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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 73001-23-33-000-2023-00087-01

Fecha
22 de mayo de 2026
Consejero ponente
Diego Enrique Franco Victoria
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 73001-23-33-000-2023-00087-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERA: CONFÍRMASE la sentencia de primera instancia proferida el 24 de octubre de 2024 por el Tribunal Administrativo del Tolima. SEGUNDA: SIN CONDENA en costas. TERCERO: En firme esta providencia DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen, previas las constancias secretariales de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 73001-23-33-000-2023-00087-01

Consejero ponente: Diego Enrique Franco Victoria

22 de mayo de 2026

Expediente: 73001-23-33-000-2023-00087-01 (72267)
Demandante: Nicolás Álvarez Bernal

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA

Bogotá D.C., veintidós (22) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Medio de control: Protección de derechos e intereses colectivos
Radicación: 73001-23-33-000-2023-00087-01 (72267)
Demandante: Nicolás Álvarez Bernal
Demandados: La Nación — Ministerio de Educación Nacional y otros1

La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la Unidad Administrativa
Especial de Alimentación Escolar Alimentos para Aprender (en adelante, la “UAE
Alimentación Escolar”) en contra de la sentencia proferida el 24 de octubre de 2024
por el Tribunal Administrativo de Tolima, que negó las pretensiones de la demanda,
pero realizó un exhorto. La Sala es competente para proferir esta providencia, de
acuerdo con el artículo 150 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en adelante “CPACA”, por tratarse
de un recurso de apelación contra una sentencia dictada por un tribunal
administrativo2, el cual conoció el proceso en primera instancia en razón a la naturaleza
del asunto y de las demandadas3.

SÍNTESIS4

Nicolás Álvarez Bernal (en adelante, el “actor popular”) ejerció el medio de control de
protección de derechos e intereses colectivos para que se garantizara que todos los
estudiantes matriculados en la institución educativa Germán Pardo García, ubicada en
Ibagué (Tolima), accedieran a la ración diaria del Programa de Alimentación Escolar
(en adelante, “PAE”). La sentencia de primera instancia negó las pretensiones, pero
impuso un exhorto a algunas de las entidades demandadas. Solo apeló la UAE
Alimentación Escolar, porque no tiene competencia para cumplir el exhorto. La Sala
confirmará la decisión porque el exhorto respeta las competencias legales de la
entidad apelante.

1 El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Municipio de Ibagué fueron demandados inicialmente.
Adicionalmente, se ordenó la vinculación como demandadas de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación
Escolar Alimentos para Aprender y la Unión Temporal Compartir Ibagué 2022.
2 “Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia. El Consejo de Estado, en Sala de lo

Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos (…)”.
3 El numeral 14 del artículo 152 del CPACA, conforme a la modificación de la Ley 2080 de 2021, establece que los

tribunales administrativos conocen de los procesos “relativos a la protección de derechos e intereses colectivos y
de cumplimiento, contra las autoridades del orden nacional o las personas privadas que dentro de ese mismo ámbito
desempeñen funciones administrativas”. En este caso, fueron demandadas la Nación – Ministerio de Educación
Nacional y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Además, fue vinculada como demandada la Unidad
Administrativa Especial de Alimentación Escolar Alimentos para Aprender.
4 Tema: protección de derechos e intereses colectivos – exhorto – competencias administrativas.

1

Expediente: 73001-23-33-000-2023-00087-01 (72267)
Demandante: Nicolás Álvarez Bernal

I. ANTECEDENTES

A. Posición de la parte demandante

1. El 10 de marzo de 2023, el actor popular presentó una demanda, en ejercicio del
medio de control judicial de protección de derechos e intereses colectivos, en contra
de la Nación — Ministerio de Educación Nacional (en adelante, el “Ministerio”), el
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (en adelante, el “ICBF”) y el Municipio de
Ibagué (en adelante, el “Municipio”)5, en la que elevó las siguientes pretensiones6:

1- Que se declare que existe violación a la moralidad administrativa, protección al
patrimonio público y a la prestación eficiente de los servicios públicos por parte de los
accionados institución educativa Germán Pardo García representada por Enrique
Mesa Hernández o quien haga sus veces, Secretario de Educación Juan Manuel
Rodríguez Acevedo, Alcalde de Ibagué Andrés Fabián Hurtado, Ministerio de
Educación Nacional representada por Aurora Vergara y al Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar representada por Astrid Eliana Cáceres Cárdenas
2- Que se ordene al alcalde de Ibagué Andrés Fabián Hurtado Cifuentes, al secretario
de educación Juan Manuel Acevedo, al ministerio de educación representado por
Aurora Vergara, al instituto colombiano de bienestar familiar representado por Astrid
Eliana Cáceres Cárdenas y al rector de la institución Germán Pardo García para que
sin dilación alguna se proceda a la entrega inmediata del componente alimenticio a
todos los niños, niñas y adolescentes que se encuentran matriculados en dicha
institución.
3- Que con motivo de esta orden constitucional de manera inmediata se hagan todos
los traslados presupuestales, administrativos y técnicos para que se cumpla con lo
aquí ordenado.
4- Que se VERIFIQUE que el cumplimiento de la orden anterior se entregue a todos
los menores matriculados en la institución educativa, para ello se vincula a los padres
de familia, profesores y personeros elegidos popularmente en la institución, dándose
amplia difusión para que todos tengan conocimiento de esta decisión.
5- Que se envíe a esta magistratura la explicación justificada de los niños a los que
por alguna razón no se les entrega el componente alimentario en la institución
educativa Germán Pardo García.
6- Que se ordene que se remitan las memorias individualizadas del componente
alimentario.
7- Que se ordene la entrega de raciones alimentarias en época de vacaciones7.

2. Las pretensiones de la demanda se sustentan, en síntesis, en las siguientes
afirmaciones:

2.1. Hay ochocientos noventa (890) estudiantes matriculados en la institución
educativa Germán Pardo García de Ibagué (Tolima), en adelante el “Colegio”.

2.2. No se le entrega a la totalidad de estudiantes la ración de alimentación prevista en
el PAE durante todos los días del año.

2.3. Debido a la omisión anterior, muchos niños, niñas y adolescentes están sufriendo
graves desórdenes alimenticios. De esta manera, se vulneraron los derechos

5 También demandó a la Institución Educativa Germán Pardo García y a la Secretaría de Educación del Municipio

de Ibagué como si fueran diferentes de la entidad territorial. No obstante, la demanda solo se admitió en relación
con el Municipio (índice 4 del Samai del Tribunal).
6 Archivo 004_Demanda – índice 3 del Samai del Tribunal.
7 Folios 5 y 6 – Archivo 004_Demanda – índice 3 del Samai del Tribunal.

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Expediente: 73001-23-33-000-2023-00087-01 (72267)
Demandante: Nicolás Álvarez Bernal

colectivos de moralidad administrativa, prestación eficiente de los servicios públicos y
protección del patrimonio público.

B. Posición de la parte demandada

3. El Ministerio contestó la demanda y, en esencia, indicó que no tiene la competencia
de “la entrega del componente alimenticio a todos los niños, niñas y adolescentes que
se encuentran matriculados en las Instituciones Públicas Educativas”. Esto, por cuanto
dicha función le corresponde al Municipio8.

4. El ICBF alegó la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva. Si bien
inicialmente tuvo funciones relacionadas con el PAE, estas fueron trasladadas al
Ministerio desde 2011 con la expedición del parágrafo 4 del artículo 136 de Ley 1450,
Plan Nacional de Desarrollo, 2010–20149. Tan claro es esto que el artículo 2.3.10.4.1
del Decreto 1852 de 2015 no prevé al ICBF como un actor en el programa de
alimentación escolar10.

5. El Municipio contestó oportunamente la demanda y se opuso a su prosperidad por
dos motivos11: por una parte, no puede exigirse que se entregue alimentación durante
todo el año, pues el propósito del PAE es aumentar la tasa de escolaridad, lo que
conlleva que las raciones deban ser dadas durante periodos académicos; por otra
parte, no es viable demandar que se entreguen raciones a todos los estudiantes, dado
que esto depende de los recursos que el Municipio y el Ministerio efectivamente
puedan disponer para ese fin. Así, debe tenerse en cuenta que la cobertura del
programa es progresiva.

6. En el auto admisorio de la demanda, se vincularon como demandadas a la UAE
Alimentación Escolar, entidad creada por medio de las Leyes 1955 de 2019 y 2167 de
2021 para desarrollar la política pública en alimentación escolar, y a la Unión Temporal
Compartir Ibagué 2022, contratista del Municipio para la operación del PAE (en
adelante, la “Unión Temporal”). A pesar de lo anterior, las vinculadas guardaron
silencio12.

8 Índice 16 del Samai del Tribunal.
9 “Parágrafo 4. Con el fin de alcanzar las coberturas universales en el Programa de Alimentación Escolar -PAE-, el

Gobierno Nacional trasladará del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) al Ministerio de Educación
Nacional (MEN), la orientación, ejecución y articulación del programa, sobre la base de estándares mínimos de
obligatorio cumplimiento para su prestación, de manera concurrente con las entidades territoriales”.
10 Esta norma es modificatoria del Decreto 1075 de 2015, Único Reglamentario del Sector Educación. El Decreto

1852 se adiciona un título que reglamenta el PAE. El artículo citado por la demandada señala lo siguiente: “Actores
del programa. La adecuada y oportuna prestación de los servicios del PAE es corresponsabilidad de actores
estatales: el Ministerio de Educación Nacional, los municipios, los distritos, los departamentos, los establecimientos
y sedes educativas oficiales.
Otros actores que participan en el Programa son: los rectores, docentes directivos, docentes, padres de familia,
estudiantes beneficiados, los operadores y el personal que manipula los alimentos en cada una de las etapas.
También son actores del programa los organismos de cooperación internacional, entidades no gubernamentales y
el sector privado”.
11 Índice 23 del Samai del Tribunal.
12 La UAE Alimentación Escolar contestó extemporáneamente la demanda (índice 43 del Samai del Tribunal). Por

esto, el juez de primera instancia indicó que “la UAE ALIMENTOS PARA APRENDER y la UNIÓN TEMPORAL
COMPARTIR IBAGUÉ 2022 dentro del término de traslado para contestar demanda no allegaron escrito a los
canales autorizados por esta Corporación, por lo cual, se entiende que guardaron silencio” (índice 52 del Samai del
Tribunal).
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Expediente: 73001-23-33-000-2023-00087-01 (72267)
Demandante: Nicolás Álvarez Bernal

C. La sentencia apelada

7. El 24 de octubre de 2024, el Tribunal Administrativo del Tolima declaró la falta de
legitimación del ICBF, negó las pretensiones, se abstuvo en condenar en costas e
impuso un exhorto al Municipio, al Ministerio y a la UAE Alimentación Escolar, así13:

Primero. DECLARAR probada la excepción de falta de legitimación en la causa por
pasiva propuesta por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF, conforme
lo indicado en parte considerativa.
Segundo. NEGAR las pretensiones de la demanda iniciada por NICOLÁS ALVAREZ
BERNAL, conforme lo indicado en parte considerativa de esta providencia.
Tercero. EXHORTAR al Ministerio de Educación Nacional, a la Unidad Administrativa
Especial de Alimentación Escolar-Alimentos para Aprender – y al Municipio de Ibagué,
para que tanto en la vigencia actual (2024), como en las vigencias futuras, revisen la
información reportada en el SIMAT, que permita clasificar a la población de niños,
niñas y adolescentes que deben ser beneficiarios, de acuerdo con los criterios de
priorización y focalización previstos en el artículo 4.º de la Resolución 335 de 2021 y
procedan a determinar los mecanismos presupuestales, administrativos y financieros
necesarios para que los estudiantes priorizados de la Institución Educativa Germán
Pardo García de Ibagué sean incluidos en el Programa de Alimentación Escolar -PAE,
garantizando que cada año se presente un mayor porcentaje y/o ampliación de la
cobertura del programa.
Cuarto. Sin condena en costas en la instancia.
Quinto. Una vez en firme esta providencia, archívese el expediente (negrillas,
mayúsculas y subrayado dentro del texto).

8. La anterior decisión se fundamentó en las siguientes consideraciones realizadas por
el Tribunal:

8.1. Declaró la falta de legitimación del ICBF, por cuanto encontró demostrado que no
tiene funciones relacionadas con el PAE desde la expedición de la Ley 1450 de 2011.

8.2. Negó las pretensiones dado que, si bien el PAE busca tener una cobertura
universal de conformidad con lo previsto en el parágrafo 4º del artículo 136 de la Ley
1450 de 201114, “tal fin debe cumplirse de manera progresiva garantizando, entre otros,
los principios de planeación presupuestal y sostenibilidad fiscal, así como los criterios
de priorización y focalización”15.

8.3. A pesar de lo anterior, encontró pertinente efectuar un exhorto, para lo cual sostuvo
que:

(…) la Sala considera procedente realizar un exhorto a las entidades involucradas en
la financiación, implementación y desarrollo del Programa de Alimentación Escolar
PAE (Ministerio de Educación – Unidad Administrativa Especial de Alimentación
Escolar-Alimentos para Aprender – Municipio de Ibagué), para que tanto en la
vigencia actual, como en las vigencias futuras, revisen la información reportada en el

13 Índice 84 del Samai del Tribunal.
14 “Parágrafo 4. Con el fin de alcanzar las coberturas universales en el Programa de Alimentación Escolar -PAE-

, el Gobierno Nacional trasladará del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) al Ministerio de Educación
Nacional (MEN), la orientación, ejecución y articulación del programa, sobre la base de estándares mínimos de
obligatorio cumplimiento para su prestación, de manera concurrente con las entidades territoriales” (destacado
fuera del texto).
15 Folio 38 – índice 84 del Samai del Tribunal.

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Expediente: 73001-23-33-000-2023-00087-01 (72267)
Demandante: Nicolás Álvarez Bernal

SIMAT, que permita clasificar a la población de niños, niñas y adolescentes que deben
ser beneficiarios, de acuerdo con los criterios de priorización y focalización previstos
en el artículo 4.º de la Resolución 335 de 2021 y procedan a determinar los
mecanismos presupuestales, administrativos y financieros necesarios para que los
estudiantes priorizados de la Institución Educativa Germán Pardo García de Ibagué
sean incluidos en el Programa de Alimentación Escolar -PAE, garantizando que cada
año se presente un mayor porcentaje y/o ampliación de la cobertura del programa16.

8.4. Por último, no condenó en costas porque el artículo 38 de la Ley 472 de 1998 exige
que haya mala fe o temeridad del actor popular, la cual no se demostró en el presente
asunto17.

D. El recurso de apelación

9. Dentro del término legal, la UAE Alimentación Escolar presentó recurso de
apelación en el que expresamente solicitó revocar el “ordinal o numeral TERCERO, al
carecer (sic) de competencia legal en la orden o exhorto”. Para tales efectos, la entidad
adujo lo siguiente:

9.1. La UAE Alimentación Escolar no vulneró ninguno de los derechos aducidos por el
actor popular en la medida en que “ha cumplido a cabalidad con el proceso de
asignación y giro de recursos a las Entidades Territoriales para la ejecución del
programa de alimentación”. En ese sentido, son las entidades territoriales las que
ejecutan directamente el PAE, conforme a los lineamientos y condiciones técnicas
definidas por la UAE Alimentación Escolar.

9.2. Adicionalmente, el exhorto debe revocarse por dos razones: primero, el exhorto
ordena “clasificar a la población de niños, niñas y adolescentes que deben ser
beneficiarios” del PAE. No obstante, la UAE Alimentación Escolar no tiene esa función,
pues está asignada a las entidades territoriales, de acuerdo con el artículo 2.3.10.4.3
del Decreto 1852 de 201518.

9.3. Segundo, el juez de primera instancia también exhortó a “determinar los
mecanismos presupuestales, administrativos y financieros necesarios para que los
estudiantes priorizados [del Colegio] sean incluidos en el Programa de Alimentación
Escolar -PAE”. Sin embargo, ese apartado del exhorto no puede cumplirse, por cuanto
la UAE Alimentación Escolar asigna recursos a las entidades territoriales de acuerdo
con lineamientos objetivos definidos en la Resolución 335 de 2021. Esta norma

16 Folio 38 – índice 84 del Samai del Tribunal.
17 “Artículo 38. Costas. El juez aplicará las normas de procedimiento civil relativas a las costas. Sólo podrá condenar

el demandante a sufragar los honorarios, gastos y costos ocasionados al demandado, cuando la acción
presentada sea temeraria o de mala fe. En caso de mala fe de cualquiera de las partes, el juez podrá imponer
una multa hasta de veinte (20) salarios mínimos mensuales, los cuales serán destinados al Fondo para la Defensa
de los Derechos e Intereses Colectivos, sin perjuicio de las demás acciones a que haya lugar” (destacado fuera del
texto).
18 “Artículo 2.3.10.4.3. Funciones de las entidades territoriales. Las entidades territoriales cumplirán las siguientes

funciones en relación con el Programa de Alimentación Escolar - PAE:
(…)
5. Establecer y remitir al Ministerio de Educación Nacional antes del 31 de octubre de cada año la priorización de
instituciones educativas del calendario escolar siguiente. Para el año 2015 la fecha límite será fijada por ese
Ministerio.
6. Registrar en el Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT) y/o en el sistema de información que para tal efecto
determine el Ministerio de Educación Nacional, la estrategia de Alimentación Escolar con el número de cupos y las
Instituciones Educativas priorizadas, de acuerdo con la focalización determinada por ese Ministerio”.
5

Expediente: 73001-23-33-000-2023-00087-01 (72267)
Demandante: Nicolás Álvarez Bernal

establece que, ante la ausencia de recursos y mientras no pueda cumplirse la
universalidad en el PAE, debe realizarse una priorización. En consecuencia, “dar una
orden en contrario o en orden diferente desconoce la normatividad legal vigente en la
materia”19.

E. Actuación surtida en el trámite del recurso de apelación

10. El 19 de noviembre de 2024 el tribunal concedió el recurso de apelación20. El
recurso de apelación fue admitido mediante auto del 11 de febrero de 2025,
providencia en la que se decretaron como pruebas algunos de los documentos
aportados con el recurso de apelación21. El 10 de marzo de 2025, con base en el
artículo 12 de la Ley 2213 de 202222, se dio traslado a las partes no recurrentes de la
apelación, oportunidad en la que las partes realizaron las siguientes actuaciones23:

10.1.El Ministerio indicó que debe accederse al recurso, pues el juez de instancia no
podía “impartir una orden”24 que desconozca las competencias legales, en la medida
en que quien debe ejecutarla es el Municipio.

10.2. El actor popular, el Municipio, el ICBF y la Unión Temporal guardaron silencio.

10.3. El Ministerio Público conceptuó que debe confirmarse la decisión, pues el exhorto
no es una orden susceptible de ser controlada. En ese sentido, simplemente insta a
las entidades, en el marco de sus respectivas competencias, para priorizar y focalizar
progresivamente la cobertura del PAE, de forma que eventualmente se atienda a la
totalidad de estudiantes del Colegio25.

II. CONSIDERACIONES

F. Sentido de la decisión y asunto procesal

11. La Sala confirmará el ordinal tercero de la sentencia apelada, por cuanto, contrario
a lo indicado por la única entidad apelante, el Tribunal no desconoció el marco legal
que determina sus funciones.

12. Antes de exponer las razones que fundamentan esta decisión, es preciso hacer
referencia al ámbito de competencia del superior, dado que la Sala únicamente se
referirá al reparo planteado por la UAE Alimentación Escolar.

19 Folio 23 – índice 89 del Tribunal.
20 Índice 92 del Samai del Tribunal.
21 Índice 3 del Samai. Las pruebas fueron admitidas dado que los documentos fueron creados después de la fecha

en que la UAE Alimentación Escolar podía solicitar su decreto en primera instancia.
22 “Artículo 12. Apelación de sentencias en materia civil y familia. El recurso de apelación contra sentencia en los

procesos civiles y de familia, se tramitará así: (…)
Ejecutoriado el auto que admite el recurso o el que niega la solicitud de pruebas, el apelante deberá sustentar el
recurso a más tardar dentro de los cinco (5) días siguientes. De la sustentación se correrá traslado a la parte
contraria por el término de cinco (5) días. (…)”.
23 Índice 16 del Samai.
24 Folio 4 – índices 18 y 23 del Samai.
25 Índice 11 del Samai. La Sala precisa que la intervención del Ministerio Público ocurrió, incluso, antes de que se

profiriera el auto que dio traslado del recurso de apelación.
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Expediente: 73001-23-33-000-2023-00087-01 (72267)
Demandante: Nicolás Álvarez Bernal

12.1. La Ley 472 de 1998 contiene una regulación sobre el medio de control de
protección de derechos e intereses colectivos. En relación con la normativa que regula
el recurso de apelación, su artículo 37 dispone lo siguiente:

Recurso de apelación. El recurso de apelación procederá contra la sentencia que se
dicte en primera instancia, en la forma y oportunidad señalada en el Código de
Procedimiento Civil, y deberá ser resuelto dentro de los veinte (20) días siguientes
contados a partir de la radicación del expediente en la Secretaría del Tribunal
competente (negrillas fuera del texto).

12.2.En concordancia con lo anterior, la competencia del superior está limitada por los
“reparos concretos en virtud de los artículos 32026 y 32827 de la Ley 1564 de 2012
(Código General del Proceso, en adelante, “CGP”)”28. Cabe precisar que esas normas
son aplicables, en la medida en que “el recurso de apelación se presentó luego de la
entrada en vigencia de dicho estatuto procesal civil29”30.

12.3. En ese sentido, la Sala precisa que se abstendrá de pronunciarse sobre el
argumento del recurso de apelación de la UAE Alimentación Escolar, de acuerdo con
el cual la entidad no vulneró ninguno de los derechos colectivos invocados en la
demanda. Esto, por cuanto la entidad recurrente solamente solicitó en su recurso que
“se revoque la sentencia de primera instancia de fecha proferida por veinticuatro (24)
de octubre de dos mil veinticuatro (2024) en lo que respecta al ordinal o numeral
TERCERO, al carecer de competencia legal en la orden o exhorto allí previsto”
(negrillas propias)31.

12.4.En todo caso, el asunto no podría ser estudiado porque la UAE Alimentación
Escolar carecía de interés para apelar la decisión que desestimó las pretensiones,
pues la sentencia de primera instancia le fue favorable32.

G. El exhorto no desconoce las competencias legales de la UAE Alimentación
Escolar

13. La presente Subsección confirmará la sentencia apelada porque respeta las

26 [Cita del original] “Artículo 320. Fines de la apelación. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior

examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para
que el superior revoque o reforme la decisión”.
27 [Cita del original] “Artículo 328. Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse

solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de
oficio, en los casos previstos por la ley”.
28 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 17 de abril de 2026, radicación: 76001-23-33-

000-2014-00099-01 (66658), CP: Diego Enrique Franco Vitoria. En el caso concreto, la Sala no abordó asuntos que
habían sido definidos por la decisión de primera instancia que no fueron objeto del recurso de apelación.
29 [Cita del original] El inciso segundo del artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo 624 del CGP,

establece que “(…) los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las
diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones
que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las
pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes
o comenzaron a surtirse las notificaciones.”.
30 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 1º de diciembre de 2025, radicación: 76001-

23-31-000-2012-00235-01 (68066), CP: Diego Enrique Franco Vitoria,
31 Folio 24 – índice 89 del Tribunal. En el mismo sentido, Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B,

sentencia del 17 de abril de 2026, radicación: 76001-23-33-000-2014-00099-01 (66658), CP Diego Enrique Franco
Victoria.
32 El inciso segundo del artículo 320 del CGP señala que solo “podrá interponer el recurso la parte a quien le

haya sido desfavorable la providencia: respecto del coadyuvante se tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso
segundo del artículo 71” (destacado fuera del texto).
7

Expediente: 73001-23-33-000-2023-00087-01 (72267)
Demandante: Nicolás Álvarez Bernal

competencias de la UAE Alimentación Escolar. En este orden de ideas, la Sala destaca
que el exhorto no tiene un carácter vinculante, sin que por ello carezca de relevancia.
En efecto, en un caso análogo la Subsección A indicó que, especialmente en el ámbito
de acciones populares, el carácter no vinculante de los exhortos no los vacía de sentido
o contenido:

33
38. La jurisprudencia ha explicado que el exhorto es un pronunciamiento judicial de
impulso interinstitucional carente de fuerza obligatoria (…). Su naturaleza, es
fundamentalmente orientadora y no imperativa (…) Su finalidad es operar como un
canal de diálogo y coordinación mediante el cual el juez, respetando la autonomía
administrativa y el principio de separación de poderes, sugiere buenas prácticas,
promueve la articulación armónica entre los distintos niveles y sectores del Estado, y,
fundamentalmente, facilita e impulsa la realización progresiva de los fines públicos.
39. En el caso de la acción popular, el exhorto cumple una finalidad
constitucionalmente relevante en materia de derechos colectivos, porque
permite al juez popular proponer acciones que, sin invadir órbitas funcionales
ni sustituir a las autoridades en su margen de apreciación técnica, orientan a los
sujetos públicos hacia el cumplimiento mejorado de sus fines y los convoca a
sincronizar instrumentos, datos y procesos, de manera que el resultado operativo de
la política pública converja con los estándares de legalidad, eficiencia y oportunidad
que la Constitución Política y la ley exigen (…).
42. Ahora, la ausencia de imperatividad del exhorto no lo vacía de sentido o
contenido, ya que su eficacia se ancla en la legitimidad de la función judicial de tutela
de los derechos colectivos y en la razonabilidad de la recomendación, de forma que,
aun sin producir efectos coercibles, sí genera un parámetro de buena
administración y un punto de referencia para la coordinación futura (…). Lo
anterior también determina que, pese a su naturaleza no vinculante, el exhorto
debe estar dirigido a las autoridades que cuentan con atribución legal para
atender la orientación y traducirla en acciones eficaces, por lo que no puede el
juez recomendar una actuación a quien carece de competencia para
materializarla, puesto que se trataría de una sugerencia inocua, incapaz de
traducirse en una mejora concreta, e incluso, conceptualmente riesgosa, en tanto
podría inducir a una lectura errada del reparto de funciones previsto por la ley y el
reglamento.
43. (…) [S]i la apelación se funda en la supuesta imposición de actuaciones u
obligaciones que no corresponden a la entidad recurrente, esa censura debe decaer
desde sus cimientos, toda vez que el exhorto no condiciona ni obliga34 (negrillas fuera
del texto).

14. De acuerdo con lo anterior, los exhortos no tienen la naturaleza de órdenes. Por
ello, no se comparte que la UAE Alimentación Escolar, en su recurso de apelación, y
el Ministerio, en la intervención realizada en segunda instancia, le hayan dado esa
calificación jurídica.

15. No obstante, el exhorto, en su condición de recomendación realizada a una
autoridad, debe estar dirigido a quien sea competente, en tanto tiene como efecto
generar un parámetro de buena administración y un punto de referencia para la
coordinación de las actividades futuras de la entidad. Por ello, en la decisión citada
previamente, la Subsección A indicó que a pesar de que el exhorto no sea vinculante
es vital realizar el “análisis sobre a quién corresponde dirigir la recomendación (…) ,

33 [Cita del original] Al respecto pueden verse: Corte Suprema de Justicia, sentencias STP15601-2021, STP15518-

2022 y STP715-2024. Corte Constitucional, Corte Constitucional, sentencias C-473 de 1994, C-728 de 2009, T-021
de 2017 y auto 560 de 2016.
34 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 25 de noviembre de 2025, radicación:

730012333000-2023-00119-01 (73063), CP José Roberto Sáchica Méndez.
8

Expediente: 73001-23-33-000-2023-00087-01 (72267)
Demandante: Nicolás Álvarez Bernal

por cuanto de la correcta identificación del destinatario depende la factibilidad de que
la coordinación sugerida se materialice en acciones útiles”35.

16. En este orden de ideas, es fundamental estudiar el ámbito de competencia
funcional de la UAE Alimentación Escolar, el cual se encuentra principalmente regulada
en la Ley 1955 de 201936 y Decreto 218 de 202037.

16.1.Preliminarmente, debe advertirse que el PAE consiste en el suministro de un
complemento alimentario en la jornada escolar. En este sentido, se trata de una
estrategia para promover la permanencia de los niños, niñas y adolescentes en el
sistema educativo oficial, de forma tal que se mantengan los niveles de atención, se
impacten de forma positiva los procesos de aprendizaje, el desarrollo cognitivo, se
disminuya el ausentismo y la deserción y se fomenten estilos de vida saludables 38.

16.2.En el marco del PAE hay diferentes actores que deben ser corresponsables, en
el marco de sus funciones39. Así, en relación con las funciones que desempeña la UAE
Alimentación Escolar, es preciso tener en cuenta que el artículo 189 de la Ley 1955 de
2019, Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, la creó en los siguientes términos:

Artículo 189. Creación de la unidad administrativa especial de alimentación escolar.
Créase la unidad (sic) administrativa (sic) especial (sic) de alimentación (sic) escolar
(sic), como una entidad adscrita al Ministerio de Educación Nacional, con autonomía
administrativa, personería jurídica y patrimonio independiente, su domicilio será la
ciudad de Bogotá y contará con la estructura interna y la planta de personal que el
Gobierno nacional establezca en desarrollo de sus facultades; tendrá como objeto
fijar y desarrollar la política en materia de alimentación escolar; sus objetivos
específicos serán: 1) Fortalecer los esquemas de financiación del Programa de
Alimentación Escolar 2) Definir esquemas para promover la transparencia en la
contratación del Programa de Alimentación Escolar 3) Ampliar su cobertura y
garantizar la continuidad con criterios técnicos de focalización 4) Garantizar la calidad
e inocuidad de la alimentación escolar 5) Proponer modelos de operación para

35 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 25 de noviembre de 2025, radicación:
730012333000-2023-00119-01 (73063), CP José Roberto Sáchica Méndez.
36 Por la cual “se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”.
37
“Por el cual se establece estructura interna de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar -
Alimentos para Aprender”.
38 Así se establece en la definición que obra en el numeral 1 del artículo 2.3.10.2.1. del Decreto 1852 de 2015, el

cual se encargó de reglamentar el PAE. Las normas reglamentadas fueron cuatro normas: primero, el parágrafo 4º
del artículo 146 de la Ley 1450 de 2011, Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, que en esencia trasladó las
competencias del PAE del ICBF al Ministerio, con miras a alcanzar coberturas universales. Esta norma prevé que
el programa será articulado con las entidades territoriales.
Segundo, el artículo 6º de la Ley 1551 de 2012, por la cual se dictaron normas para modernizar el funcionamiento
de los municipios. En particular se reglamentó el numeral 20 del artículo mencionado que estableció dichos entes
territoriales tienen la función de ejecutar “el Programas de Alimentación Escolar con sus propios recursos y los
provenientes del Departamento y la Nación, quienes podrán realizar el acompañamiento técnico, acorde con sus
competencias”.
Tercero, el parágrafo 2 del artículo 2 de la Ley 715 de 2011, por la cual se dictaron normas sobre el Sistema General
de Participaciones. El parágrafo prevé que la “distribución de los recursos para alimentación escolar será realizada
de conformidad con el reglamento que expida el Gobierno Nacional”.
Cuarto, los artículos 16 a 19 de la Ley 1176 de 2007, modificatoria de la regulación del Sistema General de
Participaciones y, en particular, creadora de la asignación especial de recursos para la alimentación escolar. Los
artículos mencionados establecen las fuentes de financiación del PAE, los criterios de distribución de los recursos,
la destinación de las asignaciones provenientes de dicho sistema y la focalización en la prestación del servicio.
39 El numeral 2 del artículo 2.3.10.2.1. establece en el numeral 2 que debe existir corresponsabilidad, entendida

como la “concurrencia de actores y acciones conducentes a garantizar la adecuada y oportuna ejecución y
prestación del Programa de Alimentación Escolar - PAE. Implica que el Estado, para poder cumplir ese fin, requiere
el apoyo de los otros actores sociales, los cuales deben participar responsablemente y contribuir desde sus
respectivos roles y obligaciones” (destacado fuera del texto).
9

Expediente: 73001-23-33-000-2023-00087-01 (72267)
Demandante: Nicolás Álvarez Bernal

fortalecer la territorialidad en esta materia. El patrimonio de la entidad estará
integrado por fuentes del Presupuesto General de la Nación, fuentes locales y otras
fuentes. La Unidad estará administrada y dirigida por un gerente de libre
nombramiento y remoción del Presidente de la República, por un consejo directivo,
integrado por el Ministro de Educación, quien lo presidirá, y por los demás delegados
o representantes que indique el Gobierno nacional. La entidad deberá entrar en
funcionamiento en el año 2020 (destacado fuera del texto).

Por su parte, el artículo 3º del Decreto 218 de 2020 establece las funciones de la
16.3.
UAE Alimentación Escolar40:

ARTÍCULO 3º. Funciones. La Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar
• Alimentos para Aprender - cumplirá las siguientes funciones:
1. Fijar, desarrollar, hacer seguimiento y evaluar, bajo la directriz del Ministerio de
Educación Nacional, la política en materia de alimentación escolar.
2. Diseñar y adoptar instrumentos y herramientas, para que las entidades
territoriales, implementen y ejecuten la política, y adopten los programas y los
proyectos en materia de alimentación escolar, teniendo en cuenta las características
específicas de la población escolar en cada entidad territorial.
3. Difundir las políticas públicas, planes, programas, normas, instrumentos y
herramientas que faciliten la implementación de la política de alimentación escolar.
(…)
5. Gestionar los recursos y adelantar las acciones para fortalecer la financiación del
Programa de Alimentación Escolar en todo el territorio nacional y ampliar su
cobertura, atendiendo los criterios de focalización y priorización que fije el Consejo
Directivo.
6. Distribuir a las entidades territoriales, los recursos del Presupuesto General
de la Nación destinados a cofinanciar la operación del Programa de Alimentación
Escolar, atendiendo los criterios de focalización que fije el Consejo Directivo.
7. Brindar asistencia técnica a las entidades territoriales para la adecuada
implementación de la política de alimentación escolar.
8. Establecer indicadores de monitoreo de la implementación de la política y ejecución
del Programa de Alimentación Escolar, y diseñar las intervenciones necesarias para
su mejora continua.
9. Hacer seguimiento a la ejecución de los recursos asignados para el desarrollo del
programa de Alimentación Escolar, para lo cual podrá solicitar la información que se
requiera, e informar a los organismos de control para que adelanten las acciones a
que haya lugar en el marco de sus competencias.
10. Incentivar la contratación transparente y de participación plural, generando una
sana competencia en las compras locales, en beneficio de la calidad y cobertura del
Programa de Alimentación Escolar.
11. Coordinar con las demás entidades públicas del orden nacional y territorial,
las gestiones necesarias para asegurar el mejoramiento continuo en la calidad
y prestación del servicio de alimentación escolar en todo el territorio nacional.
12. Diseñar y gestionar el sistema de información del Programa de Alimentación
Escolar y articularlo con los sistemas de información públicos que recogen datos
relativos a la política de alimentación escolar, y su implementación en el territorio.
(…)
14. Establecer canales de comunicación para facilitar la gestión del conocimiento
sobre la implementación de la política de alimentación escolar en campo, para
identificar las particularidades de los diferentes contextos regionales y promover la
transferencia de buenas prácticas y lecciones aprendidas entre entidades territoriales.
15. Fomentar prácticas innovadoras en la prestación del servicio de alimentación
escolar que consulten el contexto específico.
16. Absolver consultas en relación con la aplicación de normas sobre alimentación
escolar y expedir lineamientos para su implementación (destacado fuera del texto).

40 El artículo 2º reitera el objeto y objetivos fijados en el artículo 189 de la Ley 1955.

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Expediente: 73001-23-33-000-2023-00087-01 (72267)
Demandante: Nicolás Álvarez Bernal

16.4. Cabe indicar que, con posterioridad a la expedición de las anteriores normas, se
profirió la Ley 2167 de 2021, la cual tuvo como objeto garantizar el funcionamiento del
PAE durante el calendario académico41. En relación con el asunto bajo estudio, la Ley
estableció que las entidades competentes en esta labor deben estar coordinadas, del
siguiente modo:

Artículo 2°.Garantía de Suministro Oportuno. El Gobierno Nacional, los distritos, los
departamentos y los municipios, respetando los principios de planeación presupuestal
y los criterios de sostenibilidad fiscal contenidos en el ordenamiento jurídico
colombiano, deben asegurar la disponibilidad de recursos por periodos iguales o
superiores al calendario académico. Las entidades competentes gestionarán la
planeación y administración de los contratos y convenios, a fin de garantizar la
operación oportuna del programa. El Gobierno Nacional reglamentará la materia.

16.5. Así las cosas, de las normas anteriores se puede constatar que a la UAE
Alimentación Escolar principalmente le corresponde fijar la política pública en materia
de alimentación escolar y determinar los instrumentos necesarios para que las
entidades territoriales la ejecuten. En este marco, la entidad expidió la Resolución 335
del 23 de diciembre de 2021, por medio de “la cual se expiden los Lineamientos
Técnicos – Administrativos, los Estándares y las Condiciones Mínimas” del PAE. Sin
perjuicio de lo anterior, la UAE Alimentación también debe coordinar su actuación con
las entidades involucradas en la ejecución del programa y brindarles asistencia
técnica.

17. El exhorto realizado por el tribunal tiene en consideración las anteriores
competencias. En efecto, el ordinal tercero, objeto del recurso de apelación, señala lo
siguiente:

Tercero. EXHORTAR al Ministerio de Educación Nacional, a la Unidad Administrativa
Especial de Alimentación Escolar-Alimentos para Aprender – y al Municipio de Ibagué,
para que tanto en la vigencia actual (2024), como en las vigencias futuras, revisen la
información reportada en el SIMAT, que permita clasificar a la población de niños,
niñas y adolescentes que deben ser beneficiarios, de acuerdo con los criterios de
priorización y focalización previstos en el artículo 4.º de la Resolución 335 de 2021 y
procedan a determinar los mecanismos presupuestales, administrativos y financieros
necesarios para que los estudiantes priorizados de la Institución Educativa Germán
Pardo García de Ibagué sean incluidos en el Programa de Alimentación Escolar -PAE,
garantizando que cada año se presente un mayor porcentaje y/o ampliación de la
cobertura del programa.

17.1.Como se puede ver, el exhorto tiene dos partes. La primera indica que las
entidades deben revisar la información reportada en el Sistema Integrado de Matrícula
(SIMAT), de forma tal que se clasifique a la población objeto de programa de
conformidad con los criterios de priorización y focalización definidos en la Resolución
335 de 202142.

41 “Por medio de la cual se garantiza la operación del Programa de Alimentación Escolar —PAE— durante el
calendario académico”.
42 Se reitera que este acto administrativo fijó los lineamientos técnicos del PAE y fue expedido por la UAE

Alimentación Escolar.
11

Expediente: 73001-23-33-000-2023-00087-01 (72267)
Demandante: Nicolás Álvarez Bernal

17.1.1. En ese sentido, el exhorto no señala que la UAE Alimentación Escolar deba
alimentar la información en el Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT) o clasifique a la
población estudiantil del Colegio, pues esa competencia corresponde a las entidades
territoriales43, en este caso, al Municipio.

17.1.2. No obstante, el exhorto plantea que dicha labor debe realizarse en aplicación
de los criterios de priorización y focalización definidos en la Resolución 335 de 2021,
expedida por la UAE Alimentación Escolar. De esta manera, este componente del
exhorto es idóneo, pues justamente la UAE Alimentación Escolar expidió dichos
criterios. Así, evidentemente puede asesorar y brindar asistencia técnica al Municipio
en su adecuada aplicación. En ese sentido, esta primera parte se enmarca en las
funciones previstas en los numerales 7 y 11 del artículo 3º del Decreto 218 de 2020,
previamente citado: el numeral 7 señala que a dicha entidad le corresponde “[b]rindar
asistencia técnica a las entidades territoriales para la adecuada implementación de la
política de alimentación escolar” y el numeral 11 “[c]oordinar con las demás entidades
públicas del orden nacional y territorial, las gestiones necesarias para asegurar el
mejoramiento continuo en la calidad y prestación del servicio de alimentación escolar
en todo el territorio nacional”.

17.2.El segundo componente del exhorto indica que las entidades deben determinar
los “mecanismos presupuestales, administrativos y financieros necesarios para que
los estudiantes priorizados” del Colegio sean incluidos en el PAE “garantizando que
cada año se presente un mayor porcentaje y/o ampliación de la cobertura del
programa”.

17.2.1.La recurrente considera que la orden no puede cumplirse porque impone que el
PAE tenga una cobertura universal en el Colegio, en contravía de los criterios de
priorización que fueron definidos en la Resolución 335 de 2021.

No obstante, conforme a su naturaleza, el exhorto debe ser interpretado como
17.2.2.
una invitación. En este caso, a que la UAE Alimentación Escolar, el Ministerio y el
Municipio realicen un esquema de coordinación con miras a que se materialice la
progresividad en la expansión del PAE. Dicho en otras palabras, el exhorto no exige la
cobertura total de los estudiantes del Colegio.

Esto, entonces, también respeta las competencias de la UAE Alimentación
17.2.3.
Escolar por cuanto el numeral 5 del artículo 3º del Decreto 218 de 2020 señala que
una de sus funciones consiste en realizar acciones que fortalezcan “la financiación del
Programa de Alimentación Escolar en todo el territorio nacional y ampliar su
cobertura, atendiendo los criterios de focalización y priorización que fije el

43 Las entidades territoriales deben reportar en dicho sistema la población matriculada, de acuerdo con el artículo

2.3.1.3.7.6. del Decreto 1075 de 2015. En relación con el programa de alimentación, las entidades territoriales
cumplen dos funciones preceptuadas en el artículo 2.3.10.4.3. antes citado, a saber: “6. Registrar en el Sistema
Integrado de Matrícula (SIMAT) y/o en el sistema de información que para tal efecto determine el Ministerio de
Educación Nacional, la estrategia de Alimentación Escolar con el número de cupos y las Instituciones Educativas
priorizadas, de acuerdo con la focalización determinada por ese Ministerio. / 7. Consolidar la información del
programa de los establecimientos educativos de su jurisdicción a través del Sistema Integrado de Matrícula
(SIMAT), generando el reporte de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes inscritos en el PAE, y remitir el respectivo
reporte al Consejo de Política Social del respectivo municipio dentro de las dos semanas siguientes a la inscripción,
para su conocimiento y entrega a los operadores del servicio”.
12

Expediente: 73001-23-33-000-2023-00087-01 (72267)
Demandante: Nicolás Álvarez Bernal

Consejo Directivo” (destacado fuera del texto).

17.3. Es importante destacar que a la misma conclusión llegó la Subsección A en el
caso al cual se hizo referencia con anterioridad donde se discutió un exhorto similar,
cuya única diferencia es que fue emitido en relación con una institución educativa
distinta. En efecto, en esa oportunidad, la Corporación consideró:

65. La [UAE Alimentación Escolar] por su parte, fundamentó su apelación en dos
argumentos: (i) que la revisión del SIMAT y la focalización son competencia exclusiva de
la ETC; y (ii) que la determinación de mecanismos financieros desconoce la planeación
presupuestal y la sostenibilidad fiscal, cargos que deberán ser desestimados.
66. Respecto al primer componente del exhorto, (…) la [UAE Alimentación Escolar] es la
entidad que expidió la Resolución 335 de 2021, cuyos criterios de priorización son el eje
central del exhorto. Además, el Decreto 218 de 2020 le asigna expresamente la función
de “brindar asistencia técnica a las entidades territoriales (…)”, por lo que (…) es la
destinataria idónea y necesaria de la recomendación (…) para que coordine y preste la
asistencia técnica requerida a la ETC asegurando que la aplicación de sus propios
lineamientos sea la correcta. (…)
67. Respecto al segundo componente, el argumento de la [UAE Alimentación Escolar] (…)
parte de la premisa errada y ya desvirtuada, consistente en que el exhorto es una orden
de gasto inmediato44. La invitación a determinar los mecanismos presupuestales no
ordena erogaciones por fuera del presupuesto, sino que invita a planear, lo cual es el
núcleo de su competencia legal. La Ley 1955 de 2019 y el Decreto 218 de 2020 le asignan
la función de fortalecer los esquemas de financiación (…)45.

18. En conclusión, es claro que el exhorto debe ser confirmado, ya que (i) respeta las
competencias de la UAE Alimentación Escolar y (ii) no desconoce el carácter
progresivo del PAE.

H. Costas

19. El artículo 38 de la Ley 472 de 1998 remite a la normativa civil46. Por esto, en
principio debería condenarse a la UAE Alimentación Escolar en costas, en la medida
en que se desestimó su recurso de apelación, tal y como lo establecen los numerales
1 y 3 del artículo 365 del CGP47. No obstante, el numeral 8 del mismo artículo indica
que solo se impondrá la condena en costas “cuando en el expediente aparezca que se
causaron y en la medida de su comprobación”. En el presente caso, sin embargo, no

44 [Cita del original] El principio de planeación exige que toda decisión y acción del Estado, especialmente la

asignación de recursos públicos obedezca a objetivos, metas y prioridades claramente definidos en planes (como
el Plan Nacional de Desarrollo), evitando la improvisación. Por su parte, la sostenibilidad fiscal es la obligación de
mantener las finanzas públicas en una trayectoria estable a largo plazo, asegurando que el nivel de gasto y
endeudamiento actual sea manejable y no comprometa la estabilidad económica futura ni la capacidad del Estado
para financiar sus funciones esenciales.
45 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 25 de noviembre de 2025, radicación:

730012333000-2023-00119-01 (73063), CP José Roberto Sáchica Méndez. Es importante aclarar que, en esa
decisión, el exhorto fue modificado producto del recurso de apelación presentado por el Ministerio. No obstante,
dicha entidad no recurrió la decisión de primera instancia en el presente caso.
46 “Artículo 38. Costas. El juez aplicará las normas de procedimiento civil relativas a las costas. Sólo podrá

condenar al demandante a sufragar los honorarios, gastos y costos ocasionados al demandado, cuando la acción
presentada sea temeraria o de mala fe (…)”.
47 “Artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya

controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: / 1. Se condenará en costas a la parte vencida
en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica,
anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código (…). / 3. En la
providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia se condenará al recurrente en las
costas de la segunda”.
13

Expediente: 73001-23-33-000-2023-00087-01 (72267)
Demandante: Nicolás Álvarez Bernal

existe prueba de su causación teniendo en cuenta que (i) el actor popular actuó en
nombre propio48 y (ii) guardó silencio durante el trámite del recurso de apelación.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERA: CONFÍRMASE la sentencia de primera instancia proferida el 24 de octubre
de 2024 por el Tribunal Administrativo del Tolima.

SEGUNDA: SIN CONDENA en costas.

TERCERO: En firme esta providencia DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de
origen, previas las constancias secretariales de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Con firma electrónica
FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Presidente

Con firma electrónica Con firma electrónica
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
Aclara voto

48 Es decir, sin intermedio de abogado.

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