Ficha de la providencia
Sentencia SC1303-2022
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Civil
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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Civil
Ficha de la providencia
Sentencia SC1303-2022
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Civil
República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Civil
Sentencia SC1303-2022
Magistrado ponente: Francisco Ternera Barrios
30 de junio de 2022
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Magistrado Ponente
SC1303-2022
Radicación n° 11001-31-03-004-2011-00840-01
(Aprobado en sesión virtual de siete de abril de dos mil veintidós)
Bogotá, D. C., treinta (30) de junio de dos mil veintidós (2022).
La Corte decide el recurso de casación interpuesto por el demandante PHB Waserhütte S.A. frente a la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 16 de mayo de 2018. Tal proveído fue dictado en el proceso ordinario iniciado por el recurrente contra Puerto Brisa S.A.
ANTECEDENTES
La pretensión
En la demanda presentada, la sociedad actora elevó tres grupos de pretensiones, una principal y dos subsidiarias. Las primeras se circunscribieron a que se declarara que entre las partes existió una relación contractual que fue terminada -unilateral e injustificadamente por la demandada-. Y, en consecuencia, debía ser condenada por los perjuicios ocasionados. Las primeras subsidiarias pretendían que se declarase que entre una y otra existió una relación contractual. Y que la demandada incumplió injustificadamente sus obligaciones derivadas del contrato. Por lo tanto, se solicitaron los correspondientes perjuicios. Por último, las segundas pretensiones subsidiarias instaron a que se declarase que entre Puerto Brisa S.A. y PHB Waserhütte S.A. se llevaron a cabo negociaciones y tratativas precontractuales, encaminadas a ejecutar el desarrollo del proyecto Puerto Brisa. Que la demandada quebrantó las tratativas precontractuales. Y, por ende, se le solicitó la indemnización de tales perjuicios.
Causa petendi
1. El 15 de junio del 2010, la sociedad demandante presentó a Puerto Brisa S.A. proposiciones para realizar el diseño, fabricación, transporte, suministro, montaje mecánico y eléctrico y la puesta en marcha de un sistema integrado de buques (ship loader), bandas transportadoras y equipos complementarios, para la operación de granel sólido - en Dibulla, La Guajira-. Tras varios intercambios de mensajes electrónicos entre ambas sociedades -y después de haber celebrado distintas reuniones-, «el 16 de diciembre de 2010, la demandante recibió confirmación formal de Puerto Brisa S.A., para contratar el «suministro y montaje de cargador de buques y banda transportadora en las cantidades, calidades, tiempos, precios y condiciones acordadas».
2. Al día siguiente, el 17 de diciembre de 2010, la demandada envió a PHB «la carta de intención de compra», documento en el cual «Puerto Brisa S.A., le notifica a PHB que ha sido elegido como primera opción para la contratación del diseño, fabricación, suministro, transporte hasta instalaciones de Puerto Brisa, montaje electro-mecánico y puesta en marcha del sistema de manejo a granel». El valor señalado era de USD 14.020.100. Por su parte, el plazo programado era de 15 meses, a partir «de esa misma fecha, es decir, de la fecha de adjudicación del proyecto». Adicionalmente, se concedió un término de 5 días al destinatario para que «enviara la oferta comercial corregida, ajustada y definitiva según los términos establecidos en tal comunicación».
3. En atención a lo anterior, la demandante conformó un equipo de trabajo para el desarrollo de las obligaciones contraídas con Puerto Brisa S.A., quien se comunicaba continuamente con el ingeniero Espinosa -empleado de Puerto Brisa S.A.- A su turno, y después de efectuar ajustes nuevamente a la oferta, el 28 de diciembre de 2010, la contratante remitió la proforma del contrato para revisión de PHB.
4. El 4 de enero de 2011, Puerto Brisa -a través de correo electrónico- indicó lo que viene: «quisiéramos que nos envíen tan pronto como le sea posible los comentarios a la pro forma de contrato que les enviamos». El destinatario, el 5 de enero de 2011, envió misiva en que señaló lo siguiente: «adjunto os remitimos vuestro borrador de contrato con los comentarios que consideramos más importantes estamos aún a la espera de que nuestro departamento jurídico nos pase sus puntualizaciones que de haberlas serían básicamente de tipo legalista».
5. El 18 de enero de 2011, «los representantes de PHB Weserhutte S.A. y Puerto Brisa S.A. se reunieron en la ciudad de Bogotá y se convocó a la reunión al contratista de la obra civil. Uno de los compromisos adquiridos en esa reunión por PHB Weserhutte S.A. fue brindar al contratista de obra civil información que requiriera, la cual en efecto fue enviada por PHB».
6. El 25 de enero de 2011 PHB Weserhutte S.A. remitió comunicación en la que manifestó «Tal como acordamos en la reunión del pasado jueves, adjunto os remito dos archivos, uno con la propuesta de cláusula completa de Seguros, cláusula 13, en la que esperamos haber conseguido plasmar el objetivo vuestro de seguridad de nuestro cumplimiento de obligaciones, y el nuestro de minimizar costos cuya demasía sólo beneficiaría a la entidad aseguradora; el otro archivo muestra un desglose del precio contractual que permitiría una comprobación sencilla los avances de entregas y de trabajos facilitando así el proceso de emisión y chequeo de la facturación». Así las cosas, el 21 de febrero de 2011, una funcionaria de PHB Weserhütte S.A. envió «la propuesta para la instalación de una doble línea de 5.000 T/h, y por lo que respecta alternativa de instalación para 7.500 T/h, vamos a estudiar en detalle la variación de costos que implica; el próximo viernes les confirmaremos si la cifra ya presentada de 4.600.000 se mantiene o sufre algún ajuste».
7. El 24 de febrero de 2011, Puerto Brisa S.A. envió «una propuesta de minuta de contrato para dejarlo por escrito, de la cual se solicitaba su completa aceptación para el lunes 28 de febrero». Sobre el particular, el 25 de febrero, PHB Weserhütte S.A., se manifestó en los siguientes términos: «Ahora, con fecha 24 de febrero de 2011, se nos envía una nueva revisión del contrato solicitándonos su completa aceptación para el lunes 28 de febrero 2011. Este revisado contrato difiere sustancialmente en aspectos muy importantes para nosotros de las condiciones pactadas en la carta de fecha 17 diciembre 2010 que son las que regulan nuestra relación contractual. Queremos indicar que estas condiciones que modifican sustancialmente las pactadas no son aceptables para nosotros. Debe tomarse como base para la firma nuestra propuesta de contrato enviado el 05 de enero de 2011, con el punto 13 revisado el 24 de enero de 2011.»
8. Frente a ello, el 9 de marzo de 2011, el representante legal de la demandada remitió comunicación en la que señaló «Hemos recibido la comunicación de PHB del 25 de febrero de 2011, en donde manifiestan su extrañeza por las cláusulas del borrador de contrato enviado por nosotros el 24 de febrero de 2011. Lamentamos estar en completo desacuerdo con su mensaje. Ustedes saben bien, desde el inicio de las negociaciones, que estábamos haciendo consultas a varios eventuales proveedores, manteniendo siempre diferentes opciones. Hemos adelantado negociaciones con ustedes y otros, durante el curso de las cuales, tanto ustedes como nosotros comerciantes expertos, en la medida en que cada parte identificaba las ventajas o riesgos de las diferentes alternativas, hacíamos propuestas y contrapropuestas. En algún momento de esas negociaciones ustedes se colocaron de primeros entre las opciones que estudiábamos, pero sin que las negociaciones hubiesen concluido, porque siempre se mantuvieron posiciones distintas en algunos asuntos y nunca se suscribió un contrato (…) ha sido evidente de que nuestras compañías han adelantado un dilatado e infructuoso proceso de negociación de la minuta de un contrato que regule su eventual relación futura». Adicionalmente, informó que se daban por finalizadas las negociaciones al no haberse podido llegar a un acuerdo. «En su comunicación del 25 de febrero, PHB manifiesta su desacuerdo con las condiciones propuestas, por lo que, por medio de la presente. Puerto Brisa da por finalizado el proceso de negociación con PHB agradeciéndole su interés en el proceso».
9. Finalmente, adujo que «La terminación unilateral del contrato, o suspensión intempestiva de las tratativas, ha ocasionado unos perjuicios muy considerables a PHB y conllevan a una responsabilidad contractual o precontractual a puerto brisa»
Posición de la demandada
La interpelada se opuso a la prosperidad de las pretensiones y propuso las excepciones de mérito que nominó: «la invitación realizada por Puerto Brisa fue una mera invitación a emprender conversaciones para negociar y no una verdadera oferta de la cual se pudiera derivar una relación contractual»; «inexistencia de contrato por falta de sus elementos y por no haber nacido a la vida jurídica»; «falta de aceptación de la propuesta dentro de la invitación a negociar»; «inexistencia del contrato por falta de perfeccionamiento»; «nulidad relativa por falta de facultades de los representantes legales de Puerto Brisa y de PHB»; «nulidad relativa por falta de facultades legales de los representantes legales y suplentes de Puerto brisa»; «falta de legitimación en la causa para demandar el pago de perjuicios por incumplimiento o terminación unilateral de un contrato que no existió», «inexistencia de responsabilidad precontractual», entre otras.
En síntesis, sostuvo que las partes nunca estuvieron de acuerdo sobre los elementos del contrato. Afirmó que la invitación a recibir ofertas no fue una oferta comercial. Además, aseveró que -desde el comienzo- Puerto Brisa S.A. condicionó el perfeccionamiento del contrato a la existencia de un documento escrito que incluyera todos los elementos del acuerdo. También, evidenció que, en caso de considerarse que sí hubo una relación contractual, debía entenderse que esta sería nula por falta de facultades de los representantes legales para celebrar negocios por valor de USD14.020.000.
D. Resolución en las instancias
La primera instancia fue resuelta por el Juzgado Treinta y Cinco Civil del Circuito de Bogotá -con sentencia del 27 de noviembre del 2017-, que negó las pretensiones de la demanda.
Inconforme, el actor apeló. Para el efecto, en audiencia enunció que los reparos se circunscribían a: i) la falta de análisis de las pruebas que ratifican el hecho de que existió un contrato entre las partes; ii) la ausencia de valoración de la vinculación de los testigos con la parte demandada; iii) inconformidad sobre la forma de perfeccionamiento del contrato. Todo lo anterior, como consecuencia de la ausencia de valoración conjunta de las pruebas.
LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL
1. El Tribunal comenzó por anunciar que su competencia está circunscrita al ámbito de los reparos elevados. En efecto, «el temario de este fallo está limitado por los reparos», tal como lo indica el artículo 382 del Código General del Proceso.
2. Una vez definida la órbita competencial, precisó que el problema jurídico estribaba en determinar si existió o no contrato.
2.1. Memoró que, para el recurrente, «se encuentra probado el perfeccionamiento del contrato de obra acorde con dicho correo de 16 de diciembre del 2010, emitido por el señor Javier Méndez». Sin embargo, para el Tribunal tal aseveración no es cierta, pues existe coincidencia en dos testimonios -los correspondientes al ingeniero Espinosa y al señor Michel Fuentes-, «que fueron determinantes a la hora de fijar el posible perfeccionamiento del contrato de obra».
2.2. Adicionalmente, aseveró que «incluso el demandante no tiene muy claro cuál es el momento del perfeccionamiento del contrato. Y es que, en la demanda, en el hecho diecisiete, afirmó que a partir del contenido del correo el contenido del correo -16 de diciembre de 2010- era dable entender que el negocio ya había sido concretado».
2.3. Por otra parte, subrayó que, en la carta del 17 de diciembre de 2012, se resaltó que «PHB tenía que modificar su oferta según lo acordado en una conversación entre las partes que tuvo lugar el 14 de diciembre del mismo año. Tenía que hacer esa modificación».A su turno, siguió ahondando en el escrito de demanda, del cual estimó que las partes litigiosas aún no habían llegado a un acuerdo definitivo.
Además, señaló que «la solicitud por parte de puerto brisa de ajustar una nueva cotización con miras a un proyecto de mayor capacidad, según se dijo en el hecho 36, y el hecho de que el 24 de febrero se haya remitido una minuta de contrato, que modificaba sustancialmente las condiciones contractuales pactadas anteriormente, y que no reflejaba los acuerdos a los que las partes habían llegado, conforme se dijo textualmente en el hecho 44 en la demanda, son circunstancias que en modo alguno pueden reputarse como un incumplimiento o una modificación unilateral, a un contrato que en puridad todavía no existía».
2.4. A su turno, en lo que corresponde a la pretensión subsidiaria, enarbolada en la audiencia de sustentación, en punto de la responsabilidad precontractual, aclaró «que según el demandante [las modificaciones unilaterales] terminaron por conducir a la frustración de toda la negociación, eventualmente podrían ser juzgadas a la luz de las reglas propias de la responsabilidad precontractual. Evidenció que «el recurrente en la apelación no elevó ningún reparo contra la sentencia».
3. Inconforme, la sociedad pretensora interpuso la impugnación extraordinaria, concedida con proveído de 28 de mayo de 2018 (fl.11, c. 13).
III. LA DEMANDA DE CASACIÓN.
Se formularon cuatro cargos.
CUARTO CARGO
Bajo la causal tercera del artículo 336 del Código General del Proceso, se acusó la sentencia de segundo grado de no estar en consonancia con las pretensiones subsidiarias de la demanda sobre responsabilidad precontractual alegada. Aseguró que la falta de reparos por el apelante ante la ausencia de pronunciamiento sobre dichos pedimentos secundarios no es óbice para omitir el análisis que se extraña en primera instancia.
Por otro lado, trajo de presente que el reproche elevado por el apoderado de la demandante sobre la falta de apreciación de la prueba se hizo frente a todo el análisis probatorio, sin concretarlo a las peticiones principales únicamente.Ciertamente, a fin de fundamentar lo dicho, aseguró que en el juicio quedó probada la terminación intempestiva y de mala fe de las tratativas por parte de Puerto Brisa S.A.
CONSIDERACIONES
1. Esta Sala observa que el cargo incoado bajo la causal tercera de casación no se abre paso. En virtud del inciso primero del artículo 281 del Código General del Proceso, los jueces circunscriben su ámbito decisional, de conformidad con los límites que las partes definen en la demanda y su contestación. En atención a ello, adolece de incongruencia la providencia que resuelva la controversia con apoyo en hechos distintos de aquellos que integran la plataforma fáctica del escrito introductor.
Así las cosas, es claro que el fundamento de la sentencia es la totalidad del material procesal. En tal virtud, la providencia decisoria no puede ir más allá ni fuera de las peticiones de la demanda, pues se incurriría en su orden en decisión «ultrapetita» o «extrapetita» y debe configurarse sobre los hechos fundamentales de la misma. Adicionalmente, se debe proveer sobre todas las pretensiones y excepciones propuestas, so pena de incurrir en «mínima petita o citra petita».
2. Dicho lo anterior, y para efectos de dilucidar el cargo que ocupa la atención de la Corte, es necesario reseñar brevemente lo decidido por el Juez Treinta y Cinco Civil del Circuito de Bogotá al resolver la instancia.Al desatar la apelación propuesta únicamente por el demandante, el Tribunal resolvió «confirmar la sentencia apelada proferida el 27 de noviembre del 2017 por el Juzgado Treinta y Cinco Civil del Circuito».
2.1. Así las cosas, tal devenir procesal tornaría inconveniente, de entrada, el cuestionamiento de la sentencia de segunda instancia al tratarse de providencias totalmente desestimatorias de las pretensiones de la demanda.
Pese a lo anterior, esta Corte ha reconocido que excepcionalmente el juzgador puede incurrir en incongruencia en providencias totalmente desestimatorias, cuando la decisión es ajena a lo debatido por las partes. Es decir, cuando se desconoce la situación fáctica puesta de presente. Así mismo, «igual yerro comete el funcionario judicial si tiene por probadas defensas no esgrimidas en tiempo y que eran del resorte exclusivo de una de las partes, como la prescripción, la nulidad relativa y la compensación» y cuando existe exceso o deficiencia del funcionario judicial de segunda instancia al decidir el recurso de apelación.
Adicionalmente, ha precisado la jurisprudencia de esta Sala que «la incongruencia no se presenta solo cuando existe una disonancia entre lo invocado en las pretensiones de la demanda y lo fallado, sino que también se patentiza cuando la sentencia no armoniza con lo pedido en la sustentación del recurso que, indudablemente, corresponde a una pretensión del derecho sustancial controvertido».
En efecto, en torno a la apelación, la doctrina jurisprudencial ha considerado que existe incongruencia cuando no se advierte armonía entre los argumentos propuestos al apelar y la sentencia del ad quem. Sobre el tema:
«[P]ronunciarse sobre puntos o extremos del litigio que no fueron materia de la apelación -ni están íntimamente conectados con ella-… [es] un asunto que atañe al derecho sustancial que tiene el recurrente para que la resolución de su impugnación no toque puntos que no quiso llevar al debate de la segunda instancia… [por tanto], si el fundamento de la acusación obedece a una desviación del tema que fue objeto de la pretensión deducida en la sustentación del recurso, el ataque deberá dirigirse por la senda de la causal segunda de casación, por vicio de incongruencia entre lo pedido por el impugnante y lo resuelto por el ad quem (SC14427, 10 oct. 2016, rad. n.° 2013-02839-00)».
Al respecto esta Corporación ha indicado [«Cumple recordar que la congruencia de la sentencia es principio cardinal del conjunto de garantías del debido proceso, que evita el exceso o el defecto de esa decisión respecto del marco jurídico de lo que compete resolver, previsto en el artículo 305 del citado estatuto, bajo cuyo tenor el juez debe sujetar la solución del conflicto a los hechos y las pretensiones de la demanda o demás oportunidades autorizadas, así como las defensas frente a esta última, sin desmedro de lo que ha de resolverse de oficio, de acuerdo con la jurisprudencia consolidada de esta corporación, acatar la congruencia implica que debe haber armonía entre lo pedido y lo resistido» (SC 22036, 19 dic. 2017, rad. n° 2009-00114-01, citada en SC 4257 de 9 de nov. 2020 rad n° 2010-00514-01 destacado de Sala).
Para otorgar mayor claridad al asunto, esta misma Sala ha expuesto que, de la inteligencia de la norma, se sustrae que las facultades del superior se circunscriben a los reparos concretos expuestos por la parte al momento de interponer el recurso de apelación. Sobre el tema, en SC3148-2021 se dijo que:
(…) «la apelación de sentencias supone, en resumen, dos actuaciones del recurrente:
La interposición de la impugnación ante el a quo, con expresa y concreta indicación de los “reparos concretos” que se formulen al fallo cuestionado, laborío que él deberá hacer oralmente en la audiencia donde se profiera el mismo, o por escrito, dentro de los tres días siguientes a la fecha de ese acto, o de la notificación, si la sentencia no se dictó en audiencia.
Y la sustentación, que debe guardar estricta armonía con los referidos reproches específicos indicados al interponerse el recurso y que, necesariamente, debe realizar ante el superior, en la audiencia contemplada por el artículo 327 del Código General del Proceso. La insatisfacción de cualquiera de esas exigencias trae como consecuencia la deserción del recurso, determinación que adoptará el a quo, si se deriva del incumplimiento de la primera o, el ad quem, si de la segunda.
(…) Se sigue de todo lo hasta aquí expuesto, que las facultades que tiene el superior, en tratándose de la apelación de sentencias, únicamente se extiende al contenido de los reparos concretos señalados en la fase de interposición de la alzada, oralmente en la respectiva audiencia o por escrito en la oportunidad fijada en el inciso 2º del numeral 3º del artículo 322 del Código General del Proceso, siempre y cuando que, además, ello es toral, hubiesen sido sustentados en la audiencia que, con ese fin y el de practicar las pruebas decretadas de oficio, si fuere el caso, así como de proferir la sentencia de segunda instancia, practique el ad quem.
De allí se extracta que está vedado al ad quem pronunciarse sobre cuestiones no comprendidas en los reparos concretos expresados por el censor contra la sentencia de primera instancia, como sobre aquellos reproches que, pese a haber sido indicados en esa primera etapa del recurso, no fueron sustentados posteriormente en la audiencia del artículo 327 del Código General de Proceso.
Precisamente la Corporación, en forma muy reciente, al desatar un cargo por incongruencia, expresó sobre cuáles son las posibilidades o facultades que asisten al superior en las apelaciones, concepto que pese a estar fincado en el Código de Procedimiento Civil, conserva plena validez:
(…) Como se infiere del detallado recuento de los argumentos expuestos por el Tribunal, que viene de consignarse, dicha autoridad se ocupó de todos y cada uno de los fundamentos en los que el demandado soportó la apelación que propuso contra la sentencia de primera instancia, independiente de que se comparta o no el análisis que sobre ellos realizó, cuestión que no es factible establecer en desarrollo del cargo auscultado, toda vez que mediante su formulación se denunció la comisión de un error in procedendo, mas no uno de juzgamiento.
Al respecto, debe precisarse, además, que esos reproches delimitaron la órbita de acción del ad quem, en tanto que de conformidad con el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, ‘el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso’
(…)
dado que el ad quem no tiene más poderes que los que le ha asignado el recurrente, pues no está autorizado para modificar las decisiones tomadas en la sentencia que no han sido impugnadas por la alzada, puesto que se trata de puntos que escapan a lo que es materia del ataque, a no ser ‘que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquélla’ (CSJ, SC del 12 de febrero de 2002, Rad. n.° 6762; se subraya) (CSJ, SC 294 del 15 de febrero de 2021, Rad. n.° 2007-00533-01; negrillas fuera del texto)» (negrillas propias).
2.2. El cargo se constriñe al último aspecto, pues se cuestiona la ausencia de pronunciamiento frente a las pretensiones subsidiarias. Sin embargo, se observa su improsperidad pues, tal como se desarrolló en precedencia, las facultades del superior únicamente se circunscriben al contenido de los reparos concretos señalados en la fase de interposición de la alzada. Extender o ampliar sus límites y actuar por fuera del marco elaborado por el apelante implicaría, precisamente, contradecir el principio de congruencia que impera respecto de todo fallo, conforme lo establecen los citados artículos 281 y 328 del Código General del Proceso.
En síntesis, se criticó la valoración probatoria efectuada por el juez de primera instancia sobre la ausencia de la celebración del contrato de obra que habían negociado las partes, lo que llevó a la desestimación de la responsabilidad civil contractual alegada. Ni un solo reparo se efectuó respecto a la presunta falta de pronunciamiento frente a la responsabilidad precontractual, por el rompimiento intempestivo de las tratativas.
Así las cosas, se evidencia que los argumentos expuestos refieren únicamente a las pretensiones principales y a las primeras subsidiarias. Soportadas en principio en el mismo supuesto, -Que se declare que entre Puerto Brisa S.A. y PHB Waserhütte S.A., existió una relación contractual celebrada para el desarrollo del proyecto Puerto Brisa-. De modo tal que la ausencia de responsabilidad precontractual -discusión planteada en las segundas pretensiones subsidiarias- no fue materia de la apelación enarbolada por la parte activa contra la sentencia de primera instancia.
Ciertamente, ningún comentario le merecieron los argumentos expuestos por el Juzgado Treinta y Cinco Civil del Circuito de Bogotá sobre tal aspecto. En el punto, en el proveído de primera instancia, al hablar de las segundas pretensiones subsidiarias, se sostuvo que «si bien es cierto quedó demostrada la existencia de unas negociaciones y tratativas contractuales, encaminadas a ejecutar el desarrollo del Proyecto Puerto Brisa, lo cierto es que tal como se indicara en párrafos anteriores, no fue más que un acto preliminar o introductorio, consistente en conversaciones, deliberaciones o discusiones referidas al negocio a definir, carente de eficacia jurídica pues nunca logró concretarse de modo firme, inequívoco, preciso y completo el trato que se pretendía cerrar». Fue por razón de dicho enfoque que el Tribunal, aseveró que «lo cierto es que el recurrente en la apelación no elevó ningún reparo contra la sentencia, ningún reparo, contra la sentencia apelada en punto a la negativa del a quo a darle viabilidad a las pretensiones relativas a la ruptura injustificada de las tratativas, que es a lo que en últimas conduciría un cambio intempestivo del objeto del contrato, por lo que al Tribunal no le es dado abordar el análisis de esa materia de manera oficiosa».
Adicionalmente, de cara a lo planteado por el censor cuando asevera que «la protesta fue genérica», el artículo 320 del Código General del Proceso consagra que «[e]l recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión» y el canon 322 prescribe que el apelante debe «precisar, de manera breve, los reparos concretos que le hace a la decisión».
2.3. Así las cosas, la protesta bajo la causal tercera está llamada a su desestimación. Esto es, el silencio que guardó el sentenciador en segunda instancia en torno a la temática precontractual no constituyó un quebranto a las normas de consonancia. Por el contrario, la actuación cuestionada obedeció a las limitaciones que en la formulación de la alzada marcó la propia parte. En una palabra, le estaba vedado al Colegiado pronunciarse sobre cuestiones que no fueron objeto de reparo concreto ante el a quo en su recurso.
3. Tampoco es posible predicar que el caso en concreto se configurara una de aquellas ocasiones en que el ordenamiento le impusiera pronunciarse motu proprio. La facultad oficiosa del juez de segundo grado atiende a los casos expresamente consagrados en la ley. Como ocurre, por ejemplo, con el artículo 282 del Código General del Proceso o el 1742 del Código Civil.
4. Bajo las anteriores consideraciones, el cargo no puede prosperar.
PRIMER CARGO
Denunció la violación directa de los artículos 16, 1494, 1495, 1496, 1501, 1602, 1603, 1604, 1613, 1614, 1615 y 1617 del Código Civil, por falta de aplicación o aplicación errónea; así como de los artículos 822, 824, 845, 864 y 870 del Código de Comercio, también por falta de aplicación o aplicación errónea, y la Ley 527 de 1999 en sus artículos 5, 6, 10, 14, 15 y 22 por falta de aplicación o aplicación errónea. Aseveró que existió un equivocado entendimiento del alcance de las normas que gobiernan la formación del contrato, la equivalencia de los medios electrónicos y el principio de consensualidad.Para sustentar su cargo, alegó que el artículo 864 del Código de Comercio es claro en indicar que el contrato se perfecciona con la aceptación de la propuesta y en el momento en que el oferente recibe la aceptación.
Por último, señaló que se violaron directamente los cánones 5, 6, 10, 14, 15 y 22 de la Ley 527 de 1999 «al considerar que el correo electrónico no es el medio idóneo para el perfeccionamiento del contrato y exige el cruce de la oferta y la aceptación de acuerdo con unas formalidades que denomina máximas, dando a entender que estas han debido proporcionarse por escrito a través de un medio diferente al correo electrónico, desconociendo claramente el principio de equivalencia entre los mensajes de datos y lo escritos físicos».
CONSIDERACIONES
1. Sea lo primero indicar que, pese a enumerarse varias normas que se dijeron fueron vulneradas por falta de aplicación o aplicación indebida, en la exposición del cargo, únicamente, se alude a los artículos 864 y 824 del Código de Comercio y 16 y 1602 del Código Civil. Sin embargo, ninguna de estas normas tiene el carácter de sustanciales.En efecto, el canon 16 del Código Civil estatuye la prohibición de derogatoria de leyes en cuya observancia estén interesados el orden público y las buenas costumbres. A su turno, el 1602 ejusdem consagra la máxima de pacta sunt servanda. No obstante, ninguna de las dos contempla, declara, crea, modifica o extingue derechos subjetivos, o impone obligaciones a las personas.A su turno, ni el 824 ni el 864 del Código de Comercio tienen la aludida naturaleza, comoquiera que el primero se limita a indicar la forma en que los comerciantes pueden expresar su voluntad y la segunda es definitoria del contrato en general.
1.1. Por su parte, en cuanto a los argumentos esgrimidos en torno a la falta de aplicación o aplicación indebida de los artículos 5, 6, 10, 14, 15 y 22 de la Ley 527 de 1999, se advierte su desenfoque. En el escrito se alega que el Tribunal incurrió en una violación directa de la normativa que regula la formación del contrato por medios electrónicos.Sin embargo, el ad quem en ningún momento aseveró que el correo electrónico no fuera idóneo para entender perfeccionado o forma un contrato por su naturaleza de mensaje de datos. Lo que aseveró fue que la comunicación del 16 de diciembre del 2010 no era idónea por no provenir del representante legal de la sociedad contratante.
Y, en lo que concierne a las «formalidades máximas», expresión que además fue dicha de paso, lo cierto es que con ello el Tribunal no pretendió preferir el escrito físico al mensaje de datos. Por el contrario, lo que aseveró fue que, de las comunicaciones entre las partes, se vislumbraba lo que viene. 1. Los correos electrónicos no evidenciaban una aceptación pura y simple del contratante, pues reiteradamente solicitaban el envío de una oferta definitiva. Y 2. De dichos documentos emanaba la voluntad de las partes de plasmar el futuro acuerdo de voluntades por escrito.
De manera que el reparo del Tribunal frente a dicho correo electrónico no se circunscribió al formato en que se hallaba la comunicación, sino a la falta de los requisitos para la configuración de la aceptación.
1.2. Pese a haber sido planteado el cargo por la vía directa, lo cierto es que la queja trasiega en varias oportunidades frente a la valoración efectuada por el ad quem en torno a la comunicación del 17 de diciembre del 2010.Ello significa que el censor estará llamado a ajustar sus reparos exclusivamente a los textos legales que, a su juicio, resultaron quebrantados en las modalidades anotadas, sin que le sea dado adentrarse en consideraciones que impliquen disentimiento con las apreciaciones fácticas del juzgador, pues estas se deberán realizar con la acusación por la vía indirecta.
Así y todo, si se omiten las referidas consideraciones respecto del cargo, este tampoco tendría vocación de prosperidad, tal como se observa a continuación.
2. Según lo ha expresado esta Sala, <<El postulado de la normatividad de los actos jurídicos (art 1602, C.C) se traduce esencialmente, entonces, en que legalmente ajustado un contrato se convierte en ley para las partes, quienes por consiguiente quedan obligados a cumplir las prestaciones acordadas en él».
3. En primer término, la oferta es una propuesta firme de celebrar un contrato, presentada en condiciones precisas, de suerte que la mera aceptación es suficiente para la formación del contrato. De manera puntual, en los términos del artículo 845 del Código de Comercio, la propuesta «deberá contener los elementos esenciales del negocio y ser comunicada al destinatario».
4. A su turno, la aceptación se recibe como el asentimiento inequívoco -expreso o tácito-, incondicional y oportuno de la oferta. Sobre tal definición, es imperativo destacar dichas características pues «en caso de ser extemporánea o estar acompañada de reparos constituye un nuevo intento ajeno al anterior que debe ser considerado por los demás intervinientes, ya que como se dijo en CSJ SC 8 mar. 1995, rad. 4473, “la oferta inicial queda en el vacío y surge entonces una "nueva propuesta", en la cual ahora el antiguo destinatario asume la calidad de oferente y el primer ofertante se convierte en destinatario”». Esto último, en consonancia con lo prescrito en el canon 855 del estatuto comercial.
5. Como se sabe, no toda confluencia simultánea de manifestaciones de las partes interesadas da origen al contrato, comoquiera que la práctica negocial ha evidenciado que al lado de estos dos insumos convencionales -oferta y aceptación-, las tratativas, pourparlers o negociación dan cuenta de declaraciones tales como las contraofertas, invitaciones a ofrecer, aclaraciones y complementaciones de primigenias ofertas, cartas de intención, auditorias e informes, convocatorias y reuniones, acuerdos parciales y -muy especialmente para el caso concreto- formalidades especiales de perfeccionamiento del convenio.
A guisa de ejemplo, generalmente, a la oferta
«le preceden y aún queda sustituida por otras actitudes, comportamientos o comunicaciones, llámense cartas de intención, declaraciones previas, due diligence, etc., que la práctica comercial –en aplicación de estilos de contratación foráneos- ha ido aclimatando en este medio. En el mismo sentido, se constata que, sin que las partes hayan llegado aún al perfeccionamiento del convenio, van suscribiendo o dejando por escrito los avances o puntos en los que han llegado a acuerdos, en memorandos o documentos con similar propósito que, en ocasiones, tan solo los compromete a seguir en la discusión del trato o a respetar el estado de lo ya pactado, en caso de arribar a un arreglo pleno».
Así mismo, en el caso en que la convención sea de aquellas que requieren exigencias adicionales para su conformación, también tendrán que cumplirse aquellos requisitos esenciales de forma que reclame el caso concreto. Piénsese, por ejemplo, en las solemnidades impuestas por el legislador. Y, claro está, como en el caso concreto, aquellas pactadas por las partes - eficaces a la luz del ordenamiento-, para el perfeccionamiento del contrato. En el caso concreto, las formalidades establecidas por el proponente -especialmente, la aprobación de una proforma y la suscripción de un contrato- se pueden recibir como verdaderas reservas formales. Esto es, en la negociación se afincó una verdadera formalidad ad solemnitatem, <<que es precisamente lo mismo que ocurre cuando el contrato es solemne por disposición directa de la ley; sólo que en la hipótesis lo que es por voluntad de las partes, quienes han querido que el contrato “no produzca ningún efecto civil” sin la observancia de la formalidad especial de otorgarse el instrumento>> (GJ CLXVI p. 183). Recuérdese que “[e]s principio de derecho que en las obligaciones contractuales rige, casi soberanamente, el querer libre de las partes, o sea el principio de la libertad jurídica” (sentencia del 20 de noviembre de 1906, G.J. XVIII, p. 70).
6. De allí que los criterios de interpretación del contrato tengan que se extendidos, con las diferencias del caso, a las plurales declaraciones de voluntad de toda la negociación. En relación con la regla principal e imperativa de interpretación: ha de retenerse la intención de los declarantes.Al lado de esta regla principal e imperativa, se abre paso la siguiente subregla de interpretación -en realidad una presunción de la regla principal-: “Las reglas que da el Código Civil en materia de convenciones interpretan la presunta voluntad de las partes” (CSJ. G.J. XVIII, p. 70, sentencia del 20 de noviembre de 1906).
Así las cosas, bien podría concluirse lo siguiente. Primero, que las negociaciones descansaron en varias declaraciones de voluntad. Algunas de estas expresiones de la voluntad se citan a continuación: declaraciones unilaterales de 15 de junio del 2010, 16 de diciembre de 2010, 17 de diciembre de 2010,20 de diciembre de 2010, el 28 de diciembre de 2010, 4 de enero de 2011, 5 de enero de 2011, 18 de enero de 2011, 25 de enero de 2011, 7 de febrero del 2011, 21 de febrero de 2011, 24 de febrero de 2011 y 9 de marzo de 2011, entre otras. Segundo, que a partir de la interpretación de estas declaraciones de voluntad no es un desafuero concluir que, desde el comienzo de la negociación, se establecieron reservas formales para la contratación. Tercero, que la omisión de estas formalidades ad solemnitatem, impuestas y asumidas por los declarantes, condujo a la inexistencia de la pretendida convención.
4. En una palabra, el cargo no puede prosperar.
SEGUNDO CARGO
1. Bajo la segunda causal de casación, aseveró que se violaron indirectamente los artículos 16, 1494, 1495, 1496, 1546, 1602, 1604, 1613, 1614, 1615 y 1617 del Código Civil, por falta de aplicación o aplicación errónea; los artículos 822, 824, 845, 864 del Código de Comercio, también por falta de aplicación o aplicación errónea y la Ley 527 de 1999, en sus artículos 5, 6, 10, 14, 15 y 22, por falta de aplicación o aplicación errónea. Ello a consecuencia de errores de hecho en la valoración probatoria.
1.1. El primer yerro denunciado se relaciona con la determinación del momento de la formación del contrato y por considerar que la persona que actuaba por el destinatario no tenía la capacidad de celebrar contratos. En efecto, a su juicio, el ad quem no observó que «la aceptación de la oferta efectivamente se dio mediante la comunicación del señor Fernando Sanclemente, la cual fue enviada a PHB por correo electrónico el 17 de diciembre de 2010 y no mediante la comunicación del día anterior», enviada por Javier Méndez. A su turno, precisó que el hecho de que PHB hubiera señalado diferentes fechas como la de celebración del contrato «no demuestra de ninguna manera que el contrato no se celebró, ni es una actitud que merezca un reproche jurídico». Así pues, califica de error grave el haber descalificado el mensaje electrónico del 17 de diciembre de 2010 como medio idóneo para el perfeccionamiento del contrato.
Del análisis de esta última prueba documental, según el casacionista, se puede advertir que «las partes lograron acuerdo sobre los elementos esenciales del contrato, la obra a realizar, el precio y el plazo de ejecución, así como de los demás elementos incluidos en la Oferta Comercial No. 2101013, según las modificaciones acordadas por las partes»; lo cual no puede significar otra cosa que el perfeccionamiento del acuerdo por la confluencia de la oferta y la aceptación sobre los elementos esenciales del negocio. Sin embargo, tal medio probatorio fue dejado de apreciar.
1.2. Como segundo yerro, denunció que se incurrió en error manifiesto en la apreciación de las pruebas al considerar que las negociaciones nunca concluyeron en un contrato. Ello como consecuencia de la indebida apreciación de las comunicaciones cruzadas entre las partes por medio de las cuales se aceptó la oferta y se perfeccionó el convenio, a saber, las del 16 y 17 de diciembre de 2010.
En punto de esta última, destacó que «en relación con el plazo de ejecución, Puerto Brisa señaló expresamente que el mismo iniciaba a partir de ese mismo día (17 de diciembre de 2010), por lo que no debe quedar duda alguna que se trató de una aceptación formal de la oferta presentada, según las modificaciones acordadas verbalmente, y que de esa manera se perfeccionó el contrato. No tendría sentido dicha manifestación de inicio del plazo de ejecución del contrato, si no fuera la intención de Puerto Brisa celebrarlo. Por lo tanto, el Tribunal dejó de apreciar dicha manifestación de la Demandada según la cual ese mismo día iniciaba la ejecución contractual y, por ende, se celebraba el contrato».
Además de ello, cejó de expresar las implicaciones de los correos electrónicos del 23 de diciembre de 2010, en que funcionarios de PHB informaron sobre el nombramiento de los equipos de trabajo y solicitaron información para el inicio de la ingeniería básica del proyecto. Mensajes que fueron contestados por el ingeniero Espinosa de Puerto Brisa S.A., quien además convocó a una reunión «que se llevaría a cabo con todos los contratistas de la obra (entre los que, por supuesto, ya se incluía a PHB) con fines de planeación y programación de la ejecución contractual (folio 279)». Comunicaciones que «son una diáfana manifestación del inicio de la ejecución del contrato que se había celebrado entre las partes días antes y que el Tribunal dejó de apreciar o apreció indebidamente, por lo que no encontró en ellas la prueba de la celebración del contrato y la posterior ejecución del mismo».
1.3. Como tercer aspecto, aludió a que se erró al considerar que las negociaciones de modificación del contrato seguían siendo tratativas preliminares. Comenzó por señalar que la comunicación del 07 de febrero de 2011, independientemente de los términos utilizados por el presidente de Puerto Brisa S.A., «es claro que esta se trató de una solicitud de modificación del contrato celebrado».
1.4. Increpó el error cometido al considerar que las partes acordaron que el contrato debía celebrarse por escrito.Sostuvo que las solicitudes de envío de oferta comercial corregida y de suscripción del contrato por escrito no son más que meros formalismos, «como lo reconoce la misma Puerto Brisa al señalar que enviaría una “pro forma” para su suscripción». Aunado a ello, señaló cómo ninguna de las pruebas que obran en el expediente dan cuenta de que «las partes hubieran acordado que el contrato sólo podría celebrarse por escrito, huyendo a la consensualidad propia de este tipo de contratos». Tal apreciación se ratifica con el correo electrónico enviado el 20 de diciembre de 2010 por el Director General de PHB.
TERCER CARGO
1. Con fundamento en la causal segunda de casación, censuró la sentencia de segunda instancia por ser violatoria indirectamente de los artículos 16, 1494, 1495, 1496, 1546, 1602, 1604, 1613, 1614, 1615, 1617 y 1618 del Código Civil, por falta de aplicación; los cánones 822, 824, 845, 864, 870 del Código de Comercio y la Ley 527 de 1999, en sus artículos 5, 6, 10, 14, 15 y 22, también por falta de aplicación, como consecuencia de errores de derecho derivados del desconocimiento de normas probatorias, artículos 164 y 176 del Código General del Proceso y artículo 11 de la Ley 527 de 1999.
1.1. Reprochó la escasez del soporte probatorio de la providencia, en la que únicamente se hizo referencia a dos pruebas documentales y «a unas pocas pruebas documentales para justificar y fundamentar su decisión». Además de no haber valorado la totalidad de las probanzas, alegó que tampoco fueron analizadas en su conjunto aplicando las reglas de la sana crítica, «puesto que, en la sentencia acusada, se analizan tan sólo algunas pruebas y de manera parcial con el fin de lograr ratificar la decisión del a quo». Por último, tampoco se expuso razonadamente «el valor que le asignó a cada prueba que obra en el expediente, ya que la gran mayoría de ellas ni siquiera fueron tenidas en cuenta en la decisión».
1.2. En lo concerniente con la apreciación de la comunicación del 16 de diciembre de 2017, aseveró que el Colegiado omitió «reconocer que en dicho correo electrónico se manifestó que al día siguiente se enviaría la confirmación formal, como en efecto se hizo, la cual sí venía suscrita por el mencionado representante legal». Aunado a ello, de haber realizado un análisis sistemático de los medios de prueba, «el Tribunal hubiera reconocido que la solicitud de envío de la oferta modificada no era un requisito para formalizar una nueva oferta, sino un mero mecanismo de instrumentalización de los acuerdos logrados por las partes».
1.3. Por otro lado, alegó que se interpretó indebidamente la comunicación del 17 de diciembre de 2017 en punto de la expresión “primera opción” y la ausencia de análisis sobre la fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato. Indicó que una valoración en conjunto habría arrojado la conclusión de que la intención de Puerto Brisa S.A. era realmente celebrar el negocio a través de esta declaración.Por último, aludió al intercambio de comunicaciones entre funcionarios de una y otra empresa, para evidenciar que se dio el inicio de la ejecución contractual, «lo cual implica que el contrato debió haberse celebrado».
1.4. En punto de las pruebas testimoniales, criticó que el ad quem se limitara a señalar que existían coincidencias en las declaraciones de dos testigos «las cuales no explicó, sin establecer lo que encontró probado de cada uno de los testimonios que se ventilaron en el proceso, ni el mérito probatorio que les otorgó a estos, vulnerando las normas probatorias generales antes mencionados». Finaliza esgrimiendo que el yerro más protuberante se evidencia en la omisión de los dictámenes periciales. Todo lo anterior para concluir que, si el Colegiado hubiera atendido a los preceptos de linaje probatorios consagrados en los artículos 164 y 176 del Código General del Proceso, «no habría llegado a la equivocada conclusión de que no se encontraba probado el contrato y que la relación entre las partes no pasó de las tratativas preliminares».
CONSIDERACIONES
1. En los cargos vistos en precedencia, se censuró que el Tribunal hubiese colegido que: i) no se concretó el perfeccionamiento del contrato. ii) todo se quedó en tratativas. Y, iii) no hubo, consecuencialmente, inejecución obligacional. Con ese propósito, el impugnante atribuyó, de un lado, errores de hecho por indebida apreciación y, de otro parte, errores de derecho por falta de valoración conjunta de los medios de prueba. Tales dislates, aseveró, llevaron a la Corporación a desconocer la existencia del contrato y su ulterior incumplimiento. De tal suerte que esta unidad temática explica la conjunción de los cargos.
2. Como se señaló al resolverse el cargo cuarto, el espectro de análisis del Tribunal gravitó en determinar «si existió o no contrato». Con ese propósito advirtió que el correo electrónico del 16 de diciembre de 2010 fue suscrito por quien carecía de capacidad para obligar a la sociedad Puerto Brisa. En el punto «se evidencia en el expediente que el correo electrónico antes mencionado no es el medio idóneo para el perfeccionamiento del contrato de obra después del contrato que se había invitado a celebrar pues de los testimonios, así como de las pruebas documentales aportadas que en redacta tal correo no tiene la capacidad para obligar a puerto brisa y menos aun siendo que no era su representante legal el único que tiene esa capacidad para el caso era Fernando San Clemente». En consecuencia, coligió, en principio, que la comunicación no tenía el vigor para obligar. No provenía de aquel con capacidad para ligar a la sociedad.
No obstante, anotó que, sí se admitiera la representación aparente, el contenido del documento refleja el condicionamiento frente a una eventual aceptación de una oferta. Sostuvo que: «en gracia de discusión [si] fuera dado a asumir un evento de representación aparente lo cierto es que ese correo no podía implicar aceptación pues de su contenido, a lo sumo se podría extraer la intención de contratar, que no la aceptación de una oferta, la cual tiene que venir expresada de manera pura y simple cosa que acá no sucedía pues se anunciaba la necesidad de que se remitiera una oferta comercial definitiva así con esa denominación que se remitiera una oferta comercial definitiva que correspondiera a los acuerdos que allí llamaron modificaciones». De tal forma que, al ocuparse de la materialidad del documento, evidenció su falta de fuerza vinculante. La exigencia de remitir el instrumento concluyente denota la falta de concordancia entre oferta y aceptación.
Establecido lo precedente, se ocupó de estudiar la demanda. Destacó que los hechos presentados en el escrito apoyaban el razonamiento según el cual el contrato no alcanzó su perfeccionamiento y se quedó en umbral de la negociación.A su turno, subrayó el contenido del documento del 17 de diciembre de 2012, que a la sazón señala: «para efectos de articular esta selección y si fuese de su interés solicitamos que se sirva enviarnos antes de cinco días calendario la oferta comercial corregida, ajustada y definitiva, según los términos de lo acordado junto con la correspondiente memoria técnica para proceder a la suscripción del contrato correspondiente cuya proforma le haremos llegar en posterior correo». Con la mirada puesta en el medio de prueba, estimó que los interesados seguían delineando los aspectos preliminares de la oferta.
Asimismo, estudió el correo electrónico de 20 de diciembre de 2010, evidenciando que, del comportamiento de PHB WESERHUTTE S.A, no podía deducirse su vínculo contractual con Puerto Brisa S.A., dado que «no parece muy consistente que la parte contratante todavía se estuviera refiriendo a que era menester hacerle ajustes a la oferta mucho menos que el contratista dándole como se dijo alcances a la carta de 17 de diciembre del 2010 se hubiera dado a la tarea de cumplir con el plazo pactado de 5 días remitiendo el 20 de diciembre vía correo electrónico, según lo dijo en su hecho 21 de la demanda “remitiendo por correo vía electrónica las ofertas técnicas y comerciales contractuales actualizadas”».
Aunado a lo anterior, ahondó en el conocimiento que mostraba el libelo, para lo cual dijo que «el candidato a contratista reconoció en la demanda que procedió a contestar una a una las antedichas observaciones, lo cual refuerza la idea de que para entonces las partes continúan afinando los términos de la futura convención». De tal manera que los actos propios de PHB revelaban que la formación de la oferta se está gestando, «en esas condiciones no es de recibo que el recurrente desconociendo que a partir de su propia conducta le había dado alcances al contenido de la carta del 17 de diciembre de 2010 en donde es inequívoco que para entonces no existía contrato, y que de celebrarse lo sería ulteriormente y por escrito, reivindique que el acuerdo de voluntades quedo perfeccionado a partir del contenido del correo electrónico que recibió el 16 de diciembre de 2010».
Dicho razonamiento no luce desatinado. Las voluntades de los interesados no se habían definido de manera conclusiva en los términos expuestos en el desarrollo del cargo primero. Al respecto, se advierte lo siguiente:
3. Armonizado con lo precedido, en misiva del 03 de marzo de 2010 se refleja la «invitación» elevada por la demandada a PHB WESERHUTTE S.A. «sobre el sistema integrado de manejo de carga (carbón) para puerto brisa S.A». A reglón seguido, se señala que: «adjunto al presente documento los anexos técnicos para la propuesta sobre el sistema integrado de manejo de carga (carbón) para Puerto Brisa S.A». En efecto, en el acápite XI del anexo técnico se indicó lo siguiente: «Puerto Brisa S.A reserva el derecho a declarar desierta la presente invitación sin expresión de causa ni requisito de ninguna especie, si libre, autónoma y unilateralmente llegase a entender que las propuestas presentadas no cumplen sus expectativas». En otro aparte se resaltó que «la presente solicitud de propuesta es privada y no constituye propuesta oferta comercial». De ahí, que no resulta un desafuero sostener que la invitación se circunscribió a emprender negociaciones.
En el citado documento del 17 de diciembre de 2010, cuya apreciación se critica en casación, se consigna lo siguiente: «con la presente queremos comunicar formalmente que Puerto Brisa se ha decidido elegirlos como primera opción para contratar con ustedes (…) para efectos de articular esta selección y si fuese de su interés solicitamos se sirvan enviarnos antes de (5) días calendario la oferta comercial corregida ajustada y definitiva según los términos de lo acordado». Dicha misiva refleja precisamente el racionamiento del Tribunal, a saber, que los interesados no habían llegado a un acuerdo definitivo. La oferta a cargo de la demandante estaba siendo objeto de modificaciones. Lo que se muestra es un preeminente interés negocial por parte de Puerto Brisa S.A. en la sociedad PHB WESERHUTTE S.A. Por otra parte, la aceptación de la oferta debe mostrarse indubitable. Lo primordial es la conformidad del aceptante. Sin embargo, instar en modificar el acto revela es la discordancia del destinatario de cara al instrumento presentado.
Ello demuestra que la interpretación del ad quem aflora del mismo contenido de las probanzas obrantes en el plenario, lo que desvirtúa de plano que la única interpretación plausible sea la que propone el impugnante. Memórese que, en el ámbito del recurso de casación, está averiguado que, si del texto se descubren varios sentidos razonables, la elección que de uno de ellos haga el Tribunal ha de ser respetada y mantenida por la Corte. Esto, a menos que otras pruebas desmientan ese sentido escogido, para lo cual ha de empeñarse el impugnante en hacerlo ver mediante la denuncia de yerros probatorios trascendentes, presentes en la sentencia que combate.
3.1. A su turno, de las pruebas testificales llama la atención la declaración de Luis Manuel Espinosa García, quien se desempeñó como ingeniero de Puerto Brisa. Se advierte que se le preguntó «usted envió desde su correo electrónico el 17 de diciembre del 2010 una carta a PHB suscrita por Fernando San Clemente la cual se les informaba que era la primera opción y sólo quedaban trámites administrativos para continuar con el proceso de contratación. Contestó: efectivamente mandé a través de mi correo electrónico la carta donde se les informaba que era la primera opción y donde les pedíamos plasmarán en un documento en una oferta comercial y técnica todos los cambios y modificaciones que puerto brisa consideraba había que modificar en su propuesta para ser tenida en cuenta». La referida manifestación redunda en apoyo al juicio del Tribunal. De tal suerte que la referida declaración se articulaba con las probanzas documentales y con lo manifestado en el escrito introductor.
Ahora bien, el testimonio de Alfonso Fidalgo Trujillo quien se desempeñó como agente comercial de PHB, en el momento en que se le instó a que «dijera si conoció o conoce a la fecha si Puerto Brisa dejó constancia, que, si no se cumplían las expectativas exigidas en el proyecto a realizarse, Puerto Brisa se reservó a declarar desierta la invitación por no cumplir expectativas. Contestó: como ya estaba aceptada la propuesta las expectativas que no se cumplieron se tenían que resolver de acuerdo al contrato que se estaba firmando» (Subrayado de la Sala). Lo anterior revela que el Colegiado de segundo grado no cejó en su laborío de estimar la prueba, sino que simplemente desestimó dichas manifestaciones pues se alejan del contenido material de otros medios de prueba -correos electrónicos, testimonios, los hechos de la demanda- y de su examen en conjunto.
Lo que corresponde a la declaración de Miguel Ángel Fuentes Alfonso, llama la atención que cuando se le pregunta que «Sírvase informar sí por parte de puerto brisa S.A finalmente se dio respuesta a la comunicación enviada por parte de PHB Waserhutte? en caso afirmativo a qué se refería la misma. Respuesta si tras algunas comunicaciones cruzadas entre las partes, Puerto Brisa le remitió un mensaje sobre dichas comunicaciones. Contestó: la respuesta por Puerto Brisa el 09 de marzo del 2011 planteaba por primera vez la argumentación de que no había entrado en vigor ningún contrato entre nosotros y que demuestra no aceptación de las condiciones contractuales le llevaba a ellos a decidirse por otra opción. Quiero hacer notar que las condiciones contractuales a las que se refiere nos fueron enviadas por Puerto Brisa el 24 de febrero del 2011 y alteraron sustancialmente las indicadas en el borrador del 28 de diciembre del 2010» (destacado de la Sala). Lo cual corrobora la afirmación de Luis Manuel Espinosa García, referente a que para el 17 de diciembre de 2010 no hubo aceptación de oferta. Elocuente resulta la deposición en el punto «les pedíamos plasmarán en un documento en una oferta comercial y técnica todos los cambios y modificaciones que puerto brisa consideraba había que modificar».
3.2. Por el contrario, es patente la valoración conjunta de los medios probatorios que efectuó el ad quem en contraposición con la lectura aislada sobre algunos medios probatorios que acá plantea el censor. Aunado a ello, no se advierte que se hubiera cumplido con la exigencia de completitud a la que alude el artículo 344 del Código General del Proceso, pues nada se dijo sobre la apreciación que efectuó el juez de segunda instancia sobre las afirmaciones contenidas en la demanda. Discernimientos que son uno de los pilares probatorios del fallo mediante el cual se confirmó la denegatoria de las pretensiones.
3.3. Por último, el hecho de que el Tribunal hubiese optado por un grupo de pruebas -por sobre otros-, no obsta para inferir per se un yerro grave en la labor argumentativa y probatoria. Memórese que «cuando se está frente a dos grupos de pruebas, el juzgador de instancia no incurre en error evidente de hecho al dar prevalencia y apoyar su decisión en uno de ellos con desestimación del restante, pues en tal caso su decisión no estaría alejada de la realidad del proceso».
3.4. En conclusión, los errores in judicando, no saltan a la vista.
4. Por lo discurrido, los cargos no prosperan.
IV. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 16 de mayo de 2018. Tal proveído fue dictado dentro del proceso ordinario iniciado por el recurrente contra Puerto Brisa S.A.
Costas en casación a cargo del recurrente. Como quiera que la parte opositora replicó en tiempo la demanda, con la que se sustentó la impugnación extraordinaria, se fija como agencias en derecho la suma de seis (6) S.M.L.M.V.
En su oportunidad, devuélvase el expediente a la Corporación de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
Presidente de Sala
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
(Ausencia Justificada)
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
LUIS ALONSO RICO PUERTA
(Comisión de Servicios)
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
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