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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2021-02376-00

Acción de tutela contra providencia judicial

Fecha
1 de julio de 2021
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2021-02376-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la acción de tutela promovida por la sociedad Internexa S.A. E.S.P. contra la Sección Primera del Consejo de Estado, por las razones señaladas en este proveído. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991. TERCERO: Si no se impugna esta providencia dentro de los tres (3) días siguientes a su ejecutoria, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2021-02376-00

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

1 de julio de 2021

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL POR INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD / PROCEDENCIA DEL RECURSO DE REPOSICIÓN – Contra la decisión que resolvió que el asunto no era una controversia contractual / AUSENCIA DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REPOSICIÓN / MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / JUICIO DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO – Que otorgó una licencia para el uso del espectro electromagnético / SOLICITUD DE RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO – No era procedente por no se trataba de un contrato de concesión, sino una licencia para el uso del espectro electromagnético / INEXISTENCIA DEL DEFECTO FÁCTICO / INEXISTENCIA DEL DEFECTO SUSTANTIVO / ERROR INDUCIDO – Inexistencia / NORMATIVA DE LA COMUNIDAD ANDINA – En el proceso ordinario no se solicitó la aplicación de este marco normativo / COMPETENCIA DEL JUEZ NATURAL / INCUMPLIMIENTO DE LAS CARGAS PROCESALES

[L]a Sala anticipa que declarará la improcedencia de la acción, en los siguientes términos: Frente a: (i) el defecto procedimental consistente en que previo a decidir asuntos como el que es objeto de debate, el juez ordinario debe solicitar un concepto al Tribunal Judicial de la Comunidad Andina; y (ii) el sustantivo, este último en lo relacionado con el desconocimiento del marco jurídico de la referida comunidad, comoquiera que al revisar el expediente ordinario se observa que ninguno de los extremos del litigio formuló su aplicación. (…) Posteriormente, en los recursos de apelación, si bien la providencia que definió el primer grado fue favorable a la parte actora, lo cierto es que ni esta, ni la entidad demandada solicitaron la aplicación del marco jurídico que se invoca en este trámite constitucional. Por tanto, al haberse limitado el fundamento de la demanda en el desconocimiento de las disposiciones internas y, al ejercer el juez de lo contencioso administrativo una jurisdicción rogada, le correspondía a la interesada alegar lo que, a su juicio, en el sub examine le aplicaba para que fuera dicho operador judicial el que analizara la presunta vulneración de sus derechos por parte de la administración y se pronunciara al respecto. La anterior particularidad impide de plano que, en sede de tutela, este cuerpo Colegiado se pronuncie sobre asuntos que son propios de la esfera funcional del fallador de la causa ordinaria que, en esta oportunidad se trató del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B y la Sección Primera del Consejo de Estado, puesto que dichas judicaturas conocieron del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho a partir de los parámetros indicados en el escrito demandatorio, dentro de los cuales no hicieron parte los argumentos que constituyen el defecto procedimental y una parte del sustantivo. Así, no queda duda que la inaplicación del marco jurídico al que alude la sociedad tutelante es producto de su falta de diligencia; error que no es posible subsanar con el ejercicio de la acción de tutela como si constituyera una tercera instancia, a través de la cual pueda exponer los reproches que debían ser del conocimiento de las autoridades a las que la ley les designó la competencia específica. En relación con los otros tres argumentos del yerro sustantivo, con los cuales, en síntesis, Internexa S.A. E.S.P. arguyó que el asunto sub lite es de naturaleza contractual y, por ende, procedía el restablecimiento del equilibrio económico, de conformidad con el análisis sustancial que realizó la corte Constitucional en la C-917 de 2006, iterado en la C-043 de 2010; así como el desconocimiento del artículo 2º del Decreto 868 de 1999, a partir del cual interpreta que el título habilitante no es un mero acto administrativo que declara la voluntad unilateral de la administración por cuanto medió el acuerdo de voluntades; y el errado señalamiento de la autoridad censurada al afirmar que el equilibrio económico que predica el artículo 91 del Decreto 2041 es de carácter contractual en estricto sentido, la Sala manifiesta que tampoco satisface el presupuesto adjetivo que se analiza. (…) Al respecto, la Sala encuentra que no se supera el requisito de subsidiariedad, por cuanto la parte actora, en el desarrollo de este cargo hace hincapié en que el asunto ordinario comporta un asunto contractual, luego entonces, al ser este argumento la génesis de sus reproches, contaba con otro mecanismo judicial ordinario.

Ello, debido a que con la referida decisión de 7 de noviembre de 2019, la Sección Tercera del Consejo de Estado remitió a la Sección Primera el medio de control promovido por la parte actora, por considerar que no se circunscribía a un asunto contractual, argumento que, se itera, constituyó la piedra angular de la decisión reprochada de 24 de septiembre de 2020, pues con base en este, la autoridad censurada resolvió revocar lo dispuesto por el juez a quo ordinario para, en su lugar, denegar las pretensiones de la demanda luego de concluir que el título habilitante otorgado a Internexa S.A. E.S.P para el uso y explotación del espectro radioeléctrico no era de naturaleza contractual, sino, un mero acto administrativo que únicamente declaraba la voluntad de la administración y, en consecuencia, determinó que no era posible en este evento solicitar y dar lugar a declarar un restablecimiento del equilibrio económico respecto de una relación que no correspondía a la convencional. Ahora, teniendo en cuenta que, aunque la entidad tutelante no lo expuso expresamente, con el defecto sustantivo controvirtió la providencia de 7 de noviembre de 2019 al dirigir argumentos tendientes a demostrar que el permiso del acceso al espectro electromagnético derivó de un vínculo contractual y que, por ser un acto jurídico de tal envergadura procedía el replanteamiento de la ecuación económica; lo que claramente conlleva en resumen a la manifestación consistente en que la autoridad que por reglas de reparto debía conocer de este asunto, era la Sección Tercera del Consejo de Estado por ser el órgano de cierre en la materia –asuntos contractuales-. En ese orden, esta Sala de Decisión encuentra que, contra el proveído de 7 de noviembre de 2019 procedía el recurso de reposición, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 242 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en concordancia con el artículo 318 del Código General del Proceso. (…) Así las cosas, es evidente que Internexa S.A. E.S.P. contó con un mecanismo procesal para reponer la decisión que dispuso la remisión del expediente a la Sección Primera con fundamento en que la materia no es de índole contractual, misma razón que dio origen la decisión denegatoria de 24 de septiembre de 2020, que la accionante considera vulneradora de sus derechos. Por lo anterior y, en consonancia con uno de los rasgos característicos de este mecanismo constitucional, cual es su naturaleza subsidiaria, que tiene como objetivo salvaguardar a este medio constitucional de un uso inadecuado, abordar el estudio de estos reparos podría desnaturalizar su valor preeminente y especial dentro del ordenamiento jurídico y, de contera, atentar contra el fin superior que el constituyente le confirió.

FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 242 / LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 318 / DECRETO 2041 - ARTÍCULO 91 / DECRETO 868 DE 1999 - ARTÍCULO 2

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejero ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá D.C., primero (1º) de julio de dos mil veintiuno (2021)

Radicación número: 11001-03-15-000-2021-02376-00(AC)

Actor: INTERNEXA S.A. E.S.P

Demandado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN PRIMERA

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Tutela contra providencia judicial – declara la improcedencia de
la acción por no cumplir con el requisito de subsidiariedadTemas:

FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

Procede la Sala a resolver la acción de tutela formulada por la sociedad Internexa S.A. E.S.P., contra la Sección Primera del Consejo de Estado, de conformidad con el Decreto 2591 de 1991.

ANTECEDENTES

Solicitud

A través de la ventanilla virtual de la Secretaría General del Consejo de Estado, la sociedad Internexa S.A. E.S.P., por conducto de apoderado judicial, el 10 de mayo de 2021 instauró acción de tutela contra la Sección Primera del Consejo de Estado, con el fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

Las mencionadas garantías las estimó vulneradas por la autoridad demandada al proferir la sentencia de 24 de septiembre de 2020, mediante la cual revocó la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, que había accedido parcialmente a las pretensiones de la demanda promovida por la accionante en contra de la Nación - Ministerio de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones, en el marco del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que se identificó con el radicado 25000-23-26-000-2007-00307-01.

Hechos

La entidad tutelante indicó que, mediante el Decreto No. 868 de 24 de mayo de 1999, el Gobierno Nacional dispuso conceder en el territorio nacional unas bandas de frecuencias para el establecimiento y operación de redes radioeléctricas de distribución “punto multipunto de banda ancha con tecnología LMDS/LMCS”, para la prestación de servicios de telecomunicaciones y, estableció el procedimiento para otorgar los títulos a través de los cuales ello se habilita.

Adujo que, con fundamento en la norma ejusdem, el Ministerio de Comunicaciones, hoy Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, expidió la Resolución No. 244 de 2000, con la cual se determinó la apertura del proceso de selección objetiva para adjudicar, mediante licencia, dos concesiones para el ámbito nacional y diecisiete en el nivel local, para la prestación de servicios de telecomunicaciones con la tecnología LMDS3.

Refirió que, dicho ministerio elaboró el respectivo pliego de condiciones, en el cual se estableció que el proceso de selección se adelantaría en la modalidad de sobre cerrado con el fin de lograr la adjudicación a la mejor oferta económica, por tanto, el valor ofertado por los interesados era un factor determinante para la adjudicación de las licencias.

Precisó que, luego de realizar el estudio de las condiciones de mercado y de las ventajas que ofrecía la tecnología LMDS, con el propósito de ofrecer precios competitivos en la prestación del servicio de banda ancha, FIRSTMARK COMMUNICATIONS COLOMBIA S. A. F.M.C. COLOMBIA S.A., cuyo nombre cambió posteriormente por el de FLYCOM COMUNICACIONES S.A. E.S.P. – FLYCOM S.A. E.S.P.4 –, empresa que fue absorbida por INTERNEXA S.A. E.S.P., decidió participar en el procedimiento abierto.

Arguyó que, a través de la Resolución No. 1384 de 22 de junio de 2000, el Ministerio de Comunicaciones otorgó a FIRSTMARK COMMUNICATIONS S.A. el título habilitante por el término de diez años para el uso y la explotación del espectro radioeléctrico; el establecimiento de la red radioeléctrica de distribución punto multipunto de banda ancha con tecnología LMDS/LMCS; y la concesión para prestar el servicio de portador. Por lo anterior, el 7 de septiembre de 2000 la parte actora canceló la suma de $32.863´338.200, correspondiente al valor de la oferta inicial que realizó.

Resaltó que, para elaborar la oferta referida, los socios de FIRSTMARK COMMUNICATIONS S.A. estructuraron un plan de negocio en el cual tuvieron en cuenta elementos que arrojaban diferentes resultados según el valor final a pagar por la licencia, a saber: la penetración de internet en Colombia en el año 1999; la eficiencia de la tecnología LMDS; el mercado potencial; los ingresos esperados; las previsiones de gastos; las previsiones de inversión; las consideraciones financieras; la valoración por flujo de caja libre y las proyecciones a nivel mundial de la tecnología LMDS.

Señaló que, durante la ejecución de la licencia, FIRSTMARK COMMUNICATIONS COLOMBIA A. F.M.C. COLOMBIA S.A – luego FLYCOM S.A. E.S.P. –, se vio sometida a circunstancias que le fueron ajenas y que afectaron de forma grave la ecuación económica de la concesión, concretamente: (i) el desarrollo de nuevas tecnologías; (ii) la crisis generalizada de las empresas de internet, y (iii) las decisiones del Ministerio de Comunicaciones que permitieron la prestación de servicios a los operadores de nuevas tecnologías sin que debieran asumir el pago de la licencia, de conformidad con el artículo 6º de la Resolución No. 2064 de 2005, la Resolución No. 2070 de 2005, así como con el Conpes que fue proferido el 18 de agosto de 2005, a través del cual se establecieron “(…) los lineamientos de política para la utilización eficiente de tecnologías de banda ancha inalámbricas en la banda ancha 3.5. Ghz”.

Destacó que, con la Resolución No. 1449 de 2006, el ministerio definió las reglas para la utilización del espectro radioeléctrico con la tecnología WiMax en las áreas de servicio departamental y, en ese orden, en su artículo 12 se dispuso: “(…) No podrán participar en el presente proceso de selección los beneficiarios de permisos nacionales por el derecho al uso del espectro radioeléctrico para la prestación de los servicios de telecomunicaciones que utilicen sistemas de Distribución Punto a Punto y Punto Multipunto para Acceso de Banda Ancha Inalámbrica”, es decir que, a la sociedad tutelante no le era permitido participar.

Indicó que, mediante escritos presentados el 25 de agosto y 9 de octubre de 2006, solicitó al Ministerio de Comunicaciones la revisión de las condiciones de la concesión para la prestación de servicios de telecomunicaciones con la tecnología LMDS, con el fin de que se restableciera la ecuación económica. Dicha petición fue resuelta desfavorablemente por el secretario general del Ministerio de Comunicaciones con el Oficio No. 88 de 31 de enero de 2007 con fundamento en que: (i) el permiso otorgado a la sociedad no era un contrato de concesión, sino una licencia para el uso del espectro electromagnético, luego de una subasta pública a través de un proceso de selección objetiva; (ii) las circunstancias económicas señaladas como causa del desequilibrio económico de la concesión, hacen parte del alea del negocio; y (iii) las decisiones del ministerio que han permitido la prestación del mismo servicio por otros operadores en condiciones económicas distintas, “(…) no generan ninguna interferencia perjudicial, máxime si se utilizan diferentes medios de transmisión: fibra óptica, pares aislados, microondas, LMDS, etc”.

Añadió que, en el oficio ibídem, se concluyó que lo requerido no era procedente y, además, se omitió el deber de señalar los recursos que procedían en vía gubernativa contra la referida decisión, como lo establecía el artículo 47 del Código Contencioso Administrativo.

Manifestó que, inconforme con lo anterior, ejerció el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con el fin de que se declarara la ilegalidad del Oficio No. 088 de 2007. Con sentencia de 12 de diciembre de 2011, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B accedió a las pretensiones luego de encontrar acreditado el rompimiento del equilibro contractual y, en consecuencia, condenó al extremo pasivo a pagar el daño emergente.

Advirtió que, contra la decisión de primera instancia, las partes interpusieron recursos de apelación, los cuales fueron desatados por la Sección Primera del Consejo de Estado en sentencia de 24 de septiembre de 2020, en el sentido de revocar lo dispuesto por el juez a quo, para, en su lugar, denegar las pretensiones de la demanda con fundamento en que la licencia obtenida por la entidad accionante no ostentaba naturaleza contractual, por tanto, no daba lugar al restablecimiento solicitado.

Fundamentos de la solicitud

1.3.1. La parte demandante refirió que la autoridad judicial cuestionada incurrió en defecto procedimental “(…) por falta de aplicación de una norma de convencionalidad – omisión de la consulta prejudicial obligatoria ante el TJCA”

Lo anterior, por cuanto en el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y siguientes, asignan al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la función de interpretar por vía prejudicial las normas comunitarias, “(…) y ordena, además, que los jueces nacionales, en aquellos casos donde entran en juego estas normas, pueden o deben acudir a ese organismo”, ya que establece:

“ARTÍCULO 33.- Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso.

En todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o petición de parte la interpretación del Tribunal”.

A su juicio, el artículo 33 del compendio ejusdem señala que en aquellas sentencias como la que se reprocha en esta sede, la judicatura que conoce del asunto “debe” acudir a la consulta obligatoria de que trata el artículo 123 ibídem, así:

“(…) Artículo 123.- Consulta obligatoria. De oficio o a petición de parte, el juez nacional que conozca de un proceso en el cual la sentencia fuera de única o última instancia, que no fuere susceptible de recursos en derecho interno, en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, deberá suspender el procedimiento y solicitar directamente y mediante simple oficio, la interpretación
del Tribunal”.

En ese sentido, adujo que la consulta es un requisito procesal que debe solicitarse como un trámite incidental en cualquier tiempo, antes de dictarse sentencia, pues no hacerlo, constituye la nulidad del fallo por la violación al debido proceso.

Para tal efecto, trajo a colación la sentencia SU-081 de 2020, en la cual la Corte Constitucional indicó: “(…) En el ámbito interno, las normas del derecho comunitario se incorporan a nuestro ordenamiento jurídico de forma directa, con el mismo rigor y valor que las leyes, pero dotadas de preeminencia y de aplicación preferencial. En efecto, en la Sentencia C-1490 de 2000, la Corte precisó que, por ejemplo, en el caso de las decisiones adoptadas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, las mismas no requieren haber sido ratificadas previamente por el Congreso de la República para que su cumplimiento sea obligatorio, pues sus disposiciones son directamente aplicables a nivel interno, sin necesidad de que se sometan al trámite ordinario de incorporación (CP arts. 189, 150.16 y 241.10)”.

De igual forma, hizo referencia a la sentencia de 3 de marzo de 2020 dictada con ponencia de la magistrada de la Sección Segunda del Consejo de Estado, Sandra Lisset Ibarra Vélez, en el marco del expediente identificado con el radicado 11001-03-15-000-2013-02008-00, en la cual, luego de referirse a las acciones jurisdiccionales de las que conoce el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, tales como las acciones de incumplimiento, la interpretación prejudicial, la resolución de conflictos contractuales entre particulares, se indicó que “(…) los instrumentos jurídicos enunciados son considerados por la doctrina como fuente normativa directa, es decir, las normas positivas a la Comunidad Andina”.

Adicionalmente, invocó la sentencia de 9 de agosto de 2012 expedida en el marco de un recurso extraordinario de anulación contra un laudo arbitral; expediente distinguido con el radicado 11001-03-26-000-2012-00020-00 (43281), “proceso de Cumplimiento a Fallo Del Tribunal De Justicia de la Comunidad Andina de 26 de agosto de 2011; Actor COMCEL S.A.”, en el cual, según la accionante, la figura de la interpretación prejudicial es obligatoria por la supremacía del derecho comunitario.

Concretó que al caso sub lite debe acudirse a la consulta obligatoria del mencionado tribunal, por cuanto “(…) la normativa prevalente en temas del comercio de servicios de telecomunicaciones es la normativa comunitaria andina, lo que quiere decir que cualquier antinomia entre ésta y la normativa nacional, internacional o contractual, siempre se resuelve a favor de la primera”. (Énfasis del texto)

Lo anterior, habida cuenta que mediante la Decisión No. 462 de 24 de marzo de 1999, los países miembros de la señalada comunidad aprobaron las normas que regulan el “Proceso de Integración y Liberalización del Comercio de Servicios de Telecomunicaciones en la Comunidad Andina”, máxime si se tiene en consideración lo establecido en la sentencia dictada dentro del proceso No. 239-1p-2014, por el Tribunal de Justicia Andino, así:

“(…) En consecuencia, al ser el contrato de concesión del espectro radioeléctrico un contrato mediante el cual se faculta a un proveedor para el suministro de servicios de telecomunicaciones mediante el uso del espectro radioeléctrico y, al tratarse el espectro radioeléctrico del medio por el cual se transmiten las frecuencias de ondas de radio electromagnéticas que permiten las telecomunicaciones, en principio, toda medida relativa a los contratos de concesión del espectro radioeléctrico se encuentra dentro del ámbito de aplicación de la Decisión 462, por cuanto las medidas adoptadas o mantenidas por un País Miembro que afecten la prestación y el comercio de servicios de telecomunicaciones están comprendidas dentro del ámbito de aplicación de dicha Decisión, como lo dispone el artículo 4 inciso 1 literal c) de la misma”.

En ese orden, manifestó que no tiene incidencia el término usado por el Ministerio de Comunicaciones para denominar el vínculo contractual (concesión, permiso, autorización, contrato, acto administrativo), puesto que al tratarse de una medida adoptada por una autoridad de un Estado miembro de la Comunidad Andina, consistente en la habilitación a Internexa S.A. E.S.P. para prestar servicios de telecomunicaciones a través del uso y explotación del espectro radioeléctrico, se hacía obligatoria la intervención del pluricitado tribunal por tratarse de este asunto puntualmente.

1.3.2. Adujo el extremo activo que la providencia reprochada también adolece de defecto sustantivo por la inaplicación de las siguientes decisiones de la Comunidad Andina y de la Corte Constitucional:

No. 439 de 1998, artículo 18, en la cual se estableció “(…) los Países Miembros velarán porque las medidas de promoción y fomento que apliquen a las actividades de servicio no distorsionen las condiciones de competencia al interior del mercado subregional y adoptarán normas comunitarias sobre Incentivos al comercio de servicios”.

No. 462 de 24 de marzo de 1999, a través de la cual se aprobó la regulación del “Proceso de Integración y Liberalización del Comercio de Servicios de Telecomunicaciones en la Comunidad Andina”, artículo 1º, literales a y d.

Agregó el artículo 2º ejusdem, en el que se define como título habilitante el: “(…) Acto administrativo por medio del cual la Autoridad Nacional Competente de un País Miembro faculta a un proveedor para el suministro de servicios de telecomunicaciones o para la instalación y operación de redes”.

También el artículo 4º, numeral 1º, literal a), en el que se indica que el ámbito de aplicación cobija “(…) Todas las medidas de los Países Miembros que afecten el acceso a las redes y servicios públicos de transporte de telecomunicaciones y a la utilización de los mismos por personas de los Países Miembros”.

Refirió que el Conpes 3371 de 18 de agosto de 2005 y las Resoluciones Nos. 2064 y 2070 de 2005, van en contravía del artículo 18 de la Decisión No. 439, por establecer condiciones preferenciales para los agentes económicos interesados, e impedir que Internexa S.A. E.S.P. participara en ese campo específico de la actividad de las telecomunicaciones.

Así como el artículo 12 de la Resolución No. 1449 de 2006, en el que se definieron las reglas para la utilización del espectro radioeléctrico con la tecnología WiMax en las áreas de servicio departamental, cercenando la participación de la accionada en favor de otros operadores.

Puntualizó que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado que las contraprestaciones pagadas por operadores del servicio de telecomunicaciones comportan un verdadero precio público – ingreso no tributario –, derivado de la concesión o autorización para la prestación de un servicio de la misma naturaleza; en ese orden, señaló las sentencias C-927 de 2006 y C-043 de 2010, en las cuales se consideró que la asignación del espectro electromagnético a través de licencia, era un procedimiento reglado por ser un servicio público cuya gestión correspondía al Estado, por tanto se trataba de una relación contractual debido a que “(…) en estos casos se evidenciaba la manifestación de la voluntad del particular de acceder al uso, explotación y prestación de un servicio o bien público, asunto propio de una relación contractual y voluntaria (…).”

Agregó que se desconoció que el artículo 2º del Decreto 868 de 1999, vigente para la época en que fue habilitada la sociedad accionante para el uso y explotación del espectro electromagnético, establecía el alcance del título habilitante, en el sentido de señalar que este tenía un propósito múltiple: “(…) no solo en el uso de las frecuencias asignadas, sino, la prestación del servicio de telecomunicaciones correspondiente. Se trató, si se quiere, de un acto complejo, que incluía, tanto el permiso para el uso del espectro radioeléctrico como la concesión para prestar el servicio”.

Todo lo anterior para destacar que, la autorización, permiso o concesión implicó la entrega de un servicio público a cambio de una contraprestación, razón por la cual consistió en un procedimiento de selección objetiva cuyo objeto debe mirarse como una unidad y no de manera fraccionada como lo hizo la autoridad censurada. Al respecto, citó la sentencia de 5 de diciembre de 2016, proferida dentro del proceso No. 25000232600020040181901, en la cual la Sección Tercera del Consejo de Estado analizó la legalidad de una sanción impuesta por el pago tardío de la contraprestación por uso del espectro, en el marco del contrato de concesión, frente a lo cual, al haberse aplicado el mismo razonamiento de la Sección Primera, tendría que haber sido excluido del conocimiento del asunto, por cuanto se trataba de un tema no contractual, ajeno a su competencia.

Finalmente, arguyó que el equilibrio económico que predica el artículo 91 del Decreto 2041 no es de carácter contractual en estricto sentido, pues se trata de una figura autónoma que deviene de las condiciones particulares de la relación que surge entre el Estado y los agentes del sector de telecomunicaciones que pagaron una contraprestación para el uso, acceso y prestación del servicio.

Petición de amparo constitucional

Las pretensiones de la demanda de tutela son las siguientes:

“1) Amparar los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia de la sociedad Internexa S.A, vulnerados por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado con ocasión de la sentencia dictada el 24 de septiembre de 2020 en el proceso 25000232600020070030701, que revocó la sentencia de primera instancia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y negó las pretensiones de la demanda.

2) Declarar que la sentencia cuestionada incurrió en i) un defecto procedimental por falta de aplicación del artículo 33 de la Decisión 472 de la Comunidad Andina, que obligaba a acudir a la interpretación prejudicial ante ese órgano, ii) un defecto sustantivo, por desconocimiento de la normativa de la Comunidad Andina sobre protección a la libre competencia y la interpretación que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha hecho sobre la materia, iii) un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente de la Corte Constitucional fijado en las sentencias C-097 de 2006 y C-043 de 2010 y iv) un defecto sustantivo por la errada interpretación de los artículos 7 y 8 de la Ley 72 de 1989, y 2 y 16 del Decreto 868 de 1999.

3) En consecuencia, se deje sin efecto la sentencia y se ordene a la accionada acudir: 3.1- A la interpretación prejudicial obligatoria del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, para que este se pronuncie sobre el alcance de las normas comunitarias que regulan los derechos, obligaciones y cargas del título habilitante para asignación de bandas de frecuencia, uso del espectro radioeléctrico, y prestación del servicio de telecomunicaciones, en el caso materia de estudio.

3.2- Una vez surtida la interpretación judicial obligatoria, dictar un nuevo fallo que tenga en cuenta los precedentes judiciales invocados en esta tutela y la interpretación prejudicial que emita el Tribunal Andino de Justicia.

4) Se adopten las decisiones y medidas que el despacho considere necesarias en consideración a lo acreditado en los hechos y fundamentos de esta acción”.

Trámite de la acción

Mediante auto de 12 de mayo de 2021, el Despacho Ponente admitió la solicitud de tutela; ordenó notificar a la parte actora y a los magistrados de la Sección Primera del Consejo de Estado. En calidad de terceros con interés, ordenó vincular al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B [autoridad judicial de primera instancia del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho], y al Ministerio de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones [parte demandada dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho].

Finalmente, dispuso la publicación de la información del asunto de la referencia en la página web del Consejo de Estado, y reconoció personería jurídica a la abogada Juliana Saldarriaga Vélez para actuar en representación de la parte accionante.

1.6. Intervención

Efectuadas las notificaciones correspondientes, se pronunciaron las siguientes autoridades:

1.6.1. La Sección Primera del Consejo de Estado allegó informe el 24 de mayo de 2021, a través del que solicitó que se declare la improcedencia de la acción y que, en su defecto, se deniegue el amparo solicitado, comoquiera que no se acreditó que la decisión de 24 de septiembre de 2020 fuera arbitraria o contraria a derecho.

(a) Como primera medida, adujo que en el escrito de tutela se señala que la decisión controvertida incurrió en: (i) defecto sustantivo por el desconocimiento de la normativa de la Comunidad Andina sobre libre competencia; y (ii) en defecto procedimental por inaplicar el artículo 33 de la Decisión 472 de la referida comunidad, con fundamento en la cual el juez ordinario debía acudir a la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Al respecto, advirtió que al analizar los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dichas disposiciones establecen que los jueces que asuman el conocimiento de un proceso en el que deba aplicarse o en el que se controviertan normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, tendrán la facultad o el deber, según el grado de la decisión a emitir, de elevar ante el referido tribunal un concepto prejudicial, el cual deberá ser adoptado en la respectiva sentencia.

Resaltó que en el proceso que dio origen a esta acción de tutela, ninguna de las partes solicitó la interpretación de dicha Colegiatura. Lo anterior, por cuanto en la demanda la parte accionante señaló como desconocidas algunas disposiciones de la Constitución Política, así como de los Decretos 1900 de 1990, 1972 de 2003 y la Ley 80 de 1993; en el desarrollo del concepto de la violación tampoco hizo alusión a la presunta transgresión del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; en el fallo de primera instancia el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B no consideró reproche alguno en tal sentido; en el recurso de apelación la demandante no expuso la inconformidad y, tampoco recurrió, en ese sentido, el auto que corrió traslado para presentar los alegatos de conclusión.

Adujo que la Sección Primera del Consejo de Estado ha señalado que cuando los extremos procesales no invoquen la vulneración de las normas de la Comunidad Andina, y no se advierta la necesidad de interpretar tales disposiciones para resolver el caso concreto, no hay lugar a solicitar la mencionada interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Para tal efecto, citó las sentencias de 26 de febrero de 2004, 6 de agosto y 24 de septiembre de 2020.

(b) En cuanto al defecto sustantivo por desconocimiento del precedente de la Corte Constitucional contenido en la sentencia C-917 de 2006, iterado en la C-043 de 2010, respecto del cual, a juicio de la accionante, la Resolución No. 1384 de 2000, por la cual se entregó en concesión una franja del espectro radioeléctrico a la actora para la prestación del servicio de telecomunicaciones del que es titular el Estado, no contiene una decisión unilateral de la administración, propia de una relación de sujeción, pues, por el contrario, se configuró una relación conmutativa, ya que devino de un proceso de selección en el que concurrieron voluntades de oferta y demanda, y se convino una contraprestación que, en consecuencia, daba lugar a preservar el equilibrio económico existente al momento en que confluyeron esa oferta y demanda para dar lugar a un acuerdo. Al respecto, la judicatura censurada expuso:

“(…) Pues bien, de la lectura de la citada sentencia C-927 de 2006, se encuentra que la Corte Constitucional analizó si el artículo 7° de la Ley 72 de 1989 y el artículo 59 del Decreto Ley 1900 de 1990 desconocen o no el principio de legalidad en materia tributaria previsto en el artículo 338 superior, al disponer que el otorgamiento de concesiones, permisos o autorizaciones, como títulos habilitantes en materia de telecomunicaciones, generan en favor de la entidad otorgante el pago de los derechos, tasas o tarifas que fije el Ministerio de Comunicaciones.

Con ese propósito, la Corte reiteró sus precedentes en relación con el alcance y la naturaleza jurídica de las tasas, como concepto tributario, y procedió a determinar si las prestaciones económicas consagradas en las referidas normas se identifican con dicho concepto o si, por el contrario, involucran el desarrollo de una institución jurídica distinta, y tras referirse a las características de los impuestos, las tasas y las contribuciones, la Corte concluyó que si bien las normas sometidas a su análisis denominan como «tasas» las contraprestaciones que surgen por concepto del otorgamiento de concesiones, autorizaciones o permisos, las mismas no tienen carácter tributario y, por lo mismo, no se someten al cumplimiento de las exigencias constitucionales consagradas en el artículo 338 superior.

En síntesis, la Corte Constitucional se ocupó de establecer cuál es la naturaleza de las contraprestaciones que surgen por el permiso para el uso del espectro electromagnético, por la autorización para la instalación de redes de telecomunicaciones y por las concesiones que legitiman la prestación de los servicios de transmisión de datos, concluyendo que no son ingresos tributarios del Estado, sino que corresponden a un precio público, pues constituyen un derecho de contenido económico cuyo titular es la administración pública por la utilización exclusiva de un bien de dominio público, como lo es el espectro electromagnético, de manera que no le son exigibles los imperativos constitucionales que emanan del principio de legalidad tributaria.”

Así entonces, precisó que la sentencia de la Corte no fijó un alcance de las normas invocadas y tampoco creó reglas o subreglas que resultaran aplicables al caso concreto, sino que, estableció cuál es la naturaleza de las contraprestaciones que emergen por la autorización del uso del espectro electromagnético, la instalación de redes y los permisos para la prestación de servicio de transmisión de datos, para concluir que dichos ingresos no corresponden a la categoría tributaria, por cuanto consisten en un precio público por ejercer un derecho de contenido económico del cual es titular el Estado.

(c) Respecto a la sentencia que la compañía accionante aludió de 9 de abril de 2014, proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado dentro del proceso identificado con radicado 66001-23-31-000-2002-00861-01, señaló que, analizada dicha providencia, se observó que el aparte transcrito corresponde a una cita textual de una obra incluida, a su vez, en la cita in extenso de un pronunciamiento jurisprudencial anterior en el cual la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado se ocupó de distinguir los elementos y características del contrato de concesión.

Por ello, recordó que la Corte Constitucional ha establecido que una sentencia se compone de tres elementos, esto es, la decisión del caso; las razones que se encuentran relacionadas directamente con la decisión o ratio decidendi; y los argumentos accesorios usados para ayudar a construir la narrativa judicial u obiter dicta; de los cuales, únicamente la ratio decidendi constituye precedente.

Razón por la que concluyó que, dicho pronunciamiento no constituía precedente judicial al no haber fijado una regla de obligatorio cumplimiento y, particularmente, porque no fue proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado o por la Sala Plena de la Sección Tercera de la Corporación, de conformidad con el contenido del artículo 270 de la Ley 1437 de 2011.

Adicionalmente, especificó que en la sentencia SU-917 de 2010, el referido Alto Tribunal advirtió que la acción de tutela es procedente en aquellos eventos en que la decisión judicial riñe ostensiblemente con la Constitución Política, mientras que, en los demás casos, “(…) los principios de autonomía e independencia judicial, y especialmente la condición de órganos supremos dentro de sus respectivas jurisdicciones, exigen aceptar las interpretaciones y valoraciones probatorias aún cuando el juez de tutela pudiera tener una percepción diferente del caso y hubiera llegado a otra conclusión” (Énfasis del texto)

(d) En relación con el defecto sustantivo por la indebida interpretación de las normas que sirvieron de fundamento de la decisión reprochada, adujo que se trata de aspectos ya zanjados en la instancia ordinaria y sobre los cuales la sociedad tutelante pretende reabrir el debate.

En todo caso, en gracia de discusión, indicó que el artículo 2º del Decreto 868 de 1990 definió expresamente el alcance del título habilitante, en el sentido de indicar que la norma establece 3 instrumentos jurídicos respecto de los cuales procede el otorgamiento de este, tales como el permiso para usar el espectro, la autorización para el establecimiento de la red, y la concesión para prestar el servicio; distinción que también contienen los numerales 2º y 25 del Decreto Reglamentario 2041 de 1998.
“La referida diferenciación, en todo caso, no fuerza a concluir, como lo aduce la accionante, que el permiso para el uso del espectro radioléctrico sea por completo ajeno a la «relación contractual que se establece entre quienes celebran un contrato de concesión», valga decir, a la concesión para prestar el servicio portador en el ámbito del permiso para usar el espectro radioeléctrico asignado.

Por el contrario, como igualmente se sostuvo en la providencia reprochada (párrafo 196), la concesión para prestar el servicio portador estuvo asociada al permiso otorgado para usar el espectro radioeléctrico, lo cual se colige de lo dispuesto en el referido artículo 2º del Decreto 868 de 1999, en cuanto incluye en el alcance del título habilitante la concesión para prestar el servicio portador en el ámbito del permiso para usar el espectro radioeléctrico asignado.”

Finalmente, recalcó que no es cierto que en la providencia reprochada se hubiese estimado que el equilibrio económico de que trata el artículo 9º del Decreto 2041 de 1998 sea eminentemente contractual, por tanto, son apreciaciones subjetivas de la parte activa que no desvirtúan la interpretación constitucionalmente admisible del operador judicial.

1.6.2. El Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones mediante memorial presentado el 21 de mayo de 2021, solicitó que se declare la improcedencia de la acción y, en su defecto, se nieguen las pretensiones, habida cuenta que el presente trámite no cumple con el requisito de inmediatez, pues, a su juicio, el plazo para acudir a la sede constitucional venció el 5 de mayo de 2021.

Igualmente indicó que la petición de amparo no es de relevancia constitucional, ya que lo pretendido por la entidad actora consiste en reabrir un debate ya zanjado por el juez natural de la causa.

Agregó que, lo relativo a la aplicación del marco normativo y de la interpretación prejudicial del Tribunal Judicial de la Comunidad Andina tampoco satisface el presupuesto de la subsidiariedad, en atención a que estos aspectos no fueron planteados en la demanda y, por tanto, escaparon del análisis de las autoridades del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

Finalmente, indicó que en el sub lite no se advierte la existencia de un perjuicio irremediable, pues ello no se encuentra implícito por el hecho de que la decisión censurada hubiese sido adversa a las pretensiones del extremo activo.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela presentada por la parte actora contra la Sección Primera del Consejo de Estado, de conformidad con lo establecido en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021 y, el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si procede el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia invocados por la parte actora, los cuales consideró vulnerados con la providencia de 24 de septiembre de 2020 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, en el marco del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificad con el radicado 25000-23-26-000-2007-00307-01.

Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: (i) el criterio de la Sala sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) los requisitos de procedibilidad adjetiva de la acción de amparo y, de encontrarse superados; (iii) las generalidades de los defectos procedimental y sustantivo; y (iv) el análisis del caso concreto.

2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio, pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “fijados hasta el momento jurisprudencialmente”.

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.

A partir de esa decisión, se dejó en claro que la acción de tutela se puede interponer contra decisiones de las Altas Cortes, específicamente, las del Consejo de Estado, autos o sentencias, que desconozcan derechos fundamentales, asunto que en cada caso deberá probarse y, en donde el actor tendrá la carga de argumentar las razones de la violación.

Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.4. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.4.1. Para la Sala resulta necesario precisar que, el caso objeto de estudio está revestido de relevancia constitucional, por cuanto al revisar el escrito que dio origen a la acción de tutela en relación con los supuestos fácticos de la demanda, las pretensiones, la carga argumentativa y probatoria, se advierte que la parte actora solicita la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

De acuerdo con lo anterior, en el caso concreto, se evidencia una tensión o contradicción entre la razonabilidad de la decisión y el núcleo esencial de los derechos fundamentales alegados por la sociedad tutelante, en tanto del escrito de tutela se infiere que, a su juicio, la autoridad judicial incurrió en los defectos procedimental y sustantivo al proferir la decisión que puso fin al trámite ordinario.

2.4.2. La acción de tutela de la referencia no se dirige contra una sentencia de la misma naturaleza, puesto que la providencia judicial que censura la parte accionante fue proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, en el marco del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado 25000-23-26-000-2007-00307-01.

2.4.3. Respecto al requisito de inmediatez, es preciso señalar que la providencia censurada que zanjó el trámite ordinario fue expedida el 24 de septiembre de 2020 por la Sección Primera del Consejo de Estado; se notificó por edicto desfijado el 11 de noviembre de 2020; quedó ejecutoriada el 17 del mismo mes y año; y la tutela se presentó el 10 de mayo de la referida anualidad, lo que resulta ser un término que a juicio de la Sala es razonable por cuanto el mecanismo constitucional fue interpuesto antes de transcurridos 6 meses.

Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, en la que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado adoptó los criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005, para determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencias judiciales y reiteró que seis (6) meses es el término prudente para acudir y solicitar el amparo de los derechos fundamentales que se estimen vulnerados con estas.

2.4.4. En consideración a la subsidiariedad el inciso 3º del artículo 86 de la Constitución consagra este requisito como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y determina que “[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial”, precepto reglamentado por el numeral 1º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991.
Del texto de la norma referida se evidencia que, existiendo otros mecanismos de defensa judicial que resulten idóneos y eficaces para solicitar la protección de los derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se debe recurrir a estos y no a la tutela.
Sobre el particular, la Corte Constitucional ha determinado que cuando una persona acude a la administración de justicia con el fin de que le sean protegidas sus garantías, no puede desconocer las acciones judiciales contempladas en el ordenamiento jurídico, ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones paralelas a las del funcionario que conoce de un determinado asunto radicado bajo su competencia.
Lo anterior tiene asidero en la propia Constitución de 1991, de donde se colige que la protección de los derechos constitucionales fundamentales no es un asunto reservado exclusivamente a la acción de tutela, pues todos los mecanismos judiciales deben buscar la defensa de aquellos.
De conformidad con lo expuesto, la Sala anticipa que declarará la improcedencia de la acción, en los siguientes términos:

2.4.4.1. Frente a: (i) el defecto procedimental consistente en que previo a decidir asuntos como el que es objeto de debate, el juez ordinario debe solicitar un concepto al Tribunal Judicial de la Comunidad Andina; y (ii) el sustantivo, este último en lo relacionado con el desconocimiento del marco jurídico de la referida comunidad, comoquiera que al revisar el expediente ordinario se observa que ninguno de los extremos del litigio formuló su aplicación.

Del expediente digital allegado como prueba, en el escrito demandatorio, particularmente en el folio 67 del cuaderno principal No. 1, se encuentra el acápite No. 1 contentivo de las normas que la parte actora consideró vulneradas por la Nación – Ministerio de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones, en el cual expuso:

“(…) Con la expedición del acto acusado el Ministerio de Comunicaciones desconoció lo previsto en el artículo 13 de la Constitución Política; el artículo 13 del decreto ley de 1900 de 1990; los artículos 8, 9, y 31 del decreto 1972 de 2033, en armonía con el artículo 4, ordinales 8 y 9º, artículo 5, ordinal 1º, así como los artículos 27 y 28 de la ley 80 de 1993 (Estatuto General de Contratación de la Administración Pública)”. (Sic para toda la cita)

Luego, en el acápite No. 2, planteó la forma en que iba a exponer el concepto de la violación, por tanto, señaló:

“Para desarrollar este acápite de la demanda, se abordarán los siguientes aspectos:

2.1. Cuestión previa: El título habilitante otorgado a FLYCOM y el derecho a reclamar el mantenimiento de la ecuación económica de la concesión.
2.2. El equilibrio económico en la contratación estatal
2.2.1. La imprevisión
2.2.2. El hecho del Príncipe” (Sic para toda la cita)

Posteriormente, en los recursos de apelación, si bien la providencia que definió el primer grado fue favorable a la parte actora, lo cierto es que ni esta, ni la entidad demandada solicitaron la aplicación del marco jurídico que se invoca en este trámite constitucional.

Por tanto, al haberse limitado el fundamento de la demanda en el desconocimiento de las disposiciones internas y, al ejercer el juez de lo contencioso administrativo una jurisdicción rogada, le correspondía a la interesada alegar lo que, a su juicio, en el sub examine le aplicaba para que fuera dicho operador judicial el que analizara la presunta vulneración de sus derechos por parte de la administración y se pronunciara al respecto.

La anterior particularidad impide de plano que, en sede de tutela, este cuerpo Colegiado se pronuncie sobre asuntos que son propios de la esfera funcional del fallador de la causa ordinaria que, en esta oportunidad se trató del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B y la Sección Primera del Consejo de Estado, puesto que dichas judicaturas conocieron del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho a partir de los parámetros indicados en el escrito demandatorio, dentro de los cuales no hicieron parte los argumentos que constituyen el defecto procedimental y una parte del sustantivo.

Así, no queda duda que la inaplicación del marco jurídico al que alude la sociedad tutelante es producto de su falta de diligencia; error que no es posible subsanar con el ejercicio de la acción de tutela como si constituyera una tercera instancia, a través de la cual pueda exponer los reproches que debían ser del conocimiento de las autoridades a las que la ley les designó la competencia específica.

2.4.4.2. En relación con los otros tres argumentos del yerro sustantivo, con los cuales, en síntesis, Internexa S.A. E.S.P. arguyó que el asunto sub lite es de naturaleza contractual y, por ende, procedía el restablecimiento del equilibrio económico, de conformidad con el análisis sustancial que realizó la corte Constitucional en la C-917 de 2006, iterado en la C-043 de 2010; así como el desconocimiento del artículo 2º del Decreto 868 de 1999, a partir del cual interpreta que el título habilitante no es un mero acto administrativo que declara la voluntad unilateral de la administración por cuanto medió el acuerdo de voluntades; y el errado señalamiento de la autoridad censurada al afirmar que el equilibrio económico que predica el artículo 91 del Decreto 2041 es de carácter contractual en estricto sentido, la Sala manifiesta que tampoco satisface el presupuesto adjetivo que se analiza.

Lo anterior encuentra fundamento en que, tal como lo evidencia el expediente digital del proceso ordinario allegado, en primera instancia fue del conocimiento del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B; luego, el proceso fue asignado al despacho del magistrado de la Sección Tercera del Consejo de Estado, Jaime Enrique Rodríguez Navas quien, mediante auto de 7 de noviembre de 2019, obrante a folios 276 a 278 de dichas diligencias, resolvió remitir el asunto a la Sección Primera de la Corporación luego de señalar:

“Encontrándose el proceso para decidir el recurso de apelación en contra de la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Tercera Subsección B el doce (12) de diciembre de dos mil once (2011), el Despacho advierte que no corresponde a la Sección Tercera del Consejo de Estado conocer de los procesos promovidos en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho relacionados con actuaciones referentes al uso y explotación del espectro radioeléctrico, de conformidad con la distribución de los negocios de las diferentes Secciones de la Corporación según lo previsto en su reglamente, el cual dispone:

Acuerdo 80 del 12 de marzo de 2019.

Artículo 13. Distribución de los proceso entre las secciones. Para efectos del repartimiento, los asuntos que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así:

Sección Primera:
(…)
2. Los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho que verse sobre asuntos no asignados a otras secciones.

Como en el presente asunto se debaten las alteraciones a la ecuación económica causados por actuaciones administrativas expedidas por el entonces Ministerio de Tecnologías, respecto de una concesión de naturaleza no contractual, otorgada a Flycom comunicaciones, para el uso y la explotación del espectro radioeléctrico, el establecimiento de la red radioeléctrica de distribución punto, multipunto de banda ancha con tecnología LMDDS/LMCS y la concesión para prestar el servicio de portador, y el asunto no se encuentra asignado a ninguna de las Secciones de la Corporación, le corresponde a la Sección Primera del Consejo de Estado conocer de la presente acción.” (Énfasis del texto)

Al respecto, la Sala encuentra que no se supera el requisito de subsidiariedad, por cuanto la parte actora, en el desarrollo de este cargo hace hincapié en que el asunto ordinario comporta un asunto contractual, luego entonces, al ser este argumento la génesis de sus reproches, contaba con otro mecanismo judicial ordinario.

Ello, debido a que con la referida decisión de 7 de noviembre de 2019, la Sección Tercera del Consejo de Estado remitió a la Sección Primera el medio de control promovido por la parte actora, por considerar que no se circunscribía a un asunto contractual, argumento que, se itera, constituyó la piedra angular de la decisión reprochada de 24 de septiembre de 2020, pues con base en este, la autoridad censurada resolvió revocar lo dispuesto por el juez a quo ordinario para, en su lugar, denegar las pretensiones de la demanda luego de concluir que el título habilitante otorgado a Internexa S.A. E.S.P para el uso y explotación del espectro radioeléctrico no era de naturaleza contractual, sino, un mero acto administrativo que únicamente declaraba la voluntad de la administración y, en consecuencia, determinó que no era posible en este evento solicitar y dar lugar a declarar un restablecimiento del equilibrio económico respecto de una relación que no correspondía a la convencional.

Ahora, teniendo en cuenta que, aunque la entidad tutelante no lo expuso expresamente, con el defecto sustantivo controvirtió la providencia de 7 de noviembre de 2019 al dirigir argumentos tendientes a demostrar que el permiso del acceso al espectro electromagnético derivó de un vínculo contractual y que, por ser un acto jurídico de tal envergadura procedía el replanteamiento de la ecuación económica; lo que claramente conlleva en resumen a la manifestación consistente en que la autoridad que por reglas de reparto debía conocer de este asunto, era la Sección Tercera del Consejo de Estado por ser el órgano de cierre en la materia –asuntos contractuales-.

En ese orden, esta Sala de Decisión encuentra que, contra el proveído de 7 de noviembre de 2019 procedía el recurso de reposición, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 242 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en concordancia con el artículo 318 del Código General del Proceso que establecen:

“Artículo 242. Reposición. El recurso de reposición procede contra todos los autos, salvo norma legal en contrario. En cuanto a su oportunidad y trámite, se aplicará lo dispuesto en el Código General del Proceso”.

“Artículo 318. Procedencia y oportunidades. Salvo norma en contrario, el recurso de reposición procede contra los autos que dicte el juez, contra los del magistrado sustanciador no susceptibles de súplica y contra los de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, para que se reformen o revoquen.

El recurso de reposición no procede contra los autos que resuelvan un recurso de apelación, una súplica o una queja.

El recurso deberá interponerse con expresión de las razones que lo sustenten, en forma verbal inmediatamente se pronuncie el auto. Cuando el auto se pronuncie fuera de audiencia el recurso deberá interponerse por escrito dentro de los tres (3) días siguientes al de la notificación del auto.

El auto que decide la reposición no es susceptible de ningún recurso, salvo que contenga puntos no decididos en el anterior, caso en el cual podrán interponerse los recursos pertinentes respecto de los puntos nuevos.

Los autos que dicten las salas de decisión no tienen reposición; podrá pedirse su aclaración o complementación, dentro del término de su ejecutoria.

PARÁGRAFO. Cuando el recurrente impugne una providencia judicial mediante un recurso improcedente, el juez deberá tramitar la impugnación por las reglas del recurso que resultare procedente, siempre que haya sido interpuesto oportunamente”.

Así las cosas, es evidente que Internexa S.A. E.S.P. contó con un mecanismo procesal para reponer la decisión que dispuso la remisión del expediente a la Sección Primera con fundamento en que la materia no es de índole contractual, misma razón que dio origen la decisión denegatoria de 24 de septiembre de 2020, que la accionante considera vulneradora de sus derechos.

Por lo anterior y, en consonancia con uno de los rasgos característicos de este mecanismo constitucional, cual es su naturaleza subsidiaria, que tiene como objetivo salvaguardar a este medio constitucional de un uso inadecuado, abordar el estudio de estos reparos podría desnaturalizar su valor preeminente y especial dentro del ordenamiento jurídico y, de contera, atentar contra el fin superior que el constituyente le confirió.

En consecuencia, esta Colegiatura declarará la improcedencia de la solicitud de amparo, por las razones anotadas en precedencia.

2.7. Conclusión

La Sala declarará la improcedencia de la solicitud de amparo promovida por la Sociedad Internexa S.A. E.S.P. contra la Sección Primera del Consejo de Estado, al no encontrar acreditado el cumplimiento del requisito adjetivo de subsidiariedad de la acción.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la acción de tutela promovida por la sociedad Internexa S.A. E.S.P. contra la Sección Primera del Consejo de Estado, por las razones señaladas en este proveído.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.

TERCERO: Si no se impugna esta providencia dentro de los tres (3) días siguientes a su ejecutoria, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

(Firmado electrónicamente)
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Presidente

(Firmado electrónicamente)
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

(Firmado electrónicamente)
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

Esta providencia fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme con lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2354 de 2012.
Empresa de servicios de tecnología de información y telecomunicaciones.
Notificada, según constancia que obra en el aplicativo Samai, mediante edicto No. 179 desfijado el 11 de noviembre de 2020.
Mediante escritura pública No. 1.636 de 29 de noviembre de 2007 de la Notaría Única de Sabaneta (Antioquia), se protocolizó la fusión por absorción total que INTERNEXA S.A. E.S.P. (sociedad absorbente) hizo de FLYCOM COMUNICACIONES S. A. ESP, la cual se encuentra debidamente registrada en la Cámara de Comercio de Medellín.
Local Multipoint Distribution System o acceso en microondas punto multipunto de banda ancha inalámbrica. También se conoce como «la fibra en el aire» (WBA, por sus siglas en inglés), es una tecnología de conexión vía radio inalámbrica que permite, gracias a su ancho de banda, el despliegue de servicios fijos de voz, acceso a internet, comunicaciones de datos en redes privadas y video.
Mediante Resolución No. 1077 de 2 de agosto de 2002, el Ministerio de Comunicaciones reconoció el cambio de nombre del operador de la red radioeléctrica de distribución punto multipunto de banda ancha con tecnología LMDS/LMCS y concesionario para la prestar servicio al portador de FIRSTMARK COMMUNICATIONS S.A. por el de FLYCOM COMUNICACIONES S. A. E.S.P., FLYCOM S.A. E.S.P. (folios 28 y 29 cuaderno de pruebas)
El 23 de agosto de 2004 la tutelante había solicitado al ministerio: (i) que se le asignara sin ningún costo, una de las bandas o canales establecidas para la banda 3.5. GHz (WiMax), dado el pago adicional que había cancelado para obtener la licencia de uso exclusivo del espectro electromagnético; o (ii) que para proceder a asignar los canales restantes en la nada de 3.5 GHz a los demás operadores interesados, se tuviera en cuenta el equilibrio económico con relación a los pagos efectuados por esta entidad. La petición fue resuelta con el Oficio No. 00115 de 15 de septiembre de 2005 en sentido desfavorables, con fundamento en que la sociedad actora estaría en igualdad de condiciones con otras empresas interesadas.
“Por la cual se atribuyen y planifican unas bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico, para la prestación de servicios de telecomunicaciones que utilicen sistemas de distribución Punto a Punto y Punto Multipunto para Acceso de Banda Ancha Inalámbrica y se dictan otras disposiciones”.
“Por la cual se adoptan medidas tendientes a establecer el correcto y racional uso del espectro radioeléctrico en la banda de 3400 MHz a 3600 MHz y se dictan otras disposiciones”.
Consejo Nacional de Política Económica y Social.
“ARTICULO 47. INFORMACION SOBRE RECURSOS. <Código derogado por el artículo HYPERLINK "https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/docs/ley_1437_2011.htm" \l "309" 309 de la Ley 1437 de 2011. Rige a partir del dos (2) de julio del año 2012. El texto vigente hasta esta fecha es el siguiente:> En el texto de toda notificación o publicación se indicarán los recursos que legalmente proceden contra las decisiones de que se trate, las autoridades ante quienes deben interponerse, y los plazos para hacerlo.”
Actualmente, artículo 74 de la Ley 1437 de 2011: “ARTÍCULO 74. RECURSOS CONTRA LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. Por regla general, contra los actos definitivos procederán los siguientes recursos:
1. El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, adicione o revoque.
2. El de apelación, para ante el inmediato superior administrativo o funcional con el mismo propósito. (…)”

La accionante reprochó el valor de los perjuicios.
Inicialmente, el proceso fue repartido al despacho del magistrado Jaime Enrique Rodríguez Navas de la Sección Tercera del Consejo de Estado, quien lo remitió a la Sección Primera por reglas de reparto.
Notificada, según constancia que obra en el aplicativo Samai, mediante edicto No. 179 desfijado el 11 de noviembre de 2020.
El fecha de 26 de mayo de 1969, los países sudamericanos Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú, suscribieron el Acuerdo de Cartagena, con el fin de mejorar, el nivel de vida de sus habitantes mediante la integración y la cooperación económica y social. Este Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina hace parte del ordenamiento jurídico de la referida comunidad; así como el Acuerdo de Cartagena, sus protocolos e instrumentos adicionales; las Decisiones del Consejo Andino de Ministro de Relaciones Exteriores y la Comisión de la Comunidad Andina; las Resoluciones de la Secretaría General de la Comunidad Andina; y los Convenios de Complementación Industrial y otros que adopten los países miembros entre si y en el marco del proceso de la integración subregional andina.
“Eliminar las restricciones y obstáculos al libre comercio de los servicios públicos de telecomunicaciones, de acuerdo al cronograma establecido en la presente Decisión”.
“Propiciar la inversión en los servicios de telecomunicaciones en los Países Miembros”.
“Artículo 32.- Corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.”
“Artículo 33.- Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno.
Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso.
En todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal.”
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 26 de febrero de 2004. Radicado: 2001-00314-01(7498). M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 5 de agosto de 2020. Radicado: 11001 03 24 000 2010 00503 00. Actor: Earthrenew Ip Holdings LLC.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 24 de septiembre de 2020. Radicado: 11001-03-24-000-2008-00453-00. Actor: Universidad Nacional Autónoma de México. M.P. Nubia Margoth Peña Garzón.
La expresión “concesión de servicio público” que se abrevia a veces con el término “concesión”, tiene, por el contrario, un sentido mucho más preciso. Se trata de un procedimiento mediante el cual una persona pública, llamada autoridad otorgante, confía a una persona física o moral, llamada concesionario, la misión de gestionar un servicio público bajo el control de la autoridad concedente, a cambio de una remuneración que consiste, en la mayoría de los casos, en las tarifas que el concesionario percibirá de los usuarios del servicio.
VEDEL, Georges, Derecho administrativo, 8ª edición, Biblioteca Jurídica Aguilar, Madrid, 1980, p. 470.
Corte Constitucional. Sentencia SU068 de 18. M.P.: Alberto Rojas Ríos.

“Artículo 2 º. Alcance del título habilitante. Las resoluciones que expida el Ministerio de Comunicaciones, a través de las cuales se culminan las actuaciones administrativas originadas en la aplicación de este decreto y que para los efectos se denominarán título habilitante, comprende el permiso para usar el espectro radioeléctrico, la autorización para el establecimiento de la red radioeléctrica de distribución punto multipunto de banda ancha con tecnología LMDS/LMCS, y la concesión para prestar el servicio portador en el ámbito del permiso para usar el espectro radioeléctrico asignado, con sujeción a las normas legales y reglamentarias que sean aplicables”
“Artículo 2°.Definiciones.
2.1 Definiciones Generales: Para efectos de este Decreto se adoptan las siguientes definiciones generales:
a) Contraprestación: Son todos los recursos, derechos, cánones, tasas, tarifas y compensaciones o participaciones que una persona natural o jurídica, pública o privada, debe pagar o cumplir a favor del Fondo de Comunicaciones adscrito al Ministerio de Comunicaciones por concepto de las concesiones, autorizaciones, permisos y registros en materia de telecomunicaciones.
b) Concesionarios: Son los operadores habilitados para prestar servicios de telecomunicaciones y aquellas personas habilitadas para desarrollar actividades de telecomunicaciones.
c) Operador: Persona natural o jurídica, pública o privada, que es responsable de la gestión de un servicio de telecomunicaciones en virtud de concesión o por ministerio de la ley.
d) Concesión: Instrumento mediante el cual la autoridad competente otorga en forma temporal a una persona natural o jurídica, pública o privada la facultad de prestar servicios de telecomunicaciones o desarrollar actividades de telecomunicaciones.
e) Autorización: Acto mediante el cual se faculta a un concesionario para modificar, ensanchar, renovar, ampliar o expandir las características iniciales establecidas para las redes y los sistemas de telecomunicaciones o para la prestación de servicios o el desarrollo de actividades de telecomunicaciones.
f) Permiso: Acto mediante el cual se asigna por un término definido a una persona natural o jurídica el uso de una o varias porciones especificas del espectro radioeléctrico para la prestación de servicios o el desarrollo de actividades de telecomunicaciones.

g) Registro: Acto mediante el cual se hace una anotación, admisión o inscripción relacionada con las redes y/o sistemas de telecomunicaciones, para que produzca los efectos previstos en la legislación y normativa de telecomunicaciones.”
“Artículo 25°.Independencia entre la concesión del servicio y el permiso para usar el espectro radioeléctrico asignado. La concesión del servicio es independiente y distinta del permiso para usar el espectro radioeléctrico asignado. En consecuencia, la asignación de frecuencias, el ámbito de operación de las mismas y el pago derivado de estos conceptos se regirán por las normas especiales previstas para el efecto, y darán lugar al pago de las contraprestaciones previstas en el Capítulo 3 de este Título, y las normas que lo sustituyan, modifiquen, o adicionen.”
Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de Tutela - Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada Ponente: María Elizabeth García González.
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñada.
Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia.
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
“c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.”
En sentencia T-313 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño se estableció: “En efecto, la Constitución y la ley estipulan un dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales que tienen como objetivo común garantizar el ejercicio pleno de los derechos constitucionales, en consonancia con el cumplimiento de los demás fines del Estado previstos en el artículo 2 Superior. Por tanto, una comprensión ampliada de la acción de tutela, que desconozca el requisito de subsidiariedad, vacía el contenido de las mencionadas competencias y, en consecuencia, es contraria a las disposiciones de la Carta Política que regulan los instrumentos de protección de los derechos dispuestos al interior de cada una de las jurisdicciones.”
Artículo modificado por el artículo 61 de la Ley 2080 de 2021 "por medio de la cual se Reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –Ley 1437 de 2011– y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción".

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