Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 20001-23-39-000-2016-00422-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 20001-23-39-000-2016-00422-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 20001-23-39-000-2016-00422-02
Consejero ponente: Nicolás Yepes Corrales
18 de junio de 2025
Radicado: 200012339000201600422-02 (70972)
Demandante: Aguas de Manizales S.A. E.S.P.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá D.C., dieciocho (18) de junio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES - APELACIÓN
Radicación: 20001-23-39-000-2016-00422-02 (70972)
Demandante: AGUAS DE MANIZALES S.A. E.S.P.
Demandado: DEPARTAMENTO DEL CESAR
TEMAS: CONVENIOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS – Son figuras disimiles, pues en
los primeros existe un ánimo colaborativo, mientras que en los segundos surgen obligaciones
correlativas para los sujetos negociales. – Los contratos interadministrativos por regla general están
sometidos a la Ley 80 de 1993 y sus reformas. OPORTUNIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE
CONTROVERSIAS CONTRACTUALES – Se configura cuando la demanda se radica después de 2
años y 2 meses desde que se debió liquidar bilateralmente el acuerdo de voluntades, so pena de
que opere la caducidad. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO – Cuando se efectúa en sede judicial, ello
no suspende el término para ejercer el derecho de acción. – Su falta de concreción no lleva a que se
deba pretermitir el plazo para demandar.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la Empresa de Aguas de
Manizales S.A. E.S.P. contra la sentencia del 23 de noviembre de 2023, proferida
por el Tribunal Administrativo del Cesar, mediante la cual se declaró probada la
caducidad.
I. SÍNTESIS DEL CASO
El 20 de septiembre de 2006 la sociedad Aguas de Manizales S.A. E.S.P. y el
departamento del Cesar celebraron el convenio No. 00501, que tuvo por objeto la
gerencia e interventoría del programa de transformación del servicio de agua
potable y saneamiento básico en la entidad territorial y que culminó sin que se
hubiera efectuado su balance de activos y pasivos bilateral o unilateralmente.
Ante el panorama descrito y con ocasión del convenio, la sociedad Aguas de
Manizales S.A. E.S.P. solicitó el pago de múltiples emolumentos obrantes en
facturas en su favor al departamento del Cesar, quien se rehusó a proceder de esa
Radicado: 200012339000201600422-02 (70972)
Demandante: Aguas de Manizales S.A. E.S.P.
forma con base en que ya había cancelado todos los saldos pendientes, aunado a
lo cual no se había efectuado el corte de cuentas aún.
En criterio de la demandante, la entidad departamental le debió pagar las sumas
adeudadas junto con sus intereses y, como no procedió en tal forma, incumplió el
convenio en cuanto a su obligación de pago, de ahí que presentara demanda de
controversias contractuales a efectos de que se declare que aquella desatendió el
deber negocial en comento y, como consecuencia, se le ordene judicialmente el
pago de lo adeudado.
II. ANTECEDENTES
1. La demanda
1.1. El 25 de abril de 20161, la empresa Aguas de Manizales S.A. E.S.P. -en
adelante Aguas de Manizales- presentó demanda de controversias contractuales
contra el departamento del Cesar, con el fin de que se declarara el incumplimiento
del convenio interadministrativo No. 000501 del 20 de septiembre de 2006 respecto
a la obligación de pago de varias facturas en favor de la parte actora con ocasión
de la ejecución del acuerdo de voluntades.
1.2. En particular, las pretensiones formuladas fueron las siguientes (se transcriben
de forma literal, incluso con eventuales errores):
“1. Se declare en fallo de instancia que el DEPARTAMENTO DEL CESAR,
representada por el señor GOBERNADOR FRANCISCO FERNANDO
OVALLE ANGARITA, o quien haga sus veces incumplió el CONVENIO
000501 DEL AÑO 2006 suscrito con la empresa AGUAS DE MANIZALES
S.A. E-S-P., identificada con el Nit Número 810.000.598-0 al no cancelar
los títulos valores FACTURAS DE VENTA NUMEROS 9396 de Fecha 29
de Octubre del año 2010 por un valor de $478.823.764.oo
CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS
VEINTITRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS; 9624
de Fecha 28 de Febrero del año 2011 por un valor de $383.367.148.oo
TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS
SESENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS y la
Factura de Venta Número 30178720 de Fecha 01 de Abril del año 2011
1 Folios 51 a 62 del cuaderno 1. Se pone de presente que, mediante reforma a la demanda del 28
de noviembre de 2017 se reformuló el escrito inicial en los términos que se describen en la presente
decisión, como obra de folios 164 a 170 del cuaderno 2.
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Radicado: 200012339000201600422-02 (70972)
Demandante: Aguas de Manizales S.A. E.S.P.
por un valor de $200.451.897.oo DOSCIENTOS MILLONES
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA
Y SIETE PESOS.
2. Como consecuencia de la anterior declaración se ordene a la entidad
territorial cancelar las facturas de venta números 9396 de Fecha 29 de
Octubre del año 2010 por un valor de $478.823.764.oo
CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS
VEINTITRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS; 9624
de Fecha 28 de Febrero del año 2011 por un valor de $383.367.148.oo
TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS
SESENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS y la
Factura de Venta Número 30178720 de Fecha 01 de Abril del año 2011
por un valor de $200.451.897.oo DOSCIENTOS MILLONES
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA
Y SIETE PESOS.
3. Se ordene el reconocimiento de los intereses de mora de los anteriores
títulos valores a la tasa máxima establecida para esta clase de
documentos conforme lo establece las normas pertinentes.
4. Es un hecho cierto que con las actuaciones antes mencionadas se ha
generado daño y detrimento patrimonial a la entidad que represento ya
que, el convenio se ejecutó sin que se afectara póliza alguna por
incumplimiento o mala calidad del servicio.
5. Se condene en costas a los demandados.
6. Sea reconocida mi personería jurídica para actuar en el presente
asunto”.
1.3. Como fundamentos fácticos de sus pretensiones, la demandante formuló los
siguientes hechos que, a continuación, la Sala sintetiza:
1.3.1. Afirmó que, el 20 de septiembre de 2006, Aguas de Manizales y el
departamento del Cesar suscribieron el convenio No. 00501, que tuvo por objeto la
gerencia e interventoría del programa de agua potable y saneamiento básico, y en
el cual se convino el pago de múltiples sumas reconocidas mediante informe de
avance de obras y actas, previo visto bueno del interventor.
1.3.2. Señaló que el convenio fue adicionado en 50, 75 y 90 días mediante los
otrosíes 1, 2 y 3, respectivamente, así como fue suspendido por 60 días. A su vez,
detalló que, el 19 de agosto de 2010, el plazo fue adicionado en 60 días calendario.
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Demandante: Aguas de Manizales S.A. E.S.P.
1.3.3. Argumentó que el convenio No. 000501 del 20 de septiembre de 2006 culminó
en forma definitiva el 15 de noviembre de 2011, sin que hubiera sido liquidado
bilateral o unilateralmente.
1.3.4. Aseveró que, finalizado el convenio, procedió al cobro de las facturas Nos.: i)
9396 del 29 de octubre de 2010 por $478’823.764, ii) 9624 del 28 de febrero de
2011 por $383’367.148, y iii) 30178720 del 1° de abril de 2011 por $200’451.897,
sin que la entidad territorial las hubiera pagado con apoyo en que el convenio fue
pagado en exceso, aún no ha sido liquidado y por encontrarse impugnado en sede
judicial en otro proceso.
1.3.5. Anotó que, a efectos de “no dejar vencer los términos de caducidad”,
interpuso una demanda ejecutiva con el fin de obtener el pago de los títulos en su
favor; sin embargo, advirtió que esta fue rechazada. Al punto, resaltó que promovió
una demanda arbitral que, no obstante, resultó en la falta de competencia del
tribunal convocado para tal fin.
1.4. Como fundamento jurídico de la demanda, la parte actora expuso que el
departamento del Cesar infringió los artículos 141, 157, 159 a 189 y 217 de la Ley
1437 de 2011 -CPACA- por haberse negado a satisfacer la obligación de pago del
convenio No. 000501 del 20 de septiembre de 2006, pues afirmó haber cumplido
sus obligaciones a cabalidad, sin que se le hubiera endilgado incumplimiento
alguno, por lo que se debieron reconocer los saldos obrantes en las facturas a su
favor y, como no se procedió en esa forma, la entidad territorial suscribiente del
convenio desatendió su deber de pago.
Al punto, consideró que la caducidad no se configuró porque el contrato no se ha
liquidado y, justamente, fue la propia entidad demandada quien ha solicitado la
realización del corte de cuentas en sede judicial “dos años después de haberse
terminado el plazo final, lo cual fue el 15 de noviembre del año 2011”.
Finalmente, la parte demandante formuló juramento estimatorio por la suma de
$1.062’642.809, por concepto del “capital adeudado”, producto de la sumatoria de
las facturas que se le remitieron al departamento del Cesar cuyo pago fue denegado
por aquella.
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Demandante: Aguas de Manizales S.A. E.S.P.
2. Admisión de la demanda, contestación y traslado de excepciones
2.1. El 20 de octubre de 20162, el Tribunal Administrativo del Cesar rechazó la
demanda por encontrar configurado el fenómeno jurídico de la caducidad, por
cuanto la liquidación del convenio debía efectuarse hasta el 26 de marzo de 2010,
de ahí que la demanda podía radicarse hasta el 27 de marzo de 2012 y, como se
presentó el 22 de abril de 2016, ya había caducado, sin perjuicio de que el trámite
de la conciliación se surtió desde el 25 de abril de 2013, cuando ya habían pasado
más de 2 años, es decir, extemporáneamente.
Con todo, el 6 de marzo de 20173 esta Corporación revocó, en sede de apelación,
el auto de rechazo a la demanda, por considerar que por el estado inicial en que se
encontraba el proceso, aún no se contaba con elementos de juicio suficientes para
determinar aspectos tales como la fecha de inicio del convenio y el momento en que
finalizó, necesarios para establecer la demanda en tiempo, por lo que se ordenó
que se siguiera el curso del proceso contencioso administrativo, sin perjuicio de que,
al resolverse de fondo la controversia, se encontrara configurada la caducidad.
2.2. Como consecuencia, el Tribunal Administrativo del Cesar obedeció lo resuelto
por el Consejo de Estado y, en tal virtud, admitió la demanda, por encontrar reunidos
los requisitos de ley, decisión que fue notificada debidamente4.
2.3. El departamento del Cesar contestó la demanda5 y se opuso a sus
pretensiones, por considerar que el libelo introductorio no fue radicado en tiempo y,
en cualquier caso, la entidad territorial no le debe suma alguna a Aguas de
Manizales con ocasión del convenio interadministrativo No. 000501 del 20 de
septiembre de 2006. En tal virtud, formuló las excepciones de caducidad, “no pago
al contratista del valor de las facturas de ventas”, y “desconocimiento y violación del
principio de buena fe”.
2 Folios 82 a 89 del cuaderno 2.
3 Folios 108 a 113 del cuaderno 2.
4 Folios 119 a 121 del cuaderno 2. Una vez presentada la reforma a la demanda, esta fue admitida
mediante proveído del 1° de febrero de 2018, como obra de folios 238 a 239 del cuaderno 2.
5 Folios 142 a 153 del cuaderno 2. El departamento del Cesar también presentó contestación a la
reforma de la demanda, como obra de folios 257 a 261 del cuaderno 3, argumentos que se
incorporaron dentro del acápite 2.3.
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Demandante: Aguas de Manizales S.A. E.S.P.
Al respecto, comenzó por precisar que, en su criterio, la demanda fue radicada
extemporáneamente, debido a que, comoquiera que el convenio finalizó el 18 de
octubre de 2011, podía liquidarse bilateralmente hasta el 18 de febrero de 2012,
unilateralmente hasta el 18 de abril de 2012 y, por tanto, en principio los dos años
para ejercer el derecho de acción corrieron hasta el “18 de abril de 2015”; sin
embargo, la demanda fue radicada hasta el 25 de abril de 2016, es decir,
extemporáneamente.
Posteriormente indicó que, de haber sido la demanda presentada en tiempo, de
todos modos Aguas de Manizales incumplió el objeto convencional, lo que llevó a
que, una vez finalizado, se intentara liquidar bilateralmente infructuosamente, pues
dicha sociedad se negó a devolver saldos que, según la demandada, le
correspondían. Asimismo, sostuvo que no le correspondía pagar las facturas dado
que no fueron radicadas debidamente y “el departamento del Cesar ni ninguno de
esos funcionarios suscribieron las mencionadas facturas, las cuales fueron
expedidas por Aguas de Manizales S.A., sin el consentimiento de la entidad
departamental y lo que es peor aún sin que estas hayan sido recibidas por la
gobernación del departamento del Cesar”. Finalmente, señaló que las facturas se
encontraban “prescritas o caducadas” por cuanto fueron expedidas entre 2010 y
2011.
Finalmente, consideró como un actuar de mala fe el hecho de que Aguas de
Manizales sostuviera que no ha operado la caducidad, porque no se había
efectuado la liquidación del convenio para cuando radicó el escrito inicial, así como
porque presentó unas facturas que ni siquiera fueron firmadas y/o aceptadas por el
departamento del Cesar.
2.3. Aguas de Manizales descorrió traslado de las excepciones formuladas por el
departamento del Cesar, en el sentido de reiterar que, como el convenio no ha sido
liquidado, de aquel no podía predicarse la caducidad, a lo cual sumó que convocó
un tribunal de arbitramento infructuosamente, así como intentó promover un
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Radicado: 200012339000201600422-02 (70972)
Demandante: Aguas de Manizales S.A. E.S.P.
proceso ejecutivo, por lo que ahora se debía resolver de fondo su demanda de
controversias contractuales6.
3. Audiencia inicial
El 4 de marzo de 20207, el Tribunal Administrativo del Cesar llevó a cabo la
audiencia inicial, sin encontrar causal de nulidad que invalide lo actuado, por lo que
pasó a pronunciarse sobre la excepción previa de caducidad, en el sentido de
indicar que “siendo que ya existe un pronunciamiento del superior funcional de esta
Corporación con respecto a la improcedencia de la caducidad en el presente asunto,
no resulta dable entrar a decidir nuevamente sobre dicha excepción”. Con todo, se
reservó la posibilidad de pronunciarse al respecto al momento de dictar sentencia.
Seguidamente fijó el litigio, en el entendido de determinar si el departamento del
Cesar incumplió el convenio No. 00501 de 2006 en cuanto a la obligación de pago
de varias facturas presentadas con ocasión de la relación convencional o si, por el
contrario, no desatendió tal deber negocial y, por consiguiente, se deben negar las
pretensiones de la demanda.
Finalmente, el Tribunal Administrativo del Cesar pretermitió la etapa de conciliación
por la inasistencia de la parte demandante, por lo que pasó a decretar como pruebas
los documentos aportados por los sujetos procesales, ofició a varias entidades para
que se allegaran otros no presentados por las partes y resolvió acceder a la práctica
de un testimonio.
4. Audiencia de pruebas
El 25 de noviembre de 20218, el Tribunal Administrativo del Cesar llevó a cabo la
audiencia de pruebas, en la cual se recaudaron las pruebas pendientes de
incorporación y, luego, aquella se suspendió a efectos de la remisión de las
6 Folios 265 a 269 del cuaderno 3.
7 Folios 307 a 312 del cuaderno 3.
8 Archivo “18_EXPEDIENTEDIGI_EXPTRIBUN_16ACTAAUDIENCIAPRUEB_20240228174704”
del índice 2 del expediente digital de segunda instancia en SAMAI.
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restantes que no fueron allegadas, las que tras ser aportadas, llevaron al a quo a
pretermitir su reanudación mediante proveído del 11 de agosto de 20229.
5. Alegatos de conclusión
Finalizada la práctica de pruebas, se corrió traslado a las partes y al Ministerio
Público para alegar de conclusión y presentar concepto por escrito10.
5.1. Aguas de Manizales formuló alegaciones conclusivas, en las cuales reafirmó
que el departamento del Cesar desconoció su obligación de pago respecto del
convenio interadministrativo No. 000501 del 20 de septiembre de 2006, sin que la
demandada hubiera desvirtuado ese aspecto, pues se limitó a alegar la excepción
de caducidad, que en su criterio no se configuró, pues el contrato no se ha
liquidado11.
5.2. El departamento del Cesar presentó alegatos de conclusión, en los que ratificó
su oposición a las pretensiones de la demanda, por considerar que operó la
caducidad y, en todo caso, reiteró que no incumplió ninguna obligación derivada del
acuerdo convencional y, por el contrario, fue Aguas de Manizales quien desatendió
deberes negociales como revisar, ajustar y complementar los diseños, así como
asegurar el buen desarrollo y ejecución de las obras proyectadas. Finalmente,
resaltó que el testimonio acredita los incumplimientos de Aguas de Manizales12.
5.3. El Ministerio Público guardó silencio en esta etapa procesal.
6. Sentencia de primera instancia
El 23 de noviembre de 202313, el Tribunal Administrativo del Cesar declaró
configurada la excepción de caducidad, por encontrar que la demanda se interpuso
9 Archivo “30_EXPEDIENTEDIGI_EXPTRIBUN_26AUTOPRESCINDEAUDIE_20240228174710”
del índice 2 del expediente digital de segunda instancia en SAMAI.
10 Ibid.
11 Archivo “33_EXPEDIENTEDIGI_EXPTRIBUN_28ALEGATOSCONCLUSION_20240228174710”
del índice 2 del expediente digital de segunda instancia en SAMAI.
12 Archivos “34_EXPEDIENTEDIGI_EXPTRIBUN_29ALEGATOSCONCLUSION_20240228174711”
y “36_EXPEDIENTEDIGI_EXPTRIBUN_31ALEGATOSCONCLUSION_20240228174711” del
índice 2 del expediente digital de segunda instancia en SAMAI.
13 Índice 66 del expediente digital de primera instancia en SAMAI.
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Demandante: Aguas de Manizales S.A. E.S.P.
más de 2 años después desde que el convenio No. 000501 del 20 de septiembre
de 2006 debió liquidarse.
Al efecto, consideró que, en consideración a que el convenio es de tracto sucesivo,
debía ser liquidado “según lo dispone el artículo 60 de la Ley 80 de 1993” y, por
tanto, estaba sujeto al término de 2 años para demandar del literal j) del numeral 2
del artículo 164 del CPACA, contados a partir de cuando se liquidó o debió
liquidarse el acuerdo convencional.
Precisado lo anterior, señaló que, el convenio No. 000501 fue suscrito el 20 de
septiembre de 2006 con un plazo de 3 años; sin embargo, mediante las adiciones
Nos. 1-3 fue extendido su plazo hasta el 20 de octubre de 2010, por lo que el plazo
máximo para su liquidación feneció el 20 de abril de 2011 “fecha a partir de la cual
debían contarse los dos años de caducidad que debían vencer el 20 de abril de
2013 mientras que la demanda fue radicada el 25 de abril de 2016”, es decir, en
forma extemporánea.
Ahora bien, puso de presente que, aunque el trámite de la conciliación se surtió a
partir del 25 de abril de 2013 y fue declarado fallido el 3 de junio siguiente, no hubo
interrupción del término porque la solicitud también se radicó fuera de tiempo.
Por otro lado, anotó que, si en gracia de discusión el plazo del convenio hubiera
fenecido el 15 de noviembre de 2011, como se sostuvo en la demanda, también
habría operado la caducidad, habida cuenta de que el plazo de la liquidación se
habría extendido hasta el 15 de abril de 2012 y los dos años para demandar hasta
el 24 de mayo de 2014, contabilizando la suspensión de términos con ocasión del
trámite de la conciliación extrajudicial y, a pesar de ello, la demanda se presentó el
25 de abril de 2016.
Entretanto, el a quo argumentó que, aunque en una decisión de un tribunal de
arbitramento del 17 de diciembre de 2014, con ocasión de una demanda arbitral
previamente radicada, se le advirtió que le restaban 20 días hábiles para instaurar
la demanda ante el juez competente, “la entidad demandante no hizo uso de esa
oportunidad porque la demanda como antes se dijo fue presentada el 25 de abril de
2016”.
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Demandante: Aguas de Manizales S.A. E.S.P.
Finalmente, desestimó el argumento de Aguas de Manizales, dirigido a manifestar
que, como no hubo liquidación no ha operado la caducidad, por considerar que la
norma procesal administrativa es clara en establecer un término para el evento en
que no se efectuó el corte de cuentas. A su vez, sumó que, si bien existe otro
proceso sobre el convenio, no tiene las mismas pretensiones.
7. Recurso de apelación
7.1. El 6 de diciembre de 202314, Aguas de Manizales interpuso recurso de
apelación, que fue concedido el 18 de enero de 202415 y admitido el 14 de marzo
siguiente16.
En su escrito, el recurrente solicitó revocar la sentencia apelada y, en su lugar,
acceder a las pretensiones de la demanda, con sustento en que, contrario a lo
concluido por el a quo, la demanda fue formulada en tiempo.
En efecto, comenzó por resaltar que ya había acudido a distintos jueces para el
cobro ejecutivo de los saldos en su favor; empero, todos rechazaron sus demandas,
por lo que, hasta antes de presentar el escrito inicial en este asunto “se nos había
cerrado la puerta para acudir en procura de administración de justicia” y, con todo,
el a quo determinó “en forma fulminante” declarar la caducidad “sin tomar en cuenta
las prórrogas que se arrimaron” e ignorando que “el convenio nunca ha sido
liquidado”, máxime si se tiene en cuenta que su corte de cuentas fue solicitado en
sede judicial, todo lo cual, en su opinión, fue pretermitido por el a quo.
Sobre ello, resaltó que ya esta Corporación sostuvo en el auto que revocó la
decisión mediante la cual se rechazó la demanda que, al no existir claridad sobre la
fecha de terminación del convenio y si se agotó o no el término para liquidarlo, se
hacía necesario estudiar de fondo las pretensiones, proceder que se debía adoptar
en la segunda instancia.
14 Índice 71 del expediente digital de primera instancia en SAMAI.
15 Índice 73 del expediente digital de primera instancia en SAMAI.
16 Índice 4 del expediente digital de segunda instancia en SAMAI.
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Demandante: Aguas de Manizales S.A. E.S.P.
También aseveró que si el departamento del Cesar encontró constituido un
incumplimiento obligacional, debió hacer efectivas las garantías, así como que no
encontraba justificación en que no fue convocada para la liquidación del convenio.
7.2. Una vez concedido y admitido el recurso de apelación, el expediente ingresó
para fallo, pues no se solicitaron ni se decretaron pruebas en segunda instancia.
III. CONSIDERACIONES
Para resolver el recurso de apelación interpuesto por Aguas de Manizales, la Sala
analizará los siguientes aspectos: (1) jurisdicción y competencia del Consejo de
Estado para conocer el presente asunto, (2) procedencia del medio de control, (3)
problema jurídico, (4) solución al problema jurídico y (5) costas.
1. Jurisdicción y competencia
La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer del
asunto, con fundamento en el artículo 10417 del CPACA, pues el convenio
interadministrativo No. 000501 del 20 de septiembre de 2006 fue suscrito por Aguas
de Manizales, como empresa de servicios públicos domiciliarios mixta18 y el
departamento del Cesar, en tanto entidad territorial 19, en el marco de su actividad
contractual.
17 Al sub judice le son aplicables las disposiciones procesales vigentes para la fecha de presentación
de la demanda y de la apelación -25 de abril de 2016 y 6 de diciembre de 2023- es decir, la Ley 1437
de 2011 -CPACA-, incluyendo las modificaciones de la Ley 2080 de 2021 y la Ley 1564 de 2012 -
CGP-, en los aspectos no contemplados en el primero, por virtud de la remisión efectuada en el
artículo 306 del primer estatuto procesal. // “Artículo 104. De la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo. La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está instituida para conocer, además
de lo dispuesto en la Constitución Política y en leyes especiales, de las controversias y litigios
originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo,
en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función
administrativa. // Igualmente, conocerá de los siguientes procesos: […] 2. Los relativos a los
contratos, cualquiera que sea su régimen, en los que sea parte una entidad pública […]”.
18 Al respecto, en la escritura pública número 521 del 28 de febrero de 1996 de la Notaría Segunda
de Manizales, así como en los estatutos sociales de Aguas de Manizales, obra que dicho ente fue
constituido como una sociedad anónima comercial y empresa de servicios públicos domiciliarios
mixta -con más de un 50% de capital público-, en línea con los acuerdos del Concejo de Manizales
Nos. 133 y 134 del 1° de septiembre de 1995.
19 En línea con el artículo 286 de la Constitución de 1991, en virtud del cual “Son entidades
territoriales los departamentos, los distritos, los municipios y los territorios indígenas […]”.
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Radicado: 200012339000201600422-02 (70972)
Demandante: Aguas de Manizales S.A. E.S.P.
Al respecto, cabe anotar que aunque en el convenio No. 000501 del 20 de
septiembre de 2006 se convino el pacto arbitral20, comoquiera que en la
contestación de la demanda el departamento del Cesar no alegó la excepción de
compromiso o cláusula compromisoria, se entiende que las partes renunciaron a
este, de conformidad con lo establecido en el parágrafo del artículo 21 de la Ley
1563 de 201221, vigente al momento de la interposición de la demanda y, por ello,
se conocerá de la controversia.
El Consejo de Estado también es competente para desatar el recurso de apelación
interpuesto contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, de
conformidad con el artículo 15022 y el numeral 5 del artículo 15223 del CPACA, dada
la vocación de doble instancia del proceso, teniendo en cuenta que la pretensión
mayor para la fecha de presentación del escrito inicial supera los 500 SMLMV24.
2. Procedencia del medio de control
En virtud de lo previsto en el artículo 14125 del CPACA, cualquiera de las partes de
los contratos estatales puede demandar para que se declare su existencia o su
20 Folio 19 del cuaderno 1.
21 “Artículo 21. Traslado y contestación de la demanda. […] PARÁGRAFO. La no interposición de la
excepción de compromiso o cláusula compromisoria ante el juez implica la renuncia al pacto arbitral
para el caso concreto”.
22 “Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación.
[modificado por el artículo 615 del CGP]. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de
este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación
por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto al que corresponda, o no se concedan
los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia […]”.
23 Artículo 152. Los Tribunales Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes
asuntos: […] 5. De los relativos a los contratos, cualquiera que sea su régimen, en que sea parte una
entidad pública en sus distintos órdenes o un particular en ejercicio de funciones propias del Estado,
y de los contratos celebrados por cualquier entidad prestadora de servicios públicos domiciliarios en
los cuales se incluyan cláusulas exorbitantes, cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios
mínimos legales mensuales vigentes […]”.
24 Lo anterior, teniendo en cuenta que en el asunto de conocimiento se formularon pretensiones de
controversias contractuales y que la pretensión mayor fue de $478.823.764, monto que excedió 500
veces la suma de $689.454 (689.454 x 500 = 344’727.000), que correspondía al salario mínimo legal
mensual vigente para la fecha de presentación de la demanda -25 de abril de 2016-.
25 “Artículo 141. Controversias contractuales. Cualquiera de las partes de un contrato del Estado
podrá pedir que se declare su existencia o su nulidad, que se ordene su revisión, que se declare su
incumplimiento, que se declare la nulidad de los actos administrativos contractuales, que se condene
al responsable a indemnizar los perjuicios, y que se hagan otras declaraciones y condenas. Así
mismo, el interesado podrá solicitar la liquidación judicial del contrato cuando esta no se haya logrado
de mutuo acuerdo y la entidad estatal no lo haya liquidado unilateralmente dentro de los dos (2)
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nulidad, se ordene su revisión, se declare el incumplimiento, se anulen los actos
administrativos contractuales, se condene a quien se considere responsable a
indemnizar los perjuicios y/o se liquide el contrato, entre otras declaraciones y
condenas. El legislador también previó que el Ministerio Público o un tercero que
acredite un interés directo podrían solicitar la nulidad absoluta del contrato, la que
también puede ser declarada de oficio por el juez.
Comoquiera que la contienda formulada en el asunto sub judice se refiere a la
responsabilidad contractual del departamento de Manizales respecto a la obligación
de pago del convenio No. 000501 del 20 de septiembre de 2006, el medio de control
procedente es el de controversias contractuales.
3. Problema jurídico
En virtud de lo formulado en el recurso de apelación, corresponde determinar si el
Tribunal Administrativo del Cesar incurrió en un yerro al declarar probada la
caducidad por haberse presentado la demanda de controversias contractuales más
de 2 años después de la fecha en que debió liquidarse el convenio No. 000501 del
20 de septiembre de 2006.
En el marco de lo anterior, también debe verificarse: i) si el hecho de que se le
hubiera rechazado la demanda en otros procesos justifica que ahora, se deba
pretermitir el término de ley, ii) si el hecho de que el convenio no hubiera sido
liquidado habilita a formular una pretensión de controversia contractual en cualquier
tiempo, y iii) si el auto que revocó la decisión que rechazó la demanda justificó que,
en este caso, el libelo introductorio hubiera sido radicado en tiempo.
Finalmente, vale destacar que, de ser próspera la pretensión anterior, deberá
establecerse si el departamento del Cesar incurrió en un incumplimiento por
rehusarse al pago de varias facturas con ocasión del convenio No. 000501 del 20
de septiembre de 2006.
meses siguientes al vencimiento del plazo convenido para liquidar de mutuo acuerdo o, en su
defecto, del término establecido por la ley […].
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Radicado: 200012339000201600422-02 (70972)
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4. Solución al problema jurídico
A efectos de determinar si el a quo erró o no al declarar probada la caducidad,
corresponde verificar los sucesos alrededor del perfeccionamiento y ejecución del
convenio No. 000501 del 20 de septiembre de 2006, para lo cual se analizarán las
pruebas incorporadas en primera instancia, incluidos los documentos aportados al
proceso, de conformidad con lo previsto en el artículo 24626 del CGP. A su vez, se
revisará el testimonio recaudado en virtud de lo prescrito en el artículo 211 27 del
CGP. Luego, se retomarán los cargos de apelación, a efectos de determinar si operó
o no la caducidad en el asunto de estudio.
4.1. El iter en torno al convenio No. 000501 del 20 de septiembre de 2006
4.1.1. La suscripción del convenio No. 000501 de 2006
El 20 de septiembre de 200628, el departamento del Cesar y Aguas de Manizales
suscribieron el convenio No. 00501, que tuvo por objeto el siguiente: “Aguas de
Manizales S.A. E.S.P. se compromete a realizar la gerencia e interventoría del
programa, denominado transformación estructural de la prestación de los servicios
de agua potable y saneamiento básico en el departamento del Cesar”. Como plazo
del acuerdo convencional se señaló que tendría 3 años y como valor a pagar la
cláusula segunda dispuso que ascendería a $12.459’200.000.
Al punto, la cláusula tercera estableció como obligaciones a cargo de Aguas de
Manizales las de: i) coordinar con el departamento del Cesar y los municipios del
programa las actividades que conllevaran a la consolidación de los nuevos
esquemas de prestación de servicios; ii) revisar, ajustar, sugerir y complementar los
26 “Artículo 246. Valor probatorio de las copias. Las copias tendrán el mismo valor probatorio del
original, salvo cuando por disposición legal sea necesaria la presentación del original o de una
determinada copia […] Sin perjuicio de la presunción de autenticidad, la parte contra quien se aduzca
copia de un documento podrá solicitar su cotejo con el original, o a falta de este con una copia
expedida con anterioridad a aquella. El cotejo se efectuará mediante exhibición dentro de la
audiencia correspondiente”.
27 “Artículo 211. Imparcialidad del testimonio. Cualquiera de las partes podrá tachar el testimonio de
las personas que se encuentren en circunstancias que afecten su credibilidad o imparcialidad, en
razón de parentesco, dependencias, sentimientos o interés en relación con las partes o sus
apoderados, antecedentes personales u otras causas. // La tacha deberá formularse con expresión
de las razones en que se funda. El juez analizará el testimonio en el momento de fallar de acuerdo
con las circunstancias de cada caso”.
28 Folios 9 a 21 del cuaderno 1.
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diseños; iii) acompañar los procesos de contratación bajo los lineamientos de un
plan de gestión y aseguramiento de la calidad; iv) asegurar la calidad de las
inversiones y la estabilidad de las obras, a través de un adecuado sistema de
interventoría, supervisión y control; y v) revisar los modelos financieros y tarifarios.
Por su parte, en la cláusula cuarta el departamento del Cesar se obligó a: i)
suministrar a Aguas de Manizales toda la información que requiriera con ocasión de
sus deberes; ii) “cancelar” a Aguas de Manizales la suma estipulada en la cláusula
de pago; y iii) exigir al extremo pasivo del convenio su ejecución idónea, entre otras.
A su vez, en la cláusula novena los sujetos negociales convinieron que el convenio
habría de terminar de común acuerdo, “por vencimiento de su vigencia si no es
prorrogado” y por el cumplimiento del objeto convencional.
Por último, en la cláusula décima quinta se convino que la liquidación bilateral del
convenio se realizaría dentro de los 4 meses siguientes a partir de su finalización.
4.1.2. La ejecución del convenio No. 000501 de 2006 y sus modificaciones
4.1.2.1. El 27 de septiembre de 200629, las partes del convenio No. 000501 de 2006
suscribieron su acta de iniciación, y estipularon que el plazo correría entre el 27 de
septiembre de 2006 y el 26 de septiembre de 2009.
4.1.2.2. El 25 de septiembre de 200930, el departamento del Cesar y Aguas de
Manizales suscribieron el otrosí No. 1 al convenio No. 000501 de 2006, mediante
el cual se convino que la segunda continuaría ejecutando solamente la actividad del
parágrafo de la cláusula primera del literal c), para lo cual se otorgó un plazo de 50
días calendario, contados a partir de la expiración del término inicialmente pactado.
4.1.2.3. El 6 de enero de 201031, el departamento del Cesar y Aguas de Manizales
suscribieron el otrosí No. 2 al convenio No. 000501 de 2006, mediante el cual se
pactó: i) “adicionar en 75 días calendario el plazo” del objeto convencional, con el
29 Folio 28 del cuaderno 1.
30 Folios 171 a 175 del cuaderno 2.
31 Folios 178 a 182 del cuaderno 2.
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objeto de “continuar la interventoría del contrato”, y ii) adicionar en 165 días
calendario el plazo para que se realicen varias reingenierías.
4.1.2.4. El 24 de marzo de 201032, el departamento del Cesar y Aguas de Manizales
suscribieron el otrosí No. 3 al convenio No. 000501 de 2006, mediante el cual se
adicionó en 90 días el plazo convencional, con el objeto de “continuar la
interventoría del contrato”, contados a partir del 24 de marzo de 2010.
4.1.2.5. El 11 de junio de 201033 las partes del convenio No. 000501 de 2006
suscribieron el acta de suspensión No. 01, mediante la cual pausaron el objeto
negocial “hasta por 60 días”, con la precisión de que “si se supera en un término
inferior las razones de la suspensión, inmediatamente se entenderá reanudado el
convenio”.
4.1.2.6. El 11 de agosto de 201034, las partes del convenio No. 000501 de 2006
suscribieron una “adición en valor al convenio” por la suma de $806’509.033.
4.1.2.7. El 19 de agosto de 201035, el departamento del Cesar y Aguas de Manizales
suscribieron el “acta de adición en plazo al convenio interadministrativo Nro.
501 de 2006”, en la cual se incrementó el plazo del convenio en 60 días calendario.
4.1.3. Las facturas que fundaron los saldos pedidos con ocasión del convenio
4.1.3.1. El 29 de octubre de 201036, Aguas de Manizales profirió la factura No. 9396,
con el fin de cobrar la suma de $478’823.764 al departamento del Cesar debido a
la concreción del objeto convencional, documento que fue remitido a la entidad
territorial el 18 de noviembre siguiente37.
32 Folios 183 a 185 del cuaderno 2.
33 Folios 186 a 188 del cuaderno 2.
34 Archivo “CONVENIO 0501 ADICION EN VALOR CESAR” de la carpeta “01CDFolio227B” del
índice 2 del expediente digital de segunda instancia en SAMAI.
35 Folios 189 a 180 del cuaderno 2.
36 Folio 47 del cuaderno 1.
37 Folio 48 del cuaderno 1.
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Radicado: 200012339000201600422-02 (70972)
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4.1.3.2. El 28 de febrero de 201138, Aguas de Manizales expidió la factura No. 9624,
a efectos de cobrar la suma de $383’367.148 al departamento del Cesar por la
ejecución del convenio.
4.1.3.3. El 31 de marzo de 201139, Aguas de Manizales emitió la factura No.
30178720, con el fin de cobrar la suma de $200’451.897 al departamento del Cesar
con base en la concreción del convenio, documento que fue remitido a la entidad
territorial el 2 de mayo siguiente40.
4.1.3.4. Según testimonio recaudado en la etapa de pruebas, el departamento del
Cesar se rehusó a reconocer cualquier suma contenida en las facturas aportadas
por Aguas de Manizales por considerar que dicha entidad incurrió en sendos
incumplimientos e, incluso, se le pagó de más en comparación a lo ejecutado41.
4.1.4. Los procesos impulsados por el actor en asuntos distintos al presente
sobre el mismo convenio
4.1.4.1. El 17 de diciembre de 201442 el Tribunal Arbitral de la Cámara de Comercio
de Valledupar declaró su falta de competencia para resolver “las cuestiones
sometidas a arbitramento entre Aguas de Manizales […] y el Departamento del
Cesar”, atinentes al pago de tres facturas, por considerar que no estaban cobijadas
por el pacto arbitral suscrito.
4.1.4.2. El 25 de mayo de 201543, el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de
Valledupar, en el proceso con radicado 200013333004201500044, resolvió negar
un mandamiento ejecutivo pedido por Aguas de Manizales por no haber aportado
los títulos en forma auténtica, decisión que fue confirmada mediante proveídos del
25 de mayo, 3 de agosto y 10 de septiembre de 2015.
38 Folio 45 del cuaderno 1.
39 Folio 46 del cuaderno 1.
40 Archivo “facturas” de la carpeta “01CDfolio35” del índice 2 del expediente digital de segunda
instancia en SAMAI.
41 Archivo “18_EXPEDIENTEDIGI” del expediente digital de segunda instancia en SAMAI.
42 Folios 203 a 217 del cuaderno 2.
43 Folios 30 a 43 del cuaderno 1.
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Demandante: Aguas de Manizales S.A. E.S.P.
4.1.4.3. El 31 de mayo de 201744, el Tribunal Administrativo de Caldas declaró la
falta de jurisdicción en un asunto con radicado 17001233300020120002500,
impulsado por el departamento del Cesar contra Aguas de Manizales, por
considerar que el asunto era del resorte del Centro de Conciliación, Arbitraje y
Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Bogotá.
4.2. La demanda de Aguas de Manizales fue presentada después de 2 años y
2 meses desde que debió liquidarse el contrato y, por tanto, fue extemporánea
En el asunto de estudio, Aguas de Manizales consideró que el Tribunal
Administrativo del Cesar no debió declarar la caducidad de su pretensión de
incumplimiento respecto al denominado convenio No. 000501 de 2006, debido a
que no tuvo en cuenta las prórrogas de que este fue objeto y se ignoró que tal acto
convencional nunca fue liquidado, panorama frente al cual era imperativo estudiar
las pretensiones y, por tanto, acceder a aquellas.
4.2.1. Previo a dilucidar si la demanda se interpuso en tiempo, la Sala advierte que
es necesario establecer la naturaleza jurídica del acuerdo de voluntades No. 000501
de 2006, debido a que, como lo ha sostenido reiteradamente la jurisprudencia de
esta Subsección, la naturaleza entre convenio y contrato administrativo es disímil,
comoquiera que mientras en el primero existe un auténtico ánimo colaborativo sin
un sinalagma, en los segundos sí existe una correlatividad de prestaciones y
obligaciones mutuas. A su vez, el vínculo convencional no necesariamente se
encuentra sometido a la Ley 80 de 1993 y sus reformas, mientras que el contrato
interadministrativo por regla general sí45.
Precisamente, esta Corporación también ha sostenido que el régimen de los
acuerdos de voluntades suscritos por el Estado incide en el cómputo para ejercer el
derecho de acción, debido a que, en tratándose de negocios sometidos al EGCAP,
existen prerrogativas que no es posible ejercer en los contratos sometidos a derecho
privado y que el legislador tuvo en cuenta como punto de partida para establecer la
44 Folios 191 a 202 del cuaderno 2.
45 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 3 de febrero de 2025. Radicado
15001-23-33-000-2019-00280-01 (66572).
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Radicado: 200012339000201600422-02 (70972)
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demanda en tiempo, de ahí que resulte trascendental determinar la normativa que
rige el contrato y convenio, a efectos de determinar ese presupuesto procesal46.
Aclarado lo anterior, de entrada, se encuentra que el acuerdo de voluntades No.
000501 del 20 de septiembre de 2006 no es un convenio, como fue denominado,
pues de la lectura integral de su clausulado contractual emerge con certeza que
existe una correlación de contraprestaciones por los cocontratantes y, en particular,
una remuneración a cambio de obligaciones de interventoría a cargo del contratista.
En efecto, en la cláusula tercera se convino que Aguas de Manizales tendría a cargo
la concreción del objeto negocial y, a cambio, en la cláusula cuarta se indicó que le
correspondería el pago de la suma del negocio jurídico (hecho probado No. 4.1.1.),
lo que revela no un ánimo colaborativo, sino un sinalagma entre ambos sujetos
negociales que es propio de los contratos y donde se persigue un lucro a cambio de
la prestación de un servicio, de ahí que no quepa duda que el denominado
“convenio” No. 000501 del 20 de septiembre de 2006 es en realidad un contrato.
La anterior circunstancia tiene consecuencias en el régimen aplicable al negocio
jurídico de estudio, como se advirtió previamente, pues los contratos
interadministrativos por regla general están sometidos a la Ley 80 de 1993,
escenario dentro del cual se encuentra el acto de voluntades No. 000501 del 20 de
septiembre de 2006, comoquiera que fue suscrito por una entidad territorial
departamental en calidad de contratante, lo cual se encausa dentro de las
denominadas “entidades estatales” del artículo 2 del estatuto en comento47, en línea
con el artículo 32 ibidem48 que predispuso que son contratos estatales aquellos
suscritos por ese tipo de entidades.
46 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 23 de septiembre de 2024.
Radicado 41001-23-33-000-2012-00184-02 (65351).
47 “Artículo 2. De la definición de entidades, servidores, y servicios públicos. Para los solos efectos
de esta ley: 1o. Se denominan entidades estatales: a) La Nación, las regiones, los departamentos,
las provincias, el distrito capital y los distritos especiales, las áreas metropolitanas, las asociaciones
de municipios, los territorios indígenas y los municipios; los establecimientos públicos, las empresas
industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta en las que el Estado tenga
participación superior al cincuenta por ciento (50%), así como las entidades descentralizadas
indirectas y las demás personas jurídicas en las que exista dicha participación pública mayoritaria,
cualquiera sea la denominación que ellas adopten, en todos los órdenes y niveles […]” (Se subraya).
48 “Artículo 32. De los contratos estatales. Son contratos estatales todos los actos jurídicos
generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto,
previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la
autonomía de la voluntad […]”.
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Radicado: 200012339000201600422-02 (70972)
Demandante: Aguas de Manizales S.A. E.S.P.
4.2.2. Así las cosas, el contrato No. 000501 del 20 de septiembre de 2006 se
encuentra sometido al Estatuto General de Contratación de la Administración
Pública -EGCAP- por lo que, naturalmente, de aquel eran plenamente predicables
las reglas de liquidación contenidas en el artículo 60 de la Ley 80 de 199349,
aplicable al asunto de estudio debido a que todavía no había entrado a regir la Ley
1150 de 2007 para el momento del perfeccionamiento del acuerdo de voluntades,
disposición que, en todo caso, al igual que ese segundo estatuto, estipuló que el
corte de cuentas se haría bilateralmente, a falta de convenio sobre el plazo para
ello, dentro de los 4 meses siguientes a la terminación del acuerdo de voluntades.
A su turno, el literal d) del numeral 10) del artículo 44 de la Ley 446 de 1998, vigente
para cuando se suscribió el contrato, también dictaminó que, de no lograrse la
liquidación bilateral, podría efectuarse unilateralmente en el término de 2 meses
desde que se venció el plazo convenido por las partes o el de ley.
En suma, se evidencia que el contrato No. 000501 del 20 de septiembre de 2006
debía ser liquidado una vez finalizado, ya sea bilateralmente dentro de los 4 meses
siguientes a su fenecimiento, o unilateralmente, en los 2 meses siguientes.
4.2.3. Precisada la naturaleza del negocio jurídico de estudio y su régimen, la Sala
advierte, de entrada, que operó la caducidad del medio de control de controversias
contractuales, pues, tal y como lo concluyó el a quo, la demanda fue presentada
después de 2 años contados a partir del plazo máximo para liquidar el contrato,
como se pasará a exponer.
49 “Artículo 60. De su ocurrencia y contenido. Los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya
ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran, serán objeto de
liquidación de común acuerdo por las partes contratantes, procedimiento que se efectuará dentro del
término fijado en el pliego de condiciones o términos de referencia o, en su defecto, a más tardar
antes del vencimiento de los cuatro (4) meses siguientes a la finalización del contrato o a la
expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la
disponga. // También en esta etapa las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a
que haya lugar. // En el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones a
que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y
salvo. // Para la liquidación se exigirá al contratista la extensión o ampliación, si es del caso, de la
garantía del contrato a la estabilidad de la obra, a la calidad del bien o servicio suministrado, a la
provisión de repuestos y accesorios, al pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones, a la
responsabilidad civil y, en general, para avalar las obligaciones que deba cumplir con posterioridad
a la extinción del contrato”.
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Radicado: 200012339000201600422-02 (70972)
Demandante: Aguas de Manizales S.A. E.S.P.
Con el propósito de otorgar seguridad jurídica y de evitar la parálisis del tráfico
jurídico, dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la
protección del interés general50, estableció en el proceso contencioso administrativo
unos plazos para ejercer oportunamente los medios de control judicial, que resultan
ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden
público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud
judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de
las situaciones que se encontraban pendientes de solución.
El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la
racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal,
controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción51 y ofrecer estabilidad del
derecho, de suerte que las situaciones controversiales que requieran solución por
los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad,
solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.
Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y
garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda
y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide
que estas puedan ser discutidas indefinidamente.
La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de
certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y
50 Corte Constitucional, sentencia C-394 del 22 de mayo de 2002: “[...] La caducidad es una
institución jurídico procesal a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración
normativa, limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el
fin de obtener pronta y cumplida justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del
conglomerado social de obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En
esta medida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la
protección de un interés general. Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que
se ha hecho reiterada referencia, esta es una figura de orden público lo que explica su carácter
irrenunciable, y la posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su
ocurrencia [...]”.
51 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 23 de febrero de 2006.
Radicado 25000232500020030933101 (6871-2005) “[...] [E]l derecho al acceso a la administración
de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la promoción de la
demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el legislador […]. El
término de caducidad, tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el ejercicio del derecho
de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción necesaria para la
estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las acciones, so pena de
que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para solidificar el concepto
de derechos adquiridos [...]”.
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Radicado: 200012339000201600422-02 (70972)
Demandante: Aguas de Manizales S.A. E.S.P.
mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle
configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna
situación; sin embargo, se entiende también como una limitación de carácter
irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ipso
iure que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato
judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la
justicia52, cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la
ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar.
Cabe precisar que la caducidad no admite suspensión, salvo que se presente una
solicitud de conciliación extrajudicial en derecho, de acuerdo con lo previsto en las
Leyes 446 de 1998, 640 de 2001 y/o 2220 de 2022; tampoco admite renuncia y, de
encontrarse probada, debe ser declarada de oficio por el juez.
Bajo el anterior panorama, conviene señalar que, tanto el literal j) del numeral 2 del
artículo 16453 del CPACA, como el literal d) del numeral 10 del artículo 13654 se
establecieron que, en las pretensiones relativas a contratos que debían liquidarse,
sin que ello hubiera sucedido, los 2 años para ejercer el derecho de acción
comenzarán a contarse a partir de cumplidos 2 meses desde el vencimiento del
plazo convenido para efectuar el corte de cuentas bilateralmente.
52 Corte Constitucional, sentencia C-574 del 14 de octubre de 1998: “[...] Si el actor deja transcurrir
los plazos fijados por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho
fenece inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos
constituyen una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad
representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho, por
ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección,
pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce
sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado [...]”.
53 “Artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser presentada: […]
2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad: […] j) En las relativas a contratos
el término para demandar será de dos (2) años que se contarán a partir del día siguiente a la
ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento […]. En los siguientes
contratos, el término de dos (2) años se contará así: […] v) En los que requieran de liquidación y
esta no se logre por mutuo acuerdo o no se practique por la administración unilateralmente, una vez
cumplido el término de dos (2) meses contados a partir del vencimiento del plazo convenido para
hacerlo bilateralmente o, en su defecto, del término de los cuatro (4) meses siguientes a la
terminación del contrato o la expedición del acto que lo ordene o del acuerdo que la disponga […]”.
54 “Artículo 136. Caducidad de las acciones. [Subrogado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998].
[…] d) En los que requieran de liquidación y ésta sea efectuada unilateralmente por la administración,
a más tardar dentro de los dos (2) años, contados desde la ejecutoria del acto que la apruebe. Si la
administración no lo liquidare durante los dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo
convenido por las partes o, en su defecto del establecido por la ley, el interesado podrá acudir a la
jurisdicción para obtener la liquidación en sede judicial a más tardar dentro de los dos (2) años
siguientes al incumplimiento de la obligación de liquidar […]”.
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Radicado: 200012339000201600422-02 (70972)
Demandante: Aguas de Manizales S.A. E.S.P.
Ahora bien, en el asunto que ocupa la atención de la Sala, cabe precisar que el
contrato No. 000501 de 2006 tuvo un plazo inicial de 3 años, que corrieron entre el
27 de septiembre de 2006 y el 26 de septiembre de 2009 y que fue ampliado el 25
de septiembre de 2009 en 50 días calendario, contados a partir del fenecimiento del
término inicial, momento en que el contrato aún se encontraba vigente (hechos
probados Nos. 4.1.2.1. y 4.1.2.2.).
Sin embargo, los 50 días corrieron hasta el 15 de noviembre de 2009 y, no obstante,
vencido el plazo del contrato las partes se abstuvieron de ampliar su plazo hasta el
6 de enero de 2010, cuando suscribieron el otrosí No. 2 para adicionar su interregno
aunque este ya había fenecido en virtud de la cláusula novena del acuerdo de
voluntades, a partir de la cual este finalizaría “por vencimiento de su vigencia si no
es prorrogado”. Lo propio sucedió con las modificaciones del 24 de marzo, 11 de
junio y 11 y 19 de agosto de 2010, que se realizaron respecto a un acuerdo de
voluntades que ya había terminado (hechos probados 4.1.2.3. a 4.1.2.7.).
Al respecto, en aquellos eventos en los cuales los acuerdos modificatorios se hacen
por fuera del plazo del contrato, la jurisprudencia de esta Corporación55 ha sostenido
que no pueden ser tenidos en cuenta a efectos de contabilizar la caducidad, dado
que no se puede extender en el tiempo aquello que ya finalizó, pues precisamente
los plazos y condiciones del contrato pretenden supeditar su contenido obligacional
a un límite temporal, de tal manera que no se consagren deberes indefinidos para
los sujetos negociales, y a efectos de que, eventualmente, se pueda constituir al
extremo inverso de la relación negocial en mora, si pasado el tiempo para la
concreción del objeto negocial no satisfizo las actividades a su cargo56.
55
Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 9 de julio de 2014. Rad.: 26549 A. Sobre este
particular, en la sentencia se indicó que: “es necesario precisar que para que proceda la prórroga de
un contrato resulta imprescindible que el negocio jurídico sobre el cual ésta ha de recaer, a la fecha
en que se celebre el acuerdo de voluntades en ese sentido, aun se encuentre vigente, toda vez que
es fáctica y jurídicamente imposible revivir, por vía de un acuerdo, aquello que ya ha terminado. //
En razón de lo anterior, a pesar de que las partes en el acuerdo que celebraron el 14 de mayo de
1997 con el propósito de prorrogar el Contrato No. 151/96, expresaron que la ampliación del plazo
tendría efectos retroactivos a partir del 10 de mayo de esa anualidad, dicha manifestación de
voluntad, al haberse convenido después del fenecimiento del negocio jurídico, no tuvo la virtualidad
de revivirlo y, por tanto, tampoco de prorrogarlo”.
56 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 16 de diciembre de 2022.
Radicado 50001-23-31-000-2006-00976-01 (63327).
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Radicado: 200012339000201600422-02 (70972)
Demandante: Aguas de Manizales S.A. E.S.P.
Así las cosas, se tendrá como punto de partida para contabilizar la caducidad el 15
de noviembre de 2009, momento en el cual feneció el plazo del contrato No. 000501
de 2006, por lo que su liquidación bilateral debió efectuarse hasta el 16 de marzo
de 2010 -es decir, dentro de los 4 meses siguientes a su finalización, según lo
estipulado en el contrato (hecho probado No. 4.1.1.)- y, por tanto, el término para
demandar comenzó a correr con base en el Decreto 01 de 1984 -CCA-, vigente para
ambas fechas, que como ya se indicó, en forma idéntica al CPACA determinó en el
literal d) del numeral 10 del artículo 136 que, en las pretensiones contractuales,
cuando no se liquidara el acuerdo de voluntades dentro de los 2 meses siguientes
al plazo convenido o el de ley, correspondería ejercer el derecho de acción dentro
de los 2 años siguientes.
Como se observa, no le asiste razón a la apelante en señalar que, en el evento en
que el contrato no se liquide, el término para ejercer el derecho de acción no se
debe contabilizar pues, contrario a ello, el legislador previó -en el CCA y en el
CPACA- un cómputo preciso, detallado y claro ante tal escenario, que no puede ser
desconocido por el simple arbitrio de los sujetos procesales y que, en sentido
opuesto, debía ser acatado sin excepciones, en especial si se tiene en cuenta que
el régimen procesal administrativo es imperativo y de orden público, por lo que las
partes de los acuerdos de voluntades no pueden disponer de lo allí contenido.
Lo anterior no constituye ningún exceso ritual manifiesto, sino que, por el contrario,
implica la sujeción a los mandatos del legislador en cuanto a la manera en que se
debe ejercer el derecho de acción, que evidentemente no es absoluto, comoquiera
que el procedimiento contencioso administrativo debe llevarse a cabo con sujeción
a los medios de control dispuestos, agotados los requisitos de procedibilidad y
cumplida la demanda en forma, que debe ser presentada en tiempo.
Tampoco es dable concluir, como lo hace Aguas de Manizales en su alzada, que el
hecho de que, eventualmente, el contrato se esté liquidando judicialmente en otro
proceso judicial extiende el término para demandar indefinidamente, pues el
legislador no le dio ningún efecto al corte de cuentas por el juez a efectos del
cómputo para establecer la demanda en tiempo, tanto así que, después de los 4
meses de ley para la liquidación bilateral y, adicionados 2 meses, comienzan a
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Radicado: 200012339000201600422-02 (70972)
Demandante: Aguas de Manizales S.A. E.S.P.
correr los dos años para demandar en forma simultánea a la facultad adicional que
se tiene en ese período para liquidar el acuerdo de voluntades57.
En ese contexto, como el término para liquidar bilateralmente el contrato No. 000501
de 2006 se venció el 16 de marzo de 2010, los 2 años para ejercer el derecho de
acción corrieron 2 meses desde esa última fecha, es decir, a partir del 17 de mayo
de 2010 y hasta el 17 de mayo de 2012.
Ante tal panorama, es claro que la demanda se radicó extemporáneamente, pues
fue presentada hasta el 25 de abril de 2016, sin que en este caso se pueda tener
en cuenta el agotamiento del trámite de la conciliación extrajudicial a efectos de la
interrupción del término, ya que este se surtió entre el 25 de abril y el 3 de julio de
2013, cuando ya había operado la caducidad del derecho a accionar.
Ello no admite duda alguna, aunque se tuviera en cuenta que, como se reseñó en
el acápite 4.1.4., los sujetos negociales del contrato impulsaron otras demandas con
ocasión de la controversia, debido a que: i) frente a los asuntos referidos a los
hechos probados No. 4.1.4.2. a 4.1.2.3. se evidenció que se formularon
pretensiones diametralmente distintas a las de este litigio; mientras que ii) respecto
a la controversia ventilada en el numeral 4.1.4.1. no se demostró en qué momento
se radicó la demanda arbitral, información sin la cual no es posible siquiera analizar
una eventual suspensión del término.
Finalmente, la Sala encuentra desvirtuado el argumento de la parte apelante, según
el cual el a quo no tuvo en cuenta los otrosíes y las modificaciones del contrato No.
000501 del 20 de septiembre de 2006, puesto que sí los incluyó dentro de su análisis
de la oportunidad de la demanda, aunque ahora en segunda instancia se haya
encontrado que varios de ellos no pueden ser tenidos en cuenta por haberse
efectuado por fuera del plazo del contrato, tal y como se explicó renglones atrás.
57 Ciertamente, esta Corporación ha reconocido que, aunque incluso después del término para
liquidar el contrato estatal bilateral o unilateralmente la Administración puede efectuar su cruce de
cuentas dentro de los 2 años siguientes, en ese mismo interregno comienza a correr paralelamente
el término para ejercer el derecho de acción, salvo que se realice el balance de activos y pasivos
dentro de ese último período, en cuyo caso la demanda en tiempo se debe verificar a partir de esa
declaración. Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera. Sentencia de unificación del 1
de agosto de 2019. Radicado 05001-23-33-000-2018-00342-01 (62009).
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Radicado: 200012339000201600422-02 (70972)
Demandante: Aguas de Manizales S.A. E.S.P.
En síntesis, para la Subsección es claro que operó el fenómeno jurídico preclusivo
de caducidad, pues la demanda se formuló más de 3 años y 11 meses después de
cuando el contrato No. 000501 del 20 de septiembre de 2006 debió liquidarse
bilateralmente y, por tanto, no es dable pasar a estudiar las pretensiones de fondo.
Como consecuencia, se desestima el recurso de apelación presentado por Aguas
de Manizales y, por tanto, se confirmará la sentencia del 23 de noviembre de 2023,
mediante la cual el Tribunal Administrativo del Cesar declaró probada la excepción
de caducidad, por encontrarse que la demanda fue formulada extemporáneamente.
5. Costas
De conformidad con lo previsto en el artículo 188 del CPACA58 -adicionado por el
artículo 47 de la Ley 2080 de 2021- y en los numerales 1 y 8 del artículo 365 del
CGP59, procede la condena en costas a cargo de la parte a la que se le resuelve
desfavorablemente el recurso de apelación, siempre y cuando “en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación”.
Bajo este entendido, se condenará en costas en segunda instancia a la
demandante, pues interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia de
primera instancia y aquel no prosperó, y su liquidación la hará de manera
concentrada el a quo, en los términos de los artículos 365.8 y 366 del Código
General del Proceso. Para tal efecto, el Tribunal a quo deberá tener en cuenta que
en esta instancia no se fijarán agencias en derecho, dado que la demandada no
intervino en segunda instancia60, de tal manera que aquellas no se entienden
causadas.
58 “Artículo 188. Condena en costas [adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021]. Salvo en
los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas,
cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil. En todo
caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la
demanda con manifiesta carencia de fundamento legal”.
59 “Artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en
que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 1. Se condenará en
costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de
apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto […] 8. Solo habrá lugar
a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación.
60 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 5 de marzo de 2021. Radicado
17001233300020120017601 (51034).
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Radicado: 200012339000201600422-02 (70972)
Demandante: Aguas de Manizales S.A. E.S.P.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 23 de noviembre de 2023, proferida por
el Tribunal Administrativo del Cesar, por las razones expuestas en la parte
considerativa de esta providencia.
SEGUNDO: CONDENAR en costas en segunda instancia a la parte demandante,
las cuales serán liquidadas de manera concentrada por el Tribunal de primera
instancia, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia y
tomando en consideración lo dispuesto en los artículos 365.8 y 366 del Código
General del Proceso.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría REMITIR el expediente al
Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Magistrada
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrado
VF
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