos y la habilitación
para la prestación de telefonía pública básica conmutada de larga distancia
durante el término del permiso.
278. Igualmente, resulta importante advertir que las condiciones de mercado
existentes en el año 2000, cuando se otorgó el título habilitante a la actora, no
pueden ser equiparables, per se, a las existentes en el año 2005, año en el cual
se concedieron los permisos a los aludidos operadores.
279. De esa manera, la Sala advierte que la situación de la sociedad actora
difería de la de los beneficiarios de los permisos nacionales de larga distancia
para el uso de frecuencias radioeléctricas otorgados en virtud de la Resolución
2070 de 2005, razón por la cual no puede determinarse que, en el marco de
dicho acto administrativo de carácter general, se hubieran introducido
tratamientos distintos para situaciones iguales, con infracción de los derechos a
la igualdad y a la libre competencia.
280. Por las razones esgrimidas, y con base en el análisis de todas las pruebas
obrantes en el proceso, la Sala determina que no quedó acreditada la ruptura
del equilibrio económico de la concesión de la demandante, lo que lleva a
considerar que el Oficio No. 88 de 2000, mediante el cual el Ministerio de
Comunicaciones, actualmente Ministerio de las Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones, resolvió de forma desfavorable la petición contenida en los
escritos con radicados 125708 de 25 de agosto y 135182 de 17 de noviembre
de 2006,66 no vulneró las normas superiores invocadas como violadas en la
demanda; de manera que la sociedad Flycom Comunicaciones S.A. E.S.P.,
absorbida por INTERNEXA S.A. E.S.P., no logró desvirtuar su legalidad.
281. En consecuencia, se revocará la sentencia de primera instancia proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección
B, para, en su lugar, negar las pretensiones de la demanda, como en efecto se
dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
282. Respecto de la condena en costas prevista en el artículo 171 del CCA, esta
Sala considera que no se configuran los presupuestos para que las partes
demandante y demandada sean obligadas al reconocimiento de las mismas, en
tanto no se observa en su proceder un actuar doloso o temerario.
66 Folios 970 a 1011, folios 1013 y 1014 del cuaderno de pruebas No. 2
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Radicación: 25000232600020070030701
Demandante: INTERNEXA S.A. E.S.P.
Demandado: Nación - Ministerio TIC
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 12 de diciembre de 2011, expedida por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B y,
en su lugar, NEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: ABSTENERSE DE CONDENAR en costas a la parte demandante
y a la parte demandada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
TERCERO: ENVIAR copia de la presente providencia al Tribunal de Justicia de
la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de
la Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores -
Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal
de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la presente providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
Presidente
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley. P(9)
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