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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-33-000-2014-00099-01

Fecha
17 de abril de 2026
Consejero ponente
Diego Enrique Franco Victoria
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-33-000-2014-00099-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERA: CONFÍRMASE la sentencia proferida el 18 de diciembre de 2019 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. SEGUNDA: CONDÉNASE en costas y agencias en derecho de segunda instancia a la parte demandante, las cuales se fijarán y liquidarán en forma concentrada por el tribunal de primera instancia. TERCERO: En firme esta providencia DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen, previas las constancias secretariales de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 76001-23-33-000-2014-00099-01

Consejero ponente: Diego Enrique Franco Victoria

17 de abril de 2026

Expediente: 76001-23-33-000-2014-00099-01 (66658)
Demandante: Central de Transportes S.A.

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA

Bogotá D.C., diecisiete (17) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Medio de control: Controversias contractuales
Radicación: 76001-23-33-000-2014-00099-01 (66658)
Demandante: Central de Transportes S.A.
Demandado: Metrocali S.A.

La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en
contra de la sentencia proferida el 18 de diciembre de 2019 por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, que accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda. La Sala es competente para proferir esta providencia, de acuerdo con el
artículo 150 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, en adelante “CPACA”, por tratarse de un recurso de
apelación contra una sentencia proferida por un tribunal administrativo1, el cual conoció
el proceso en primera instancia en razón a la naturaleza del asunto y a que la cuantía
superó los quinientos salarios mínimos mensuales legales2.

SÍNTESIS3

La Central de Transportes S.A. (en adelante, la “Terminal”) y Metrocali S.A. (en
adelante, “Metrocali”) suscribieron un “convenio interadministrativo”4 con el objeto de
que la primera diseñara y construyera una estación del sistema integrado de transporte
masivo de Santiago de Cali, Valle del Cauca (en adelante, el “Convenio”). Metrocali
expidió un acto administrativo de terminación unilateral del negocio jurídico, porque la
Terminal no entregó las garantías requeridas para iniciar su ejecución. La Terminal
solicita la nulidad del acto administrativo y, en consecuencia, que se indique que tiene
derecho a realizar la construcción y se le pague la utilidad que iba a obtener con dicha

1 “Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia. El Consejo de Estado, en Sala de lo

Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos (…)”.
2 En su redacción original el artículo 152 del CPACA establecía que los tribunales administrativos conocían de los

procesos “relativos a los contratos, cualquiera que sea su régimen, en que sea parte una entidad pública en sus
distintos órdenes o un particular en ejercicio de funciones propias del Estado (…) cuando la cuantía exceda de
quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.”. En el presente caso, la cuantía fue estimada en el
“OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO QUINCE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL ochocientos
sesenta pesos ($84.115.296.860,oo)” (folios 14 y 15 del cuaderno 1, mayúsculas parciales dentro del texto).
Igualmente, Metrocali S.A. y la Central de Transporte S.A. son entidades públicas. En efecto, el parágrafo del
artículo 104 del CPACA establece que para “los solos efectos de este Código, se entiende por entidad pública (…)
las sociedades o empresas en las que el Estado tenga una participación igual o superior al 50% de su capital (…).
En el presente caso, Metrocali S.A. es una sociedad pública con capital ciento por ciento público (100%), de
conformidad con el Acuerdo 16 de 1998 expedido por el Concejo Municipal de Santiago de Cali (el cual pudo ser
consultado en la página web de la entidad: https://www.concejodecali.gov.co/descargar.php?idFile=586). Por su
parte, de acuerdo con las consideraciones del convenio, Centrales de Transportes S.A. es una “empresa de
economía mixta, con aportes mayoritarios públicos” (folio 160 del cuaderno 1).
3 Tema: controversias contractuales –nulidad de los actos administrativos contractuales – reparos recurso de

apelación – nulidad absoluta del contrato estatal.
4 Folios 57 y 159 del cuaderno 1.

1

Expediente: 76001-23-33-000-2014-00099-01 (66658)
Demandante: Central de Transportes S.A.

obra. El tribunal declaró la nulidad del acto administrativo, porque Metrocali no agotó
el procedimiento pactado para terminar el contrato, pero desestimó las demás
pretensiones dado que la Terminal no constituyó las garantías exigidas en el Convenio.
Solo apela la parte actora. La Sala desestima el recurso, porque la Terminal debía
agotar el trámite de aprobación de las garantías para ejecutar el negocio jurídico.

I. ANTECEDENTES

A. Posición de la parte demandante

1.El 7 de febrero de 2014, la Terminal presentó una demanda, en ejercicio del medio
de control judicial de nulidad y restablecimiento del derecho, en contra de Metrocali,
con las siguientes pretensiones5:

Primera pretensión: Declárese la nulidad del acto administrativo definitivo,
Resolución # 1.10.201 de junio de 2013, mediante la cual METROCALI S.A. declara
terminado “el CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CELEBRADO ENTRE
METROCALI S.A. Y CENTRALES DE TRANSPORTES S.A. (…)
Segunda pretensión: A título de restablecimiento del derecho en favor de
CENTRALES DE TRANSPORTES S.A., decrétese y a cargo (sic) de METROCALI
S.A.:
• La obligación institucional de METROCALI S.A., de diseñar y construir, conforme
a los requisitos técnicos de las funcionalidades propias de una terminal de
cabecera, la terminal de cabecera del SISTEMA INTEGRADO DE
TRANSPORTE MASIVO, en forma armónica y conectada con la Terminal
Satélite Periférica del Sur, de propiedad de CENTRALES DE TRANSPORTES
S.A.
• Declárese que CENTRALES DE TRANSPORTE S.A., como operador de la
Terminal Intermunicipal de pasajeros de Cali, tiene el derecho exclusivo de
construir y operar la terminal satélite periférica en el sur de la ciudad de Cali; y
los servicios conexos y complementarios, bajo la modalidad que determine el
estudio económico respectivo.
• Decrétese a cargo de METROCALI S.A., la prohibición de concesionar a favor
de terceros, la construcción y operación de cualquier tipo de infraestructura
urbana o suburbana, que pretenda canalizar u operar transporte intermunicipal
de pasajeros por carretera, en cualquier modalidad.
Tercera pretensión: A título de reparación del daño, irrogado con la terminación
unilateral del convenio interadministrativo, ordénese a METROCALI S.A., pagar en
favor de CENTRALES DE TRANSPORTE S.A., como exclusivo operador de la
terminal satélite periférica del sur, la suma de OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO
QUINCE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS
SESENTA PESOS ($84.115.296.860), suma en que fue calculada la rentabilidad de
la operación inhibida a CENTRALES DE TRANSPORTE S.A., con la terminación
unilateral del convenio interadministrativo para la construcción integrada de la
terminal de cabecera Valle del Lili y la terminal del sur.
Cuarta pretensión: De ser procedente, condénese a METROCALI S.A., a asumir el
pago de las costas, gastos y agencias en derecho que demande la atención del
proceso por mi representada6 (negrillas subrayadas en el original).

5 Folios 1 a 22 del cuaderno 1.

Aunque la demanda se presentó en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en el
auto admisorio se determinó que se trataba del ejercicio “del medio de control de CONTROVERSIAS
CONTRACTUALES” (folio 139 del cuaderno 1, mayúsculas sostenidas del texto). La parte actora no presentó
recurso contra esta decisión.
6 Folios 13 y 14 del cuaderno 1.

2

Expediente: 76001-23-33-000-2014-00099-01 (66658)
Demandante: Central de Transportes S.A.

2. Las pretensiones de la demanda se sustentan, en síntesis, en las siguientes
afirmaciones:

2.1. El 26 de junio de 2007, la Terminal y Metrocali celebraron el Convenio con miras a
que la primera diseñara y construyera la “Estación Terminal de Cabecera denominada
“Valle del Lili” del”7 Sistema Integrado de Transporte Masivo MIO.

2.2. La Terminal participó en el Convenio “en su calidad de OPERADOR de la Terminal
Intermunicipal de Pasajeros de Cali”8, esto es, por ser la “única empresa autorizada
por el Ministerio de Transportes para operar terminales de transporte intermunicipal de
pasajeros en la ciudad de Santiago de Cali”9.

2.3. Una vez iniciada la ejecución del Convenio, Metrocali lo incumplió porque no
entregó el predio en el que se debía construir la estación, ni transfirió cuatro mil
millones de pesos necesarios para el “cierre financiero de la operación”10.

2.4. A pesar de que la Terminal requirió en varias ocasiones a Metrocali para que
cumpliera sus obligaciones, esta entidad profirió la Resolución 1.10.201 del 11 de junio
de 2013, en la que terminó unilateralmente el Convenio.

2.5. La demandante plantea que el acto administrativo mencionado adolece de “falsa
motivación”11, entre otros motivos, porque Metrocali sostuvo que la Terminal no había
entregado las pólizas exigidas para le ejecución del contrato. Sin embargo, la
expedición de dichas garantías “estaba condicionada a la ejecución de la obra, en su
etapa preconstructiva y en su etapa constructiva”12 y, como Metrocali no entregó el
predio, no era viable exigir la constitución de las garantías.

B. Posición de la parte demandada

3. Metrocali contestó oportunamente la demanda y se opuso a la prosperidad de las
pretensiones13. Aunque no formuló excepciones, adujo como “razones de defensa” que
el “contrato no pudo ejecutarse por cuanto se incumplió por la Sociedad CENTRALES
DE TRANSPORTES S.A. con la obligación contractual de constituir las garantías
exigidas”14 en el convenio.

C. La sentencia apelada

4. El 18 de diciembre de 2019, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca declaró
la nulidad de la Resolución 1.10.201 de 2013 y desestimó las demás pretensiones,
así15:

7 Folio 163 del cuaderno 1.
8 Folio 3 del cuaderno 1.
9 Folio 3 del cuaderno 1.
10 Folio 4 del cuaderno 1.
11 Folio 11 del cuaderno 1.
12 Folio 10 del cuaderno 1.
13 Folios 211 a 238 del cuaderno 1.
14 Folio 232 del cuaderno 1.
15 Folios 339 a 352 del cuaderno principal.

3

Expediente: 76001-23-33-000-2014-00099-01 (66658)
Demandante: Central de Transportes S.A.

PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD (sic) la resolución 1.10.201 de junio 11 de
2013 por la cual METROCALI (sic).
SEGUNDO: DENEGAR las demás pretensiones de la demanda.

5. La decisión de primera instancia se fundamentó en las siguientes consideraciones:

5.1. El tribunal estimó que el negocio jurídico no era un convenio, sino un verdadero
contrato interadministrativo en el que la Terminal era contratista de Metrocali.

5.2. Bajo el anterior presupuesto, declaró la nulidad de la Resolución 1.10.201 que
declaró la terminación unilateral del contrato, porque, aunque en los contratos
interadministrativos es válido pactar la posibilidad de expedir actos administrativos de
terminación unilateral, en el Convenio se acordó que dicho acto debía estar precedido
de un requerimiento previo. Sin embargo, Metrocali nunca le otorgó a la Terminal un
término para que corrigiera el “incumplimiento de no aportar las pólizas o garantías
pactadas”16, motivo por el cual declaró la nulidad del acto demandado por no haber
cumplido el procedimiento previsto en el Convenio.

5.3. Negó las pretensiones de restablecimiento e indemnización dado que el contrato
no podía ejecutarse pues no se habían constituido las garantías necesarias para ello.
En ese sentido, argumentó lo siguiente:

(…) se accederá a la pretensión de declarar la nulidad de dicha resolución, pero sin
lugar al restablecimiento del derecho pedido, por lo mismo que el contrato era
inejecutable al no haberse constituido las garantías. Recuérdese que los contratos
estatales tienen como requisito de ejecución la constitución y aprobación de las
garantías exigidas.
Pero adicionalmente, la nulidad de la resolución deprecada no podría tener como
consecuencia que se hagan declaraciones como que Centrales de Transporte S.A.
tiene el derecho exclusivo de operar y construir la terminal satélite periférica del sur;
o que Metrocali se abstenga de concesionar a favor de terceros la construcción y
operación de cualquier tipo de infraestructura urbana para el transporte
intermunicipal, pues son asuntos inherentes a la competencia de las entidades,
diferida exclusivamente a la Ley y no como consecuencia de la solución judicial a un
conflicto de naturaleza contractual.
Tampoco hay lugar a ordenar la reparación de daño alguno, por la misma reiterada
razón que la inejecución (sic) del contrato no era posible mientras no se hubieran
constituido las garantías, de manera que si hubo un daño, este no le es imputable a
la entidad demandada17.

5.4. La Sala no condenó en costas al demandante porque las pretensiones de la
demanda prosperaron parcialmente.

D. El recurso de apelación

6. Dentro del término legal, la parte actora presentó recurso de apelación para que
se revocara el ordinal segundo de la parte resolutiva de la sentencia de primera
instancia, de acuerdo con el cual se negaron las pretensiones solicitadas como
consecuencia de la declaratoria de nulidad del acto administrativo de terminación

16 Folio 350 del cuaderno principal.
17 Folio 350 del cuaderno 1.

4

Expediente: 76001-23-33-000-2014-00099-01 (66658)
Demandante: Central de Transportes S.A.

unilateral18. Como fundamento de la apelación, adujo los siguientes motivos:

6.1. La sentencia concluyó que el acuerdo celebrado entre la Terminal y Metrocali era
un contrato, cuando en realidad “los acuerdos apuntaban a un beneficio común”19 y,
por ende, se trataba de un verdadero convenio. Lo anterior es relevante porque en los
contratos interadministrativos se deben aprobar las garantías para iniciar su ejecución;
sin embargo, “para la existencia, validez, ejecutabilidad y ejecución de un convenio
interadministrativo, no existe obligación legal de constituir y aprobar pólizas de ningún
tipo”20.

6.2. El tribunal declaró el acto administrativo demandado nulo por razones diferentes
a las contenidas “en la demanda, más (sic) si (sic) por el ejercicio arbitrario de una
posición exorbitante del Estado, que no fue alegada ni debatida en la demanda, lo que
hace de suyo incongruente la sentencia con el pedimento demandatorio (sic)”21.

E. Actuación surtida en el trámite del recurso de apelación

7. El 11 de diciembre de 2020, el tribunal concedió el recurso de apelación22, el cual
fue admitido mediante auto del 8 de junio de 202123. El 6 de agosto de 2021, se ordenó
correr traslado para que las partes presentaran alegatos de conclusión y para que el
Ministerio Público emitiera concepto24. Aunque la parte demandante guardó silencio,
Metrocali y el Ministerio Público presentaron los siguientes memoriales 25:

7.1. Metrocali sostuvo que se “infiere sin dificultad que [el convenio] se trata de un
verdadero contrato”26 en el que dicha entidad tenía la posición de contratante.
Adicionalmente, indicó que la resolución de terminación unilateral no resultó
caprichosa. Finalmente, afirmó que no podía accederse a las pretensiones de la
demanda y, particularmente, a aquellas con las que la Terminal pretendía tener el
derecho exclusivo a construir la estación de la terminal de cabecera del sur o que
Metrocali se abstuviera conceder el desarrollo de esa infraestructura a un tercero. Esto,
por cuanto “son asuntos inherentes a la competencia”27 de la entidad.

7.2. El Ministerio Público puso de presente la existencia de una cláusula
compromisoria y concluyó que debía declararse oficiosamente la nulidad del proceso,
la “falta de competencia de la jurisdicción contenciosa para conocer de la controversia

18 Folios 371 a 374 del cuaderno principal.
19 Folio 372 del cuaderno principal.
20 Folio 373 del cuaderno principal.
21 Folio 371 anverso del cuaderno principal.

El demandante también afirmó que el tribunal adecuó indebidamente el medio de control presentado y que no pudo
controvertir esta decisión por carecer de recursos. La Sala no se pronunciará sobre este aspecto porque la
demandante sí podía interponer recurso de reposición, pues el artículo 242 del CPACA, en su redacción original,
establecía que “Salvo norma legal en contrario, el recurso de reposición procede contra los autos que no sean
susceptibles de apelación o de súplica”.
En todo caso, se destaca que la adecuación fue adecuada, pues el artículo 141 del CPACA establece que a través
del medio de control de controversias contractuales debe ventilarse “la nulidad de los actos administrativos
contractuales”.
22 Folio 396 del cuaderno principal.
23 Índice 3 del Samai y folio 401 del cuaderno principal.
24 Índice 7 del Samai y folio 403 del cuaderno principal.
25 Índices 11 y 12 del Samai.
26 Índice 11 del Samai.
27 Ibidem.

5

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contractual”, dado que, conforme a la sentencia de unificación del 18 de abril de
201328, no es posible renunciar tácitamente al pacto arbitral.

8. El 29 de abril de 2022, el ponente requirió al tribunal para remitiera la totalidad del
recurso de apelación porque aparentemente estaba incompleto29, orden que fue
reiterada el 17 de marzo de 202330. En ambas oportunidades, dicha corporación
guardó silencio. Ante esta situación, el 29 de abril de 2024, se resolvió “REQUERIR a
la parte actora para que, en el término de 3 días, contados a partir de la notificación de
esta providencia, manifieste si los folios 371 a 374 corresponden o no a la totalidad del
recurso de apelación (…), advirtiéndose que, de guardar silencio, el proceso ingresará
al despacho para proferir sentencia”. La parte demandante no realizó pronunciamiento
alguno.

9. El 12 de febrero de 2025, el Consejero de Estado Alberto Montaña Plata remitió el
proceso a este despacho, porque el proyecto por él sometido a consideración de la
Sala de Decisión no obtuvo la mayoría requerida para ser aprobado.

II. CONSIDERACIONES

F. Sentido de la decisión y asunto procesal

10. La Sala confirmará la sentencia en tanto que, contrario a lo indicado por la parte
demandante, es absolutamente claro que, para la ejecución del negocio jurídico
celebrado entre las partes, sí debían constituirse garantías y ser aprobadas por
Metrocali.

11. Preliminarmente, se advierte que la Sala debe abordar tres asuntos procesales:

11.1. En primer lugar, se desestimará la nulidad insaneable alegada por el agente del
Ministerio Público en el concepto rendido, por cuanto en el presente caso no es
aplicable el auto de unificación del 18 de abril de 2013, de acuerdo con el cual es
irrenunciable tácitamente el pacto arbitral31.

Es cierto que el Convenio contenía un pacto arbitral, en la cláusula
11.1.1.
cuadragésima cuarta, así:

CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA CUARTA: TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO.
Cualquier divergencia que surja entre las partes con ocasión de la celebración,
interpretación, ejecución o liquidación del presente contrato, que no sea posible
solucionar amigablemente, mediante arreglo directo o conciliación, será dirimida por
un Tribunal de Arbitramento, el cual se regirá por las siguientes reglas:
Estará compuesto por tres (3) árbitros, designados de común acuerdo entre las partes
o de no ser posible deberán ser escogidos el Centro de Conciliación, Arbitraje y
Amigable Composición elegido, siempre y cuando la cuantificación le la pretensión o
la valoración del conflicto sea igual o superior a mil (1000) salarios mínimos

28 Índice 12 del Samai
29 Índice 16 del Samai.
30 Índice 28 del Samai.
31 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, auto del 18 de abril de 2013, exp. 17859, C.P. Carlos Alberto

Zambrano Barrera.
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mensuales legales vigentes al momento de presentación de la respectiva solicitud de
citación del Tribunal. (…)
La designación del (los) árbitro(s) y del centro de conciliación realizarse dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes a la fecha en que entienda agotada la etapa de
conciliación. Si tal acuerdo no se lograra, las partes recurrirán al Centro de
conciliación y arbitramento de la Cámara de Comercio de Cali para que sea ésta
corporación quien los designe.
Los árbitros decidirán en derecho, conforme a la establecido por la Ley.
El tribunal se sujetará al reglamenta establecido por la ley y se regirá por lo previsto
en esta cláusula y por todas las disposiciones aplicables y en particular, por el Decreto
2279 de 1989, Ley 23 de 1991, el Decreto 2651 de 1991, la Ley 446 de 1998 y el
Decreto 1818 de 1998, o por las normas que los adicionen, modifiquen, o reemplacen.
El tribunal sesionará en el Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición
de la Cámara de Comercio de Cali o en cualquier otro lugar que designen las partes
de mutuo acuerdo./ Los gastos que ocasione el tribunal de arbitramento serán
cubiertos durante su trámite por partes iguales por cada una de las partes, pero la
parte ganadora tendrá derecho a que la parte vencida se los reembolse32.

11.1.2.A pesar de lo anterior, debe tenerse en cuenta que el parágrafo del artículo 3º
de la Ley 1563 de 2012, Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional, dispone que la
“no interposición de la excepción de compromiso o cláusula compromisoria ante el juez
implica la renuncia al pacto arbitral para el caso concreto”.

La norma anterior entró en vigencia el 12 de octubre de 2012, pues el artículo
11.1.3.
119 del Estatuto de Arbitraje dispuso la norma “empezará a regir tres (3) meses
después de su promulgación” y la Ley 1563 fue promulgada en el Diario Oficial No.
48.489 del 12 de julio de 2012.

Así, en virtud de los artículos 3833 y 4034 de la Ley 153 de 1887, el presente
11.1.4.
asunto se rige por la norma procesal consagrada en el Estatuto de Arbitraje, pues la
demanda se presentó el 7 de febrero de 201435 y su contestación, el 22 de julio de
201436. En ese sentido, la Sala Plena de la Sección Tercera, en sentencia que resolvió
un recurso extraordinario de unificación37, en un caso análogo, señaló lo siguiente:

14.- La Sección Tercera del Consejo de Estado unificó la jurisprudencia38 en el sentido
de indicar que no procedía la renuncia tácita del pacto arbitral. No obstante, dicha
providencia no aplica en procesos que se hayan presentado con posterioridad a la
expedición de la Ley 1563 de 2012. (…)

32 Folios 190 y 191 del cuaderno 1.
33 “Artículo 38. En todo contrato se entenderán incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebración.

Exceptúanse de esta disposición: / 1. Las leyes concernientes al modo de reclamar en juicio los derechos que
resultaren del contrato (…)”.
34 La norma fue modificada por el artículo 624 de la Ley 1564 de 2012 e indica lo siguiente: “Artículo 40. Las leyes

concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en
que deben empezar a regir. (…) La competencia para tramitar el proceso se regirá por la legislación vigente en el
momento de formulación de la demanda con que se promueva, salvo que la ley elimine dicha autoridad".
35 Folio 22 del cuaderno 1.
36 Folio 238 del cuaderno 1
37 En virtud del artículo 270 del CPACA esta decisión tiene carácter de providencia de unificación: “Artículo 270.

Sentencias de Unificación Jurisprudencial. [Artículo modificado por el artículo 78 de la Ley 2080 de 2021] Para los
efectos de este Código se tendrán como sentencias de unificación jurisprudencial las que profiera o haya proferido
el Consejo de Estado por importancia jurídica o trascendencia económica o social o por necesidad de unificar o
sentar jurisprudencia precisar su alcance o resolver las divergencias en su interpretación y aplicación; las
proferidas al decidir los recursos extraordinarios y las relativas mecanismo eventual de revisión previsto en el
artículo 36A de la Ley 270 de 1996, adicionado por el artículo 11 de la Ley 1285 de 2009” (resaltado propio).
38 [Cita del original] Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 18 de abril de 2013, exp. n.° 17859, C.P. Carlos

Alberto Zambrano Barrera.
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Expediente: 76001-23-33-000-2014-00099-01 (66658)
Demandante: Central de Transportes S.A.

16.- La Ley 1563 de 2012 entró a regir el 12 de octubre de 2012, de conformidad con
su artículo 11939. Como se indicó previamente, la demanda fue presentada el 30 de
noviembre de 2012. Lo anterior significa que el proceso inició con posterioridad a la
entrada en vigencia de la Ley 1563 de 2012. Así, el auto de unificación del 18 de abril
de 2013 no resulta aplicable, razón por la cual el recurso será desestimado40.

11.1.5.Con base en lo anterior, la Sala concluye que en el presente caso las partes
renunciaron tácitamente al pacto arbitral, teniendo en cuenta que en la contestación
de la demanda no se formularon excepciones y, especialmente, Metrocali no interpuso
las excepción de compromiso o cláusula compromisoria41.

11.2. En segundo lugar, es menester precisar que la Sala no abordará ninguna de las
discusiones relativas a la legalidad de la Resolución 1.10.201 del 11 de junio de 2013,
por medio de la cual Metrocali terminó unilateralmente el Convenio, dado que la
competencia del superior está restringida a los reparos concretos en virtud de los
artículos 32042 y 32843 de la Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso, en
adelante, “CGP”).

11.2.1.En el recurso de apelación, la Terminal expresamente indicó que interpuso
“recurso de APELACIÓN contra el numeral (sic) SEGUNDO de la sentencia sin número
del 18 de diciembre de 2.019”44. En ese sentido, la parte demandante no discutió el
ordinal primero de la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia, de acuerdo
con el cual se “DECLAR[Ó] LA NULIDAD (sic) la resolución 1.10.201 de junio 11 de
2013 por la cual METROCALI (sic)”45.

11.2.2.Así, la Sala no analizará el argumento del recurso según el cual la nulidad del
acto administrativo se fundamentó en razones diferentes a las alegadas en la
demanda, lo cual “hace de suyo incongruente la sentencia con el pedimiento
demandatorio”46. En efecto, dicha postura conllevaría a revocar el ordinal que no fue
objeto del recurso.

39 [Cita del original] Esta norma establece que entraría a regir tres meses después de su promulgación. La Ley fue

promulgada el 12 de julio de 2012.
40 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 25 de marzo de 2021, radicación: 73001-33-33-

005-2012-00211-02 (56607), CP Martín Bermúdez Muñoz. En el mismo sentido, las Subsecciones han reiterado el
criterio:
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, auto del 24 de mayo de 2024, radicación: 13001-23-33-000-
2015-00343-01 (65191), CP María Adriana Marín. También, a modo de obiter dictum, Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección C, sentencia del 22 de octubre de 2021, radicación: 20001-23-33-000-2012-00147-01 (50629),
CP María Adriana Marín.
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, auto del 18 de julio de 2019, radicación: 25000-23-36-000-
2017-00601-01 (62930), CP Alberto Montaña Plata.
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 17 de junio de 2024, radicación: 20001-23-31-
000-2014-00052-01 (58641), CP Jaime Enrique Rodríguez Navas. En el mismo sentido, Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 18 de junio de 2025, radicación: 20001-23-39-000-2016-00422-02
(70972), CP Nicolás Yepes Corrales.
41 Folios 218 a 238 del cuaderno principal.
42 “Artículo 320. Fines de la apelación. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión

decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior
revoque o reforme la decisión”.
43 “Artículo 328. Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los

argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos
previstos por la ley”.
44 Folio 371 del cuaderno principal.
45 Folio 351 del cuaderno principal.
46 Folio 371 anverso del cuaderno principal.

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Expediente: 76001-23-33-000-2014-00099-01 (66658)
Demandante: Central de Transportes S.A.

11.2.3.En todo caso, el asunto no podría ser estudiado porque la Terminal carecía de
interés para apelar la decisión que declaró la nulidad el acto de terminación unilateral,
en la medida en que, en ese punto, la sentencia de primera instancia le fue favorable47.

11.2.4.La Sala tampoco estudiará el argumento planteado por Metrocali en los alegatos
de segunda instancia para defender la legalidad de la Resolución 1.10.201. Esto, en
razón a que esta entidad, si bien tenía interés para interponer recurso de apelación
contra el ordinal primero de la sentencia de primera instancia, no lo hizo.

11.3. Por último, la demanda se presentó oportunamente. En efecto, la resolución que
terminó el contrato fue notificada el 30 de julio de 201348 y la demanda fue presentada
el 7 de febrero de 201449. Así, es claro que el medio de control se promovió dentro del
término de dos años previsto en la letra v) de la letra j) del numeral 2 del artículo 164
del CPACA50, incluso sin tener en cuenta que estuvo suspendido entre el 31 de octubre
de 2013 y el 22 de enero de 2014, con ocasión del agotamiento del requisito de
procedibilidad51.

12. De esta manera, la Sala (i) concluye que no se configuró la nulidad alegada por el
Ministerio Público, por cuanto en el presente caso es aplicable la renuncia tácita del
pacto arbitral prevista en el Estatuto de Arbitraje; (ii) no abordará los argumentos
relativos a la legalidad del acto administrativo de terminación unilateral, porque esa
decisión no fue recurrida; y (iii) la demanda fue presentada oportunamente.

G. Las partes acordaron supeditar el inicio de la ejecución contractual a la
aprobación de garantías

13. El único reparo, en relación con la negativa de las pretensiones de indemnización,
radica en que, de acuerdo con la Terminal, no era necesario tramitar la aprobación de
las garantías para que iniciara la ejecución del “convenio”.

14.Está acreditado que el 26 de junio de 2007 Metrocali y la Terminal suscribieron el
Convenio52, con el siguiente objeto

El objeto del presente Convenio es aunar esfuerzos en la colaboración armónica entre
METRO CALI S.A. y CENTRALES DE TRANSPORTES S.A., en donde CENTRALES
DE TRANSPORTES S.A. se obliga a elaborar el diseño y la construcción de la
Estación Terminal de Cabecera denominada “Valle del Lili” del SITM-MIO, sobre el
separador central de la vía Cali - Jamundí, (plataformas de articulados, alimentadores,

47 El inciso segundo del artículo 320 del CGP señala que solo “podrá interponer el recurso la parte a quien le

haya sido desfavorable la providencia: respecto del coadyuvante se tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso
segundo del artículo 71” (destacado fuera del texto).
48 Folio 27 del cuaderno 1.
49 Folio 22 del cuaderno 1.
50 “Artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser presentada: (…) 2. En los

siguientes términos, so pena de que opere la caducidad: (…) j) En las relativas a contratos el término para demandar
será de dos (2) años que se contarán a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho
que les sirvan de fundamento. (…) En los siguientes contratos, el término de dos (2) años se contará así: (…) v) En
los que requieran de liquidación y esta no se logre por mutuo acuerdo o no se practique por la administración
unilateralmente, una vez cumplido el término de dos (2) meses contados a partir del vencimiento del plazo
convenido para hacerlo bilateralmente o, en su defecto, del término de los cuatro (4) meses siguientes a la
terminación del contrato o la expedición del acto que lo ordene o del acuerdo que la disponga;”.
51 Esto, conforme la constancia expedida por el Procurador 165 Judicial II para Asuntos Administrativos.
52 Folios 95 y 197 del cuaderno 1.

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Expediente: 76001-23-33-000-2014-00099-01 (66658)
Demandante: Central de Transportes S.A.

vías internas y zonas complementarias, sin incluir obras de urbanismo, viales o de
otra tipo que se puedan llegar a requerir en el presente o en el futuro para la
integración vial o peatonal con otras áreas del sistema, el desarrollo urbano de la
ciudad o la integración con los patios talleres) y la construcción de la plataforma de
buses intermunicipales al interior de la Terminal Satélite del Sur de buses
Intermunicipales, y por su parte METRO CALI S.A. se obliga a retornar las inversiones
que realice CENTRALES de Transportes S.A. mediante el pago de un valor en pesos
de la tarifa de cada pasaje efectivamente realizado en el SITM-MIO, denominado
“Participación”, una vez comience el recaudo de la operación del SITM-MIO, por un
término de veinticuatro (24) años, además de entregar un Equity o valor de aporte en
dinero de CUATRO MIL MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE
($4.000'000.000.00) para alcanzar el cierre financiero de las inversiones, todo
conforme a las obligaciones más adelante detalladas y el acta de preacuerdo firmada
por las partes53.

15. Al margen de la calificación jurídica del mencionado acuerdo54, es indudable que
las partes pactaron que, para iniciar su ejecución, la Terminal había de constituir las
garantías que debían ser aprobadas por Metrocali. Así, es irrelevante que se discuta
si la aprobación de las pólizas era un requisito de ley, o no, por cuanto, en virtud de la
autonomía de la voluntad, se acordó que dicha actuación constituía un requisito para
ejecutar el Convenio.

16.Lo anterior es evidente en las cláusulas segunda, trigésima primera, trigésima
segunda, trigésima tercera, trigésima séptima y quincuagésima quinta del Convenio
que señalan:

CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DE CENTRALES DE TRANSPORTE S.A.
En cumplimiento del presente Convenio Interadministrativo, esta entidad, se
compromete a través de su infraestructura administrativa, técnica y financiera a
realizar las siguientes actividades: (…) h) Constituir y mantener vigentes las
garantías que se estipulan más adelante55 (destacado fuera del texto).

53 Folios 163 y 164 de cuaderno 1.
54 Si se considera que el Convenio es un contrato interadministrativo, se habría celebrado en vigencia de la letra c)

del ordinal 1º del artículo 24 de la Ley 80 de 1993, según el cual “Del Principio de Transparencia. En virtud de este
principio: / 1º. La escogencia del contratista se efectuará siempre a través de licitación o concurso públicos, salvo
en los siguientes casos en los que se podrá contratar directamente: (…) c) Interadministrativos, con excepción del
contrato de seguro”.
Así las cosas, no es aplicable la letra c) del numeral 4 del del artículo 2º la Ley 1150 de 2007 que originalmente
disponía lo siguiente:
“c) Contratos interadministrativos, siempre que las obligaciones derivadas de los mismos tengan relación directa
con el objeto de la entidad ejecutora señalado en la ley o en sus reglamentos. Se exceptúan los contratos de obra,
suministro, encargo fiduciario y fiducia pública cuando las instituciones de educación superior públicas sean las
ejecutoras. Estos contratos podrán ser ejecutados por las mismas, siempre que participen en procesos de licitación
pública o de selección abreviada (…) / Estarán exceptuados de la figura del contrato interadministrativo, los
contratos de seguro de las entidades estatales”.
El motivo por el cual la disposición citada no se puede aplicar en el sub examine consiste en que la Ley 1150 fue
promulgada en el Diario Oficial 46.691 del 16 de julio de 2007, es decir, con posterioridad a la fecha de celebración
del negocio jurídico, lo cual ocurrió el 26 de junio de 2007 (folios 95 y 197 del cuaderno 1).
Por la misma razón, el presente caso no se rige por la modificación introducida por del artículo 92 Ley 1474 de 2011
que estableció lo siguiente: “c) Contratos interadministrativos, siempre que las obligaciones derivadas del mismo
tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora señalado en la ley o en sus reglamentos / Se exceptúan
los contratos de obra, suministro, prestación de servicios de evaluación de conformidad respecto de las normas o
reglamentos técnicos, encargos fiduciarios y fiducia pública cuando las instituciones de educación superior públicas
o las Sociedades de Economía Mixta con participación mayoritaria del Estado, o las personas jurídicas sin ánimo
de lucro conformadas por la asociación de entidades públicas, o las federaciones de entidades territoriales sean
las ejecutoras. Estos contratos podrán ser ejecutados por las mismas, siempre que participen en procesos de
licitación pública o contratación abreviada de acuerdo con lo dispuesto por los numerales 1 y 2 del presente artículo”.
55 Folio 164 del cuaderno 1.

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Expediente: 76001-23-33-000-2014-00099-01 (66658)
Demandante: Central de Transportes S.A.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA: GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO A CARGO DE
CENTRALES DE TRANSPORTES S.A.
Aunque se trate de un Convenio Interadministrativo, dada la magnitud y
ponderación de riesgos que su objeto conlleva, CENTRALES de Transportes
S.A. acepta y deberá constituir a favor de Metro Cali S.A., dentro de los diez (10)
días hábiles siguientes a la firma del presente Convenio Interadministrativo, una
garantía única de cumplimiento o una garantía bancaria que, ampare, las
obligaciones a su cargo derivadas del presente convenio, expedida por una Compañía
de Seguras o Banco debidamente autorizados para funcionar en Colombia y para
emitir esta clase de garantías56 (destacado fuera del texto).

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA: COBERTURA Y CONTENIDO MÍNIMO DE LA
GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO.
La Central de Transportes S.A., se obliga a otorgar a favor de Metro Cali S.A., una
garantía única de cumplimiento, con el alcance y condiciones que resulten necesarias
para amparar las obligaciones derivadas del convenio interadministrativo, sin perjuicio
de lo cual deberá tener el contenido mínimo que se establece en la presente cláusula
para ser aprobada por Metro Cali S.A. Esta garantía debe mantenerse vigente
durante todo el término de duración del convenio Interadministrativo más seis
(6) meses adicionales (destacado fuera del texto).

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCERA: PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL. La Central de Transportes S.A., deberá constituir una póliza
de seguro para cubrir su obligación de asumir la responsabilidad civil extracontractual
que le pueda corresponder, con motivo de la ejecución del presente Convenio
Interadministrativo, entendiendo que dentro de dicho riesgo se encuentran incluidas
todas las consecuencias derivadas de los actos, hechos y omisiones de CENTRALES
de Transportes S.A. y los de sus dependientes, agentes, contratistas o
subcontratistas, y el cumplimiento de la obligación de mantener indemne a Metro Cali
S.A. por las acciones, reclamaciones o demandas de cualquier naturaleza, derivadas
de daños y/o perjuicios causados a las propiedades o a la vida o integridad personal
de terceros con ocasión directa o subsecuente de la ejecución del Convenio
Interadministrativo57.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉPTIMA: APROBACIÓN DE LAS PÓLIZAS Y
GARANTÍAS.
Para la aprobación de las pólizas establecidas en el presente convenio
Interadministrativo, se requiere que la compañía de Seguros que expide la póliza haya
contratado el reaseguro de los riesgos amparados que le fuere necesario de acuerdo
con las disposiciones legales vigentes, con una o varias entidades reaseguradoras
que se encuentren inscritas en el Registro de Reaseguradores y Corredores de
Reaseguros del exterior (REACOEX), de la Superintendencia Financiera.
Metro Cali S.A, dispondrá de un término de cinco (5) días hábiles, contados a partir
de la fecha recibo de las pólizas, para verificar la Garantía Única de Cumplimiento y
la póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual que le entregará CENTRALES de
Transportes S.A., con sus términos y condiciones generales y particulares, las notas
de cobertura de reaseguros y la certificación de la calificación de los reaseguradores.
Si se cumplen los requisitos la aprobará.
Cuando Metro Cali S.A. encuentre que la póliza no cumple los requisitos previstos en
este contrato, lo comunicará así por escrito a CENTRALES de Transportes S.A.
dentro del término que se ha señalado para el examen y aprobación de la póliza,
indicando de manera detallada las condiciones que se apartan de los presupuestos
que se exigen al efecto en el presente contrato. En caso de que Metro Cali S.A. no se
pronuncie dentro del término establecido, CENTRALES de Transportes S.A. deberá
solicitar la aprobación expresa y escrita de Metro Cali S.A.
La Central de Transportes S.A. contará con un término máximo de diez (10) días
hábiles, contados a partir de la fecha en que se haga entrega de la comunicación de

56 Folio 180 del cuaderno 1.
57 Folio 181 del cuaderno 1.

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Demandante: Central de Transportes S.A.

Metro Cali S.A. que contenga las observaciones a la Garantía Única para corregirla y
remitirla nuevamente a Metro Cali S.A.58

CLÁUSULA QUINCUAGÉSIMA QUINTA: REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO
Y EJECUCION DEL CONVENIO.
El presente Convenio Interadministrativo se perfecciona con el acuerdo de voluntades
de las partes y deberá elevarse a escrito; para su ejecución se requiere el Registro
Presupuestal del equity o aporte que realiza Metro Cali S.A., LA (sic) publicación del
convenio Interadministrativo en la Gaceta Municipal de Santiago de Cali, la cual se
entiende surtida con el recibo de pago de los derechos correspondientes, y la
aprobación de las Pólizas de Garantía por parte de la Oficina Jurídica de Metro
Cali. S.A.59 (destacado fuera de texto)

17.Producto de una interpretación literal y correcta de las cláusulas citadas, se puede
concluir, sin lugar a dudas, que las partes acordaron lo siguiente:

17.1. En virtud de las cláusulas segunda, trigésima primera y trigésima segunda, la
Terminal debía constituir las pólizas de responsabilidad contractual y responsabilidad
extracontractual a favor de Metrocali. De hecho, expresamente las partes indicaron
que se acordaba lo anterior, aunque el acuerdo “se trate de un Convenio
Interadministrativo”60.

17.2. Luego de constituidas las pólizas, la Terminal debía presentarlas a Metrocali para
que las aprobara, conforme a las cláusulas trigésima segunda y trigésima séptima.
Esta última estipulación, inclusive, reguló el procedimiento para aprobación de las
garantías y estableció que el término para que esta entidad verificara las garantías era
de “cinco (5) días hábiles, contados a partir de la fecha recibo de las pólizas”.

17.3.Finalmente, es ostensible que sin esa aprobación no podía ejecutarse el
convenio. En la cláusula quincuagésima quinta, las entidades pactaron los requisitos
para la “ejecución” del convenio, uno de los cuales consistió en “la aprobación de las
Pólizas de Garantía por parte de la Oficina Jurídica de Metro Cali. S.A.”61.

18. Sin perjuicio de lo expuesto, la Sala destaca que la postura de la demandante, en
el sentido de que no era obligatoria la expedición y aprobación de las pólizas para la
ejecución del contrato, no ha sido consistente durante el proceso:

18.1.En el escrito de demanda, la Terminal implícitamente reconoce que tenía la
obligación de otorgar las garantías, pero que su expedición no fue posible porque
Metrocali no entregó el predio donde se adelantarían las obras. Al respecto, en la
demanda se afirmó lo siguiente respecto del fundamento de la resolución en la que
Metrocali terminó unilateralmente el convenio:

Primera motivación: Que CENTRALES DE TRANSPORTES S.A., no allegó las
garantías ni las pólizas exigidas en el convenio, ni tampoco fue publicado.
• Es claro que la motivación de omisión en la presentación de las pólizas,
constituye una falsa motivación, toda vez que como se desprende de la propia

58 Folios 184 y 185 del cuaderno 1.
59 Folio 196 y 107 del cuaderno 1.
60 Esta expresión está textual en la cláusula trigésima segunda.
61 Folio 197 del cuaderno 1.

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Expediente: 76001-23-33-000-2014-00099-01 (66658)
Demandante: Central de Transportes S.A.

calificación del riesgo y determinación de la cobertura de estas, todas las
Garantias estaban condicionadas a la ejecución de la obra, en su etapa
preconstructiva y en su etapa constructiva.
• Si bien está claro, como lo determina la propia resolución, que METROCALI
S.A. no entregó los terrenos para la ejecución del proyecto, sobre qué obra,
ejecución o riesgo se emitirían las mismas62.

18.2. Posteriormente, a raíz de un requerimiento del tribunal63, la Terminal aportó la
Póliza de Seguro de Cumplimiento 800100094964, la Póliza de Seguro de
Cumplimiento Garantía Únicas de Cumplimiento 800100095065 y la Pólizas de Seguro
de Responsabilidad Civil 800101369566 y 800101369667 emitidas el 3 de julio de 2007
por Axa Colpatria Seguros S.A. Esto denota que, contrario a lo afirmado en la
demanda, la emisión de las garantías no se vio afectada por la ausencia de entrega
del predio.

18.3. Como consecuencia de lo anterior, el tribunal requirió al demandante para que
demostrara que las garantías habían sido presentadas a Metrocali a efectos de agotar
el trámite de aprobación68. Sin embargo, en memorial de 3 de febrero de 2015, la parte
demandante indicó:

(…) dando cumplimiento a lo ordenado en la audiencia de pruebas dentro del proceso
de la referencia, me permito informar a usted muy respetuosamente, que revisados el
consecutivo de remisión de correspondencia, la empresa demandante, no cuenta en
sus archivos con la copia del documento remisorio de las pólizas a la empresa
demandada, al parecer porque estas fueron remitidas directamente por el corredor de
seguros contratado por la empresa69.

18.4.La Sala destaca que la parte actora tenía la carga de acreditar la afirmación
según la cual el corredor de seguros remitió directamente las garantías a Metrocali. En
efecto, el artículo 167 del CGP, aplicable en virtud de la remisión del artículo 211 del
CPACA, dispone que “incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas
que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”.

18.5.Pero, más allá de esto, la anterior postura es contradictoria con la señalada en el
recurso de apelación, pues en este escrito la Terminal reconoce que sí debía emitir las
garantías, pero que no debían ser aprobadas por la entidad, en la medida en que el
negocio jurídico celebrado era un convenio interadministrativo y no un contrato. Así las
cosas, en el recurso de apelación, nuevamente incurrió en una inconsistencia con lo
señalado en el proceso.

62 Folios 10 y 11 del cuaderno 1.
63 En la audiencia inicial, al momento de decretar las pruebas, el tribunal ordenó “a la sociedad Central de
Transportes S.A. acreditar el cumplimiento de las obligaciones contenidas (…) en las cláusulas trigésima primera,
trigésima segunda y trigésima tercera del convenio interadministrativo” (folio 278 del cuaderno 1). Cabe indicar que
esas obligaciones a la constitución de las pólizas de responsabilidad contractual y extracontractual.
64 Folio 286 del cuaderno 1.
65 Folio 289 del cuaderno 1.
66 Folio 292 del cuaderno 1.
67 Folio 295 del cuaderno 1.
68 En la audiencia de pruebas realizada el 29 de enero de 2015, el juez de primera instancia decretó la siguiente

prueba de oficio: “se ORDENARÁ a CENTRAL DE TRANSPORTES S.A. que suministre la constancia o prueba de
recibido de esas pólizas, pues resulta necesario comprobar el recibimiento de las mismas por parte de METROCALI
S.A.” (folio 300 del cuaderno 1, mayúsculas fijas dentro del texto).
69 Folio 303 del cuaderno 1.

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Expediente: 76001-23-33-000-2014-00099-01 (66658)
Demandante: Central de Transportes S.A.

19. En conclusión, es diáfano que sí se requería la aprobación de las garantías para
ejecutar el Convenio, lo cual conlleva a desestimar el recurso de apelación, pues este
es el único reparo formulado por la parte actora.

H. Costas

20. Como el recurso de apelación no prosperó, la sociedad demandante debe ser
condenada en costas y agencias en derecho de segunda instancia, de conformidad
con lo ordenado en el artículo 188 del CPACA70. Las costas serán tasadas y liquidadas
en forma concentrada por el tribunal de primera instancia, de acuerdo con los artículos
365 y 366 del CGP.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERA: CONFÍRMASE la sentencia proferida el 18 de diciembre de 2019 por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

SEGUNDA: CONDÉNASE en costas y agencias en derecho de segunda instancia a
la parte demandante, las cuales se fijarán y liquidarán en forma concentrada por el
tribunal de primera instancia.

TERCERO: En firme esta providencia DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de
origen, previas las constancias secretariales de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Con firma electrónica
FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Presidente de la Subsección

Con firma electrónica Con firma electrónica
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
Salva voto

70 “Artículo 188. Condena En Costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia

dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil”. En concordancia con el
14

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