Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-31-000-1997-02637-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-31-000-1997-02637-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 05001-23-31-000-1997-02637-02
Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz
9 de diciembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Bogotá D.C., nueve (9) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 05001-23-31-000-1997-02637-02 (51.381)
Actor: Aguas de Manizales S.A. E.S.P. y otros
Demandado: Aguas de Rionegro S.A. E.S.P.
Proceso: Nulidad y restablecimiento del derecho
APELANTE ÚNICO-Límites de la apelación. RÉGIMEN EXCEPTUADO DE LA LEY 80-No se limita a la ejecución,
sino que aplica también a la fase precontractual. EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS-
Régimen exceptuado de contratación. OFERTA EN RÉGIMEN EXCEPTUADO-Contiene los elementos
esenciales del negocio jurídico. ACEPTACIÓN DE LA OFERTA EN RÉGIMEN EXCEPTUADO-No puede ser
condicionada. LICITACIONES PÚBLICAS O PRIVADAS EN CÓDIGO DE COMERCIO-Si la invitación a participar
contiene los elementos de una oferta, según el artículo 860 del C.Co., cada postura implica una aceptación y el
negocio se formará con el mejor postor. INVITACIÓN A OFERTAR EN RÉGIMEN EXCEPTUADO-No contiene los
elementos de una oferta y supone un concurso y la decisión de seleccionar al contratista. RESPONSABILIDAD
EN FASE DE FORMACIÓN DEL CONTRATO DE RÉGIMEN EXCEPTUADO-Culpa in contrahendo. CULPA IN
CONTRAHENDO-Aplicación a la responsabilidad de futuros contratantes es el régimen de derecho privado.
CULPA IN CONTRAHENDO EN RÉGIMEN EXCEPTUADO-Debe demostrarse que se separó injustificadamente
de las reglas del concurso. DAÑO EN CULPA IN CONTRAHENDO-Análisis de causalidad. INTERÉS POSITIVO
Y NEGATIVO-Concepto. INTERÉS POSITIVO Y NEGATIVO-Su reconocimiento varía según la estructuración del
negocio. COSTAS EN CCA-Improcedencia cuando no se actúa con temeridad o mala fe.
Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo
actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante, contra la sentencia del 20 de agosto de 2013, proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Decisión, mediante la cual se negaron
las pretensiones de la demanda. La decisión fue la siguiente:
PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva de la presente decisión.
SEGUNDO: Sin condena en costas.
TERCERO: Admitir la renuncia del poder presentado por el Doctor Pedro José
Noreña Mira y no reconocer personería al Doctor Leonel Giraldo Álvarez por cuanto
no se acreditó la calidad en que actúa el poderdante.
CUARTO: En firme esta providencia archívese el expediente. (f. 826 c. p.pal).
I. SÍNTESIS DEL CASO
Radicación: 05001-23-31-000-1997-02637-02 (51.381)
Demandante: Aguas de Manizales S.A. E.SP. y otros
Demandado: Aguas de Rionegro S.A. E.S.P.
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho
El 28 de octubre de 1996, Aguas de Rionegro S.A. E.S.P. abrió «licitación pública»
para seleccionar a la empresa que administraría, mantendría y operaría el sistema de
acueducto y alcantarillado del municipio de Rionegro. El 27 de junio de 1997, la
entidad seleccionó a Lyonnaise Des Eaux Services Associes-Lysa S.A. Un
proponente que no fue seleccionado consideró que la propuesta vencedora no
cumplió con los requisitos del pliego de condiciones y que presentó la mejor
propuesta.
II. ANTECEDENTES
Pretensiones
El 23 de octubre de 19971, Aguas de Manizales S.A. E.S.P., Empresas Públicas de
Pereira S.A. E.S.P., Sagas Ltda., Hydra Ingeniería Ltda. y Juan Bernardo Botero
Botero –integrantes de la unión temporal Aguas de la Montaña–, a través de
apoderado judicial, formularon demanda en ejercicio de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho contra Aguas de Rionegro S.A. E.S.P. y Lyonnaise Des
Eaux Services Associes-Lysa S.A. como litisconsorte necesario. El 18 de noviembre
siguiente adicionaron los hechos de la demanda con el propósito de obtener las
siguientes declaraciones y condenas:
1) Que se declare la nulidad de la Resolución Nro.04 del 27 de julio de 1997,
expedida por el presidente de la Junta Directiva y el Gerente General de la
Sociedad Aguas de Rionegro S.A. E.S.P.
2) Que en virtud de esa declaración, solicito se hagan las siguientes condenas en
contra de la Sociedad demandada:
A. Se ordene pagar a título de indemnización y como Restablecimiento del
Derecho, a favor de la UNIÓN TEMPORAL AGUAS DE LA MONTAÑA,
una suma superior a SEISCIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS
($680.000.000,oo) MONEDA CORRIENTE, traídos a valor presente, que
equivale a los ingresos que esperaba percibir durante los Quince (15)
años de concesión.
B. Subsidiariamente y en caso de no lograrse condena en los términos
expresados en el acápite anterior, solicito se condene al pago de la suma
superior a SEISCIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS
($680.000.000,oo) MONEDA CORRIENTE, traídos a valor presente, en
favor de cada uno de los miembros de la UNIÓN TEMPORAL AGUAS DE
LA MONTAÑA, en proporción a su participación, así:
AGUAS DE MANIZALES S.A. E.S.P. 30%
EMPRESAS PÚBLICAS DE PEREIRA 30%
JUAN BERNARDO BOTERO BOTERO 20%
SAGAS LIMITADA 10%
HYDRA INGENIERÍA LIMITADA 10%
1
Según da cuenta el sello de radicación del Tribunal Administrativo de Antioquia, f. 377 reverso c. 1.
2
Radicación: 05001-23-31-000-1997-02637-02 (51.381)
Demandante: Aguas de Manizales S.A. E.SP. y otros
Demandado: Aguas de Rionegro S.A. E.S.P.
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho
C. En el evento de no prosperar ninguna de las dos pretensiones citadas en
los literales A y B, solicito se ordene pagar en favor de la UNIÓN
TEMPORAL AGUAS DE LA MONTAÑA, una suma superior a
TRESCIENTOS SESENTA MILLONES DE PESOS ($360.000.000,oo)
MONEDA CORRIENTE, llevados a valor presente, como indemnización y
a título de Restablecimiento del Derecho, suma equivalente al valor de los
Perjuicio sufridos por la UNIÓN TEMPORAL AGUAS DE LA MONTAÑA,
en razón de la adjudicación irregular de la Licitación Pública a que se
refieren los hechos de la demanda y siguiendo las pautas
jurisprudenciales del Honorable Consejo de Estado en materia de tasación
de perjuicios para casos como este.
D. De no tener asidero la pretensión antedicha, ruego al Honorable Tribunal,
condenar al pago de la suma superior a TRESCIENTOS SESENTA
MILLONES DE PESOS ($360.000.000,oo) MONEDA CORRIENTE,
llevados a valor presente en favor de cada uno de los integrantes de la
UNIÓN TEMPORAL AGUAS DE LA MONTAÑA, en proporción a su
participación así:
AGUAS DE MANIZALES S.A. E.S.P. 30%
EMPRESAS PÚBLICAS DE PEREIRA 30%
JUAN BERNARDO BOTERO BOTERO 20%
SAGAS LIMITADA 10%
HYDRA INGENIERÍA LIMITADA 10%
3) Que se condene al pago de la suma de NOVENTA MILLONES DE PESOS
(90.000.000,oo) MONEDA CORRIENTE, en favor de la UNIÓN TEMPORAL
AGUAS DE LA MONTAÑA, por concepto de Gastos ocasionados con motivo de
preparación de la propuesta.
B. Subsidiariamente en caso de no ordenarse el pago en favor de la Unión, le
ruego hacerlo en favor de los Unidos en proporción a su participación, de la
suma de NOVENTA MILLONES DE PESOS ($90.000.000,oo) MONEDA
CORRIENTE, por concepto de gastos ocasionados con motivo de la
preparación de la propuesta, así:
AGUAS DE MANIZALES S.A. E.S.P. 30%
EMPRESAS PÚBLICAS DE PEREIRA 30%
JUAN BERNARDO BOTERO BOTERO 20%
SAGAS LIMITADA 10%
HYDRA INGENIERÍA LIMITADA 10%
4) Que se condene en costas a la SOCIEDAD AGUAS DE RIONEGRO S.A. E.S.P.
5) Que se dé cumplimiento a la Sentencia, en el término establecido por el Artículo
176 del Código Contencioso Administrativo y se reconozcan los intereses
consagrados en el inciso final del artículo 177 ibiídem.
6) Que las sumas que se reconozcan sean debidamente indexadas al momento de
proferirse la sentencia respectiva. (fls. 245-247 c. 1)
Hechos
En apoyo de las pretensiones, la parte actora indicó que Aguas de Rionegro S.A.
E.S.P., mediante «Resolución n°. 002 de 28 de octubre de 1996», ordenó la apertura
de la «licitación pública n°. 001 de 1996», con el objeto de seleccionar a la empresa
que administraría, mantendría y operaría el sistema de acueducto y alcantarillado del
municipio de Rionegro.
Se presentaron tres propuestas dentro del referido proceso de selección, entre ellas,
la de la unión temporal Aguas de la Montaña. Señaló que, a pesar de que su
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Radicación: 05001-23-31-000-1997-02637-02 (51.381)
Demandante: Aguas de Manizales S.A. E.SP. y otros
Demandado: Aguas de Rionegro S.A. E.S.P.
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho
propuesta era la mejor, la entidad incurrió en varios errores al momento de evaluar
las ofertas y, por ello, resultó en el segundo lugar. En efecto, hizo consistir los errores
de la entidad demandada al momento calificar las propuestas en los siguientes: i)
interpretó el número de personas a contratar de manera favorable a Lysa S.A.; ii)
interpretó de manera «errónea y amañada» la propuesta de la Unión Temporal
Aguas de la Montaña respecto a las prácticas de bienestar laboral; iii) asignó
erróneamente puntaje a precios FOB, como si se tratara de precios DDP; iv) evaluó
erróneamente el flujo de caja presentado por la Unión Temporal Aguas de la
Montaña y v) interpretó de forma «amañada» la propuesta económica de la Unión
Temporal Aguas de la Montaña y la ajustó con un supuesto aporte al que jamás se
comprometió, lo cual afectó el puntaje en la financiación de las inversiones.
Adujo que la propuesta que fue seleccionada –Lysa S.A.– no reunió los requisitos del
pliego de condiciones, porque: i) no se comprometió con las capacitaciones exigidas;
ii) no cumplió con los requisitos de control de calidad de agua potable; iii) no cumplió
con los índices de gestión; iv) no cumplió con los requisitos de facturación; v) no
cumplió lo relativo al control de recaudo, macromedición y micromedición; vi) no
cumplió con los compromisos de atención y trato a los usuarios; vii) no presentó los
balances proyectados; viii) presentó unos recursos de crédito más costosos y ix)
presentó tarifas no autorizadas por la Comisión de Regulación de Agua Potable.
Señaló que, aun así, la entidad no descalificó la propuesta de Lysa S.A y, por el
contrario, interpretó las disposiciones del pliego –con posterioridad el cierre de la
licitación– en favor de Lysa S.A y en perjuicio de los demás proponentes.
Agregó que la entidad demandada desconoció el debido proceso y los principios de
transparencia (artículos 23 y 24 de la Ley 80 de 1993) e igualdad, toda vez que los
pliegos de condiciones fueron interpretados en favor de Lysa S.A. También se
vulneró el principio de selección objetiva, ya que Lysa S.A. resultó como adjudicataria
sin haber presentado la mejor oferta. Además, se vulneró el postulado de buena fe y
los artículos 2 y 30 de la Ley 142 de 1994, porque se le adjudicó el contrato a un
proponente sin experiencia y que no cumplía con las condiciones de calidad del
servicio.
Contestación de la demanda
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Radicación: 05001-23-31-000-1997-02637-02 (51.381)
Demandante: Aguas de Manizales S.A. E.SP. y otros
Demandado: Aguas de Rionegro S.A. E.S.P.
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho
El 21 de septiembre de 1999 (fls. 439-483 c.1), Aguas de Rionegro S.A. E.S.P., al
oponerse a las pretensiones, formuló la excepción de falta de jurisdicción, porque la
entidad demandada no ejerce función administrativa y el régimen jurídico del contrato
era el derecho privado. Asimismo, formuló la excepción que denominó «inexistencia
del daño», porque la demandante no acreditó que su propuesta fuera la mejor y la
más favorable para la entidad. Señaló que el término «licitación pública» debe
entenderse por fuera del contexto del derecho público, puesto que el régimen jurídico
del proceso de selección es el derecho privado. Agregó que si bien la entidad
modificó los pliegos, no se hizo con el propósito de favorecer a ningún participante.
Lysa S.A. –en su calidad de litisconsorte necesario–, al contestar la demanda a
través de curador ad-litem, se atuvo a lo que resultara probado en el proceso (fls.
437-438 c. p.pal.).
Fundamentos de la providencia recurrida
El 20 de agosto de 2013 (fls. 812-826 c. p.pal), el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Cuarta de Decisión negó las pretensiones, al estimar que la parte
demandante no acreditó que su propuesta fuera la mejor y la más favorable para la
entidad.
Consideró que la entidad, con fundamento en supuestas ambigüedades en los
pliegos de condiciones, varió la forma de calificación de las propuestas en favor de la
ganadora y en perjuicio de los demás participantes. Así, con posterioridad al cierre
de la licitación, la entidad decidió i) trasladar el ítem del estado del parque automotor
de la evaluación técnica a la evaluación económica; ii) variar la fórmula establecida
en el pliego de condiciones para el orden de elegibilidad de las propuestas y iii)
modificar el puntaje mínimo en la calificación técnica para clasificar a la evaluación
económica.
Estimó que, de acuerdo con el dictamen pericial y el informe de evaluación, la
propuesta de Lysa S.A. –propuesta ganadora– no obtuvo el puntaje mínimo
establecido para el componente técnico en el pliego de condiciones y, por ello, no
debió ser evaluada su propuesta económica. Adicionalmente, tal como se acreditó
con el dictamen pericial, Lysa S.A. no presentó con su propuesta la documentación
requerida y, por tal motivo, debió ser descalificada su propuesta.
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Radicación: 05001-23-31-000-1997-02637-02 (51.381)
Demandante: Aguas de Manizales S.A. E.SP. y otros
Demandado: Aguas de Rionegro S.A. E.S.P.
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho
Sin perjuicio de lo anterior, señaló que en el proceso no obra la propuesta económica
de Empresas Públicas de Medellín –el otro participante en la licitación–, lo que
impide realizar la comparación de las propuestas para determinar cuál era el
ofrecimiento más favorable a la entidad. Asimismo, el dictamen pericial se limitó a
realizar una nueva evaluación, pero únicamente de las propuestas de Lysa S.A. y la
unión temporal Aguas de la Montaña, lo que tampoco permite comparar todos los
ofrecimientos recibidos.
Con fundamento en lo anterior, aun cuando el Tribunal encontró acreditado que la
entidad demandada se apartó de las reglas que ella misma definió para la calificación
de las propuestas, negó las pretensiones de la demanda, porque la demandante no
demostró que su propuesta fuera la mejor y, por lo mismo, tampoco procedía el
reconocimiento de los gastos asociados a la presentación de la propuesta.
Recurso de apelación
La demandante interpuso recurso de apelación, que fue concedido el 7 de octubre de
2013 (f. 836 c. p.pal). Esgrimió que el Tribunal vulneró el debido proceso, porque a
pesar de reconocer irregularidades en la evaluación de las propuestas y de
considerar que la propuesta económica de Lysa S.A. no debió ser evaluada, negó las
pretensiones de la demanda, lo que provocó una «incoherencia» entre la motivación
de la decisión y la parte resolutiva.
Señaló que el Tribunal omitió valorar «la totalidad de la prueba documental allegada
al proceso», dentro de la cual obra la propuesta de Empresas Públicas de Medellín,
según da cuenta la misma relación de pruebas que el Tribunal hizo en la sentencia.
Agregó que el Tribunal «se extralimitó» en la valoración del dictamen pericial y que
no corresponde al perito evaluar todas las propuestas, ya que es el juez –con
fundamento en todas las pruebas– el que debe realizar la evaluación de las ofertas y
determinar la más favorable. Finalmente, esgrimió que corresponde a la entidad
demandada demostrar que la propuesta de la unión temporal Aguas de la Montaña
no era la más favorable, reprochó que el Tribunal hubiera concluido la inexistencia
del daño reclamado en la demanda e insistió en que se concedan las pretensiones
de la demanda.
Trámite de segunda instancia
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Radicación: 05001-23-31-000-1997-02637-02 (51.381)
Demandante: Aguas de Manizales S.A. E.SP. y otros
Demandado: Aguas de Rionegro S.A. E.S.P.
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho
El 10 de julio de 2014, el Despacho admitió el recurso de apelación (f. 841 c. p.pal.)
y, el 13 de agosto siguiente, se corrió traslado para alegar de conclusión en segunda
instancia (f. 848 c. p.pal.). Aguas de Rionegro S.A. E.S.P. reiteró lo expuesto (fls.
851-855). La parte demandante, el litisconsorte necesario y el Ministerio Público
guardaron silencio.
III. CONSIDERACIONES
I. Presupuestos procesales
1. Como la demanda se presentó el 23 de octubre de 1997 (f. 377 reverso c. 1) el
régimen aplicable es el Código Contencioso Administrativo –en adelante CCA–.
Conforme al artículo 266 del CCA, en los procesos iniciados antes de la vigencia de
ese código, los recursos interpuestos, los términos que comenzaron a correr y las
notificaciones en curso, se regían por la ley vigente al momento de esas actuaciones.
Por su parte, el artículo 308 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo –que empezó a regir desde el 2 de julio de 2012– prevé
que las actuaciones administrativas, las demandas y procesos en curso a la vigencia
de dicho código seguirán rigiéndose y culminarán conforme al régimen jurídico
anterior, esto es, el CCA. Adicionalmente, conforme al artículo 267 del CCA, en los
aspectos no regulados se seguirá el Código de Procedimiento Civil –en adelante
CPC– en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que
correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
Jurisdicción y competencia
2. La jurisdicción administrativa conoce de las controversias derivadas de la actividad
precontractual de las entidades públicas, según el artículo 82 del CCA2. El Consejo
de Estado es competente en segunda instancia para estudiar este asunto de
conformidad con el artículo 129 del CCA, según el cual conoce de los recursos de
apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales
Administrativos. Así mismo, esta Corporación es competente en razón a la cuantía,
2
Aguas de Rionegro S.A. E.S.P. al momento en que ocurrieron los hechos y se presentó la demanda era una
empresa de servicios públicos mixta –con participación pública superior al 50%– (fls. 84-103 c. 1). Valga precisar
que esta Corporación se pronunció sobre la jurisdicción aplicable al caso objeto de la litis, mediante auto del 8 de
febrero de 2007 (fls. 571-595 c.2). Consideró que las controversias suscitadas contra Aguas de Rionegro S.A.
E.S.P., salvo los procesos ejecutivos de facturas del servicio, debían ser conocidas por la Jurisdicción
Contencioso Administrativa (f. 595 c. 2).
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Radicación: 05001-23-31-000-1997-02637-02 (51.381)
Demandante: Aguas de Manizales S.A. E.SP. y otros
Demandado: Aguas de Rionegro S.A. E.S.P.
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho
porque, de conformidad con el artículo 20.2 del CPC, el valor de la pretensión mayor
–$680.000.000 (f. 245 c. 1)– supera la suma prevista en el artículo 132.3 del CCA3.
Acción procedente
3. Como en las pretensiones de la demanda se pidió el reconocimiento de perjuicios
con fundamento en la ilegalidad de un supuesto «acto administrativo» de selección
de un contratista dictado por una empresa de servicios públicos, la Sala se ve
obligada a precisar, con el fin de determinar la acción procedente, es decir, el tipo de
responsabilidad que se persigue y, como se verá más adelante, con miras a
establecer el tipo de daño indemnizable, que constituye el objeto de la apelación, el
régimen del proceso de selección y la naturaleza de la invitación a ofertar que hizo la
entidad demandada.
Régimen jurídico aplicable al proceso de selección de Aguas de Rionegro S.A.
E.S.P. y la naturaleza del acto de adjudicación
4. Se acreditó en el proceso que en el acto de apertura de la licitación se autorizó al
gerente general de la sociedad a «dar trámite a la licitación nº. 001 de 1996 bajo los
términos del Estatuto General de Contratación Pública de la República de Colombia
(Ley 80/93)». Asimismo, varias de las disposiciones contenidas en el pliego de
condiciones hicieron expresa referencia a normas de la Ley 80 de 1993. En efecto, el
numeral 4.5 del pliego dispuso que «las causales para prorrogar el término de la
adjudicación de la licitación están fijados en la Ley 80 de 1993 (…)» (f. 156 respaldo
c. 1) y en el numeral 7.1 se dispuso que el contrato se adjudicaría en audiencia
pública en los términos de la Ley 80 de 1993 (f. 563 c. 1).
En similar sentido, en el documento denominado «informe de respuesta a las
objeciones presentadas a la licitación 001 de 1996» y que además contiene el
informe de evaluación definitivo de las propuestas, se consignó expresamente lo
siguiente:
La Ley 142 de 1994 en su artículo 35 estableció un preciso parámetro de buscar
entre el público las mejores condiciones objetivas con el fin de proceder a la
3
Se aplican las cuantías previstas en el Decreto 597 de 1988, ya que era la norma vigente a la fecha de
presentación de la demanda –23 de octubre de 1997–. Según esta norma los tribunales administrativos
conocerán en primera instancia de los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho cuando la cuantía
exceda de $800.000, que según el artículo 265 del CCA se reajustará en un 40% cada dos años y para el
momento de presentación de la demanda era $3´080.000.
8
Radicación: 05001-23-31-000-1997-02637-02 (51.381)
Demandante: Aguas de Manizales S.A. E.SP. y otros
Demandado: Aguas de Rionegro S.A. E.S.P.
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho
selección del OPERADOR del respectivo servicio público domiciliario, ese
procedimiento fue precisamente el de la LICITACION PUBLICA, y para tal efecto la
Sociedad Aguas de Rionegro se ciñó a lo establecido en la Ley 80 de 1993 o Ley de
Contratación administrativa y de allí se tomó el procedimiento tendiente a garantizar
los principios de TRANSPARENCIA, ECONOMIA Y RESPONSABILIDAD,
igualmente se agotaron cada uno de los pasos que exige la licitación pública (f. 144
c. 1).
De conformidad con lo anterior, Aguas de Rionegro S.A. E.S.P. decidió adoptar el
procedimiento de licitación pública regulado en el artículo 30 de la Ley 80 de 1993
para adelantar el proceso de selección (f. 144 c. 1). Por ello, aunque el régimen de
contratación de Aguas de Rionegro S.A. E.S.P. era el derecho privado, como se
explicará enseguida, la entidad decidió que el proceso de selección se rigiera –en lo
pertinente– por la Ley 80 de 1993 –antes de las modificaciones de la Ley 1150 de
2007 y 1882 de 2018–.
5. Esta circunstancia impone a la Sala precisar el régimen jurídico aplicable al
proceso de selección. Para tal efecto, se referirá: i) a los regímenes exceptuados y ii)
en particular al régimen de los servicios públicos domiciliarios.
5.1. Las entidades excluidas de la Ley 80 de 1993, con fundamento en la autonomía
de la voluntad, pueden establecer reglas de selección, es decir, trámites que
garanticen la oportunidad de que varios o muchas personas participen de la
contratación de los bienes y servicios que requieren las entidades del Estado. En
efecto, la ley autoriza a los contratantes a subordinar los efectos de sus
manifestaciones a formalidades voluntarias o condiciones lícitas y posibles (arts.
1530 del CC y ss.). Luego en ejercicio de la autonomía privada o negocial, los
sujetos de derecho tienen la libertad de celebrar de manera inmediata el negocio
jurídico o luego de surtir un procedimiento formativo diferido en el tiempo, sin
perjuicio de las formalidades legales que la ley exige para el perfeccionamiento de
ciertos actos. Una entidad que no se rige por el Estatuto de Contratación Pública está
habilitada para someter la escogencia del contratista a solemnidades o condiciones
que, en principio no se requerirían, siempre que no contraríen el orden público ni
tengan objeto ilícito (arts. 6, 16, 1502, 1519, 1741 y 1523 del CC).
No obstante, la jurisprudencia señala que la «capacidad creadora» tiene límites muy
precisos, en la medida en que no es posible afectar la «reserva legal» que tienen
muchas materias como, por ejemplo, la capacidad para contratar, la atribución de
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Radicación: 05001-23-31-000-1997-02637-02 (51.381)
Demandante: Aguas de Manizales S.A. E.SP. y otros
Demandado: Aguas de Rionegro S.A. E.S.P.
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho
poderes exorbitantes o el régimen de inhabilidades e incompatibilidades4.
Las entidades de regímenes especiales pueden remitirse a las reglas de la licitación
pública para orientar los procesos de selección (arts. 15, 16, 1502 y 1519 del CC), lo
que puede contribuir a que el contrato se celebre con el oferente que presenta la
oferta más favorable para la entidad, como nuestra legislación lo previó desde las
primeras normas sobre contratación pública (artículos 9, 13, 21 y 27 de la Ley 110 de
1912) y lo ha reconocido de vieja data esta Corporación, al resaltar la importancia de
la licitación pública5.
Nada se opone a que la entidad, cuyo régimen de contratación es especial, decida
remitirse a la licitación pública de la Ley 80 de 1993 con el objeto de garantizar una
elección objetiva, libre de arbitrariedad, conforme a unos criterios y procedimientos
establecidos previamente. Ello no quiere decir, en cualquier caso, que el régimen
jurídico de los actos o del contrato se modifique ni mucho menos la naturaleza
jurídica de la entidad contratante.
Sobre el particular, conviene señalar que esta Subsección 6 consideró, en reciente
decisión, por una parte, que la «categorización como regímenes exceptivos o
especiales consistió en la posibilidad de establecer en los reglamentos internos de
las entidades (manuales de contratación), los procesos de selección de los
contratistas, y en algunos casos como el artículo 76 de la ley [80 de 1993], en la
incorporación de cláusulas excepcionales al derecho común».
Por otra, la Sala estimó que dada esa facultad que caracteriza a los regímenes
exceptuados, pueden existir distintos tipos: i) aquellos que por facultad legal
reglamentaron en sus manuales de contratación la totalidad de las modalidades de
selección de contratistas, es decir, se apartaron completamente de la aplicación de
las reglas de la Ley 80 de 1993 y sus reformas; ii) aquellos que por facultad legal
reglamentaron en sus manuales de contratación las modalidades de selección frente
a su objeto misional, pero regresaron a la Ley 80 de 1993 y sus reformas para los
demás asuntos (contratación atinente a la administración y funcionamiento) y iii)
aquellos derivados de la aplicación del artículo 105 literal A del CPACA –que no
4
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 24 de octubre de 2016, rad. n°. 45607
[fundamento jurídico 6.1].
5
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, rad nº. SCA 1916-05-15 del 15 de mayo de
1916 [fundamento jurídico párr. 19 y 24].
6
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo,Sección Tercera, Subsección C, rad nº. 71752
del 18 de junio de 2025 [fundamento jurídico 9].
10
Radicación: 05001-23-31-000-1997-02637-02 (51.381)
Demandante: Aguas de Manizales S.A. E.SP. y otros
Demandado: Aguas de Rionegro S.A. E.S.P.
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho
estaba vigente a la fecha de interposición de la demanda–, esto es, entidades
públicas que tengan el carácter de instituciones financieras, aseguradoras,
intermediarios de seguros o intermediarios de valores vigilados por la
Superintendencia Financiera, cuyos contratos y sus controversias, en la medida que
correspondan al giro ordinario de sus negocios, serán de conocimiento de la
jurisdicción ordinaria7.
Así, en los casos en que una entidad –cuyo régimen de contratación es especial–
decide adoptar el mecanismo de licitación pública regulado en el artículo 30 de la Ley
80 de 1993, se presenta una combinación o una mixtura de regímenes que, en
esencia, trae las siguientes consecuencias: por un lado, la entidad excluida se sujeta
a determinadas reglas de selección, es decir, debe seguir el trámite dispuesto en la
ley para adelantar el respectivo procedimiento de licitación pública. Por otra parte, la
aplicación del derecho privado, en la fase de formación del contrato, implica que,
aunque tiene que escoger un contratista mediante licitación pública, no ostenta la
competencia para emitir actos administrativos.
5.2. Particularmente, en lo que atañe a los servicios públicos domiciliarios, conviene
señalar que esta posibilidad que caracteriza a los regímenes exceptuados de adoptar
en sus manuales internos las reglas de selección, merece precisiones puntuales
dado el origen constitucional de su regulación y las particularidades que sobre el
mismo determinó la Ley 142 de 1994.
La Constitución de 1991 introdujo un cambio radical en la regulación de los servicios
públicos domiciliarios al apartarse de la noción tradicional de servicio público como
una extensión de la función administrativa y adoptar un enfoque basado en un
«nuevo servicio público» competitivo8, aunque intervenido por el Estado en su papel
de director de la economía (arts. 365 y 370 de la CN). Con esta regulación se superó
la teoría clásica de los servicios públicos, que los asimilaba a una función
administrativa, para reformularla como una actividad económica inherente a las
finalidades sociales de nuestro Estado de Derecho.
La modificación sustancial de la concepción de los servicios públicos en el derecho
administrativo conllevó cambios significativos en los instrumentos legales que los
7
Ibídem
8
María Teresa Palacio Jaramillo, Parámetros Constitucionales para la determinación de un régimen jurídico de
contratación pública en Colombia, en Revista de Derecho Público nº. 14, junio de 2002, Universidad de los Andes.
11
Radicación: 05001-23-31-000-1997-02637-02 (51.381)
Demandante: Aguas de Manizales S.A. E.SP. y otros
Demandado: Aguas de Rionegro S.A. E.S.P.
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho
regulan. Antes de las leyes 142 y 143, los servicios públicos se entendían como una
actividad monopolística del Estado, pero la nueva perspectiva promovida por la Ley
142 los concibe como una actividad en la que participan diversos operadores, sujetos
a un marco legal común que fomenta la competencia, la eficiencia y la libre iniciativa.
La Ley 142 de 1994 introdujo normas para promover la competencia en la prestación
de servicios públicos domiciliarios, las cuales sometieron a un mismo marco jurídico
a todos los operadores con independencia de su naturaleza jurídica. Con sujeción a
esos postulados, los artículos 319 y 3210 de la Ley 142 de 1994 dispusieron que los
contratos de los prestadores de servicios públicos domiciliarios, por regla general, se
regirían por el derecho privado. En tal sentido, como bien lo afirma CASSAGNE:
«Es evidente que el aspecto finalista de la función administrativa ha de
orientarse a la realización del bien común, satisfaciendo las exigencias tanto de
la comunidad como de los individuos que la integran. Pero, no obstante que el
bien común puede alcanzarse por medio de formas y regímenes jurídicos
reglados por el derecho privado, deben excluirse de la función administrativa en
sentido material todas aquellas actividades típicamente privadas, especialmente
la actividad industrial y comercial. Ello no es óbice para admitir la existencia, en
tales casos, de actos de régimen jurídico entremezclado, que no trasuntan
plenamente el ejercicio de la función materialmente administrativa (…)»11.
La remisión al derecho privado excluye la aplicación del derecho público, salvo en
aquellos casos puntuales previstos en la ley en los que se entiende pueden proferirse
actos administrativos12. Así ocurre en las hipótesis reguladas por el artículo 3313 de la
9
ARTÍCULO 31 (sin la modificación de la Ley 689 de 2011). CONCORDANCIA CON EL ESTATUTO GENERAL
DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA. Los contratos que celebren las entidades estatales que prestan los servicios
públicos a los que se refiere esta Ley, y que tengan por objeto la prestación de esos servicios, se regirán por el
parágrafo 1 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y por la presente Ley, salvo en lo que la presente Ley disponga
otra cosa.
Las comisiones de regulación podrán hacer obligatoria la inclusión, en ciertos tipos de contratos de cualquier
empresa de servicios públicos, de cláusulas exorbitantes y podrán facultar, previa consulta expresa, que se
incluyan en los demás. Cuando la inclusión sea forzosa, todo lo relativo a tales cláusulas se regirá, en cuanto sea
pertinente, por lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, y los actos en los que se ejerciten esas facultades estarán
sujetos al control de la jurisdicción contencioso administrativa.
10
ARTÍCULO 32 (original). RÉGIMEN DE DERECHO PRIVADO PARA LOS ACTOS DE LAS EMPRESAS. Salvo
en cuanto la Constitución Política o esta Ley dispongan expresamente lo contrario, la constitución, y los actos de
todas las empresas de servicios públicos, así como los requeridos para la administración y el ejercicio de los
derechos de todas las personas que sean socias de ellas, en lo no dispuesto en esta Ley, se regirán
exclusivamente por las reglas del derecho privado. La regla precedente se aplicará, inclusive, a las sociedades en
las que las entidades públicas sean parte, sin atender al porcentaje que sus aportes representen dentro del
capital social, ni a la naturaleza del acto o del derecho que se ejerce. Se entiende que la autorización para que
una entidad pública haga parte de una empresa de servicios públicos organizada como sociedad por acciones,
faculta a su representante legal, de acuerdo con los estatutos de la entidad, para realizar respecto de la sociedad,
las acciones y los derechos inherentes a ellas y todos los actos que la ley y los estatutos permiten a los socios
particulares.
11
CASSAGNE, Juan Carlos. Los grandes principios del Derecho Público, Editorial Temis, Bogotá, 2018 Pág. 111.
12
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 23 de septiembre de 1997 rad.
n°. S-701 [fundamento jurídico f]; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 20 de febrero
de 2017, rad. n°. 56562 [fundamento jurídico 1]; sentencia de 8 de junio de 2018, rad. n° 38120 [fundamento
jurídico 3.6]; sentencia de 30 de septiembre de 2019, rad. n°. 43036 [fundamento jurídico 3.4.1] y Consejo de
12
Radicación: 05001-23-31-000-1997-02637-02 (51.381)
Demandante: Aguas de Manizales S.A. E.SP. y otros
Demandado: Aguas de Rionegro S.A. E.S.P.
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho
Ley 142 –desarrollado por los artículos 56, 57, 116 y siguientes–. También lo hizo en
los contratos para la concesión de Áreas de Servicio Exclusivo (art. 40)14 y en los
contratos de concesión para el uso de recursos naturales o del medio ambiente (art.
39.1)15.
Además, la regulación del inciso segundo del artículo 31 de la Ley 142 de 1994 –
antes de la modificación del artículo 3 de la Ley 689 de 2001– facultó a las
Comisiones de Regulación para hacer obligatoria, por vía general, la inclusión de
cláusulas excepcionales en determinados contratos de cualquier empresa de
servicios públicos y también autorizó a las comisiones para facultar, previa consulta
expresa por parte de los operadores, que se incluyeran en los demás16.
Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia de 3 de septiembre de 2020, rad. nº. 42003 [fundamento
jurídico 61].
13
Artículo 33. FACULTADES ESPECIALES POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS. Quienes
presten servicios públicos tienen los mismos derechos y prerrogativas que esta Ley u otras anteriores, confieren
para el uso del espacio público, para la ocupación temporal de inmuebles, y para promover la constitución de
servidumbres o la enajenación forzosa de los bienes que se requiera para la prestación del servicio; pero estarán
sujetos al control de la jurisdicción en lo contencioso administrativo sobre la legalidad de sus actos, y a
responsabilidad por acción u omisión en el uso de tales derechos.
14 ARTÍCULO 40. ÁREAS DE SERVICIO EXCLUSIVO. Por motivos de interés social y con el propósito de que la
cobertura de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado, saneamiento ambiental, distribución domiciliaria
de gas combustible por red y distribución domiciliaria de energía eléctrica, se pueda extender a las personas de
menores ingresos, la entidad o entidades territoriales competentes, podrán establecer mediante invitación pública,
áreas de servicio exclusivas, en las cuales podrá acordarse que ninguna otra empresa de servicios públicos
pueda ofrecer los mismos servicios en la misma área durante un tiempo determinado. Los contratos que se
suscriban deberán en todo caso precisar el espacio geográfico en el cual se prestará el servicio, los niveles de
calidad que debe asegurar el contratista y las obligaciones del mismo respecto del servicio. También podrán
pactarse nuevos aportes públicos para extender el servicio.
PARÁGRAFO 1o. La comisión de regulación respectiva definirá, por vía general, cómo se verifica la existencia de
los motivos que permiten la inclusión de áreas de servicio exclusivo en los contratos; definirá los lineamientos
generales y las condiciones a las cuales deben someterse ellos; y, antes de que se abra una licitación que incluya
estas cláusulas dentro de los contratos propuestos, verificará que ellas sean indispensables para asegurar la
viabilidad financiera de la extensión de la cobertura a las personas de menores ingresos.
15
39.1. Contratos de concesión para el uso de recursos naturales o del medio ambiente. El contrato de concesión
de aguas, es un contrato limitado en el tiempo, que celebran las entidades a las que corresponde la
responsabilidad de administrar aquellas, para facilitar su explotación o disfrute. En estos contratos se pueden
establecer las condiciones en las que el concesionario devolverá el agua después de haberla usado.
El acceso al espectro electromagnético para el servicio público de telecomunicaciones puede otorgarse por medio
de un contrato de concesión, de acuerdo con la Ley 80 de 1993 y las leyes especiales pertinentes, pero sin que
se aplique el artículo 19 de la Ley 80 de 1993 a bienes distintos de los estatales.
La remuneración que se pacte por una concesión o licencia ingresará al presupuesto de la entidad pública que
celebre el contrato o expida el acto.
Cuando las autoridades competentes consideren que es preciso realizar un proyecto de interés nacional para
aprovechamiento de aguas, o para proyectos de saneamiento, podrán tomar la iniciativa de invitar públicamente a
las empresas de servicios públicos para adjudicar la concesión respectiva.
Las concesiones de agua caducarán a los tres años de otorgadas, si en ese lapso no se hubieren hecho
inversiones capaces de permitir su aprovechamiento económico dentro del año siguiente, o del período que
determine de modo general, según el tipo de proyecto, la comisión reguladora.
Los contratos de concesión a los que se refiere este numeral se regirán por las normas especiales sobre las
materias respectivas. (…)
16
La Resolución CRA 01 de 1995 –vigente al momento de celebración del contrato– previó que las entidades
prestadoras de servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo debían incluir cláusulas
exorbitantes en los contratos de obra, consultoría, suministro de bienes y compraventa, siempre que su objeto, de
no ser cumplido en la forma pactada, pudiera traer como consecuencia necesaria y directa la interrupción en la
prestación del servicio o la reducción en los niveles de calidad de agua exigidos por las autoridades competentes
según la ley (art. 1).
13
Radicación: 05001-23-31-000-1997-02637-02 (51.381)
Demandante: Aguas de Manizales S.A. E.SP. y otros
Demandado: Aguas de Rionegro S.A. E.S.P.
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho
En la misma línea, el artículo 35 de la Ley 142 de 1994 autorizó a las comisiones de
regulación a exigir, por vía general, que ciertos tipos de contratos se celebren previa
licitación pública. Estos aspectos se regirían, en lo pertinente, por lo dispuesto en la
Ley 80 de 1993. En efecto, el referido artículo dispuso:
Las empresas de servicios públicos que tengan posición dominante en un mercado,
y cuya principal actividad sea la distribución de bienes o servicios provistos por
terceros, tendrán que adquirir el bien o servicio que distribuyan por medio de
procedimientos que aseguren posibilidad de concurrencia a los eventuales
contratistas, en igualdad de condiciones. En estos casos, y en los de otros contratos
de las empresas, las comisiones de regulación podrán exigir, por vía general, que se
celebren previa licitación pública, o por medio de otros procedimientos que
estimulen la concurrencia de oferentes.
El aparte subrayado fue declarado exequible por la Corte Constitucional en sentencia
C-066 de 1997, al considerar que la Constitución no prohíbe que las comisiones de
regulación dicten normas de carácter general, por el contrario, las «comisiones
derivaron esa competencia directamente de la ley y ésta fue facultada por los
artículos 365 y 367 de la Constitución para organizar lo relativo a los servicios
públicos en general, y a los domiciliarios en particular, lo cual incluye, desde luego, la
posibilidad de desarrollar dentro del marco legal lo referente a los contratos de
manera independiente de la ley 80 de 1993 (…)» y, por tanto, «(…) no existe el
traslado de competencias del legislador al presidente de la República, sino que se
trata, se repite, de una facultad atribuida por el legislador directamente a las
comisiones de regulación, que en este sentido son instrumentos de realización de los
intereses públicos consagrados en la Constitución y en la ley»17.
En tal sentido, si bien la característica de los regímenes exceptuados es que las
entidades pueden definir en sus reglamentos internos –manuales de contratación–
las reglas de selección de los contratistas, particularmente, en lo que atañe a los
servicios públicos domiciliarios, no hay una libertad absoluta para, simplemente,
remitirse a la Ley 80 de 1993 toda vez que, precisamente, el artículo 35 de la Ley
142 establece en cabeza de las comisiones de regulación la habilitación de tal
posibilidad.
17
Corte Constitucional, sentencia C-066 de 1997 de 11 de febrero de 1997 [fundamento jurídico 4].
Posteriormente, la Corte Constitucional declaró estarse a lo resuelto en sentencia C-066 de 1997, mediante
sentencia C-150-03 del 25 de febrero de 2003. Después, la Corte Constitucional se declaró inhibida de fallar
sobre el aparte subrayado del artículo 35 de la Ley 142 de 1994 por ineptitud de la demanda, mediante sentencia
C-150-03 de 25 de febrero de 2003.
14
Radicación: 05001-23-31-000-1997-02637-02 (51.381)
Demandante: Aguas de Manizales S.A. E.SP. y otros
Demandado: Aguas de Rionegro S.A. E.S.P.
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho
Así, la aplicación de los procedimientos de selección del Estatuto General de
Contratación de la Administración Pública, en materia de servicios públicos
domiciliarios, depende de dichas comisiones y de los requisitos que fijen a efectos de
que las empresas de este sector deban o puedan acudir a su regulación.
6. Ahora bien, por ser relevante para efectos de determinar el régimen jurídico
aplicable al proceso de selección, es importante precisar que esta Corporación
sostuvo inicialmente dos posturas respecto de la naturaleza jurídica de los actos
precontractuales de aquellas entidades que tienen regímenes exceptuados de la Ley
80 de 1993 y, en especial, de los actos proferidos por los prestadores de servicios
públicos domiciliarios, según las cuales, i) se pueden producir efectivos actos
administrativos y, como tales, deben ser juzgados18 y ii) otra que retoma la postura
prevista en el fallo del 23 de septiembre de 199719, de la que se deriva la naturaleza
privada de estos y, por ende, la necesidad de juzgarlos en el marco de la
responsabilidad precontractual y sus reglas aplicables en los estatutos civil y
comercial20.
Con esta perspectiva, esta Sección, en fallo de unificación 21 , definió que las
decisiones durante la etapa de formación del contrato adoptadas por las empresas
de servicios públicos domiciliarios son expresiones de la autonomía privada como las
que adoptan los particulares durante la fase de negociación y, por lo mismo, no son
actos administrativos, salvo aquellos casos en los cuales la ley disponga
expresamente lo contrario. Asimismo, el fallo de unificación señaló que, como el
régimen jurídico del contrato es el derecho privado, los actos precontractuales no son
susceptibles de los medios de control de nulidad y nulidad y restablecimiento del
derecho (acciones en el CCA), porque el daño no proviene de un acto administrativo
ni lo que se pretende es adelantar un juicio de legalidad sobre una prerrogativa que
refleje el poder de imperio del Estado.
Sobre el particular, en la sentencia de unificación del 3 de septiembre de 2020 esta
18
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 20 de abril de 2005, rad. n°. 14519 [fundamento jurídico 3];
Subsección A, sentencias de 9 de octubre de 2013, rad. n°. 30763 [fundamento jurídico 7.5], sentencia de 12 de
febrero de 2014, rad n°. 28209 [fundamento jurídico 4], entre otras.
19
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 23 de septiembre de 1997, rad.
n°. S-701 [fundamento jurídico f].
20
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencias de 20 de febrero de 2017, rad. n°. 56562
[fundamento jurídico 1], sentencia de 8 de junio de 2018, rad. n°. 38120 [fundamento jurídico 3.6], sentencia de 30
de septiembre de 2019, rad. n°. 43036 [fundamento jurídico 3.4.1], auto de 11 de mayo de 2020, rad. n°. 58562
[fundamento jurídico 2.6] y Subsección A, sentencia de 19 de junio de 2019 [fundamento jurídico 2.4].
21
Consejo de Estado, Sección tercera, sentencia de 3 de septiembre de 2020, rad. nº. 42003 [fundamento jurídico
párr. 84 y 120].
15
Radicación: 05001-23-31-000-1997-02637-02 (51.381)
Demandante: Aguas de Manizales S.A. E.SP. y otros
Demandado: Aguas de Rionegro S.A. E.S.P.
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho
Sala discurrió de la siguiente manera:
Salvo las excepciones expresamente establecidas en la ley vigente, los actos
precontractuales de los prestadores de servicios públicos domiciliarios no son actos
administrativos y se rigen por la normatividad civil y comercial, así como, de resultar
aplicables, por los principios que orientan la función administrativa.
Salvo las excepciones expresamente establecidas en la ley vigente, las
controversias relativas a actos precontractuales de prestadores de servicios públicos
domiciliarios de conocimiento de esta jurisdicción, que no correspondan a actos
administrativos, deberán tramitarse a través de la acción (medio de control en el
CPACA) de reparación directa. Negrillas fuera del texto.
Valga precisar que, a pesar de que para la época en que transcurrieron los hechos,
es decir, entre la apertura de la «licitación pública n°. 001 de 1996» el 28 de octubre
de 1996 (f. 142 c. 1) y el acto de adjudicación el 27 de junio de 1997 (fls. 48-53 c. 1)
no había sido proferida la sentencia de unificación, es necesario reconocer que –en
términos generales– la unificación de jurisprudencia afecta a todos los casos
pendientes de decisión. La Sala, en una reciente decisión22, se refirió a los efectos
generales e inmediatos de los fallos de unificación y precisó que:
Los fallos de unificación jurisprudencial emanados de los tribunales de cierre tienen,
por regla, unos efectos generales e inmediatos a partir de su adopción, incluso
respecto de casos pendientes de fallo, es decir, efectos retrospectivos. Tal
entendimiento, que defiende la aplicación inmediata del precedente, responde a la
necesidad de adaptación y evolución constante del Derecho, y toma en
consideración que la revocación de la regla jurisprudencial debe estar antecedida de
una fuerte argumentación que, por un lado, refleje las razones que justifican el
apartamiento y, por otro, demuestre por qué el nuevo criterio concuerda mejor con
los principios, valores y garantías constitucionales (Corte Constitucional, sentencia
C-364 de 24 de agosto de 2011).
(…) con la regla general del efecto retrospectivo de los cambios jurisprudenciales y
el carácter excepcional del efecto prospectivo cuando anteriormente existiera un
precedente consolidado, se concilia la necesidad de poner inmediatamente en
práctica el criterio interpretativo que se considera más adecuado para la protección
de los intereses legítimos, así como el respeto institucional de las reglas que
motivan el comportamiento de las partes. Además, este criterio mueve al juzgador a
considerar las consecuencias de la variación del precedente frente a los asuntos en
curso, para evitar que la operatividad inmediata de las subreglas jurisprudenciales
dé lugar, en determinados casos, a la vulneración de derechos y garantías
fundamentales (Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, auto de 29 de
agosto de 2022, rad. n°. 54338).
7. En este orden de ideas, pese a la variedad de criterios en relación con la
naturaleza jurídica de los actos precontractuales de las empresas prestadoras de
servicios públicos y la acción procedente, desde la sentencia de unificación del 3 de
septiembre de 2020 se fijó una regla en el sentido en que los actos de los futuros
22
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 24 de abril de 2024, rad. n°. 53937
[fundamento jurídico 5.4.1.3 y 5.4.1.5].
16
Radicación: 05001-23-31-000-1997-02637-02 (51.381)
Demandante: Aguas de Manizales S.A. E.SP. y otros
Demandado: Aguas de Rionegro S.A. E.S.P.
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho
contrayentes –sometidos a regímenes exceptuados– no son actos administrativos y,
por ende, no pueden ser estudiados en nulidad y restablecimiento del derecho, salvo
las excepciones expresamente previstas en la ley.
Al respecto, se insiste en que la interpretación fijada en la sentencia de unificación,
que se refiere a la naturaleza de los actos proferidos en la etapa precontractual por
las entidades con régimen exceptuado de la Ley 80 de 1993, reconoció
expresamente que la ley puede disponer casos en los cuales dichos actos tienen la
connotación de actos administrativos.
Por lo tanto, la Sala considera que una de estas excepciones a la regla, es decir, uno
de los casos en los que la ley expresamente reconoce la posibilidad en cabeza de las
empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios para proferir actos
administrativos es precisamente cuando las comisiones de regulación –con
fundamento en lo regulado en el artículo 35 de la ley 142 de 1994– establecen los
tipos de contratos que deben celebrarse previa licitación pública. Ello, por cuanto los
actos que allí se produzcan tendrán la connotación de actos administrativos en los
términos de la Ley 80 de 1993.
En esta medida, corresponde al juez del contrato, para efectos de establecer la
aplicación o no de los escenarios previstos en la referida sentencia de unificación,
determinar si, para la fecha de inicio del proceso de selección, la comisión de
regulación respectiva –en desarrollo de lo previsto en el artículo 35 de la Ley 142 de
1994– dispuso los contratos que debían celebrarse previa licitación pública, en cuyo
caso, el proceso de selección se regirá, en lo pertinente, por lo dispuesto en la Ley
80 de 1993 y, por lo tanto, el acto de adjudicación sería un verdadero acto
administrativo en los términos del artículo 24.7 y 77 de la Ley 80 de 1993 y contra él
procedería la acción (medio de control en el CPACA) de nulidad y restablecimiento
del derecho.
En caso contrario, es decir, de aplicarse la sentencia de unificación del 3 de
septiembre de 2020 en los términos ya referidos, la conclusión será que no se trata
de un acto administrativo –contra el que procede la nulidad y restablecimiento del
derecho– y la responsabilidad deberá analizarse bajo los parámetros de la culpa
precontractual [culpa in contrahendo].
17
Radicación: 05001-23-31-000-1997-02637-02 (51.381)
Demandante: Aguas de Manizales S.A. E.SP. y otros
Demandado: Aguas de Rionegro S.A. E.S.P.
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho
8. De conformidad con el panorama descrito, la Sala estudiará lo acontecido en el
trámite de la «licitación pública n°. 001 de 1996», en relación con los tipos de
contratos que debían celebrarse previa licitación pública, en aras de determinar el
régimen aplicable al proceso de selección y si el acto de adjudicación aquí
demandado –«Resolución n°. 04 del 27 de julio de 1997»– corresponde a un
verdadero acto administrativo, o si, por el contrario, es de aquellos actos de
naturaleza contractual señalados en la sentencia de unificación del 3 de septiembre
de 2020.
8.1 Con fundamento en el desarrollo legislativo ya expuesto, en particular, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley 142 de 1994, la Comisión de
Regulación de Agua Potable –CRA– expidió la Resolución nº. 03 de 1995, publicada
en la Gaceta n°. 84 de 1995 del Ministerio de Desarrollo Económico (fls. 530-533 c. 1
y 655 c. 3). El artículo 4.2 de la resolución dispuso que se someterían a licitación
pública los contratos que celebren las entidades estatales que tengan por objeto
encomendar a terceros cualquiera de las actividades que ellas hayan realizado para
prestar los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo. En
efecto, la transcripción original del artículo 4 de la Resolución 03 de 1995 es el
siguiente:
ARTICULO 4o. CONTRATOS QUE DEBEN CELEBRARSE POR MEDIO DE
LICITACIÓN PUBLICA. Se someterán a licitación pública:
4.1. Aquellos contratos que celebren las entidades territoriales que incluyan
cláusulas por medio de las cuales se crea un 'área de servicio exclusiva', o los que
tengan por objeto modificar algunas de las cláusulas de los contratos que hayan
creado tales áreas, en el sentido de modificar el concesionario, las tarifas, el área,
su tamaño, el programa de inversiones o el término de duración de la misma.
4.2. Aquellos contratos de concesión y administración delegada o los que
celebren las entidades estatales que tengan por objeto encomendar a
terceros cualquiera de las actividades que ellas hayan realizado para prestar
los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo.
4.3. Los contratos que tengan por objeto la adquisición de agua para la
distribución, entre una empresa con posición dominante en el mercado y quien
haya de captar y, eventualmente, tratar el agua. (Negrillas por fuera del texto).
Posteriormente, a través de la Resolución nº. 18 de 1995, que empezó a regir a partir
de su publicación el 16 de enero de 1996 en la Gaceta n°. 106 del Ministerio de
Desarrollo Económico [art. 2] (fls. 534-535 c. 1 y 660 c. 3), la CRA eliminó el segundo
inciso del artículo 4º de la Resolución nº. 03 de 1995 y dispuso que solo debían
someterse a licitación pública los siguientes contratos:
18
Radicación: 05001-23-31-000-1997-02637-02 (51.381)
Demandante: Aguas de Manizales S.A. E.SP. y otros
Demandado: Aguas de Rionegro S.A. E.S.P.
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho
4.1.- Aquellos contratos que celebren las entidades territoriales que incluyan
cláusulas por medio de las cuales se crea un "área de servicio exclusiva", o los
que tengan por objeto modificar algunas de las cláusulas de los contratos que
hayan creado tales áreas, en el sentido de modificar el concesionario, las tarifas,
el área, su tamaño, el programa de inversiones o el término de duración de la
misma.
4.2.- Los contratos que tengan por objeto la adquisición de agua para la
distribución, entre una empresa con posición dominante en el mercado y quien
haya de captar y, eventualmente, tratar el agua.
Parágrafo: Los contratos que celebren las entidades estatales con el objeto de
otorgar la prestación de un servicio público, se rigen por el Estatuto General de
Contratación de la Administración Pública23.
8.2 Está acreditado que el 28 de octubre de 1996, el presidente de la Junta Directiva
de Aguas de Rionegro S.A. E.S.P., mediante «Resolución n°. 002 de 1996» dio
apertura a la «licitación pública n°. 001/96» que tenía por objeto «la selección del
operador del sistema de Acueducto y Alcantarillado del municipio de Rionegro la cual
se realizará a través de la Sociedad Aguas de Rionegro S.A. E.S.P.» (f. 142 c. 1). En
consonancia, en la sección 3.2 del pliego de condiciones se dispuso que «el objeto
de esta licitación es la selección de la persona natural, jurídica nacional o extranjera,
que opere, mantenga y administre los sistemas de acueducto y alcantarillado del
municipio de Rionegro» (f. 22 c. 6).
Como se indicó ya, para el momento en que se dio apertura al proceso de selección
estaba vigente la Resolución nº. 03 de 1995 de la CRA –modificada por la
Resolución nº. 18 de 1995–, según la cual, debían someterse a licitación pública los
contratos mediante los cuales i) se crea un Área de Servicio Exclusiva; ii) los que
tengan por objeto la adquisición de agua para la distribución, entre una empresa con
posición dominante en el mercado y quien haya de captar y, eventualmente, tratar el
agua y iii) los contratos que celebraran las entidades estatales con el objeto de
otorgar la prestación de un servicio público.
Así las cosas, visto el objeto de la «licitación pública n°. 001/96» y los contratos
previstos en la Resolución nº. 03 de 1995 de la CRA –modificada por la Resolución
nº. 18 de 1995–, la Sala considera que la entidad demandada no estaba obligada a
acudir a la licitación pública, por las siguientes razones:
i) Los contratos a través de los cuales se crea un «área de servicio exclusiva», que
es la hipótesis prevista en el artículo 4.1, son celebrados por las entidades
territoriales (no por las empresas), en los términos del artículo 40 de la Ley 142 de
23
Parágrafo derogado por el artículo 25 de la Resolución CRA 136 de 2000.
19
Radicación: 05001-23-31-000-1997-02637-02 (51.381)
Demandante: Aguas de Manizales S.A. E.SP. y otros
Demandado: Aguas de Rionegro S.A. E.S.P.
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho
1994, ii) el objeto de la «licitación pública n°. 001/96» consistió en seleccionar al
operador que se encargaría de la administración y mantenimiento del sistema de
acueducto y alcantarillado del municipio de Rionegro, con lo cual, el objeto a
contratar excede y no se encuentra en la hipótesis prevista en el artículo 4.2 de la
resolución, relativa a la captación y distribución de agua y iii) el objeto de la licitación
tampoco consistió en el otorgamiento de la prestación de un servicio público –que
por lo demás corresponde a los municipios en los términos del artículo 5 y parágrafo
del artículo 31 de la Ley 142 de 1994–, sino que radicó en la selección del operador
del sistema, con lo cual tampoco se encuadra en la situación descrita en el parágrafo
del artículo 4 de la mencionada resolución.
8. En este contexto, es importante señalar que, aunque en el acto de apertura, el
pliego de condiciones y el informe de evaluación de las propuestas se haya indicado
que la normativa aplicable es la Ley 80 de 1993, tal disposición no tiene la virtualidad
de variar la naturaleza jurídica de los actos proferidos con ocasión de la actividad
precontractual de una entidad con régimen exceptuado. Ello, por cuanto no había
regulación de la comisión que exigiera la aplicación del Estatuto General de
Contratación de la Administración Pública
En la medida en que Aguas de Rionegro S.A. E.S.P. no debía acudir a la licitación
pública regulada en la Ley 80 de 1993 para escoger al operador del sistema de
acueducto y alcantarillado del municipio de Rionegro, la Sala considera que el acto
de adjudicación demandado se rige por el derecho privado y corresponde a los
denominados «actos de gestión contractual».
El carácter de invitación pública a presentar ofertas realizada por Aguas de
Rionegro S.A. E.S.P.
9. Con el fin de establecer la acción procedente en el marco del régimen aplicable a
la entidad demandada definido con anterioridad, resulta indispensable que se
identifique si la invitación a contratar es susceptible de calificarse –o no– como una
oferta en los términos del artículo 845 del C.Co. En efecto, dado –por regla general–
el carácter «irrevocable» de la oferta 24 , se desprende que este acto unilateral
constituya en una fuente obligacional, y su retracto injusto, es un acto ilegal
24
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 12 de agosto de 2002, expediente No. 6111.
20
Radicación: 05001-23-31-000-1997-02637-02 (51.381)
Demandante: Aguas de Manizales S.A. E.SP. y otros
Demandado: Aguas de Rionegro S.A. E.S.P.
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho
susceptible de configurar la responsabilidad patrimonial 25 (art. 846 del C.Co), de
suerte que su aceptación implica la celebración del negocio –cuando su
perfeccionamiento no es sometido a solemnidades legales o convencionales 26 –,
escenario donde será procedente el medio de control de controversias contractuales
(art. 141 del CPCA).
Por otro lado, una propuesta para contratar que no reúna los elementos esenciales
del negocio jurídico que se busca celebrar «precisión de la oferta» y no exprese la
voluntad de su autor de obligarse, en caso de aceptación «firmeza de la oferta»27, no
es susceptible de apreciarse como una oferta. Así, una invitación para contratar que
no sea precisa y/o firme, no será susceptible de calificarse como una licitación, en los
términos del artículo 860 del C.co; y, por el contrario, se deberá tener como una
invitación para iniciar tratativas o formular ofertas28. En todo caso, en este último
escenario, aún resulta posible que se configure la responsabilidad extracontractual
del Estado, cuando se verifica una ruptura injustificada de las negociaciones, en los
términos del artículo 863 del C.Co29, en otras palabras, verificando si la conducta
contractual de la entidad oferente vulneró los postulados de la buena fe exenta de
culpa.
Tal como lo ha reconocido esta Sección30, con fundamento en la jurisprudencia de la
Corte Suprema de Justicia, en el escenario de la culpa in contrahendo no toda
25
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 27 de octubre de 2023, rad n°. 56.445
[fundamento jurídico 5.1].
26
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 30 de junio de 2022, SC1303-2022, rad.
110013103004201100840-01 «(…) En el caso concreto, las formalidades establecidas por el proponente -
especialmente, la aprobación de una proforma y la suscripción de un contrato- se pueden recibir como
verdaderas reservas formales. Esto es, en la negociación se afincó una verdadera formalidad ad solemnitatem,
<<que es precisamente lo mismo que ocurre cuando el contrato es solemne por disposición directa de la ley; sólo
que en la hipótesis lo que es por voluntad de las partes, quienes han querido que el contrato “no produzca ningún
efecto civil” sin la observancia de la formalidad especial de otorgarse el instrumento» (GJ CLXVI p. 183).76 (…)»
27
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 30 de junio de 2022, SC1303-2022, rad.
110013103004201100840-01, «(…) 3. En primer término, la oferta es una propuesta firme de celebrar un
contrato, presentada en condiciones precisas, de suerte que la mera aceptación es suficiente para la formación
del contrato66. De manera puntual, en los términos del artículo 845 del Código de Comercio, la propuesta «deberá
contener los elementos esenciales del negocio y ser comunicada al destinatario (…)». En la referida decisión la
Corte hizo referencia a doctrina francesa, que en el mismo sentido ha definido como elementos constitutivos de la
oferta su precisión y firmeza. Terré F. Simler P., Lequette Y. y Chenéde F., Droit Civil, les obligations, Dalloz, 12e
édition p . 199 «(…) Pour qu’une proposition de contracter puisse être qualifié d’offre, il faut que sa seule
acceptation suffise á former le contrat. Là encore, la solution (…) Par conséquent, une proposition ne saurait
constituer une offre, alors même qu’elle renferme les éléments essentiels du contrat projeté si son auteur a
marqué sa volonté de ne pas être lié en cas d’acceptation. Ainsi en va-t-il lorsque l’auteur de la proposition se
réserve la possibilité d’agréer a son cocontractant. (…)»
28
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 23 de noviembre de 1989, sentencia del 27
de junio de 1990, rad. 239, citadas en Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 19 de
julio de 2023, rad: 55644 [fundamento jurídico 5], Subsección C, sentencia del 19 de febrero de 2024 rad: 60126
[fundamento jurídico 7.1.5].
29
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 19, de febrero de 2024, rad. n°. 60126,
[fundamento jurídico 7.1.5].
30
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 8 de octubre de 2021, rad. nº. 36320
[fundamento jurídico 7].
21
Radicación: 05001-23-31-000-1997-02637-02 (51.381)
Demandante: Aguas de Manizales S.A. E.SP. y otros
Demandado: Aguas de Rionegro S.A. E.S.P.
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho
intención dirigida a la formación de un contrato, incluso cuando haya invitación
pública, supone la existencia de una oferta, ya que puede ocurrir que se trate
simplemente de una invitación a contratar o formular ofertas 31 . En este caso, la
invitación pública no tendrá los efectos de la oferta, porque no tiene los elementos
esenciales del artículo 845 C. Co. y, por ende, la sola respuesta a esa invitación no
implica la formación del contrato. Esta respuesta será una oferta que podrá ser
aceptada por quien invitó a los demás a participar en el proceso, luego de surtido un
procedimiento que se caracteriza por un anuncio –que no es oferta–, el concurso en
sí mismo y «la escogencia del concursante que reúne las mejores condiciones».32
10. Está acreditado que el 28 de octubre de 1996, el presidente de la Junta Directiva
de Aguas de Rionegro S.A. E.S.P., mediante «Resolución n°. 002 de 1996» dio
apertura a la «licitación pública n°. 001/96» que tenía por objeto «la selección del
operador del sistema de Acueducto y Alcantarillado del municipio de Rionegro la cual
se realizará a través de la Sociedad Aguas de Rionegro S.A. E.S.P.» (f. 142 c. 1).
Según las «reglas de participación» contenidas en el pliego de condiciones, los
proponentes debían elaborar una propuesta que cumpliera con todos los requisitos
previstos por la entidad. Esa oferta debía permanecer vigente por noventa días
[numeral 3.14 (f. 153 c. 1)] y la entidad, después de evaluar las propuestas en dos
fases [evaluación técnica y evaluación económica (sección 6 en adelante, fls.161 y
ss. c. 1)], establecería el orden de elegibilidad de conformidad con la fórmula
matemática prevista en la sección 6.8 del pliego. El proponente ganador tendría 15
días hábiles para firmar el contrato (f. 170 reverso c. 1).
Así las cosas, en la medida en que la entidad no formuló una oferta en los términos
del artículo 845 del C. Co, no se puede tratar como una licitación pública de las
reguladas en el artículo 860 de ese código. La intención de la entidad era invitar a
que se presentaran «propuestas» para estudiar, de acuerdo con las reglas que
estableció en esa invitación, con quiénes de esos oferentes celebraría el contrato.
Eso quiere decir que los invitados eran los oferentes y la sola presentación de su
oferta no suponía el nacimiento del contrato, puesto que debían seguirse las reglas
previstas por la entidad.
31
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 23 de noviembre de 1989, [fundamento
jurídico 1 (a) segundo cargo], en G.J. 2435, p. 114.
32
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 23 de noviembre de 1989, [fundamento
jurídico 1 segundo cargo], en G.J. 2435, p. 114.
22
Radicación: 05001-23-31-000-1997-02637-02 (51.381)
Demandante: Aguas de Manizales S.A. E.SP. y otros
Demandado: Aguas de Rionegro S.A. E.S.P.
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho
Toda vez que la invitación a contratar hecha por la entidad no constituyó una oferta,
la presentación de las propuestas no supuso la celebración del contrato en los
términos del artículo 860 del C. Co. y, por ello, la propuesta realizada por la
demandante no resulta susceptible de configurar la aceptación de la misma, y por
ende un contrato, en los términos del artículo 864 del C.Co.
En tal sentido, conviene aclarar que la demanda se presentó en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho. No obstante, dado el régimen
legal aplicable al proceso de selección y al hecho de que se reclama responsabilidad
por una conducta asumida durante la fase de formación del contrato –culpa in
contrahendo– la acción idónea para obtener los perjuicios, conforme a la
jurisprudencia unificada33 ya referida, es la de reparación directa.
Así las cosas, la demanda presentada será interpretada para estudiar la apelación
bajo las reglas de la culpa precontractual [in contrahendo], y no bajo los parámetros
de la nulidad de los actos administrativos.
Caducidad
11. El término para formular pretensiones en reparación directa, según el inciso
cuarto del artículo 136 del CCA –antes de la modificación del artículo 44 de la Ley
446 de 1998–, es de dos años, que se cuentan a partir del día siguiente del
acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la
ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de
trabajo público o por cualquier otra causa. La demandante alega que no fue
seleccionada para celebrar el contrato, a pesar de presentar la mejor propuesta. El
término se contará desde el momento en que la demandante tuvo conocimiento del
acto de adjudicación, es decir, desde el 27 de junio de 1997 (f.48 c.1). Como la
demanda se presentó el 23 de octubre de 1997, según da cuenta el sello de
radicación del Tribunal Administrativo de Antioquia (f. 377 reverso c. 1), fue
presentada en tiempo.
Legitimación en la causa
12. Aguas de Manizales S.A. E.S.P., Empresas Públicas de Pereira S.A. E.S.P.,
33
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 3 de septiembre de 2020, Rad. 42003 [fundamento jurídico
2.5], con votos particulares y disidentes.
23
Radicación: 05001-23-31-000-1997-02637-02 (51.381)
Demandante: Aguas de Manizales S.A. E.SP. y otros
Demandado: Aguas de Rionegro S.A. E.S.P.
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho
Sagas Ltda., Hydra Ingeniería Ltda. y Juan Bernardo Botero Botero están legitimadas
en la causa por activa, porque participaron en el proceso de selección del contratista
y presentaron oferta como integrantes de la unión temporal Aguas de la Montaña (fls.
202-206 c.1). Aguas de Rionegro S.A. E.S.P. está legitimada en la causa por pasiva,
debido a que fue la entidad que abrió el proceso de selección y evaluó las ofertas
(fls. 142, 202-206 c. 1 y 3-5 c. 6).
II. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si se acreditó un daño indemnizable en cabeza de
la demandante, porque la entidad prefirió celebrar el negocio jurídico con otra
persona según lo concluido en primera instancia y que no fue motivo de reparo. Para
ello, la Sala precisará, conforme al régimen jurídico aplicable y definido previamente
i) si a partir de esas tratativas y de la estructuración del negocio es posible concluir
que el contrato debió celebrarse con la demandante y ii) si hay lugar al
reconocimiento de los gastos asociados a la presentación de la propuesta en razón
a que la demandante tenía una expectativa legítima a ofertar que fue frustrada.
Análisis de la Sala
13. Las copias simples serán valoradas, porque la Sección Tercera de esta
Corporación, en fallo de unificación, consideró que tenían mérito probatorio34.
14. En el expediente obran recortes de prensa (fls. 46-47 c. 1 y 1-8 c. 14). Las
informaciones difundidas en los medios de comunicación no dan certeza sobre los
hechos en ellos contenidos, sino de la existencia de la noticia y en esas condiciones
serán valoradas en este proceso35.
15. La parte demandante, en el recurso de apelación, esgrimió que el Tribunal
vulneró el debido proceso, porque la sentencia es «incoherente». Explicó que, a
pesar de que el Tribunal reconoció que la entidad se apartó de las reglas de
selección que ella misma definió y las modificó en favor de uno de los participantes,
negó las pretensiones de la demanda.
34
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2013, rad. 25.022 [fundamento jurídico 1].
35
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 29 de mayo de 2012, rad. n°.
2011-01378 [fundamento jurídico 4] y sentencia del 1 de marzo de 2006, rad. n°. 16.587 [fundamento jurídico 3.2].
24
Radicación: 05001-23-31-000-1997-02637-02 (51.381)
Demandante: Aguas de Manizales S.A. E.SP. y otros
Demandado: Aguas de Rionegro S.A. E.S.P.
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho
La motivación de las decisiones judiciales constituye un deber de los jueces y un
elemento constitutivo de la garantía al debido proceso que involucra el examen
crítico de las pruebas sobre los hechos y la formulación de los razonamientos legales
necesarios para fundamentar la decisión, como se deduce del artículo 304 del CPC.
No basta tener razones para adoptar la decisión, sino que hace falta expresarlas
analíticamente. Las razones que justifican la decisión corresponden a las premisas
fácticas (los hechos probados) y a las premisas jurídicas (las normas aplicables al
caso). En este orden de ideas, la decisión no estará justificada sino se deriva
lógicamente de las premisas expresadas en el razonamiento; así lo ha determinado
la jurisprudencia de esta Corporación36.
El Tribunal, con base en las pruebas obrantes en el proceso, especialmente, con
sustento en el dictamen pericial, consideró que «quedó demostrado que en el trámite
de la licitación pública se presentaron algunas irregularidades (f. 824 c. p.pal)(…)»,
puesto que la entidad demandada no se ajustó a las reglas que ella misma definió y
que sirvieron de parámetro a los proponentes para formular sus propuestas. En
efecto, señaló que la demandada incurrió en «modificaciones realizadas a la forma
de calificación del pliego en los siguientes aspectos: [i] el estado del parque
automotor se excluye de la parte técnica y se incluye en la parte económica; [ii] el
puntaje mínimo de la calificación técnica, para clasificar a la económica, [pasó] de
750 puntos [a] 675 puntos y [iii] se modific[ó] la fórmula del orden de elegibilidad» (f.
825 c.pal.).
A partir de lo expuesto, el Tribunal concluyó que se benefició a la propuesta de Lysa
S.A. –en perjuicio de las demás– y que la demandada incurrió en «una inadecuada
variación del pliego de condiciones que, no obstante se dio a conocer a todos los
proponentes, pone entredicho la claridad, responsabilidad, y objetividad que debe
tener la administración frente a los proponentes» (f. 826 c. p.pal). Estas
consideraciones, en efecto, corresponden a parte de los argumentos esgrimidos en
la demanda.
Sin embargo, a pesar de que la sentencia de primera instancia censuró el proceder
de la demandada, la Sala observa que en la parte motiva del fallo el Tribunal
36
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 26 de febrero de 2014. rad. nº. 27.345.
[fundamento jurídico 3.1].
25
Radicación: 05001-23-31-000-1997-02637-02 (51.381)
Demandante: Aguas de Manizales S.A. E.SP. y otros
Demandado: Aguas de Rionegro S.A. E.S.P.
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho
consideró que no se configuraron los presupuestos que la jurisprudencia tiene
definidos para declarar la responsabilidad precontractual en los procesos de
selección que se rigen por la Ley 80 de 1993, por cuanto la demandante no demostró
que su oferta era la mejor.
Dado el régimen jurídico aplicable al proceso de selección y la naturaleza del acto de
adjudicación que, tal como se indicó ya, se rigió por el derecho privado y
correspondió a los denominados «actos de gestión contractual», el análisis de la
responsabilidad que correspondía en este caso era bajo el supuesto de la culpa in
contrahendo y, por ello, en la medida en que el a quo consideró que la entidad
demanda actuó con falta de lealtad, puesto que no se ajustó a la realidad del proceso
de selección, frente a las reglas obligatorias contenidas en la invitación a participar,
así debió declararlo en la parte resolutiva.
Valga precisar que la parte perjudicada no formuló recurso de apelación y, por ello,
cualquier variación sobre este punto supondría una reforma en perjuicio del apelante
único [no reformatio in peius] (art. 357 CPC). Por lo tanto, de cara a la resolución del
caso, se excluirá del análisis del objeto de la apelación la conducta de la entidad
demandada, por cuanto, se reitera, esto ya fue definido en la sentencia de primera
instancia y la parte perjudicada no formuló recurso de apelación.
16. Ahora bien, para acceder a una indemnización por el daño derivado de la
responsabilidad de una entidad con «régimen exceptuado» [culpa in contrahendo],
se requiere que la demandante acredite la configuración de un daño cierto con las
características que más adelante se precisarán. En este orden de ideas, en la
medida en que la demandante, en el recurso de apelación, reprochó que el Tribunal
hubiera considerado que el daño que se reclama en la demanda no existió, es sobre
este punto que debe recaer el análisis en esta instancia. Es decir, resulta necesario
verificar si se acreditó un daño indemnizable en cabeza de la demandante, a fin de
determinar si procede reconocer los perjuicios que se reclaman en la demanda.
En este punto es importante señalar que, si bien el recurso de apelación no se refirió
expresamente a los perjuicios que se reclaman en la demanda, en particular, lo
referente al reconocimiento de los gastos asociados a la presentación de la
propuesta, la Sala estima que dicho asunto quedó cobijado dentro del marco de la
apelación.
26
Radicación: 05001-23-31-000-1997-02637-02 (51.381)
Demandante: Aguas de Manizales S.A. E.SP. y otros
Demandado: Aguas de Rionegro S.A. E.S.P.
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho
En efecto, el Consejo de Estado unificó su criterio frente al alcance del artículo 357
del CPC. Sobre el particular, sostuvo que la competencia del juez en segunda
instancia estaba limitada a «los aspectos que señale expresamente el recurrente o
que se entiendan comprendidos dentro del marco del recurso, siempre que
favorezcan al apelante único» 37 . En consecuencia, la Sala estableció que si se
apelaba un aspecto global de la sentencia, el juez adquiría competencia para revisar
todos los asuntos que hicieran parte de ese aspecto más general, aunque de
manera expresa no se hubiera referido a ellos el apelante único.
El Tribunal afirmó que ante la ausencia de la propuesta económica de EPM no había
forma de establecer que el demandante debió celebrar el contrato, por lo que no
procedía reconocer «ningún valor por indemnizaciones sobre ingresos dejados de
percibir o por perjuicios sufridos» (f. 825 c. 1). Por su parte, el recurrente reiteró que
cumplió con todas las reglas de participación y pidió acceder a las pretensiones de la
demanda (fls. 834 y 835 c. p.pal), con lo cual es claro que, de quedar desvirtuado el
argumento del a quo, lo procedente será el reconocimiento de los perjuicios
solicitados.
La demostración del daño indemnizable
17. Conforme lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución, el Estado responderá
patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables causados por la
acción o la omisión de las autoridades públicas. En desarrollo de este postulado
constitucional y con el fin de estructurar la responsabilidad patrimonial del Estado,
corresponde el análisis sobre la existencia de un daño que, estando debidamente
demostrado, determina el posterior juicio de imputación para efectos de imponer la
eventual obligación reparatoria en cabeza del demandado.
En ese orden y para satisfacer la finalidad primaria de la responsabilidad patrimonial
de Estado, el primer elemento que debe analizarse es la configuración de un daño,
sin cuya existencia resulta improcedente adentrarse en el estudio de los demás
requisitos estructurales de la responsabilidad, pues no habrá objeto para un juicio de
imputación que incluye, entre otros, la calificación de antijuridicidad a las voces del
artículo 90 de la Constitución.
37
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 6 de abril de 2018, rad. nº. 46005 [fundamento jurídico 5].
27
Radicación: 05001-23-31-000-1997-02637-02 (51.381)
Demandante: Aguas de Manizales S.A. E.SP. y otros
Demandado: Aguas de Rionegro S.A. E.S.P.
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho
De esta manera, entonces, el daño entendido como la afectación, vulneración o
lesión a un interés legítimo y lícito38-39 es el primer elemento que debe quedar certera
y suficientemente probado –en tanto no es posible presumirlo–, sin cuya existencia y
demostración no surge la obligación indemnizatoria. En este sentido la doctrina
nacional expone:
[E]l daño es la razón de ser de la responsabilidad, y por ello, es básica la reflexión de
que su determinación en sí, precisando sus distintos aspectos y su cuantía, ha de
ocupar el primer lugar, en términos lógicos y cronológicos, en la labor de las partes y
juez en el proceso. Si no hubo daño o no se puede determinar o no se le pudo evaluar,
hasta allí habrá de llegarse; todo esfuerzo adicional, relativo a la autoría y a la
calificación moral de la conducta del autor resultará necio e inútil40.
El daño –para que sea indemnizable– debe ser cierto41, es decir, que su existencia
sea real, demostrada sin duda alguna y no eventual o hipotética; debe ser personal,
es decir que solo quien lo sufre puede demandar su reparación42. Y también debe ser
determinado o determinable, esto es, que se puedan concretar claramente sus
características.
18. Ahora bien, bajo el régimen jurídico aplicable a la responsabilidad precontractual
derivada del rompimiento injustificado de las tratativas negociales, la reparación del
daño dependerá del análisis causal, es decir, de la relación de causa y efecto que
debe existir entre el daño probado y el hecho dañoso. Para ello es indispensable
analizar la estructuración de las reglas que las entidades fijan libremente para la
38
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A., sentencia del 2 de junio de 2023, rad. n°. 61.340.
39
Por su parte, el doctrinante Juan Carlos Henao define el daño como (…) toda afrenta a los intereses lícitos de
una persona, trátese de derechos pecuniarios o de no pecuniarios, de derechos individuales o de colectivos, que
se presenta como lesión definitiva de un derecho o como alteración de su goce pacífico y que, gracias a la
posibilidad de accionar judicialmente, es objeto de reparación si los otros requisitos de la responsabilidad civil –
imputación y fundamento del deber de reparar- se encuentran reunidos. En: Le dommage. Analyse à partir de la
responsabilité civile extracontractuelle de l’État en droit colombien et en droit français, tesis doctoral, Universidad
de París 2 Panthéon-Assas, sustentada el 27 de noviembre de 2007. Definición reiterada en el artículo: Las
formas de reparación en la responsabilidad del estado: hacia su unificación sustancial en todas las acciones
contra el estado, publicado en la Revista de Derecho Privado, Universidad Externado de Colombia, n.º 28, enero-
junio de 2015; y en la obra colectiva La responsabilidad extracontractual del Estado. XVI jornadas internacionales
de derecho administrativo. Universidad Externado de Colombia, 2015, p. 35. Esta definición de daño fue
adoptada, además, por la Corte Constitucional en sentencia SU-080 de 2020.
40
Hinestrosa, F. Responsabilidad extracontractual: antijuridicidad y culpa. Citado por Henao, Juan Carlos. El
daño, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 1998. p. 36.
41
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 4 de diciembre de
2006. Exp: 13.186: (…) el perjuicio debe ser cierto, como quiera que el perjuicio eventual no otorga derecho a
indemnización. El perjuicio indemnizable, entonces, puede ser actual o futuro, pero, de ningún modo, eventual o
hipotético. Para que el perjuicio se considere existente, debe aparecer como la prolongación cierta y directa del
estado de cosas producido por el daño, por la actividad dañina realizada por la autoridad pública”. Ver en el
mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 13 de
abril de 2000, Exp: 11.892: En el caso concreto, sin embargo, no es necesario avanzar en el análisis de la
antijuridicidad del daño sufrido, pues como se dejó expuesto antes, no hay lugar a reparar el perjuicio moral
reclamado porque no se probó su existencia.
42
Henao, J.C. El Daño. Universidad Externado de Colombia, Primera Edición, julio 1998. p. 88 y 104.
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Radicación: 05001-23-31-000-1997-02637-02 (51.381)
Demandante: Aguas de Manizales S.A. E.SP. y otros
Demandado: Aguas de Rionegro S.A. E.S.P.
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho
elección de sus contratistas, los cuales obedecen a necesidades que no pueden
tenerse como homogéneas, más aún en escenarios de tipicidad y atipicidad de los
contratos43.Por ello, en el contexto de la culpa in contrahendo pueden presentarse
dos escenarios desde la perspectiva del análisis causal:
18.1 Si el daño consiste en la imposibilidad de celebrar el negocio podrá reclamarse
lo que se esperaba recibir por la ejecución de las prestaciones («interés positivo»).
Para ello será necesario demostrar unas tratativas lo suficientemente sólidas –que se
concretan en unas reglas de participación libremente definidas por la entidad– y su
consecuente rompimiento cuando el contrato ya estaba a punto de ser perfeccionado
y no había dudas de que el oferente, bajo esas reglas de la entidad, era con quien
procedía, sin ninguna otra consideración adicional, la celebración del negocio
jurídico.
Lo anterior, depende de cada estructuración, el objeto y su alcance, la modalidad de
selección, el número de oferentes, la fórmula de habilitación, las fórmulas de
evaluación e incluso de desempate. Es allí donde la labor del juez debe obedecer al
análisis probatorio de la controversia a partir de las bases estructurales de cada
negocio.
18.2 Por el contrario, si el daño consiste en la privación de una expectativa legítima
de presentar la propuesta podrán pedirse como perjuicios los gastos derivados
específicamente de su preparación y presentación, así como de la frustración
comprobada de oportunidades para celebrar otros negocios jurídicos por atender la
negociación frustrada («interés negativo o de confianza»).
En este caso, deberá acreditarse que el hecho dañoso fue un error de tal magnitud,
gravedad y notoriedad que frustró la expectativa legítima de presentar la propuesta y
de que esta fuera analizada y evaluada de conformidad con los términos de la
negociación y bajo las reglas autoimpuestas por la entidad. No corresponde a una
indemnización automática por cualquier falencia del proceso o por discusiones
propias del debate precontractual, sino a una clara e indudable actuación que rompió
con las tratativas de manera abrupta y grosera que afectó la confianza y la buena fe
negocial de los oferentes.
43
Al respecto establece GRAGH, Gaetan: El objeto del contrato es el negocio jurídico previsto en él. Este negocio
jurídico varía en tantos contratos como la práctica o la legislación hayan podido o puedan imaginar. El negocio
jurídico previsto debe evaluarse en la fase de formación del contrato. En L’unité des contrats privés et des
contrats publics. ANRT. Aix Marseille Université, 2014, Francia, pág. 383.
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Radicación: 05001-23-31-000-1997-02637-02 (51.381)
Demandante: Aguas de Manizales S.A. E.SP. y otros
Demandado: Aguas de Rionegro S.A. E.S.P.
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho
18.3 Conviene precisar que no es posible el reconocimiento simultáneo de ambos
tipos de interés, porque cada uno responde a una lógica indemnizatoria distinta y
mutuamente excluyente. Mientras el «interés positivo» procura reconocer lo que se
habría recibido con la celebración del negocio, el «interés negativo o de confianza»,
por el contrario, propende por dejar al demandante en la posición que se encontraba
antes de iniciar la negociación. De ahí que, en el primer caso, deberá estar
acreditado que a la entidad le correspondía celebrar el negocio con la demandante y
no lo hizo y, en el segundo caso, que hubo un desconocimiento de las reglas de
participación de tal magnitud que frustró la expectativa de presentar la propuesta.
Valga precisar que no cualquier discusión propia del devenir precontractual da lugar
al reconocimiento del «interés negativo o de confianza», sino que el hecho dañoso
debe tener la capacidad de haber frustrado una expectativa legítima de quien
demanda.
Por lo anterior, bajo la culpa in contrahendo el análisis causal y de la estructuración
del negocio resultan especialmente relevantes en la determinación del interés
susceptible de ser reconocido como perjuicio, en caso de configurarse la
responsabilidad patrimonial. De tal modo que, si se reclaman ambos tipos de interés,
al juez le corresponde empezar por indagar si procede el reconocimiento del «interés
positivo» y, solamente si no hay lugar a este, se habilitará el reconocimiento del
«interés negativo o de confianza», siempre y cuando se cumplan los presupuestos
antes anotados.
Con esta perspectiva, la Sala procede a analizar, en primer lugar, si hay lugar a
reconocer el «interés positivo», reclamado en la demanda, en cuyo caso será
necesario determinar, a partir de las tratativas y estructuración del negocio, si es
posible concluir que no bastaba sino el perfeccionamiento del contrato en razón a
que el oferente cumplía las reglas que se estructuraron para la selección y ofrecía las
mejores condiciones para la entidad. En segundo lugar, la Sala definirá si procede el
reconocimiento de los perjuicios consistentes en los gastos asociados a la
presentación de la propuesta, siempre y cuando esté acreditado que se frustró una
expectativa legítima a ofertar y esté demostrado que el desconocimiento de los
términos de la negociación fue de tal envergadura que afectó directamente las
expectativas de la demandante, o lo que es igual, que el error no corresponde a un
aspecto propio del debate precontractual.
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Radicación: 05001-23-31-000-1997-02637-02 (51.381)
Demandante: Aguas de Manizales S.A. E.SP. y otros
Demandado: Aguas de Rionegro S.A. E.S.P.
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho
El «interés positivo» reclamado en la demanda
19. En la pretensión segunda de la demanda se pidieron $680´000.000
correspondientes a los ingresos que esperaba recibir la demandante con la
celebración del contrato. Como pretensión subsidiaria a esa misma pretensión
solicitaron $360´000.000 «en razón a la adjudicación irregular de la licitación pública
a que se refieren los hechos de la demanda» [pretensiones subsidiarias 2.C y 2.D].
Aunque la demandante no precisó el concepto por el que reclama el valor de
$360´000.000, la Sala observa que dicha pretensión es subsidiaria al valor que
reclama por la utilidad esperada con la celebración del contrato, por lo que resulta
claro que las sumas que componen la pretensión segunda de la demanda
corresponden al mismo concepto, es decir, los ingresos que la demandante esperaba
recibir con la celebración del contrato. Así, se evidencia que la pretensión segunda
de la demanda se dirigió a solicitar el reconocimiento del llamado «interés positivo».
20. Está acreditado que Aguas de Rionegro S.A., mediante el documento que
denominó «Resolución n°. 002 de 28 de octubre de 1996», ordenó la apertura de la
«licitación pública n°. 001 de 1996» (fls. 142 c. 1). En el «pliego de condiciones» de
la licitación se consignó expresamente que se celebraría el contrato con aquel
proponente que ofreciera las mejores condiciones económicas y financieras para la
sociedad. Adicionalmente, en el glosario del pliego aparece la definición de
propuesta, donde se precisa que era la «oferta presentada por el proponente en el
plazo y lugar establecido, que comprende los sobres A y B y las aclaraciones
posteriores si correspondiere» (f.147 c.1).
En efecto, el pliego indicó que la propuesta técnica correspondía al sobre A y la
propuesta económica correspondía al sobre B (f.147 c.1). En la sección 3.24.1 del
pliego se señalaron todos los documentos que se debían incluir en el sobre A o
propuesta técnica (f.154 c.1) y en el numeral 3.24.2 se relacionaron todos los
documentos necesarios para evaluar la oferta económica (f.155 c.1).
Asimismo, la evaluación de las propuestas se realizaría en dos fases: la evaluación
técnica y la evaluación económica [sección 6 del pliego (fls. 161 y ss. c. 1)]. La
primera otorgaría un total de 1.000 puntos y evaluaría los siguientes componentes: i)
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Demandante: Aguas de Manizales S.A. E.SP. y otros
Demandado: Aguas de Rionegro S.A. E.S.P.
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho
organización y gestión administrativa y controles; ii) gestión y operativa y de
mantenimineto44; iii) gestión comercial; iv) atención al usuario y v) cronograma de
recibo y puesta en marcha. Cada uno de esos ítems otorgaría determinado puntaje y
la propuesta se consideraría como aceptable si el total de la evaluación técnica era
igual o superior a 750 puntos. En caso contrario, no se analizaría la propuesta
económica.
Por otra parte, la evaluación de la propuesta económica se calcularía a partir de la
propuesta que obtuviera el mayor puntaje y las demás obtendrían un puntaje
inversamente proporcional. Así se calificaría el porcentaje de retribución [sección
6.4.1]; el flujo de caja [sección 6.4.2]; la liquidez [sección 6.5.1]; la rotación de
cartera [sección 6.5.1.2]; el índice de endeudamiento y solvencia y la rentabilidad
[sección 6.5.2.1]. De modo que la evaluación económica dependería, por una parte,
de la propuesta que obtuviera la mayor calificación y, por otra parte, de la cantidad
de propuestas habilitadas.
Finalmente, el orden de elegibilidad se establecería a través de la siguiente fórmula
(f. 168 c. 1) :
Ex = 0.50 PTx + 0.30 PEx + 0.10 PFx + 0.10 PXx
En donde:
Ex = Orden de elegibilidad de la propuesta x.
PTx = Puntaje total de la propuesta técnica
PEx = Puntaje total de la propuesta económica x.
PFx= Puntaje total de la evaluación de la solvencia financiera del proponente
PXx = Puntaje total de la evaluación de la solvencia técnica del proponente x.
21. En cuanto a la calificación de las propuestas, se acreditó lo siguiente:
21.1 Está acreditado que tres sociedades presentaron oferta: Lyonnaise Des Eaux
Services Associes-Lysa S.A., unión temporal Aguas de la Montaña y Empresas
Públicas de Medellín. (fls. 202-206 c.1). El 28 de abril de 1997, el subcomité
evaluador técnico de Aguas de Rionegro S.A. E.S.P. hizo una evaluación inicial de
las ofertas y, según el informe de evaluación, Empresas Públicas de Medellín
presentó la mejor propuesta técnica –961 puntos–, seguido de la unión temporal
Aguas de la Montaña –766 puntos– y Lysa S.A. –308 puntos–. De conformidad con
dicha calificación, la propuesta de Lysa S.A. no estaría habilitada para pasar a la fase
44
Dentro de este ítem estaba el estado del parque automotor y del equipo de limpieza el cual otorgaría 100
puntos [sección 6.2.2.3 del pliego].
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Demandado: Aguas de Rionegro S.A. E.S.P.
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho
de la evaluación económica. (fls. 78-93 c.17).
21.2 El 29 de abril de 1997, el gerente general de Aguas de Rionegro S.A. E.S.P.
remitió un oficio a los tres proponentes, según el cual, era necesario modificar los
criterios de evaluación (fls.108-113 c.17). En la misma fecha, el gerente general
comunicó al presidente de la Junta Directiva de Aguas de Rionegro S.A. E.S.P. que
recibido el informe de evaluación técnica del 28 de abril de 1997 advirtió que se
omitió una clara instrucción en el sentido de «desplazar lo correspondiente al
numeral de los pliegos 6.2.2.3 “Estado del Parque automotor y del Equipo de
limpieza” de la parte técnica a la parte económica para ser calificada en dicha parte
debido al componente financiero que dicho numeral posee». Asimismo, el gerente
señaló que «lo anterior desvirtúa la calificación emitida por dichas personas y parece
necesario entrar a reevaluar lo consignado en tal informe» (f. 107 c. 17).
21.3 El 13 de mayo de 1997 se llevó a cabo una reunión entre el subcomité
evaluador técnico y el comité integrador de la Junta Directiva de Aguas de Rionegro
S.A. E.S.P. con el propósito de revisar el informe de la evaluación técnica (fls. 78-93
c.17). Según el acta que se levantó de la reunión, el subcomité evaluador técnico
ratificó los resultados de la primera evaluación (f. 93 c. 17).
21.4 El 17 de mayo siguiente, el comité integrador de la Junta Directiva se reunió
para revisar la precalificación del subcomité técnico de la Licitación n.°001/96 (f. 207-
220 c.1). En el texto del acta que se levantó se aprecia que el comité concluyó que
existía ambigüedad en los pliegos, lo que provocó «unos indicadores desfasados de
la realidad que no garantizan el cumplimiento de las coberturas y de las
disminuciones de agua no facturada y de recaudo de cartera» (fls. 207-220 c. 1). Por
ello, el comité integrador de la Junta Directiva decidió modificar la evaluación
preliminar del subcomité evaluador técnico y otorgar a todos los proponentes el
máximo puntaje en los criterios de i) gestión operativa y de mantenimiento
(numerales 6.2.2.1, 6.2.2.2 y 6.2.2.3 del pliego de condiciones), ii) gestión comercial
(numeral 6.2.3.2 del pliego de condiciones) y iii) cronograma (numeral 6.2.5 de los
pliegos de condiciones), con lo cual, el consolidado de la propuesta técnica varió de
la siguientes manera: unión temporal Aguas de la Montaña –401 puntos–, Lysa S.A.
–367 puntos– y Empresas Públicas de Medellín –364 puntos–.
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Demandante: Aguas de Manizales S.A. E.SP. y otros
Demandado: Aguas de Rionegro S.A. E.S.P.
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho
21.5 El 10 de junio de 1997 se emitió el informe de evaluación económica por el
subcomité económico designado por la Junta Directiva de la Sociedad Aguas
Rionegro S.A. E.S.P (fls. 221- 232 c.1). Una vez culminada la evaluación económica,
se consolidó con la evaluación técnica y el puntaje fue el siguiente:
Concepto LYSA EPM ADEM
PROPUESTA TÉCNICA 367 364 401
PROPUESTA ECONÓMICA 307 154 261
SUBTOTAL 674 538 662
SOLVENCIA FINANCIERA 100 100 100
SOLVENCIA TECNICA 100 100 100
CALIFICACIÓN DEFINITIVA 874 738 862
21.6 Posteriormente, el 27 de junio de 1997, la entidad reconoció que «de buena fe y
amparados en una fórmula financiera se llegó a una aplicación errónea del principio
de interpretación de los pliegos», lo que implicó realizar de nuevo la evaluación de
las propuestas con los siguientes resultados (fls 121 y ss. c. 1):
Concepto LYSA EPM ADEM
PROPUESTA TÉCNICA 407 469 449
PROPUESTA ECONÓMICA 260 131 180
SUBTOTAL 667 600 629
SOLVENCIA FINANCIERA 100 100 100
SOLVENCIA TECNICA 100 100 100
CALIFICACIÓN DEFINITIVA 867 800 829
22. De conformidad con lo expuesto, la entidad realizó tres evaluaciones distintas y
con resultados diferentes en cada una. En efecto, en la primera evaluación que
realizó el subcomité técnico la propuesta con mayor puntaje era la de EPM. Sin
embargo, el comité integrador de la Junta Directiva dispuso modificar los criterios de
evaluación establecidos en el pliego de condiciones, con lo cual fue necesario volver
a evaluar las propuestas, tanto en el componente técnico como en el económico, y
por consiguiente la calificación varió y la propuesta con mayor puntaje fue la de Lysa
S.A., seguida de la propuesta de la unión temporal de Aguas de la Montaña y EPM.
Posteriormente, la entidad reconoció haber cometido «errores de buena fe» en la
evaluación de las propuestas y nuevamente procedió a realizar la calificación, por lo
que nuevamente variaron los puntajes obtenidos.
Así las cosas, en la última evaluación la demandante quedó en el segundo lugar, por
encima de la propuesta de EPM. No obstante, en el caso de haberse rechazado la
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Radicación: 05001-23-31-000-1997-02637-02 (51.381)
Demandante: Aguas de Manizales S.A. E.SP. y otros
Demandado: Aguas de Rionegro S.A. E.S.P.
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho
propuesta que resultó adjudicataria del contrato, tal como el a quo consideró que
debió hacerse, no es posible concluir que la propuesta de la unión temporal Aguas
de la Montaña se hubiera mantenido por encima de la propuesta de EPM, según se
pasa a explicar.
Tal como se esgrimió en la demanda y fue reconocido por el Tribunal en primera
instancia, la evaluación de las propuestas fue producto de interpretaciones
irregulares del pliego de condiciones. Es decir, la calificación de las propuestas que
la entidad realizó, además de no ajustarse a las reglas del pliego de condiciones, se
fundamentó en determinaciones equivocadas para asignar los puntajes, por lo que
no se puede pretender que a partir de esa única prueba se concluya que la
propuesta de la unión temporal de Aguas de la Montaña ofrecía las mejores
condiciones para la entidad.
A pesar de que podría pensarse que en la última evaluación la entidad corrigió los
errores que reprochó el Tribunal, puesto que en «en el informe de respuesta a las
objeciones a la licitación 001 de 1996» la entidad reconoció que en la última
evaluación de las propuestas se volvió «al criterio de calificación de aspectos
financieros en la propuesta técnica tal como lo consagraban textualmente los pliegos
de condiciones [y] en síntesis la fórmula para evaluar se hizo tal cual aparece en el
numeral 6.8 de los pliegos de condiciones», lo cierto es que la última evaluación de
las propuestas tampoco cumplió con las reglas de participación, tal como se
desprende del dictamen pericial que se practicó en el proceso.
23. En efecto, en el proceso se practicó un dictamen pericial elaborado por el perito
Humberto Morales –experto financiero– para que conceptuara sobre «el
cumplimiento del pliego de Condiciones en las propuestas presentadas por los dos
primeros proponentes en orden de elegibilidad señaladas en el acto de adjudicación
demandado» (f. 372 c.1).
El 17 de febrero de 2011, el perito financiero rindió su dictamen (fls. 690-776 c.2).
Indicó que el objeto del dictamen era «(…) verificar el cumplimiento del pliego de
condiciones en la elección de los dos primeros candidatos a operador del
sistema en la licitación 001/96, soportado en la ley 80/93, los gastos ocasionados
en la presentación de la propuesta y las utilidades dejadas de percibir por uno de los
proponentes (…)» (fls. 690-691 c.2).
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Radicación: 05001-23-31-000-1997-02637-02 (51.381)
Demandante: Aguas de Manizales S.A. E.SP. y otros
Demandado: Aguas de Rionegro S.A. E.S.P.
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho
A partir del análisis de la evaluación final que la entidad realizó, el perito consideró
que se había generado un beneficio para algunos proponentes con ocasión de los
criterios aplicados por el comité integrador de la Junta Directiva de Aguas de
Rionegro S.A. E.S.P. En particular, frente al factor puntuable denominado
«cronograma». En efecto, el perito explicó que se omitieron los requisitos exigidos
en el pliego de condiciones y, en su lugar, se otorgó el máximo puntaje a los
proponentes (f. 730 c.2). De conformidad con las conclusiones del dictamen, la
propuesta de Lysa S.A. estuvo mal evaluada y se le concedió más puntaje del que
merecía, a tal medida, que de haber respetado los criterios de evaluación del pliego
de condiciones dicho proponente no habría superado el puntaje mínimo que se
exigía para la propuesta técnica, lo que impedía que fuera evaluada su oferta
económica (f.744 c.2).
Para llegar a sus conclusiones el perito realizó una nueva evaluación de la siguiente
manera: en el numeral 3.3 del dictamen señaló las dos propuestas que revisó, esto
es, la de Lysa S.A. y la de la unión temporal Aguas de la Montaña (f.694 c.2). En el
numeral 6.2 se indicó que la evaluación se realizó comparando el puntaje que otorgó
el subcomité de Aguas de Rionegro S.A. E.S.P., que constaba en la columna del
lado izquierdo versus la que realizó el perito en el lado derecho (f.715 c.2); conforme
a lo cual, se evaluaron las ofertas de Lysa S.A. E.S.P. y de la unión temporal Aguas
de la Montaña (fls.716-744 c.2). Incluso en el cuadro n.° 6 (fls.743-744 c.2), el perito
realizó una evaluación consolidada tanto de la oferta de Lysa S.A. E.S.P. como de la
unión temporal Aguas de la Montaña, para llegar finalmente a la conclusión de que
la entidad no siguió las reglas previstas en el pliego para la evaluación de las
propuestas. En efecto, el puntaje obtenido en la evaluación definitiva que realizó la
entidad no coincide con el puntaje que obtuvo el perito, tal como se evidencia en el
siguiente cuadro (f. 744 c. 3):
Concepto Calificación aguas de Calificación peritazgo
Rionegro
Aguas de la Lysa Aguas de la Lysa (peritazgo)
Montaña Montaña
(ADEM) (peritazgo)
PROPUESTA TÉCNICA 449 407 387 207
PROPUESTA 180 260 300 181
ECONÓMICA
SUBTOTAL 629 667 687 388
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Radicación: 05001-23-31-000-1997-02637-02 (51.381)
Demandante: Aguas de Manizales S.A. E.SP. y otros
Demandado: Aguas de Rionegro S.A. E.S.P.
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho
SOLVENCIA 100 100 0 0
FINANCIERA
SOLVENCIA TECNICA 100 100 100 100
CALIFICACIÓN 829 867 787 488
DEFINITIVA
24. De este modo, la Sala observa numerosas inconsistencias en la evaluación que
la entidad realizó, lo que impide concluir que de haberse seguido las reglas definidas
en el pliego de condiciones la propuesta de la demandante se hubiera mantenido
por encima de la propuesta de EPM. Lo anterior, sumado al hecho de que el
dictamen pericial se limitó a evaluar dos de las tres propuestas recibidas, impide
verificar si la propuesta de la unión temporal Aguas de la Montaña ofrecía las
mejores condiciones para la entidad, según las reglas de estructuración del negocio
y, por tanto, si con ella correspondía celebrar el contrato.
Dadas las características de la estructuración del negocio, consistente en una
fórmula de elegibilidad que suponía una evaluación de todas las propuestas de
conformidad con las reglas de participación, era necesario cotejar todos los
ofrecimientos recibidos a partir de la ponderación precisa, detallada y concreta de
los requisitos establecidos en el pliego de condiciones.
Por todo lo anterior, en la medida en que i) la evaluación que la entidad realizó no se
ajustó a las reglas de la selección; ii) el dictamen pericial no evaluó todas las
propuestas que hicieron parte del proceso y iii) en el expediente no obra la
propuesta económica de EPM, no es posible comparar todas las propuestas
recibidas, requisito indispensable, según la estructuración del negocio, para
determinar con quién debía celebrarse el contrato.
Como correspondía al demandante demostrar el nexo de causalidad entre el daño y
la inobservancia de los deberes precontractuales, debió allegar al proceso todas las
propuestas y no limitarse a afirmar que con ella debía celebrarse el contrato. No
obstante, esta instancia no cuenta con elementos de juicio suficientes para realizar
nuevamente la evaluación de las propuestas y determinar cuál ofrecía las mejores
condiciones para la entidad.
Por esta razón, para la Sala no es posible constatar con quién correspondía
celebrarse el contrato, porque, como quedó anotado, no obra en el expediente la
propuesta económica de EPM, lo que aunado a la falta de otras pruebas que
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Radicación: 05001-23-31-000-1997-02637-02 (51.381)
Demandante: Aguas de Manizales S.A. E.SP. y otros
Demandado: Aguas de Rionegro S.A. E.S.P.
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho
permitan determinar la propuesta que cumplía en mejor medida las reglas de
participación, hace improcedente el reconocimiento del «interés positivo» que se
reclama en la demanda.
El «interés negativo o de confianza» reclamado en la demanda
25. Por otra parte, en la pretensión tercera se pidieron $90´000.000 por «concepto de
gastos ocasionados con motivo de preparación de la propuesta» (fls. 246-247 c. 1),
pero la demanda no especificó los valores que componen el perjuicio que reclama y
mucho menos sustentó la cifra en la que cuantificó dichos gastos.
A pesar de lo anterior, la Sala considera que de encontrarse debidamente soportado
un gasto asociado directamente a la preparación o presentación de la propuesta –
que es el perjuicio que reclama la demanda– aquel debe ser reconocido45, siempre y
cuando esté acreditado un desconocimiento de los términos de la negociación de tal
connotación, gravedad y notoriedad, que frustró una expectativa legítima de la
demandante a presentar su propuesta y que esta fuera evaluada de conformidad con
los términos de la negociación. Se descarta, por tanto, que sea una indemnización
automática solo por desaciertos durante el proceso.
La Sala reitera que, ante las discusiones propias del debate precontractual, como lo
pueden ser, por ejemplo, simples inconsistencias aritméticas en la evaluación de las
propuestas, no procede el reconocimiento del «interés negativo o de confianza». El
análisis causal frente a la inobservancia de las reglas de la negociación debe arrojar
una evidente afectación a una expectativa legítima de quien demanda.
Es decir, que no corresponda al riesgo normal de un proceso de selección, en el que
hay calificaciones y discusiones de magnitud menor, sino que se trate de una
45
En la jurisprudencia de esta Corporación, en armonía con lo señalado por la Corte Suprema de Justicia45, se ha
establecido que las afectaciones susceptibles de reclamarse bajo la figura del «interés negativo» o «interés de
confianza» corresponden al daño emergente y al lucro cesante derivados, específicamente, de la elaboración de
la propuesta o cotización, así como de la frustración comprobada de oportunidades para celebrar otros negocios
jurídicos, para atender la negociación frustrada. En efecto, al respecto, se lee en el antecedente de la
Corporación: (…) Esta Corporación ha señalado que el interés negativo es aquel que compensa los perjuicios
generados ante las negociaciones frustradas, lo cual incluye el daño emergente –gastos ocasionados con motivo
de tales negociaciones– y el lucro cesante, pero no aquel derivado del “incumplimiento de la propia relación
negocial proyectada … sino de la pérdida que significa el … haber confiado en que el otro negociador haría lo
necesario para llegar a la perfección del vínculo contractual proyectado. Por su parte, el interés positivo se
materializa en la expectativa de cumplimiento de las prestaciones que surgen del contrato válidamente celebrado
y los eventuales beneficios que pueda reportar la cabal ejecución de sus prestaciones; de ahí que este tipo de
perjuicios apunta a la defraudación del interés positivo o ejecución exacta del contrato, y en la práctica implica ser
colocado patrimonialmente como si el contrato hubiera desplegado su efecto principal: el cumplimiento.(…)
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 11 de octubre de 2024, rad. n°. 68.643 [
fundamento jurídico 68 y 69].
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Radicación: 05001-23-31-000-1997-02637-02 (51.381)
Demandante: Aguas de Manizales S.A. E.SP. y otros
Demandado: Aguas de Rionegro S.A. E.S.P.
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho
verdadera vulneración de la buena fe consistente en que los oferentes vieron
alterada la confianza por una clara e indudable actuación que rompió con las
tratativas de manera abrupta y grosera, por desconocimiento de las reglas
autoimpuestas por la entidad, que trae como consecuencia la violación de la lealtad
contractual.
Con esta perspectiva, la Sala procede a determinar, en primer lugar, si está
acreditada la configuración del hecho dañoso y el daño con las características ya
mencionadas, en cuyo caso, se pasará a determinar si están acreditados los
perjuicios que reclama la demanda.
26. Merece un comentario lo consignado en la sección 4.1 del pliego de condiciones,
según lo cual, «la propuesta debe presentarse, advirtiendo que el oferente asume
exclusiva responsabilidad sobre los costo (sic) que conlleve la presentación de la
misma, sin reconocimiento alguno por parte de la Sociedad Aguas de Rionegro S.A.
E.S.P.» (f. 34 c. 6).
Al respecto, la Sala considera que los efectos de las previsiones de tal naturaleza
deben analizarse en el contexto de las circunstancias ordinarias, es decir, en
aquellos casos en que la entidad se ajusta a las reglas de la negociación y, en
consecuencia, la adjudicación es producto del estricto cumplimiento de las
disposiciones previstas para tal fin, lo cual, de conformidad con lo analizado por el
Tribunal –que no fue objeto de apelación–, no sucedió en este caso.
27. En la medida en que no se acreditó el interés positivo, la Sala procede a analizar
si hay lugar a condenar por interés negativo. En esta instancia quedó acreditado
[numerales 22, 23 y 24] que la entidad demandada interpretó el pliego de
condiciones y no se ajustó con total exactitud a las reglas definidas para la
evaluación de las propuestas.
Así, el dictamen pericial, cuyo mérito probatorio ya fue definido por la Sala, concluyó
que se había generado un beneficio para algunos proponentes con ocasión de los
criterios aplicados por el comité integrador de la Junta Directiva de Aguas de
Rionegro S.A. E.S.P. En particular, frente al factor puntuable denominado
«cronograma». El perito explicó que no se evaluaron los sistemas informáticos
ofrecidos y que se omitieron algunos de los requisitos exigidos en el pliego de
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condiciones y, en su lugar, se otorgó el máximo puntaje a los proponentes. En este
orden de ideas, de haberse respetado los criterios de evaluación del pliego de
condiciones la propuesta de Lysa S.A. no habría superado el puntaje mínimo que se
exigía para la propuesta técnica, lo que impedía que fuera evaluada su oferta
económica.
Ahora bien, en lo que respecta a falencias que pudieran afectar directamente a la
demandante, es decir, que no se refirieron exclusivamente a la propuesta de Lysa
S.A., el dictamen señaló que se presentaron las siguientes imprecisiones –
exclusivamente aritméticas– en perjuicio de la unión temporal Aguas de la Montaña:
Por una parte, en la evaluación de la propuesta técnica: i) en el componente de
desarrollo personal y comercial el perito otorgó una calificación de 41 puntos,
mientras que la entidad asignó 36 puntos; ii) en el componente de la política de
selección de personal el perito otorgó 29 puntos, pero la entidad asignó 5 puntos y
iii) en el estado del parque automotor el perito calificó a la demandante con 61
puntos, mientras que la entidad otorgó 22.
Por otra parte, en la evaluación de la propuesta económica, en particular, en el
componente de flujo de caja, el perito calificó con 400 puntos a la demandante,
mientras que la entidad otorgó 0 puntos. Al respecto, el dictamen explicó que esta
calificación se obtenía a partir de la valoración del costo de crédito, optimización del
plan, información y mejor flujo de caja (f. 738 c. 2). Así, según el perito, el puntaje de
la unión temporal Aguas de la Montaña en el consolidado de la propuesta económica
debió ser de 300 y no de 180, como la entidad consideró.
28. La valoración del dictamen pericial y de las demás pruebas que obran en el
proceso permiten concluir que se presentaron discusiones en torno a la evaluación
de las propuestas, pero que consistieron en diferencias aritméticas al momento de
otorgar el puntaje.
El dictamen concluyó que la propuesta de Lysa S.A. –propuesta ganadora– no debió
ser habilitada, pero lo cierto es que, frente a la propuesta de la demandante, las
conclusiones del perito demuestran únicamente una diferencia en el puntaje. En
efecto, el perito se limitó a recalcular el puntaje otorgado por la entidad y a identificar
diferencias numéricas entre los puntajes asignados, pero no valoró si tales
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discrepancias tenían la capacidad de frustrar la expectativa legítima de la
demandante a que su propuesta fuera considerada.
Adicionalmente, es importante precisar que i) en otros de los aspectos de la
evaluación el perito valoró la propuesta de la demandante con una puntuación
menor a la asignada por la entidad y ii) las variaciones en los puntajes también se
presentaron en la calificación de la propuesta de Lysa S.A., lo que demuestra que
los errores detectados afectaron de manera general a todos los puntajes y no fueron
exclusivamente desfavorables a la demandante.
La inexactitud del puntaje fue una circunstancia que afectó a todas las propuestas,
por cuanto la entidad partió de una interpretación imprecisa del pliego. Aun así,
dichas inconsistencias no revelan una grave afectación a la expectativa legítima de
que las propuestas fueran evaluadas de conformidad con las reglas de la
negociación. Las diferencias en el puntaje no trascendieron las discusiones del
normal devenir de la etapa precontractual, por cuanto únicamente demuestran que a
la demandante –así como a la adjudicataria– se le restaron puntos en algunos de los
aspectos a evaluar.
Así, las diferencias aritméticas presentadas no constituyen un evidente
desconocimiento de los términos de la negociación que haya afectado de manera
directa y grave a la demandante. Se trató del resultado del proceso de evaluación,
frente al que se asume el riesgo de ofertar, o de yerros menores, que no demuestran
una evidente alteración del proceso.
Las discusiones presentadas son propias de la evaluación de las propuestas, las
cuales afectaron a todos los participantes de la negociación. Son discusiones
relativas al normal devenir de la etapa precontractual que no frustraron la expectativa
de la demandante, relativa a que su propuesta fuera considerada. La conducta de la
entidad no evidencia una ruptura abrupta de la expectativa de la demandante, sino el
desarrollo normal de un procedimiento de evaluación que, aunque imperfecto, no
frustró la expectativa legítima de la demandante, ni tampoco desnaturalizó el proceso
competitivo.
En efecto, no se acreditaron errores o incumplimientos en los términos de la
negociación que tuvieran la magnitud de frustrar una expectativa legítima de la
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demandante. Es decir, inconsistencias que hayan afectado de forma directa a la
demandante y con la connotación de impedir que su propuesta fuera considerada.
Por el contrario, se tiene que las decisiones de la entidad frente a la evaluación de
las propuestas beneficiaron a todos los proponentes, aunque a Lysa .S.A en mayor
medida y, por ello, fue la adjudicataria del contrato.
Asimismo, se tiene que todas las propuestas fueron habilitadas y con ello la
demandante tuvo la posibilidad de que la suya fuera evaluada y considerada. Se
reitera que no cualquier discusión en la etapa precontractual configura el «interés
negativo o de confianza», sino solamente procede cuando esté acreditado un error
de tal consideración que haya frustrado una expectativa legítima de la demandante,
lo cual no sucedió en este caso, de conformidad con las pruebas que obran en el
expediente.
En este orden de ideas, la Sala considera que las diferencias en el puntaje, aun
cuando evidencian unas diferencias aritméticas en la calificación obtenida por la
demandante, no tienen la magnitud y trascendencia necesarias, con las
características antes anotadas, que se requieren para la procedencia del «interés
negativo». No se trató de una clara y unívoca actuación en perjuicio de la
demandante, sino de discrepancias aritméticas propias de la fase de evaluación. De
allí que las diferencias advertidas carecen de la entidad suficiente para configurar
una frustración a una expectativa legítima de la demandante.
La Sala reitera que no todo error en la evaluación de las propuestas constituye un
hecho dañoso desde la perspectiva del análisis causal necesario para el
reconocimiento del «interés negativo o de confianza». Solo aquellas falencias que,
por su gravedad y notoriedad, tengan la virtualidad de frustrar de manera directa y
efectiva la expectativa legítima de quien demanda, abren paso a la obligación
indemnizatoria que se deriva del reconocimiento del «interés negativo».
En este caso, a pesar de que se verificaron imprecisiones aritméticas en los puntajes
otorgados por la entidad, tales diferencias no impidieron que la propuesta de la
demandante participara y fuera evaluada, de modo que no se configuró una privación
real de su posibilidad de competir. Toda vez que no obra algún otro medio de prueba
que ofrezca certeza a la Sala de errores que hayan frustrado la expectativa de la
demandante, no obra prueba del hecho dañoso con las características antes
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explicadas y, por ello, no procede el reconocimiento del «interés negativo» en este
caso.
Consideración final
29. De conformidad con todo lo expuesto, la Sala reitera que, dado el régimen de
selección, la naturaleza del acto demandado y la estructuración propia del negocio, el
análisis de la responsabilidad era bajo el presupuesto de la culpa in contrahendo y,
por tanto, la acción idónea era la de reparación directa. Por ello, la Sala modificará la
sentencia de primera instancia para declarar que Aguas de Rionegro S.A. E.S.P.
incurrió en culpa in contrahendo, pero se abstendrá de reconocer los perjuicios que
se reclaman en la demanda, según lo anotado en los capítulos precedentes.
Lo anterior, se reitera, es porque el Tribunal definió, en la sentencia de primera
instancia, que Aguas de Rionegro S.A. E.S.P. se apartó parcialmente de las reglas
de selección que ella misma definió y las modificó en favor de uno de los
participantes, lo cual supone que el actuar de la entidad demandada no revistió de la
seriedad, la lealtad ni la buena fe exenta de culpa de quien auspicia una invitación
pública para contratar. Aspecto frente al cual la parte perjudicada no formuló recurso
alguno y, por lo tanto, cualquier variación sobre este punto supondría una reforma en
perjuicio del apelante único [no reformatio in peius] (art. 357 CPC).
Costas
30. De conformidad con el artículo 171 del CCA, modificado por el artículo 55 de la
Ley 446 de 1998, no hay lugar a condenar en costas, porque no se evidencia que la
parte haya actuado con temeridad o mala fe.
31. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: MODIFÍCASE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Cuarta de Decisión el 20 de agosto de 2013, la cual quedará como
sigue:
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Demandante: Aguas de Manizales S.A. E.SP. y otros
Demandado: Aguas de Rionegro S.A. E.S.P.
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho
PRIMERO: DECLÁRASE que Aguas de Rionegro S.A. E.S.P. incurrió en
culpa in contrahendo.
SEGUNDO: NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.
TERCERO: Sin condena en costas.
CUARTO: Admitir la renuncia del poder presentado por el Doctor Pedro José
Noreña Mira y no reconocer personería al Doctor Leonel Giraldo Álvarez por
cuanto no se acreditó la calidad en que actúa el poderdante.
QUINTO: En firme esta providencia archívese el expediente.
SEGUNDO: Sin condena en costas.
TERCERO: En firme este fallo, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Aclaración de voto
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE46
NICOLÁS YEPES CORRALES
Aclaración de voto
46
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que se
suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera que el certificado
digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el
enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.
VF
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