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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-41-000-2014-01450-01

Fecha
15 de julio de 2026
Consejero ponente
Diego Enrique Franco Victoria

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-41-000-2014-01450-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFÍRMASE el plazo concedido al Municipio de Granada, Cundinamarca, para el cumplimiento de la sentencia proferida el 11 de mayo de 2023 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. SEGUNDO: MODIFÍCASE el ordinal sexto de la sentencia dictada el 11 de mayo de 2023 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el cual quedará así: 6.°) Exhortar a FONVIVIENDA a ofrecer, renovar o prorrogar, subsidios de vivienda de interés social a los hogares de los miembros del grupo demandante, siempre y cuando los demandantes cumplan con los requisitos normativos para ser beneficiarios del subsidio, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: CONDÉNASE en costas segunda instancia al Municipio de Granada, Cundinamarca, las cuales serán tasadas de manera concentrada por el Tribunal de primera instancia. CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-41-000-2014-01450-01

Consejero ponente: Diego Enrique Franco Victoria

15 de julio de 2026

Radicado: 25000-23-41-000-2014-01450-00 (70572)
Demandante: Nubia Constanza Villalobos Galvis y otros

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA

Bogotá D.C., quince (15) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Perjuicios causados a un grupo
Radicación: 25000-23-41-000-2014-01450-00 (70572)
Demandante: Nubia Constanza Villalobos Galvis y otros
Demandados: Municipio de Granada y otros

La Sala resuelve los recursos de apelación interpuestos por el Municipio de Granada
(en adelante, el “Municipio”) y por el Fondo Nacional de Vivienda (en adelante
“Fonvivienda”) en contra de la sentencia del 11 de mayo de 2023 proferida por la
Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. La Sala es competente
para proferir esta providencia porque resuelve los recursos de apelación
interpuestos en contra de una sentencia dictada por un tribunal administrativo que
conoció el proceso en primera instancia, en razón de la naturaleza del asunto, de
acuerdo con el numeral 16 del artículo 152 de la Ley 1437 del 2011, Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante,
“CPACA”)1.

SÍNTESIS2

La parte actora presentó demanda, en ejercicio del medio de control de reparación
de daños de un grupo, por la ausencia de construcción de 76 viviendas de interés
social en Granada (Cundinamarca). El Tribunal declaró la responsabilidad del
Municipio por la falla del servicio consistente en suspender la construcción y lo
condenó a reanudar las obras; ordenó a Fonvivienda renovar los subsidios
asignados para el pago de las viviendas de interés social y denegó las demás
pretensiones. La Sala confirmará la condena impuesta al Municipio, pero modificará
la orden impartida a Fonvivienda relativa al otorgamiento de subsidios.

1 Antes de la modificación introducida por la Ley 2080 de 2021, el artículo 152 del CPACA establecía que los

“tribunales administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: (…) 16. De los relativos a
la protección de derechos e intereses colectivos, reparación de daños causados a un grupo y de cumplimiento,
contra las autoridades del orden nacional o las personas privadas que dentro de ese mismo ámbito desempeñen
funciones administrativas”. En el presente caso, se demandaron a varias entidades del orden nacional, a saber:
al Ministerio de Vivienda, a Fonvivienda y al Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo.
2 Temas: reparación de perjuicios causados a un grupo – tiempo de cumplimiento de la sentencia – condena de

entidades no declaradas responsables.

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Radicado: 25000-23-41-000-2014-01450-00 (70572)
Demandante: Nubia Constanza Villalobos Galvis y otros

I. ANTECEDENTES

A. Posición del grupo demandante

1. El 2 de septiembre de 2014, la señora Nubia Constanza Villalobos Galvis formuló
demanda, en ejercicio del medio de control de reparación de los perjuicios causados
a un grupo, en contra del Municipio, Fonvivienda, la Fundación Danca Arbaro (en
adelante, la “Fundación”), el Departamento de Cundinamarca (en adelante, el
“Departamento”), el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (en adelante, el
“Ministerio”), y el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (en adelante,
Fonade3). El grupo demandante estaba conformado por “las personas naturales que
recibieron el subsidio de vivienda de interés social y sus beneficiarios, para la
adquisición de las 76 viviendas de interés social que hacen parte del proyecto
Urbanización Villa Paula de la Nueva Granada del Municipio de Granada
(Cundinamarca)”. Las pretensiones formuladas fueron las siguientes:

PRIMERA. Se declare el amparo constitucional a los miembros del Grupo del
derecho a una vivienda digna, (…) ordenando a las entidades demandadas a
tomar las medidas correctivas para la construcción, terminación y entrega de las
76 viviendas de interés social de la URBANIZACIÓN VILLA PAULA DE LA
NUEVA GRANADA del municipio (sic) de Granada (Cundinamarca), en el
término perentorio de seis meses a partir de la ejecutoria del fallo que ponga fin
a la presente acción.
SEGUNDA: Se ordene a las entidades demandadas a (sic) realizar todas las
gestiones administrativas y financieras tendientes a garantizar la construcción,
terminación y entrega de las viviendas de interés social de la URBANIZACIÓN
VILLA PAULA DE LA NUEVA GRANADA (…), en óptimas condiciones de
habitabilidad, saneamiento básico, seguridad, ambiente sano y acceso a una
adecuada infraestructura de servicios públicos domiciliarios.
TERCERA: Se reconozca y se ordene (…) el pago de 100 Salarios Mínimos
Legales Mensuales Vigentes por concepto de perjuicios morales, causados a cada
de los solicitantes de los subsidios de vivienda de interés social de la Urbanización
Villa Paula de la Nueva Granada (…).
CUARTA: Se reconozca y se ordene (…) el pago de 50 Salarios Mínimos Legales
Mensuales Vigentes por concepto de perjuicios morales, causados a cada de los
beneficiarios de los solicitantes de los subsidios de vivienda de interés social de la
Urbanización Villa Paula de la Nueva Granada (…).
QUINTA: Se reconozca y se ordene (…) el pago del cincuenta por ciento (50%)
de un Salario Mínimo Legal Mensual Vigente por concepto de subsidio temporal
de arrendamiento, para el núcleo familiar de los beneficiarios del subsidio de
vivienda de interés social aplicado al proyecto Urbanización Villa Paula de la Nueva
Granada (…), desde el 21 de Enero de 2.014 fecha en la cual se debió terminar la
ejecución del Contrato de obra de la construcción de la Urbanización Villa Paula
de la Nueva Granada (…), hasta cuando se verifique la entrega real y material de
las viviendas de interés social a cada uno de sus solicitantes y beneficiarios.
SEXTA: Se reconozca y se ordene (…) el pago de los demás perjuicios materiales
(daño emergente y lucro cesante) que cada uno de los integrantes que conforman
el grupo, llegaren a probar como perjuicio ocasionado por la mora o pérdida del
subsidio de vivienda de interés social o la mora en la entrega de las viviendas de
interés social del proyecto aplicado a la Urbanización Villa Paula de la Nueva
Granada (…).

3 A partir del Decreto 495 de 2019, el Fonade pasó a denominarse como Empresa Nacional de Desarrollo

Territorial S.A. -Enterritorio-.

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Radicado: 25000-23-41-000-2014-01450-00 (70572)
Demandante: Nubia Constanza Villalobos Galvis y otros

SÉPTIMA: Se ordene entregar el monto de la indemnización establecida en el
Numeral 2° de estas pretensiones, al Fondo para la Defensa de los Derechos e
Intereses Colectivos administrado por el Defensor del Pueblo, dentro de los diez
(10) días siguientes a la ejecutoria de la sentencia.
OCTAVA: Se señale como requisito para los beneficiarios ausentes de la presente
acción las personas naturales beneficiarias del subsidio de vivienda de interés
social otorgado en razón a la adquisición de vivienda de interés social que hacen
parte del proyecto Urbanización Villa Paula de la Nueva (…).
OCTAVA (sic): Se ordene, a cargo del Fondo para la Defensa de los Derechos e
Intereses Colectivos, el pago de las indemnizaciones individuales de quienes
formaron parte del proceso como integrantes del grupo y las correspondientes a
los interesados que no hubieren intervenido en el proceso y reúnan el requisito
señalado en la pretensión 7°, según la porcentualización que se precise en el curso
del proceso.
NOVENA: Se ordene la publicación, por una sola vez, de un extracto de la
sentencia en un diario de amplia circulación nacional, con la prevención a todos
los miembros del Grupo que no concurrieron al proceso, que si no presentan las
solicitudes para reclamar la indemnización oportunamente, consienten y autorizan
su cesión a las entidades demandadas.
DÉCIMA: Se liquiden las costas a cargo de las entidades demandadas, teniendo
en cuenta las expensas necesarias para la publicación del extracto de la
sentencia.
OCTAVA (sic). Se reconozca y se ordene a las entidades demandadas, a dar
cumplimiento al pago de la condena en los términos que señalan los artículos 192
y 195 del CPACA.
NOVENA (sic). Se liquiden y se ordenen pagar los honorarios de EIDDER CAMILO
COLMENARES ORDUZ en su calidad de abogado coordinador, que corresponden
al diez por ciento (10%) de la indemnización que obtengan los miembros del Grupo
que no fueron representados judicialmente.

2. El fundamento fáctico de la demanda se basó, en síntesis, en las siguientes
afirmaciones:

2.1. El 31 de diciembre de 2008, el Municipio adquirió un predio ubicado en su
casco urbano, con el propósito de desarrollar un programa de vivienda de interés
social denominado Urbanización Villa Paula de la Nueva Granada.

2.2. El Municipio asignó 76 subsidios para el proyecto de vivienda de interés
social referido, mediante decisión del 4 de junio de 2009.

2.3. La Secretaría de Planeación del Municipio otorgó la licencia de urbanismo,
subdivisión y loteo en la modalidad de obras nuevas y ampliación de la
Urbanización Villa Paula de la Nueva Granada. Lo anterior, por medio de la
resolución 016 del 2011.

2.4. El Municipio dividió el predio adquirido en el 2008 y asignó los lotes, a título
subsidio de vivienda familiar, para el proyecto de urbanización, por medio de la
Resolución del 28 de agosto de 2012.

2.5. Mediante resolución 813 de 2012, Fonvivienda asignó 69 subsidios de
vivienda urbana al proyecto de urbanización referido.

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Demandante: Nubia Constanza Villalobos Galvis y otros

2.6. Algunas cajas de compensación familiar asignaron subsidios familiares de
vivienda en favor de algunos de los integrantes del grupo, con el fin de adquirir
vivienda de interés social dentro del proyecto.

2.7. Con el objeto de desarrollar el proyecto de Urbanización Villa Paula de la
Nueva Granada, el 12 de marzo de 2012 el Municipio y la Fundación constituyeron
la Unión Temporal Villa Paula.

2.8. Mediante contrato de obra no. 001 de 2012, el Municipio, como representante
de la Unión Temporal Villa Paula, subcontrató la construcción de la referida
Urbanización con la Fundación, por valor de novecientos cincuenta y un millones
doscientos cuarenta y siete mil ciento ochenta pesos ($951.247.180). La obra se
realizaría en un término de 12 meses contados a partir de la firma del acta de
inicio, la cual fue suscrita el 21 de abril de 2012.

2.9. El valor de cada unidad de vivienda familiar de interés social se estableció
en la suma de treinta y un millones novecientos veinte mil trescientos veinticinco
pesos $31.920.325, los cuales debían ser pagados por los compradores de las
viviendas de interés social a la Unión Temporal Villa Paula en cuatro pagos, así:
(i) un pago correspondiente al valor del subsidio nacional reconocido por la caja
de compensación o Fonvivienda a cada persona; (ii) un pago de seis millones
doscientos cuarenta y seis mil veinte pesos ($6.246.020), equivalente al subsidio
de vivienda de interés social otorgado por el Municipio de Granada; (iii) un pago
de dos millones ($2.000.000) por concepto de subsidio de vivienda de interés
social otorgado por el Departamento de Cundinamarca; y (iv) un cuarto pago por
concepto de recursos propios del comprador de la vivienda, equivalente al saldo
restante.

2.10.Los integrantes del grupo cuyos subsidios nacionales fueron reconocidos por
las cajas de compensación familiar o por Fonvivienda no han recibido el
desembolso de dichos subsidios, ya que están sujetos a la entrega real y material
de las viviendas de interés social por parte de la unión temporal. Los términos de
vigencia de los subsidios han sido prorrogados y están próximos a vencerse, lo
cual generaría pérdida del beneficio del subsidio.

2.11. Los integrantes del grupo, a quienes les fue reconocido el subsidio por parte
del Departamento, desconocen el estado actual del desembolso de dicho subsidio
y el plazo del cumplimiento para que se haga efectivo, lo cual podrá acarrear su
pérdida.

2.12. Cada uno de los integrantes del grupo consignó en la cuenta de la Unión
Temporal Villa Paula el valor de los recursos propios para la adquisición de la
vivienda de interés social.

2.13.Luego de una visita del Fonade y del Ministerio al proyecto de urbanización,
el Municipio suscribió el acta no. 01 del 23 de marzo de 2013, mediante la cual se

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suspendió la ejecución del contrato de construcción de las viviendas por el término
de 8 meses, aludiendo a que era necesario atender a las recomendaciones del
Fonade y el Fonvivienda, en el sentido de que faltaba construir las “redes
domiciliarias de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y energía eléctrica”
y que faltaba gestionar licencias ambientales y de construcción. La reanudación
de las obras estaba prevista para el 23 de diciembre de 2013, pero hasta la fecha
de presentación de la demanda no se ha reanudado la construcción de las
viviendas.

2.14.Los miembros del grupo afectado son personas en condición de
desplazamiento forzado, madres cabeza de familia, personas discapacitadas o
con deterioro físico y, en general, personas de escasos recursos.

2.15.La mora en la entrega de las viviendas ha vulnerado los derechos
constitucionales de los accionantes y ha causado perjuicios materiales y morales.

B. Posición de la parte demandada

3. El Fonade se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso la excepción de
falta de legitimación en la causa por pasiva4.

4.El Ministerio se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso las
excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva, inepta demanda y falta
de jurisdicción5.

5.El Fonvivienda, el Departamento, el Municipio y la Fundación contestaron la
demanda extemporáneamente6.

C. Sentencia recurrida

6. La Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, en sentencia del 11 de mayo de 2023, accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda con fundamento en las siguientes consideraciones:

6.1. El grupo demandante se compone por las personas que fueron beneficiarios de
subsidios de vivienda y que, con sus propios recursos, completaron el pago de una
vivienda de interés social dentro del proyecto de Urbanización Villa Paula de la
Nueva Granada.

6.2. Los subsidios otorgados por Fonvivienda se desembolsarían “contraescritura”7;
los subsidios departamentales fueron depositados en una cuenta de ahorros
destinada para la construcción de las viviendas; los subsidios municipales serían

4 Folios 175 a 185 del cuaderno 1.
5 Folios 186 a 192 del cuaderno 1.
6 Folios 386 a 394 del cuaderno 1.
7 Página 36 de la sentencia de primera instancia, correspondiente al índice 96 del proceso de primera instancia

en SAMAI.

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entregados en especie, correspondientes al terreno en donde se llevaría a cabo el
proyecto. Adicionalmente, cada miembro del grupo demandante acreditó haber
consignado recursos propios para completar el pago de la vivienda.

6.3. El 23 de marzo de 2013, el Municipio dispuso la suspensión de las obras debido
a los hallazgos hechos por el Fonade y el Ministerio, quienes encontraron fallas de
orden técnico, administrativo y estructural, y recomendaron que debían ser
subsanadas. Sin embargo, “no se advierte que tanto las fallas y las
recomendaciones, fueran de tal magnitud que conllevaran a la Unión Temporal a
tomar la decisión de suspender el contrato de obra”8.

6.4. La reanudación de la obra fue prevista para el 23 de diciembre de 2013; no
obstante, la obra no fue reanudada y no se probaron en el expediente las razones
por las cuales se omitió continuar con las obras, por lo cual se encuentra acreditado
que los demandantes sufrieron un daño antijurídico consistente en la lesión a su
derecho fundamental a una vivienda digna9.

6.5. Respecto de la falla del servicio, luego de revisado el material probatorio se
concluye que la decisión de no reanudar las obras fue la causa del daño sufrido por
el grupo demandante. Tal decisión fue adoptada por el Municipio, de modo que el
daño le es atribuible y debe responder del cien por ciento (100%) de las condenas.

6.6. No se demostraron los perjuicios morales, el daño emergente ni el lucro
cesante. Respecto del valor pagado por cada miembro del grupo demandante, tales
sumas deben ser tenidas en cuenta y reajustarse para ser imputadas al pago de la
vivienda.

6.7. De acuerdo con las pruebas obrantes en el proceso no se advierte que los
subsidios hayan sido desembolsados a los beneficiarios, por lo cual, en lo referente
a la pérdida de los subsidios, no se les causó un daño, en tanto que los subsidios
no eran parte del “patrimonio de los demandantes, sino del Estado”10. A pesar de lo
anterior, la falta de entrega de las viviendas significó el incumplimiento de los
requisitos para el desembolso de los subsidios concedidos por Fonvivienda y
algunas cajas de compensación, por lo cual, tales subsidios se vencieron sin que
pudieran ser entregados. El incumplimiento en la entrega de las viviendas fue ajeno
al grupo demandante, por lo cual este no debe asumir la pérdida de los subsidios.

7. En consecuencia, el Tribunal decidió lo siguiente:

1.º) Declárase administrativa y patrimonialmente responsable al Municipio de
Granada (Cundinamarca) por falla en el servicio por la acción de suspender la
ejecución de la obra de construcción del Proyecto Urbanístico de Interés Social

8 Página 43 de la sentencia de primera instancia, correspondiente al índice 96 del proceso de primera instancia

en SAMAI.
9 Ídem.
10 Página 36 de la sentencia de primera instancia, correspondiente al índice 96 del proceso de primera instancia

en SAMAI.

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Villa Paula que condujo a la vulneración del derecho a una vivienda digna del grupo
demandante, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2.°) Condenar al Municipio de Granada (Cundinamarca) que en el término de un
(1) mes proceda a reanudar las obras de construcción de las 76 viviendas de
interés prioritario del Proyecto Urbanístico Villa Paula, esto siempre y cuando el
predio cumpla con las especificaciones técnicas, licencias y permisos
correspondientes para construir las viviendas. De ser así, deberá atender y sanear
todas y cada una de las recomendaciones efectuadas en su momento por
FONADE, así como aquellas que se deriven del detrimento o abandono de la
construcción ya adelantada hasta el momento de la suspensión del contrato de
obra 01 de 2012, disponiéndose del término de seis (6) meses para efectuar la
entrega de las viviendas en plenas condiciones de habitabilidad, saneamiento
básico, servicios públicos, vías de acceso, seguridad y zonas comunes a los
miembros del grupo demandante, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia. 3.°) Exhortar al FONADE para que continué (sic) realizando la labor de
seguimiento y supervisión de la construcción del proyecto urbanístico, siempre y
cuando se trate de la reanudación de la ejecución de la obra ya iniciada en el predio
del proyecto urbanístico Villa Paula, con el fin de garantizar que las viviendas
realizadas cumplan con todas las condiciones de habitabilidad que brinden una
efectiva solución de vivienda a los demandantes. 4.°) En caso de determinarse que no es posible continuar con el desarrollo del
proyecto urbanístico, se condena al Municipio de Granada (Cundinamarca) que
proceda a brindar a los hogares de los demandantes, en el término de cuatro (4)
meses una solución de vivienda en otro proyecto urbanístico, bajo las mismas
condiciones de acceso y presupuesto previstas para el proyecto urbanístico Villa
Paula, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 5.°) Abstenerse de condenar en costas al Municipio de Granada (Cundinamarca),
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia
6.°) Ordenar a FONVIVIENDA renovar y prorrogar, hasta el momento en que se
haga entrega de la casa, la vigencia de los subsidios de vivienda de interés social
asignados a los hogares de los miembros del grupo demandante, siempre y
cuando los demandantes no se hayan hecho beneficiarios de un nuevo subsidio
de vivienda familiar, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia. 7.°) Negar las pretensiones de la demanda presentadas por los demandantes
Diana Carolina Guardia Gómez, Pablo Ernesto Hilarión, Laura Estefanía Guardia
Gómez, Yineth Natalia Hilarión Guardia y María Fernanda Hilarión Guardia
8.°) Negar las pretensiones de la demanda presentadas en contra de las
demandadas Departamento de Cundinamarca, Ministerio de Vivienda-, Ciudad y
Territorio - MINVIVIENDA, Fondo Nacional de Vivienda- FONVIVIENDA y el Fondo
Financiero de Proyectos de Desarrollo -FONADE, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.

9. °) Negar las demás pretensiones de la demanda interpuesta por la señora Nubia
Constanza Villalobos Galvis, en nombre propio, en representación de su menor
hijo Germán Alexander Zambrano Villalobos y del grupo de afectados conformado
por María Olivia Rey Mican, Diana Vanessa Sánchez Rey, David Santiago
Sánchez Rey, Rubén Darío Peñalosa Páez, Gina Milena Forero Galeano, Juan
José Peñalosa Forero, Diana Esperanza Baquero García, Moisés Alirio Alonso
Moreno, Adrián Fernando Alonso Baquero, Marlon David Alonso Baquero, María
Clara Mendoza Gordillo, Dayanne Nicole Pérez Mendoza, Diana Carolina Guardia
Gómez, Pablo Ernesto Hilarión, Laura Estefanía Guardia Gómez, Yineth Natalia
Hilarión Guardia, María Fernanda Hilarión Guardia, Floralba Pérez Moreno,
Alexander Nieto Escamilla, Óscar Alexander Nieto Pérez, María Valentina Nieto
Pérez, José Yezid Nieto Escamilla, María Yennifer Rojas Cáceres, Jeiser Samid
Nieto Rojas, Deisi Guzmán González, Nelson Enrique Barrios Rincón, Daniel
Barrios Guzmán y Deisy Valentina Barrios Guzmán, por lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.

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Demandante: Nubia Constanza Villalobos Galvis y otros

10.°) Reconózcase personería jurídica para actuar a las doctoras Juliana María
Varela Arboleda, como apoderada judicial del Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio, Elizabeth Morales Mora, como apoderada judicial del Municipio de
Granada (Cundinamarca) y Sandra Julieta Ibarra Ruíz, como apoderada judicial
del Departamento de Cundinamarca.
11.°) Acéptese la renuncia de la doctora Clara Lucia Ortiz Quijano, como
apoderada judicial del Departamento de Cundinamarca.
12.º) En caso de no ser apelada esta sentencia, remítase copia de esta a la
Defensoría del Pueblo (artículo 80 Ley 472 de 1998).
13.º) En firme esta providencia, archívese el expediente con las respectivas
constancias secretariales previas de Secretaría.

D. Recursos de apelación

8. Únicamente se concedieron las apelaciones formuladas por el Municipio y
Fonvivienda11. El Municipio solicitó que extender a dos años el plazo para cumplir
con la construcción de las viviendas, que “se llame a la Corporación Autónoma
Regional de Cundinamarca (en adelante, CAR) con el fin de que se indique la
viabilidad del proyecto”, y que “no se condene pecuniariamente a la entidad”12, con
base en los siguientes argumentos.

8.1. Si bien inicialmente la Corporación Autónoma Regional expidió licencia de
urbanismo, subdivisión, loteo y construcción, posteriormente expidió un acto
administrativo en el que negó la viabilidad del proyecto, pues era necesario realizar
un diagnóstico relacionado con la acotación de una zona de protección para los
cuerpos de agua presentes en el área destinada para la construcción del proyecto.
A pesar de los múltiples intentos del Municipio, la CAR no expidió el diagnóstico
para seguir con las obras.

8.2. El 14 de mayo del 2021, el Municipio convocó una mesa de trabajo con la CAR,
el Departamento, el Ministerio y el Fonade para revisar la solución a la afectación
ambiental causada por el proyecto a un nacimiento de agua presente en el área
destinada para su construcción, pero no se pudo llegar a una solución concreta.

8.3. En observancia de la normativa relativa al acotamiento de las rondas hídricas,
el Municipio llevó a cabo los ajustes pertinentes en el proyecto y adoptó medidas de
protección para el cuerpo de agua. Acordó con la CAR que, una vez el Municipio
“haya surtido el proceso de concertación de asuntos ambientales del esquema de
ordenamiento territorial”13, la CAR llevaría a cabo el acotamiento de la ronda hídrica
para proteger al cuerpo de agua denominado “nacedero Villa Paula”14.

11 El 8 de agosto de 2023, los demandantes remitieron un escrito de apelación, sin embargo, mediante auto del

31 de agosto de 2023, el Tribunal declaró que el término para interponer recursos de apelación contra la
sentencia venció el 31 de julio de 2023, por lo cual la apelación formulada era extemporánea y no concedió el
recurso presentado por la parte actora. En esa providencia se concedieron las apelaciones presentadas por el
Municipio y Fonvivienda.
12 Reverso del folio 798 del cuaderno principal.
13 Folio 797 del cuaderno principal.
14 Ídem.

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8.4. En abril de 2023 se finalizó el proceso de concertación con la CAR y mediante
Resolución DGEN 20237000219 del 10 de abril, se acogió el acta de concertación
de asuntos ambientales “del proyecto de Revisión General del Esquema de
Ordenamiento Territorial – EOT del Municipio de Granada”. Posteriormente el
Municipio solicitó a la CAR el acotamiento de la ronda hídrica para el nacedero Villa
Paula, pero, mediante comunicación del 30 de mayo de 2023, dicha entidad
contestó que para llevar a cabo tal procedimiento era necesaria su aprobación
mediante el EOT, lo cual “no ha culminado, pues no tiene aún el acto administrativo
de aprobación por parte del concejo municipal, y hasta tanto no se tenga dicha
aprobación no existirá certeza jurídica para realizar el procedimiento de acotación
de la ronda hídrica”15.

8.5. Todo lo anterior pone de presente que el Municipio ha realizado las gestiones
encaminadas a concluir el proyecto. Por otra parte, debe tenerse en cuenta que en
el año 2012 se alcanzaron a construir 7 viviendas, de modo que la sentencia debería
limitarse a 69 viviendas. Adicionalmente, las viviendas ya construidas presentan
deterioros “como humedades, filtraciones, manchas, deterioro de acabados,
hongos, (…) fisuras, grietas, hundimientos, asentamientos diferenciales,
deflexiones excesivas, desprendimiento de elementos estructurales, (…) pérdida de
sección de elementos estructurales, corrosión del acero (…)”16. Por esto, un perito
debería determinar las circunstancias de cada una de las viviendas, para adoptar la
decisión que corresponda, como, por ejemplo, su demolición.

8.6. Adicionalmente, el Municipio no cuenta actualmente con los recursos
presupuestales para continuar con la construcción, por lo cual se debe iniciar un
proyecto de acuerdo para que el Concejo Municipal faculte al alcalde para contratar
un empréstito.

8.7. Debido a que se requiere articulación con la CAR, el Fonade y el Fonvivienda,
es prácticamente imposible reanudar las obras en un mes. Asimismo, debe tenerse
en cuenta que aún se está concertando el Esquema de Ordenamiento Territorial
con la CAR, que debe ser discutido con la comunidad y llevado al Concejo Municipal
con el fin de que se convierta en un acuerdo municipal.

9. El Fonvivienda solicitó revocar el ordinal sexto de la sentencia, con base en los
siguientes argumentos:

9.1. Elordinal sexto de la sentencia desconoce los límites para la entrega de
subsidios, establecidos en el artículo 2.1.1.1.1.3.3.1.2. del Decreto 1077 de 2015,
en la medida que algunos de los miembros del grupo demandante “ya son
propietarios de otro bien inmueble o (...) su nivel de ingreso se ha incrementado
considerablemente en los años en que se tardó proferir la sentencia”17, razón por la
cual no cumplen con los requisitos para ser beneficiarios del subsidio.

15 Folio 798 del cuaderno principal.
16 Ídem.
17 Índice 108 del expediente de primera instancia en SAMAI.

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9.2. La pérdida de los subsidios no es responsabilidad de Fonvivienda, por lo cual
su prórroga es injustificada, en tanto que los dineros que estaban destinados para
tales subsidios se devolvieron a la Dirección del Tesoro Nacional, pues no fueron
utilizados, de modo que, conforme con el artículo 2.1.1.1.1.4.2.5. del Decreto 1077
de 2015, “no existe posibilidad de retorno de los recursos”. En todo caso, la pérdida
de tales subsidios no impide la postulación a otros subsidios.

9.3. El daño, y la consecuente pérdida de los subsidios, no fue causado por
Fonvivienda, por tal razón la sentencia no atribuyó responsabilidad a esta entidad;
al contrario, fueron denegadas las pretensiones en su contra. Así, la lógica jurídica
impide que una entidad que no fue declarada responsable deba soportar una
condena económica.

9.4. No todos los miembros del grupo demandante fueron beneficiarios del subsidio,
por lo cual no resulta acorde con la realidad extender la orden de prorrogar los
subsidios para todo el grupo.

E. Trámite relevante

10.Mediante auto del 7 de diciembre de 2023 esta Sala admitió los recursos de
apelación interpuestos por el Municipio y Fonvivienda, y ordenó notificar al Ministerio
Público.

11. En el auto del 29 de febrero del 2024, se decidieron las solicitudes probatorias
de segunda instancia: se denegó la incorporación al expediente de informes
técnicos expedidos por la CAR entre el 2012 y 2013; y se decretaron los oficios CAR
20232038184 del 30 de mayo de 2023 y SIP-154-2020 del 7 de julio de 2020, con
la limitación de que “solo se valorarán los hechos descritos en este último
documento (…) posteriores al 26 de enero de 2015 (…)”.

12. Posteriormente, mediante providencia del 9 de abril de 2024, se corrió traslado
a las partes para pronunciarse respecto de los escritos de apelación y alegar de
conclusión. Una vez ejecutoriados tales términos el proceso ingresó al despacho
para sentencia.

12.1. En sus alegatos de conclusión, el Fonvivienda reiteró los argumentos de la
apelación y su solicitud de revocar el ordinal sexto de la sentencia, en la medida
que tal orden desconoce los límites para el acceso a los subsidios y en tanto que tal
entidad no fue declarada responsable del daño sufrido, por lo cual no debe asumir
condena alguna.

12.2. Por su parte, el Fonade advirtió que esta entidad “no es el sujeto o parte
legitimado o llamado para otorgar ni desembolsar subsidios familiares de vivienda”;

10

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también recordó “que Fonade no es la entidad responsable de la construcción de
las viviendas”18.

12.3. A su turno, el Departamento insistió en que no hay elementos probatorios que
permitan establecer la responsabilidad de esta entidad y solicitó confirmar la
sentencia de primera instancia.

12.4. Asimismo, la Procuraduría Delegada ante el Consejo de Estado allegó un
concepto en el que consideró que el juez de la acción de grupo carece de
competencia para estudiar la legalidad del contrato o del cumplimiento de
obligaciones; estimó que las condenas consistentes en brindar una solución de
vivienda diferente, en la medida que no sea posible continuar con la construcción
del proyecto, y la orden a Fonvivienda de renovar y prorrogar los subsidios, no eran
congruentes con las pretensiones de la demanda, por lo cual recomendó revocar
los ordinales 2, 4 y 6 de la sentencia de primera instancia.

12.5. La parte actora y el Municipio guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES

F. Asuntos procesales

Impedimento del Magistrado Fredy Ibarra Martínez

13. Habida cuenta de que el Magistrado Fredy Ibarra Martínez conoció y adoptó
decisiones dentro del trámite de la primera instancia del sub judice, durante su
periodo como Magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el pasado
22 de junio de 2026 presentó su impedimento para conocer del asunto en segunda
instancia19, de acuerdo con lo consagrado en el numeral 2 del artículo 141 de la Ley
1564, Código General del Proceso.

14.El referido impedimento fue notificado al despacho ponente mediante
comunicación del 1 de julio20. En él se solicita que el Magistrado Fredy Ibarra
Martínez sea separado del conocimiento del caso.

15. Para decidir lo solicitado, es necesario constatar la ocurrencia de la causal de
recusación invocada por el Magistrado, la cual consiste en:

“Haber conocido del proceso o realizado cualquier actuación en instancia anterior,
el juez, su cónyuge, compañero permanente o algunos de sus parientes (…)”.
16. Al verificar el expediente se logró corroborar que, en efecto, el Magistrado Fredy
Ibarra Martínez sustanció cabo varias actuaciones procesales, incluyendo la

18 Índice 27 de Samai.
19
Índice 33 de Samai.
20
Índice 33 de Samai.

11

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Demandante: Nubia Constanza Villalobos Galvis y otros

audiencia de conciliación21, reconocimientos de personerías adjetivas22, integración
del grupo demandante23, el decreto de pruebas24, fijación de gastos periciales y
requerimientos probatorios25, audiencia de pruebas26, entre otras. Por esta razón,
se encuentra acreditado el supuesto de hecho y resulta procedente acceder a la
solicitud del Magistrado, por lo cual será separado del conocimiento del caso.

Respecto de la caducidad

17. De conformidad con lo previsto en el artículo 164 del CPACA, “cuando se
pretenda la declaratoria de responsabilidad y el reconocimiento y pago de
indemnización de los perjuicios causados a un grupo, la demanda deberá
promoverse dentro de los dos (2) años siguientes a la fecha en que se causó el
daño”.

18. En tanto que el daño alegado se deriva de la decisión de los demandados de
no continuar con las obras, cuya reanudación estaba prevista para el 23 de
diciembre de 2013, la fecha límite para interponer la demanda era el 24 de diciembre
del 2015. La demanda fue interpuesta el 2 de septiembre de 2014, dentro del
término legal.

G. Sentido de la decisión y plan de exposición

19. La Sala confirmará la decisión de primera instancia de condenar al Municipio a
reanudar la obra dentro del plazo de un mes, con un término de seis meses para
concluirla, pero modificará lo concerniente a la orden impartida al Fonvivienda.

20. En vista de las apelaciones formuladas, el análisis de la Sala se dividirá en dos
partes. En primer lugar, se estudiará el reparo relativo a la ampliación del plazo para
cumplir con la sentencia de primera instancia y la vinculación de la CAR para
verificar la viabilidad del proyecto; en segundo lugar, se resolverá lo concerniente a
la revocatoria de la orden contenida en el ordinal sexto de la sentencia apelada.

H. Respecto de la solicitud de ampliación del plazo de cumplimiento y la
vinculación de la CAR

21. De manera preliminar, la sala advierte que, de acuerdo con los artículos 327 y
46 de la Ley 472 de 1998, la acción de grupo es un mecanismo procesal cuyo
propósito exclusivo es el reconocimiento y “pago de indemnización de los
perjuicios”.

21
Folio 402 y 448 del cuaderno 1.
22
Folio 408 del cuaderno 1.
23
Folio 464 y 465 del cuaderno 1.
24
Folio 486 del cuaderno 1.
25
Folio 526 y 527 del cuaderno 1.
26
Folios 542 y 561 del cuaderno 1.
27 “Son aquellas acciones interpuestas por un número plural o un conjunto de personas que reúnen condiciones

uniformes respecto de una misma causa que originó perjuicios individuales para dichas personas. La acción de
grupo se ejercerá exclusivamente para obtener el reconocimiento y pago de indemnización de los perjuicios”.

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21.1.En el presente asunto los perjuicios cuyo reconocimiento pretende el grupo
demandante consisten en la lesión al derecho constitucional a la vivienda digna, así
como los daños materiales y morales sufridos al ser privados de la vivienda que
esperaban obtener.

21.2. Particularmente, la pretendida reparación de los perjuicios referidos se
compone de pagos pecuniarios y del cumplimiento de la obligación in natura, esto
es, la construcción y entrega de las viviendas.

21.3.Respecto del contenido de la indemnización de los perjuicios en las acciones
de grupo, la Corte Constitucional, al analizar la constitucionalidad de los artículos 3
y 46 de la Ley 472 de 1998, consideró que:

(…) es claro que si bien el Legislador, dentro de su libertad de configuración, puede
atribuir objetivos más amplios a la acción de grupo, la Carta no se opone a una
definición puramente indemnizatoria de esa figura. Con todo, es claro que, en
desarrollo de los principios constitucionales de prevalencia de los derechos de la
persona y de acceso a la justicia (CP arts. 5º y 229), esa naturaleza indemnizatoria
de la acción de grupo debe ser interpretada por los operadores jurídicos de manera
amplia, esto es, que ella no sólo cubre la indemnización por pago de un equivalente
monetario, sino también, tal y como lo han indicado la doctrina y la práctica
jurisprudencial comparada[1], otras formas de indemnización, como el
restablecimiento del derecho in natura o la imposición de obligaciones de hacer
que no tienen estrictamente equivalente pecuniario, pero que permiten restablecer
y dejar indemne el derecho que fue vulnerado28.

21.4.En el mismo sentido, esta Corporación unificó su jurisprudencia en torno a la
acción de grupo y cobijó la postura de que la indemnización de los perjuicios debe
estar orientada al restablecimiento de los derechos lesionados, por lo que puede ir
más allá de las reparaciones pecuniarias:

En conclusión, tanto la jurisprudencia de la Corte Constitucional como la del
Consejo de Estado ha sostenido que las acciones de grupo se pueden interponer
para obtener la indemnización de los perjuicios causados por la transgresión de
todo tipo de derecho, sin embargo, como las pretensiones propias de esta vía
procesal son exclusivamente indemnizatorias, no se puede acudir a ella para
obtener un reconocimiento distinto a la reparación de un daño. De igual manera,
las condenas en aquellas acciones pueden incorporar diversas formas de
indemnización, no necesariamente pecuniarias, pero que permiten restablecer el
derecho que fue vulnerado29.

21.5.De acuerdo con lo anterior, esta Sala no reprocha el hecho de que en primera
instancia se haya condenado al demandado a cumplir con la obligación de hacer,
consistente en reanudar la construcción de las viviendas, en el entendido de que tal
condena corresponde a la reparación integral del daño. Particularmente, el reparo

28 Corte Constitucional, sentencia de constitucionalidad C-569 del 8 de junio de 2004, M. P. Rodrigo Uprimny

Yepes
29 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de unificación del 13 de julio de

2021, rad. 05001-33-31-009-2006-00210-01(AG)REV (IJ-SU), C. P. William Hernández Gómez.

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formulado no rebate el objeto de la condena sino el plazo concedido para su
cumplimiento.

22.En su apelación el Municipio de Granada solicitó que se le conceda “un término
superior de dos (2) años” para concluir las obras. Como sustento de su solicitud
puso de presente que ha llevado a cabo diversas gestiones para superar la dificultad
que le impide reanudar la construcción de las viviendas. Para ello, aportó los oficios
SIP-154-2020 del 7 de julio de 2020 y CAR 20232038184 del 30 de mayo de 2023.

23. En el oficio SIP-154-2020 del 7 de julio de 2020, el Municipio apelante responde
a una solicitud de información hecha por la Contraloría de Cundinamarca; allí indica
las acciones que hasta la fecha había ejecutado en aras de culminar las obras, pero
sin acompañar los anexos necesarios para corroborar las afirmaciones allí hechas.

24. De acuerdo con la limitación de la valoración probatoria para el oficio SIP-154-
2020 del 7 de julio de 2020, este documento expuso: (i) la cuarta suspensión del
contrato para la construcción del proyecto Urbanización Villa Paula de la Nueva
Granada, que debía finalizar el 14 de septiembre del 2015; (ii) la licitación pública
005 de 2015, con el objeto de construir las obras faltantes del proyecto
Urbanización Villa Paula de la Nueva Granada, sin indicación acerca de si se
adjudicó el contrato, pero con la anotación de que se encuentra en estado
“terminado y liquidado”; (iii) el contrato de “interventoría técnica, administrativa,
financiera y ambiental para la construcción de obras faltantes” del proyecto, con la
indicación de que el contrato se encuentra “terminado y liquidado”; (iv) el avance
financiero de la obra, que para el momento era de 23.84%, con la anotación de que
no existe porcentaje real ejecutado; (v) una explicación de las razones técnicas,
ambientales y administrativas por las cuales la obra quedó inconclusa desde el
2015, en donde se resalta que, debido a los hallazgos de inconsistencias técnicas
y ambientales hechos por el Fonade con apoyo en informes de la CAR, se tuvo que
suspender la ejecución de la obra para ajustar el proyecto a los requerimientos
ambientales; y (vi) los procesos y sentencias derivados de la falta de terminación de
la obra.

25. Por su parte, el oficio CAR 20232038184 del 30 de mayo de 2023 dio respuesta
a la solicitud del Municipio en relación con el acotamiento del nacedero de agua Villa
Paula, necesario para reanudar las obras. En esta comunicación la CAR le puso de
presente al municipio que, para ejecutar el acotamiento, era necesario que el
Esquema de Ordenamiento Territorial -EOT- fuera “presentado por el alcalde a
consideración del concejo municipal” para su aprobación, en concordancia con los
artículos 25 y 26 de la Ley 388 de 1997, lo cual, no había ocurrido aún.

26. Adicionalmente, el apelante apoya su solicitud en que el Municipio no cuenta
con los recursos suficientes para concluir las obras, por lo cual se deben llevar a
cabo los trámites administrativos necesarios para su consecución. También afirma
que, respecto de las viviendas ya concluidas, se deben llevar a cabo estudios
adicionales, adecuaciones, o incluso la demolición, para poder finalizar el proyecto.

14

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27. Para analizar la solicitud del Municipio debe tenerse en cuenta que no se aportó
prueba alguna que demuestre que carece de los recursos para llevar a cabo las
obras. Asimismo, en caso de que deban ejecutarse estudios, adecuaciones o,
incluso, demoliciones, deberán ser asumidas por el Municipio, en virtud de la
responsabilidad declarada en primera instancia -que no está en discusión- y como
parte del cumplimiento de la condena consistente en “reanudar las obras de
construcción (…), atender y sanear todas (…) aquellas que se deriven del
detrimento de abandono de la construcción ya adelantada hasta el momento de la
suspensión del contrato de obra”.

28. Debe recordarse que en el ordinal segundo de la sentencia de primera instancia
se dispone que, en caso de que el predio destinado para la obra cumpla con “las
especificaciones técnicas, licencias y permisos correspondientes para construir las
viviendas”, el Municipio contará con un mes para reanudar las obras y, a partir de
allí, contará con seis meses para entregar “las viviendas en plenas condiciones de
habitabilidad”. Asimismo, el ordinal cuarto de la providencia indica que, en caso de
que no sea posible continuar con el proyecto (por ejemplo, por no cumplir con las
condiciones técnicas necesarias), la entidad territorial contará con un término de
cuatro meses para brindar “una solución de vivienda en otro proyecto urbanístico,
bajo las mismas condiciones de acceso y presupuesto”.

29. Si bien el Municipio demandado puso de presente su gestión para lograr que el
terreno destinado para el proyecto cumpla con todos los requisitos para adelantar
la construcción, ello no es suficiente para convencer a la Sala de la necesidad de
ampliar el término de seis meses impuesto por el Tribunal en la sentencia apelada.
Lo anterior porque la condición para que la CAR lleve a cabo la acotación de la
fuente hídrica, necesaria para que el terreno sea apto para la construcción, depende
exclusivamente de que la Alcaldía Municipal presente el EOT al Consejo Municipal
para su aprobación30, en concordancia con los artículos 25 y 26 de la Ley 388 de
199731, pues solo a partir de la aprobación de la norma de ordenamiento territorial
podrá la Autoridad Ambiental llevar a cabo la acotación de la fuente hídrica32.

30 El oficio CAR 20232038184 del 30 de mayo de 2023, afirmó: “el procedimiento para la aprobación del EOT no

ha culminado, pues no tiene aún el acto administrativo de aprobación por parte del concejo municipal, y hasta
tanto no se tenga dicha aprobación, no existirá certeza jurídica para realizar el procedimiento de acotación de
la ronda hídrica “Nacedero Villa Paula”. Índice 102 del proceso de primera instancia en Samai.
31 Artículo 25. “Aprobación de los planes de ordenamiento. El proyecto de plan de ordenamiento territorial, como

documento consolidado después de surtir la etapa de la participación democrática y de la concertación
interinstitucional de que trata el artículo precedente, será presentado por el alcalde a consideración del concejo
municipal o distrital, dentro de los treinta (30) días siguientes al recibo del concepto del Consejo Territorial de
Planeación. En el evento de que el concejo estuviere en receso, el alcalde deberá convocarlo a sesiones
extraordinarias. Toda modificación propuesta por el concejo deberá contar con la aceptación de la
administración”.
Artículo 26. “Adopción de los planes. Transcurridos sesenta (60) días desde la presentación del proyecto de
plan de ordenamiento territorial sin que el concejo municipal o distrital adopte decisión alguna, el alcalde podrá
adoptarlo mediante decreto”.
32
Ley 1450 de 2011, artículo 206: “Rondas hídricas. Corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales
y de Desarrollo Sostenible, los Grandes Centros Urbanos y los Establecimientos Públicos Ambientales efectuar,
en el área de su jurisdicción y en el marco de sus competencias, el acotamiento de la faja paralela a los cuerpos
de agua a que se refiere el literal d) del artículo 83 del Decreto-ley 2811 de 1974 y el área de protección o
conservación aferente, para lo cual deberán realizar los estudios correspondientes, conforme a los criterios que
defina el Gobierno Nacional”. En el mismo sentido, de la lectura del Decreto 1076 del 2015, Decreto Único

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30. De modo que, si bien el acondicionamiento del predio para adelantar allí el
proyecto forma parte de la condena principal, ante la constatación de que el predio
no sea apto para desarrollar el proyecto, el Municipio debe cumplir la condena
subsidiaria consistente en “brindar a los hogares de los demandantes, en el término
de cuatro (4) meses una solución de vivienda en otro proyecto urbanístico, bajo las
mismas condiciones de acceso y presupuesto previstas para el proyecto urbanístico
Villa Paula”. Esta condena subsidiaria no fue objeto de apelación ni reproche alguno
por el Municipio, por lo cual, no se avizora causal de impedimento alguna para el
cumplimiento de la sentencia de primera instancia por parte del Municipio.

31. Por tales razones, al advertir que los motivos esgrimidos por el Municipio no son
suficientes para sustentar su solicitud, no se accederá a la pretendida ampliación
del plazo para el cumplimiento de la sentencia de primera instancia.

32. Por otro lado, respecto de la solicitud de vinculación de la CAR “con el fin de
que se indique la viabilidad del proyecto”, debe ponerse de presente que esta
instancia procesal no es el escenario en que deba vincularse a un tercero respecto
del cual la sentencia no producirá efectos. Por ello, se denegará también esta
solicitud.

I. Respecto de la revocatoria del ordinal sexto de la sentencia apelada

33. Al examinar los argumentos expuestos por Fonvivienda, se pudo constatar que,
en efecto, la sentencia de primera instancia no reconoció la pérdida de los subsidios
como un daño33, ni declaró la responsabilidad de esta entidad34, por lo cual no es
acertada la imposición de una condena en su contra.

Reglamentario del Sector Ambiente, se deriva la función de las Corporaciones Autónomas Regionales de
verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia ambiental contenidas en los planes y esquemas de
ordenamiento territorial: artículo 2.2.2.1.2.10; artículo 2.2.3.1.5.5; artículo 2.2.3.1.5.6; artículo 2.2.3.1.8.4. En
ese sentido, la Resolución 957 del 2018, proferida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, dispuso
la adopción de la “Guía técnica de criterios para el acotamiento de las rondas hídricas en Colombia”, en la cual
se indica que: “para el acotamiento de las rondas hídricas se requiere contar con información cartográfica con
una adecuada resolución que permita caracterizar las condiciones físico-bióticas así como de su prestación de
servicios ecosistémicos. (…) Igualmente, debe considerarse, sobre la base de las fuentes de información
consultada, que la escala de trabajo sea totalmente compatible con el plan de ordenamiento territorial para que
los resultados sean directamente aplicables”.
33 “Si bien, con esta finalidad específica fueron asignados los subsidios tanto por Fonvivienda como por las cajas

de compensación de manera determinada a los demandantes, lo cierto es que de las pruebas allegadas al
plenario no se advierte que los mismos hayan sido desembolsados a los beneficiarios, por lo que no se podría
inferir un daño respecto de los mismos, al no hacer parte del patrimonio de los demandantes, sino del Estado”.
Página 36 de la sentencia de primera instancia, correspondiente al índice 96 del proceso de primera instancia
en SAMAI.
34 “Es así que, la participación de estas demandadas si bien era fundamental para que las personas pudieran

adquirir una solución de vivienda a partir del otorgamiento de subsidios de vivienda familiar, en su momento los
subsidios fueron asignados a los postulantes conforme a las normas vigentes y el no desembolso de los mismos
o la pérdida de ellos, también obedeció a la suspensión del contrato de obra y la no construcción del proyecto
urbanístico Villa Paula. Por lo anterior, no es viable inferir responsabilidad en el daño antijurídico y los perjuicios
ocasionados al grupo demandante por estas demandadas, al no establecerse un nexo de causalidad con el
daño causado al grupo demandante, siendo necesario negar las pretensiones de la acción respecto de estas”.
Página 48 de la sentencia de primera instancia, correspondiente al índice 96 del proceso de primera instancia
en SAMAI.

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34. Recuérdese que el artículo 90 constitucional dispone que el estado solamente
responderá por los daños antijuridicos que le sean imputables35. Así, la orden
impuesta contra Fonvivienda, consistente en renovar y prorrogar la vigencia de los
subsidios de vivienda, busca reparar un daño que no le es atribuible. Por tal razón,
esta entidad no está llamada a responder patrimonialmente, en la medida que no
fue encontrada responsable del daño alegado por el grupo actor y en tanto que la
pérdida de los subsidios no fue acreditada como un daño imputable a ella.

35. De acuerdo con lo anterior, la Sala accederá a revocar la orden impartida por la
sentencia de primera instancia en contra del Fonvivienda. Sin embargo, la Sala
considera apropiado modificar el ordinal sexto de la providencia apelada, en el
sentido de exhortar a Fonvivienda a que, de acuerdo con las posibilidades de la
entidad, estudie otorgar subsidios de vivienda de interés social a los hogares
miembros del grupo demandante, siempre y cuando se cumpla con los requisitos
normativos para ser beneficiarios del subsidio36.
J. Costas

36.En los términos de los artículos 188 del CPACA37 y 365 (numeral 1) de la Ley
1564 de 2012, CGP38, se condenará en costas de segunda instancia a la parte

35 “El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la

acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser condenado el Estado a la reparación
patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa
de un agente suyo, aquel deberá repetir contra este”.
36 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 22 de mayo de 2026, rad. 73001-23-33-

000-2023-00087-01 (72267), M. P. Diego Enrique Franco Victoria: “En este orden de ideas, la Sala destaca que
el exhorto no tiene un carácter vinculante, sin que por ello carezca de relevancia. En efecto, en un caso análogo
la Subsección A indicó que, especialmente en el ámbito de acciones populares, el carácter no vinculante de los
exhortos no los vacía de sentido o contenido: ‘ 38. La jurisprudencia ha explicado que el exhorto es un
pronunciamiento judicial de impulso interinstitucional carente de fuerza obligatoria (…). Su naturaleza, es
fundamentalmente orientadora y no imperativa (…) Su finalidad es operar como un canal de diálogo y
coordinación mediante el cual el juez, respetando la autonomía administrativa y el principio de separación de
poderes, sugiere buenas prácticas, promueve la articulación armónica entre los distintos niveles y sectores del
Estado, y, fundamentalmente, facilita e impulsa la realización progresiva de los fines públicos.
39. En el caso de la acción popular, el exhorto cumple una finalidad constitucionalmente relevante en materia
de derechos colectivos, porque permite al juez popular proponer acciones que, sin invadir órbitas funcionales ni
sustituir a las autoridades en su margen de apreciación técnica, orientan a los sujetos públicos hacia el
cumplimiento mejorado de sus fines y los convoca a sincronizar instrumentos, datos y procesos, de manera que
el resultado operativo de la política pública converja con los estándares de legalidad, eficiencia y oportunidad
que la Constitución Política y la ley exigen (…).
42. Ahora, la ausencia de imperatividad del exhorto no lo vacía de sentido o contenido, ya que su eficacia se
ancla en la legitimidad de la función judicial de tutela de los derechos colectivos y en la razonabilidad de la
recomendación, de forma que, aun sin producir efectos coercibles, sí genera un parámetro de buena
administración y un punto de referencia para la coordinación futura (…). Lo anterior también determina que,
pese a su naturaleza no vinculante, el exhorto debe estar dirigido a las autoridades que cuentan con atribución
legal para atender la orientación y traducirla en acciones eficaces, por lo que no puede el juez recomendar una
actuación a quien carece de competencia para materializarla, puesto que se trataría de una sugerencia inocua,
incapaz de traducirse en una mejora concreta, e incluso, conceptualmente riesgosa, en tanto podría inducir a
una lectura errada del reparto de funciones previsto por la ley y el reglamento.
43. (…) [S]i la apelación se funda en la supuesta imposición de actuaciones u obligaciones que no corresponden
a la entidad recurrente, esa censura debe decaer desde sus cimientos, toda vez que el exhorto no condiciona
ni obliga’”. El texto referido en la cita corresponde a la sentencia Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A, sentencia del 25 de noviembre de 2025, rad. 730012333000-2023-00119-01 (73063), C. P. José
Roberto Sáchica Méndez, esta sentencia, a su vez hace referencia a: Corte Suprema de Justicia, sentencias
STP15601-2021, STP15518-2022 y STP715-2024. Corte Constitucional, sentencias C-473 de 1994, C-728 de
2009, T-021 de 2017 y auto 560 de 2016.
37 CPACA, artículo 188: “salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre

la condena en costas, cuya liquidación o ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil”.
38 CGP, artículo 365: “En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la

condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 1. Se condenará en costas a la parte vencida en el

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respecto de la cual se resolvió desfavorablemente el recurso de apelación, es decir,
al Municipio de Granada. Las costas deberán ser liquidadas en forma concentrada
por el tribunal de primera instancia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
365 y 366 del Código General del Proceso.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFÍRMASE el plazo concedido al Municipio de Granada,
Cundinamarca, para el cumplimiento de la sentencia proferida el 11 de mayo de
2023 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

SEGUNDO: MODIFÍCASE el ordinal sexto de la sentencia dictada el 11 de mayo
de 2023 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el cual quedará así:

6.°) Exhortar a FONVIVIENDA a ofrecer, renovar o prorrogar, subsidios de vivienda
de interés social a los hogares de los miembros del grupo demandante, siempre y
cuando los demandantes cumplan con los requisitos normativos para ser
beneficiarios del subsidio, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

TERCERO: CONDÉNASE en costas segunda instancia al Municipio de Granada,
Cundinamarca, las cuales serán tasadas de manera concentrada por el Tribunal de
primera instancia.

CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVUÉLVASE el
expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

(firmado digitalmente) (firmado digitalmente)
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado

proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación
o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código”.

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