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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-33-000-2013-01969-02

Fecha
22 de mayo de 2026
Consejero ponente
Diego Enrique Franco Victoria

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-33-000-2013-01969-02

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: (…) 2°) Confírmase en lo demás la sentencia del Tribunal Administrativo de Antioquia - Sala Primera de Oralidad de 30 de enero de 202057 (destacado fuera del texto). 16. En conclusión, es claro, en relación con las pretensiones subsidiarias de incumplimiento, existe identidad de partes, objeto y causa petendi. Por ende, la Sala declarará oficiosamente que operó la excepción de cosa juzgada en relación con dicho asunto. H. Costas 17. El Municipio deberá ser condenado en costas y agencias en derecho de segunda instancia, de conformidad con lo ordenado en el artículo 188 del CPACA 58, en la medida en que el recurso presentado no prosperó. Las costas serán tasadas y 57 Archivo 17SentenciaSegundainstanciaCE – índice 21 del Samai. 58 “Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil”. 11 Expediente: 05001-23-33-000-2013-01969-02 (71863) Demandante: Municipio de Bello liquidadas en forma concentrada por el tribunal de primera instancia, de acuerdo con los artículos 365 y 366 del CGP. III. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, RESUELVE: PRIMERA: MODÍFICASE la sentencia de primera instancia, la cual quedará así: PRIMERO: DECLÁRASE oficiosamente la excepción de cosa juzgada respecto de las pretensiones subsidiarias de la demanda presentada por el Municipio de Bello en contra de la Fundación Educativa El Taller de los Niños. SEGUNDO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda. TERCERO: NEGAR la condena en costas en la presente instancia. CUARTO: ARCHIVAR el expediente en firme este proveído (negrillas dentro del texto). SEGUNDA: CONDÉNASE en costas y agencias en derecho de segunda instancia a la parte demandante, las cuales se fijarán y liquidarán en forma concentrada por el tribunal de primera instancia. TERCERO: En firme esta providencia DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 05001-23-33-000-2013-01969-02

Consejero ponente: Diego Enrique Franco Victoria

22 de mayo de 2026

Expediente: 05001-23-33-000-2013-01969-02 (71863)
Demandante: Municipio de Bello

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA

Bogotá D.C., veintidós (22) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Medio de control: Controversias contractuales
Radicación: 05001-23-33-000-2013-01969-02 (71863)
Demandante: Municipio de Bello
Demandado: Fundación Educativa El Taller de los Niños

La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en
contra de la sentencia proferida el 29 de julio de 2024 por la Sala Séptima del Tribunal
Administrativo de Antioquia, que negó las pretensiones de la demanda. La Sala es
competente para proferir esta providencia, de acuerdo con el artículo 150 de la Ley
1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, en adelante “CPACA”, por tratarse de un recurso de apelación contra
una sentencia dictada por un tribunal administrativo1, el cual conoció el proceso en
primera instancia en razón a la naturaleza del asunto y a que la cuantía superó los
quinientos salarios mínimos mensuales legales2.

SÍNTESIS3

El Municipio de Bello (en adelante, el “Municipio”) celebró un contrato con la Fundación
Educativa El Taller de los Niños (en adelante, la “Fundación”), con el objeto de entregar
en “concesión la prestación del servicio de cobertura educativa en [un] colegio que se
construya por parte del concesionario”4. El Municipio pretendió que se declarara el
incumplimiento del contratista porque suspendió unilateralmente el contrato. La Sala
declara la cosa juzgada, porque existe otro proceso con identidad de partes, objeto y
causa jurídica en el que se desestimó, en sentencia ejecutoriada, que el contratista
hubiera incumplido el contrato.

I. ANTECEDENTES

A. Posición de la parte demandante

1. El 29 de noviembre de 2013, el Municipio de Bello presentó una demanda, en

1 “Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia. El Consejo de Estado, en Sala de lo

Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos (…)”.
2 El numeral 5 del texto original del artículo 152 del CPACA establece que los tribunales administrativos conocen

de los procesos “relativos a los contratos, cualquiera que sea su régimen, en que sea parte una entidad pública en
sus distintos órdenes (…) cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales
vigentes.”. En el presente caso, la cuantía fue estimada en “mil novecientos noventa y cuatro millones doscientos
cincuenta y tres mil [pesos] ($1.994.253.000)” (folio 13 del cuaderno 1). Adicionalmente, el Municipio de Bello, que
funge como demandante, es una entidad pública.
3 Tema: controversias contractuales – cosa juzgada.
4 Folio 145 del cuaderno 1.

1

Expediente: 05001-23-33-000-2013-01969-02 (71863)
Demandante: Municipio de Bello

ejercicio del medio de control judicial de controversias contractuales, en contra de la
Fundación, en la que elevó las siguientes pretensiones5:

PRIMERA: Declárese la nulidad de la Resolución No. 0787 del 05 de Abril de 2010,
mediante la cual, La Secretaría de Educación para la Cultura del Municipio de Bello,
adjudicó el contrato para la prestación del servicio de cobertura educativa a LA
FUNDACIÓN EDUCATIVA EL TALLER DE LOS NIÑOS.
SEGUNDA: Declárese la nulidad del contrato de concesión No. 0768 de 2010,
suscrito entre La Secretaría de Educación para la Cultura del Municipio de Bello y LA
FUNDACIÓN EDUCATIVA EL TALLER DE LOS NIÑOS, cuyo objeto es la "concesión
para la prestación del servicio de cobertura educativa, en el colegio que se construya
por particulares en las comunas 6 y 7, con reversión al municipio de Bello.
TERCERA: Como consecuencia de las declaraciones anteriores, se ordenen la
restituciones mutuas, de conformidad con lo establecido en el artículo 1746 del
Código Civil Colombiano.
CUARTA. Condénese a la demandada en costas y agencias en derecho.
SUBSIDIARIAS
En el hipotético evento que el Despacho no acoja las pretensiones principales, solicito
muy comedidamente al Despacho, con fundamento en las razones de hecho y de
derecho y las pruebas recaudadas en el presente proceso, se acojan las siguientes
pretensiones subsidiarias:
PRIMERA: Se declare que LA FUNDACIÓN EDUCATIVA EL TALLER DE LOS
NIÑOS, incumplió las obligaciones que eran de su resorte y se desprendían del
Decreto 2355 de 2009, la Licitación Pública No. 01 de 2010 y del contrato de
concesión No. 0768 de 2010
SEGUNDA: Como consecuencia de lo anterior, se declare la resolución del contrato
de concesión No. 0768 de 2010, suscrito entre La Secretaría de Educación para la
Cultura del Municipio de Bello y LA FUNDACIÓN EDUCATIVA EL TALLER DE LOS
NIÑOS6.

2. Las pretensiones de la demanda se sustentan, en síntesis, en las siguientes
afirmaciones:

2.1. El Municipio llevó a cabo la Licitación Pública 01 de 2010, con miras a seleccionar
al contratista que celebraría un contrato de concesión para la construcción de un
colegio y la prestación del servicio educativo en dicha institución. Este procedimiento
finalizó por medio de la Resolución 787 del 5 de abril de 2010, en la que se adjudicó
el contrato a la Fundación.

2.2. Como consecuencia de lo anterior, el 1º de septiembre de 2010, el Municipio y la
Fundación celebraron el contrato no. 768, cuyo objeto consistió en “otorgar por parte
del Concedente y a favor del Concesionario la concesión para la prestación del servicio
de cobertura educativa en colegio que se construya por particulares en las comunas
seis (6) y siete (7), con reversión a favor del Municipio de Bello”7.

2.3. El Municipio presentó demanda porque, en su opinión, el acto de adjudicación y el
contrato son nulos por tres motivos8: (i) el proceso de selección se inició sin que el
Ministerio de Educación Nacional hubiese aprobado un estudio de insuficiencia
educativa; (ii) porque la Fundación no contaba con reconocida trayectoria e idoneidad,

5 Folios 1 a 14 del cuaderno 1.
6 Folios 3 y 4 del cuaderno 1.
7 Folio 148 del cuaderno 1.
8 Previamente, hizo referencia a un proceso arbitral iniciado por el contratista que fue finalizado porque no se

consignaron los honorarios de los árbitros.
2

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Demandante: Municipio de Bello

pues había sido constituida seis meses antes de la adjudicación y sin tener licencia de
funcionamiento para todos los niveles educativos y (iii) porque no hay certeza de si el
contrato se celebró con la aprobación de vigencias futuras, teniendo en cuenta que su
duración es de 20 años.

2.4. Asimismo, solicita que, subsidiariamente, se declare el incumplimiento del contrato
por parte de la Fundación. En relación con este punto, únicamente señaló en la
demanda que la contratista “suspendió de manera unilateral el contrato de concesión,
obligando [al Municipio] a reubicar los estudiantes en otras instituciones educativas de
manera urgente”9.

B. Posición de la parte demandada

3. La Fundación contestó oportunamente la demanda10, de forma tal que se opuso a
la prosperidad de las pretensiones, entre otras, con base en las siguientes excepciones
de mérito11:

3.1. No se configuraron los vicios de nulidad alegados, por cuanto: (i) el estudio de
suficiencia no es necesario para la celebración de contratos de concesión educativa;
(ii) de acuerdo con el Decreto 2355 de 200912, la idoneidad de los interesados se
evalúa a través de la conformación de un Banco de Oferentes, del cual hacía parte la
Fundación; y, (iii) el contrato sí contaba con certificado de disponibilidad presupuestal,
registro presupuestal y autorización de vigencias futuras. En todo caso, las falencias
sobre estos aspectos afectan la ejecución del contrato y no su validez.

3.2. En segundo lugar, formuló la excepción de contrato no cumplido13, de acuerdo con
la cual quien incumplió el contrato fue el Municipio quien no le asignó al contratista los
cupos educativos acordados. Estos cupos eran centrales pues remuneraban los costos
del contratista.

C. Trámite relevante en primera instancia

4.El 12 de abril de 2018, la magistrada ponente decretó la prueba pericial solicitada
por el Municipio para determinar el monto de las restituciones mutuas que serían
consecuencia de la nulidad y designó una perita de la lista de auxiliares 14.

5.En la audiencia del 17 de mayo de 2018, la auxiliar se declaró impedida porque
había rendido un dictamen en un proceso diferente iniciado por la Fundación en contra
del Municipio por los mismos hechos. Por esto, el tribunal ordenó trasladar la prueba

9 Folio 2 del cuaderno 1.
10 Folios 427 a 486 del cuaderno 1.
11 Así las denominó la demandada (folio 440 del cuaderno 1). Cabe indicar que, además, de las excepciones de

mérito formuló las excepciones previas de caducidad del medio de control e ineptitud de la demanda. Estas
excepciones fueron desestimadas en la audiencia inicial (folios 575 y 576 del cuaderno 1), decisión confirmada en
el auto del 6 de julio de 2017, proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, con
ponencia de la doctora Stella Conto Díaz del Castillo (folios 583 a 589).
12 Esta norma “reglamenta la contratación del servicio público educativo por parte de las entidades territoriales

certificadas”.
13 Folio 466 del cuaderno 1.
14 Folios 594 a 596 del cuaderno 2.

3

Expediente: 05001-23-33-000-2013-01969-02 (71863)
Demandante: Municipio de Bello

pericial practicada en dicho proceso15.

6.El 25 de junio de 2018, luego de que se había allegado la prueba trasladada, el
despacho aceptó el impedimento de la auxiliar de justicia por “haber dado concepto en
actuación judicial en la que se debate el mismo contrato de concesión 768 de 2010”16.

D. La sentencia apelada

7. El 29 de julio de 2024, la Sala Séptima del Tribunal Administrativo de Antioquia negó
las pretensiones y se abstuvo en condenar en costas, así17:

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda interpuesta por el MUNICIPIO
DE BELLO contra la FUNDACIÓN EDUCATIVA TALLER DE LOS NIÑOS.
SEGUNDO: NEGAR la condena en costas en la presente instancia.
TERCERO: ARCHIVAR el expediente en firme este proveído (negrillas dentro del
texto).

8. El tribunal desestimó las pretensiones, para lo cual consideró lo siguiente:

8.1. Por una parte, no se acreditó la nulidad del acto de adjudicación ni del contrato,
por ninguno de los tres motivos alegados por el Municipio:

8.1.1. Primero, porque se “demostró que para el municipio de Bello existía un déficit de
cobertura al adjudicar el contrato, correspondiente a más de 14.000 estudiantes, por
lo que se concluye que se encuentra acreditado el requisito de insuficiencia solicitado
por la norma”18.

8.1.2. Segundo, la Fundación acreditó el cumplimiento de los requisitos exigidos por el
pliego de condiciones. Además, normativamente debía acreditarse que la contratista
estaba en el Banco de Oferentes regulado en el Decreto 2355 de 2009, pero el
Municipio no aportó cuál era la lista habilitada para el año 2010. En ese sentido, dado
que fungía como demandante en el proceso, esa “omisión es imputable solo al
municipio de Bello”19.

8.1.3. Tercero, no es cierto que existiera una ausencia de autorización en el uso de
vigencias futuras, pues el Concejo Municipal de Bello la otorgó por medio del Acuerdo
005 de 2009. Igualmente, se aportó el certificado de disponibilidad presupuestal que
respaldaba el proceso de selección. Por ende, el tribunal no encontró acreditadas “las
supuestas falencias alegadas y acaecidas en la etapa precontractual relativas a la falta
de certificado de disponibilidad presupuestal y trámite de las vigencias futuras”20.

8.2. Por
otra parte, no se acreditó el incumplimiento del contrato por parte del
demandado. De acuerdo con lo acordado, luego de la construcción del colegio, el

15 Folios 640 a 641 del cuaderno 2.
16 Folio 765 del cuaderno 2.
17 Índice 120 del Samai del tribunal.
18 Folio 20 – índice 120 del Samai del tribunal.
19 Folio 22 – índice 120 del Samai del tribunal.
20 Folio 24 – índice 120 del Samai del tribunal.

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Expediente: 05001-23-33-000-2013-01969-02 (71863)
Demandante: Municipio de Bello

Municipio debía asignar anualmente 4000 cupos de cobertura educativa o pagarle al
contratista el dinero equivalente. En el caso concreto, se demostró que la Fundación
realizó la obra y, pese a ello, fue el Municipio quien incumplió la obligación de asignar
o pagar los cupos educativos.

8.3. No obstante que se negaron todas las solicitudes de la demanda, el tribunal se
abstuvo de condenar en costas “habida consideración de que prosperaron
parcialmente las pretensiones, esto es, no hay parte vencida”21.

E. El recurso de apelación

9. Dentro del término legal, el Municipio presentó recurso de apelación en el que
únicamente discutió que “existe incumplimiento total del contrato por parte de la
Fundación”22.

9.1. En ese orden de ideas, aseveró que la concesionaria asumió por su cuenta y riesgo
la explotación del servicio. En consecuencia, aunque el Municipio se obligó a otorgar
los cupos educativos, la Fundación “debía procurar que tales cupos fueran eficaces,
esto es, (…) debía informarle a la comunidad que tenía cupos disponibles, sin embargo
esto no fue así, pues, la fundación decidió abruptamente suspender el contrato y de
esta manera desescolarizó a la comunidad”23.

9.2. Además, el Municipio solo dejó de cumplir cuando el contratista decidió
unilateralmente suspender la ejecución contractual el 1º de agosto de 2012. Tan claro
es lo anterior, que la administración municipal le pagó al contratista la suma de mil
novecientos noventa y cuatro millones doscientos cincuenta y tres mil pesos
($1.994.253.000).

9.3. En todo caso, el tribunal no analizó que el contratista no podía retirar los
estudiantes que ya habían iniciado un año lectivo, pues “la Ley 115 de 1994 (ley de
educación) así lo prohíbe”24.

F. Actuación surtida en el trámite del recurso de apelación

10. El 6 de septiembre de 2024 el tribunal concedió el recurso de apelación25. El
recurso de apelación fue admitido mediante auto del 8 de octubre de 202426. En las
oportunidades previstas en los numerales 427 y 728 del artículos 247 del CPACA, la
parte demandada y el Ministerio Público se pronunciaron, así:

21 Folio 26 – índice 120 del Samai del tribunal.
22 Folio 3 – índices 123 y 124 del Samai del Tribunal.
23 Folio 4 – índices 123 y 124 del Samai del Tribunal.
24 Folio 5 – índices 123 y 124 del Samai del Tribunal.
25 Índice 126 del Samai del tribunal.
26 Índice 3 del Samai.
27 “Artículo 247. Trámite del recurso de apelación contra sentencias. [Artículo modificado por el artículo 67 de la Ley

2080 de 2021] El recurso de apelación contra las sentencias proferidas en primera instancia se tramitará de acuerdo
con el siguiente procedimiento: (…) 4. Desde la notificación del auto que concede la apelación y hasta la ejecutoria
del que la admite en segunda instancia, los sujetos procesales podrán pronunciarse en relación con el recurso de
apelación formulado por los demás intervinientes”.
28 “7. La sentencia se dictará dentro de los veinte (20) días siguientes. En ella se ordenará devolver el expediente

al juez de primera instancia para su obedecimiento y cumplimiento”.
5

Expediente: 05001-23-33-000-2013-01969-02 (71863)
Demandante: Municipio de Bello

10.1.La parte demandada indicó que en el caso existe un precedente “con efectos de
cosa juzgada proferido por la “Sección Tercera del Consejo de Estado Subsección B,
con ponencia del Magistrado Fredy Ibarra Martínez, en sentencia del 11 de septiembre
de 2024, en el proceso con radicado 05001-23-33-000-2014-01023-01 (69.042)”29.

10.2. El Ministerio Público conceptuó que debe confirmarse la decisión de primera
instancia, por cuanto en la apelación no se discutió la denegación de las pretensiones
principales de nulidad del acto de adjudicación y del contrato. Adicionalmente, en
relación con las pretensiones subsidiarias, en la demanda no se explicó “en qué
consistía el incumplimiento del contrato, ni cuáles eran los argumentos jurídicos que
los soportaban”30, por lo que estudiar los argumentos planteados en el recurso de
apelación violaría el principio de congruencia.

11. El 1º de diciembre de 2025, el despacho decretó oficiosamente que se allegara al
proceso “copia íntegra del expediente de controversias contractuales con número de
radicación 05001-23-33-000-2014-01023-00 tramitado ante el Tribunal Administrativo
de Antioquia”31. El 26 de enero de 2026, el tribunal remitió la información solicitada32.

II. CONSIDERACIONES

G. Cosa juzgada

12. La Sala declarará la cosa juzgada, pues las mismas partes discutieron el
incumplimiento de la Fundación del contrato no. 768 de 2010, en un proceso que
cuenta con sentencia ejecutoriada que tiene efectos de cosa juzgada.

13. Sin perjuicio de lo anterior, la Sala precisa que se abstendrá de pronunciarse sobre
las pretensiones principales acerca de la nulidad del acto de adjudicación y del
contrato, en la medida en que el juez de primera instancia las desestimó y el recurrente
no presentó recurso en contra de dicha decisión33. En efecto, recientemente, se reiteró
que la competencia del superior está limitada por los “reparos concretos en virtud de
los artículos 32034 y 32835 de la Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso, en
adelante, “CGP”)”36. Cabe precisar que esas normas son aplicables, en la medida en

29 Folio 2 - archivo 6_050012333000201301969023MemorialWeb20241018155017 - índice 9 de Samai. En esa

oportunidad aportó copia de la sentencia (archivo 7_050012333000201301969024MemorialWeb20241018155018
• índice 9 de Samai).
30 Folio 7 – índice 11 del Samai.
31 Índice 16 del Samai.
32 Índice 21 del Samai.
33 En todo caso, la Sala destaca que los cargos de nulidad contractual se ventilaron en el proceso que fue decidido

y también fueron desestimados.
34 “Artículo 320. Fines de la apelación. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión

decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior
revoque o reforme la decisión”.
35 “Artículo 328. Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los

argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos
previstos por la ley”.
36 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 17 de abril de 2026, radicación: 76001-23-33-

000-2014-00099-01 (66658), CP: Diego Enrique Franco Vitoria. En el caso concreto, la Sala no abordó unos
asuntos definidos por la decisión de primera instancia que no fueron objeto del recurso de apelación.
En el mismo sentido, Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 1º de diciembre de 2025,
radicación: 08001-23-33-000-2015-00747-01 (72473), CP: Diego Enrique Franco Vitoria. En esa oportunidad,
inclusive la Sala confirmó la sentencia de primera instancia por la ausencia de formulación de reparos concretos en
contra de la decisión.
6

Expediente: 05001-23-33-000-2013-01969-02 (71863)
Demandante: Municipio de Bello

que “el recurso de apelación se presentó luego de la entrada en vigencia de dicho
estatuto procesal civil37”38.

14. En relación con las pretensiones subsidiarias de incumplimiento contractual, la
Sala declarará la cosa juzgada39. Al respecto, el inciso cuarto del artículo 189 del
CPACA, que regula los “efectos de las sentencias”, prescribe lo siguiente:

La sentencia dictada en procesos relativos a contratos, reparación directa y
cumplimiento, producirá efectos de cosa juzgada frente a otro proceso que tenga el
mismo objeto y la misma causa y siempre que entre ambos haya identidad jurídica de
partes.

14.1. En concordancia con esta norma, el artículo 303 del CGP preceptúa que

La sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso tiene fuerza de cosa
juzgada siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, se funde en la
misma causa que el anterior y entre ambos procesos haya identidad jurídica de
partes.
Se entiende que hay identidad jurídica de partes cuando las del segundo proceso son
sucesores por causa de muerte de las que figuraron en el primero o causahabientes
suyos por acto entre vivos celebrado con posterioridad al registro de la demanda si
se trata de derechos sujetos a registro, y al secuestro en los demás casos. (…)

En un caso análogo al presente, la Subsección A de la Sección Tercera del
14.2.
Consejo de Estado reiteró la relevancia de esta institución, en los siguientes términos:

La Sala advierte que el fenómeno de la cosa juzgada, tiene por propósito que las
pretensiones que han sido resueltas a través de cualquiera de los medios judiciales
aceptados por la ley, no vuelvan a ser debatidos en otro juicio posterior. Tal cualidad
de lo resuelto obliga a las partes, porque lo decidido tiene carácter vinculante y
obligatorio y, por tanto, goza de plena eficacia.
La cosa juzgada constituye una consecuencia jurídica que se le atribuye a la
sentencia, respecto de la cual, se pueden predicar efectos procesales y sustanciales
que tienden a garantizar un mínimo de seguridad jurídica entre los asociados y frente
al propio Estado.
Dicha figura está regulada en los artículos 303 del C.G.P.40 y el inciso 4 del artículo
189 del C.P.A.C.A., en los procesos relativos a contratos41, que recogen los elementos
formales y materiales para su configuración.

37 [Cita del original] El inciso segundo del artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo 624 del CGP,

establece que “(…) los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las
diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones
que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las
pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes
o comenzaron a surtirse las notificaciones.”.
38 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 1º de diciembre de 2025, radicación: 76001-

23-31-000-2012-00235-01 (68066), CP: Diego Enrique Franco Vitoria,
39 Cabe indicar que en el recurso de apelación se hizo referencia a la “Existencia de perjuicios ocasionados al

Municipio de Bello y no avizorados por el Despacho” (folio 7 – índices 123 y 124 del Samai del Tribunal). No se
estudiará este argumento porque se refería a la condena que se debía imponer a la Fundación, como consecuencia
del incumplimiento contractual. En ese sentido, como se declarará la cosa juzgada en relación con este último
asunto, la Sala no debe estudiar el reparo acerca de la demostración de los perjuicios. En todo caso, se precisa
que, en las pretensiones subsidiarias, el Municipio no solicitó indemnización alguna, sino que se limitó a pedir la
resolución del contrato.
40 [Cita del original] Artículo 303: “La sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso tiene fuerza de cosa

juzgada siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, se funde en la misma causa que el anterior y
entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes”.
41 [Cita del original] Artículo 189: “La sentencia dictada en procesos relativos a contratos, reparación directa y

cumplimiento, producirá efectos de cosa juzgada frente a otro proceso que tenga el mismo objeto y la misma causa
y siempre que entre ambos haya identidad jurídica de partes”.
7

Expediente: 05001-23-33-000-2013-01969-02 (71863)
Demandante: Municipio de Bello

El sentido formal, implica que no es posible volver sobre una decisión adoptada en
providencia que hubiere quedado ejecutoriada dentro de un proceso, o en otro en el
cual las partes debatan la misma causa petendi con idénticos fundamentos jurídicos.
Por su parte, el sentido material hace alusión a la intangibilidad de la sentencia o su
equivalente en firme, pues se tiene por cierto que la actividad jurisdiccional se ocupó
plenamente de la relación, objeto y causa debatida en la contienda, y que aquella fue
decidida con la plenitud de las formas propias del juicio42.43.

14.3. De acuerdo con lo anterior, los efectos de cosa juzgada evitan que la jurisdicción
resuelva una controversia dos veces, con miras a garantizar la seguridad jurídica entre
los asociados e, incluso, en relación con el propio Estado. En relación con el medio de
control de controversias contractuales, una sentencia ejecutoriada produce efectos de
cosa juzgada respecto de otro proceso, siempre que (i) haya identidad jurídica de
partes, (ii) de objeto y (iii) de causa petendi.

14.4. Sobre el alcance de las nociones de las identidades, la Sección Tercera explicó
lo siguiente:

En relación con las identidades procesales, ha dicho el Consejo de Estado44:
“La identidad jurídica de partes, implica que los efectos de una sentencia sólo se
extiendan a quienes actuaron dentro del proceso. En consecuencia, si dentro de un
proceso dejó de señalarse a determinada persona como parte, no se configura la cosa
juzgada, teniendo ésta la posibilidad de iniciar un nuevo proceso. Esto desde el punto
de vista del procedimiento civil, pues la sentencia, por regla general, tiene efectos
inter partes.”
“La identidad jurídica de objeto involucra realizar un análisis que conduzca a concluir
que la nueva demanda impetrada ante la jurisdicción contiene las mismas
pretensiones o declaraciones45. Por consiguiente, para identificar si existe identidad
de objeto se deben estudiar los hechos, las pretensiones y la sentencia anterior para
confrontarlas con los hechos y pretensiones planteadas en el nuevo proceso a fin de
poder determinar si existe identidad de objeto46. En otras palabras, la identidad de
objeto exige que la petición en ambos procesos sea la misma.
“Frente a la identidad de causa jurídica o causa petendi juzgada, se concreta en los
motivos o razones que deben aparecer puntualizados a lo largo de la demanda y que
surgen de los diferentes hechos consagrados, por cuanto del análisis de éstos, es
como verdaderamente se puede saber si los fundamentos jurídicos de las
pretensiones son idénticos”47.

15. En el asunto bajo estudio, se configuró la cosa juzgada. Está demostrado que el
proceso 05001-23-33-000-2014-01023-01 (69042) fue decidido en segunda instancia
por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por medio de la
decisión del 11 de septiembre de 2024 y la sentencia complementaria del 26 de marzo

42 [Cita del original] Sobre el tema se puede consultar: Consejo de Estado, Sección Tercera, C.P. Ramiro Saavedra

Becerra. Sentencia del 28 de enero del 2009, expediente No. 34.239. Criterio reiterado en Consejo de Estado,
Sección Tercera Subsección A, sentencia del 28 de agosto de 2019, expediente 59.903.
43 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 22 de agosto de 2023, radicación: 25000-23-

36-000-2013-01375-02 (60146), CP: Marta Nubia Velásquez Rico.
44 [Cita del original] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Expediente 11.405,

Consejera Ponente: Ruth Stella Correa Palacio.
45 [Cita del original]“[7] Corte Suprema de Justicia, Sentencia del 9 de mayo de 1952. Gaceta Judicial, t. LXXII, pág.

86.” Citada por: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Expediente 11.405,
Consejera Ponente: Ruth Stella Correa Palacio.
46 [Cita del original] “[8]LOPEZ BLANCO Hernán Fabio, Instituciones de Derecho Procesal Civil Colombiano, Tomo

I, Bogotá. Dupre, 2005. Pág. 644.” Citado por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, Expediente 11.405, Consejera Ponente: Ruth Stella Correa Palacio.
47 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de enero de 2009, radicación: 11001-03-26-000-2007-

00046-01 (34239), CP: Mauricio Fajardo Gómez.
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Expediente: 05001-23-33-000-2013-01969-02 (71863)
Demandante: Municipio de Bello

de 202548, las cuales están ejecutoriadas49. Igualmente, es claro que en ese proceso
se configuraron las identidades procesales:

15.1.En primer lugar, en los procesos hay identidad de partes, pues la Fundación
Educativa El Taller de los Niños actuó como demandante en el referido asunto50.
Igualmente, el Municipio de Bello fue demandado en el proceso que cuenta con
sentencia ejecutoriada. Así las cosas, se trata de las mismas partes, sin perjuicio de
que en dicha actuación la Fundación haya actuado como parte actora y el Municipio,
como demandado.

15.2. En segundo lugar, podría pensarse que los objetos son diferentes, dado que en
el proceso que cuenta con decisión ejecutoriada la Fundación fue demandante y en el
caso bajo estudio lo fue el Municipio. Sin embargo, en ambos se solicitó la misma
declaración, a saber: el incumplimiento del contrato por parte de la Fundación.

15.2.1.En el sub examine, el Municipio pidió que se declarara “que LA FUNDACIÓN
EDUCATIVA EL TALLER DE LOS NIÑOS, incumplió las obligaciones que eran de su
resorte y se desprendían del Decreto 2355 de 2009, la Licitación Pública No. 01 de
2010 y del contrato de concesión No. 0768 de 2010”. Como consecuencia de esta
pretensión, se pidió la resolución del contrato.

Por su parte, en el proceso que cuenta con decisión ejecutoriada, el Municipio,
15.2.2.
en su calidad de demandado, alegó excepción de contrato no cumplido. Así, sostuvo
que “el concesionario incumplió totalmente el contrato (…) ya que, por escrito del 1º
de agosto de 2012 (…), éste decidió suspender el contrato”51. Dicha excepción fue
desestimada en la sentencia de primera instancia, así:

El municipio de Bello afirmó que la Fundación en el mes de junio de 2012 suspendió
la ejecución del contrato sin razón aparente (…).
Para el año 2011 la visita técnica al lugar dio cuenta de la construcción del colegio y
de una capacidad de 1600 alumnos por jornada, y los funcionarios municipales
recomendaron no superarla. Obran en el proceso los informes de interventoría de
noviembre de 2011 y el primer semestre de 2012 conforme a los cuales la Fundación
estaba cumpliendo a cabalidad sus obligaciones contractuales, y se demostró
también que con ocasión del no pago por parte del municipio se suspendieron las
labores en la Institución Educativa por la insostenibilidad para cubrir la planta de
personal docente, administrativo y sufragar los gastos de funcionamiento del colegio.
(…)
Dicho lo anterior, no queda más que dar por no probada la excepción de contrato no
cumplido presentada por el Municipio de Bello en la contestación de la demanda
(…)
FALLA
PRIMERO: No se declaran probadas las excepciones de contrato no cumplido (…)52.

48 Ambas providencias obran en el enlace remitido por el tribunal (índice 21 del Samai). Archivos
17SentenciaSegundainstanciaCE y 18AdicionaSentenciaSegundaInstanciaCE.
49 Tan claro es lo anterior que el 23 de mayo de 2025, el tribunal expidió auto que ordenó cumplir lo resuelto por el

superior (archivo 19AutoObedezcaseCumplase – enlace remitido por el tribunal - índice 21 del Samai).
50 Archivo DEMANDA – enlace remitido por el tribunal – índice 21 del Samai. La sociedad tiene NIT 900.294.876-

0, que es el mismo de la que funge como parte demandada en este proceso.
51 Esto, conforme la decisión de primera instancia (folio 12 – archivo Sentencia-Apelación - enlace remitido por el

tribunal – índice 21 del Samai).
52 Folios 47, 48 y 70 – archivo Sentencia-Apelación - enlace remitido por el tribunal – índice 21 del Samai

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Expediente: 05001-23-33-000-2013-01969-02 (71863)
Demandante: Municipio de Bello

15.2.3.Por lo anterior, el Municipio presentó recurso de apelación, en el que incluyó un
acápite denominado “Existe incumplimiento total del contrato por parte del
concesionario”. En ese apartado, sostuvo lo siguiente:

En virtud de la cláusula en mención, es claro que el concesionario, es decir, la
Fundación el Taller de los Niños, debía prestar el servicio de educación bajo su propia
cuenta y riesgo, asumiendo todos los costos y gastos del proyecto. No obstante, lo
anterior, el accionante por escrito del 1 de agosto de 2012 decidió suspender el
contrato señalando que tal suspensión, se debía a una causa extraña que le impedía
cumplir con el mismo.
(…)
En virtud de lo señalado anteriormente, es preciso indicar en primer lugar que la
suspensión del contrato que realizó la parte actora por medio del comunicado del 1
de agosto de 2012 no tiene ningún tipo de causal justificativa, toda vez que fue su
única voluntad, la causante de la suspensión, y por tanto, es posible concluir que la
Fundación incumplió de forma abrupta y sin justa causa su deber de prestar los
servicios educativos a los que se obligó53.

En concordancia con lo anterior, en la sentencia de segunda instancia, que ya
15.2.4.
se encuentra ejecutoriada, indicó lo siguiente:

3. Posición de la parte demandada
A través de escrito radicado el 24 de noviembre de 2014, el municipio de Bello
contestó la demanda con oposición a las pretensiones, formuló excepciones y solicitó
que fueran negadas las súplicas (fls. 518 a 550 cdno. no. 3), con los siguientes
argumentos:
(…)
d) “Abuso del Derecho, temeridad o mala fe”, por cuanto la fundación contratista
suspendió en forma unilateral la ejecución del contrato, sin tener en cuenta que
durante los años 2009 a junio de 2012 recibió como contraprestación del contrato de
concesión no. 0768 sumas que ascendieron a $9.194´253.000.00054.

Así entonces, ambos procesos tienen identidad de objeto en relación con el
15.2.5.
incumplimiento del contrato por parte de la Fundación.

15.3.En tercer y último lugar, los dos procesos comparten la misma causa petendi,
esto es, se estudió el mismo motivo en el que se fundamentó el incumplimiento.

15.3.1.Como se indicó previamente, el único fundamento de incumplimiento alegado
en la demanda del presente proceso consistió en que la Fundación “suspendió de
manera unilateral el contrato de concesión, obligando [al Municipio] a reubicar los
estudiantes en otras instituciones educativas de manera urgente”55.

15.3.2.Ese asunto también fue expresamente estudiado y desestimado en la decisión
de segunda instancia del 11 de septiembre de 2024 que se encuentra ejecutoriada56,
de la siguiente manera:

2.3.2 El cumplimiento de contrato de concesión por parte del concesionario

53 Folios 6 y 7 – archivo 13MemorialApelacionMpioBello - enlace remitido por el tribunal – índice 21 del Samai.
54 Archivo 17SentenciaSegundainstanciaCE – índice 21 del Samai.
55 Folio 2 del cuaderno 1.
56La Sala advierte que la sentencia complementaria versó sobre el recurso de apelación interpuesto por la
Fundación: Así, no estudió si hubo incumplimiento de su parte por haber suspendido la ejecución contractual.
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Expediente: 05001-23-33-000-2013-01969-02 (71863)
Demandante: Municipio de Bello

En los términos del recurso de apelación formulado por parte del municipio de Bello
(Antioquia), el concesionario incumplió con las obligaciones adquiridas con la
suscripción del contrato de concesión no. 768 de 2010 por el hecho de haber
suspendido la ejecución del contrato de concesión en forma unilateral.
Para resolver la cuestión puesta a consideración, es preciso hacer las siguientes
consideraciones:
1) El municipio de Bello en el recurso de alzada insiste en la excepción de contrato
no cumplido, por cuanto, la suspensión de la ejecución del contrato de concesión fue
adelantada en forma unilateral por parte de la contratista.
(…)
15) (…) el hecho de que para el mes de agosto de 2012 el municipio de Bello no
concurriera al cumplimiento de la obligación consistente en la asignación de los cuatro
mil (4.000) cupos estudiantiles o su reconocimiento en valor económico, constituyó
como la causa de la suspensión de la ejecución contractual efectuada por la
contratista.
16) En ese contexto, para la Sala es claro que la ejecución del contrato de concesión
entró en déficit desde el inicio de la etapa de explotación, específicamente, por cuenta
de la falta de cumplimiento de la obligación de remuneración que le asistía al
municipio de Bello (Antioquia) y, aun cuando la concesionaria en forma insistente
solicitó a la entidad contratante su cumplimiento ello no fue posible, razón por la cual
la suspensión de la ejecución del objeto negocial tramitada en el marco del
procedimiento de arreglo directo no puede ser entendida como un
incumplimiento del contrato de concesión no. 768 de 2010, pues, precisamente
ante la evidente imposibilidad de solución de un aspecto financiero que impedía
la normal ejecución del contrato era menester acudir a las formas de arreglo
dispuestas para ello.
(…)
20) En ese escenario, muy al contrario de lo afirmado por el municipio de Bello, la
Fundación El Taller de los Niños dio cabal cumplimiento a las obligaciones asumidas
con la suscripción del contrato de concesión no. 768 de 2010 y, el hecho de que
anunciara la decisión de suspensión del contrato por la imposibilidad financiera
de su continuación no implica la configuración de un evento de incumplimiento,
máxime si se tiene en cuenta que, la parte que cumplió fue precisamente el
concesionario e incluso el trámite de suspensión del objeto negocial fue
adelantado en los precisos términos en los que las partes lo pactaron en las
cláusulas 47, 48 y 50 del referido contrato
(…)
FALLA:
(…)
2°) Confírmase en lo demás la sentencia del Tribunal Administrativo de Antioquia -
Sala Primera de Oralidad de 30 de enero de 202057 (destacado fuera del texto).

16. En conclusión, es claro, en relación con las pretensiones subsidiarias de
incumplimiento, existe identidad de partes, objeto y causa petendi. Por ende, la Sala
declarará oficiosamente que operó la excepción de cosa juzgada en relación con dicho
asunto.

H. Costas

17. El Municipio deberá ser condenado en costas y agencias en derecho de segunda
instancia, de conformidad con lo ordenado en el artículo 188 del CPACA 58, en la
medida en que el recurso presentado no prosperó. Las costas serán tasadas y

57 Archivo 17SentenciaSegundainstanciaCE – índice 21 del Samai.
58 “Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia

dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil”.
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Expediente: 05001-23-33-000-2013-01969-02 (71863)
Demandante: Municipio de Bello

liquidadas en forma concentrada por el tribunal de primera instancia, de acuerdo con
los artículos 365 y 366 del CGP.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERA: MODÍFICASE la sentencia de primera instancia, la cual quedará así:

PRIMERO: DECLÁRASE oficiosamente la excepción de cosa juzgada respecto de
las pretensiones subsidiarias de la demanda presentada por el Municipio de Bello en
contra de la Fundación Educativa El Taller de los Niños.
SEGUNDO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
TERCERO: NEGAR la condena en costas en la presente instancia.
CUARTO: ARCHIVAR el expediente en firme este proveído (negrillas dentro del
texto).

SEGUNDA: CONDÉNASE en costas y agencias en derecho de segunda instancia a
la parte demandante, las cuales se fijarán y liquidarán en forma concentrada por el
tribunal de primera instancia.

TERCERO: En firme esta providencia DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de
origen, previas las constancias secretariales de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Con firma electrónica
FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Presidente de la Subsección

Con firma electrónica Con firma electrónica
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado

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