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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 73001-23-33-000-2023-00155-01

Fecha
24 de agosto de 2026
Consejero ponente
Diego Enrique Franco Victoria

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 73001-23-33-000-2023-00155-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO. MODIFÍCASE el numeral tercero de la sentencia dictada el 13 de noviembre de 2025 por el Tribunal Administrativo del Tolima, el cual quedará así (énfasis del texto original): Tercero. EXHORTAR a la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar-Alimentos para Aprender y al Municipio de Ibagué, para que tanto en la vigencia actual (2025), como en las vigencias futuras, revisen la información reportada en el SIMAT, que permita clasificar a la población de niños, niñas y adolescentes que deben ser beneficiarios, de acuerdo con los criterios de priorización y focalización previstos en el artículo 4.º de la Resolución 335 de 2021 y procedan a determinar los mecanismos presupuestales, administrativos y financieros necesarios para que los estudiantes priorizados de la Institución Educativa San Juan de la China sean incluidos en el Programa de Alimentación Escolar -PAE, garantizando que cada año se mantenga el mayor porcentaje de cobertura del programa. SEGUNDO. Sin condena en costas de segunda instancia. TERCERO. Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 73001-23-33-000-2023-00155-01

Consejero ponente: Diego Enrique Franco Victoria

24 de agosto de 2026

Radicado: 73001-23-33-000-2023-00155-01 (73913)
Demandante: Nicolás Álvarez Bernal

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Protección de derechos e intereses colectivos
Radicación: 73001-23-33-000-2023-00155-01 (73913)
Demandante: Nicolás Álvarez Bernal
Demandados: La Nación – Ministerio de Educación y otros1

La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la Nación – Ministerio
de Educación (en adelante, el “Ministerio”) en contra de la sentencia del 13 de
noviembre de 2025 dictada por el Tribunal Administrativo del Tolima, en la que
se negaron las pretensiones de la demanda y se exhortó a algunas entidades con
el fin de garantizar la cobertura progresiva del Programa de Alimentación Escolar
(en adelante, “PAE”). La Sala es competente para proferir la providencia porque
decide la apelación contra la sentencia del tribunal en un proceso en el cual se
pretende el amparo de, entre otros, el derecho colectivo a la moralidad
administrativa2. Dicho tribunal conoció el proceso en primera instancia debido a
la naturaleza de las entidades demandadas3.

SÍNTESIS4

El actor ejerció el medio de control de protección de derechos e intereses
colectivos para que se garantizara que todos los estudiantes matriculados en la
institución educativa San Juan de la China, ubicada en Ibagué (Tolima),
accedieran a la ración diaria del PAE. En la sentencia de primera instancia, el
tribunal negó las pretensiones, pero exhortó a algunas de las entidades
demandadas. El Ministerio apeló y sostuvo que no tiene competencia para
cumplir el exhorto. La Sala modificará la decisión porque dicha orden no debió
dirigirse a la entidad apelante.

1. En el auto admisorio se ordenó vincular como demandadas a la Unidad Administrativa Especial de
Alimentación Escolar – Alimentos para Aprender y a la Unión Temporal Compartir Ibagué 2022.
2 Según el numeral 13 del artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019, reglamento del Consejo de Estado, la

Sección Tercera de esta Corporación conoce de “las acciones populares que versen sobre asuntos
contractuales y aquellas relacionadas con el derecho a la moralidad administrativa.”
3 Artículo 152 de la Ley 1437 de 2011: “Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia.

Los tribunales administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: (…) 14. De los
relativos a la protección de derechos e intereses colectivos y de cumplimiento, contra las autoridades del
orden nacional o las personas privadas que dentro de ese mismo ámbito desempeñen funciones
administrativas.”
4 Temas: protección de derechos e intereses colectivos — Programa de Alimentación Escolar — exhorto.

Radicado: 73001-23-33-000-2023-00155-01 (73913)
Demandante: Nicolás Álvarez Bernal

I. ANTECEDENTES

A. Posición de la parte demandante

1. El 13 de abril de 2023, el ciudadano Nicolás Álvarez Bernal presentó una
demanda en ejercicio del medio de control judicial de protección de derechos e
intereses colectivos en contra del Ministerio, el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar (en adelante, el “ICBF”) y el Municipio de Ibagué (en adelante, el
“Municipio”)5, con las siguientes pretensiones6:

1- Que se declare que existe violación a la moralidad administrativa, protección
al patrimonio público y a la prestación eficiente de los servicios públicos por
parte de los accionados, [la] institución educativa San Juan de la China
representada por Orlando Olivera o quien haga sus veces, [el] secretario de
educación Juan Manuel [R]odríguez [A]cevedo, [el] alcalde de Ibagué Andrés
Fabián Hurtado, [el] [M]inisterio de [E]ducación Nacional representada (sic) por
Aurora Vergara, y [el] [I]nstituto [C]olombiano de [B]ienestar [F]amiliar
representad[o] por Astrid Eliana Cáceres Cárdenas.
2-Que se ordene al alcalde de Ibagué Andrés Fabián [H]urtado Cifuentes, al
secretario de educación Juan Manuel Acevedo, al [M]inisterio de [E]ducación
representado por Aurora Vergara, al [I]nstituto [C]olombiano de [B]ienestar
[F]amiliar representado por Astrid Eliana Cáceres Cárdenas y al rector de la
institución educativa San Juan de la China para que sin dilación alguna se
proceda a la entrega inmediata del componente alimenticio a todos los [n]iños,
niñas y adolescentes que se encuentran matriculados en dicha institución.
3-Que con motivo de esta orden constitucional de manera inmediata se hagan
todos los traslados presupuestales, administrativos y técnicos para que se
cumpla con lo aquí ordenado.
4-Que se VERIFIQUE que el cumplimiento de la orden anterior se entregue a
todos los menores matriculados en la institución educativa, para ello se vincula
a los padres de familia, profesores y personeros elegidos popularmente en la
institución, dándose amplia difusión para que todos tengan conocimiento de
esta decisión.
5-Que se env[íe] a esta magistratura la explicación justificada de los niños a los
que por alguna razón no se les entrega el componente alimentario en la
institución educativa San Juan de la China.
6-Que se ordene que se remitan las memorias individualizadas del componente
alimentario.
7-Que se ordene la entrega de raciones alimentarias en época de vacaciones
(negrillas dentro del texto).

5 También demandó a la Institución Educativa San Juan de la China y a la Secretaría de Educación del

Municipio de Ibagué como si fueran diferentes a la entidad territorial. No obstante, la demanda solo se
admitió en relación con el Municipio (índice 10 de Samai del tribunal).
Se precisa que, en un principio, el despacho sustanciador había inadmitido la demanda por no haberse
agotado el requisito de procedibilidad previsto en el artículo 144 del CPACA, pues los derechos de petición
presentados a las entidades accionadas no incluían la solicitud de adopción de medidas necesarias de
protección del derecho colectivo amenazado o violado. El actor guardó silencio durante el término otorgado
para subsanar la demanda (índice 4 de Samai del tribunal). Sin embargo, en virtud de la naturaleza y el
objeto de la acción, el magistrado sustanciador flexibilizó el requisito de procedibilidad y admitió la demanda
(índice 10 de Samai del tribunal).
6 Índice 3 de Samai del tribunal.

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Demandante: Nicolás Álvarez Bernal

2. Las pretensiones de la demanda se sustentan, en resumen, en las siguientes
afirmaciones:

2.1. Según padres de familia y estudiantes de la institución educativa San Juan
de la China, “no se le (sic) está entregando la ración alimentaria a todos los
[niños, niñas y adolescentes] matriculados en la institución”. Debido a lo anterior,
muchos estudiantes “están sufriendo graves desórdenes alimenticios que se
traducen en que estos tengan una talla y peso por debajo de los (sic) adecuado
para su edad.”

2.2. El PAE es un plan de gobierno que tiene como objetivo garantizar la
alimentación de los estudiantes de escasos recursos económicos y mejorar sus
condiciones de aprendizaje. En el Plan Nacional de Desarrollo de 2023 se
estableció como meta ampliar el PAE para (i) alcanzar la universalidad de
cobertura y (ii) garantizar la entrega de alimentos en época de vacaciones. En
ese orden de ideas, el Estado tiene el deber de que se cumplan los postulados
constitucionales y legales que establecen el derecho de los niños a tener una
alimentación balanceada.

3. De manera previa a la presentación de la demanda, el actor presentó un
derecho de petición ante cada una de las entidades accionadas, solicitando
información sobre el número de estudiantes que reciben diariamente la ración
alimentaria del PAE, los criterios de selección de dichos grupos que la reciben,
la calidad de los alimentos, y si dicha ración es entregada durante la época de
receso escolar.

3.1. La Secretaría de Educación del Municipio respondió que, en virtud de las
normas aplicables al PAE, dicha entidad mensualmente prioriza y focaliza las
sedes y grados que reciben la ración. Adicionalmente, aclaró que las raciones
alimentarias no son entregadas al 100% de los estudiantes, pues, de acuerdo
con las normas que rigen el programa, se deben priorizar determinadas
poblaciones. Asimismo, explicó que, a fecha de 13 de febrero de 2023, había
5.887 beneficiarios de Comida Caliente Transportada y 16.238 beneficiarios de
Ración Industrializada.

3.2. El Ministerio explicó que la Unidad Administrativa Especial de Alimentación
Escolar (en adelante, la “UAE Alimentación Escolar”) asumió la responsabilidad
que antes correspondía a la entidad sobre la reglamentación y cofinanciación del
PAE. De igual manera, afirmó que la responsabilidad de la ejecución del PAE
corresponde a las Entidades Territoriales Certificadas en Educación (ETC)
encargadas de garantizar el servicio educativo. Por lo tanto, son las entidades
territoriales quienes “deben evaluar las condiciones de ejecución [del PAE]
observando los criterios de priorización establecidos en los lineamientos [del
programa], lo que permite tener certeza de la población beneficiaria real” con

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Demandante: Nicolás Álvarez Bernal

base en los límites que presupone la asignación de los recursos públicos para
ese programa.

B. Vinculaciones al proceso

4.En el auto admisorio de la demanda, el tribunal ordenó vincular al proceso a la
UAE Alimentación Escolar, porque dicha entidad tiene como objeto fijar y
desarrollar la política en materia de alimentación escolar; y a la Unión Temporal
Compartir Ibagué 2022, contratista del Municipio en la operación del PAE7.

C. Posición de las entidades demandadas

5. El Ministerio contestó la demanda y sostuvo que ninguna de sus
competencias guarda relación con la entrega del componente alimenticio a los
niños, niñas y adolescentes matriculados en instituciones públicas educativas.
Afirmó que, desde el año 2016, las entidades territoriales son quienes tienen a
cargo la implementación y ejecución del PAE8.

6. El ICBF propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva
debido a que, según la normativa vigente, no le corresponde la ejecución del
PAE, cuya garantía de cobertura compete al Ministerio, a las entidades
territoriales y a las instituciones educativas9.

7. El Municipio contestó la demanda y argumentó que la cobertura universal del
PAE depende de los recursos fiscales disponibles, por lo que no puede
garantizarse más allá del presupuesto. En ese orden de ideas, afirmó que ha
cumplido con la ley y los reglamentos técnicos del programa, para asegurar un
buen componente alimenticio y favorecer la permanencia escolar, pero no está
obligado a cubrir periodos de vacaciones ni a extender el beneficio a todos los
estudiantes sin distinción10.

8. La UAE Alimentación Escolar contestó la demanda y afirmó que no tiene la
competencia para interferir en la autonomía de las entidades territoriales en
relación con la implementación y ejecución de la estrategia del PAE11.

9. La Unión Temporal Compartir Ibagué 2022 no contestó la demanda.

D. La sentencia recurrida

7 Índice 10 de Samai del tribunal.
8 Índice 21 de Samai del tribunal, archivo 37.
9
Índice 23 de Samai del tribunal, archivo 41.
10 Índice 27 de Samai del tribunal, archivo 46.
11 Índice 79 de Samai del tribunal, archivo 96.

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Demandante: Nicolás Álvarez Bernal

10. En sentencia de 13 de noviembre de 2025, el Tribunal Administrativo del
Tolima decidió lo siguiente12:

Primero. DECLARAR probada la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva propuesta por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF,
conforme lo indicado en [la] parte considerativa.
Segundo. NEGAR las pretensiones de la demanda iniciada por NICOLÁS
ÁLVAREZ BERNAL, conforme lo indicado en parte considerativa de esta
providencia.
Tercero. EXHORTAR al Ministerio de Educación Nacional, a la Unidad
Administrativa Especial de Alimentación Escolar-Alimentos para Aprender- y al
Municipio de Ibagué, para que tanto en la vigencia actual (2025), como en las
vigencias futuras, revisen la información reportada en el SIMAT, que permita
clasificar a la población de niños, niñas y adolescentes que deben ser
beneficiarios, de acuerdo con los criterios de priorización y focalización
previstos en el artículo 4.° de la Resolución 335 de 2021 y procedan a
determinar los mecanismos presupuestales, administrativos y financieros
necesarios para que los estudiantes priorizados de la Institución Educativa San
Juan de la China sean incluidos en el Programa de Alimentación Escolar -PAE,
garantizando que cada año se mantenga el mayor porcentaje de cobertura del
programa.
Cuarto. Sin condena en costas en la instancia. (…) (Negrillas, mayúsculas y
subrayado dentro del texto).

10.1.El tribunal declaró la falta de legitimación en la causa por pasiva del ICBF,
por considerar que dicha entidad no tiene funciones relacionadas con el PAE
desde la expedición de la Ley 1450 de 201113.

10.2. Asimismo, el tribunal encontró que, si bien el PAE busca tener una cobertura
universal14, dicha finalidad se debe cumplir de manera progresiva, en aras de
garantizar los principios de planeación presupuestal y sostenibilidad fiscal, y los
criterios de priorización y focalización propios del programa.

10.3. En atención a las pruebas recaudadas, el tribunal concluyó que el actor no
acreditó la vulneración de los derechos colectivos a la moralidad, a la defensa del
patrimonio público y al acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea
eficiente y oportuna. El a quo precisó que, “por el contrario [el PAE en la
Institución Educativa San Juan de la China de Ibagué] se ha venido ejecutando
conforme a los parámetros que rigen la materia (…)”.

Con todo, el tribunal efectuó un exhorto a algunas de las entidades
10.4.
demandadas, en los siguientes términos:

12 Índice 131 de Samai del tribunal.
13 El artículo 16 de la Ley 1176 de 2007 había precisado que la entidad articuladora del PAE era el ICBF.

No obstante, el artículo 136 de la Ley 1450 de 2011 (Plan de Desarrollo 2010-2014) ordenó que el Ministerio
de Educación sustituyera al ICBF en tales competencias, incluidas la orientación, ejecución y articulación
del programa.
14 Parágrafo 4 del artículo 136 de la Ley 1450 de 2011: “Con el fin de alcanzar las coberturas universales en

el Programa de Alimentación Escolar -PAE-, el Gobierno Nacional trasladará del Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar (ICBF) al Ministerio de Educación Nacional (MEN), la orientación, ejecución y articulación
del programa, sobre la base de estándares mínimos de obligatorio cumplimiento para su prestación, de
manera concurrente con las entidades territoriales.”

5

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Demandante: Nicolás Álvarez Bernal

(…), la Sala considera procedente realizar un exhorto a las entidades
involucradas en la financiación, implementación y desarrollo del Programa de
Alimentación Escolar PAE (Ministerio de Educación – Unidad Administrativa
Especial de Alimentación Escolar-Alimentos para Aprender – Municipio de
Ibagué), para que tanto en la vigencia actual, como en las vigencias futuras,
revisen la información reportada en el SIMAT, que permita clasificar a la
población de niños, niñas y adolescentes que deben ser beneficiarios, de
acuerdo con los criterios de priorización y focalización previstos en el artículo
4.° de la Resolución 335 de 2021 y procedan a determinar los mecanismos
presupuestales, administrativos y financieros necesarios para que los
estudiantes priorizados de la Institución Educativa San Juan de la China de
Ibagué sean incluidos en el Programa de Alimentación Escolar -PAE,
garantizando que cada año se mantenga el mayor porcentaje de cobertura del
programa. (Énfasis del texto).

E. El recurso de apelación

11. El Ministerio interpuso recurso de apelación en contra de la decisión de
primera instancia, en el cual solicitó que se “revoque parcialmente la sentencia
dictada el trece (13) de noviembre de dos mil veinticinco (2025), en el numeral
tercero”. Como fundamento de la alzada, argumentó lo siguiente15:

11.1. La referida cartera ministerial no tiene competencia o responsabilidad
alguna respecto del contenido de la “orden” impartida por el tribunal. Dentro de
las funciones a cargo del Ministerio no está la de inspección, vigilancia y control
del PAE, y tampoco la entrega del componente alimenticio a todos los niños,
niñas y adolescentes matriculados en las Instituciones Públicas Educativas a
cargo del Municipio de Ibagué. En la misma línea, tampoco le corresponde al
Ministerio la revisión de la base de datos del Sistema de Matrículas Estudiantil
para la correcta aplicación de los criterios de focalización del programa, pues ello
es responsabilidad de las entidades territoriales, quienes, desde el año 2016,
tienen a su cargo la implementación, contratación y operación del programa de
alimentación escolar en su jurisdicción.

11.2.Por otra parte, la UAE Alimentación Escolar es la entidad encargada de la
reglamentación de la política pública y la cofinanciación del PAE, y el Ministerio
no puede desconocer la autonomía administrativa y financiera de dicha entidad.

F. Trámite del recurso de apelación

12. Por medio de auto de 3 de diciembre de 2025, el tribunal concedió el recurso
de apelación16, y este fue admitido por el Consejo de Estado mediante auto del
10 de febrero de 202617.

15 Índice 135 de Samai del tribunal.
16 Índice 138 de Samai del tribunal.
17 Índice 3 de Samai del Consejo de Estado.

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Demandante: Nicolás Álvarez Bernal

13. El apoderado del Ministerio de Educación presentó alegatos de conclusión
en los cuales reiteró los argumentos del recurso de apelación18.

II. CONSIDERACIONES

G. Sentido de la decisión

14. La Sala modificará el ordinal tercero de la sentencia apelada para excluir del
exhorto al Ministerio de Educación, por cuanto, de conformidad con las funciones
que le han sido atribuidas legalmente, no debe ser destinataria de dicha
recomendación.

15. Las consideraciones de la Sala se expondrán de la siguiente manera:
inicialmente, se expondrá en qué consiste el Programa de Alimentación Escolar
y cuáles son las entidades responsables de su adecuado funcionamiento;
después, se precisará la naturaleza jurídica de los exhortos judiciales, para
concluir quiénes debían ser las entidades destinatarias del exhorto en el caso
específico.

H. El Programa de Alimentación Escolar: objetivo y actores
responsables

16. El PAE tiene como objeto suministrar un complemento alimentario a
estudiantes de instituciones educativas públicas, con la finalidad de promover la
permanencia de los niños, niñas y adolescentes en el sistema educativo oficial.
El programa busca mejorar los procesos de aprendizaje, disminuir el ausentismo
y la deserción, y fomentar estilos de vida saludables19.

17. En virtud del principio de progresividad, la ley establece que las asignaciones
presupuestales para esta política pública deberán “incrementarse en términos
reales en relación con la vigencia inmediatamente anterior”20. Adicionalmente, el
programa debe obedecer determinados criterios de priorización para “atender
progresivamente la población beneficiaria”, que han de ser aplicados por las
entidades territoriales para determinar las sedes y grados en los que se debe
implementar el PAE y el número de raciones asignado a cada establecimiento
educativo21.

18 Índice 9 de Samai del Consejo de Estado.
19 Numeral 1 del artículo 2.3.10.2.1. del Decreto 1852 de 2015, que reglamenta el PAE: “[Definición de]

Programa de Alimentación Escolar: estrategia estatal que promueve el acceso con permanencia de los
niños, niñas y adolescentes y jóvenes en el sistema educativo oficial, a través del suministro de un
complemento alimentario durante la jornada escolar, para mantener los niveles de atención, impactar de
forma positiva los procesos de aprendizaje, el desarrollo cognitivo, disminuir el ausentismo y la deserción y
fomentar estilos de vida saludables.”
20 Artículo 2 de la Ley 2167 de 2021, “por medio del cual se garantiza la operación del Programa de

Alimentación Escolar -PAE- durante el calendario académico”.
“21 Los criterios de priorización están definidos en la Resolución 335 de 2021 de la siguiente manera:
“Artículo 4°. Criterios de priorización de sedes y grados. Estos definen el procedimiento para atender
progresivamente la población beneficiaria; ejercicio técnico que debe adelantarse por el área de cobertura
y el equipo PAE de las Entidades Territoriales Certificadas, y validado por el Comité Territorial de Planeación

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18. Este programa se basa en un modelo de gestión descentralizado en el cual
diferentes actores deben concurrir, en el marco de sus funciones, para su
adecuado funcionamiento22. De esta forma, existen diversas entidades que,
desde roles diferenciados, guardan relación con el programa, como se pasará a
explicar.

18.1. El Ministerio, como rector del sector educativo, se centra en formular la
política macro y la reglamentación general de dicho sector, y ejerce funciones de
inspección y vigilancia del servicio público educativo23. Como ha explicado el
Consejo de Estado, el Ministerio fija “el marco general en el que se inscriben las
estrategias de acceso y permanencia, pero diferenciándose de la gestión
específica de cada programa”24.

18.2.Por su parte, la UAE Alimentación Escolar fue creada mediante la Ley 1955
de 201925 y es una entidad adscrita al Ministerio, con personería jurídica,
autonomía administrativa y patrimonio independiente. Dicha unidad
administrativa es el ente rector especializado del programa. Conforme al Decreto
218 de 202026, tiene el objetivo de fortalecer los esquemas de financiación,

y Seguimiento del PAE, determinando las sedes y grados donde se implementará el Programa de
Alimentación Escolar y el número de raciones asignado a cada establecimiento y sede. Para lo anterior, se
deberán tener en cuenta los siguientes criterios: primero: Priorizar todos los grados de las sedes educativas
que tengan jornada única, los cuales deben ser cubiertos al 100%; segundo: para las demás jornadas se
prioriza el nivel preescolar de todas las sedes educativas, que deben ser cubiertos al 100%;
tercero: priorizar las sedes educativas ubicadas en el área rural y las sedes educativas urbanas con
población mayoritariamente (más del 50% de los estudiantes matriculados) étnica, víctima del conflicto
armado o en condición de discapacidad. En estas sedes, se deben priorizar progresivamente los grados
inferiores, hasta llegar a cubrir el 100% de básica primaria, continuando con los grados superiores;
cuarto: sedes educativas con alta participación de población con menores capacidades de generar
ingresos, determinada por el grupo de Sisbén (desde grupo A hasta grupo D); priorizando progresivamente
los grados inferiores hasta cubrir el 100% de básica primaria, y continuando con los grados superiores.
Parágrafo. Una vez determinada la modalidad de complemento alimentario a ser entregada en cada
establecimiento y sede educativa por parte de las ETC, los rectores junto con los Comités de Alimentación
Escolar (CAE) deben realizar los ajustes a las asignaciones de los complementos por estudiante, teniendo
en consideración: (i) beneficiarios no interesados en recibir el PAE; (ii) variaciones en la matrícula que
genera faltantes o excedentes con respecto a las raciones asignadas; (iii) condiciones especiales de algunos
estudiantes que ameritan ser beneficiarios y otras que sean adecuadamente sustentadas y no contrarias a
los criterios de priorización. Estos ajustes tendrán que ser claramente soportados y evidenciados en el Simat,
en la estrategia correspondiente al Programa”.
22 Numeral 2 del artículo 2.3.10.2.1. del Decreto 1852 de 2015, que reglamenta el PAE: “[Definición de]

corresponsabilidad: concurrencia de actores y acciones conducentes a garantizar la adecuada y oportuna
ejecución y prestación del Programa de Alimentación Escolar - PAE. Implica que el Estado, para poder
cumplir ese fin, requiere el apoyo de los otros actores sociales, los cuales deben participar
responsablemente y contribuir desde sus respectivos roles y obligaciones”.
23 Artículo 148 de la Ley 115 de 1994, “por la cual se expide la Ley General de Educación”: “El Ministerio de

Educación Nacional, en cuanto al servicio público educativo, tiene las siguientes funciones: 1. De Política y
Planeación (…); 2. De Inspección y Vigilancia (…)”; y artículo 1° del Decreto 5012 de 2009, “por el cual se
modifica la estructura del Ministerio de Educación Nacional, y se determinan las funciones de sus
dependencias”: “El Ministerio de Educación Nacional tendrá como objetivos los siguientes: 1.1. Establecer
las políticas y los lineamientos para dotar al sector educativo de un servicio de calidad con acceso equitativo
y con permanencia en el sistema (…).”
24 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 25 de noviembre de 2025, radicación:

73001-23-33-000-2023-00119-01 (73063), C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
25 “Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 Pacto por Colombia, Pacto por la

Equidad”.
26 “Por el cual se establece la estructura interna de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar

– Alimentos para Aprender”, artículos 2 y 3.

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Demandante: Nicolás Álvarez Bernal

ampliar la cobertura y garantizar la continuidad del programa con criterios
técnicos de focalización. En este sentido, según el referido decreto, sus funciones
incluyen (i) fijar, desarrollar y hacer seguimiento a la política en materia de
alimentación escolar; (ii) gestionar los recursos y llevar a cabo medidas de
fortalecimiento de la financiación del PAE; (iii) distribuir a las entidades
territoriales los recursos del Presupuesto General de la Nación destinados a la
cofinanciación de la operación del PAE y (iv) gestionar el sistema de información
del PAE y articularlo con los sistemas de información públicos que recogen datos
relativos a la política de alimentación escolar.

18.3. Asimismo, el artículo 20 del citado decreto estableció que:

Las referencias que hagan las disposiciones vigentes al Ministerio de Educación
Nacional, que tengan relación con las funciones expresadas en el presente
Decreto, deben entenderse referidas a la Unidad Administrativa Especial de
Alimentación Escolar -Alimentos para Aprender, así como aquellas que hagan
referencia al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-.

18.4. A su vez, las Entidades Territoriales Certificadas son las encargadas de
ejecutar directa o indirectamente el PAE. Para estos efectos, tienen las funciones
de: (i) apropiar y reservar los recursos para la financiación del PAE en su
jurisdicción; (ii) consolidar la información del programa y sus beneficiarios en el
Sistema Integrado de Matrícula (en adelante, “Simat”); (iii) aplicar los criterios de
priorización y focalización del programa27; (iv) entre otras28.

I. La naturaleza jurídica del exhorto judicial. Destinatarias del exhorto
en el caso concreto

19. Contrario a lo afirmado por la entidad apelante, como se explicó
anteriormente, los exhortos no tienen naturaleza de órdenes y, en tal sentido,
carecen de fuerza imperativa29. No obstante, como ha explicado el Consejo de
Estado, el exhorto “debe estar dirigido a quien sea competente, en tanto tiene
como efecto generar un parámetro de buena administración y un punto de
referencia para la coordinación de las actividades futuras de la entidad”30. Por lo
tanto, si bien el exhorto no es vinculante, es necesario que el juez lleve a cabo
un análisis de quiénes deben ser sus destinatarios, toda vez que de su correcta
identificación “depende la factibilidad de que la coordinación sugerida se
materialice en acciones útiles”31. En tal sentido, se ha indicado que:

27 Los lineamientos vigentes del programa, incluidos los criterios de priorización, están definidos en la
Resolución 335 de 2021.
28 Decreto 1075 de 2015, Único Reglamentario del Sector Educación, artículo 2.3.10.4.3.
29 Corte Suprema de Justicia, sentencia de tutela de 3 de diciembre de 2019, radicación STP16599-2019

(ID. 685978), M.P. Eugenio Fernández Carlier: el exhorto debe entenderse como “un llamamiento o apremio
que se hace a una autoridad determinada, y no puede confundirse con una orden judicial, pues la
característica esencial de esta última es que presupone la existencia de instrumentos que permitan su
cumplimiento coercitivamente”.
30 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 22 de mayo de 2026, radicación: 73001-

23-33-000-2023-00087-01 (72267), C.P. Diego Enrique Franco Victoria.
31 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 25 de noviembre de 2025, radicación:

73001-23-33-000-2023-00119-01 (73063), C.P. José Roberto Sáchica Méndez.

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Radicado: 73001-23-33-000-2023-00155-01 (73913)
Demandante: Nicolás Álvarez Bernal

[N]o puede el juez recomendar una actuación a quien carece de competencia
para materializarla, puesto que se trataría de una sugerencia inocua, incapaz
de traducirse en una mejora concreta, e incluso, conceptualmente riesgosa, en
tanto podría inducir a una lectura errada del reparto de funciones previsto por la
ley y el reglamento.32

20. Como indicó el Consejo de Estado en un caso análogo33, el exhorto cumple
una finalidad especialmente relevante en materia de derechos colectivos, porque
permite al juez popular sugerir medidas que, sin invadir las órbitas funcionales de
las autoridades, las orientan a un mejor cumplimiento de sus fines por medio del
diálogo y la coordinación interinstitucional. Cuando se discuten políticas públicas
complejas que pretenden alcanzar la universalidad, como el PAE, “el exhorto
opera como un canal para encauzar la gestión de la administración hacia mejores
prácticas y promover la realización progresiva de los fines del programa público
concernido”34. Pues bien, esta Subsección ha explicado que:

[E]l exhorto equivale a un requerimiento o una súplica sin carácter obligatorio
que resulta procedente y válido tratándose de acciones y medios de control
jurisdiccionales de rango constitucional como es el caso de las acciones
populares que persiguen la protección de derechos e intereses colectivos, razón
suficiente para avalar la posibilidad con que contaba el a quo para instar a que
las entidades demandadas establezcan la posibilidad de ampliar la cobertura
del programa de alimentación escolar en la institución educativa (...).35

21. En el caso concreto, el exhorto dirigido hacia el Ministerio, la UAE
Alimentación Escolar y el Municipio contiene dos componentes. El primero es
revisar la información reportada en el Simat, tanto en la vigencia de 2025 como
en las futuras, que permita clasificar a la población de estudiantes beneficiarios,
de acuerdo con los criterios de priorización y focalización previstos en el artículo
4.º de la Resolución 335 de 2021. El segundo es determinar los mecanismos
presupuestales, administrativos y financieros necesarios para que los estudiantes
priorizados de la Institución Educativa San Juan de la China sean incluidos en el
PAE, garantizando que cada año se mantenga el mayor porcentaje de cobertura.

22. De esta manera, el primer componente del exhorto se resume en la revisión
del Simat y la clasificación de beneficiarios del programa. Como quedó explicado,
las funciones del Ministerio no se traducen en la operación directa del PAE, ni en
decisiones concretas sobre cupos o raciones en instituciones educativas
específicas. Sus funciones se limitan a la fijación de políticas macro sobre el

32 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 25 de noviembre de 2025, radicación:

73001-23-33-000-2023-00119-01 (73063), C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
33 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 25 de noviembre de 2025, radicación:

73001-23-33-000-2023-00119-01 (73063), C.P. José Roberto Sáchica Méndez. Se discutió un exhorto cuya
única diferencia es que fue emitido en relación con una institución educativa distinta del Municipio de Ibagué.
34 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 25 de noviembre de 2025, radicación:

73001-23-33-000-2023-00119-01 (73063), C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
35 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 19 de agosto de 2025, radicación:

73001-23-33-000-2023-00078-01 (72366), C.P. Fredy Ibarra Martínez.

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Demandante: Nicolás Álvarez Bernal

sector educativo, y no deben confundirse con aquellas funciones de las entidades
que sí tienen responsabilidades específicas con respecto de la implementación y
ejecución del PAE.

23. Tal y como afirmó el Ministerio en su recurso de apelación, las funciones de
reglamentación y cofinanciación del PAE fueron trasladadas a la UAE
Alimentación Escolar en virtud de la descentralización de la gestión de dicho
programa. Asimismo, la revisión del Simat y la focalización forman parte de las
funciones de las Entidades Territoriales Certificadas en Educación. De esta
forma, el contenido del primer aparte del exhorto guarda relación con las
funciones propias de la Entidad Territorial Certificada, como ejecutora del PAE
en sus instituciones educativas, y de la UAE Alimentación Escolar, como entidad
rectora y articuladora del programa.

24. El segundo componente del exhorto es determinar los mecanismos
presupuestales para ampliar la cobertura del programa. Al respecto, como quedó
explicado, las funciones de financiación del PAE que correspondían a la Nación
fueron trasladadas a la UAE Alimentación Escolar. De tal forma, la UAE
Alimentación Escolar es quien articula la cofinanciación de los recursos del
Presupuesto General de la Nación y acompaña a las entidades territoriales en el
fortalecimiento de la financiación del programa en sus establecimientos
educativos. A su vez, las Entidades Territoriales Certificadas son quienes
ordenan y gestionan el gasto para lograr el incremento gradual de la cobertura
en sus instituciones educativas. Por lo tanto, en el caso concreto, las entidades
destinatarias idóneas para el cumplimiento de este componente del exhorto son
el Municipio y la UAE Alimentación Escolar.

25. En conclusión, el Ministerio no tiene competencia para la revisión de la
información contenida en el Simat y la consecuente clasificación de beneficiarios
del PAE, y tampoco para definir mecanismos presupuestales o administrativos
encaminados a la ampliación de cobertura en una institución educativa
determinada. En consecuencia, no debe ser vinculado como destinatario del
exhorto y, en tal sentido, se modificará la providencia recurrida.

J. Costas

26. El artículo 38 de la Ley 472 de 1998 remite a la normativa procesal civil36 que,
en su artículo 36537 establece la procedencia de la condena en costas cuando se

36 “Artículo 38. Costas. El juez aplicará las normas de procedimiento civil relativas a las costas. Sólo podrá

condenar al demandante a sufragar los honorarios, gastos y costos ocasionados al demandado, cuando la
acción presentada sea temeraria o de mala fe (…)”.
37 Artículo 365 del Código General del Proceso: “Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones

posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: /
“1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el
recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los
casos especiales previstos en este código (…). / 3. En la providencia del superior que confirme en todas sus
partes la de primera instancia se condenará al recurrente en las costas de la segunda. (…) / 4. Cuando la

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Demandante: Nicolás Álvarez Bernal

confirme o se revoque en todas las partes la providencia de primera instancia.
Debido a que en esta ocasión se modificará la sentencia de primera instancia, no
hay lugar a la condena en costas.
III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO. MODIFÍCASE el numeral tercero de la sentencia dictada el 13 de
noviembre de 2025 por el Tribunal Administrativo del Tolima, el cual quedará así
(énfasis del texto original):

Tercero. EXHORTAR a la Unidad Administrativa Especial de Alimentación
Escolar-Alimentos para Aprender y al Municipio de Ibagué, para que tanto en la
vigencia actual (2025), como en las vigencias futuras, revisen la información
reportada en el SIMAT, que permita clasificar a la población de niños, niñas y
adolescentes que deben ser beneficiarios, de acuerdo con los criterios de
priorización y focalización previstos en el artículo 4.º de la Resolución 335 de
2021 y procedan a determinar los mecanismos presupuestales, administrativos y
financieros necesarios para que los estudiantes priorizados de la Institución
Educativa San Juan de la China sean incluidos en el Programa de Alimentación
Escolar -PAE, garantizando que cada año se mantenga el mayor porcentaje de
cobertura del programa.

SEGUNDO. Sin condena en costas de segunda instancia.

TERCERO. Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, DEVUÉLVASE el
expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Con firma electrónica
FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Presidente de la Subsección

Con firma electrónica Con firma electrónica
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado

sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada a pagar
las costas de ambas instancias”.

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