Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 41001-23-33-000-2012-00184-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 41001-23-33-000-2012-00184-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 41001-23-33-000-2012-00184-02
Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales
23 de septiembre de 2024
Radicado: 410012333000201200184-02 (65351)
Demandantes: Álvaro Orlando Rojas Montenegro y otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá D.C., veintitrés (23) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES - APELACIÓN
Radicación: 41001-23-33-000-2012-00184-02 (65351)
Demandantes: ÁLVARO ORLANDO ROJAS MONTENEGRO Y OTROS
Demandado: UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
TEMAS: UNIVERSIDADES PÚBLICAS - están sujetas al derecho privado. CONTRATO ESTATAL -
puede modificarse en virtud de la autonomía de la voluntad. OBRAS ADICIONALES - consisten en
la incorporación de obligaciones distintas a las inicialmente convenidas. MAYORES CANTIDADES
DE OBRA - se configuran cuando en los contratos a precios unitarios se sobrepasan las unidades
estimadas inicialmente. MAYOR PERMANENCIA - es la extensión en el tiempo del contrato.
SALVEDADES - consisten en efectuar reparos durante el iter contractual sobre aspectos que no se
comparten. Su no realización no impide acudir al juez, pero en tales casos se ha de determinar cuál
fue el querer de las partes durante la ejecución y la suscripción de modificaciones, adiciones o
prórrogas. MODIFICACIONES DEL CONTRATO - son obligatorias para las partes en virtud de la
buena fe y del principio de pacta sunt servanda. CLÁUSULAS EN LAS QUE SE RENUNCIA A
FUTURAS RECLAMACIONES - por regla general, cuando se pactan frente a aspectos como la
prolongación del plazo y la modificación del contrato, son totalmente válidas, en virtud del artículo 15
del Código Civil. ENRIQUECIMIENTO SIN JUSTA CAUSA - no se configura cuando el movimiento
patrimonial tiene como causa un contrato. NULIDAD DEL ACTA BILATERAL DE LIQUIDACIÓN - no
prospera cuando no se indica una causal de invalidez que derive en su nulidad absoluta o relativa.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el señor Álvaro Orlando
Rojas Montenegro y las sociedades Gerencia Integral de Proyectos Proyicont LTDA.
y Obracic LTDA. contra la sentencia del 17 de septiembre de 2019, proferida por el
Tribunal Administrativo del Huila, mediante la cual se negaron las pretensiones de
la demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
Con ocasión de la licitación pública No. 008 de 2008, el 28 de noviembre de 2008
la Universidad Surcolombiana suscribió con el consorcio Obracic, conformado por
el señor Álvaro Orlando Rojas Montenegro y las sociedades Gerencia Integral de
Proyectos Proyicont LTDA. y Obracic LTDA., el contrato de obra No. 075, que tuvo
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por objeto la construcción del Bloque Esquina Noroccidental de la Facultad de
Economía y Administración de dicho centro universitario.
El negocio jurídico de obra fue suspendido y modificado en distintas ocasiones
debido a falencias en la fase de planeación con los diseños eléctricos, el estudio de
suelos y los diseños estructurales, lo que llevó a que el contratista tuviera que
desviar la acometida principal de energía, ejecutar obras de drenaje de una corriente
de agua subterránea y cambiar el lugar donde sería construida la infraestructura,
entre otros, todo ello en un plazo adicional al inicialmente convenido y nada de lo
cual estaba incluido dentro de sus labores principales.
En tal virtud, los demandantes consideraron que las anteriores irregularidades
llevaron a que se incurriera en una mayor permanencia de obra, originada en una
falta al deber de planeación de la Universidad Surcolombiana y, por lo tanto, en un
incumplimiento de sus obligaciones negociales, así como subsidiariamente, en un
enriquecimiento sin justa causa, de ahí que, en su criterio, se los deba resarcir por
los perjuicios ocasionados.
II. ANTECEDENTES
1. La demanda
1.1. El 19 de noviembre de 20121, el señor Álvaro Orlando Rojas Montenegro y las
sociedades Gerencia Integral de Proyectos Proyicont LTDA. y Obracic LTDA.
Presentaron demanda, en ejercicio del medio de control de controversias
contractuales, contra la Universidad Surcolombiana -en adelante la Universidad-,
con el fin de que se declarara: i) nula el acta de liquidación bilateral del 18 de
noviembre de 2010, mediante la cual se efectuó el cruce de cuentas del contrato
No. 075 de 2008 y ii) que la Universidad Surcolombiana incumplió el mencionado
negocio jurídico. Como consecuencia de lo anterior, pidió que se ordenara el
restablecimiento del derecho, condenando al extremo pasivo de la litis al pago por
los perjuicios ocasionados.
1 Archivo 74 del índice 33 del expediente digital en la plataforma SAMAI.
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Subsidiariamente indicó que, en caso de que se desestime la pretensión de
incumplimiento, debía accederse a reconocer la existencia de un enriquecimiento
sin justa causa respecto de la Universidad, por la ejecución de las obras realizadas
por el contratista sin remuneración.
1.2. En particular, las pretensiones formuladas fueron las siguientes (se transcriben
de forma literal, incluso con eventuales errores):
“PRIMERA. Que se declare la nulidad del acta de liquidación, fechada 18
de noviembre de 2010, que decidió liquidar el CONTRATO No. 075 de
2008.
SEGUNDO. Que se declare que LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA,
incumplió el objeto del CONTRATO No. 075 de 2008.
TERCERO. Que como consecuencia de la anterior declaración se ordene
a la demandada al restablecimiento de los derechos conculcados,
reconociendo y pagando a mis poderdantes los perjuicios causados;
según los siguientes conceptos y cantidades:
a. Por DAÑO EMERGENTE PASADO la suma de DOSCIENTOS
SESENTA Y UN MILLONES CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS
CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($261.041.655) por mayor
permanencia.
b. Por LUCRO CESANTE la suma de QUINIENTOS CUARENTA Y
CUATRO MILLONES CUATROSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL
CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($544’491.165), por
disminución de la utilidad esperada y por el no cumplimiento del objeto
contractual por falta de apropiación de recursos.
c. Por PERJUICIOS MORALES. El daño moral objetivado causado a mis
poderdantes es incalculable pues el buen nombre contractual resulta
afectado con la decisión de la entidad pero para efectos de la conciliación
prejudicial se solicitan CIEN (100) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES
MENSUALES.
PRIMERA SUBSIDIARIA DE LA PRETENSIÓN TERCERA. Que LA
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA, se enriqueció injustamente, con las
obras ejecutadas por el contratista, para el contrato.
PRIMERA SUBSIDIARIA DE LA PRETENSIÓN TERCERA: Que como
consecuencia de la declaración anterior, la UNIVERSIDAD
SURCOLOMBIANA, debe pagar al contratista las siguientes cantidades y
conceptos:
a. Por DAÑO EMERGENTE PASADO la suma de DOSCIENTOS
SESENTA Y UN MILLONES CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS
CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($261.041.655) por mayor
permanencia.
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Demandantes: Álvaro Orlando Rojas Montenegro y otros
b. Por LUCRO CESANTE la suma de QUINIENTOS CUARENTA Y
CUATRO MILLONES CUATROSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL
CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($544.491.165).
c. Por PERJUICIOS MORALES. El daño moral objetivado causado a mis
poderdantes es incalculable pues el buen nombre contractual resulta
afectado con la decisión de la entidad pero para efectos de la conciliación
prejudicial se solicitan CIEN (100) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES
MENSUALES.
CUARTA: Que la condena respectiva sea actualizada de conformidad con
la ley.
QUINTA: La parte demandante dará cumplimiento a la sentencia en los
términos de ley”.
1.3. Como fundamentos fácticos de sus pretensiones, la demandante formuló los
siguientes hechos que, a continuación, la Sala sintetiza:
1.3.1. Afirmó que, mediante la Resolución 132 del 29 de octubre de 2008, la
Universidad ordenó la apertura de la licitación pública No. 008 de 2008, cuyo objeto
fue la construcción del bloque esquina noroccidental contiguo al barrio Santa Inés,
para la Facultad de Economía y Administración de dicho claustro.
1.3.2. Aseveró que, una vez allegados a la Universidad los ofrecimientos de los
interesados, adjudicó el procedimiento de selección al consorcio Obracic, mediante
la Resolución No. 156 del 21 de noviembre de 2008, por la suma de $2.847’924.926.
1.3.3. Argumentó que, el 28 de noviembre de 2008, la Universidad suscribió el
contrato No. 075 con el consorcio Obracic, cuyo objeto consistió en la construcción
del Bloque Esquina Noroccidental de la Facultad de Economía y Administración de
la Universidad Surcolombiana, con un plazo de 10 meses, contados a partir de la
fecha de suscripción del acta de iniciación y con un valor estimado de
$2.847’924.926.
1.3.4. Anotó que el inicio de la ejecución contractual se produjo desde el 13 de enero
de 2009, por lo que, en principio, el objeto negocial habría de finalizar el 10 de
noviembre de 2008; sin embargo, advirtió que el contrato fue modificado en distintas
ocasiones por falencias en la estructuración del proyecto así:
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• El 14 de enero de 2009 se suspendió y se reinició el 14 de enero de 2009 “el
día mismo”.
• El 21 de julio de 2009 se suspendió y se reinició el 10 de agosto de 2009.
• El 28 de diciembre de 2009 se presentó una tercera suspensión, habiéndose
reiniciado nuevamente el día 25 de enero de 2010.
• El día 29 de enero de 2010 se presentó una cuarta suspensión, habiéndose
reiniciado nuevamente el 3 de marzo de 2010.
• El 3 de marzo de 2010 se suscribió el acta de ampliación del plazo por un
término adicional de 26 días calendario.
• El 27 de abril de 2010 se suscribió el acta No. 2 de ampliación del plazo por
un término adicional de 60 días calendario.
• El 30 de junio de 2010 se suscribió el acta de recibo final de la obra.
1.3.5. Señaló que, ante el anterior panorama, el contratista, junto con la interventoría
y la contratante, elaboraron un cuadro en donde incluyeron las obras necesarias
para cumplir con el objeto contractual y excluyeron las que no ejecutarían por las
dificultades que originaron las modificaciones al negocio jurídico.
1.3.6. Arguyó que, entre otros, el 22 de julio de 2009 se suscribió un acta de
justificación de obra adicional y cambio de especificaciones al contrato 075 de 2008,
en la cual se cambiaron detalles en columnas y pantalla de 3000 PSI de concreto a
4000 PSI, así como se modificaron las cualidades en la placa de contrapiso, la
estructura de cubierta y el confinamiento de muros para el cumplimiento de normas
de sismo-resistencia.
1.3.7. El 18 de noviembre de 2010 se suscribió bilateralmente el acta de liquidación
final de la obra, en la que el consorcio Obracic se reservó el derecho de reclamar
por los perjuicios por “no haberse ejecutado la totalidad del objeto del contrato” y
por una “mayor permanencia”.
1.4. Como fundamento jurídico de la demanda, la parte actora expuso que la
Universidad incurrió en sendos yerros en la fase de planeación del procedimiento
de selección que culminó con el contrato No. 075 de 2008, que derivaron en la
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configuración de una mayor permanencia en la obra a costa del consorcio Obracic,
sin que se le hubieran reconocido los emolumentos respectivos por tal situación.
Al punto, aseveró que las suspensiones se dieron por una falta de planeación de la
entidad, por cuanto la Universidad manifestó contar con la Resolución 019 de 2008
de la Curaduría Urbana Primera de Neiva, lo que hacía suponer la existencia de
todos los diseños y estudios que requería la ejecución de la obra; no obstante,
existían falencias en: i) los diseños eléctricos, pues la acometida principal de
energía pasaba por el centro del lote donde se construía la edificación, lo que lo
obligó a hacer la desviación respectiva; ii) el estudio de suelos, en tanto no se
contaba con dicha exigencia, pues el aportado pertenecía a otro predio, lo que lo
llevó a “ejecutar obras de drenaje de una corriente de agua subterránea”; y iii) los
diseños estructurales, ya que si no se contaba con estudios de suelos, menos
existían aquellos.
Para la parte demandante, las anteriores dificultades no solo repercutieron en que
no se iniciara la obra, sino en que se afectó el presupuesto del contratista, aspectos
que fueron ratificados por la misma contratante, quien mediante oficio 2.5. VSA-CI-
0196 manifestó que se tuvo que suspender el contrato por deficiencias en los planos
estructurales, lo que exigía su actualización. A su vez, las desavenencias fueron tan
evidentes que a solo un día de iniciar la obra quedó suspendida, se tuvo que cambiar
el lugar donde debía ser construida la infraestructura y se modificaron
sustancialmente los diseños, de ahí que la Universidad está llamada a responder
por dichas deficiencias, máxime si se tiene en cuenta que el actuar defectuoso de
la administración tiene consecuencias disciplinarias, fiscales y penales.
Por ello, se consideró que las circunstancias descritas ocasionaron mayores costos
al contratista, en la medida en que tuvo que ejecutar un contrato con condiciones
totalmente distintas a las pactadas, al punto de que se tuvo que construir una obra
de drenaje y se desvió la acometida de media tensión, entre otros, por lo que se
requerían traslados presupuestales para cubrir las mayores cantidades de obra, lo
que no sucedió.
En tal virtud, los actores justificaron el reconocimiento de una indemnización por la
mayor permanencia, con base en los principios de equidad, conmutatividad y
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equilibrio del contrato, ya que no corresponde que una de las partes asuma costos
injustificados derivados de falencias en la relación negocial, por lo que toda actividad
que haya desarrollado con ocasión del negocio jurídico debe ser debidamente
remunerada, en desarrollo de los artículos 1497 y 1498 del Código Civil y 1 y 822
del Código de Comercio, para así garantizar la ecuación financiera del negocio.
Finalmente, los demandantes estimaron la pretensión mayor en la suma de
$544’491.165.
2. Admisión de la demanda, contestación y traslado de excepciones
2.1. El 10 de diciembre de 20122, el Tribunal Administrativo del Huila rechazó la
demanda, con apoyo en que los integrantes del consorcio debían actuar en forma
mancomunada y unánime para agotar el requisito de procedibilidad, sin que ello
hubiera sucedido, pues solamente acudieron dos de los consorciados; sin embargo,
dicha decisión fue revocada mediante proveído del 25 de noviembre de 20133 de
esta Corporación, en virtud del recurso de apelación presentado por los
demandantes, debido a que el representante de los consorciados acudió a la
audiencia de conciliación, con lo que se entendía que todos sus miembros estaban
representados en dicho trámite.
Así las cosas, el despacho admitió la demanda, decisión que fue acatada por el
Tribunal Administrativo del Huila mediante decisión del 29 de abril de 20144.
2.2. El 22 de julio de 20145, la Universidad contestó la demanda y se opuso a sus
pretensiones, por considerar que si bien el contrato de obra No. 075 de 2008 varió
en cuanto a algunos de sus ítems, este se llevó a cabo según lo estipulado y se
pagó en forma proporcional a lo recibido, considerando que dicho negocio se pactó
en precios unitarios. Como consecuencia, formuló las excepciones de inexistencia
de causal de nulidad del acta de liquidación bilateral del contrato 075 de 2008,
datada el 18 de noviembre de 2010 y de inexistencia de incumplimiento del contrato.
2 Archivo 81 del índice 30 del expediente digital en la plataforma SAMAI.
3 Archivo 94 del índice 30 del expediente digital en la plataforma SAMAI.
4 Archivo 99 del índice 30 del expediente digital en la plataforma SAMAI.
5 Archivos 111 a 113 del índice 30 del expediente digital en la plataforma SAMAI.
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Frente a la primera excepción, adujo que los demandantes omitieron formular el
concepto de la violación contra el acta de liquidación, pues, más allá de lo
pretendido, no se indicó en qué medida aquella actuación es ilegal, sin que exista
“un cargo frente al cual la Universidad (como entidad accionada) pueda ejercer su
derecho de defensa”.
Respecto a la segunda excepción, manifestó que las dificultades acaecidas con
ocasión del negocio jurídico fueron superadas mediante varias modificaciones al
contrato, donde se efectuó un recálculo de valores y cantidades de obra, con cargo
al mismo presupuesto inicial, por lo que no es cierto que la entidad contratante
hubiera sometido al consorcio Obracic a asumir costos adicionales, cuando las
labores convenidas se incorporaron en el presupuesto original.
Adicionalmente, indicó que el contrato se pactó a precios unitarios, por lo que, pese
a los ajustes de que fue objeto, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido
enfática en que bajo tal modalidad no se requiere la celebración de un contrato de
adición presupuestal cuando lo que varía no es el objeto negocial, sino la estimación
inicial de las cantidades de obra con un mayor precio, de modo que no resultaba
necesario efectuar una adición al valor del acuerdo de voluntades.
De otra parte, advirtió que el acta de justificación de obra adicional y cambio de
especificación fue un documento suscrito exclusivamente por el consorcio Obracic
y no por la Universidad, por lo que no podía ser válido para concluir que hubo una
falta a la planeación que propiciara una mayor cantidad de obra.
2.3. El 27 de agosto de 20146, la parte actora descorrió las excepciones formuladas
por la Universidad y se opuso a su prosperidad, pues: i) de la simple lectura de la
demanda se vislumbra que la solicitud de nulidad de la liquidación radica en la
violación de la Constitución y la ley por la existencia de un “desequilibrio económico
y un enriquecimiento sin justa causa”; y ii) en la misma contestación de la demanda
se reconoce un incumplimiento por la infracción al principio de planeación.
6 Archivo 116 del índice 30 del expediente digital en la plataforma SAMAI.
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Demandantes: Álvaro Orlando Rojas Montenegro y otros
3. Audiencia inicial
El 5 de noviembre de 20147, el Tribunal Administrativo del Huila llevó a cabo la
audiencia inicial, en la que no se encontró vicio alguno que debiera ser objeto de
saneamiento, ni se encontraron excepciones previas por resolver.
Seguidamente, se fijó el litigio, en el entendido de determinar si la Universidad
incumplió el contrato No. 075 de 2008 y, por lo tanto, si el acta de liquidación no dio
cuenta del cruce real de cuentas, al punto de que deba ser anulada para efectuarse
un nuevo balance de activos y pasivos con el reconocimiento de los emolumentos
dejados de percibir por una mayor permanencia en la obra cuyo pago no fue
reconocido. Subsidiariamente, se habría de establecer si se produjo un
enriquecimiento sin justa causa por lo anterior.
Igualmente, el a quo corrió traslado a las partes con el fin de establecer si existían
formulas conciliatorias, tras lo cual concluyó que no existía ánimo para tal efecto.
Posteriormente, se pretermitió la etapa de resolución de medidas cautelares, ante
la ausencia de solicitudes en ese sentido.
Finalmente, el Tribunal a quo decretó como pruebas: i) los documentos aportados
por las partes; ii) los documentos precontractuales y contractuales del negocio
jurídico No. 075 de 2008 y iii) las declaraciones de los señores Hernando Lancheros
Garzón, León David K. Alarcón Salazar, James Andrade Zambrano, Augusto Tovar
Puentes, Juan Pablo Murcia Delgado y Vladimir Salazar Arévalo. Adicionalmente,
se ofició a las Curadurías Urbanas 1° y 2° de Neiva para que, en los 5 días
siguientes al recibo de la comunicación, certifiquen si la Universidad contaba con la
licencia de construcción y demás requerimientos legales.
4. Audiencia de pruebas
4.1. El 21 de enero de 20158, el Tribunal Administrativo del Huila dio inicio a la
audiencia de pruebas, en la cual incorporó el oficio CU 14-873 de la Curaduría
7 Archivo 121 del índice 30 del expediente digital en la plataforma SAMAI.
8 Archivo 128 del índice 30 del expediente digital en la plataforma SAMAI.
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Radicado: 410012333000201200184-02 (65351)
Demandantes: Álvaro Orlando Rojas Montenegro y otros
Urbana Segunda de Neiva y el expediente administrativo referente al contrato No.
075 de 2008.
Enseguida, recaudó el testimonio del señor Hernando Lancheros Garzón y se
renunció a la declaración de León David K. Alarcón Salazar. Como los demás
convocados no asistieron y la Curaduría Urbana 1° de Neiva no presentó el oficio
pedido, se suspendió la audiencia para recaudar dichos medios probatorios.
4.2. El 17 de febrero de 20159 se reanudó la audiencia de pruebas, en la cual se
incorporó al expediente la Resolución 117 del 19 de julio de 2010 de la Curaduría
Urbana Primera de Neiva y se desestimó el recaudo de los testimonios de los
señores Juan Pablo Murcia Delgado y Vladimir Salazar Arévalo, habida cuenta de
que el sujeto procesal interesado ni siquiera tramitó los citatorios.
Posteriormente, se recaudaron los testimonios de los señores Augusto Tovar
Puentes y James Andrade Zambrano.
5. Alegatos de conclusión
Una vez finalizada la práctica de pruebas, se corrió traslado a las partes y al
Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto por escrito,
respectivamente10.
5.1. Los demandantes alegaron de conclusión11 y reiteraron los razonamientos
presentados en su escrito inicial, entre ellos que la Universidad incumplió el contrato
No. 075 de 2008 por no reconocer los emolumentos asumidos por el contratista por
una mayor cantidad de obra imputable a falencias en la planeación a cargo de la
contratante. Posteriormente, añadió un nuevo argumento, denominado “liquidación
sin culminación de objeto contractual”, según el cual se liquidó el contrato de obra
sin haberse materializado el objeto negocial, lo que a la postre le impidió ejecutar la
totalidad del acuerdo de voluntades y, por consiguiente, obtener la remuneración
completa por dicho aspecto.
9 Archivo 133 del índice 30 del expediente digital en la plataforma SAMAI.
10 Página 3 del archivo 133 del índice 30 del expediente digital en la plataforma SAMAI.
11 Archivo 135 del índice 30 del expediente digital en la plataforma SAMAI.
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Radicado: 410012333000201200184-02 (65351)
Demandantes: Álvaro Orlando Rojas Montenegro y otros
5.2. La parte demandada y el Ministerio Público guardaron silencio en esta etapa.
6. Sentencia de primera instancia
6.1. Mediante sentencia del 17 de septiembre de 201912, el Tribunal Administrativo
del Huila negó las pretensiones de la demanda, por considerar que aunque hubo
fallas en la planeación del contrato No. 075 de 2008 que dieron lugar a una mayor
permanencia y a la modificación de la meta física contratada, no se hicieron las
reclamaciones en tiempo y, además, las partes tomaron medidas para superar los
obstáculos presentados sin reparo del contratista, por medio de los otrosíes y
suspensiones adoptados de forma conjunta para vencer tales dificultades, sin que
se hubiera acreditado perjuicio alguno por ese aspecto.
6.2. Previo a resolver el fondo del asunto, el a quo advirtió que, aunque en la
demanda “no se invocó expresamente causal de nulidad alguna en contra del acto
de liquidación demandado”, del acápite del concepto de violación se infiere que
corresponde a su expedición con una infracción de las normas superiores, dadas
las falencias advertidas en la etapa de planeación que ocasionaron una mayor
permanencia en la obra e impidieron que se ejecutara la totalidad del objeto
contractual, de suerte que desestimó la excepción de “inexistencia de causal de
nulidad del acta de liquidación del contrato 075 de 2008”.
6.3. Luego señaló que, de entrada, no se configuró un enriquecimiento sin justa
causa por una ruptura del equilibrio contractual, por cuanto las pretensiones
fundamentadas en un desequilibrio negocial tienen como fuente de obligaciones el
contrato, por lo que hay una causa jurídica de tal aspecto, aspecto con el cual no
puede proceder la figura invocada, en especial porque el medio de control
procedente para tal efecto era el de reparación directa.
6.4. Ahora, en relación con la pretensión de incumplimiento por una mayor
permanencia de obra, manifestó que en las actas de suspensión No. 1 del 14 de
enero de 2009 y 2 del 2 de julio de 2009, el contratista manifestó que la suspensión
12 Archivo 41 del índice 30 del expediente digital en la plataforma SAMAI.
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Radicado: 410012333000201200184-02 (65351)
Demandantes: Álvaro Orlando Rojas Montenegro y otros
contractual no le generaba costos adicionales a la Universidad. A su vez, en el “acta
de justificación de obra adicional y cambio de especificaciones al contrato No. 075
de 2008” no se efectuaron salvedades, todo ello aunque incluso se suspendió el
contrato para que los recursos se trasladaran al presupuesto del año 2010. Así, las
modificaciones de que fue objeto el acuerdo de voluntades fueron consensuadas
por el consorcio Obracic, sin manifestar reparo alguno con las condiciones allí
convenidas.
Incluso, puso de presente que en el otrosí 1 del contrato y en el acta de justificación
de prórroga en tiempo al contrato se suscribió una cláusula donde se convino que,
con su firma el contratista renunciaba a toda reclamación posterior a la adición en
tiempo e, incluso, en el acta de justificación del 25 de mayo de 2010 se incorporaron
nuevos ítems al objeto negocial y se consagró que “dichas modificaciones no
afectarían presupuestalmente el valor del contrato”, al punto de que el 30 de junio
de 2010 se recibió la infraestructura por la Universidad, sin que hasta ese momento
el consorcio Obracic hubiera formulado reparos.
Bajo los antecedentes descritos, concluyó que, si bien no cabe duda de que la
Universidad incurrió en una falta al deber de planeación y, con ello, en una
transgresión de la buena fe y el principio de responsabilidad, ello fue superado por
las partes, quienes de mutuo acuerdo hicieron arreglos y tomaron medidas para
conjurar y subsanar los obstáculos presentados por el actuar deficiente de la
contratante, sin que con tales ajustes se hubieran formulado los reparos que ahora
se ventilan en sede judicial, tanto así que no existen objeciones del consorcio
contratista e, inclusive, en varias de las actas suscritas se aceptó que las
suspensiones no generaban costos adicionales para la universidad.
En otras palabras, para el a quo las dificultades del contrato No. 075 de 2008 ya
habían sido superadas en virtud de las modificaciones efectuadas por las partes
para conjurar dichas situaciones, por lo que no era dable que ahora uno de los
sujetos negociales desconociera dichos acuerdos para buscar un favorecimiento.
6.5. Finalmente, el Tribunal Administrativo del Huila advirtió que, en cualquier caso,
tampoco se demostró la causación de perjuicios, pues el simple hecho de que el
contratista haya asumido una mayor cantidad de obra y la asunción de ítems
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Demandantes: Álvaro Orlando Rojas Montenegro y otros
distintos en sí misma no acreditó un menoscabo, por lo que debía poner de presente
cómo ello repercutió negativamente en su patrimonio, lo que no ocurrió, de modo
que no existe prueba de que por las dificultades estudiadas se hubieran tenido que
asumir costos distintos a los convenidos.
7. Recurso de apelación
7.1. El 8 de octubre de 201913, los demandantes interpusieron recurso de apelación,
que fue concedido el 31 de octubre de 201914 y admitido el 9 de diciembre de 201915.
7.2. En su escrito, los recurrentes solicitaron revocar la sentencia apelada y, en su
lugar, acceder a las pretensiones de la demanda, con sustento en que, contrario a
lo concluido por el a quo, sí se demostró que la Universidad incumplió el contrato
No. 075 de 2008 por las falencias en que incurrió al deber de planeación y que, a la
postre, llevaron a que el consorcio Obracic tuviera que asumir una mayor
permanencia. Subsidiariamente ratificaron que, de no prosperar lo anterior, se
habría configurado un enriquecimiento sin justa causa, pues el Estado se vio
beneficiado por recibir obras que no pagó en su totalidad.
7.3. La parte apelante afirmó que las cláusulas mediante las cuales se consignó que
las modificaciones del contrato no generaban costos adicionales para la Universidad
“son absolutamente ilegales […] ya que limitan el derecho del contratista de poder
exigir la reparación de los daños”, de tal suerte que no pueden ser tenidas en cuenta
para resolver la disputa, a lo cual sumó que no eran definitivas, pues la única que
tendría tal connotación es la de la liquidación. Enseguida enfatizó en que está
sumamente acreditado el incumplimiento de la Universidad, tal y como el mismo
juzgador de primera instancia lo reconoció y, en todo caso, sí efectuó reclamaciones
sobre el particular durante la ejecución contractual.
También señaló que para el momento de suscripción del contrato no se exigía que
en cada acta modificatoria del acuerdo de voluntades tuvieran que hacerse
salvedades y reparos, pues el momento para tal efecto era el acta de liquidación,
13 Archivo 56 del índice 30 del expediente digital en la plataforma SAMAI.
14 Archivo 48 del índice 30 del expediente digital en la plataforma SAMAI.
15 Archivo 57 del índice 30 del expediente digital en la plataforma SAMAI.
13
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Demandantes: Álvaro Orlando Rojas Montenegro y otros
en la cual el consorcio Obracic se reservó el derecho a reclamar judicialmente las
sumas no reconocidas en el cruce de cuentas.
7.4. Por otro lado, el extremo activo de la litis consideró que el a quo ignoró el
argumento “conforme se dijo en los alegatos de conclusión y porque no decirlo en
la propia demanda” de que la Universidad liquidó el contrato sin que el objeto
negocial hubiera fenecido, omitiendo consignar dicha irregularidad en tal decisión e
incumpliendo así el negocio jurídico.
7.5. También indicó que los perjuicios fueron debidamente acreditados, pues a raíz
de la mayor cantidad de obra y de la terminación intempestiva del contrato, sin que
el objeto hubiera sido finalizado, el consorcio Obracic percibió una suma menor a la
esperada como retribución de su labor.
Al punto, puso de presente que una cosa es la demostración del perjuicio y otra la
determinación de su monto y que, so pretexto de la falta de especificidad de lo
segundo no se podía denegar lo primero, en especial porque se probó
adecuadamente que el plazo del contrato se incrementó en un 43%, lo que generó
un sobrecosto de $261’041.655 y se dejó de percibir una utilidad del 5% así como
se constituyeron otras sumas en su favor como el lucro cesante.
7.6. Finalmente, cuestionó que el juzgador de primera instancia hubiera concluido
que el enriquecimiento sin justa causa debía ser formulado a través de la reparación
directa, por cuanto nada le impedía estudiar tal aspecto de fondo.
8. Actuación en segunda instancia
8.1. Una vez concedido y admitido el recurso de apelación, el 4 de marzo de 202016
se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para
que, si a bien lo tenía, rindiera concepto.
16 Archivo 63 del índice 30 del expediente digital en la plataforma SAMAI.
14
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Demandantes: Álvaro Orlando Rojas Montenegro y otros
8.2. La Universidad alegó de conclusión17 y reiteró los argumentos plasmados en
oportunidades procesales precedentes, entre ellos que, si bien el contrato No. 075
de 2008 fue modificado por dificultades en su ejecución, cada ajuste fue convenido
a satisfacción por el consorcio Obracic, quien fue debidamente remunerado según
lo convenido. A su vez, revalidó que no se cuestionó la legalidad del acta de
liquidación y que no se hicieron salvedades debidamente.
8.3. La parte demandante y el Ministerio Público guardaron silencio.
III. CONSIDERACIONES
Para resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, la Sala
analizará los siguientes aspectos: (1) jurisdicción y competencia del Consejo de
Estado para conocer el presente asunto, (2) régimen jurídico del contrato No. 075
de 2008 y su acta de liquidación, (3) procedencia del medio de control, (4)
oportunidad de la demanda incoada, (5) legitimación en la causa, (6) problemas
jurídicos, (7) hechos probados, (8) solución a los problemas jurídicos, y (9) costas.
1. Jurisdicción y competencia
La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer del
asunto, con fundamento en el artículo 10418 del CPACA19, vigente a la fecha de
presentación de la demanda, pues el contrato de obra No. 075 del 28 de noviembre
de 2008 y el acta de liquidación bilateral del 18 de noviembre de 2010 fueron
17 Archivo 65 del índice 30 del expediente digital en la plataforma SAMAI.
18 “Artículo 104. De la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. La Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución
Política y en leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos,
omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las
entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa. // Igualmente, conocerá
de los siguientes procesos: […] 2. Los relativos a los contratos, cualquiera que sea su régimen, en
los que sea parte una entidad pública […]”.
19 La Ley 1437 de 2011 o CPACA resulta aplicable al presente asunto, sin consideración a la reforma
de la Ley 2080 de 2021, dado que la demanda se radicó el 19 de noviembre de 2012 y el recurso de
apelación se presentó el 8 de octubre de 2019, esto es, de manera previa a la entrada en vigor de
tal norma. Igualmente, la Ley 1564 de 2012 o CGP es aplicable al sub lite, por remisión expresa del
artículo 306 del primer estatuto mencionado.
15
Radicado: 410012333000201200184-02 (65351)
Demandantes: Álvaro Orlando Rojas Montenegro y otros
suscritos por la Universidad Surcolombiana -en tanto universidad pública20- con
ocasión de la licitación pública No. 075 de 2008 que adelantó.
Igualmente, el Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de
apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del
Huila, de conformidad con el artículo 15021 y el numeral 5 del artículo 15222 del
CPACA, dada la vocación de doble instancia del proceso, teniendo en cuenta que
la pretensión mayor para la fecha de presentación de la demanda, el 19 de
noviembre de 2012, supera los 500 SMLMV23.
2. Régimen del contrato de obra No. 075 del 28 de noviembre de 2008 y del
acta de liquidación bilateral del 18 de noviembre de 2010
Antes de continuar con el estudio de los restantes presupuestos procesales, es
menester precisar el régimen jurídico del contrato de obra No. 075 del 28 de
noviembre de 2008 y del acta de liquidación bilateral del 18 de noviembre de 2010
que ocupa la atención de la Sala, comoquiera que, según será materia de posterior
análisis, aquel tiene particular incidencia en la óptica bajo la cual ha de abordarse
el análisis sobre el fondo del asunto.
20 De conformidad con el Estatuto General de la Universidad Surcolombiana, expedido por dicho
claustro mediante el Acuerdo No. 075 del 7 de diciembre de 1994, esa institución “es una comunidad
educativa de nivel superior, autónoma, deliberante, abierta, participativa, organizada
institucionalmente e integrada por sus estudiante, profesores, directivos, egresados, trabajadores y
empleados. Como Institución la Universidad Surcolombiana es de carácter Estatal, del orden
nacional, con régimen especial y personería jurídica vinculada al Ministerio de Educación Nacional;
creada por la Ley 55 de 1968 como Instituto Universitario, reorganizada como Universidad por la Ley
13 de 1976 y reconocida mediante Resolución 9062 del 26 de octubre de 1976 expedida por el
Ministerio de Educación Nacional”.
21 “Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación.
[modificado por el artículo 615 del CGP]. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de
este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación
por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto al que corresponda, o no se concedan
los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia […]”.
22 Artículo 152. Los Tribunales Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes
asuntos: […] 5. De los relativos a los contratos, cualquiera que sea su régimen, en que sea parte una
entidad pública en sus distintos órdenes o un particular en ejercicio de funciones propias del Estado,
y de los contratos celebrados por cualquier entidad prestadora de servicios públicos domiciliarios en
los cuales se incluyan cláusulas exorbitantes, cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios
mínimos legales mensuales vigentes […]”.
23 Lo anterior, teniendo en cuenta que en el asunto de conocimiento se formularon pretensiones de
controversias contractuales y que la pretensión mayor fue de $544’491.165, monto que excedió 500
veces la suma de $566.700 (566.700 x 500 = 283’350.000), que correspondía al salario mínimo legal
mensual vigente para la fecha de presentación de la demanda -19 de noviembre de 2012-.
16
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Demandantes: Álvaro Orlando Rojas Montenegro y otros
El artículo 69 de la Constitución de 199124 dispone que las universidades están
dotadas de autonomía universitaria, lo que implica que pueden darse sus directivas
y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley; además, establece que
las universidades de naturaleza estatal tendrán un régimen especial. En
consonancia con lo anterior, el artículo 28 de la Ley 30 de 199325 estipuló que la
autonomía universitaria implica el reconocimiento del derecho a darse sus propios
estatutos, designar autoridades, establecer sus programas académicos y definir sus
labores, así como establecer, arbitrar y aplicar sus recursos, entre otros.
Por su parte, el artículo 57 de la Ley 30 de 199326 prescribió que las universidades
estatales se organizarían como entes universitarios autónomos, con un régimen
especial y, como consecuencia, contarían con personería jurídica propia, autonomía
académica, administrativa y financiera, patrimonio independiente y un manejo
propio del presupuesto. En virtud de tal mandato, el artículo 9327 de ese estatuto
determinó que, salvo las excepciones de ley, los contratos que suscriban las
universidades estatales se regirán por las normas de derecho privado y sus efectos
estarán sujetos a las normas civiles y comerciales, según la naturaleza de esos
negocios jurídicos.
Como se observa, el querer del legislador fue que, dado que las universidades
públicas son entidades de naturaleza autónoma, los contratos que suscriban se
24 “Artículo 69. Se garantiza la autonomía universitaria. Las universidades podrán darse sus
directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley. // La ley establecerá un régimen
especial para las universidades del Estado […]”.
25 “Artículo 28. La autonomía universitaria consagrada en la Constitución Política de Colombia y de
conformidad con la presente Ley, reconoce a las universidades el derecho a darse y modificar sus
estatutos, designar sus autoridades académicas y administrativas, crear, organizar y desarrollar sus
programas académicos, definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas
y culturales, otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a sus profesores, admitir a sus alumnos
y adoptar sus correspondientes regímenes y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el
cumplimiento de su misión social y de su función institucional”.
26 “Artículo 57. Las universidades estatales u oficiales deben organizarse como entes universitarios
autónomos, con régimen especial y vinculados al Ministerio de Educación Nacional en lo que se
refiere a las políticas y la planeación del sector educativo. // Los entes universitarios autónomos
tendrán las siguientes características: Personería jurídica, autonomía académica, administrativa y
financiera, patrimonio independiente y podrán elaborar y manejar su presupuesto de acuerdo con
las funciones que le corresponden”.
27 “Artículo 93. Salvo las excepciones consagradas en la presente ley, los contratos que para el
cumplimiento de sus funciones celebren las universidades estatales u oficiales, se regirán por las
normas del derecho privado y sus efectos estarán sujetos a las normas civiles y comerciales, según
la naturaleza de los contratos. // PARÁGRAFO. Se exceptúan de lo anterior los contratos de
empréstito, los cuales se someterán a las reglas previstas para ellos por el Decreto 222 de 1983 y
demás disposiciones que lo modifiquen, complementen o sustituyan”.
17
Radicado: 410012333000201200184-02 (65351)
Demandantes: Álvaro Orlando Rojas Montenegro y otros
gobiernan por derecho común y no por el Estatuto General de la Contratación de la
Administración Pública -EGCAP- y sus reformas, de manera que, como la licitación
pública No. 008 de 2008 y el contrato de obra No. 075 del 28 de noviembre de 2008
fueron suscritos por la Universidad Surcolombiana para el desarrollo de sus
actividades y funciones, aquellos se rigen por el derecho civil y mercantil.
Ahora bien, tal y como lo ha indicado de tiempo atrás esta Subsección, las
consecuencias jurídicas del régimen contractual no se circunscriben únicamente al
ámbito de celebración o ejecución del contrato, sino que también concierne a los
actos de las partes, encaminados a su formación. De ahí que en casos, como el de
las universidades públicas, en los que la Ley excluye la aplicación del EGCAP y
remite a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables al caso, dicha
regulación no puede limitarse a la fase de ejecución negocial, sino que abarca todo
el iter contractual, es decir, las fases precontractual, contractual y postcontractual
del negocio jurídico, de tal suerte que en cada uno de aquellos momentos la regla
predominante será la autonomía privada y las normas supletivas28.
En estos casos, como la entidad pública no actúa en posición de supremacía de la
Administración, sino como un particular, no emite actos administrativos con carácter
ejecutivo y ejecutorio. Por tanto, aquellos corresponderán a actos de gestión
contractual como expresión de la autonomía privada, con excepción de los casos
en los que las disposiciones legales y reglamentarias dispongan lo contrario29.
Finalmente, la jurisprudencia de unificación del Consejo de Estado también ha
ratificado que en tratándose de los contratos suscritos por las entidades prestadoras
de servicios públicos domiciliarios y los actos proferidos en virtud de la ejecución
contractual, su régimen aplicable es el derecho privado y en tal virtud no se profieren
actos administrativos, en concordancia con la exclusión de la Ley 80 de 1993
efectuada por la Ley 142 de 1998, sin que corresponda extender dicho régimen por
cuenta de la voluntad de las partes, criterio que con mayor razón es extensible a las
28 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 28 de febrero de 2020.
Radicado 05001233100019960056701 (31628).
29 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 5 de julio de 2018. Radicado
05001233100019970268601 (59530).
18
Radicado: 410012333000201200184-02 (65351)
Demandantes: Álvaro Orlando Rojas Montenegro y otros
universidades públicas, en tanto por mandato del legislador su régimen es el del
derecho civil y mercantil30.
Descendiendo al caso concreto, se observa que la controversia sometida a juicio
gira en torno a la responsabilidad de la Universidad por incumplir el contrato de obra
No. 075 del 28 de noviembre de 2008 y por suscribir el acta de liquidación bilateral
del 18 de noviembre de 2010 sin incluir una contraprestación mayor en favor del
consorcio Obracic por una mayor permanencia en la obra.
En ese contexto, el contrato de obra No. 075 del 28 de noviembre de 2008, así como
el acta de liquidación bilateral del 18 de noviembre de 2010 se rigen por las
disposiciones de derecho privado en virtud de lo previsto en el artículo 93 de la Ley
30 de 1993, que excluyó la aplicación de la Ley 80 de 1993 y sus reformas a los
contratos que celebren esas entidades, sin distingo de su contenido, aunado a lo
cual se pone de presente que la decisión mediante la cual se convino el corte de
cuentas no es un acto administrativo, en virtud de la normativa que le es aplicable y
considerando que es una decisión bilateral.
3. Procedencia del medio de control
En virtud de lo previsto en el artículo 14131 del CPACA, cualquiera de las partes de
los contratos estatales puede demandar para que se declare su existencia o su
nulidad, se ordene su revisión, se declare el incumplimiento, se anulen los actos
administrativos contractuales, se condene a quien se considere responsable a
indemnizar los perjuicios y/o se liquide el contrato, entre otras declaraciones y
30 Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera. Sentencia del 9 de mayo de 2024. Radicado
76001233100020060332003 (53.962).
31 “Artículo 141. Controversias contractuales. Cualquiera de las partes de un contrato del Estado
podrá pedir que se declare su existencia o su nulidad, que se ordene su revisión, que se declare su
incumplimiento, que se declare la nulidad de los actos administrativos contractuales, que se condene
al responsable a indemnizar los perjuicios, y que se hagan otras declaraciones y condenas. Así
mismo, el interesado podrá solicitar la liquidación judicial del contrato cuando esta no se haya logrado
de mutuo acuerdo y la entidad estatal no lo haya liquidado unilateralmente dentro de los dos (2)
meses siguientes al vencimiento del plazo convenido para liquidar de mutuo acuerdo o, en su
defecto, del término establecido por la ley. // Los actos proferidos antes de la celebración del contrato,
con ocasión de la actividad contractual, podrán demandarse en los términos de los artículos 137 y
138 de este Código, según el caso. // El Ministerio Público o un tercero que acredite un interés directo
podrán pedir que se declare la nulidad absoluta del contrato. El juez administrativo podrá declararla
de oficio cuando esté plenamente demostrada en el proceso, siempre y cuando en él hayan
intervenido las partes contratantes o sus causahabientes”.
19
Radicado: 410012333000201200184-02 (65351)
Demandantes: Álvaro Orlando Rojas Montenegro y otros
condenas. El legislador también previó que el Ministerio Público o un tercero que
acredite un interés directo podrían solicitar la nulidad absoluta del contrato, la que
también puede ser declarada de oficio por el juez.
Comoquiera que la contienda formulada en el asunto sub judice se refiere a la
responsabilidad contractual de la Universidad por no reconocer una remuneración
adicional en favor del consorcio Obracic por las mayores cantidades de obra que
afirmó haber asumido en virtud de la ejecución del contrato de obra No. 075 del 28
de noviembre de 2008, liquidado bilateralmente el 18 de noviembre de 2010, el
medio de control procedente es el de controversias contractuales, ya que se
formularon pretensiones de incumplimiento contractual.
4. Oportunidad del medio de control
Según lo previsto en el inciso 1 del literal j) del numeral 2 del artículo 16432 del
CPACA, y en atención a que se está ante un asunto exclusivamente regido por el
derecho privado, los miembros del consorcio Obracic contaban con 2 años para
impugnar el contrato, contados a partir del día siguiente a los motivos de hecho y
de derecho que le sirvan de fundamento a sus pretensiones.
En la medida en que en el asunto de estudio se persigue la declaratoria de
incumplimiento del contrato 075 de 2008 y la anulación del acta bilateral de
liquidación del 18 de noviembre de 2010, así como subsidiariamente un
enriquecimiento sin justa causa por cuenta en una mayor permanencia e ítems
adicionales no pagados, corresponde contabilizar los 2 años para demandar a partir
del cruce final de cuentas, ya que hasta tal momento los miembros del consorcio
Obracic conocieron el saldo final de pago del contrato reconocido por la Universidad.
Así las cosas, dado que el corte de cuentas se efectuó bilateralmente mediante el
acta del 18 de noviembre de 2010, suscrita por todos los sujetos negociales como
producto de la cláusula decimoquinta del contrato No. 075 de 2008, que dispuso
32 “Artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser presentada: […]
2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad: […] j) En las relativas a contratos
el término para demandar será de dos (2) años que se contarán a partir del día siguiente a la
ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento […].
20
Radicado: 410012333000201200184-02 (65351)
Demandantes: Álvaro Orlando Rojas Montenegro y otros
que llevaría a cabo por las partes dentro de los 2 meses siguientes a su
terminación33, aquellos podían ejercer el derecho de acción desde el 19 de
noviembre de 2010 y hasta el 19 de noviembre de 2012 y, en la medida en que la
demanda se radicó en esa última fecha, fue presentada en término, al margen de
que la etapa de conciliación extrajudicial se surtió entre el 12 de junio y el 27 de
agosto de 201234.
5. Legitimación en la causa
El señor Álvaro Orlando Rojas Montenegro y las sociedades Gerencia Integral de
Proyectos Proyicont LTDA. y Obracic LTDA, como miembros del consorcio
Obracic35, y la Universidad Surcolombiana, están legitimados en la causa por activa
y por pasiva respectivamente, ya que suscribieron el contrato No. 075 de 2008 y el
acta de liquidación del 18 de noviembre de 2010 frente a los cuales se alegó un
incumplimiento por una mayor permanencia en obra cuyo pago no se efectuó.
6. Problemas jurídicos
De conformidad con los cargos expuestos en el recurso de alzada, corresponde a
la Sala determinar si durante la ejecución del contrato No. 075 de 2008 se presentó
una mayor permanencia en la obra por una falta al deber de planeación de la
Universidad y, en tal escenario, si las partes superaron dicha circunstancia sin que
se le deba nada al consorcio Obracic, o si por el contrario se lo obligó a ejecutar el
proyecto con las dificultades mencionadas sin una remuneración a cambio,
incumpliéndose las obligaciones negociales por la contratante, lo que llevaría a que
se le resten efectos al acta de liquidación del 18 de noviembre de 2010 para
efectuarse un nuevo corte de cuentas en sede judicial.
En caso de que lo anterior no prospere, se debe establecer, subsidiariamente, si se
configuró un enriquecimiento sin justa causa por cuenta de una mayor permanencia
en la obra, o si dicha circunstancia no se encausa en los elementos de dicha figura.
33 Páginas 146 a 152 del archivo 179 del índice 30 del expediente digital en la plataforma SAMAI.
34Archivo 78 del índice 30 del expediente digital en la plataforma SAMAI.
35 Páginas 154 a 155 del archivo 173 del índice 30 del expediente digital en la plataforma SAMAI.
21
Radicado: 410012333000201200184-02 (65351)
Demandantes: Álvaro Orlando Rojas Montenegro y otros
De prosperar la pretensión principal o la subsidiaria, se ha de verificar si se demostró
la causación de los perjuicios ocasionados por una mayor permanencia en la obra
o si por el contrario aquellos no fueron probados.
Aunque los demandantes formularon en los alegatos de conclusión y en el recurso
de apelación un reproche dirigido a cuestionar que, con el acta de liquidación del 18
de noviembre de 2010 se interrumpió intempestivamente la finalización de la obra,
impidiendo así que el consorcio contratista lograra culminarla y por tal aspecto vio
mermada su expectativa de utilidad, lo cierto es que tal reproche no obra en la
demanda, escrito en el que únicamente se mencionó tal circunstancia dentro de los
antecedentes, pero no se indicó cómo ello constituyó una irregularidad, al punto de
que no guarda una relación directa con la mayor permanencia de obra alegada
dentro del cuestionamiento principal36.
Sobre el particular se pone de presente que no basta con enunciar un hecho para
que este se entienda como un reproche, pues al demandante le asiste la carga de
indicar el fundamento de derecho y el alcance de su cargo, como lo exige el artículo
162 del CPACA37, nada de lo cual sucedió frente al argumento de la interrupción
intempestiva de la obra, pues solo hasta los alegatos de conclusión y la apelación
se formularon argumentos para cuestionar dicha circunstancia, lo que era
extemporáneo, dado que el momento para efectuar tal reproche era la demanda.
Por lo tanto, la Sala se abstendrá de pronunciarse sobre la anterior circunstancia,
so pena de infringir el principio de congruencia, que enmarca la presente decisión a
lo formulado por el demandante desde su escrito inicial y en virtud del cual el ad
36 Página 11 del archivo 74 del índice 30 del expediente digital en la plataforma SAMAI.
37 “Artículo 162. Contenido de la demanda. Toda demanda deberá dirigirse a quien sea competente
y contendrá: 1. La designación de las partes y de sus representantes. 2. Lo que se pretenda,
expresado con precisión y claridad. Las varias pretensiones se formularán por separado, con
observancia de lo dispuesto en este mismo Código para la acumulación de pretensiones. 3. Los
hechos y omisiones que sirvan de fundamento a las pretensiones, debidamente determinados,
clasificados y numerados. 4. Los fundamentos de derecho de las pretensiones. Cuando se trate de
la impugnación de un acto administrativo deberán indicarse las normas violadas y explicarse el
concepto de su violación. 5. La petición de las pruebas que el demandante pretende hacer valer. En
todo caso, este deberá aportar todas las documentales que se encuentren en su poder. 6. La
estimación razonada de la cuantía, cuando sea necesaria para determinar la competencia. 7. El lugar
y dirección donde las partes y el apoderado de quien demanda recibirán las notificaciones
personales. Para tal efecto, podrán indicar también su dirección electrónica”.
22
Radicado: 410012333000201200184-02 (65351)
Demandantes: Álvaro Orlando Rojas Montenegro y otros
quem, al resolver el recurso de apelación, debe circunscribirse tanto a ello, como a
lo que se formule en la alzada, sin que en aquella se puedan añadir argumentos no
presentados en el libelo introductorio, so pena de sorprender a la parte demandada
con cargos que no fueron presentados desde el primer momento38.
A propósito de lo indicado, se resolverán únicamente los cargos de apelación que
guardan congruencia con los cuestionamientos de la demanda.
7. Hechos probados
En el marco de lo expuesto, se establecerá cuáles son los hechos probados que
resultan relevantes para decidir la controversia sometida a juicio en esta instancia.
Para tal efecto, la Sala analizará los documentos aportados al proceso de
conformidad con lo previsto en el artículo 24639 del CGP. A su vez, se revisarán los
testimonios recaudados en virtud de lo prescrito en el artículo 21140 del CGP.
7.1. El procedimiento licitatorio No. 008 de 2008 y sus documentos
7.1.1. El 20 de junio de 200841, la Universidad llevó a cabo el estudio de
conveniencia y oportunidad, en el cual se analizó la posibilidad de contratar la
construcción del bloque esquina noroccidental, contiguo al barrio Santa Inés, de
dicho claustro. Allí se justificó de la necesidad de llevar a cabo dicha infraestructura
en la necesidad de dotar de nuevos espacios a la comunidad estudiantil.
Dentro de las especificaciones técnicas y anexos del edificio, se indicó que el
38 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 13 de marzo de 2024. Radicado
18001-23-33-000-2015-00105-01 (62848).
39 “Artículo 246. Valor probatorio de las copias. Las copias tendrán el mismo valor probatorio del
original, salvo cuando por disposición legal sea necesaria la presentación del original o de una
determinada copia […] Sin perjuicio de la presunción de autenticidad, la parte contra quien se aduzca
copia de un documento podrá solicitar su cotejo con el original, o a falta de este con una copia
expedida con anterioridad a aquella. El cotejo se efectuará mediante exhibición dentro de la
audiencia correspondiente”.
40 “Artículo 211. Imparcialidad del testimonio. Cualquiera de las partes podrá tachar el testimonio de
las personas que se encuentren en circunstancias que afecten su credibilidad o imparcialidad, en
razón de parentesco, dependencias, sentimientos o interés en relación con las partes o sus
apoderados, antecedentes personales u otras causas. // La tacha deberá formularse con expresión
de las razones en que se funda. El juez analizará el testimonio en el momento de fallar de acuerdo
con las circunstancias de cada caso”.
41 Páginas 6 a 8 del archivo 167 del índice 30 del expediente digital en la plataforma SAMAI.
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contratista “está obligado a verificar las especificaciones, planos, cotas y
dimensiones, antes de iniciar los trabajos y en caso de encontrar divergencias,
cualquiera que ellas fuesen, deberá solicitar por escrito la respectiva aclaración lo
más pronto posible ante la interventoría, o en caso contrario al presentarse la
necesidad de hacer correcciones después de adelantada la obra, el costo de esta
será por cuenta del contratista” 42.
También se precisó que el pago de la obra sería a precios unitarios y que,
eventualmente, el contratante podría ordenar al contratista la no ejecución de alguna
parte de la construcción de acuerdo con la disponibilidad de fondos, o la disminución
de la obra para compensar el costo de obras adicionales o reajustes de precios
cuando se considere indispensable.
7.1.2. El 26 de junio de 200843 el comité de contratación de la Universidad profirió
la Resolución No. 206, mediante la cual constató que el procedimiento que tenía por
objeto la “construcción del Bloque Esquina Noroccidental contiguo al barrio Santa
Inés (centro académico y cultural de la Universidad Surcolombiana)” contaba con el
estudio de conveniencia y oportunidad, concepto técnico y un presupuesto oficial
por $2.710’752.307, así como con una licencia de construcción expedida por la
Curaduría Urbana de Neiva.
7.1.3. El 29 de septiembre de 200844 se realizaron los estudios previos, en los que
se ratificó la necesidad de que la Facultad de Economía y Administración de la
Universidad contrate una infraestructura para prestar un servicio con eficiencia y
calidad, a través de un contrato de obra pública, bajo la modalidad de precios
unitarios, como resultado de un proceso de licitación pública y en virtud del manual
de contratación de la entidad.
7.1.4. En la hoja de ruta de la licitación pública No. 008 de 2008, se estipuló que: i)
el contrato se ejecutaría en 10 meses, a partir de la fecha de suscripción del acta
del acta de iniciación y ii) el plazo presupuesto sería de $2.873’752.74245.
42 Páginas 23 a 90 del archivo 167 del índice 30 del expediente digital en la plataforma SAMAI.
43 Páginas 87 a 92 del archivo 167 del índice 30 del expediente digital en la plataforma SAMAI.
44 Páginas 97 a 100 del archivo 167 del índice 30 del expediente digital en la plataforma SAMAI.
45 Página 106 del archivo 167 del índice 30 del expediente digital en la plataforma SAMAI.
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7.1.5. En virtud de los documentos anteriores, mediante Resolución No. 0132 del
29 de octubre de 200846 se dio apertura a la licitación pública No. 008 de 2008, cuyo
objeto consistió en seleccionar al oferente que tuviera las mejores condiciones para
la construcción del bloque esquina noroccidental contiguo al barrio Santa Inés.
7.1.6. En el pliego de condiciones47 de la licitación, cuyo objeto fue la contratación
de la construcción del bloque esquina noroccidental contiguo al barrio Santa Inés,
se reafirmó que el contrato se ejecutaría en 10 meses, contados a partir del acta de
iniciación, con un presupuesto de $2.873’752.742 y las actividades a realizar
consistirían, según el numeral 17, en:
• Adecuaciones en cimentación.
• Instalaciones subterráneas “(desagües)”.
• Estructuras en concreto.
• Mampostería, pañetes, cubiertas, cielorraso, pisos, enchapes y accesorios.
• Instalaciones hidráulicas y eléctricas.
• Carpintería de madera y metálica.
• Cerrajería y vidrios.
• Pintura y demás aspectos necesarios para la construcción.
Por otro lado, el numeral 20 del documento indicó que el contratista colaboraría con
la Universidad en lo que fuera necesario para que el objeto del contrato se cumpla,
así como suscribiría junto con la contratante las actas de iniciación, liquidación y las
demás necesarias para el cumplimiento del contrato.
En el numeral 41.11 se estipuló que el costo de la propuesta se desglosaría
estableciendo los precios unitarios y totales de la propuesta y, al punto, el numeral
41.12 dictaminó que el análisis de precios unitarios implicaría que se
individualizarían los ítems ofrecidos y sus valores.
En el numeral 51 del capítulo VI) del documento, denominado condiciones del
46 Páginas 194 a 196 del archivo 167 del índice 30 del expediente digital en la plataforma SAMAI.
47 Páginas 197 a 226 del archivo 167 del índice 30 del expediente digital en la plataforma SAMAI.
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contrato, también se estipuló que serían documentos del contrato: el negocio
jurídico, los pliegos de condiciones, las adendas proferidas por la Universidad, la
propuesta del contratista, el acta de iniciación, las especificaciones, los
complementos que se agreguen y todas las demás actas, convenios y
compromisos, así como las modificaciones o cambios que se convengan por los
sujetos negociales.
El numeral 55 el documento señaló como obligaciones del contratista las de cumplir
con el objeto del contrato según las cantidades de obra y precios contenidos en la
propuesta; llevar a cabo todas las labores necesarias para alcanzar el objeto,
ciñéndose a las normas técnicas vigentes; y contar con el personal suficiente para
llevar a cabo el objeto negocial.
Por otra parte, los numerales 60 y 61 establecieron que el contrato no podría
adicionarse en más de un 50% de su valor inicial, y de existir circunstancias no
imputables al contratista que impidan el desarrollo del objeto negocial se podría
suspender temporalmente su ejecución, mediante común acuerdo de las partes.
7.1.7. El 4 de noviembre de 2008 a las 11:00 am48 se realizó una visita obligatoria
al área del bloque esquina noroccidental contiguo al barrio Santa Inés que habría
de construirse, a la cual asistió el consorcio Obracic, representado por el ingeniero
civil Álvaro Orlando Rojas Montenegro, para “conocer detalladamente las
especificaciones técnicas objeto de la licitación pública No. 008 de 2008”.
7.1.8. El 11 de noviembre de 200849, la Universidad realizó el cierre del proceso
licitatorio y recibió ofrecimientos de los consorcios Obracic e Intercon.
El consorcio Obracic50 señaló como contraprestación esperada la suma de
$2.847’924.926,06 y afirmó contar con personal y maquinaria pesada para llevar a
cabo el objeto negocial.
48 Páginas 5 a 113 del archivo 169 del índice 30 del expediente digital en la plataforma SAMAI.
49 Páginas 148 a 150 del archivo 169 del índice 30 del expediente digital en la plataforma SAMAI.
50 Páginas 6 a 244 del archivo 173 del índice 30 del expediente digital en la plataforma SAMAI.
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7.1.9. El 21 de noviembre de 200851, la Universidad adjudicó al consorcio Obracic
la licitación pública No. 008 de 2008, por la suma de $2.847’924.926, por hacer el
ofrecimiento más favorable para el claustro universitario.
7.2. El contrato de obra No. 075 del 28 de noviembre de 2008
El 28 de noviembre de 200852, la Universidad y el consorcio Obracic suscribieron el
contrato de obra No. 075, que tuvo por objeto la realización de “la construcción del
Bloque Esquina Noroccidental contiguo al Barrio Santa Inés (Economía y
Administración) de la Universidad Surcolombiana, según cantidades de obra y
especificaciones técnicas [...]”.
Enseguida, se añadieron los ítems que conformarían la obra, tales como redes de
agua, muros, vigas, rellenos, tuberías, columnas, lozas, dinteles, alfajías, desagües,
sanitarios, sifones, redes de suministro de energía, contadores, puertas de vidrio,
estuco, espejos, marmolina y aseo, entre otros.
En el parágrafo de la cláusula segunda se indicó que harían parte integral del
contrato la propuesta presentada por el contratista, la disponibilidad presupuestal y
los documentos que se produzcan en la ejecución del negocio jurídico. Igualmente,
la cláusula tercera dispuso como valor del acuerdo de voluntades la suma de
$2.847’924.926 y en la cláusula quinta se consagró como plazo del contrato 10
meses, contados a partir del acta de iniciación.
En cuanto a la forma de pago, el parágrafo de la cláusula cuarta determinó que se
pagaría en calidad de anticipo el 30% del valor del contrato y el saldo restante
mediante actas parciales de avance de obras, hasta completar el 90%. La última
acta de pago cubriría el 10% faltante.
51 Páginas 18 a 22 del archivo 75 y 43 a 47 del archivo 175 del índice 30 del expediente digital en la
plataforma SAMAI.
52 Páginas 70 a 85 del archivo 175 del índice 30 del expediente digital en la plataforma SAMAI.
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Como obligaciones del contratista, la cláusula séptima prescribió que estarían las
de entregar a satisfacción las obras convenidas con la universidad, según las
cantidades y especificaciones técnicas relacionadas en los pliegos de condiciones
de la licitación; efectuar autocontrol mediante ensayos de campo, estudios de suelo,
de laboratorio y control de materiales, en los casos que se requieran, de acuerdo
con las normas y especificaciones de construcción; ejecutar la obra de acuerdo con
los planos; y mantener el personal necesario para la realización de la obra. En
consonancia con lo anterior, en la cláusula decimoctava se convino que el
contratista sería responsable por la ejecución de la obra hasta su entrega final.
En el mismo sentido, la cláusula octava dispuso como obligaciones de la
contratante las de pagar en la forma pactada y recibir los trabajos realizados por el
contratista.
7.3. La ejecución del contrato de obra No. 075 de 2008 y sus posteriores
modificaciones
7.3.1. El 13 de enero de 200953 las partes suscribieron el acta de inicio del contrato
de obra y dejaron constancia de que se cumplieron los requisitos para el
perfeccionamiento y legalización del contrato, así como que el contratista contaba
con el equipo y personal ofrecido en la propuesta.
7.3.2. El 14 de enero de 200954 se convino la suspensión No. 001 del contrato de
obra No. 075 de 2008 “según lo acordado en el Comité de Obra de día de hoy”,
pues “se verificó que [los planos estructurales del proyecto] deben ser modificados
y actualizados, por cuanto los existentes no están diseñados cumpliendo las normas
sismorresistentes y no coinciden con el proyecto arquitectónico”, por lo que se hizo
necesario el rediseño y actualización de los planos, para dar inicio a los trabajos de
obra.
En virtud de la mencionada modificación contractual, el contratista se obligó a
actualizar la póliza o garantía única y este manifestó expresamente que “la presente
53 Páginas 97 y 100 del archivo 175 del índice 30 del expediente digital en la plataforma SAMAI.
54 Páginas 98 a 99 del archivo 175 del índice 30 del expediente digital en la plataforma SAMAI.
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suspensión del contrato no genera costos adicionales para LA UNIVERSIDAD”.
7.3.3. El 14 de enero de 200955 los sujetos negociales se reunieron y suscribieron
el acta del comité de obra No. 001, en la cual se revisó el juego de planos del
proyecto y se indicó que era necesario definir el día y la hora para la entrega oficial
de los planos definitivos en medio físico y magnético, así como analizar la
posibilidad de modificar la utilización del casetón, por otro tipo de material mucho
más eficiente para las placas del entrepiso de la obra. A su vez, se afirmó estarse
estudiando la demolición de las columnas ya construidas en el proyecto por no
ajustarse al nuevo diseño y la propuesta de demoler una parte de un muro, así como
de un permiso ambiental, todo lo cual redundó en la necesidad de un rediseño y
actualización de planos estructurales.
7.3.4. El 4 de febrero de 200956, la Universidad solicitó a la Corporación Autónoma
Regional del Alto Magdalena el visto bueno para talar 21 árboles en el área de
influencia del proyecto.
7.3.5. El 5 de febrero de 200957 se suscribió el informe técnico No. 001, en el cual
se recomendó que el rediseño y actualización de los planos estructurales fuera
realizado por un profesional especialista en la materia y que se insistiera en una
solicitud de visita y tala de árboles.
7.3.6. El 14 de marzo de 200958 las partes suscribieron el acta de reiniciación No.
01, mediante la cual manifestaron “que se han superado todas las circunstancias
que motivaron el acta de suspensión No. 01” y que “el contratista se compromete a
hacer una reprogramación de la obra, teniendo en cuenta los nuevos plazos del
contrato”. Como fecha de terminación se convino el 13 de enero de 2010 y el valor
del contrato se mantuvo en $2.847’924.926.
7.3.7. Entre el 17 de mayo y el 31 de julio de 2009, el interventor del contrato y el
consorcio Obracic suscribieron las siguientes actas de recibo parcial de obra, en las
55 Páginas 102 a 105 del archivo 175 del índice 30 del expediente digital en la plataforma SAMAI.
56 Página 106 del archivo 175 del índice 30 del expediente digital en la plataforma SAMAI.
57 Páginas 100 a 101 del archivo 175 del índice 30 del expediente digital en la plataforma SAMAI.
58 Páginas 112 a 113 del archivo 175 del índice 30 del expediente digital en la plataforma SAMAI.
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Radicado: 410012333000201200184-02 (65351)
Demandantes: Álvaro Orlando Rojas Montenegro y otros
que declararon que, para tales momentos se han ejecutado las cantidades de obra
según lo convenido:
Acta de recibo parcial Fecha Motivo
No. 1. 17 de mayo de 200959 Ejecución de las cantidades
según lo convenido.
No. 2. 12 de junio de 200960 Ejecución de las cantidades
según lo convenido.
No. 3. 31 de julio de 200961 Ejecución de las cantidades
según lo convenido.
7.3.8. El 21 de julio de 200962, las partes del contrato No. 075 de 2008 convinieron
la suspensión No. 002 de dicho negocio jurídico, debido a que los planos
estructurales entregados por la Universidad debían llevar a un cambio de las
especificaciones del proyecto, en lo correspondiente a: i) las columnas y pantallas
que pasan de concreto de 3000 PSI a concreto de 4000 PSI, ii) los muros en
concreto ciclópeo a concreto de 3000 PSI con refuerzo, iii) las especificaciones en
la placa de contrapiso, iv) la estructura de cubierta, v) el confinamiento de muros
para el cumplimiento de normas de sismo-resistencia, vi) las especificaciones
eléctricas para el cumplimiento de la normatividad Retie y, vii) las especificaciones
de los planos hidrosanitarios para el cumplimiento de normas.
A propósito de las anteriores circunstancias, se indicó que era necesario valorar
todos los cambios para saber el costo final del proyecto y cumplir con el objeto
contractual; sin embargo, el contratista manifestó que “la presente suspensión del
contrato no genera costos adicionales para la Universidad Surcolombiana”.
7.3.9. El 10 de agosto de 200963, las partes negociales suscribieron el acta de
reiniciación No. 002, en el cual reanudaron la ejecución contractual a partir de
dicha fecha, por lo que el plazo se extendió por 10 meses, contados desde la fecha
de la suscripción de la precitada modificación, así como también se mantuvo como
pago la suma de $2.847’924.926.
59 Páginas 114 a 119 del archivo 175 del índice 30 del expediente digital en la plataforma SAMAI.
60 Páginas 120 a 125 y 127 a 132 del archivo 175 del índice 30 del expediente digital en SAMAI.
61 Páginas 135 a 140 del archivo 175 del índice 30 del expediente digital en la plataforma SAMAI.
62 Páginas 144 a 145 del archivo 175 del índice 30 del expediente digital en la plataforma SAMAI.
63 Páginas 146 a 147 del archivo 175 del índice 30 del expediente digital en la plataforma SAMAI.
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Radicado: 410012333000201200184-02 (65351)
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Lo anterior se sustentó en que “se han superado las circunstancias que motivaron
el acta de suspensión No. 2” y en que “el contratista dispone del equipo y personal
técnico ofrecido en la propuesta y se compromete a hacer una reprogramación de
la obra, teniendo en cuenta los nuevos plazos del contrato”.
7.3.10. Entre el 15 de septiembre de 2009 y el 15 de diciembre de 2009, el
interventor del contrato y el consorcio Obracic suscribieron las siguientes actas de
recibo parcial de obra, en las que declararon que, para tales momentos se han
ejecutado las cantidades de obra según lo convenido:
Acta de recibo parcial Fecha Motivo
No. 4. 15 de septiembre de 200964 Ejecución de las cantidades
según lo convenido.
No. 5. 29 de octubre de 200965 Ejecución de las cantidades
según lo convenido.
No. 6. 15 de diciembre de 200966. Ejecución de las cantidades
según lo convenido.
7.3.11. El 28 de diciembre de 200967, los sujetos negociales suscribieron el acta de
suspensión No. 03 del contrato No. 075 de 2008 “por problemas de fuerza mayor
y caso fortuito con los suelos que obligaron a replantear dichos estudios, al igual
que a realizar ajustes en los demás estudios y diseños, para ajustarlos a normas
establecidas como NSR-98, RETIE, entre otras”. Como consecuencia, el
cronograma de ejecución de obras se postergó hasta el 4 de febrero de 2010 y,
como la vigencia presupuestal del contrato feneció el 31 de diciembre de 2009, se
requería trasladar los recursos al presupuesto de 2010. No obstante, no se cambió
el valor del contrato, pese a que el consorcio Obracic había solicitado una adición
presupuestal68, por considerarse que ello era improcedente, sin que ello le
mereciera un reparo o diferencia al contratista del negocio.
7.3.12. El 25 de enero de 201069, los sujetos negociales suscribieron el acta de
reiniciación No. 03, por el hecho de que “el Consejo Superior Universitario adicionó
64 Páginas 148 a 153 del archivo 175 del índice 30 del expediente digital en la plataforma SAMAI.
65 Páginas 158 a 164 del archivo 175 del índice 30 del expediente digital en la plataforma SAMAI.
66 Páginas 167 a 172 del archivo 175 del índice 30 del expediente digital en la plataforma SAMAI.
67 Páginas 206 a 207 del archivo 175 del índice 30 del expediente digital en la plataforma SAMAI.
68 Páginas 55 a 56 del archivo 75 del índice 30 del expediente digital en la plataforma SAMAI.
69 Páginas 208 a 209 del archivo 175 del índice 30 del expediente digital en la plataforma SAMAI.
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Radicado: 410012333000201200184-02 (65351)
Demandantes: Álvaro Orlando Rojas Montenegro y otros
el presupuesto de la Universidad Surcolombiana mediante Acuerdo No. 02 del 22
de enero de 2010, en el cual se incluyeron los recursos destinados a la construcción
del bloque esquina noroccidental contiguo al barrio Santa Inés […] razones por las
cuales se había suspendido el proyecto y una vez solucionadas son razones
suficientes para el reinicio a las obras objeto del contrato”. En tal decisión no se hizo
ninguna modificación al precio del negocio, por mutuo acuerdo, pese a que
anteriormente se pidió una adición del 50%70.
7.3.13. El 29 de enero de 201071, las partes negociales celebraron el acta de
suspensión No. 04, en el cual se resolvió paralizar la obra “mientras se definen las
obras no contratadas que por procesos constructivos son necesarias de ejecutar
como obras complementarias para lograr el cumplimiento del contrato”.
7.3.14. El 3 de marzo de 201072 las partes del contrato No. 075 de 2008 suscribieron
el acta de reiniciación No. 04, en la cual se reanudó el objeto negocial a partir de
dicha fecha, con apoyo en que “fueron definidas y justificadas las obras
complementarias no contratadas necesarias para el cumplimiento del objeto
contratado”. Allí no se modificó el precio del negocio, aunque se había pedido por
el contratista, pues lo que se hizo fue ajustar los ítems para que pudieran cubrirse
con el presupuesto inicial, sin reparo alguno de los sujetos negociales73.
7.3.15. En la misma fecha74, se suscribió el acta de justificación de adición en
tiempo al contrato de obra civil No. 075 de 2008, en la cual se indicó que “según
lo establecido en el acta de suspensión No. 04 del 29 de enero de 2010 del contrato
de obra, y solucionadas las causas que dieron origen a la suspensión, se requiere
para el normal desarrollo de la ejecución las obras no contratadas, justificadas y
aprobadas por el ordenador del gasto y requeridas para el cumplimiento del objeto
del contrato”, por lo que se resolvió adicionar el contrato en 26 días calendarios,
para que terminara el 30 de abril de 2010. A su vez, el contratista manifestó
renunciar a toda reclamación por la adición en tiempo y por las suspensiones
anteriores, en los siguientes términos (se transcriben en forma literal, incluso con
70 Página 78 del archivo 75 del índice 30 del expediente digital en la plataforma SAMAI.
71 Páginas 5 a 6 del archivo 177 del índice 30 del expediente digital en la plataforma SAMAI.
72 Páginas 7 a 8 del archivo 177 del índice 30 del expediente digital en la plataforma SAMAI.
73 Página 86 del archivo 75 del índice 30 del expediente digital en la plataforma SAMAI.
74 Páginas 10 a 11 del archivo 177 del índice 30 del expediente digital en la plataforma SAMAI.
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eventuales errores):
“Con la firma de la presente acta el contratista manifiesta que renuncia a
toda reclamación posterior por la presente adición en tiempo y por las
suspensiones en tiempos anteriores que por las razones expuestas dieron
lugar a ello”.
7.3.16. El mismo día se convino el acta de justificación No. 2 para la modificación
y aprobación de nuevos ítems y mayores cantidades de obra75, en la que se
puso de presente que la Curaduría Urbana 1° de Neiva ordenó: i) replantear la
ubicación del edificio “pasando de tres pisos a cuatro”, ii) considerar la existencia
de aguas subterráneas, iii) reformular los diseños eléctricos y arquitectónicos, y iv)
ajustar los diseños hidrosanitarios.
Enseguida se indicó que se añadirían actividades como relleno con material
seleccionado procedente de excavaciones, concreto de 3000 PSI, ruptura de
pavimento existente y su reconstrucción, suministro de instalación de tubería PVC
3’’ RDE 21, ventilaciones para el tanque de almacenamiento, conexión a red
existente pública, puntos sanitarios de 2’’, cajas de inspección, tuberías de
ventilación, pozo de inspección completo, sumideros con rejilla de polipropileno,
conexión de siamesas para bomberos, abrazaderas, luminarias fluorescentes,
interruptores sencillos, muros en ladrillos, impermeabilización y estructura metálica.
Los ítems necesarios y no contratados con sus precios unitarios se pusieron a
consideración y, tras su adición dentro de los ítems ya existentes se indicó que el
valor total del contrato con aquellos sería de $2.847’924.926, lo cual fue aceptado
por el consorcio Obracic al suscribir dicho ajuste.
7.3.17. En virtud de los ajustes anteriores por mayores cantidades de obra, el 8 de
marzo de 201076 se suscribió de común acuerdo el otrosí No. 001 al contrato de
obra civil, en el cual se incorporaron los nuevos ítems “a precios unitarios” del acta
de justificación No. 2 y, por lo tanto, se modificó la cláusula segunda del contrato
075 de 2008 con el propósito de incluirlos y ajustar los iniciales, por un total de
$2.847’924.897, es decir, el mismo valor del contrato en su concepción original.
75 Páginas 12 a 31 del archivo 177 del índice 30 del expediente digital en la plataforma SAMAI.
76 Páginas 73 a 85 del archivo 177 del índice 30 del expediente digital en la plataforma SAMAI.
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Radicado: 410012333000201200184-02 (65351)
Demandantes: Álvaro Orlando Rojas Montenegro y otros
A su vez, se adicionaron los 26 días calendarios del acta de justificación No. 1 “para
un plazo total de ejecución de trescientos veintiséis (326) días, contados a partir del
acta de inicio”. Finalmente, se prescribió que “las demás cláusulas del contrato
inicial no sufren modificaciones o alteración alguna y serán aplicables en similares
términos al presente otrosí No. 001”.
7.3.18. El 12 de marzo de 2010 el interventor del contrato y el consorcio Obracic
suscribieron la siguiente acta de recibo parcial de obra, en la que declararon que,
para tales momentos se han ejecutado las cantidades de obra según lo convenido
y que se mantenía el precio inicial del negocio:
Acta de recibo parcial Fecha Motivo
No. 7. 12 de marzo de 201077 Ejecución de las cantidades
según lo convenido.
7.3.19. El 16 de abril de 201078 el consorcio Obracic le advirtió al interventor que no
se emprendió la construcción de la estructura de cubierta pues les preocupaba que
ejecutando dicha actividad se superara el valor del contrato. Luego destacó que
“teniendo en cuenta que la nueva administración no tiene contemplado la adición
del contrato, nos aprestamos a iniciar la construcción y montaje de la estructura
metálica. La colocación de la cubierta queda suspendida a que el balance final nos
indique que su valor puede incluirse dentro del valor del contrato”. Finalmente, pidió
una prórroga de 60 días para terminar la estructura de la cubierta y para que se
definiera si el dinero disponible alcanza para colocarla y terminar los pañetes.
7.3.20. El 21 de abril de 201079, el interventor le solicitó a la Universidad la
ampliación del plazo del acuerdo de voluntades, donde también se le puso de
presente al consorcio Obracic que “la nueva administración no tiene contemplado,
hasta el momento, la adición del contrato”. Asimismo, precisó que “a partir de esa
fecha 3 de marzo de 2010, oficialmente se conocía que dentro del valor contractual
incluía el ítem de estructura metálica de cubierta”.
77 Páginas 86 a 123 del archivo 177 del índice 30 del expediente digital en la plataforma SAMAI.
78 Página 10 del archivo 179 del índice 30 del expediente digital en la plataforma SAMAI.
79 Páginas 7 a 9 del archivo 179 del índice 30 del expediente digital en la plataforma SAMAI.
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7.3.21. El 27 de abril de 201080, las partes negociales suscribieron el acta de
justificación de prórroga en tiempo No. 2 del contrato de obra, mediante la cual
se accedió a ampliar el plazo negocial en 60 días, para que la obra finalizara el 30
de junio de 2010 y, adicionalmente, se indicó que “no se va a dar el aumento del
valor contractual”, pese a que había sido pedido por el contratista81, lo que en todo
caso no le impidió compartir que se mantuviera el precio inicial en su favor. También
se convino que “el contratista manifiesta que renuncia a toda reclamación posterior
por la presente prórroga en el tiempo, teniendo en cuenta que se hace a solicitud
escrita del mismo”.
En línea con lo anterior, el 28 de abril de 201082 la Universidad reiteró que no
aceptaba una adición presupuestal del negocio, por el hecho de que lo que se ha
hecho es excluir la ejecución de ítems para que se ajusten al valor inicialmente
convenido.
7.3.22. El 29 de abril de 201083, los sujetos negociales suscribieron el otrosí No.
002 del contrato de obra, en el cual incorporaron los acuerdos del acta de
justificación de prórroga en el tiempo No. 2 y, por ende, se incrementó el plazo
negocial en 60 días calendarios y, enseguida, se prescribió que “las demás
cláusulas del contrato inicial no sufren modificaciones o alteración alguna y serán
aplicables en similares términos al presente otrosí No. 002”.
7.3.23. El 25 de mayo de 201084, las partes suscribieron el acta de justificación
técnica No. 3 para la modificación y aprobación de nuevos ítems y mayores
cantidades de obra del contrato, en la cual se enfatizó en que “la Universidad
Surcolombiana optó por no adicionar en valor el contrato 075 de 2008, lo que
conlleva a hacer un replanteamiento de algunos ítems” con el fin de ajustarlos al
costo inicialmente convenido y que así no se superara aquel, por lo que con ello “el
alcance presupuestal del contrato 075 de 2008 no se aumenta”.
80 Páginas 73 a 75 del archivo 179 del índice 30 del expediente digital en la plataforma SAMAI.
81 Páginas 90 a 97 del archivo 75 del índice 30 del expediente digital en la plataforma SAMAI.
82 Páginas 98 a 117 del archivo 75 del índice 30 del expediente digital en la plataforma SAMAI.
83 Páginas 76 a 77 del archivo 179 del índice 30 del expediente digital en la plataforma SAMAI.
84 Páginas 84 a 97 del archivo 179 del índice 30 del expediente digital en la plataforma SAMAI.
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Radicado: 410012333000201200184-02 (65351)
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7.3.24. El 30 de junio de 201085 los sujetos negociales suscribieron el acta de recibo
final de la obra, en la cual pusieron de presente que “no hubo” valor adicional al
contrato y se procedió a recibir a satisfacción la infraestructura en su estado final.
7.4. El acta de liquidación del contrato No. 075 de 2008 y la constancia de pago
por la Universidad
7.4.1. El 18 de noviembre de 201086, los sujetos negociales suscribieron el acta de
liquidación del contrato No. 075 de 2008, en la cual efectuaron el corte de cuentas
producto de la relación negocial y se precisó que se ejecutó el 97,95% del contrato
y, por tal razón, su valor final fue de $2.789’449.536,77 de lo cual la Universidad
adeudaba $303’691.253,77, lo cual procedería a pagar.
Sobre el punto, el consorcio Obracic se reservó el derecho a reclamar judicial o
extrajudicialmente los perjuicios causados por no haberse ejecutado la totalidad del
objeto del contrato, lo que supuso una disminución real de la utilidad esperada y
propuesta en la oferta, así como la expectativa que se tenía de culminar toda la
infraestructura, lo que sumado a las modificaciones de que fue objeto el negocio se
derivó en una mayor permanencia. El reparo se fundamentó en la siguiente forma
(se transcribe de forma literal, incluso con eventuales errores):
“Que el contratista CONSORCIO OBRACIC, representado legalmente por
el Ingeniero ALVARO ORLANDO ROJAS MONTENEGRO, basado en lo
estipulado en el artículo 11 de la ley 1150 de 2007, deja expresa
constancia que se reserva el derecho a reclamar judicial o
extrajudicialmente por los perjuicios causados por no haberse ejecutado
la totalidad del objeto del contrato, puesto que en desarrollo de la
ejecución de la obra hubo una modificación a la meta física prevista,
derivada de errores no atribuibles al Contratista y que se derivó en una
mayor permanencia. La ejecución de lo replanteado y redefinido supuso
una disminución real de la utilidad esperada y propuesta en nuestra oferta,
así como de la expectativa que tenía él Contratista de ejecutar el objeto
contractual pactado. Lo anterior debido a que la Entidad no apropió los
recursos para cumplir con el objeto contractual, a pesar de contar con
ellos”.
Por su parte, la Universidad se opuso a lo anterior e indicó que el contrato se pactó
a precios unitarios fijos, según la obra ejecutada y recibida por la interventoría, lo
85 Páginas 114 a 127 del archivo 179 del índice 30 del expediente digital en la plataforma SAMAI.
86 Páginas 147 a 152 del archivo 179 del índice 30 del expediente digital en la plataforma SAMAI.
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Radicado: 410012333000201200184-02 (65351)
Demandantes: Álvaro Orlando Rojas Montenegro y otros
que generó un límite de cumplimiento.
7.4.2. El 6 de enero de 201187, la Universidad remitió al consorcio Obracic la
constancia de pago del contrato por la suma de $2.789’449.536.
7.5. Los supuestos perjuicios causados al consorcio Obracic por las
modificaciones del contrato No. 075 de 2008 y los testimonios recaudados
7.5.1. El consorcio Obracic presentó un documento que dijo haber suscrito su
contador, en el que afirmó que el contrato se incrementó en un 43%, de 300 días a
526, lo que generó un sobrecosto por la suma de $261’041.655 y, asimismo, adujo
que se dejó de percibir una utilidad de $179’466.13888.
7.5.2. Igualmente, se recaudaron los testimonios de los señores Hernando
Lancheros Garzón, James Andrade Zambrano y Augusto Tovar Puentes.
7.5.2.1. El señor Augusto Tovar Puentes, quien fungió como funcionario de la
Universidad, manifestó que no participó en virtud de su cargo en el trámite del
proceso licitatorio; sin embargo, afirmó que el contrato demandado fue objeto de
modificaciones posteriores, sin que le constara si fue por fallas en la planeación89.
7.5.2.2. El señor James Andrade Zambrano, quien fue empleado de la Universidad,
aseveró que parte de sus labores se enmarcaron en la interventoría del contrato
No. 075 de 2008 y que identificó múltiples dificultades en la planeación del negocio
jurídico; empero, puso de presente que dichas circunstancias se fueron superando
con las modificaciones de que fue objeto el negocio jurídico, donde se colocaron y
suprimieron algunos ítems dentro del mismo presupuesto pactado para hacer
sostenible el proyecto; empero, la obra nunca se acabó y “el objeto del contrato no
se cumplió” en su totalidad90.
87 Páginas 153 a 154 del archivo 179 del índice 30 del expediente digital en la plataforma SAMAI.
88 Archivo 77 del índice 30 del expediente digital en la plataforma SAMAI.
89 Como obra en la continuación de la audiencia de pruebas de los CDS 3-6 del índice 30 del
expediente digital en la plataforma SAMAI.
90 Como obra en la continuación de la audiencia de pruebas de los CDS 3-6 del índice 30 del
expediente digital en la plataforma SAMAI.
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Radicado: 410012333000201200184-02 (65351)
Demandantes: Álvaro Orlando Rojas Montenegro y otros
7.5.2.3. El señor Hernando Lancheros Garzón, como contador del consorcio
Obracic, advirtió que la inejecución de la totalidad de la obra le impidió a dicho
esquema consorcial percibir los ingresos esperados, pero no precisó cifras
detalladas sobre el particular91.
8. Caso concreto
A efectos de resolver la disputa, la Sala se referirá a los efectos de las salvedades
y su omisión según la jurisprudencia unificadora del Consejo de Estado, así como
al tratamiento de las mayores permanencias y cantidades en las obras y su gestión
en el iter contractual, para luego estudiar de fondo los cargos de apelación.
8.1. La gestión de las mayores permanencias y cantidades de obra en los
procesos contractuales y las salvedades por ello
En el marco de las transacciones negociales, las personas naturales y jurídicas y,
entre ellas las entidades que conforman el aparato estatal, se obligan a través de
los contratos a llevar a cabo obligaciones de dar, hacer o no hacer 92, las que se
convienen bajo unas condiciones estimadas y según un análisis de costo-beneficio.
Con todo, en ocasiones el querer de los sujetos del negocio jurídico cambia y/o
surgen problemas en la ejecución de lo pactado, aspectos que justifican que el
acuerdo de voluntades pueda ser modificado o incluso terminado anticipadamente
o con un término mayor, por virtud de la máxima del derecho según la cual las cosas
se hacen como se deshacen y en concordancia con el consentimiento como
elemento esencial del vínculo contractual93.
En cuanto a los contratos estatales, la jurisprudencia ha ratificado lo anterior, en el
sentido de indicar que pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su
finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, en consideración a que
los bienes y servicios que se adquieren por medio de tal figura no son producto de
91 Como obra en la audiencia de pruebas de los CDS 3-6 del índice 30 del expediente digital en la
plataforma SAMAI.
92 Código Civil. “artículo 1495. Contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga para
con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser de una o de muchas personas”.
93 Código Civil. “Artículo 1502. Requisitos para obligarse. Para que una persona se obligue a otra
por un acto o declaración de voluntad, es necesario: 1o.) que sea legalmente capaz. 2o.) que
consienta en dicho acto o declaración y su consentimiento no adolezca de vicio. 3o.) que recaiga
sobre un objeto lícito. 4o.) que tenga una causa lícita. La capacidad legal de una persona consiste
en poderse obligar por sí misma, sin el ministerio o la autorización de otra”.
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Radicado: 410012333000201200184-02 (65351)
Demandantes: Álvaro Orlando Rojas Montenegro y otros
actividades pétreas y rígidas sino de la volatilidad de las transacciones de dichos
productos, que están sujetos a su disponibilidad o escasez, a la variación de su
costo, a la existencia de los insumos para su producción y a otros factores
endógenos y exógenos94.
Ahora bien, el Consejo de Estado también se ha referido a aquellos casos en que,
a propósito de una modificación del contrato de obra, se incorporan nuevas
obligaciones, para lo cual distinguió las obras adicionales de las mayores cantidades
de obra, en el sentido de que las primeras se generan cuando se adicionan
actividades que no formaban parte del objeto contractual, mientras que las
segundas se dan en casos de contratos pactados en precios unitarios y en los que
el valor ejecutado de los ítems sobrepasó los cálculos efectuados inicialmente95.
En efecto, partiendo de la base de que las modalidades de pago del contrato de
obra pueden ser a precios unitarios, precio global, por administración delegada o
por el sistema de reembolso de gasto, frente a la primera posibilidad, indicó que ello
no presupone la estimación exacta de las cantidades de obra que definan el valor
total de la construcción, por lo que el precio del negocio no está determinado, pero
es determinable. Por el contrario, la segunda modalidad implica que se señala un
precio fijo que ha de ser la remuneración definitiva que percibirá el contratista.
Bajo la anterior premisa, en los contratos sometidos a precio global el contratista se
obliga a cumplir las obligaciones de determinado negocio a cambio de una suma
fija, lo que implica que se encuentran incorporados los costos directos e indirectos,
mientras que en los contratos a precios unitarios el pago es por unidades o
cantidades de obra, por lo que el valor total corresponde a la multiplicación de las
cantidades de obra ejecutadas por el precio de cada una96.
Así las cosas, indicó que las mayores cantidades de obra se enmarcan en los
contratos a precios unitarios y consisten en que esta fue contratada pero su
estimativo inicial fue sobrepasado durante la ejecución, sin que ello implique una
94 Corte Constitucional. Sentencia C-300 del 25 de abril de 2012.
95 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 22 de agosto de 2023.
Radicado 85001-23-33-000-2015-00211-01 (58.634).
96 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 19 de septiembre de 2022.
Radicado 25000-23-36-000-2013-00211-01 (54714).
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Radicado: 410012333000201200184-02 (65351)
Demandantes: Álvaro Orlando Rojas Montenegro y otros
modificación al objeto negocial, mientras que las obras adicionales suponen que no
fueron parte del objeto principal y, por lo tanto, son nuevas y distintas.
La jurisprudencia del Consejo de Estado también se ha referido al fenómeno de la
mayor permanencia en obra, como el evento en el cual el plazo del negocio se
extiende en el tiempo, caso en el cual las partes pueden gestionar dicha situación
en caso de que afecte el contrato o, de lo contrario, se configurará una eventual
indemnización en favor del perjudicado por tal aspecto97.
En general, al estudiar la configuración de mayores cantidades, adiciones y mayores
permanencias de obra corresponde comenzar por establecer si el contrato se pactó
a precio global o precios unitarios, para luego determinar si lo que sucedió fue que
se extendieron las labores ya pactadas, se incluyeron otras no previstas y/o se
incrementó el plazo negocial, tras lo cual se debe pasar a ver si las partes, en
ejercicio de la autonomía de la voluntad, dieron una solución a dichos fenómenos,
verbi gratia, reajustando el pago o reduciendo otras actividades por hacer, o si por
el contrario se sometió al contratista a asumir mayores costos sin una remuneración
a cambio, lo cual debe ser debidamente acreditado en sede judicial.
En el contexto de las situaciones anteriores, cuando las partes gestionan fenómenos
como los anteriores a través de suspensiones, adiciones o prórrogas, y luego se
persigue en sede judicial una retribución indemnizatoria por aquellos, la
jurisprudencia de unificación del Consejo de Estado ha señalado que, de llegarse a
dichos acuerdos, se deben estudiar las pretensiones, aunque no se hayan
formulado reparos o salvedades cuando se suscribieron las suspensiones,
adiciones o prórrogas, o al haberse pactado contratos adicionales u otrosíes, por lo
que, en tales casos, el juez deberá desentrañar cuál fue el acuerdo y su alcance
según las reglas de interpretación de los contratos y su ejecución de buena fe98.
En otras palabras, la falta de manifestación de reparos al momento de suscribirse
modificaciones contractuales para solventar situaciones como mayores cantidades
97 Consejo de Estado, Sección Tercera: i) Subsección A. Sentencia del 2 de diciembre de 2015.
Radicado 47001-23-31-000-2001-00660-01(36285) y ii) Subsección C. Sentencia del 16 de
diciembre de 2022. Radicado 73001-23-33-000-2017-00473-01 (67397).
98 Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera. Sentencia de unificación del 27 de julio de
2023. Radicado 05001-23-31-000-1999-02151-01 (39121).
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Radicado: 410012333000201200184-02 (65351)
Demandantes: Álvaro Orlando Rojas Montenegro y otros
o permanencias de obra no impiden el estudio judicial de fondo de dichas
pretensiones, por lo que en tales casos debe verse qué fue lo que las partes
quisieron convenir con los ajustes y si dentro de ello regularon integralmente
aspectos como la remuneración.
8.2. En el contrato 075 de 2008 hubo una mayor permanencia y la adición de
ítems que fueron gestionados y superados por los sujetos negociales
8.2.1. En el caso concreto, los miembros del consorcio Obracic presentaron
demanda de controversias contractuales contra la Universidad, en la cual
solicitaron, como pretensión principal, la declaratoria de incumplimiento del contrato
de obra No. 075 de 2008 por la existencia de una mayor permanencia en la obra y
la inclusión de ítems adicionales a los inicialmente convenidos sin que aquella
hubiera sido retribuida debidamente.
El Tribunal Administrativo del Huila desestimó la pretensión anterior, con sustento
en que la parte actora no llevó a cabo salvedades en el momento en que el negocio
jurídico fue modificado para ampliar el plazo y cambiar algunos ítems, aunado a lo
cual con dichos ajustes los sujetos negociales dieron por superadas las
circunstancias que originaron la mayor permanencia, por lo que no podía ahora el
extremo demandante pretender una suma adicional por tal concepto.
Inconformes con la anterior decisión, los actores la apelaron y solicitaron que fuera
revocada, con el fin de que se accediera a la pretensión principal, con apoyo en que
las cláusulas que suscribieron con la Universidad durante los ajustes donde
aceptaron el precio inicial del contrato y, por otro lado, renunciaron a efectuar
reclamaciones judiciales al respecto, son ineficaces, ya que la jurisprudencia de esta
Corporación ha proscrito ese tipo de acuerdos con base en que no se puede impedir
a los sujetos negociales acudir al juez, ni renunciar a su derecho a una retribución.
A su turno, indicaron que, superado lo anterior, se demostró debidamente que la
Universidad incurrió en sendas faltas al deber de planeación con el contrato de obra
No. 075 de 2008, lo que llevó a que el consorcio Obracic asumiera una mayor
permanencia de obra sin una retribución por ello, de modo que debía accederse a
indemnizarla por los perjuicios padecidos con origen en dicha situación.
41
Radicado: 410012333000201200184-02 (65351)
Demandantes: Álvaro Orlando Rojas Montenegro y otros
8.2.2. En el expediente se acreditó que el 28 de noviembre de 2008, el consorcio
Obracic y la Universidad suscribieron el contrato No. 075, mediante el cual
acordaron la construcción del bloque esquina noroccidental de la Facultad de
Economía y Administración de dicho claustro universitario, según los ítems que se
determinaron en el documento negocial, por el plazo de 10 meses y con un precio
fijo de $2.847’924.926 (hecho probado 7.2.).
El anterior negocio jurídico fue producto de la licitación No. 008 de 2008, en la cual
se previó la posibilidad de suspender el contrato si había lugar a ello, mediante
mutuo acuerdo, así como dispuso que se efectuaría una visita al área de la obra, la
cual se realizó el 4 de noviembre de 2008 y a la cual asistió el consorcio Obracic
(hechos probados 7.1.6. y 7.1.7.).
Una vez perfeccionado el acuerdo de voluntades y suscrita el acta de inicio de la
obra (hecho probado 7.3.1.), las partes, de mutuo acuerdo, lo suspendieron en
distintas ocasiones y lo modificaron, con el fin de añadir nuevos ítems y de excluir
otros para que así se pudieran cubrir todos dentro del presupuesto inicial, así como
para ampliar el plazo de ejecución, dada la existencia de falencias que no fueron
contempladas desde la fase de planeación, lo que generó que se tuvieran que
efectuar labores como la reubicación del edificio, el desvío de aguas subterráneas
y el replanteo de los diseños eléctricos, entre otros. Los ajustes fueron los
siguientes:
Modificación negocial Motivo Fecha
Suspensión No. 001 (hecho Problemas en los planos estructurales 14-01-2009
probado 7.3.2.). del proyecto.
Acta de reiniciación No. 01 Superación de los problemas de la 14-03-2009.
(hecho probado 7.3.6.). suspensión 1.
Suspensión No. 002 (hecho Cambio de las especificaciones en 21-07-2009.
probado 7.3.8.). cuanto a sismo resistencia, Retie e
hidrosanitaria.
Acta de reiniciación No. 002 Superación de los problemas de la 10-08-2009
(hecho probado 7.3.9.). suspensión 1.
Suspensión No. 003 (hecho Problemas de fuerza mayor y caso 28-12-2009.
probado 7.3.11.). fortuito con los suelos y necesidad de
trasladar recursos a la vigencia de 2010.
Acta de reiniciación No. 03 Superación de los problemas de la 25-01-2010.
(hecho probado 7.3.12). suspensión 3.
Suspensión No. 004 (hecho Revisión de obras complementarias a 29-01-2010.
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Radicado: 410012333000201200184-02 (65351)
Demandantes: Álvaro Orlando Rojas Montenegro y otros
probado 7.3.13.). ejecutar.
Acta de reiniciación No. 04 Identificación de obras complementarias 3-03-2010.
(hecho probado 7.3.14.). a ejecutar.
Acta de justificación de adición Adición en tiempo del plazo negocial 3-03-2010.
en tiempo (hecho probado hasta el 30 de abril de 2010.
7.3.15.).
Acta de justificación No. 2 para Reubicación del edificio, desvío de 3-03-2010.
la modificación y aprobación de aguas subterráneas, replanteo de los
nuevos ítems y mayores diseños eléctricos e hidrosanitarios,
cantidades de obra (hecho todo por el mismo precio.
probado 7.3.16.
Otrosí modificatorio No. 01 al Incorporación de nuevos ítems al 8-03-2010.
contrato de obra (hecho contrato, pero con el mismo precio.
probado 7.2.17).
Acta de justificación No. 2. De Se incrementa el plazo negocial en 60 27-04-2010.
prórroga en el tiempo (hecho días a solicitud del contratista.
probado 7.3.21).
Otrosí No. 002 al contrato de Se incorpora el incremento del plazo en 29-04-2010.
obra civil (hecho probado 60 días y se mantiene el valor inicial.
7.2.22)
Acta de justificación técnica Ajuste de los ítems del contrato al 25-05-2010.
No. 3 para la modificación y presupuesto inicialmente convenido.
aprobación de nuevos ítems y
mayores cantidades de obra.
De la lectura de las suspensiones, las actas y los otrosíes modificatorios se
vislumbra que, pese a las dificultades al deber de planeación, las partes buscaron
superarlas libremente mediante medidas como ampliar el plazo, excluir e incluir
nuevos ítems de la obra y mantener el mismo precio inicial, como se pasa a exponer.
Efectivamente, en la suspensión 1 y el acta de reiniciación No. 1 se lee que se
resolvieron tales ajustes para modificar y actualizar los planos del proyecto, pero
expresamente se dispuso que ello no ocasionaría costos adicionales a la
Universidad, por lo que se mantuvo como precio del contrato la suma de
$2.847’924.926.
En la suspensión 2 y su acta de reiniciación No. 2, originada en la necesidad de
cambiar varias especificaciones del proyecto en cuanto a columnas, placas,
cubierta, muros, redes eléctricas y planos hidrosanitarios, se reiteró que, con todo,
ello no habría de generar costos adicionales para la Universidad, por lo que se
amplió el plazo del contrato y se mantuvo la suma de $2.847’924.926 como
contraprestación.
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Radicado: 410012333000201200184-02 (65351)
Demandantes: Álvaro Orlando Rojas Montenegro y otros
Posteriormente, los sujetos negociales llevaron a cabo la suspensión 3 y su acta de
reiniciación homónima, debido a problemas con los suelos que llevaron a un nuevo
reajuste de los estudios y diseños y a una ampliación del plazo. En ambos casos se
evidencia que el consorcio Obracic solicitó que se tuviera en cuenta una eventual
adición presupuestal, pero la Universidad se rehusó y, por ende, en tales acuerdos
se mantuvo el precio inicialmente pactado.
En la suspensión 4 y el acta de reiniciación con el mismo número, se definieron
obras no contratadas pero necesarias para lograr el cumplimiento del contrato y,
aunque el contratista había pedido una modificación del precio, este se mantuvo por
las partes del contrato, con base en que lo que se hizo fue ajustar los ítems que se
pudieran cubrir con el presupuesto inicial. Precisamente, las actas de justificación 1
y 2 de adición en tiempo y modificación de nuevos ítems se ratificó que el valor del
contrato seguía siendo de $2.847’924.926 y, además, el contratista renunció
expresamente a “toda reclamación posterior por la presente adición en tiempo y por
las suspensiones en tiempos anteriores que por las razones expuestas dieron lugar
a ello”.
En el otrosí 1 se mantuvo la tendencia anterior, ya que, además de que se sostuvo
el precio inicialmente pactado, se incluyeron y excluyeron varios ítems para poder
reajustar las obligaciones negociales del consorcio Obracic al mismo valor que
tendría por pago, así como en todo caso, se ratificó expresamente que “las demás
cláusulas del contrato inicial no sufren modificaciones o alteración alguna y serán
aplicables en similares términos al presente otrosí No. 001”.
Lo anterior siguió el mismo cauce al punto de que, el 16 de abril de 2010 (hecho
probado 7.3.19.), el consorcio Obracic le advirtió al interventor que no había
construido la estructura de cubierta para evitar superar el valor del contrato y que
tenía claro que la administración no pensaba adicionarlo, aspecto que demuestra
que aunque el contratista solicitó una adición presupuestal en algunos momentos,
aquel terminó optando con la Universidad por mantener el valor inicial a pesar de
los ítems incorporados y del plazo ampliado, situación frente a la cual no manifestó
ningún reparo, pues aceptó dichas condiciones sin problema.
En el acta de justificación de prórroga en tiempo No. 2 se reafirmó, una vez más,
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Radicado: 410012333000201200184-02 (65351)
Demandantes: Álvaro Orlando Rojas Montenegro y otros
que no se llevaría a cabo ningún incremento presupuestal, en especial porque se
han estado incluyendo y excluyendo ítems de la obra para que se ajusten al valor
inicialmente pactado, al punto de que el contratista manifestó “que renuncia a toda
reclamación posterior por la presente prórroga en el tiempo, teniendo en cuenta que
se hace a solicitud escrita del mismo”. Lo expuesto persistió con la suscripción del
otrosí 2, donde se dispuso que las restantes cláusulas del negocio jurídico se
mantendrían incólumes, lo que llevó a que, una vez más, el precio inicial se
mantuviera por expresa voluntad de los sujetos negociales.
Todo lo anterior se preservó en el acta de justificación técnica No. 3., donde se
convino expresamente que “la Universidad Surcolombiana optó por no adicionar en
valor el contrato 075 de 2008, lo que conlleva a hacer un replanteamiento de algunos
ítems”, circunstancia que demuestra que durante todo el iter contractual el querer
expreso de las partes fue mantener el precio inicial, pese a la mayor permanencia y
a la modificación de ítems del negocio jurídico.
8.2.3. Las circunstancias descritas dan cuenta de que, si bien es claro que, como lo
concluyó el a quo, hubo una falta al deber de planeación que llevó a que el contrato
No. 075 de 2008 tuviera dificultades en su ejecución, desde el mismo instante en
que aquellas se identificaron las partes efectuaron en forma expresa ajustes al
acuerdo de voluntades, con el objetivo de conjurar dichas deficiencias y así evitar la
paralización de la obra, pero sin un coste adicional.
Ello llevó a que se configurara un fenómeno de mayor permanencia en la obra y de
una adición de nuevos ítems, a la par de la supresión de otros, para que con el
mismo presupuesto se costearan las nuevas actividades necesarias para el
cumplimiento del objeto negocial, sin que se vislumbre la existencia de mayores
cantidades de obra, pues, aunque en algunas etapas del iter contractual se indicó
que el contrato era a precios unitarios, de su lectura claramente se refleja que no lo
era, no solo porque el precio del negocio fue fijo, sino porque los documentos
contractuales denominaron “precios unitarios” los ítems individuales de la obra y su
precio particular, sin que aquellos fueran estimativos, sino que eran definitivos.
En efecto, y como se expuso, en las suspensiones y las actas de reiniciación 1 y 2
hubo una renuncia expresa a reclamar mayores costos por las modificaciones
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Radicado: 410012333000201200184-02 (65351)
Demandantes: Álvaro Orlando Rojas Montenegro y otros
negociales, mientras que en las suspensiones 3 y 4 se ratificó el precio inicialmente
pactado, frente a lo cual el consorcio Obracic reafirmó posteriormente, mediante las
actas de justificación 1 y 2, que renunciaba a toda reclamación por las suspensiones
hasta allí efectuadas. En los otrosíes 1 y 2 se ratificó que las demás cláusulas se
mantendrían y en el acta de justificación de prórroga 2 se volvió a consagrar una
renuncia a toda reclamación por las modificaciones del contrato, así como en el acta
de justificación técnica 3 se dijo que no se adicionaría el valor del contrato.
Así, el querer de los sujetos negociales fue el de cubrir las modificaciones del
contrato No. 075 de 2008 con el presupuesto original, mandato que se sostuvo de
manera constante y expresa durante los ajustes estudiados, sin un solo reparo del
consorcio Obracic y con su aquiescencia, por lo que no cabe duda de que la común
intención de los cocontratantes durante el iter contractual fue mantener el precio del
negocio, lo que, en virtud del principio pacta sunt servanda del artículo 1602 del
Código Civil99, debe llevar a que indubitablemente dicho querer se tenga como
vinculante en el presente asunto.
En ese orden de ideas, es claro que, aunque se presentó tanto una mayor
permanencia, como la adición de nuevos ítems a la obra, aquellos fueron debida y
expresamente concertados por las partes para ser cubiertos con el precio pactado
inicialmente en el contrato No. 075 de 2008, tanto así que también se eliminaron
otros ítems para hacer sostenible el proyecto con el presupuesto inicial, por lo que
no le asiste razón a los miembros del consorcio Obracic en que ello no fue
remunerado, cuando su querer fue que los nuevos plazos y las labores adicionales
fueran pagadas con el valor inicialmente convenido.
Inclusive, las tratativas previas a las modificaciones evidencian que aunque se
hubiera pretendido en algún momento una adición, la universidad se rehusó en
todos los casos y propuso al consorcio Obracic reducir ítems de la obra, para que
así el dinero inicialmente convenido pudiera cubrir el proyecto, negociaciones que,
interpretadas junto con las cláusulas posteriores donde se pactó mantener el precio
y renunciar a las reclamaciones, ponen de presente un querer consistente, claro,
99 “Artículo 1602. Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede
ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales”.
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Demandantes: Álvaro Orlando Rojas Montenegro y otros
uniforme y reiterado de que el valor del contrato no se viera alterado pese a las
modificaciones de que fue objeto100.
Desconocer la anterior implicaría desatender la buena fe, que en materia contractual
implica que las partes ejecutarán sus obligaciones según lo convenido y, a su vez,
tendrán la expectativa de que el sujeto negocial paralelo haga lo propio, todo lo cual
perdería eficacia si en sede judicial se ignora que el querer expreso y consistente
de los cocontratantes en el acuerdo de voluntades de estudio fue mantener el precio
inicialmente convenido, pese a los ajustes efectuados a dicho negocio.
Adicionalmente, no se evidencia que el consorcio Obracic hubiera sido constreñido
a suscribir las modificaciones, sino que hubo una aquiescencia de su parte para
avalarlas, por lo que se allanó a que el precio del contrato fuera el mismo
inicialmente convenido, lo que ratifica que, en línea con la jurisprudencia de esta
Corporación, estaba alineado con que pese a mayores permanencias y otros
fenómenos los costos irían por su cuenta y, de no haber sido así, debía haberlo
manifestado desde que suscribió los ajustes al contrato No. 075 de 2008101.
Ahora bien, dentro de su cuestionamiento de apelación, la parte actora manifestó
que las cláusulas mediante las cuales aceptó mantener el pago inicial y renunció a
perseguir un pago por tal aspecto son ineficaces, de ahí que no podían ser tenidas
en cuenta por esta Corporación para entender que la mayor permanencia y los ítems
adicionados fueron superados.
Al respecto, la jurisprudencia ha considerado que es válido pactar cláusulas
mediante las cuales se renuncia a futuras reclamaciones por la prolongación del
plazo o la modificación del contrato, comoquiera que “ante el advenimiento de la
circunstancia ya conocida en su origen y dimensión, los intereses económicos que
podrían verse afectados ingresan al campo de la plena libertad de disposición y se
100 Ciertamente, la jurisprudencia ha considerado las tratativas como un elemento a considerar a la
hora de establecer la intención real de los sujetos negociales al convenir modificaciones y ajustes a
los contratos, pues aquellos son producto de negociaciones conjuntas a partir de las cuales se
construye el contenido obligacional. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia
del 30 de junio de 2022. Radicado 11001-31-03-004-2011-00840-01 - SC1303-2022.
101 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 17 de junio de 2024. Radicado
250002336000201500179 01 (57513).
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Demandantes: Álvaro Orlando Rojas Montenegro y otros
tornan transigibles o renunciables”102, lo anterior, con base en el artículo 15 del
Código Civil103, en virtud del cual podrá disponerse y renunciarse de los derechos.
Así, en la mencionada jurisprudencia se razonó que (se transcribe de forma literal):
“De lo dicho se sigue que no resulta jurídicamente viable que, luego de
sentar su anuencia respecto del impacto nocivo que la prolongación del
vínculo obligacional pudiera acarrear, la parte de la que emanó la renuncia
a la reclamación, cuyo alcance podría asimilarse al de un acto
transaccional y dispositivo frente a su derecho patrimonial, pueda
apartarse, incumplir y desconocer los términos en que quedó trabada la
negociación ínsita en el acta de prórroga libremente concertada”104.
La postura anterior ha sido reiterada por la Sala Plena de la Sección Tercera, para
lo cual ha sostenido que (se transcribe de forma literal):
“Como la regla general es la autonomía de la voluntad, la renuncia de
derechos concierne a los sujetos de una relación jurídica contractual
particular, que -en tanto sujetos de derecho- están en capacidad para
disciplinar el contenido del contrato. Por ello, las restricciones a ese poder
de disposición son «excepcionales» pues: (i) requieren de norma legal
que así lo prescriba; (ii) se pretenda la protección de determinados sujetos
o intereses vitales; y (iii) se pongan en peligro el orden público, social o
económico”105.
De ese modo, y como se estudió en detalle, en el asunto que ocupa la atención de
la Sala es del todo claro que la intención del consorcio Obracic fue la de aceptar
una mayor permanencia en la obra y la adición de unos ítems de manera
consonante con la exclusión de otros, todo por el mismo precio inicial, querer que
fue lineal y uniforme durante cada modificación al contrato No. 075 de 2008 y que,
102 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 23 de septiembre de 2022.
Radicado 2500023260002011 01389 01 (68443).
103 “Artículo 15. Podrán renunciarse los derechos conferidos por las leyes, con tal que sólo miren al
interés individual del renunciante, y que no esté prohibida la renuncia”. Sobre la renuncia en comento,
la Corte Suprema de Justicia ha sostenido que: “La renuncia en sentido amplio se entiende como un
acto jurídico por el cual una persona se desprende, abdica o abandona un derecho propio, bien se
trate de un derecho creditorio, real o intelectual, lo que siempre le es permitido en cuanto la facultad
renunciada exclusivamente mire su interés particular y no esté prohibida por consideraciones de
orden público o de interés social o por concepto de buenas costumbres. El efecto de la aceptación
de la renuncia es la extinción del derecho; a su vez, la renuncia puede ser onerosa o gratuita, según
se haga por un precio o a cambio de una ventaja o utilidad o simplemente obedezca a la liberalidad
del renunciante”. Sala de Casación Civil. Sentencia del 13 de junio de 2019. Radicado
05001310300120030055601 - SC2110-2019.
104 Dicha postura ha sido reiterada en la sentencia del 1 de marzo de 2024 de la Subsección A de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, en el proceso 050012333000201300082 02 (64.416).
105 Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera. Sentencia de unificación del 27 de julio de
2023. Radicado 05001-23-31-000-1999-02151-01 (39121).
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Demandantes: Álvaro Orlando Rojas Montenegro y otros
en virtud de todo lo anterior no puede ser desconocido por el juez, pues en ejercicio
de la autonomía de la voluntad se adhirió a tales reglas de juego, de suerte que las
cláusulas mediante las cuales se dispuso tal aspecto deban tenerse como válidas.
En cualquier caso, y como se puso de presente, las modificaciones estudiadas no
necesariamente le acarrearon al consorcio Obracic mayores costos, sino realmente
se incluyeron unos ítems y se suprimieron otros, para que así el presupuesto inicial
cubriera las desavenencias presentadas sin paralizar la construcción de la
infraestructura, circunstancia que no fue desvirtuada con los testimonios
recaudados, donde los señores Augusto Tovar Puentes y James Andrade
Zambrano pusieron de presente que las dificultades del contrato se superaron
mutuamente por las partes, y sin que el señor Hernando Lancheros Garzón hubiera
especificado algún menoscabo derivado de dicha situación, por manera que no se
vislumbra ningún vicio que permita desmeritar las cláusulas cuya ineficacia se
advirtió en la apelación, por lo que surten plenos efectos en la relación negocial.
Por otra parte, si bien en el acta de liquidación bilateral del 18 de noviembre de 2010
el consorcio Obracic se reservó al derecho a reclamar judicial o extrajudicialmente
por los perjuicios causados por la inejecución de parte del objeto del contrato por
decisión de la Universidad (hecho probado 7.4.1.), en realidad dicho reparo hace
parte de una circunstancia distinta a la mayor permanencia y la adición y exclusión
de ítems efectuada y que, como se advirtió en el acápite de alcance de la apelación,
no fue objeto de la causa petendi de la demanda, por lo que, en cuanto a ese preciso
aspecto no corresponde emitir un pronunciamiento de fondo.
Ahora bien, aunque en la salvedad anterior también se mencionó la posibilidad de
reclamar judicialmente por la existencia de una mayor permanencia que no le fue
reconocida, en realidad durante todo el iter contractual el consorcio Obracic aceptó
que se mantuviera el precio del contrato No. 075 de 2008, incluso a costa de la
supresión de varios ítems previstos inicialmente, como ya se expuso, de modo que
dicha aclaración en el acta de liquidación no tiene la vocación de suprimir la eficacia
de las modificaciones anteriores que libremente se suscribieron, pues de ser así se
estaría contrariando la buena fe y la teoría de los actos propios, en virtud de la cual
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Demandantes: Álvaro Orlando Rojas Montenegro y otros
el sujeto negocial no puede ir contra sus declaraciones de voluntad106.
En virtud de lo expuesto, la Sala concluye que no le asistió razón a la parte apelante
en que la Universidad incumplió el contrato de obra No. 075 de 2008 por una mayor
permanencia de obra e ítems incorporados que no fueron pagados debidamente, ya
que se demostró que el consorcio Obracic convino con la entidad contratante que
se mantuviera el mismo precio pactado inicialmente pese a los ajustes en comento,
por lo que el cargo de estudio se desestima.
8.3. La mayor permanencia y los ítems añadidos no son constitutivos de un
enriquecimiento sin justa causa
8.3.1. En su demanda, el consorcio Obracic solicitó que, de no prosperar la
pretensión de incumplimiento contractual, se declarara que la Universidad se
enriqueció sin justa causa por haberse beneficiado con una mayor permanencia de
obra e ítems adicionales sin haber remunerado al consorcio Obracic por tal aspecto.
El a quo desestimó el cargo anterior, con apoyo en que la situación puesta de
presente por los actores tuvo como justa causa las modificaciones que por mutuo
acuerdo establecieron nuevas reglas de juego en el negocio, de ahí que no se
cumplían los supuestos para la procedencia de un enriquecimiento sin justa causa.
Inconforme con la decisión anterior, los apelantes solicitaron que se revocara la
sentencia apelada y, de no accederse a la pretensión de incumplimiento, se
declarara próspera la de existencia de un enriquecimiento sin justa causa, para lo
cual reiteraron que la Universidad incrementó su patrimonio por la mayor
permanencia en la obra y los ítems añadidos en el contrato No. 075 de 2008 sin
retribuir al consorcio Obracic.
8.3.2. A propósito del panorama descrito, la Sala considera, de entrada, que no
existe un enriquecimiento sin causa por la mayor permanencia en obra y los ítems
añadidos al contrato No. 075 de 2008, pues precisamente la causa de aquellos
fueron las modificaciones efectuadas por las partes al acuerdo de voluntades y no
106 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Radicado
25307-31-03-001-2008-00437-01 - SC10326-2014.
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Demandantes: Álvaro Orlando Rojas Montenegro y otros
se acreditó un empobrecimiento o enriquecimiento patrimonial, ni tampoco se está
dentro de las causales de la jurisprudencia de unificación de Consejo de Estado
para que se configure esa figura.
Sobre ello, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha sostenido
reiteradamente que para que opere un enriquecimiento sin justa causa se requiere:
i) un incremento patrimonial, ii) un empobrecimiento correlativo y iii) la ausencia de
una causa jurídica que justifique la variación anterior107. Lo anterior, bajo el supuesto
de que, de haber una causa del movimiento patrimonial no se estará frente a dicha
figura, pues en tales casos este se entenderá justificado.
Por su parte, el Consejo de Estado ha otorgado un tratamiento distinto en cuanto al
enriquecimiento sin justa causa en los contratos estatales y ha sostenido, en sede
de unificación, que solo procede: i) cuando se acredite un constreñimiento de una
entidad pública al particular para ejecutar bienes o servicios en su beneficio sin
contrato estatal de por medio; ii) en los eventos en que se adquieran bienes o
servicios para evitar una amenaza o lesión inminente al derecho a la salud y/o; iii)
en los casos en que se declare una situación de urgencia manifiesta y se adquieran
bienes o servicios de por medio sin un contrato escrito108.
En el caso concreto ninguno de los anteriores requisitos se cumple, pues la mayor
permanencia en obra e ítems adicionales, aunque estuvieron fundados en una falta
al deber de planeación, se superaron mutuamente por los sujetos negociales en
ejercicio de la autonomía de la voluntad y se incorporaron dentro del precio
inicialmente convenido, de tal suerte que claramente hay una justa causa de la
asunción de dichos aspectos por el consorcio Obracic, así como tampoco se
demostró una merma patrimonial, partiendo de la premisa de que así como se
incluyeron varios ítems, se excluyeron otros para hacer sostenible el proyecto con
los recursos iniciales, de modo que no se configura un enriquecimiento sin justa
causa bajo sus elementos generales.
107 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 19 de diciembre de 2012.
Radicado 54001-3103-006-1999-00280-01.
108 Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera. Sentencia de unificación del 19 de
noviembre de 2012. Radicado 73001-23-31-000-2000-03075-01 (24897).
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Demandantes: Álvaro Orlando Rojas Montenegro y otros
Por otro lado, de la revisión de los hechos jurídicamente relevantes retratados
anteriormente no se refleja la ausencia de contrato por un constreñimiento de la
entidad, por la necesidad de adquirir los bienes o servicios para garantizar el
derecho a la salud o por una urgencia manifiesta, por lo que, con mayor razón la
figura invocada por los apelantes no tiene cabida.
Contrario a lo anterior, se acreditó que la mayor permanencia en obra y los ítems
adicionales asumidos fueron producto del querer de las partes del contrato No. 075
de 2008 de superar las dificultades que acaecieron con ese negocio desde un
principio, sin que, como se puso de presente al resolverse el primer cargo, pueda
desconocerse ese querer de los sujetos negociales, so pena de relativizar el
principio de pacta sunt servanda y la buena fe.
En ese orden de ideas, la Sala desestima el cargo subsidiario de enriquecimiento
sin justa causa por no encontrar acreditada su causación, ya que no se configura
ninguno de sus elementos en el caso estudiado, pues la mayor permanencia y la
inclusión de nuevos ítems fue asumida por el contratante sin reparos.
8.4. La liquidación bilateral efectuada por las partes da cuenta de la relación
negocial y no se formularon causales de nulidad en su contra
8.4.1. Los miembros del consorcio Obracic solicitaron en la demanda que se anulara
el acta de liquidación bilateral del 18 de noviembre de 2010, por el hecho de que se
configuró una mayor permanencia en obra y se asumió el costo de otros ítems no
previstos inicialmente en el contrato No. 075 de 2008. El a quo denegó la anterior
pretensión como consecuencia de que no se vislumbró que dichos fenómenos
hubieran afectado la remuneración de los demandantes.
La parte apelante reiteró que tuvo que asumir una mayor ejecución del contrato y
actividades no previstas inicialmente que, a la postre, frustraron su expectativa de
utilidad, por lo que recalcó que el corte de cuentas debía anularse para así pasarse
a efectuar uno nuevo en sede judicial donde se reconocieran los saldos a su favor.
8.4.2. Vale destacar que el anterior cuestionamiento se limitó a que se hiciera un
nuevo corte de cuentas ya sea por el incumplimiento, o por el enriquecimiento sin
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Demandantes: Álvaro Orlando Rojas Montenegro y otros
justa causa producto de la mayor permanencia y la inclusión de ítems en el contrato
No. 075 de 2008, sin que se efectuara ningún cuestionamiento en torno a la validez
de la liquidación, por lo que, sumado a la improsperidad de los cargos anteriormente
estudiados, no hay lugar a restarle efectos a la decisión mediante la cual las partes
hicieron un balance de activos y pasivos.
Ciertamente, la jurisprudencia y los conceptos del Consejo de Estado109 han
sostenido que la liquidación bilateral es un negocio jurídico que constituye derechos
y obligaciones, al punto de que constituye un título ejecutivo con obligaciones claras,
expresas y exigibles, por lo que los cuestionamientos de su validez están sujetos a
que haya vicios en torno a aquella que deriven en su nulidad absoluta o relativa.
Por lo tanto, ante la ausencia de cuestionamientos en torno a la validez del acta
bilateral del 18 de noviembre de 2010, y dado que no prosperó ningún cargo de
incumplimiento o enriquecimiento sin justa causa para efectuar un nuevo corte de
cuentas, la Sala desestima el cargo de restarle efectos a dicha decisión.
9. Conclusión
La Sala desestimó los cargos de incumplimiento y enriquecimiento sin justa causa
del contrato No. 075 de 2008, debido a que, si bien se encontró que hubo una mayor
permanencia y la asunción de mayores ítems, aquello fue aceptado por el consorcio
Obracic libremente, con cargo al mismo precio del contrato convenido inicialmente.
Por lo mismo, no se encontró que hubiera que hacer un nuevo corte de cuentas,
sumado a lo cual no se cuestionó la validez de dicho balance de activos y pasivos,
dado que no se señaló cuál vicio de nulidad absoluta o relativa se configuró.
Dada la improsperidad de los cargos principales y subsidiarios, resulta inane
pronunciarse sobre la indemnización de perjuicios solicitada, pues para tal efecto
primero era necesario demostrar que hubo un incumplimiento o un enriquecimiento
sin justa causa, lo que no sucedió, según lo expuesto. Por ende, la Subsección se
109 Consejo de Estado: i) Sección Tercera. Sentencia del 11 de noviembre de 2009. Radicado 25000-
23-26-000-2002-01920-02 (32666), ii) Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 28 de junio de
2023. Radicado 85001-23-33-000-2015-00211-01 (58.634) y iii) Sala de Consulta y Servicio Civil.
Concepto del 28 de junio de 2016. Radicado 11001-03-06-000-2015-00067-00 (2253).
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Demandantes: Álvaro Orlando Rojas Montenegro y otros
abstendrá de emitir opinión al respecto.
En esa medida, ante la improsperidad de todos los cargos de apelación, se
confirmará la sentencia del 17 de septiembre de 2019, dictada por el Tribunal
Administrativo del Huila, por el hecho de que no se acreditó una mayor permanencia
y la asunción de ítems adicionales que hubieran perjudicado al consorcio Obracic,
en tanto este accedió a asumir dichas situaciones por su cuenta y con base en el
presupuesto inicial del contrato.
10. Costas
El numeral 1 del artículo 365 del CGP110 dispuso que se condenará en costas a la
parte vencida en el proceso “o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso
de apelación”, siempre que se demuestre en el expediente su causación y en la
medida de su comprobación111. Atendiendo a lo allí ordenado, se condenará en
costas en segunda instancia a los apelantes, por resultar vencidos en esta instancia.
Las agencias en derecho se fijarán con observancia de las tarifas establecidas por
el Consejo Superior de la Judicatura, en virtud del numeral 4 del artículo 366 del
CGP112. Para esos efectos deberá atenderse la naturaleza, calidad y duración de la
gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía
del proceso y otras circunstancias especiales.
En el sub lite, la Universidad Surcolombiana adelantó gestiones de manera activa
en esta instancia, pues, además de acudir con apoderado, formuló alegaciones de
conclusión, de ahí que las agencias en derecho se encuentren causadas, por lo que
la Sala las fijará con base en lo dispuesto en el Acuerdo 1887 del 26 de junio
110 Aplicable en virtud de lo previsto en el artículo 188 del CPACA, a cuyo tenor se expone: “[…] la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las
normas del Código de Procedimiento Civil […]”.
111 “Artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en
que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 1. Se condenará en
costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de
apelación, casación, queja, suplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos
especiales previstos en este código. […] 8. Sólo habrá lugar a costas cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación”.
112 “Artículo 366. Liquidación […]. 4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las
tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un
mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de
la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y
otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas”.
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Radicado: 410012333000201200184-02 (65351)
Demandantes: Álvaro Orlando Rojas Montenegro y otros
2003113, según el cual, en los procesos contencioso administrativos, en segunda
instancia, cuando el asunto tenga cuantía, las agencias en derecho se establecerán
en hasta el 5% del valor de las pretensiones.
En ese orden, la Sala fijará las agencias en derecho en segunda instancia en el 1%
de $805’532.810114, correspondiente a la suma de $8’055.328 a la fecha de
ejecutoria de esta providencia, en favor de la Universidad Surcolombiana, la cual
será asumida por las demandantes en partes iguales.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
RESUELVE
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 17 de septiembre de 2019, proferida por
el Tribunal Administrativo del Huila, por las razones expuestas en la parte
considerativa de esta providencia.
SEGUNDO: CONDENAR EN COSTAS en segunda instancia al señor Álvaro
Orlando Rojas Montenegro y a las sociedades Gerencia Integral de Proyectos
Proyicont LTDA. y Obracic LTDA. Para el efecto, se fijan las agencias en derecho
en $8’055.328 en favor de la Universidad Surcolombiana, suma que será pagada
por los demandantes en partes iguales. Las costas se liquidarán de manera
concentrada por el Tribunal a quo.
113 Aplicable al caso concreto, considerando que la demanda se presentó el 19 de noviembre de
2012, cuando se encontraba vigente tal normativa. “Artículo 6°. Tarifas. Fijar las siguientes tarifas de
agencias en derecho: […] III contencioso administrativo […] 3.1.3. Segunda instancia. Sin cuantía:
hasta siete (7) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Con cuantía: hasta el 5% del valor de
las pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia”.
114 Valor resultado de la suma de las pretensiones principales cuantificadas de la demanda.
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Demandantes: Álvaro Orlando Rojas Montenegro y otros
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría REMITIR el expediente al
Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Magistrado
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Aclaración de voto
Magistrado
VF
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