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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 15001-23-33-000-2019-00280-01

Fecha
3 de febrero de 2025
Consejero ponente
Nicolás Yepes Corrales
Citada por
5 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 15001-23-33-000-2019-00280-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 16 de julio de 2020, proferida por la Sala de Decisión No. 6. del Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante la cual se declaró la nulidad absoluta del convenio No. 048 del 9 de diciembre de 2015. SEGUNDO: SIN condena en costas en esta instancia. TERCERO: Ejecutoriada la providencia, REMITIR el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 15001-23-33-000-2019-00280-01

Consejero ponente: Nicolás Yepes Corrales

3 de febrero de 2025

Radicado: 15001233300020190028001 (66572)
Demandante: municipio de Puerto Boyacá

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., tres (3) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES - APELACIÓN
Radicación: 15001-23-33-000-2019-00280-01 (66572)
Demandante: MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ
Demandado: CORPORACIÓN PARA EL PROGRESO SOCIAL DE
COLOMBIA
TEMAS: NULIDAD - se diferencia de la inexistencia y la ineficacia de pleno derecho en que en
tal caso el contrato nació a la vida jurídica, pero es retirado por vicios en su validez, mientras
que en las dos últimas figuras el acuerdo de voluntades nunca surgió. CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO - es un acuerdo de voluntades que propende por impulsar la
cooperación, asociatividad y colaboración entre entidades del Estado. CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO - es un negocio jurídico con obligaciones correlativas frente a cada
uno de los sujetos negociales, que son entidades públicas en ambos casos. NULIDAD
ABSOLUTA DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO - en los términos del numeral 4 del
artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, procede cuando se suscribe con una asociación de entidades
territoriales con el fin de que aquella lo ejecute. CONTRATO DE SEGURO - no deviene en
inexistente por la nulidad absoluta del contrato que asegura.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por la Corporación para el
Progreso Social de Colombia y por la llamada en garantía Liberty Seguros S.A.
contra la sentencia del 16 de julio de 2020, proferida por la Sala de Decisión No. 6.
del Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante la cual se declaró la nulidad
absoluta del convenio No. 048 del 9 de diciembre de 2015.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El 9 de diciembre de 2015, el municipio de Puerto Boyacá y la Corporación para el
Progreso Social de Colombia suscribieron el convenio No. 048, mediante el cual
convinieron llevar a cabo esfuerzos para construir un colector y la reposición de la
red de alcantarillado en el área rural de Puerto Serviez, por 5 meses y frente al cual
ambos realizaron aportes económicos.

Radicado: 15001233300020190028001 (66572)
Demandante: municipio de Puerto Boyacá

Pese a lo anterior, el convenio solo llegó a ejecutarse en apenas más del 50% y no
se utilizó la totalidad del anticipo pagado, aunado a lo cual el asociado quedó
adeudándole sendas sumas de dinero a proveedores y trabajadores de la obra, de
ahí que el municipio de Puerto Boyacá hubiera presentado demanda de
controversias contractuales contra aquel, con el fin de ser indemnizado por los
perjuicios con ocasión de la desatención obligacional descrita.

II. ANTECEDENTES

1. La demanda

1.1. El 30 de mayo de 20191, el municipio de Puerto Boyacá presentó demanda, en
ejercicio del medio de control de controversias contractuales, contra la Corporación
para el Progreso Social de Colombia -en adelante se la denominará Corposocial-,
con el fin de que se declarara el incumplimiento del convenio No. 048 del 9 de
diciembre 2015, que tuvo por objeto la construcción de redes de alcantarillado en
dicha entidad territorial, así como que se condenara a la demandada al pago de los
perjuicios derivados de esa situación.

1.2. En particular, las pretensiones formuladas fueron las siguientes (se transcriben
de forma literal, incluso con eventuales errores):

“PRIMERA: Se declare el incumplimiento del Convenio N° 048 de 2015,
cuyo objeto es: “aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros
entre el municipio de Puerto Boyacá y la Corporación Para el Progreso
Social de Colombia “CORPOSOCIAL” para la ejecución del proyecto
“Construcción de redes de alcantarillado sanitario en el sector Cristo Rey
en el municipio de Puerto Boyacá, Boyacá”, por parte de la
CORPORACIÓN PARA EL PROGRESO SOCIAL DE COLOMBIA
“CORPOSOCIAL”.

SEGUNDA: Como consecuencia de la declaración anterior, se condene a
la CORPORACIÓN PARA EL PROGRESO SOCIAL DE COLOMBIA
“CORPOSOCIAL” y/o la parte garante LIBERTY SEGUROS S.A. a pagar
a favor del municipio de Puerto Boyacá el valor de los perjuicios materiales
causados con ocasión del incumplimiento en la ejecución del convenio
048 de 2015, suma que asciende al monto de OCHOCIENTOS QUINCE
MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y
SIETE PESOS ($815.203.377) MCTE, junto a los intereses a que haya
lugar.

1 Folios 9 a 16 del cuaderno 1.

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Demandante: municipio de Puerto Boyacá

TERCERA: Las sumas solicitadas deberán ser indexadas al día de su
pago real y material.

CUARTA: Se condene en costas a las partes demandadas por el indebido
desgaste procesal sufrido”.

1.3. Como fundamentos fácticos de sus pretensiones, la demandante formuló los
siguientes hechos que, a continuación, la Sala sintetiza:

1.3.1. Afirmó que, el 9 de diciembre de 2015, el municipio de Puerto Boyacá
suscribió con Corposocial el convenio No. 048, con el objeto de aunar esfuerzos
técnicos, administrativos y financieros para la construcción de un colector y la
reposición de la red de alcantarillado del centro poblado de Puerto Serviez, área
rural de la entidad territorial mencionada, con un plazo de 5 meses, para lo cual
adujo que aportó $1.084’100.511, mientras que la otra parte del negocio contribuyó
con $8’469.535.

1.3.2. Aseveró que, como producto de lo anterior, suscribió múltiples actas y realizó
varios desembolsos, con el fin de satisfacer las obligaciones suscritas.

1.3.3. Argumentó que, mediante la Resolución No. 402 del 3 de mayo de 2016,
terminó unilateralmente el convenio No. 048 de 2015; sin embargo, esbozó que el
31 de mayo siguiente revocó directamente la resolución anterior, prosiguiéndose
con la materialización negocial.

1.3.4. Indicó que, el 16 de septiembre de 2016, la interventora del convenio presentó
un informe del período que va del 27 de julio al 4 de septiembre de 2016, en el que
resaltó que la obra tenía un avance del 50.39%.

1.3.5. informó que, mediante solicitudes del 26 de octubre y el 15 de noviembre de
2016, la interventoría informó que Corposocial no entregó la información necesaria
para determinar su cumplimiento, de ahí que solicitó que se iniciara el proceso de
incumplimiento en su contra.

1.3.6. Detalló que el 21 de noviembre de 2016 se llevó a cabo una audiencia, dadas
las circunstancias de incumplimiento de Corposocial, por cuanto se adeudaban

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Demandante: municipio de Puerto Boyacá

varias sumas a los proveedores, saldos de seguridad social y honorarios a personal
administrativo, frente a lo cual aquella se comprometió a superar esos impases.

1.3.7. Adujo que mediante informes del 13 de diciembre de 2016 y 15 de febrero de
2017 la empresa Green Country S.A. E.S.P. advirtió que con ocasión de la ejecución
del convenio 048 de 2015 se le ocasionaron varios daños.

1.3.8. Destacó que el 31 de marzo de 2017, así como en otros momentos del iter
convencional, varios trabajadores solicitaron el pago de salarios y prestaciones con
ocasión del convenio. A su vez, se radicaron múltiples requerimientos para pagos a
proveedores, todo lo cual, en criterio de la actora, llevó a que el convenio se
modificara en distintas ocasiones.

1.3.9. Señaló que el 24 de enero de 2018 el convenio finalizó.

1.3.10. Anotó que, el 8 de mayo de 2018, la interventoría elaboró un informe en el
cual señaló que el porcentaje de obra ejecutada fue del 59,51%, con un valor
cercano a $645’958.413. Aseveró que allí también se señaló que la deuda a
proveedores ascendería a $147’309.103 y que la de prestaciones sociales era de
$29’695.000. A su vez, estimó que, en palabras del interventor, como la suma
ejecutada era menor que el valor que se otorgó por anticipo, se le debía reintegrar
el excedente a la entidad territorial.

1.3.11. Afirmó que, el 25 de julio de 2018, la interventora indicó que el porcentaje
de obra ejecutada fue del 59,58%, con un valor de obra ejecutado equivalente a
$645’958.413 y un valor desembolsado de $815’206.377, por lo que se debía
reintegrar $169’247.964 a la entidad territorial. Asimismo, señaló que se ratificó la
existencia de deudas pendientes a los proveedores y a varios empleados.

1.3.12. Indicó que convocó a la asociada para realizar la liquidación bilateral del
acuerdo de voluntades, sin haber obtenido respuesta, sumado a lo cual se encontró
que adeudaba $147’309.103 a los proveedores y $24’888.026 a varios empleados,
para un total de $172’197.129. También precisó que, sumado a lo anterior, existen
otros requerimientos contra Corposocial, que llevarían a que lo que adeuda

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Demandante: municipio de Puerto Boyacá

ascendiera a $152’622.577, además de lo cual a la sociedad Green Country S.A.
E.S.P. también se le debería la suma de $26’481.808.

1.4. Como fundamento jurídico de la demanda, la actora expuso que Corposocial
incurrió en sendos incumplimientos obligacionales durante la ejecución del convenio
048 de 2015, que llevaron a que no se materializara el 100% del objeto negocial y
a que además quedara en deuda con terceros en el marco de la ejecución, lo que
en su criterio le ocasionó sendos perjuicios que debían ser indemnizados.

2. Admisión de la demanda y su contestación

2.1. El 12 de julio de 20192, el Tribunal Administrativo de Boyacá admitió la demanda
por encontrar reunidos los requisitos de ley, decisión que fue notificada. A su vez,
vinculó como llamada en garantía a la aseguradora Liberty Seguros S.A.

2.2. Corposocial guardó silencio y no contestó la demanda.

2.3. El 17 de mayo de 20193, la sociedad Liberty Seguros S.A. contestó la
demanda y se opuso a sus pretensiones, por considerar que el convenio no se
incumplió y de haberse insatisfecho no se configuró ninguna circunstancia que
llevara a que la aseguradora debiera responder.

Para el efecto, formuló la excepción previa de ineptitud de la demanda por falta de
los requisitos formales, a partir de lo cual advirtió que, en su opinión, el llamamiento
en garantía carecía de sustento, pues no se aportó prueba de la relación legal y/o
contractual, ni se realizó formalmente su solicitud de vinculación.

Posteriormente, formuló las excepciones de inexistencia de la obligación de
indemnización de perjuicios por la no cobertura del riesgo, ausencia de
responsabilidad por daños y perjuicios causados a la empresa Green Country S.A.
E.S.P., inexistencia de perjuicios a ser cubiertos por la póliza 2606761, ausencia de
mora en el pago salarial por Corposocial, responsabilidad limitada a la póliza y falta

2 Folios 21 a 22 del cuaderno 1.
3 Folios 34 a 40 y 56 a 57 del cuaderno 1.

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de acreditación de sus supuestos, incumplimiento en demostrar el siniestro, límite
de responsabilidad de Liberty Seguros, improcedencia de la cobertura pues el
seguro no es fuente del enriquecimiento y la genérica.

Sobre ello aseveró que no se probó que con la ejecución convencional se hubieran
causado daños a la empresa Green Country S.A. E.S.P. y que Corposocial hubiera
desatendido sus obligaciones, entre ellas las de pago de prestaciones sociales y a
sus proveedores, ni se sustentaron los perjuicios pedidos en la demanda.

Frente al amparo de cumplimiento, indicó que se refiere a la desatención de las
obligaciones del afianzado, expresamente plasmadas en el texto del contrato
amparado, sin que en el sub lite aquellas se hubieran demostrado y, por tanto, no
hay lugar a hacer efectiva la póliza. También describió que el amparo del anticipo
cubre situaciones como la no inversión, el uso y la apropiación indebida de recursos,
nada de lo cual se probó en el asunto de estudio. Finalmente, adujo que el amparo
de estabilidad y calidad de la obra tiene que ver con fallas en la infraestructura
producto del convenio, que tampoco se acreditó.

Enseguida argumentó que, sin perjuicio de los supuestos daños ocasionados a la
empresa Green Country S.A. E.S.P. con ocasión de la ejecución del convenio No.
048 de 2015, dicho menoscabo no se amparó bajo la póliza de cumplimiento de
entidades estatales No. 2606761, por referirse a responsabilidad civil
extracontractual. Ello porque solo le corresponde responder por los riesgos
referidos al cumplimiento del contrato, buen manejo de anticipo, estabilidad de la
obra y salarios y prestaciones sociales.

Finalmente, indicó que, de acreditarse hipotéticamente situaciones de
incumplimiento, su responsabilidad estaría limitada a la póliza suscrita y a su cargo,
sin que pueda reconocerse en su contra nada fuera de ello, so pena de enriquecer
al beneficiario del seguro.

2.4. El 12 de noviembre de 20194, el municipio de Puerto Boyacá se pronunció frente
a las excepciones presentadas por Liberty Seguros S.A., en el sentido de que

4 Folios 63 a 64 del cuaderno 1.

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aquella fue vinculada con ocasión de una póliza suscrita en virtud del convenio No.
048 de 2015, además de lo cual está demostrado el incumplimiento del acuerdo de
voluntades, de ahí que aquello deba ser cubierto por la aseguradora.

3. Audiencia inicial

El 13 de diciembre de 20195 el Tribunal Administrativo de Boyacá dio apertura a la
audiencia inicial, la cual fue suspendida hasta que se verificará si se notificó a
Corposocial, tras lo cual se confirmó que dicho trámite se realizó debidamente.

Posteriormente, el 6 de febrero de 20206 se reanudó la audiencia inicial en la que
no se encontró vicio alguno que debiera ser objeto de saneamiento, así como se
denegó la excepción de ineptitud de la demanda, con apoyo en que, según el
artículo 100 del CGP, no tiene la vocación de configurarse por aspectos
relacionados con la vinculación de llamados en garantía, así como también advirtió
que desde el momento en que Liberty Seguros S.A. fue vinculada pudo recurrir
dicha decisión, sin haber procedido en tal sentido.

Seguidamente se fijó el litigio, en el sentido de determinar si el convenio No. 048 de
2015 fue incumplido por Corposocial y si por ello había lugar a indemnizar al
municipio de Puerto Boyacá por la suma de $815’203.377, junto con los intereses y
la indexación. A su vez, indicó que se debía determinar si Liberty Seguros S.A. debe
asumir el pago de los perjuicios que se acrediten, atendiendo al alcance de la póliza
de cumplimiento suscrita con ocasión del acuerdo de voluntades.

Luego, el a quo declaró fallida la etapa de conciliación por falta de ánimo
conciliatorio y no resolvió medidas cautelares, dado que no se formularon.

Finalmente, se decretaron los medios probatorios documentales aportados por las
partes y se prescindió de la audiencia de pruebas, dado que no quedaba ninguna
pendiente de practicar.

5 Folios 69 a 71 del cuaderno 1.
6 Folios 90 a 97 del cuaderno 1.

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Demandante: municipio de Puerto Boyacá

4. Alegatos de conclusión

Finalizada la práctica de pruebas, el 27 de febrero de 20207 se llevó a cabo la
audiencia de alegaciones y juzgamiento en la cual el municipio de Puerto Boyacá y
la llamada en garantía Liberty Seguros S.A. reiteraron las posiciones planteadas en
oportunidades procesales precedentes, en el sentido de: i) insistir, en el caso de la
demandante, que Corposocial incumplió el convenio No. 048 de 2015 por una
inejecución parcial del objeto del acuerdo de voluntades, lo que llevó a que se le
debieran reconocer varias sumas de dinero en su favor; y ii) ratificar, en cuanto a la
aseguradora, que no se acreditó ningún incumplimiento, así como tampoco se probó
la causación de perjuicios y, en cualquier escenario, la llamada en garantía solo
debía responder en el marco de la póliza a su cargo.

A su vez, el Ministerio Público presentó concepto, en el cual advirtió que mediante
el convenio No. 048 de 2015 se pretermitió la licitación pública como procedimiento
de selección, al haberse suscrito materialmente un contrato de obra por contratación
directa, de ahí que pidiera la nulidad absoluta del acuerdo convencional.

5. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 16 de julio de 20208, la Sala de Decisión No. 6 del Tribunal
Administrativo de Boyacá declaró probada de oficio la nulidad absoluta del “contrato
No. 048 de 2015”, suscrito entre el municipio de Puerto Boyacá y Corposocial, así
como le ordenó a esta última restituir en favor del municipio de Puerto Boyacá la
suma de $192’403.454 y dispuso compulsar copias al Ministerio Público y a la
Contraloría de Boyacá para las investigaciones del caso.

Para arribar a la anterior conclusión, consideró que la suscripción del convenio No.
048 de 2015 no atendió el principio de selección objetiva, ya que el objeto de dicho
acuerdo, referido a la construcción de una obra, se encausaba en el mecanismo de
selección de licitación pública y no en el de contratación directa que fue el elegido
para la suscripción convencional, de ahí que al haberse pretermitido el mecanismo

7 Folios 113 a 115 del cuaderno 1.
8 Folios 127 a 140 del cuaderno del Consejo de Estado.

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para elegir la mejor oferta se desconocieron los mandatos del Estatuto General de
la Contratación Estatal.

A la vez advirtió que, aunque el municipio de Puerto Boyacá se basó en el artículo
355 de la Constitución y en lo consagrado en el literal c) del numeral 4 del artículo
1 de la Ley 1150 de 2007, referidos a la suscripción de convenios
interadministrativos con personas jurídicas sin ánimo de lucro a través de la
contratación directa, dichas disposiciones no eran aplicables al convenio No. 048
de 2015, ya que el artículo 2 del Decreto 777 de 1992 excluyó tal normativa en los
casos en que existiera una contraprestación directa en favor de la entidad pública,
así como el artículo 3 del Decreto 1403 de 1992 también excluyó del régimen
especial en comento los contratos donde se desarrolle un proyecto por cuenta de la
entidad pública y, como el acuerdo convencional versaba sobre una obra en favor
de la contratante, claramente estaba excluido de las fuentes en comento.

Dicho en otros términos, la contratación de una obra por el municipio de Puerto
Boyacá no se encausó en las circunstancias del artículo 355 constitucional, pues no
tenía un fin benéfico, sino la realización de una obra pública, consistente en la
construcción de una infraestructura.

Por otra parte, aseveró que de entenderse que el convenio 048 de 2015 era
interadministrativo por el hecho de que el 51% de Corposocial era del Estado,
tampoco era dable efectuar una contratación directa, por cuanto el literal c) del
numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 dictaminó que no podrían suscribirse
contratos de obra por vía de convenios interadministrativos producto de una
contratación directa, de ahí que el a quo concluyera que el convenio No. 048 de
2015 transgredió la prohibición prevista en el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007.

Al punto, destacó que la misma administración municipal advirtió durante la
ejecución convencional que el acuerdo no debió suscribirse mediante contratación
directa, lo que motivó inicialmente a la expedición de la Resolución 402 del 3 de
mayo de 2016, que dio por terminado el acuerdo de voluntades, aunque
posteriormente tal actuación fue revocada injustificadamente, pues se basó en que
Corposocial no tenía antecedentes negativos y la administración que suscribió el
acuerdo de voluntades era una distinta a la que lo ejecutó.

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Demandante: municipio de Puerto Boyacá

En suma, se declaró la nulidad absoluta del “contrato 048 de 2015”, por el
desconocimiento de los principios de transparencia y selección objetiva y pese a
existir una prohibición legal, en concordancia con los numerales 2 y 3 del artículo
44 de la Ley 80 de 1993.

Finalmente, el Tribunal Administrativo de Boyacá se pronunció sobre las
restituciones mutuas, en concordancia con el artículo 1746 del Código Civil y en el
sentido de ordenar a Corposocial la devolución de $169’247.964, correspondiente
al valor del convenio que no ejecutó, pese a que dicha suma le fue consignada luego
de perfeccionarse el negocio por el municipio de Puerto Boyacá, emolumento que
fue indexado para un total de $192’403.454 y que se le atribuyó para su pago a la
aseguradora Liberty Seguros S.A., con apoyo en que en la póliza de cumplimiento
No. 2606761, suscrita por Corposocial, se amparó por concepto de “buen manejo
del anticipo” la suma de $546’285.023 “y se amortizó al anticipo la suma de
$273’156.122, por lo que la suma liquidada logra ser cubierta con la póliza”.

También precisó que como la póliza tenía un período de cobertura hasta el 27 de
agosto de 2018 y dado que los hechos que llevaron a la nulidad absoluta fueron
previos, con mayor razón aquella debía cubrir la condena impuesta en sede judicial.

6. Recursos de apelación

Los días 49 y 5 de agosto de 202010, el municipio de Puerto Boyacá y la sociedad
Liberty Seguros S.A., respectivamente, presentaron recursos de apelación, que
fueron concedidos el 21 de septiembre de 202011, una vez la audiencia de
conciliación se declaró frustrada, y admitidos el 12 de marzo de 202112.

6.1. En cuanto al municipio de Puerto Boyacá, solicitó que la sentencia fuera
modificada frente al monto de las restituciones mutuas, para lo cual manifestó que
el fundamento jurídico del convenio no fue el artículo 355 de la Constitución, sino la

9 Archivos 10 y 11 del índice 3 del expediente digital en SAMAI.
10 Archivos 12 y 13 del índice 3 del expediente digital en SAMAI.
11 Archivo 23 del índice 3 del expediente digital en la plataforma SAMAI.
12 Índice 146 del cuaderno del Consejo de Estado.

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Demandante: municipio de Puerto Boyacá

Ley 489 de 1998, que en su artículo 95 señaló que las entidades públicas se
asociarían para cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de
prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, mediante la celebración
de convenios interadministrativos.

6.2. Respecto de la aseguradora Liberty Seguros S.A., esta pidió que se revocara
lo concerniente a la atribución de la restitución a su cargo, por una inexistencia del
contrato de seguro “por falta del riesgo asegurable como requisito esencial para la
constitución del contrato de seguro”, aspecto frente al cual argumentó que “no
existió el riesgo asegurable dentro de los elementos esenciales del contrato de
seguro”, en virtud de los artículos 898, 1045 y 1055 del Código de Comercio, lo que
llevaba a que dicho acuerdo fuera inexistente, por el hecho de que como el convenio
No. 048 de 2015 se anuló absolutamente, se debía entender que nunca existió y,
por lo tanto, el seguro no recayó sobre ninguna actuación jurídica.

De otro lado, consideró que, al existir culpa grave y dolo de la administración
municipal, ello representaba riesgos de carácter inasegurable no cubiertos por la
compañía de seguros.

En suma, adujo que el contrato de seguro no nació a la vida jurídica por la nulidad
absoluta del convenio, que llevaba a que adoleciera de un riesgo asegurable,
aunado a lo cual la póliza no tuvo la vocación de constituir circunstancias de dolo y
culpa grave como las que originaron la ineficacia del acuerdo convencional, todo lo
cual llevaba a que no tuviera que asumir ninguna obligación por cuenta de la póliza.

7. Actuación en segunda instancia

Una vez concedidas y admitidas las apelaciones, el 23 de abril de 202113, el
despacho sustanciador corrió traslado a las partes por 10 días para alegar de
conclusión y al Ministerio Público para que, si a bien lo tenía, rindiera concepto.

7.1. Liberty Seguros S.A. formuló alegaciones, en las que reiteró que, en su criterio,
la nulidad absoluta del convenio No. 048 de 2015 trajo consigo en forma implícita la

13 Índice 10 del expediente digital en SAMAI.

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Demandante: municipio de Puerto Boyacá

inexistencia de la póliza de seguros que se suscribió con ocasión de aquel, por el
hecho de que ello derivó en una falta de riesgo asegurable como requisito esencial
para la constitución del contrato de seguro, además de lo cual argumentó que, como
la Administración actuó con dolo y culpa, la póliza no cubría dicho aspecto14.

7.2. El municipio de Puerto Boyacá, Corposocial y el Ministerio Público guardaron
silencio en esta etapa procesal.

III. CONSIDERACIONES

Para resolver los recursos de apelación interpuestos, la Sala analizará los siguientes
aspectos: (1) régimen aplicable, (2) jurisdicción y competencia del Consejo de
Estado para conocer el presente asunto, (3) procedencia del medio de control, (4)
oportunidad de la demanda incoada, (5) legitimación en la causa de los sujetos
procesales, (6) problemas jurídicos a resolver, (7) solución a los problemas jurídicos,
y (8) costas.

1. Régimen aplicable

Al sub judice le resultan aplicables las disposiciones procesales vigentes para la
fecha de presentación de la demanda -30 de mayo de 2019- y los recursos de
apelación -4 y 5 de agosto de 2020- es decir, la Ley 1437 de 2011 -CPACA-, sin
incluir las modificaciones de la Ley 2080 de 202115, y la Ley 1564 de 2012 -CGP-,
en los aspectos no contemplados en el primero, por virtud de la remisión efectuada
en el artículo 306 del primer estatuto procesal16.

14 Índices 13 a 14 del expediente digital en SAMAI.
15 Normativa que entró a regir el 26 de enero de 2021, salvo las disposiciones sobre competencias,

que entraron en vigor un año después, y los recursos interpuestos antes de la primera fecha en
comento, que están sometidos a las leyes vigentes para tal entonces. “Artículo 86. Régimen de
vigencia y transición normativa. La presente ley rige a partir de su publicación, con excepción de las
normas que modifican las competencias de los juzgados y tribunales administrativos y del Consejo
de Estado, las cuales solo se aplicarán respecto de las demandas que se presenten un año después
de publicada esta ley […] En estos mismos procesos, los recursos interpuestos, la práctica de
pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren
comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán
por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron
las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o
comenzaron a surtirse las notificaciones”.
16 “CPACA. Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este Código

se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los
procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo”.

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Radicado: 15001233300020190028001 (66572)
Demandante: municipio de Puerto Boyacá

2. Jurisdicción y competencia

La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer del
asunto, con fundamento en el artículo 10417 del CPACA, pues el convenio 48 de
2015 fue suscrito por el municipio de Puerto Boyacá -en tanto entidad territorial
pública del orden municipal-18 y Corposocial -entidad con un 51% de capital público-
en el marco de sus funciones19.

Igualmente, el Consejo de Estado es competente para desatar los recursos de
apelación interpuestos contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo
de Boyacá, de conformidad con el artículo 15020 y el numeral 5 del artículo 15221 del
CPACA, dada la vocación de doble instancia del proceso, teniendo en cuenta que
la pretensión mayor para la fecha de presentación del escrito inicial, el 30 de mayo
de 2019, supera los 500 SMLMV22.

3. Procedencia del medio de control

En virtud de lo previsto en el artículo 14123 del CPACA, cualquiera de las partes de
los contratos estatales puede demandar para que se declare su existencia o su

17 “Artículo 104. De la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. La Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución
Política y en leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos,
omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las
entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa. // Igualmente, conocerá
de los siguientes procesos: […] 2. Los relativos a los contratos, cualquiera que sea su régimen, en
los que sea parte una entidad pública […]”.
18 Constitución de 1991. “Artículo 286 Son entidades territoriales los departamentos, los distritos, los

municipios y los territorios indígenas […]”.
19 Folios 77 a 81 del cuaderno 1.
20 “Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación.

[modificado por el artículo 615 del CGP]. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos […]”.
21 Artículo 152. Los Tribunales Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes

asuntos: […] 5. De los relativos a los contratos, cualquiera que sea su régimen, en que sea parte una
entidad pública en sus distintos órdenes o un particular en ejercicio de funciones propias del Estado,
y de los contratos celebrados por cualquier entidad prestadora de servicios públicos domiciliarios en
los cuales se incluyan cláusulas exorbitantes, cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios
mínimos legales mensuales vigentes […]”.
22 Considerando que en el asunto de estudio se formularon pretensiones de controversias

contractuales y la pretensión mayor fue de $815’203.377, monto que excedió 500 veces $828.116,
correspondiente al salario mínimo legal mensual vigente para la fecha de radicación de la demanda.
23 “Artículo 141. Controversias contractuales. Cualquiera de las partes de un contrato del Estado

podrá pedir que se declare su existencia o su nulidad, que se ordene su revisión, que se declare su

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Radicado: 15001233300020190028001 (66572)
Demandante: municipio de Puerto Boyacá

nulidad, se ordene su revisión, se declare el incumplimiento, se anulen los actos
administrativos contractuales, se condene a quien se considere responsable a
indemnizar los perjuicios y/o se liquide el contrato, entre otras declaraciones y
condenas. El legislador también previó que el Ministerio Público o un tercero que
acredite un interés directo podrían solicitar la nulidad absoluta del contrato, la que
también puede ser declarada de oficio por el juez.

Comoquiera que la contienda formulada en el sub judice se refiere a la
responsabilidad contractual de Corposocial, así como a la validez del acuerdo de
voluntades, el medio de control procedente es el de controversias contractuales.

4. Oportunidad del medio de control

Según lo previsto en el acápite iii) del literal j) del numeral 2 del artículo 164 del
CPACA24, el municipio de Puerto Boyacá contaba con dos años para impugnar el
contrato, contados a partir del día siguiente a la ejecutoria de la decisión que liquidó
unilateralmente el acuerdo convencional.

En el asunto de estudio el convenio No. 048 de 2015 se liquidó unilateralmente por
el municipio de Puerto Boyacá el 21 de septiembre de 2018 y, aunque no se cuenta
con pruebas que permitan establecer con claridad el momento en que dicha decisión
cobró firmeza, lo cierto es que, como la demanda se radicó el 30 de mayo de 2019,
se presentó un año y 8 meses después de que se efectuara el corte de cuentas, por
lo que con mayor razón se interpuso dentro de los 2 años en que el acto

incumplimiento, que se declare la nulidad de los actos administrativos contractuales, que se condene
al responsable a indemnizar los perjuicios, y que se hagan otras declaraciones y condenas. Así
mismo, el interesado podrá solicitar la liquidación judicial del contrato cuando esta no se haya logrado
de mutuo acuerdo y la entidad estatal no lo haya liquidado unilateralmente dentro de los dos (2)
meses siguientes al vencimiento del plazo convenido para liquidar de mutuo acuerdo o, en su
defecto, del término establecido por la ley. // Los actos proferidos antes de la celebración del contrato,
con ocasión de la actividad contractual, podrán demandarse en los términos de los artículos 137 y
138 de este Código, según el caso. // El Ministerio Público o un tercero que acredite un interés directo
podrán pedir que se declare la nulidad absoluta del contrato. El juez administrativo podrá declararla
de oficio cuando esté plenamente demostrada en el proceso, siempre y cuando en él hayan
intervenido las partes contratantes o sus causahabientes”.
24 “Artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser presentada: […]

2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad: […] j) En las relativas a contratos
el término para demandar será de dos (2) años que se contarán a partir del día siguiente a la
ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento […]. En los siguientes
contratos, el término de dos (2) años se contará así: […] iv) En los que requieran de liquidación y
esta sea efectuada unilateralmente por la administración, desde el día siguiente al de la ejecutoria
del acto administrativo que la apruebe […]”.

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Radicado: 15001233300020190028001 (66572)
Demandante: municipio de Puerto Boyacá

administrativo cobró fuerza ejecutoria y, por lo tanto, es oportuna, aun considerando
el hecho de que el trámite de la conciliación extrajudicial se surtió entre el 8 de
febrero y el 5 de abril de 201925.

5. Legitimación en la causa

El municipio de Puerto Boyacá y Corposocial están legitimados en la causa por
activa y por pasiva, respectivamente, ya que suscribieron el convenio No. 048 de
2015 frente al cual se alegó un incumplimiento por parte del segundo mencionado.

A su vez, la sociedad Liberty Seguros S.A. también se encuentra legitimada en
calidad de llamada en garantía, toda vez que fungió como aseguradora de la póliza
No. 2606761, suscrita en el marco del convenio No. 048 de 201526.

6. Problemas jurídicos

De conformidad con los cuestionamientos expuestos en el recurso de alzada,
corresponde a la Sala determinar si frente al convenio No. 048 de 2015, que fue
objeto de nulidad absoluta en primera instancia: i) se debe ajustar el monto de las
restituciones mutuas o la conclusión de la ineficacia general del acuerdo de
voluntades por haberse fundado no en el artículo 355 constitucional sino en el
artículo 95 de la Ley 489 de 1998; y ii) es dable concluir que por su retirada del
ordenamiento jurídico en sede judicial la póliza No. 2606761 devino en inexistente
por la desaparición del riesgo asegurable y, subsidiariamente, si el seguro no podía
cubrir la situación presentada por un dolo o culpa de la entidad territorial
demandante.

Cabe advertir que en las alzadas no se formuló ningún reparo en torno a la decisión
de nulidad absoluta, salvo en lo referido al cuestionamiento de que el artículo 355
constitucional fue el que fundó el acuerdo de voluntades, por lo que dicho aspecto
se estudiará únicamente en lo que versa al reproche en comento, so pena de
infringir el principio de congruencia, que enmarca la presente decisión a lo

25 Folios 17 a 18 del cuaderno 1.
26 Folios 46 a 55 del cuaderno 1.

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Radicado: 15001233300020190028001 (66572)
Demandante: municipio de Puerto Boyacá

impugnado por el demandante y en virtud del cual el ad quem, al momento de
resolver las apelaciones, debe circunscribirse a lo estrictamente cuestionado en las
alzadas, sin que le esté permitido, por regla general, resolver aspectos no ventilados
en sede de impugnación27.

Lo propio sucede con la pretensión de incumplimiento de la demanda, pues el
extremo activo de la litis se adhirió a que aquella quedara sin objeto dada la nulidad
absoluta del acuerdo de voluntades, por lo que, consecuencialmente, no
corresponde pronunciarse sobre dicho aspecto en esta instancia.

7. Solución a los problemas jurídicos

Con el fin de resolver la controversia, se hará una reseña de los hechos
jurídicamente relevantes y, finalmente, se estudiarán los cargos de las alzadas. Para
tal efecto, la Sala analizará los documentos aportados al proceso de conformidad
con lo previsto en el artículo 24628 del CGP, en el sentido de que las copias tienen
el mismo valor probatorio que los medios documentales originales y de que las
partes no formularon tacha de ninguno de los aportados en este asunto.

7.1. Hechos jurídicamente relevantes

7.1.1. El convenio No. 048 del 9 de diciembre de 2015 y su póliza de seguros

7.1.1.1. El 4 de noviembre de 201529, el secretario de obras públicas le remitió al
secretario general del municipio de Puerto Boyacá los estudios y documentos
previos de un procedimiento precontractual con el objetivo de suscribir un convenio
entre la entidad territorial y Corposocial para la ejecución del proyecto “construcción
colector y reposición de la red de alcantarillado del centro poblado de Puerto
Serviez, área rural del municipio de Puerto Boyacá”, con base en “lo señalado en

27 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 13 de marzo de 2024. Radicado

18001-23-33-000-2015-00105-01 (62848).
28 “Artículo 246. Valor probatorio de las copias. Las copias tendrán el mismo valor probatorio del

original, salvo cuando por disposición legal sea necesaria la presentación del original o de una
determinada copia […] Sin perjuicio de la presunción de autenticidad, la parte contra quien se aduzca
copia de un documento podrá solicitar su cotejo con el original, o a falta de este con una copia
expedida con anterioridad a aquella. El cotejo se efectuará mediante exhibición dentro de la
audiencia correspondiente”.
29 Folios 1 a 27 del archivo único de la carpeta 7 del índice 2 del expediente digital en SAMAI.

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Radicado: 15001233300020190028001 (66572)
Demandante: municipio de Puerto Boyacá

los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y
Decreto 1082 de 2015, artículo 92 literal C de la Ley 1474 de 2011”.

El presupuesto para el convenio fue fijado en $1.092’570.046 que habrían de ser
aportados por el municipio y $8’469.535 que serían allegados por Corposocial, con
un plazo de 5 meses y un anticipo de máximo el 50% del valor del acuerdo.

7.1.1.2. El 9 de diciembre de 201530, el municipio de Puerto Boyacá y Corposocial
suscribieron el convenio No. 48, con el mismo objeto reseñado en los estudios y
documentos previos, por la suma total de $1.092’570.046, de los cuales
$1.084’100.511 fueron aportados por la entidad territorial y $8’469.535 por la
asociada, con un plazo de 5 meses.

La suscripción convencional se basó, entre otros, en el artículo 6 de la Ley 1551 de
2012, referida a los convenios solidarios y, según la cláusula quinta, las partes se
obligaron así: i) Corposocial se comprometió a ejecutar el proyecto, cumplir con las
especificaciones de construcción, cumplir el cronograma de la obra, invertir los
recursos destinados al proyecto y contratar el personal que fuera necesario;
mientras que ii) el municipio de Puerto Boyacá asumió colocar a disposición del
asociado los recursos y el personal necesario para el logro de los objetivos,
acompañar la ejecución negocial, exigirle al asociado la materialización del objeto,
y “realizar los pagos correspondientes a las obras ejecutadas por el asociado”.

En la cláusula sexta Corposocial se obligó a constituir una garantía única que
cubriera el cumplimiento, la estabilidad y calidad de las obras y el manejo del
anticipo, este último por el 100% del valor del convenio y por toda la vigencia de la
relación convencional y seis meses más.

7.1.1.3. El 9 de diciembre de 201531, la sociedad Liberty Seguros S.A. profirió la
póliza No. 2606761 de cumplimiento en favor del municipio de Puerto Boyacá, por
los conceptos de: i) cumplimiento del contrato, ii) estabilidad de la obra, iii) salarios
y prestaciones sociales y iv) buen manejo del anticipo, este último con un valor

30 Folios 28 a 37 del archivo único de la carpeta 7 del índice 2 del expediente digital en SAMAI.
31 Folios 41 a 43 del archivo único de la carpeta 7 del índice 2 del expediente digital en SAMAI.

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Radicado: 15001233300020190028001 (66572)
Demandante: municipio de Puerto Boyacá

asegurado de $546’285.023 y con una vigencia inicial del 9 de diciembre de 2015 al
9 de noviembre de 2016. A su vez, el 22 de diciembre de 201532 se suscribió la
póliza No. 567965 de responsabilidad civil extracontractual.

7.1.1.4. El 22 de diciembre de 201533, la alcaldía de Puerto Boyacá aprobó las
garantías presentadas por Corposocial.

7.1.1.5. El 29 de diciembre de 201534 se suscribió el otrosí No. 01 mediante el cual
se precisaron aspectos relativos a la constitución de la fiducia para el manejo de los
recursos del proyecto.

7.1.2. El acta de inicio del convenio No. 048 de 2015 y su ejecución

7.1.2.1. El 24 de diciembre de 201535, el municipio de Puerto Boyacá profirió el acta
de inicio del convenio No. 048 de 2015 y precisó que el valor a pagar por concepto
de anticipo sería de $542’050.225,50, monto que enseguida ordenó pagar el 28 de
junio de 201636 y, en efecto, fue cancelado debidamente.37

7.1.2.2. El 13 de enero de 201638, y mediante el acta 002, los sujetos del convenio
resolvieron suspenderlo “temporal y prudencialmente” hasta que la administración
verificara la legalidad del acuerdo de voluntades.

7.1.2.3. El 3 de mayo de 201639, el municipio de Puerto Boyacá profirió la Resolución
No. 402, mediante la cual “se ordena la terminación unilateral del convenio No. 048
de 2015”, con apoyo en que se estaba ante un contrato de obra que, en los términos
del inciso primero del literal c) del numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007,
modificado por el artículo 92 de la Ley 1474 de 2011, debió efectuarse mediante
licitación pública y, sin embargo, se suscribió por medio del procedimiento de
contratación directa, por lo que no podía continuar ejecutándose.

32 Folios 44 a 45 del archivo único de la carpeta 7 del índice 2 del expediente digital en SAMAI.
33 Folio 46 del archivo único de la carpeta 7 del índice 2 del expediente digital en SAMAI.
34 Folios 47 a 51 del archivo único de la carpeta 7 del índice 2 del expediente digital en SAMAI.
35 Folio 52 del archivo único de la carpeta 7 del índice 2 del expediente digital en SAMAI.
36 Folio 69 del archivo único de la carpeta 7 del índice 2 del expediente digital en SAMAI.
37 Folio 507 del archivo único de la carpeta 7 del índice 2 del expediente digital en SAMAI.
38 Folios 74 a 75 del archivo único de la carpeta 7 del índice 2 del expediente digital en SAMAI.
39 Folios 79 a 85 del archivo único de la carpeta 7 del índice 2 del expediente digital en SAMAI.

18

Radicado: 15001233300020190028001 (66572)
Demandante: municipio de Puerto Boyacá

7.1.2.4. Pese a lo anterior, mediante la Resolución 487 del 31 de mayo de 2016 40,
municipio de Puerto Boyacá revocó la Resolución No. 402 del 3 de mayo de 2016,
basada en que quien debía verificar las irregularidades referidas al acuerdo de
voluntades eran “las autoridades competentes”.

7.1.2.5. Como consecuencia, el 21 de junio de 201641 las partes suscribieron el acta
No. 003 de reinicio y, en esa línea, el 29 de junio de 201642 se prorrogó la póliza
No. 2606761 de cumplimiento, en el caso del buen manejo del anticipo, hasta el 3
de mayo de 2017. Lo propio sucedió con la póliza de responsabilidad
extracontractual.

7.1.2.6. El 30 de junio de 201643, la alcaldía de Puerto Boyacá profirió el acta de
aprobación de pólizas No. 121, dando visto bueno a las prorrogadas por
Corposocial.

7.1.2.7. El 5 de agosto de 201644, las partes suscribieron el acta No. 004, mediante
la cual fijaron ítems no previstos. Al punto, el 16 de septiembre de 201645 signaron
el acta 005 de pago parcial No. 01, en la cual se dispuso que el asociado entregara
en forma parcial y oficial la obra en el estado de avance pactado para ese entonces.

7.1.2.8. El 20 de septiembre de 201646, el municipio de Puerto Boyacá ordenó pagar
mediante el acta No. 005 a Corposocial la suma de $273’156.122, por concepto del
primer pago parcial del convenio, emolumento que fue cancelado debidamente47.

7.1.2.9. El 30 de septiembre de 201648, las partes suscribieron el acta 006 de
suspensión de obra 2, fundados en dificultades con ocasión de la naturaleza.

40 Folios 90 a 98 del archivo único de la carpeta 7 del índice 2 del expediente digital en SAMAI.
41 Folios 99 a 100 del archivo único de la carpeta 7 del índice 2 del expediente digital en SAMAI.
42 Folios 101 a 105 del archivo único de la carpeta 7 del índice 2 del expediente digital en SAMAI.
43 Folio 106 del archivo único de la carpeta 7 del índice 2 del expediente digital en SAMAI.
44 Folios 107 a 111 del archivo único de la carpeta 7 del índice 2 del expediente digital en SAMAI.
45 Folios 130 a 131 del archivo único de la carpeta 7 del índice 2 del expediente digital en SAMAI.
46 Folio 264 a 265 del archivo único de la carpeta 7 del índice 2 del expediente digital en SAMAI.
47 Folio 507 del archivo único de la carpeta 7 del índice 2 del expediente digital en SAMAI.
48 Folios 285 a 287 del archivo único de la carpeta 7 del índice 2 del expediente digital en SAMAI.

19

Radicado: 15001233300020190028001 (66572)
Demandante: municipio de Puerto Boyacá

7.1.2.10. El 15 de noviembre de 201649, los sujetos del convenio suscribieron el acta
007 de ampliación de la suspensión por inconvenientes atinentes a la ejecución.

7.1.2.11. El 23 de diciembre de 201650, las partes signaron el otrosí No. 002, en el
cual se efectuaron ajustes correspondientes a los desembolsos y a la cláusula
compromisoria.

7.1.2.12. El 16 de enero de 201751, los sujetos del convenio suscribieron el acta 008
de ampliación de suspensión de obra por aspectos como la falta de pronunciamiento
del “OCAD” frente a la revisión, evaluación y análisis de viabilidad de recursos
económicos para la terminación de las obras.

7.1.2.13. El 9 de febrero de 201752 se extendió la póliza No. 2606761 en cuanto al
buen manejo del anticipo hasta el 18 de junio de 2017, la cual fue aprobada
mediante proveído del 5 de septiembre siguiente53.

7.1.2.14. El 2 de marzo de 201754, las partes profirieron el acta 009 ampliación de
la suspensión de la obra debido a situaciones referidas a observaciones por el
“OCAD”, en el marco de los recursos del sistema general de regalías.

7.1.2.15. El 31 de mayo de 201755, los sujetos del convenio signaron el acta 010 de
ampliación de la suspensión de la obra, con apoyo en que se estaban realizando
ajustes al proyecto por observaciones del “OCAD”.

7.1.2.16. El 25 de agosto de 201756, el municipio y Corposocial dictaron el acta 011
de suspensión de obra, donde se puso de presente la necesidad de adicionar
recursos al convenio No. 048 de 2015.

7.1.2.17. El 27 de octubre de 201757, los sujetos del convenio dictaron el acta 012

49 Folios 330 a 331 del archivo único de la carpeta 7 del índice 2 del expediente digital en SAMAI.
50 Folios 415 a 416 del archivo único de la carpeta 7 del índice 2 del expediente digital en SAMAI.
51 Folios 417 a 418 del archivo único de la carpeta 7 del índice 2 del expediente digital en SAMAI.
52 Folios 480 a 482 del archivo único de la carpeta 7 del índice 2 del expediente digital en SAMAI.
53 Folio 483 del archivo único de la carpeta 7 del índice 2 del expediente digital en SAMAI.
54 Folios 447 a 449 del archivo único de la carpeta 7 del índice 2 del expediente digital en SAMAI.
55 Folios 471 a 473 del archivo único de la carpeta 7 del índice 2 del expediente digital en SAMAI.
56 Folios 478 a 479 del archivo único de la carpeta 7 del índice 2 del expediente digital en SAMAI.
57 Folios 516 a 517 del archivo único de la carpeta 7 del índice 2 del expediente digital en SAMAI.

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Radicado: 15001233300020190028001 (66572)
Demandante: municipio de Puerto Boyacá

de suspensión de obra, con base en la necesidad de adicionar recursos al convenio,
por lo que se tramitaría tal aspecto.

7.1.2.18. El 27 de diciembre de 201758, las partes convinieron el acta 013, en la cual
se reanudó el convenio 048 de 2015 “una vez solucionados todos los inconvenientes
que lo llevaron a su suspensión”.

7.1.2.19. El 1 de febrero de 201859, el municipio de Puerto Boyacá elaboró un
informe mediante el cual dio cuenta de la ejecución del convenio 048 de 2015. Allí
reafirmó que para dicho entonces desembolsó $542’050.255 por concepto de
anticipo y $273’156.122 por segundo desembolso. También precisó que la ejecución
era de alrededor del 57% y, frente a la póliza de cumplimiento, aseveró que en
cuanto al buen manejo del anticipo estaba prevista hasta el 18 de junio de 2017.

Por otro lado, advirtió que se han presentado situaciones con ocasión de la
ejecución como requerimientos para el pago de personal y de proveedores que no
habían sido satisfechos hasta entonces, aspectos frente a los cuales se asumieron
compromisos para superarlos.

7.1.2.20. El 27 de febrero de 201860, la póliza No. 2606761 fue prorrogada en
general y, en cuanto a lo concerniente al buen manejo del anticipo se extendió hasta
el 27 de agosto de 2018. A su vez, la póliza de responsabilidad extracontractual
también se amplió en proporción. Ambos seguros fueron aprobados por la alcaldía
de Puerto Boyacá el 1 de marzo de 201861.

7.1.2.21. El 26 de julio de 201862 el municipio de Puerto Boyacá convocó al asociado
para liquidar el convenio No. 048 de 2015 debido a que, en su criterio, el plazo
feneció el 24 de enero de 2018.

7.1.2.22. El 24 de julio de 201863, el interventor del convenio presentó un informe

58 Folios 557 a 558 del archivo único de la carpeta 7 del índice 2 del expediente digital en SAMAI.
59 Folios 650 a 652 del archivo único de la carpeta 7 del índice 2 del expediente digital en SAMAI.
60 Folios 892 a 894 del archivo único de la carpeta 7 del índice 2 del expediente digital en SAMAI.
61 Folio 896 del archivo único de la carpeta 7 del índice 2 del expediente digital en SAMAI.
62 Folios 1.105 a 1.110 del archivo único de la carpeta 7 del índice 2 del expediente digital en SAMAI.
63 Folios 1.120 a 1.167 del archivo único de la carpeta 7 del índice 2 del expediente digital en SAMAI.

21

Radicado: 15001233300020190028001 (66572)
Demandante: municipio de Puerto Boyacá

del “estado actual del convenio de obra 048 de 2015”, en el que advirtió que el
porcentaje ejecutado fue del 59.58% y que el municipio aportó $542’050.255,50 por
anticipo y $273’156.122 como pago parcial, así como se ejecutaron $645’958.413.

7.1.2.23. El 27 de julio de 201864, el municipio de Puerto Boyacá volvió a requerir al
asociado para liquidar el contrato.

7.1.2.24. El 21 de septiembre de 201865, el municipio de Puerto Boyacá liquidó
unilateralmente el convenio No. 048 de 2015 en el que se ordenó que el asociado
reintegrara todos los aportes desembolsados con ocasión de la ejecución
convencional, “cuyo monto asciende a la suma de $815’203.277”, en consideración
a que no cumplió sus obligaciones.

7.2. Elementos diferenciales entre el convenio y el contrato interadministrativo
como manifestaciones de voluntad de la Administración

La jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado ha sostenido
reiteradamente que, aunque tanto el convenio como el contrato interadministrativo
son manifestaciones de la voluntad que involucran a dos entidades públicas, ambos
son diferentes, como se pasa a exponer.

En ese sentido, el convenio, cimentado sobre la base de un ánimo colaborativo y en
criterios asociativos y de cooperación, debe estar desprovisto de una
contraprestación y/o remuneración, por lo que en tal escenario no existe una
contraposición de intereses entre los sujetos que lo suscriben, aunque puede haber
un contenido patrimonial, pero no dirigido a retribuir al asociado, sino con el fin de
propiciar objetivos comunes66.

En efecto, los convenios administrativos están basados en el mandato del artículo

64 Folios 1.196 a 1.213 del archivo único de la carpeta 7 del índice 2 del expediente digital en SAMAI.
65 Páginas 1.419 a 1.442 del archivo único de la carpeta 7 del índice 2 del expediente digital en

SAMAI.
66 Consejo de Estado, Sección Tercera: i) Subsección A. Sentencia del 22 de octubre de 2021.

Radicado 52001-23-33-000-2017-00598-01 (65.978) y ii) Subsección C. Sentencias del 24 de abril
de 2024. Radicado 44001-23-40-000-2017-00170-01 (67.522) y del 22 de mayo de 2024. Radicado
08001-23-33-000-2019-00226-01 (67.460).

22

Radicado: 15001233300020190028001 (66572)
Demandante: municipio de Puerto Boyacá

95 de la Ley 489 de 199867, que permite, en virtud de la colaboración que debe
preponderar entre las entidades del Estado, la posibilidad de “cooperar” mediante
la celebración de convenios interadministrativos, de ahí que tiene que haber una
coincidencia de fines frente a ambas partes y un ánimo cooperativo, aspecto en el
cual es plausible que cada entidad incurra en costos y gastos -aportes-, pero sin
que se persiga una retribución individual “pues en tales eventos se estará en
presencia de verdaderos contratos”68.

Entre tanto, los convenios interadministrativos están sometidos a los principios
constitucionales y legales de la actividad contractual del Estado, como lo son la
transparencia, planeación, buena fe y economía, entre otros, así como a los
principios de la función administrativa del artículo 209 constitucional; empero, las
reglas de la Ley 80 de 1993 y sus reformas -Estatuto General de Contratación de la
Administración Pública - EGCAP- no son de aplicación automática a tales
convenios, pues dicha normativa se encarga prevalentemente de prever el régimen
de las relaciones contractuales de contenido patrimonial y oneroso, de ahí que en
cada caso deba analizarse cuando puede proceder considerar esa normativa de
cara a los acuerdos convencionales69.

Por su parte, los contratos administrativos, en tanto especie del género contrato
estatal, traen consigo el hecho de prestaciones correlativas a cargo de los sujetos
negociales, de ahí que las relaciones negociales no se encuentran sujetas a un
objetivo común, pues mientras la contratante busca el cumplimiento de un fin estatal
a su cargo, la contratista actúa en procura de ese fin, pero a cambio de una
retribución patrimonial por el cumplimiento de la satisfacción de la prestación a la
que se obliga70, por lo que son bilaterales, onerosos y conmutativos.

67 “Artículo 95. Asociación entre entidades públicas. Las entidades públicas podrán asociarse con el

fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios
que se hallen a su cargo, mediante la celebración de convenios interadministrativos o la
conformación de personas jurídicas sin ánimo de lucro. // Las personas jurídicas sin ánimo de lucro
que se conformen por la asociación exclusiva de entidades públicas, se sujetan a las disposiciones
previstas en el Código Civil y en las normas para las entidades de este género. Sus Juntas o
Consejos Directivos estarán integrados en la forma que prevean los correspondientes estatutos
internos, los cuales proveerán igualmente sobre la designación de su representante legal”.
68 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 26 de julio de 2016. Radicado

11001-03-06-000-2015-00102-00.
69 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 28 de octubre de 2024.

Radicado 70001-23-33-000-2017-00174-01 (63983).
70 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 21 de mayo de 2021. Radicado

250002336000 201501315 01 (57822).

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Radicado: 15001233300020190028001 (66572)
Demandante: municipio de Puerto Boyacá

Adicionalmente, los contratos interadministrativos se encuentran sometidos por la
Ley 80 de 1993 y sus reformas y la Ley 1150 de 2007 dispuso en el literal c) del
numeral 4 de su artículo 271 que habrían de suscribirse mediante el procedimiento
de contratación directa, siempre que sus obligaciones tengan relación directa con el
objeto de la entidad ejecutora y excepto los contratos de obra, suministro, prestación
de servicios de evaluación frente a normas o reglamentos técnicos, encargos
fiduciarios y fiducia cuando las instituciones de educación superior o sociedades de
economía mixta con participación mayoritaria del Estado o personas jurídicas sin
ánimo de lucro conformadas por la asociación de entidades públicas o federaciones
de entidades territoriales sean las ejecutoras.

Además de lo anterior, el juez contencioso administrativo se ha encargo de develar
la verdadera naturaleza de acuerdos de voluntades que se rotulan como convenios
cuando en realidad son contratos o viceversa, para lo cual ha sostenido que, más
allá de su denominación, lo relevante para establecer su contenido material es el
análisis de aspectos como si se persigue exclusivamente un ánimo colaborativo o
si por el contrario cada sujeto tiene intereses individuales y/o obligaciones a su
cargo, entre ellas retribuciones económicas y el recibo de un bien o servicio. A su
vez, ha advertido que la celebración de contratos en estricto sentido bajo el velo de
convenios es una afrenta a la lógica competitiva de los procedimientos de selección
que en ocasiones impone acudir a mecanismos como la selección objetiva72.

71 “Artículo 2o. De las modalidades de selección. La escogencia del contratista se efectuará con

arreglo a las modalidades de selección de licitación pública, selección abreviada, concurso de
méritos y contratación directa, con base en las siguientes reglas: […] 4. Contratación directa. La
modalidad de selección de contratación directa, solamente procederá en los siguientes casos: a)
Urgencia manifiesta; b) Contratación de empréstitos; c) <Inciso 1o. modificado por el artículo 92 de
la Ley 1474 de 2011. El nuevo texto es el siguiente:> Contratos interadministrativos, siempre que las
obligaciones derivadas del mismo tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora
señalado en la ley o en sus reglamentos. // Se exceptúan los contratos de obra, suministro, prestación
de servicios de evaluación de conformidad respecto de las normas o reglamentos técnicos, encargos
fiduciarios y fiducia pública cuando las instituciones de educación superior públicas o las Sociedades
de Economía Mixta con participación mayoritaria del Estado, o las personas jurídicas sin ánimo de
lucro conformadas por la asociación de entidades públicas, o las federaciones de entidades
territoriales sean las ejecutoras. Estos contratos podrán ser ejecutados por las mismas, siempre que
participen en procesos de licitación pública o contratación abreviada de acuerdo con lo dispuesto por
los numerales 1 y 2 del presente artículo […]”.
72 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del 4 de septiembre de 2022.

Radicado 76-001-23-31-000-2006-03473-01 (67731).

24

Radicado: 15001233300020190028001 (66572)
Demandante: municipio de Puerto Boyacá

A la sazón, bajo el escenario anterior esta Corporación ha concluido que, en
ocasiones, la suscripción de convenios o contratos administrativos cuando se
encuentran proscritos para determinados casos y aun así se perfeccionan puede
llevar a su nulidad absoluta, verbi gracia por aspectos como un objeto ilícito o, a su
vez, por situaciones como una expresa prohibición constitucional y legal, lo que
evidencia que el juez cuenta con herramientas para, incluso de oficio, retirar ese
tipo de decisiones del ordenamiento jurídico por su carácter de espurio y transgresor
de los mandatos de selección objetiva73.

En suma, los convenios y contratos interadministrativos son acuerdos suscritos
entre entidades del Estado con sendas diferencias que tienen implicaciones
esenciales frente al régimen que les resulta aplicables y la ejecución de su objeto,
de ahí que cuando aquellos son impugnados en sede judicial, corresponda develar
su alcance real a efectos de verificar que no esté incurso en ninguna circunstancia
de nulidad absoluta.

7.3. Naturaleza jurídica del denominado convenio No. 048 de 2015

En el caso concreto vale destacar que, como producto del procedimiento de
contratación directa, el 9 de diciembre de 2015 el municipio de Puerto Boyacá y
Corposocial suscribieron el denominado convenio No. 048 de 2015, que tuvo por
objeto la construcción de un colector y la reposición de la red de alcantarillado del
centro poblado de Puerto Serviez.

Para el efecto, la entidad territorial se obligó a aportar $1.092’570.046 y el asociado
$8’469.535, así como: i) Corposocial se obligó a ejecutar el objeto, invertir los
recursos destinados y contratar el personal respectivo, mientras que ii) el municipio
asumió propiciar por el cumplimiento de los objetivos y realizar los pagos por las
obras ejecutadas por el asociado (hechos probados 7.1.1.1. a 7.1.1.2).

Como se observa, de la lectura sistemática del clausulado negocial no cabe duda
de que el acuerdo de voluntades no tiene el contenido material de un convenio

73 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 31 de marzo de 2023. Radicado

76001233100020060328401 (58.623).

25

Radicado: 15001233300020190028001 (66572)
Demandante: municipio de Puerto Boyacá

interadministrativo pues, lejos de perseguirse un objetivo común, se establecieron
obligaciones conmutativas que a la postre constituyeron el sinalagma del acuerdo
de voluntades, consistentes, de un lado, en la realización de la obra y, de otro, en
el pago de la contraprestación económica por dicha tarea, elementos que
evidencian que se está ante un auténtico contrato interadministrativo con
prestaciones en favor de ambas partes y en la cual no se persigue un interés común.

A lo anterior se suma que el acuerdo de voluntades incorporó la obligación del
contratista de suscribir varias pólizas para asegurar la cobertura del cumplimiento
negocial, aunado a lo cual, correlativamente, la contratante estaba comprometida a
constituir el registro presupuestal para luego desembolsarle un anticipo del 50% y,
posteriormente, pagarle el valor restante una vez fuera avanzando la construcción
de la infraestructura aspectos, que, analizados en concordancia y en contexto con
lo esbozado en el párrafo anterior, dan cuenta de una relación contractual correlativa
con obligaciones consonantes entre una y otra, en vez de una inversión común a
efectos de llevar a cabo un objetivo en el marco de la colaboración.

A su vez, por el objeto contractual es evidente que el contrato interadministrativo
versa sobre una obra, pues se pactó la construcción de un colector y la reposición
de la red de alcantarillado del centro poblado de Puerto Serviez, lo que con total
claridad pone de presente que su finalidad fue la provisión de una infraestructura.

Ahora bien, si se tiene en cuenta que Corposocial está conformado con un capital
51% público, es a todas luces evidente que es una entidad estatal y pública, en los
términos del artículo 2 de la Ley 80 de 199374, por tener una participación pública
mayoritaria y, además, por representar una asociación de entidades públicas
mediante una persona jurídica sin ánimo de lucro, como lo permite el artículo 95 de
la Ley 489 de 199875, por cuanto para la fecha de los hechos estaba conformada

74 “Artículo 2. De la definición de entidades, servidores y servicios públicos. Para los solos efectos

de esta ley: 1o. Se denominan entidades estatales: a) La Nación, las regiones, los departamentos,
las provincias, el distrito capital y los distritos especiales, las áreas metropolitanas, las asociaciones
de municipios, los territorios indígenas y los municipios; los establecimientos públicos, las empresas
industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta en las que el Estado tenga
participación superior al cincuenta por ciento (50%), así como las entidades descentralizadas
indirectas y las demás personas jurídicas en las que exista dicha participación pública mayoritaria,
cualquiera sea la denominación que ellas adopten, en todos los órdenes y niveles”.
75 “Artículo 95. Asociación entre entidades públicas. Las entidades públicas podrán asociarse con el

fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios

26

Radicado: 15001233300020190028001 (66572)
Demandante: municipio de Puerto Boyacá

por: i) el municipio de San Pedro de Urabá en un 27%, el municipio de Arboletes en
un 245, la fundación pan y amor por Colombia en un 29% y la fundación Familia,
Salud y Vida en un 20%76.

Bajo el anterior derrotero, y partiendo de la premisa de que los acuerdos de
voluntades entre dos entidades de naturaleza pública serán administrativos, como
se detalló en acápites anteriores, el suscrito entre el municipio de Puerto Boyacá y
Corposocial es claramente un contrato de esa naturaleza que además puede ser
catalogado como de obra, en la medida en que constituyó obligaciones correlativas
y tuvo por fin la construcción de una red de alcantarillado.

7.4. El contrato 048 de 2015 era pasible de nulidad, pues su suscripción era
prohibida, sin que se deban modificar las restituciones mutuas

El municipio de Puerto Boyacá aseveró en su apelación que había lugar a modificar
las restituciones mutuas reconocidas por el a quo, con base en que bajo su criterio
el fundamento del denominado convenio No. 048 de 2015 no era el artículo 355 de
la Constitución, sino la Ley 489 de 1998, que en el marco del derecho de asociación
permite suscribir convenios interadministrativos.

Si bien no es del todo clara la finalidad del apelante con mencionar que el régimen
del rotulado convenio sería distinto a efectos de que se reconozcan unas
restituciones mutuas diferentes, en realidad ya quedó claro que, sin perjuicio del
fundamento normativo del acuerdo de voluntades que ocupa la atención de la Sala,
materialmente no es una relación convencional, sino un auténtico contrato
interadministrativo, de ahí que esa simple afirmación no tiene la vocación de
modificar la decisión de nulidad absoluta, ni el monto reconocido en su favor.

Ciertamente, el inciso 2 del literal c) del numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de

que se hallen a su cargo, mediante la celebración de convenios interadministrativos o la
conformación de personas jurídicas sin ánimo de lucro. // Las personas jurídicas sin ánimo de lucro
que se conformen por la asociación exclusiva de sus entidades públicas, se sujetan a las
disposiciones previstas en el Código Civil y en las normas para las entidades de este género. Sus
Juntas o Consejos Directivos estarán integrados en la forma que prevean los correspondientes
estatutos internos, los cuáles proveerán igualmente sobre la designación de su representante legal”.
76 Archivo 1 del CD 1 anexo en el folio 122 del cuaderno 1 y folios 1.171 a 1.176 del archivo

denominado “Convenio 048-2015” de la carpeta 7 del índice 2 de la plataforma SAMAI.

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Radicado: 15001233300020190028001 (66572)
Demandante: municipio de Puerto Boyacá

200777 indicó que se exceptuarían de la contratación directa a través de contratos
interadministrativos los negocios jurídicos de obra cuando se suscriban con
personas jurídicas sin ánimo de lucro conformadas por la asociación de entidades
públicas que funjan como ejecutoras, escenario en que se encuadra el contrato No.
048 de 2015 pues, además de versar sobre una obra, fue signado con Corposocial
que es producto de una asociación de municipios y a efectos de que aquella
materializara el objeto negocial, de ahí que como hay una coincidencia total entre la
proscripción descrita y el escenario contractual estudiado, sea evidente que estaba
prohibido celebrar el acuerdo de voluntades pretermitiendo la licitación.

Efectivamente, y como ya se detalló precedentemente, en el certificado de
existencia y representación legal de Corposocial, que hace parte del material
probatorio obrante en el expediente, consta que esa asociación está conformada
por el municipio de San Pedro de Urabá, la Fundación Pan y Amor por Colombia, la
Fundación Familia, Salud y Vida y el municipio de Arboletes78, lo que a efectos
prácticos constituye una asociación conformada por entidades territoriales que
funge como ejecutora, pues dicha persona jurídica actuó como contratista del
acuerdo de voluntades de obra objeto de la contienda, de ahí que, por las exigencias
del inciso 2 del literal c) del numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 citado
anteriormente, debía suscribirse el negocio jurídico mediante licitación o selección
abreviada y no a través de la contratación directa.

En ese orden, sin perjuicio del argumento del municipio apelante, encaminado a que
el régimen del denominado convenio era la Ley 489 de 1998, se evidenció que se
está ante un auténtico contrato interadministrativo de obra cuya suscripción estaba

77 “Artículo 2o. De las modalidades de selección. La escogencia del contratista se efectuará con

arreglo a las modalidades de selección de licitación pública, selección abreviada, concurso de
méritos y contratación directa, con base en las siguientes reglas: […] 4. Contratación directa. La
modalidad de selección de contratación directa, solamente procederá en los siguientes casos: a)
Urgencia manifiesta; b) Contratación de empréstitos; c) <Inciso 1o. modificado por el artículo 92 de
la Ley 1474 de 2011. El nuevo texto es el siguiente:> Contratos interadministrativos, siempre que las
obligaciones derivadas del mismo tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora
señalado en la ley o en sus reglamentos. // Se exceptúan los contratos de obra, suministro, prestación
de servicios de evaluación de conformidad respecto de las normas o reglamentos técnicos, encargos
fiduciarios y fiducia pública cuando las instituciones de educación superior públicas o las Sociedades
de Economía Mixta con participación mayoritaria del Estado, o las personas jurídicas sin ánimo de
lucro conformadas por la asociación de entidades públicas, o las federaciones de entidades
territoriales sean las ejecutoras. Estos contratos podrán ser ejecutados por las mismas, siempre que
participen en procesos de licitación pública o contratación abreviada de acuerdo con lo dispuesto por
los numerales 1 y 2 del presente artículo”.
78 Folios 1.171 a 1.176 del archivo “Convenio 048-2015” de la carpeta 7 del índice 2 de SAMAI.

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Radicado: 15001233300020190028001 (66572)
Demandante: municipio de Puerto Boyacá

totalmente proscrita por la ley, como se expuso, de ahí que era dable declarar su
nulidad absoluta en virtud del numeral 2 del artículo 44 de la Ley 80 de 199379,
máxime estimando que con ello se vulneró la selección objetiva y se excluyó el
EGCAP sin que los sujetos negociales tuvieran competencia para el efecto.

Aclarada la procedencia de la nulidad absoluta -aspecto que, por demás, se
restringió en la alzada a la infracción del artículo 355 de la Constitución-, tampoco
se vislumbra que por el hecho de que supuestamente al contrato No. 048 de 2015
le aplicara la Ley 489 de 1998 hubiera que automáticamente modificar las
restituciones mutuas, pues en cualquier escenario y como lo detalló el Tribunal a
quo, aquellas solo proceden en la medida de lo posible y según lo ejecutado 80;
empero, en el expediente se acreditó que la entidad contratante pagó al contratista
las sumas de $542’050.255,50 por anticipo y $273’156.122 como pago parcial, y
solo se ejecutaron $645’958.413, correspondiente al 59,58% del objeto negocial
(hechos probados Nos. 7.1.2.8., 7.1.2.19 y 7.1.2.22), de ahí que corresponda hacer
el cruce de cuentas así:

542’050.255,50 (valor del anticipo) + 273’156.122 (valor del pago
parcial) = $815’206.378 (valor total pagado) – 645’958.413 (valor
ejecutado) = 169’247.964 (valor que se debe retornar).

El emolumento anterior es totalmente coincidente con el reconocido por el a quo y
da cuenta del porcentaje fidedigno que no fue ejecutado por Corposocial, de ahí
que no corresponda modificar dicho cálculo de las restituciones mutuas por los
argumentos formulados por la entidad territorial apelante. Como consecuencia, se
niega la apelación frente a tal sujeto procesal.

7.5. La nulidad absoluta del contrato No. 048 de 2015 no entraña su
inexistencia, ni deriva en la falta de nacimiento de la póliza de seguros

La sociedad Liberty Seguros S.A. consideró que el hecho de que se hubiera anulado

79 “Artículo 44. De las causales de nulidad absoluta. Los contratos del Estado son absolutamente

nulos en los casos previstos en el derecho común y además cuando: 1o. Se celebren con personas
incursas en causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en la Constitución y la ley; 2o. Se
celebren contra expresa prohibición constitucional o legal; 3o. Se celebren con abuso o desviación
de poder; 4o. Se declaren nulos los actos administrativos en que se fundamenten […]”.
80 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 5 de marzo de 2021. Radicado

76001-23-31-000-2012-00171-01 (62250).

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Radicado: 15001233300020190028001 (66572)
Demandante: municipio de Puerto Boyacá

absolutamente el contrato No. 048 de 2015 llevaba a que nunca hubiera nacido a la
vida jurídica y que, a la postre, la póliza de seguro No. 2606761 tampoco existiera
por la falta de un riesgo asegurable.

La Sala parte por advertir que el legislador previó en el artículo 1502 del Código Civil
que, para que una persona se obligue a otra por un acto o declaración de voluntad,
es necesario que: i) sea legalmente capaz, ii) haya consentimiento y iii) existan un
objeto y causa lícitos81. De lo anterior se extrae que los elementos de
consentimiento, capacidad, objeto y causa son de la esencia de todo negocio
jurídico, es decir, su ausencia los torna inexistentes. Lo propio sucede con las
solemnidades exigidas por la ley para el nacimiento de determinados actos jurídicos.
Por su parte, los vicios en torno a esos elementos -diferentes de su ausencia-
pueden derivar en una invalidez y en una declaratoria de nulidad82.

La inexistencia83 se diferencia de la invalidez, en que en el primer caso el acto
jurídico no nace ni produce ningún efecto, por no cumplir sus elementos esenciales
o, de ser el caso, las solemnidades que le sean aplicables; mientras que en el
segundo evento el negocio jurídico cobra vigencia, pero adolece de uno o varios
vicios que conllevan a su eventual anulación84.

Por otra parte, el legislador previó la ineficacia de pleno derecho como una figura
en virtud de la cual un acto no produce efectos porque se configuran determinadas
circunstancias tan lesivas para el ordenamiento jurídico que, según la norma
positiva expresamente, ello traerá como consecuencia que el negocio jurídico no
cobre vigencia85. Entre otros, el artículo 897 del Código de Comercio dispuso que

81 “Artículo 1502. Para que una persona se obligue a otra por un acto o declaración de voluntad, es

necesario: 1o.) que sea legalmente capaz. 2o.) que consienta en dicho acto o declaración y su
consentimiento no adolezca de vicio. 3o.) que recaiga sobre un objeto lícito. 4o.) que tenga una
causa lícita […]”.
82 CAPITANT, Henry. Actos inexistentes y actos nulos de pleno derecho. En: Corte Suprema de

Justicia. Gaceta judicial No. 1.900. Bogotá: 10 de abril de 1936. P. 351-355.
83 La inexistencia fue prevista expresamente en el Código de Comercio en los siguientes términos:

“Artículo 898. […] Será inexistente el negocio jurídico cuando se haya celebrado sin las solemnidades
sustanciales que la ley exija para su formación, en razón del acto o contrato y cuando falte alguno
de sus elementos esenciales”.
84 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del 13 de noviembre de 2014.

Radicado 15001-23-31-000-1995-04625-01 (20818).
85 Consejo de Estado, Sección Tercera: i) Subsección B. Sentencias del 30 de abril de 2012.

Radicado 25000-23-26-000-1995-00704-01 (21699) y del 8 de septiembre de 2021. Radicado 25000-
23-26-000-2008-10598-01 (61617); y ii) Subsección C. Sentencia del 18 de mayo de 2017. Radicado
76001-23-31-000-2001-05411-01 (35199).

30

Radicado: 15001233300020190028001 (66572)
Demandante: municipio de Puerto Boyacá

“cuando en este Código se exprese que un acto no produce efectos, se entenderá
que es ineficaz de pleno derecho, sin necesidad de declaración judicial”.

Sobre las diferencias entre la nulidad y la ineficacia de pleno derecho el Consejo de
Estado ha precisado que, mientras la nulidad absoluta puede ser objeto de
saneamiento, según el caso, ello no es posible en la ineficacia de pleno derecho,
pues “se asimila a la inexistencia, es decir, se entiende que esas cláusulas
ineficaces de pleno derecho no han nacido a la vida jurídica, por lo que no producen
efecto alguno […] y se tienen como inexistentes”86.

Para tratadistas como Guillermo Ospina Fernández y Eduardo Ospina Acosta, la
ineficacia de pleno derecho no puede entenderse inmiscuida en la nulidad, debido
a que, en virtud de la primera figura, se produce la falta de efectos in limine de un
acto jurídico, es decir, se entiende que este nunca resultó vinculante para las partes,
de ahí que, en los eventos en que se configura, no procede declarar la nulidad de
un negocio que jamás tuvo significancia para el mundo jurídico87.

Los anteriores derroteros evidencian que para la jurisprudencia y la doctrina la
inexistencia, ineficacia y nulidad son distintos, pues mientras que las dos primeras
se refieren a que el acto jurídico se tiene por no escrito, en el caso de la última de
ellas el acuerdo de voluntades nació a la vida jurídica y tuvo efectos y, no obstante,
se retira del ordenamiento jurídico por un vicio en sus elementos de la validez88.

En ese orden, para la Sala resulta palmario que, aunque el contrato No. 048 de 2015
fue objeto de nulidad absoluta, mientras ello no se resolvió en sede judicial se
mantuvo vigente y existió, tanto así que fue ejecutado en un porcentaje cercano al
50% y ello propicia justamente el reconocimiento de restituciones mutuas, de ahí
que, con mayor razón, no cabe duda de que la póliza No. 2606761 era válida, en
tanto, además de perfeccionarse desde el momento en que se suscribió 89, tiene un

86 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 19 de julio de 2017. Radicado

11001-03-26-000-2017-00043-00 (59067).
87 OSPINA FERNANDEZ, Guillermo y OSPINA ACOSTA, Eduardo. Teoría general del contrato y del

negocio jurídico. Bogotá: 2014. Editorial Temis. P. 484-485.
88 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 24 de julio de 2024. Radicado

19001-23-31-000-2008-00303-01 (48833).
89 Código de Comercio. Artículo 1036. 1997. El nuevo texto es el siguiente: “El seguro es un contrato

consensual, bilateral, oneroso, aleatorio y de ejecución sucesiva”.

31

Radicado: 15001233300020190028001 (66572)
Demandante: municipio de Puerto Boyacá

riesgo asegurable90, que entre otros estaba basado en el debido manejo del
anticipo, que claramente no se gestionó de manera adecuada, al punto de que el
objeto negocial no salió avante y no se ejecutó la totalidad del dinero pagado en
forma previa a la ejecución (hechos probados 7.1.2.1. a 7.1.2.24)91.

Al punto, la nulidad absoluta del contrato asegurado no conlleva a que se anulen las
pólizas que se suscribieron, pues ambos son contratos autónomos, con un régimen
y elementos distintos92, de ahí que no le asista razón a Liberty Seguros S.A. en
querer evadir el pago de la póliza a su cargo con base en que no existía, sin que se
hubieran formulado otros argumentos distintos a efectos de cuestionar dicho deber,
por lo que se mantiene incólume y debe ser satisfecho por la empresa de seguros.

Ante el panorama descrito, se desestima el argumento según el cual el rotulado
convenio No. 48 de 2015 era inexistente y, a la postre, llevó a la inexistencia de la
póliza No. 2606761 y, como consecuencia, el recurso de apelación de la sociedad
Liberty Seguros S.A. no prospera en cuanto a dicho aspecto.

7.6. La nulidad absoluta del contrato No. 048 de 2015 no implicó un análisis de
la conducta de los funcionarios que desplegaron el iter negocial

La aseguradora Liberty Seguros S.A. también manifestó en su apelación que,
subsidiariamente, de no accederse al argumento de la inexistencia de la póliza de

90 El Código de Comercio incorpora dentro de los elementos de la esencia del contrato de seguros

el riesgo asegurable: “Artículo 1045. Son elementos esenciales del contrato de seguro: 1) El interés
asegurable; 2) El riesgo asegurable; 3) La prima o precio del seguro, y 4) La obligación condicional
del asegurador. // En defecto de cualquiera de estos elementos, el contrato de seguro no producirá
efecto alguno”.
91 Al efecto, el artículo 2.2.1.2.3.1.7. del Decreto 1082 de 2015 dispuso que, dentro de la garantía de

cumplimiento, se encuentra cubierto el buen manejo y correcta inversión del anticipo, lo que cubre
todo perjuicio sufrido por la entidad estatal por su no inversión, uso indebido y/o apropiación indebida.
“Artículo 2.2.1.2.3.1.7. Garantía de cumplimiento. La garantía de cumplimiento del contrato debe
cubrir: 1. Buen manejo y correcta inversión del anticipo. Este amparo cubre los perjuicios sufridos
por la Entidad Estatal con ocasión de: (i) la no inversión del anticipo; (ii) el uso indebido del anticipo;
y (iii) la apropiación indebida de los recursos recibidos en calidad de anticipo […]”.
92 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 10 de septiembre de 2014.

Radicado 25000-23-26-000-1999-01860-01 (25645). Al respecto, vale señalar que, en los estrictos
términos del artículo 1036 del Código de Comercio, el contrato de seguro es “solemne, bilateral,
oneroso, aleatorio y de ejecución sucesiva”, sin que en ningún caso el legislador hubiera coligado
dicho acuerdo de voluntades al negocio jurídico objeto del aseguramiento -cuando este último
recaiga sobre un acuerdo de voluntades distinto, como sucede con los contratos estatales-. Al punto,
el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007 dispuso que “los contratistas prestarán garantía única para el
cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato” de lo cual no se deriva que la validez del
contrato estatal cubierto esté sujeta a la de la póliza de seguros.

32

Radicado: 15001233300020190028001 (66572)
Demandante: municipio de Puerto Boyacá

seguros, aquella no podía concretarse en el sub lite porque precisamente la
Administración actuó con dolo y culpa.

Sobre el particular vale resaltar que, en sede de las controversias contractuales, y
aun cuando se declara la nulidad absoluta de los negocios jurídicos, en los asuntos
contencioso administrativos, prima facie, no corresponde estudiar la
responsabilidad subjetiva de los individuos que actúan en el marco del iter
contractual, sino que se verifican aspectos como la existencia del contrato, su
incumplimiento y/o liquidación, en los términos del artículo 141 del CPACA citado
anteriormente, lo que guarda como única excepción los eventos en que un servidor
público es llamado en garantía o cuando frente a aquél se presenta una repetición,
eventos que no acaecieron en este asunto pues no hubo una intervención de las
personas que resolvieron que el contrato se llevara a cabo como producto de la
contratación directa.

El anterior argumento es suficiente para desestimar el cuestionamiento de la
aseguradora pues, si no se concluyó un actuar doloso o culposo, porque entre otras
cosas no se elevó cuestionamiento en tal sentido en la demanda, menos aún es
viable que por esa razón se pase a verificar si por ello había lugar a que no tuviera
que asumir los costos del saldo que por cuenta de las restituciones mutuas le
corresponde al municipio.

En todo caso, es necesario precisar que la póliza de cumplimiento de los contratos
estatales persigue que, justamente, circunstancias defectuosas durante la fase de
ejecución negocial que constituyan siniestros no lleven a que la entidad contratante
pierda su inversión, por lo que son garantía de que aquella está respaldada a través
de las aseguradoras, de ahí que inevitablemente se hará efectiva aun cuando
puedan mediar circunstancias propias de la negligencia, impericia o falta de
diligencia, sin que ello en sí mismo derive en que aquella no ha de ser eficaz93.

En suma, no tiene cabida el argumento de Liberty Seguros S.A. de que se concluyó
que la conducta de la contratante fue dolosa y culposa y que ello la eximía de asumir

93Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 22 de octubre de 2012.
Radicado 25000-23-26-000-1997-04167-01 (20967).

33

Radicado: 15001233300020190028001 (66572)
Demandante: municipio de Puerto Boyacá

el costo de hacer efectiva la póliza de seguros, de ahí que también se desestime el
argumento de la apelación.

Por todo lo expuesto, la Sala confirmará la sentencia del 16 de julio de 2020,
proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante la cual se declaró la
nulidad absoluta del convenio No. 048 de 2015, por ajustarse a la realidad probatoria
y a los supuestos de derecho en que se basó, en especial a la prohibición de
suscribir, mediante la contratación directa, contratos interadministrativos de obra
con asociaciones de municipios cuando estas sean ejecutoras.

8. Costas

El numeral 1 del artículo 365 del CGP94 dispuso que se condenará en costas a la
parte vencida en el proceso “o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso
de apelación”, siempre que se demuestre su causación y en la medida de su
comprobación95.

Vistos los argumentos que sirven de sustento a esta providencia, se concluye que,
en principio, procedería la condena en costas, puesto que a todos los recurrentes
se les resolvieron de forma desfavorable los recursos de apelación, por cuanto: i)
no se accedió al argumento del municipio de Puerto Boyacá de que había lugar a
modificar los emolumentos reconocidos o a revaluar la nulidad absoluta del rotulado
convenio y ii) tampoco se accedió a las pretensiones de Liberty Seguros S.A.,
habida cuenta de que la nulidad absoluta del acuerdo de voluntades objeto de la
contienda no derivó en la inexistencia o nulidad de la póliza de seguros, ni
correspondía estudiar un dolo o culpa de los cocontratantes.

En esa medida y como, en estricto sentido, ninguno de los cargos expuestos por
cada una de las partes recurrentes, la demandante y la llamada en garantía, tuvo

94 Aplicable en virtud de lo previsto en el artículo 188 del CPACA, a cuyo tenor se expone: “[…] la

sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las
normas del Código de Procedimiento Civil […]”.
95 “Artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en

que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 1. Se condenará en
costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de
apelación, casación, queja, suplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos
especiales previstos en este código. […] 8. Sólo habrá lugar a costas cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación”.

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Radicado: 15001233300020190028001 (66572)
Demandante: municipio de Puerto Boyacá

vocación de prosperidad, no habrá lugar a condenar en costas a favor ni en contra
de ninguno de los extremos procesales, comoquiera que, en realidad, operó una
suerte de compensación, dado que a ambas partes les fueron resueltos de manera
desfavorable los argumentos que sustentaron en sus recursos de alzada, tal como
esta Sección se pronunció en recientes oportunidades96.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 16 de julio de 2020, proferida por la Sala
de Decisión No. 6. del Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante la cual se
declaró la nulidad absoluta del convenio No. 048 del 9 de diciembre de 2015.

SEGUNDO: SIN condena en costas en esta instancia.

TERCERO: Ejecutoriada la providencia, REMITIR el expediente al Tribunal de
origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrado
Presidente de la Sala

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
ACLARACIÓN DE VOTO
VF

96 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 21 de mayo de 2021. Radicado

250002336000 201501315 01 (57822).

35

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