Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-31-000-2001-05411-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Acción de reparación directa: niega. Caso: No reconocimiento de pensión de jubilación a profesor de universidad pública,…
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-31-000-2001-05411-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 76001-23-31-000-2001-05411-01
Consejero ponente: Jaime Orlando Santofimio Gamboa
18 de mayo de 2017
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA - Niega. Caso: No reconocimiento de pensión de jubilación a profesor de universidad pública, empleado público
NOTA DE RELATORÍA. Síntesis del caso. El señor (…) trabajó como Profesor Asistente de la Facultad de Artes Integradas de la Universidad del Valle desde el 1º de octubre de 1980 hasta el 31 de diciembre de 1998, fecha en la cual, solicitó el retiro de la Universidad para recibir la correspondiente pensión de jubilación, de conformidad con lo provisto en las circulares elaboradas por la rectoría de dicha institución educativa de fechas 1 y 18 de diciembre de 1997. Luego, por Resolución No. 688 de 14 de mayo de 1999, el rector de la universidad dispuso no reconocer la pensión de jubilación al señor (…) por considerar que éste último no cumplía con los requisitos establecidos en las normas vigentes; decisión que fue confirma por el acto administrativo que resolvió el recurso de reposición desatado contra la primera resolución. La decisión negativa se basó en que la normatividad aplicable a la pensión de jubilación solicitada por el actor era la Ley 33 de 1985 que exigía 55 años de edad, y el solicitante a 31 de diciembre de 1998 contaba con 53 años.
RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO - Por no reconocimiento de pensión de jubilación: Niega, no se configuró / FALLA DEL SERVICIO - No existió. Acto administrativo estuvo conforme a la disposición legal superior en materia de pensión de jubilación
La Sala no encuentra configurada la falla del servicio alegada por el actor, en el sentido que aunque no se desconoce que los actos proferidos por la Universidad del Valle presentaban falencias y contradicciones de conformidad con lo establecido en la ley pensional vigente para el momento de los hechos, por este solo hecho, no es dable afirmar como así lo sostiene la demandante, que la accionada fue la causante de la pérdida de su empleo y de la pensión de jubilación, pues lo que se observa en el plenario es que fue el demandante quien presentó el 15 de octubre de 1998, de manera libre y voluntaria renuncia al cargo de profesor asistente ante la Universidad para acogerse a su derecho de pensión de jubilación, renuncia que solicitó con efectos a partir del 31 de diciembre de 1998. Además enfatiza la Sala, que del contenido general de las circulares aludidas en el caso sub examine, no se desprende en ningún momento que al señor (…) se le exigiera renunciar a su cargo, por el contrario, las circulares fueron enfáticas en señalar que lo preceptuado era para “cuando a bien quieran hacer uso de este derecho, preservando los derechos prestacionales de cada estamento, sin tener que jubilarse en la actual coyuntura”, razón por la cual no es dable aceptar el argumento planteado por el apelante en el sentido que esta fue la causa para quedar privado de su empleo docente. Ahora bien, frente al contenido de las circulares difundidas por el rector de la Universidad del Valle en materia pensional, debe esta Sala pronunciarse con contundencia para expresar que estas, no pueden desde ningún punto de vista por su naturaleza de disposiciones internas y generales, modificar ni mucho menos desconocer o contradecir lo estatuido en las de rango superior, es decir, la ley vigente para acceder al reconocimiento y pago de la pensión de jubilación o vejez.
INEFICACIA DE PLENO DERECHO - Formula pro non scripta / INEFICACIA DE PLENO DERECHO - El ordenamiento sanciona los actos que violan sus normas imperativas, el orden público o las buenas costumbres / INEFICACIA DE PLENO DERECHO - No requiere pronunciamiento judicial
La Sala de Subsección tampoco puede desconocer lo preceptuado en el artículo 10 de la Ley 4ª de 1992 “Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política”, donde de manera diáfana y previendo situaciones como la aquí estudiada, estableció que “todo régimen salarial o prestacional que se establezca contraviniendo las disposiciones contenidas en la presente Ley o en los decretos que dicte el Gobierno Nacional en desarrollo de la misma, carecerá de todo efecto y no creará derechos adquiridos”, con lo cual se configura la denominada ineficacia de pleno derecho o la fórmula pro non scripta. Ahora bien, en lo que se refiere a la fórmula pro non scripta, quién mejor para ilustrarla que el Dr. Fernando Alarcón Rojas, quien luego de una juiciosa investigación concluyó que “la ineficacia de pleno derecho es una sanción in limine que el ordenamiento impone a los actos que violan sus normas imperativas, el orden público o las buenas costumbres y que consiste en que en los expresos casos señalados en la ley, el especifico acto trasgresor y únicamente éste, se borra de pleno derecho de la realidad jurídica y se tiene como si no se hubiera realizado (…). Es decir que no requiere de pronunciamiento judicial para que opere, lo que denota economía, celeridad y eficacia de la sanción” Conforme con lo anterior, la Subsección considera que pese a que las mencionadas circulares precisaron unos determinados requisitos para acceder a la pensión de jubilación o vejez, estas no tienen efecto alguno, esto significa, que son ineficaces de pleno derecho y consecuencialmente, nunca podrá alegarse que con estos actos se crearon derechos, por simple hecho que se tienen por no escritas al ser disposiciones contrarias a la ley pensional vigente.
FUENTE FORMAL: CIRCULAR DE RECTORÍA DE 1997 (1 de diciembre) UNIVERSIDAD DEL VALLE (Ineficaz de pleno derecho, pro non scripta) / CIRCULAR DE RECTORÍA DE 1997 (18 de diciembre) UNIVERSIDAD DEL VALLE (Ineficaz de pleno derecho, pro non scripta)
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero ponente: JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA
Bogotá D.C, dieciocho (18) de mayo de dos mil diecisiete (2017).
Radicación número: 76001-23-31-000-2001-05411-01 (35199)
Actor: EDUARDO BRUGÉS TRESPALACIOS
Demandado: UNIVERSIDAD DEL VALLE
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA (APELACIÓN SENTENCIA)
Contenido: Descriptor: Se confirma la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda. Restrictor: La pertinencia de la acción impetrada - Presupuestos de la Responsabilidad Extracontractual del Estado - Daño antijurídico - Imputación de la responsabilidad al Estado y fundamento de la imputación.
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de 26 de octubre de 2007 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en la que se negaron las pretensiones de la demanda.
ANTECEDENTES
1. La demanda
Fue presentada el 16 de noviembre del 2001 y adicionada mediante memorial de 20 de marzo de 2003, por Eduardo Brugés Trespalacios, mediante apoderado, en ejercicio de la acción de reparación directa prevista en el artículo 86 del C.C.A., en contra de la Universidad del Valle, con el objeto de que se hicieran las siguientes declaraciones y condenas:
“PRIMERA. Que se declare patrimonialmente responsable a la Universidad del Valle de los perjuicios materiales y morales causados al señor Eduardo Brugés Trespalacios con ocasión de la falla del servicio en que incurrió y que fue la causa para que quedar (sic) privado de su empleo docente y de la pensión de jubilación que le ofreció la entidad.
SEGUNDA. Que por consiguiente se condene a la Universidad del Valle a pagar al demandante, la suma equivalente a trescientos (300) salarios mínimos legales por concepto de perjuicios morales.
TERCERA.- Que igualmente, se condene a la Universidad del Valle a pagar al demandante los perjuicios materiales por concepto de daño emergente, consistente en la pérdida de su vivienda, del valor de sus cesantías y ahorros y por concepto de lucro cesante, consistente en los salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos que tenía derecho a percibir en su cargo de profesor asistente, de la facultad de Artes Integradas, desde el 31 de diciembre de 1998, fecha de su retiro, de la Universidad del Valle, hasta la fecha en que cumpla su edad de retiro forzoso, sumas estas que deberán ser indexadas con base en el índice de precios al consumidor certificado por el DANE y sobre las cuales se liquidarán los intereses legales.
CUARTA.- Que se dé cumplimiento a la sentencia en los términos señalados en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo (…)”
Como fundamento de las pretensiones, se expusieron los hechos que la Sala sintetiza a continuación:
El señor Eduardo Brugés Trespalacios, estuvo vinculado a la Universidad del Valle como empleado público, desempeñando el cargo de Profesor Asistente en la Facultad de Artes Integradas, desde el 1º de octubre de 1980 hasta el 31 de diciembre de 1998, fecha en la cual, hizo efectivo su retiro de la Universidad con el fin de disfrutar de la pensión de jubilación.
Se dijo, que con anterioridad a su vinculación a la Universidad del Valle, el señor Eduardo Brugés Trespalacios estuvo trabajando como empleado público al Municipio de Santiago de Cali, Secretaria de Planeación Municipal, en donde se desempeñó como Profesional II, desde el 13 de noviembre de 1975 hasta el 23 de noviembre de 1979.
Que mediante comunicación de 15 de octubre de 1998, dirigida al entonces rector de la Universidad del Valle, el señor Brugés Trespalacios presentó renuncia al cargo de Profesor Asistente que desempeñaba, con el argumento de que dicha renuncia se presentaba con el fin de acogerse al derecho de pensión de jubilación a partir del 31 de diciembre de 1998, de conformidad con las circulares elaboradas por la rectoría de dicha institución educativa de fechas 1 y 18 de diciembre de 1997.
Resaltó, que la invocación de las mencionadas circulares de rectoría -como fundamento de la renuncia-, las cuales habían sido distribuidas entre el profesorado de la universidad, obedecía a que del texto de ellas se desprendía claramente que tanto para el 31 de diciembre de 1997, fecha mencionada en la circular de 1 de diciembre del mismo año, como para el 31 de diciembre de 1996, fecha mencionada en la circular de 18 de diciembre de 1997, el señor Eduardo Brugés Trespalacios en razón de la edad y el tiempo de servicio en la universidad y el municipio, había adquirido el derecho a gozar de la pensión de jubilación en cuantía equivalente al 100% del ingreso base de liquidación más 1/12 parte de la última prima pagada (navidad, vacaciones y de servicios), conforme a lo prescrito en la primera parte del artículo 2º., numerales 1 y 2 del Acuerdo 004 de 7 de junio de 1995 del Consejo Superior de la Universidad del Valle, normas citadas como referencia en las dos circulares.
Respecto a la situación del demandante frente a las circulares repartidas por la Universidad del Valle, se dijo lo siguiente:
“…en la mencionada circular de rectoría de fecha 1º de diciembre, se enuncian tres grupos poblacionales con los regímenes a ellos aplicables, el primero de los cuales se subdividió a su vez en dos subgrupos, quedando comprendido mi poderdante en el segundo de ellos (1.2), grupo éste que es definido caracterizado e individualizado de la siguiente manera:
[Los servidores que a diciembre 31 de 1.997 hayan cumplido las condiciones de edad y el tiempo de servicio para la jubilación].
Respecto de las condiciones de edad y tiempo de servicio exigidos para las personas comprendidas en este subgrupo, la mencionada circular de rectoría expresa textualmente lo siguiente:
[El subgrupo 1.2 se rige por la Resolución 260/76 del Consejo Directivo y el Acuerdo 004/84 del Consejo Superior respectivamente, tal como lo indica el Acuerdo 004/95 del Consejo Superior. Estos se podrán jubilar una vez hayan cumplido 50 años de edad, 20 años de servicio, con un monto del 100% del ingreso base de liquidación para la pensión, más 1/12 de la última prima pagada (navidad, vacaciones y de servicios), según la resolución y acuerdos antes mencionados. Para los trabajadores oficiales se continuará aplicando la Convención Colectiva de Trabajo pactada entre la Universidad del Valle y sus Trabajadores Oficiales, en lo referente a las pensiones de jubilación. (sic)
“Para el subgrupo 1.2 el ingreso base de liquidación es el promedio de lo devengado en el último año de servicios. (sic)
(…)
“Para los servidores de los dos (2) grupos anteriores el monto del 100% del ingreso base de liquidación se otorga cuando la persona, de los veinte (20) años exigidos como tiempo de servicio para jubilarse, ha trabajado quince (15) años o más con la Universidad del Valle. Si ha trabajado menos años con la Universidad el acuerdo 004/84 del Consejo Superior y la Resolución 260/76 del Consejo Directivo establecen menores montos porcentuales (%) para la pensión de jubilación o vejes. (sic)
Se argumentó igualmente, que la circular de 18 de diciembre de 1997 “aclaratoria de la expedida el 1 de diciembre de 1997”, reiteró los requisitos para acceder a la pensión de jubilación.
No obstante lo anterior, con fecha de 12 de noviembre de 1998 el rector profirió la Resolución No. 1.676 en cuyo artículo primero se dispuso aceptar la renuncia que con fines de jubilación había presentado un numeroso grupo de empleados públicos, docentes y del área administrativa, entre los cuales, se encontraba el profesor Eduardo Brugés Trespalacios.
Luego, por Resolución No. 688 de 14 de mayo de 1999, proferida por el rector de la universidad Emilio Nasser, se dispuso no reconocer la pensión de jubilación al señor Eduardo Brugés Trespalacios por no cumplir con los requisitos establecidos en las normas vigentes. Razón por la cual, contra dicha decisión se interpuso oportunamente recurso de reposición, el cual fue resuelto negativamente mediante Resolución No. 1.152 de 26 de agosto de 1999, bajo el argumento de que la normatividad aplicable a la pensión de jubilación solicitada por el actor era la Ley 33 de 1985 que exigía 55 años de edad, y el señor Brugés a 31 de diciembre de 1998 contaba con 53 años.
Así pues, se concluyó que la conducta del entonces rector Jaime Galarza Sanclemente de suministrar al profesor Eduardo Brugés Trespalacios la información contenida en las mencionadas circulares de rectoría sobre requisitos para acceder a la pensión de jubilación, la inducción a renunciar para acogerse a dicha pensión que se derivó de tales circulares, la aceptación de dicha renuncia y la negativa de la universidad de reconocer la pensión por no compartir los fundamentos jurídicos de la información suministrada por el rector Galarza Sanclemente, constituye en su conjunto un hecho de la administración que causó un daño antijurídico al demandante, ya que su retiro de la universidad por motivo de la renuncia presentada significó para el docente la pérdida de su empleo y por consiguiente la de los ingresos y beneficios que en su condición de servidor público tenía derecho a percibir hasta que cumpliese la edad de retiro forzoso.
Adicionalmente, sostuvo que la vía gubernativa se agotó con la expedición de la Resolución No. 1.152 de 26 de agosto de 1999, por medio de la cual se confirmó la Resolución No. 688 de 14 de mayo de la misma anualidad, acto administrativo por medio del cual se hizo definitiva la voluntad de la universidad de no acceder al reconocimiento de la jubilación solicitada.
Finalmente, en la adición de la demanda se expuso como hecho importante, que en razón de la renuncia del actor a la Universidad del Valle, éste quedó en una difícil situación económica, toda vez, que quedó sin salario y además perdió la totalidad de su patrimonio.
2. Actuación procesal en primera instancia
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca mediante providencia de 15 de febrero de 2002, admitió la demanda y ordenó tramitarla conforme a la ley. El asunto se fijó en lista y la parte demandada por medio de escrito de 20 de marzo de 2003, presentó contestación de la demanda oponiéndose a todas y cada una de las pretensiones, fundamentando para ello, lo siguiente:
“Agrega la demanda que como el beneficio de la pensión de jubilación no le fue reconocido en la Resolución No. 688 de 14 de mayo de 1.999 de la Rectoría, a pesar de las expectativas que se había creado para ello con base en la reglamentación interna de la Universidad del Valle, ésta habría comprometido su responsabilidad por los hipotéticos daños que le generó al actor, todo lo cual demuestra que éste último intenta sustituir la acción de nulidad y restablecimiento del derecho de la cual operó la caducidad, aduciendo la acción de reparación directa como mecanismo improcedente para obtener una indemnización de perjuicios que a título compensatorio le dé la satisfacción económica que del mencionado acto administrativo no pudo derivar.
Dicho en otras palabras, no obstante que la aludida Resolución se encuentra legalmente ejecutoriada y de ella se presume su legalidad, lo cual implica que en verdad el demandante no cumplía los requisitos legales para obtener la pensión de jubilación cuando presentó renuncia a su cargo, intenta desconocer la ameritada situación de derecho planteando una acción de reparación directa enderezada a recibir indemnizaciones en razón a que por su desvinculación voluntaria (…) se vio privado de la posibilidad de gozar del referido amparo.
Finalmente, propuso como excepciones, las siguientes: 1. Acción inapropiada, por no haberse planteado en sede judicial la acción de nulidad y restablecimiento del derecho; 2. Improcedencia de la acción y ausencia de tutela jurídica para su ejercicio por el demandante. Respecto a esto, fundamentó que la universidad del Valle pretendió regular un tema que desde la Constitución de 1.968 está atribuida al legislador y al Gobierno; 3. Carencia del derecho sustancial invocado; 4. Ausencia de relación de causa y efecto de los hipotéticos perjuicios reclamados; 5. Inconstitucionalidad; 6. Caducidad de la acción; 7. Prescripción; y 8. Las genéricas o innominadas.
Luego, por memorial de 4 de marzo de 2004, la parte demandada presentó su oposición a la adición de la demanda presentada por la parte actora, fundamentado para ello que, la acción de reparación directa no era la acción judicial procedente para debatir el caso concreto, y adicionalmente, comoquiera que ahora se pretendía alegar la falla del servicio, no era de recibo tal afirmación, teniendo en cuenta que no procedía cuando los daños alegados provienen de un acto administrativo.
Por medio de auto de 18 de junio de 2004, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca abrió el periodo probatorio. Luego, por auto de 16 de marzo de 2007, se corrió traslado a las partes para que presentaran sus respectivos alegatos de conclusión, y traslado especial al Ministerio Público para que emitiera concepto de fondo.
El 10 de abril de 2007, la parte demandada presentó alegatos de conclusión reiterando los argumentos expuestos en la contestación de la demanda.
La parte demandante guardó silencio y el Ministerio Público no rindió concepto.
3. Sentencia de primera instancia
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en sentencia del 26 de octubre de 2007, negó las pretensiones de la demanda, con fundamento en las siguientes consideraciones:
“[…] No encuentra la Sala que en el caso de autos se presente una falla en el servicio de la Universidad del Valle. Lo anterior, por cuanto la decisión del señor Eduardo Brugés Trespalacios de renunciar al cargo que ejercía como docente en dicha institución educativa fue tomada por su voluntad y en ningún momento se le obligó a presentar dicha renuncia. Las Circulares con base en las cuales se tomó la decisión por parte del señor Brugés son documentos dirigidos a los empleados y docentes en general y no fueron remitidos de manera particular al docente, solicitándole que renunciara o retirándolo del cargo para reconocerle la pensión.
Además de lo anterior, encuentra la Sala que la negativa de reconocer esta prestación periódica al demandante se ciñó estrictamente a la Constitución y a la Ley, pues la universidad no tenía la competencia para expedir normas donde variara los requisitos legales para acceder a la pensión de jubilación; por lo que no se puede afirmar que el señor Brugés Trespalacios tenía unos derechos adquiridos, toda vez que jamás se adquiere un derecho cuando está fundamentado en disposiciones manifiestamente ilegales.
Es importante resaltar igualmente que el señor Eduardo Brugés Trespalacios luego de que se le negara su pensión de jubilación pudo haber solicitado el reintegro a la Universidad del Valle (…) y si bien los testigos manifiestan que él solicitó su reintegro, no consta dentro del expediente documento alguno donde el demandante hubiere hecho tal solicitud a la Universidad y que este le haya dado una respuesta negativa.
[…]”
4. El recurso de apelación
Mediante escrito del 7 de diciembre de 2007, la apoderada de la parte demandante interpuso recurso de apelación en contra de la anterior sentencia, el cual posteriormente fue sustentado por memorial de 12 de mayo de 2008, solicitando revocarla y en su lugar se accediera a las pretensiones de la demanda.
Como fundamento de la anterior petición, sostuvo la abogada que, fue la propia Universidad del Valle la que a través de sus normas e interpretaciones a las mismas, generó en el docente el convencimiento de tener un derecho al cumplir los requisitos para optar por él, razón por la cual renunció a su cargo.
Adicionalmente, reiteró que la responsabilidad patrimonial del ente educativo, deviene no de la negación de la pensión de jubilación, sino de todos los actos administrativos que propiciaron el retiro del docente, que se constituyeron en un engaño y que afectaron de manera grave su vida. En ese sentido, afirmó que la responsabilidad del Estado también puede provenir de actos administrativos legales que no necesitan ser acusados, como los del caso bajo estudio.
Finalmente, expuso que el fallo atacado es abiertamente contrario a derecho, por cuanto supone que los actos de carácter general no generan responsabilidad y por lo tanto, no pueden ser atacados por los sujetos pasivos, que es este caso son los docentes y servidores públicos de la universidad.
5. Actuación en segunda instancia
Por auto de 23 de mayo de 2008 se admitió el recurso de apelación; acto seguido, en proveído del 20 de junio de la misma anualidad, se dispuso correr traslado a las partes por el término de 10 días para presentar alegatos de conclusión; y vencido éste, correr traslado al Ministerio Público por igual término. Sin embargo, las partes guardaron silencio y el Ministerio Público no rindió concepto.
CONSIDERACIONES
1. Competencia
La Subsección es competente para conocer del recurso de apelación presentado por la parte demandante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998 y el artículo 13 del Acuerdo 58 de 1999 del Consejo de Estado, contra la sentencia del 26 de octubre de 2007, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en un proceso de reparación directa con vocación de doble instancia.
Adicionalmente, la Universidad del Valle es una entidad oficial del orden Departamental creada mediante Ordenanza 12 de 11 de junio de 1945, razón por la cual también le asiste competencia a ésta Corporación para conocer del asunto.
1.1. Caducidad de la acción
Para determinar la caducidad de la acción es necesario hacer referencia al numeral 8º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo donde se señala que el término de caducidad de la acción de reparación directa es de dos (2) años contados a partir del día siguiente “del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa.”
Así pues, aplicados los anteriores criterios al caso sub examine, tenemos que la Resolución No. 1.152 que confirmó la negativa del reconocimiento la pensión de jubilación al actor fue expedida el 26 de agosto de 1999, lo que quiere decir, que los dos años se deben empezar a contabilizar desde el día siguiente de su expedición, esto es, desde el 27 de agosto de 1999 hasta el 27 de agosto de 2001. Sin embargo, se encuentra probado que el 26 de abril de 2001, se presentó solicitud de conciliación prejudicial ante la Procuraduría Delegada ante lo Contencioso Administrativo, la cual se llevó a cabo el 26 de julio de la misma anualidad, razón por la cual se interrumpió por tres meses el término de caducidad extendiéndose hasta el 27 de noviembre de 2001, y como la demanda se presentó el 16 de noviembre de 2001, está se hizo en tiempo.
2. La pertinencia de la acción impetrada
A efectos de resolver lo que corresponda, la Sala se ocupará de un aspecto previo: la pertinencia de la acción impetrada, toda vez que se observa dentro del acervo probatorio, que existen unos actos administrativos en firme los cuales se presumen legales, tales como las resoluciones No. 688 de 14 de mayo de 1999 por medio de la cual se negó el reconocimiento de la pensión de jubilación al señor Eduardo Brugés Trespalacios y la No. 1.152 de 26 de agosto de 1999, por medio de la cual se confirmó la negativa del reconocimiento de la precitada pensión.
De entrada, se podría considerar por parte de ésta Sala que hubo una indebida escogencia de la acción tal como lo sostiene la parte demandada en la contestación de la demanda y sus alegatos finales, puesto que dice que la acción que se debió ejercer era la de nulidad y restablecimiento del derecho y no la de reparación directa.
Sin embargo, se observa que la parte actora ha sido enfática y reiterativa en la demanda y el recurso de apelación, en dejar claro que no persigue ni ataca la legalidad de los mencionados actos administrativos, los cuales valga decir, para ella, son completamente legales, sino que la responsabilidad que reclama por parte de la Universidad del Valle es haberle creado una falsa expectativa y creencia de que tenía derecho a la pensión de jubilación con la difusión de unas circulares que se hicieron con total desconocimiento de la Constitución y la Ley, toda vez que consagraban beneficios no previstos por las normas superiores, hechos que encuentra enmarcados en lo que denomina una falla en el servicio pretendida dentro del ejercicio de la acción de reparación directa.
Así las cosas, la Sala abordará el estudio de fondo en el presente caso conforme a los criterios de la acción de reparación directa, para definir si con las circulares expedidas y difundidas por la rectoría de la Universidad del Valle se ocasionaron graves perjuicios de carácter patrimonial a la parte demandante, en la medida en que quedó claro que no persigue que se le reconozca la pensión, sino que se declare la falla en el servicio de la entidad demandada por la expedición de unas circulares que lo indujeron en un error o falsa creencia y por demás lo condujo a presentar la renuncia como profesor asistente de dicha institución educativa.
3. Presupuestos de la Responsabilidad Extracontractual del Estado
En relación con la responsabilidad del Estado, la Carta Política de 1991 produjo su “constitucionalización” erigiéndola como garantía de los derechos e intereses de los administrados y de su patrimonio, sin distinguir su condición, situación e interés. Como bien se sostiene en la doctrina,
“La responsabilidad de la Administración, en cambio, se articula como una garantía de los ciudadanos, pero no como una potestad; los daños cubiertos por la responsabilidad administrativa no son deliberadamente causados por la Administración por exigencia del interés general, no aparecen como un medio necesario para la consecución del fin público”.
Según lo prescrito en el artículo 90 de la Constitución, cláusula general de la responsabilidad extracontractual del Estado, este concepto tiene como fundamento la determinación de un daño antijurídico causado a un administrado, y la imputación del mismo a la administración pública tanto por la acción, como por la omisión, bien sea bajo los criterios de falla en el servicio, daño especial, riesgo excepcional u otro.
En los anteriores términos, la responsabilidad extracontractual del Estado se puede configurar una vez se demuestre el daño antijurídico y la imputación (desde el ámbito fáctico y jurídico). Conforme a lo cual se analizará el caso a resolver.
3.1 Daño antijurídico
El daño antijurídico comprendido, desde la dogmática jurídica de la responsabilidad civil extracontractual y del Estado impone considerar aquello que derivado de la actividad o de la inactividad de la administración pública no sea soportable i) bien porque es contrario a la Carta Política o a una norma legal, o ii) porque sea “irrazonable”, en clave de los derechos e intereses constitucionalmente reconocidos.
En cuanto al daño antijurídico, el precedente jurisprudencial constitucional señala que la:
“(…) antijuridicidad del perjuicio no depende de la licitud o ilicitud de la conducta desplegada por la Administración sino de la no soportabilidad del daño por parte de la víctima”.
Así pues, la jurisprudencia constitucional ha señalado:
“(…) que esta acepción del daño antijurídico como fundamento del deber de reparación estatal armoniza plenamente con los principios y valores propios del Estado Social de Derecho debido a que al Estado corresponde la salvaguarda de los derechos y libertades de los administrados frente a la propia Administración”.
De igual manera, la jurisprudencia constitucional considera que el daño antijurídico se encuadra en los “principios consagrados en la Constitución, tales como la solidaridad (Art. 1º) y la igualdad (Art. 13), y en la garantía integral del patrimonio de los ciudadanos, prevista por los artículos 2º y 58 de la Constitución”.
Debe quedar claro que es un concepto constante en la jurisprudencia del Consejo Estado, que debe ser objeto de adecuación y actualización a la luz de los principios del Estado Social de Derecho, ya que como lo señala el precedente de la Sala un “Estado Social de Derecho y solidario y respetuoso de la dignidad de la persona humana, no puede causar daños antijurídicos y no indemnizarlos”. Dicho daño tiene como características que sea cierto, presente o futuro, determinado o determinable, anormal y que se trate de una situación jurídicamente protegida.
En el sub judice, el daño antijurídico se plantea con relación a la presentación de la renuncia del señor Eduardo Brugés Trespalacios al cargo de profesor asistente que tenía en la Universidad del Valle, con motivo de la difusión de las circulares de 1º y 18 de diciembre de 1997, de donde dedujo conforme al contenido de éstas, que tenía derecho a la pensión de jubilación, la cual le fue negada posteriormente, y que como consecuencia perdió su empleo y por consiguiente los salarios y prestaciones sociales.
Así las cosas, el daño se encuentra probado con la renuncia presentada el 15 de octubre de 1998 con efectos a partir del 31 de diciembre de 1998, y la Resolución 1.152 de 14 de mayo de 1999, por medio de la cual se confirmó la negativa del reconocimiento de la pensión de jubilación.
3.2 Imputación de la responsabilidad al Estado y fundamento de la imputación
En cuanto a la imputación exige analizar dos esferas: a) el ámbito fáctico, y; b) la imputación jurídica, en la que se debe determinar la atribución conforme a un deber jurídico (que opera conforme a los distintos títulos de imputación consolidados en el precedente de la Sala: falla o falta en la prestación del servicio –simple, presunta y probada-; daño especial –desequilibrio de las cargas públicas, daño anormal-; riesgo excepcional). Adicionalmente, resulta relevante tener en cuenta los aspectos de la teoría de la imputación objetiva de la responsabilidad patrimonial del Estado.
Precisamente, en la jurisprudencia constitucional se sostiene, que la “superioridad jerárquica de las normas constitucionales impide al legislador diseñar un sistema de responsabilidad subjetiva para el resarcimiento de los daños antijurídicos que son producto de tales relaciones sustanciales o materiales que se dan entre los entes públicos y los administrados. La responsabilidad objetiva en el terreno de esas relaciones sustanciales es un imperativo constitucional, no sólo por la norma expresa que así lo define, sino también porque los principios y valores que fundamentan la construcción del Estado según la cláusula social así lo exigen”.
Sin duda, en la actualidad todo régimen de responsabilidad patrimonial del Estado exige la afirmación del principio de imputabilidad, según el cual, la indemnización del daño antijurídico cabe achacarla al Estado cuando haya el sustento fáctico y la atribución jurídica. Debe quedar claro, que el derecho no puede apartarse de las “estructuras reales si quiere tener alguna eficacia sobre las mismas”.
En cuanto a esto, cabe precisar que la tendencia de la responsabilidad del Estado en la actualidad está marcada por la imputación objetiva que “parte de los límites de lo previsible por una persona prudente a la hora de adoptar las decisiones”. Siendo esto así, la imputación objetiva implica la “atribución”, lo que denota en lenguaje filosófico-jurídico una prescripción, más que una descripción. Luego, la contribución que nos ofrece la imputación objetiva, cuando hay lugar a su aplicación, es la de rechazar la simple averiguación descriptiva, instrumental y empírica de “cuando un resultado lesivo es verdaderamente obra del autor de una determinada conducta”.
Esto, sin duda, es un aporte que se representa en lo considerado por Larenz según el cual había necesidad de “excluir del concepto de acción sus efectos imprevisibles, por entender que éstos no pueden considerarse obra del autor de la acción, sino obra del azar”. Con lo anterior, se logra superar, definitivamente, en el juicio de responsabilidad, la aplicación tanto de la teoría de la equivalencia de condiciones, como de la causalidad adecuada, ofreciéndose como un correctivo de la causalidad, donde será determinante la magnitud del riesgo y su carácter permisible o no. Es más, se sostiene doctrinalmente “que la responsabilidad objetiva puede llegar a tener, en algunos casos, mayor eficacia preventiva que la responsabilidad por culpa. ¿Por qué? Porque la responsabilidad objetiva, aunque no altere la diligencia adoptada en el ejercicio de la actividad (no afecte a la calidad de la actividad), sí incide en el nivel de la actividad (incide en la cantidad de actividad) del sujeto productor de daños, estimulando un menor volumen de actividad (el nivel óptimo) y, con ello, la causación de un número menor de daños”.
Dicha tendencia es la que marcó la jurisprudencia constitucional, pero ampliando la consideración de la imputación (desde la perspectiva de la imputación objetiva) a la posición de garante donde la exigencia del principio de proporcionalidad es necesario para considerar si cabía la adopción de medidas razonables para prevenir la producción del daño antijurídico, y así se motivara el juicio de imputación. Dicho juicio, en este marco, obedece sin lugar a dudas a un ejercicio de la ponderación que el juez está llamado a aplicar, de tal manera que se aplique como máxima que: “Cuanto mayor sea el grado de la no satisfacción o del detrimento de un principio, mayor debe ser la importancia de satisfacción del otro”.
En ese sentido, la jurisprudencia constitucional indica que
“El núcleo de la imputación no gira en torno a la pregunta acerca de si el hecho era evitable o cognoscible. Primero hay que determinar si el sujeto era competente para desplegar los deberes de seguridad en el tráfico o de protección frente a determinados bienes jurídicos con respecto a ciertos riesgos, para luego contestar si el suceso era evitable y cognoscible. Ejemplo: un desprevenido transeúnte encuentra súbitamente en la calle un herido en grave peligro (situación de peligro generante del deber) y no le presta ayuda (no realización de la acción esperada); posteriormente fallece por falta de una oportuna intervención médica que el peatón tenía posibilidad de facilitarle trasladándolo a un hospital cercano (capacidad individual de acción). La muerte no le es imputable a pesar de la evitabilidad y el conocimiento. En efecto, si no tiene una posición de garante porque él no ha creado el riesgo para los bienes jurídicos, ni tampoco tiene una obligación institucional de donde surja un deber concreto de evitar el resultado mediante una acción de salvamento, el resultado no le es atribuible. Responde sólo por la omisión de socorro y el fundamento de esa responsabilidad es quebrantar el deber de solidaridad que tiene todo ciudadano”.
En una teoría de la imputación objetiva construida sobre las posiciones de garante, predicable tanto de los delitos de acción como de omisión, la forma de realización externa de la conducta, es decir, determinar si un comportamiento fue realizado mediante un curso causal dañoso o mediante la abstención de una acción salvadora, pierde toda relevancia porque lo importante no es la configuración fáctica del hecho, sino la demostración de sí una persona ha cumplido con los deberes que surgen de su posición de garante”.
Dicha formulación no debe suponer, lo que debe remarcarse por la Sala, una aplicación absoluta o ilimitada de la teoría de la imputación objetiva que lleve a un desbordamiento de los supuestos que pueden ser objeto de la acción de reparación directa, ni a convertir a la responsabilidad extracontractual del Estado como herramienta de aseguramiento universal, teniendo en cuenta que el riesgo, o su creación, no debe llevar a “una responsabilidad objetiva global de la Administración, puesto que no puede considerarse (…) que su actuación [de la administración pública] sea siempre fuente de riesgos especiales”, y que además debe obedecer a la cláusula del Estado Social de Derecho.
Debe, sin duda, plantearse un juicio de imputación en el que demostrado el daño antijurídico, deba analizarse la atribución fáctica y jurídica en tres escenarios: peligro, amenaza y daño. En concreto, la atribución jurídica debe exigir la motivación razonada, sin fijar un solo título de imputación en el que deba encuadrarse la responsabilidad extracontractual del Estado, sino que cabe hacer el proceso de examinar si procede encuadrar en la falla en el servicio sustentada en la vulneración de deberes normativos, que en muchas ocasiones no se reducen al ámbito negativo, sino que se expresan como deberes positivos en los que la procura o tutela eficaz de los derechos, bienes e intereses jurídicos es lo esencial para que se cumpla con la cláusula del Estado Social y Democrático de Derecho; en caso de no poder hacer su encuadramiento en la falla en el servicio, cabe examinar si procede en el daño especial, sustentado en la argumentación razonada de cómo (probatoriamente) se produjo la ruptura en el equilibrio de las cargas públicas; o, finalmente, si encuadra en el riesgo excepcional. De acuerdo con la jurisprudencia de la Sala Plena de la Sección Tercera:
“(…) en lo que se refiere al derecho de daños, el modelo de responsabilidad estatal que adoptó la Constitución de 1.991 no privilegió ningún régimen en particular, sino que dejó en manos del juez definir, frente a cada caso en concreto, la construcción de una motivación que consulte las razones tanto fácticas como jurídicas que den sustento a la decisión que habrá que adoptar. Por ello, la jurisdicción de lo contencioso administrativo ha dado cabida a la utilización de diversos “títulos de imputación” para la solución de los casos propuestos a su consideración, sin que esa circunstancia pueda entenderse como la existencia de un mandato que imponga la obligación al juez de utilizar frente a determinadas situaciones fácticas –a manera de recetario- un específico título de imputación”. (Subrayado fuera del texto)
Así mismo, debe considerarse que la responsabilidad extracontractual no puede reducirse a su consideración como herramienta destinada solamente a la reparación, sino que debe contribuir con un efecto preventivo que permita la mejora o la optimización en la prestación, realización o ejecución de la actividad administrativa globalmente considerada.
Lo anterior, teniendo en cuenta que el juicio de imputación y la imputación, en sí misma, es una sola, constante e invariable en el litigio de responsabilidad, la cual se presenta mediante diferentes criterios o fundamentos, por lo que cabe estudiar la responsabilidad extracontractual del Estado analizando dos extremos, a saber, uno de carácter subjetivo fundamentado en el régimen de la falla del servicio, y aquellos de naturaleza objetiva, el primero, fundado en la ruptura de la igualdad cargas públicas, pese a la licitud de la actuación de la administración, y aquel cuyo fundamento se haya en la concreción de un riesgo lícitamente creado por la administración.
Al respecto, se resalta que los regímenes objetivos son de aplicación subsidiaria y excepcional, por cuanto estos fueron previstos sólo para aquellos eventos en los que la falla no resulta apta para resolver los múltiples casos en los que la administración causa daños antijurídicos, sin que medie una actuación u omisión reprochable a la misma.
Asimismo no puede entenderse que la existencia de los regímenes objetivos de imputación conlleva la objetivación de la responsabilidad extracontractual del Estado, en donde la administración entra a resarcir todo perjuicio que se cause a los particulares, convirtiéndose en un asegurador universal de éstos. Por el contrario, deben rescatarse la subjetividad de la falla del servicio aplicable a todos los casos, en su calidad de régimen común de Derecho y los elementos configurativos de cada criterio de imputación, para la atribución del daño antijurídico a la administración.
4. Pruebas
De los medios probatorios allegados al proceso y que son objeto de valoración, se destacan:
Copia auténtica de la circular de 10 de diciembre de 1997, suscrita por Jaime E. Galarza Sanclemente, rector de la Universidad del Valle, con destino a los “profesores, Empleados Públicos, Trabajadores Oficiales, Jubilados y Pensionados” en cuyo encabezado dice: (Fols. 2 a 4 cuaderno 1.)
“La presente circular contiene información importante para todo el Personal de la Universidad del Valle, en relación con los grupos poblacionales, regímenes pensionales y entes administradores de dicho regímenes. Tiene el propósito de permitirle, a cada Servidor de la Universidad, aclarar su situación particular y brindar la seguridad de que su pensión de jubilación será reconocida y pagada por la Universidad del Valle, cuando a bien quieran hacer uso de este derecho, preservando los derechos prestacionales de cada estamento, sin tener que jubilarse en la actual coyuntura. Lo aquí consignado incorpora aspectos legales establecidos en el Decreto 2337 de Diciembre 24 de 1996 que definió los criterios para la creación del Fondo para el Pago del Pasivo Pensional de la Universidad del Valle.
De acuerdo con este Decreto se establecen tres (3) grandes grupos poblacionales para los Empleados Públicos Docentes y no Docentes y para los Trabajadores Oficiales.
1. El primer grupo está constituido por:
1.1 Los actuales Jubilados y Pensionados.
1.2 Los servidores que a Diciembre 31 de 1997 hayan cumplido las condiciones de edad y el tiempo de servicio para la jubilación.
El subgrupo 1.2 se rige por la Resolución 260/76 del Consejo Directivo y el Acuerdo 004/84 del Consejo Superior respectivamente, tal como lo indica el Acuerdo 004/95 del Consejo Superior. Estos se podrán jubilar una vez hayan cumplido 50 años de edad, 20 años de servicio, con un monto del 100% del ingreso base de liquidación para la pensión, más 1/12 de la última prima pagada (navidad, vacaciones y de servicios), según la resolución y acuerdos antes mencionados. Para los Trabajadores Oficiales se continuará aplicando la Convención Colectiva de Trabajo pactada entre la Universidad del Valle y sus Trabajadores Oficiales, en lo referente a pensiones de jubilación.
Para el subgrupo 1.2 el ingreso base de liquidación es el promedio salarial de lo devengado en el último año de servicios.
El reconocimiento y pago de las Jubilaciones y Pensiones estará a cargo del “Fondo para el Pago de Pensiones de la Universidad del Valle” (…)”
Copia auténtica de la “Circular aclaratoria de la expedida el 1º de diciembre de 1.997 sobre regímenes pensionales en la Universidad del Valle” de fecha 18 de diciembre de 1997, suscrita por el Rector de la institución educativa señor Jaime E. Galarza Sanclemente. (Fol. 4 cuaderno 1.)
Copia auténtica de la Resolución No. 260 de 9 de septiembre de 1976, por medio de la cual el Consejo Directivo de la Universidad del Valle fijó los requisitos de tiempo y edad para acceder a la pensión de jubilación. (Fols. 5-6 cuaderno 1.)
Copia auténtica del Acuerdo No. 004 de 7 de junio de 1995, por medio del cual el Consejo Superior de la Universidad del Valle creó la Dirección de Seguridad Social de la Universidad del Valle. (Fols. 7-9 cuaderno 1.)
Carta de renuncia presentada por el señor Eduardo Brugés Trespalacios el 15 de octubre de 1998, ante el señor Carlos E. Dulcey Bonilla rector de la Universidad del Valle, en la cual manifestó:
“Por medio de la presente me permito renunciar al cargo de profesor asistente de la Universidad con el objeto de acogerme al derecho de pensión de jubilación a partir de Diciembre 1 de 1.998, de conformidad con las circulares de Rectoría de Diciembre 1 de 1.997 y Diciembre 18 de 1.997.” (Fol. 10 cuaderno 1.)
Oficio No. R-0113-2462-98 de 15 de octubre de 1998, por medio del cual el señor rector Carlos Enrique Dulcey, acepta la renuncia presentada por el señor Eduardo Brugés, en los siguientes términos:
“Me refiero a su amable comunicación del 15 de octubre, en la cual presenta renuncia a su cargo de Profesor Asistente, a partir del 31 de diciembre de 1998, para acogerse al beneficio de la jubilación (…).” (Fol. 11 cuaderno 1)
Copia auténtica de la Resolución No. 1.676 de 12 de noviembre de 1998, proferida por la Universidad del Valle, mediante la cual se acepta la renuncia de varios funcionarios entre los cuales se encuentra el señor Eduardo Brugés Trespalacios. (Fols. 12 a 13 cuaderno 1.)
Copia auténtica de la Resolución No. 688 de 14 de mayo de 1999, por medio de la cual la Universidad del Valle negó el reconocimiento de la pensión de jubilación al señor Eduardo Brugés Trespalacios, con fundamento en las siguientes consideraciones: (Fol. 14 a Ibídem.)
“(…)
2. Que de acuerdo con la Constitución Política Nacional, artículo 150 numeral 19 literal e), la fijación del régimen salarial y prestacional de los servidores públicos es facultad exclusiva del Congreso de la República o del Presidente con facultades extraordinarias.
3. Que de conformidad con la legislación vigente en materia de pensiones de jubilación para los servidores públicos en régimen de transición, se exigen como requisitos: 55 o más años de edad y 20 años de servicio en entidades del Estado.
4. Que mediante Acuerdo de (sic) No. 007 del Consejo Superior de Mayo 5 de 1999 “Se precisó el ámbito de aplicación legal y la metodología para el reconocimiento y pago de pensiones de jubilación en la Universidad del Valle”.
5. Que el señor EDUARDO BRUGÉS TRESPALACIOS no cumple el requisito de edad previsto en la Ley 33 de 1985, por cuanto a la presente según el registro civil presentado, tiene 53 años, 8 meses y 24 días.
(…)”
Resolución No. 1.152 de 26 de agosto de 1999, mediante la cual la Universidad del Valle resolvió negativamente el recurso de reposición presentado por el actor en contra de la Resolución No. 688 de 1999 que le negó el reconocimiento de la pensión.(Fols. 16-26 Ib.)
Certificaciones expedidas por la Universidad del Valle, en donde se hace constar que el señor Eduardo Brugés Trespalacios laboro en dicha institución educativa como Profesor Asistente con dedicación de tiempo completo hasta el 30 de diciembre de 1998, que fue retirado del servicio de salud junto con su familia desde el 20 de noviembre de 2000 y que devengaba un salario de $1.823.117. (Fols. 27, 28, 31 y 32 cuaderno1)
Copia auténtica del Registro civil de nacimiento del señor Eduardo Brugés Trespalacios. (Fol. 30 cuaderno 1)
Solicitud de conciliación extrajudicial de 26 de abril de 2001, presentada ante el Agente del Ministerio Público asignado al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. (Fols. 34 a 41 cuaderno 1.) La cual se llevó a cabo de manera fallida el 26 de julio de 2001. (Fols. 42 a 47 Ibídem)
Copia simple de la Resolución No. 117 de noviembre 9 de 1987, por medio de la cual el Consejo Superior de la Universidad del Valle, estableció el régimen de jubilación para los empleados públicos, docentes y administrativos. (Fol. 78 C.1.)
Copia simple del Acuerdo No. 010 de 27 de septiembre de 2000, por medio del cual el Consejo Superior de la Universidad del Valle, revocó el Acuerdo No. 007 de 5 de mayo de 1999, como fundamento de dicha decisión consideró: (Fols. 79 y 80 C.1.)
“(…)
1. Que el Consejo Superior de la Universidad del Valle, mediante Acuerdo Nº 007 del 5 de mayo de 1999 precisó el ámbito de aplicación legal y la metodología para el reconocimiento y pago de pensiones de jubilación en la Universidad del Valle.
2. Que de conformidad con lo dispuesto en los literales e) y f), numeral 19º, Artículo 150º de la Constitución Política de Colombia es al Congreso de la República a quien corresponde fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos.
3. Que existen reiteradas jurisprudencias de la Core Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado en el sentido de que ni las autoridades administrativas, ni las Universidades tienen competencia para fijarse su propio régimen salarial y prestacional.
4. Que por mandato expreso del Artículo 10º de la Ley 4ª de 1992. “Todo régimen salarial o prestacional que se establezca contraviniendo las disposiciones contenidas en la presente Ley o en los Decretos que dicte el Gobierno Nacional en desarrollo de la misma, carecerá de todo efecto y no creará derechos adquiridos”.
5. Que es obligación constitucional y legal de la Universidad del Valle, en el ejercicio de su actividad como Institución de Educación Superior, cumplir en todo momento con el régimen prestacional contemplado en la Leyes y aplicarlo a sus servidores tanto empleados públicos docentes, no docentes y trabajadores oficiales.”
Certificado de tradición y libertad inmobiliaria No. 370-178516 de 6 de noviembre de 2002, en la cual se hace constar que Eduardo Brugés Trespalacios vendió un inmueble de su propiedad el 23 de junio de 1998 a la señora Luz Stella Gálvez Romero. (Fols. 168 a 169 C. 1)
Constancias de 12 de diciembre de 2002, expedidas por la Inmobiliaria Progreso Ltda., en donde se hizo constar que el señor Eduardo Brugés Trespalacios fue inquilino de esa inmobiliaria de enero de 1998 a 31 de diciembre de la misma anualidad pagando un canon de $475.000, y desde enero a diciembre de 1999, pagando un canon de $500.000. (Fols. 171 – 172 C.1)
Copia simple de la liquidación de prestaciones sociales No. 0154/99, realizada por la Universidad del Valle al señor Eduardo Brugés Trespalacios por un valor total a pagar de $40.000.670. (Fol. 173 C.1)
Respuesta de la Universidad del Valle – Área de salud, de 18 de febrero de 2003, sobre el estado mental y físico del señor Eduardo Brugés Trespalacios y su esposa, en el cual manifestó: (Fol. 175 C.1)
“Posterior a revisar historia clínica concluyo, en cuanto a usted:
En Agosto 1999 presentó:
a) Cuadro febril de difícil manejo, identificándose salmonella típica.
b) Dislipidemia mixta.
c) Síndrome de ansiedad secundario a problema laboral en Univalle.
En Marzo 2000:
Se identifica hipertensión arterial.
En Enero 2003:
Se encuentra hipertensión arterial e hiper-trigliceridemia.
No asistencia al servicio médico 2001, 2002 por dificultades laborales en la Universidad.
En cuanto a la señora LUZ HELENA DE BRUGES:
Octubre 1998 Crisis de ansiedad y depresión.
En 1999 Hipotiroidismo y osteoporosis.”
Testimonios rendidos por los señores Hidalgo Prieto Sánchez, Jorge Luis Mazo Hoyos, Ramiro Bonilla Sandoval, Rafael Ceballos Cifuentes, María Tilsia Forero Pardo, quienes fueron contestes en afirmar que la renuncia del señor Eduardo Brugés Trespalacios como profesor de la Universidad del Valle obedeció a la falsa expectativa que le crearon las circulares repartidas por la rectoría a los empleados de dicha institución educativa, y que por el no reconocimiento de la pensión de jubilación aduciendo que había cambiado la normatividad aplicable, le sobrevinieron muchos problemas económicos, emocionales y personales, así mismo que el señor Brugés pidió su reintegro de forma verbal a la universidad. (Fols. 1 a 9 y 11 a 17 del C. 2 de pruebas.)
Certificación de 12 de diciembre de 2005, por medio de la cual la Universidad del Valle – Vicerrectoría Administrativa – División de Recursos Humanos, certifica que el señor Eduardo Brugés Trespalacios “disfruta desde el 20 de agosto de 2000 de pensión mensual de jubilación”. (Fol. 19 C.3 de pruebas)
5. Análisis del caso concreto
Solicita el demandante que se declare por esta Corporación la responsabilidad de la parte demandada al considerar que incurrió en una falla del servicio y que esta fue la causante de la pérdida de su empleo y de la pensión de jubilación que ofreció dicho ente educativo.
Entonces, para resolver el problema jurídico planteado en el caso sub examine, el cual se encamina a determinar si la entidad demandada es responsable por los daños y perjuicios ocasionados al actor por la falla del servicio aludida, o si por el contrario, se debe proceder a confirmar la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda.
Dicho esto, la Sala de Subsección de conformidad con las pruebas aportadas al proceso observa que en el asunto de autos se tiene acreditados los siguientes hechos relevantes para la solución del caso:
Mediante certificación de 24 de mayo de 1999 expedida por la Universidad del Valle, se acreditó que el señor Eduardo Brugés Trespalacios prestó los servicios en dicha institución educativa desde el 1º de octubre de 1979 hasta el 30 de septiembre de 1980, vinculado por contrato de trabajo a término definido, y, mediante nombramiento desde el 1º de octubre de 1980 hasta el 29 de diciembre de 1998, es decir, que en esta institución trabajó por un tiempo de 18 años, 3 meses.
Así mismo, obra certificación de 13 de marzo de 2001 expedida por el Municipio de Santiago de Cali – Dirección Administrativa del Recurso Humano – Unidad de Talento Humano, en la cual se consignó que el señor Eduardo Brugés Trespalacios laboró en dicha entidad como dependiente de la Secretaría de Planeación Municipal desde el 13 de noviembre de 1975 hasta el 23 de noviembre de 1979, es decir, durante 3 años, 10 meses y 11 días.
Que los días 1º y 18 de diciembre de 1997, la Universidad del Valle por conducto de su rector, difundió dos circulares contentivas de información relevante para los trabajadores del citado ente educativo interesados en obtener su pensión
Que en la primera circular (1 de diciembre de 1997), se consignó en síntesis que con ella se buscaba brindar la seguridad sobre la pensión de jubilación que sería “reconocida y pagada por la Universidad del Valle, cuando a bien quieran hacer uso de este derecho, preservando los derechos prestacionales de cada estamento, sin tener que jubilarse en la actual coyuntura”. Adicionalmente, la circular llama la atención sobre el Decreto 2337 de 1996 que creó el Fondo para el Pago del Pasivo Pensional de la Universidad del Valle en virtud a lo contemplado en la Ley 100 de 1993 y en donde se estableció tres grandes grupos poblacionales para los empleados docentes no docentes y para los trabajadores oficiales, así lo indicó:
“La presente circular contiene información importante para todo el Personal de la Universidad del Valle, en relación con los grupos poblacionales, regímenes pensionales y entes administradores de dicho regímenes. Tiene el propósito de permitirle, a cada Servidor de la Universidad, aclarar su situación particular y brindar la seguridad de que su pensión de jubilación será reconocida y pagada por la Universidad del Valle, cuando a bien quieran hacer uso de este derecho, preservando los derechos prestacionales de cada estamento, sin tener que jubilarse en la actual coyuntura. Lo aquí consignado incorpora aspectos legales establecidos en el Decreto 2337 de Diciembre 24 de 1996 que definió los criterios para la creación del Fondo para el Pago del Pasivo Pensional de la Universidad del Valle.
De acuerdo con este Decreto se establecen tres (3) grandes grupos poblacionales para los Empleados Públicos Docentes y no Docentes y para los Trabajadores Oficiales.
1. El primer grupo está constituido por:
1.1 Los actuales Jubilados y Pensionados.
1.2 Los servidores que a Diciembre 31 de 1997 hayan cumplido las condiciones de edad y el tiempo de servicio para la jubilación.
El subgrupo 1.2 se rige por la Resolución 260/76 del Consejo Directivo y el Acuerdo 004/84 del Consejo Superior respectivamente, tal como lo indica el Acuerdo 004/95 del Consejo Superior. Estos se podrán jubilar una vez hayan cumplido 50 años de edad, 20 años de servicio, con un monto del 100% del ingreso base de liquidación para la pensión, más 1/12 de la última prima pagada (navidad, vacaciones y de servicios), según la resolución y acuerdos antes mencionados. Para los Trabajadores Oficiales se continuará aplicando la Convención Colectiva de Trabajo pactada entre la Universidad del Valle y sus Trabajadores Oficiales, en lo referente a pensiones de jubilación.
Para el subgrupo 1.2 el ingreso base de liquidación es el promedio salarial de lo devengado en el último año de servicios.
El reconocimiento y pago de las Jubilaciones y Pensiones estará a cargo del “Fondo para el Pago de Pensiones de la Universidad del Valle” (…).
(…)
Igualmente, para los Servidores de los dos (2) grupos anteriores, el tiempo de servicio se calculará teniendo en cuenta el tiempo laborado en otros Entes Estatales, las semanas cotizadas al ISS y el tiempo de servicio militar. Además, para los Docentes, se tendrán en cuenta dos (2) años por cada texto de enseñanza publicado y reconocido mediante resolución, hasta un máximo de cuatro (4) años.” (Negrilla y subrayado fuera del texto).
La segunda circular, es la del 18 de diciembre de 1997, en la cual se realizaron una serie de aclaraciones a la circular del 1 de diciembre de 1997 en lo atinente al estamento que asumiría el reconocimiento y pago de las pensiones.
Sostiene el accionante, que meses después de la expedición de las circulares referidas mediante escrito de 15 de octubre de 1998, presentó renuncia a su cargo a partir del 31 de diciembre de la misma anualidad, la cual, fue aceptada por el rector de la universidad mediante oficio No. R-0113-2462-98 de 15 de octubre de 1998 y formalmente mediante Resolución No. 1.676 de 12 de noviembre del mismo año.
Que de acuerdo con el registro civil de nacimiento del señor Eduardo Brugés Trespalacios, se tiene que nació el 20 de agosto de 1945, es decir, que para el 31 de diciembre de 1997 –fecha de la renuncia - tenía 53 años de edad y contaba con un tiempo de servicio superior a los 20 años.
De acuerdo con lo anterior, para la Sala no se encuentra configurada la falla del servicio alegada por el actor, en el sentido que aunque no se desconoce que los actos proferidos por la Universidad del Valle presentaban falencias y contradicciones de conformidad con lo establecido en la ley pensional vigente para el momento de los hechos, por este solo hecho, no es dable afirmar como así lo sostiene la demandante, que la accionada fue la causante de la pérdida de su empleo y de la pensión de jubilación, pues lo que se observa en el plenario es que fue el demandante quien presentó el 15 de octubre de 1998, de manera libre y voluntaria renuncia al cargo de profesor asistente ante la Universidad para acogerse a su derecho de pensión de jubilación, renuncia que solicitó con efectos a partir del 31 de diciembre de 1998.
Además enfatiza la Sala, que del contenido general de las circulares aludidas en el caso sub examine, no se desprende en ningún momento que al señor Eduardo Brugés se le exigiera renunciar a su cargo, por el contrario, las circulares fueron enfáticas en señalar que lo preceptuado era para “cuando a bien quieran hacer uso de este derecho, preservando los derechos prestacionales de cada estamento, sin tener que jubilarse en la actual coyuntura”, razón por la cual no es dable aceptar el argumento planteado por el apelante en el sentido que esta fue la causa para quedar privado de su empleo docente.
Ahora bien, frente al contenido de las circulares difundidas por el rector de la Universidad del Valle en materia pensional, debe esta Sala pronunciarse con contundencia para expresar que estas, no pueden desde ningún punto de vista por su naturaleza de disposiciones internas y generales, modificar ni mucho menos desconocer o contradecir lo estatuido en las de rango superior, es decir, la ley vigente para acceder al reconocimiento y pago de la pensión de jubilación o vejez.
Entonces descendiendo al asunto en cuestión, la Sala observa que el señor Brugés Trespalacios lo que pretendía era acceder a la pensión de jubilación o vejez de conformidad con los parámetros contenidos en las circulares expedidas por el ente universitario demandado, violando o desconociendo la ley pensional vigente para el momento de los hechos. - Ley 100 de 1993-.
Al respecto, es pertinente señalar que lo establecido en la Constitución Política de Colombia y en leyes es de obligatorio cumplimiento por parte de todas las personas, eso es, precisamente lo que exige y se proclama en un Estado Social de Derecho como el nuestro.
Así pues, la Carta Magna en numeral 19, literales e y f del artículo 150 estableció como función del Congreso de la República la de dictar normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno, para efecto de fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso nacional y de la Fuerza Pública y regular el régimen de prestaciones sociales mínimas de los trabajadores oficiales.
De manera que, en desarrollo de la anterior disposición constitucional, el Congreso expidió la Ley 4ª de 1992, señalando las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, entre ellos los de los niveles departamental, distrital y municipal y de las prestaciones sociales de los trabajadores oficiales, consagrando en el artículo 12 que no podrán las Corporaciones Públicas territoriales arrogarse esta facultad.
Con este fundamento constitucional y legal, no es admisible para esta Sala lo invocado por el accionante en su demanda, pues lo establecido por la Universidad del Valle en las circulares citadas en virtud de su autonomía, no puede estar por encima de lo prescrito por la ley para estos efectos, así lo ha señalado la jurisprudencia del Consejo de Estado:
“Sobre el particular, una vez analizado el contenido de los artículos 3º, 8º , 129 y 153, numeral 2, de la ley 100 de 1993, que la demandante considera violados, la Sala concluye que le asiste razón a la misma en dicha apreciación, dado que la autonomía universitaria que se predica respecto de las entidades docentes hace relación al ámbito académico, financiero y administrativo, sin que dentro de este último pueda entenderse comprendido el sistema de seguridad social en salud aplicable a su personal administrativo y docente, a sus trabajadores oficiales y a sus pensionados, pues dicho régimen se encuentra previsto en la ley 100 de 1993, debiendo las entidades universitarias. sujetarse al mismo”. (Subrayado y negrilla fuera de texto)
Dicho esto, la Sala de Subsección tampoco puede desconocer lo preceptuado en el artículo 10 de la Ley 4ª de 1992 “Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política”, donde de manera diáfana y previendo situaciones como la aquí estudiada, estableció que “todo régimen salarial o prestacional que se establezca contraviniendo las disposiciones contenidas en la presente Ley o en los decretos que dicte el Gobierno Nacional en desarrollo de la misma, carecerá de todo efecto y no creará derechos adquiridos”, con lo cual se configura la denominada ineficacia de pleno derecho o la fórmula pro non scripta.
Ahora bien, en lo que se refiere a la fórmula pro non scripta, quién mejor para ilustrarla que el Dr. Fernando Alarcón Rojas, quien luego de una juiciosa investigación concluyó que “la ineficacia de pleno derecho es una sanción in limine que el ordenamiento impone a los actos que violan sus normas imperativas, el orden público o las buenas costumbres y que consiste en que en los expresos casos señalados en la ley, el especifico acto trasgresor y únicamente éste, se borra de pleno derecho de la realidad jurídica y se tiene como si no se hubiera realizado (…) es decir que no requiere de pronunciamiento judicial para que opere, lo que denota economía, celeridad y eficacia de la sanción”
Conforme con lo anterior, la Subsección considera que pese a que las mencionadas circulares precisaron unos determinados requisitos para acceder a la pensión de jubilación o vejez, estas no tienen efecto alguno, esto significa, que son ineficaces de pleno derecho y consecuencialmente, nunca podrá alegarse que con estos actos se crearon derechos, por simple hecho que se tienen por no escritas al ser disposiciones contrarias a la ley pensional vigente.
Adicionalmente no es argumento con vocación de prosperidad el desconocimiento de la ley, ya que esto no exime de su cumplimiento, lo cierto es, que el actor para reclamar su derecho a la pensión de vejez debía estarse a lo contemplado el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 que preceptua “La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o mas años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente Ley.” (subrayado fuera de texto)
De manera que, como el actor a la fecha de entrada en vigencia del sistema general de pensiones establecido en la Ley 100, contaba con 49 años de edad, edad que lo hacía merecedor de la aplicación del régimen de transición señalado por la norma para efecto de reclamar el reconocimiento y pago de su pensión de jubilación, esto es, solo debía acreditar los requisitos previstos bajo el imperio de la anterior Ley 33 de 1985, que eran el cumplimiento de veinte (20) años de labor continua o discontinua como empleados oficiales y cincuenta (50) años de edad, en el caso de las mujeres, o cincuenta y cinco (55), si son hombres.
De allí que, la Sala de Subsección evidencie que el recurrente al momento de presentar su solicitud tendiente al reconocimiento de su pensión de jubilación no cumplía como así lo indicó la Universidad del Valle con el requisito de edad establecido por la ley, de 55 años, pues este, solo contaba con 53, lo cual impedía el reconocimiento pretendido.
En consecuencia, reafirma la Sala que la falla en el servicio en el caso de autos no se presentó y en consonancia con ello deberán despacharse desfavorablemente las pretensiones de la demanda.
7. Costas
Finalmente, toda vez que para el momento en que se profiere este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente y, en el sub lite, ninguna procedió de esa forma, no habrá lugar a imponerlas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sub-sección C, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 26 de octubre de 2007 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por las razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.
TERCERO: Sin condena en costas.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE
JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA
Magistrado Ponente
GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE
Magistrado
Ausente con excusa
JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Magistrado
Folios. 48 a 58 Cuaderno 1. Folio 176-181 Cuaderno 1. Fls. 59-60 del C.1. Fls. 157-167 del C.1. Fls. 201-204 del C.1. Fol. 225 del C.1. Fls. 226-229 del C.1. Fols. 136- 143 del C. Ppal. Fol. 243 del C. Ppal. Fol. 253-265 del C. Ppal. Fol. 267 del C. Ppal. Artículo 129. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se conceda el extraordinario de revisión. (…)
La estimación razonada de la cuantía es de $297.066.670, es decir, que se cumple con el requisito. La “responsabilidad patrimonial del Estado se presenta entonces como un mecanismo de protección de los administrados frente al aumento de la actividad del poder público, el cual puede ocasionar daños, que son resultado normal y legítimo de la propia actividad pública, al margen de cualquier conducta culposa o ilícita de las autoridades, por lo cual se requiere una mayor garantía jurídica a la órbita patrimonial de los particulares. Por ello el actual régimen constitucional establece entonces la obligación jurídica a cargo del estado de responder por los perjuicios antijurídicos que hayan sido cometidos por la acción u omisión de las autoridades públicas, lo cual implica que una vez causado el perjuicio antijurídico y éste sea imputable al Estado, se origina un traslado patrimonial del Estado al patrimonio de la víctima por medio del deber de indemnización”. Corte Constitucional, Sentencia C-333 de 1996. Postura que fue seguida en la sentencia C-892 de 2001, considerándose que el artículo 90 de la Carta Política “consagra también un régimen único de responsabilidad, a la manera de una cláusula general, que comprende todos los daños antijurídicos causados por las actuaciones y abstenciones de los entes públicos”. Corte Constitucional, sentencia C-892 de 2001. En precedente jurisprudencial constitucional se indica: “El Estado de Derecho se funda en dos grandes axiomas: El principio de legalidad y la responsabilidad patrimonial del Estado. La garantía de los derechos y libertades de los ciudadanos no se preserva solamente con la exigencia a las autoridades públicas que en sus actuaciones se sujeten a la ley sino que también es esencial que si el Estado en ejercicio de sus poderes de intervención causa un daño antijurídico o lesión lo repare íntegramente”. Corte Constitucional, Sentencia C-832 de 2001. Derechos e intereses que constitucional o sustancialmente reconocidos “son derechos de defensa del ciudadano frente al Estado”. ALEXY, Robert. “Teoría del discurso y derechos constitucionales”, en VASQUEZ, Rodolfo; ZIMMERLING, Ruth (Coords). Cátedra Ernesto Garzón Valdés. 1ª reimp. México, Fontamara, 2007, p.49.
“La responsabilidad patrimonial del Estado en nuestro ordenamiento jurídico tiene como fundamento un principio de garantía integral del patrimonio de los ciudadanos”. Corte Constitucional, sentencia C-832 de 2001. La “razón de ser de las autoridades públicas es defender a todos los ciudadanos y asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado. Omitir tales funciones entraña la responsabilidad institucional y la pérdida de legitimidad. El estado debe utilizar todos los medios disponibles para que el respeto de la vida y derechos sea real y no solo meramente formal”. Sentencia de 26 de enero de 2006, Exp. AG-2001-213. En la doctrina puede verse STARCK, Boris. Essai d une théorie general de la responsabilité civile considerée en sa doublé fonction de garantie et de peine privée.
Paris, 1947.
“La responsabilidad, a diferencia de la expropiación, no representa un instrumento en manos de la Administración para satisfacer el interés general, una potestad más de las que ésta dispone al llevar a cabo su actividad, sino un mecanismo de garantía destinado a paliar, precisamente, las consecuencias negativas que pueda generar dicha actividad. La responsabilidad, por así decirlo, no constituye una herramienta de actuación de la Administración, sino de reacción, de reparación de los daños por ésta producidos”. MIR PUIGPELAT, Oriol. La responsabilidad patrimonial de la administración. Hacia un nuevo sistema. 1ª ed. Madrid, Civitas, 2001, p.120. MIR PUIGPELAT, Oriol. La responsabilidad patrimonial de la administración. Hacia un nuevo sistema., ob., cit., pp.120-121.
“3- Hasta la Constitución de 1991, no existía en la Constitución ni en la ley una cláusula general expresa sobre la responsabilidad patrimonial del Estado. Sin embargo, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y, en especial, del Consejo de Estado encontraron en diversas normas de la constitución derogada –en especial en el artículo 16- los fundamentos constitucionales de esa responsabilidad estatal y plantearon, en particular en el campo extracontractual, la existencia de diversos regímenes de responsabilidad, como la falla en el servicio, el régimen de riesgo o el de daño especial. Por el contrario, la actual Constitución reconoce expresamente la responsabilidad patrimonial del Estado”. Corte Constitucional, sentencia C-864 de 2004. Puede verse también: Corte Constitucional, sentencia C-037 de 2003. Conforme a lo establecido en el artículo 90 de la Carta Política “los elementos indispensables para imputar la responsabilidad al estado son: a) el daño antijurídico y b) la imputabilidad del Estado”. Sentencia de 21 de octubre de 1999, Exps.10948-11643. Es, pues “menester, que además de constatar la antijuridicidad del [daño], el juzgador elabore un juicio de imputabilidad que le permita encontrar un título jurídico distinto de la simple causalidad material que legitime la decisión; vale decir, ‘la imputatio juris’ además de la ‘imputatio facti’”. Sentencia de 13 de julio de 1993. En el precedente jurisprudencial constitucional se sostiene: “En efecto, el artículo de la Carta señala que para que el Estado deba responder, basta que exista un daño antijurídico que sea imputable a una autoridad pública. Por ello, como lo ha reiterado esta Corte, esta responsabilidad se configura “siempre y cuando: i) ocurra un daño antijurídico o lesión, ii) éste sea imputable a la acción u omisión de un ente público”. Corte Constitucional, sentencias C-619 de 2002; C-918 de 2002.
“(…) el perjudicado a consecuencia del funcionamiento de un servicio público debe soportar el daño siempre que resulte (contrario a la letra o al espíritu de una norma legal o) simplemente irrazonable, conforme a la propia lógica de la responsabilidad patrimonial, que sea la Administración la que tenga que soportarlo”. PANTALEON, Fernando. “Cómo repensar la responsabilidad civil extracontractual (También de las Administraciones públicas)”, en AFDUAM, No.4, 2000, p.185.
“(…) que lo razonable, en buena lógica de responsabilidad extracontractual, para las Administraciones públicas nunca puede ser hacerlas más responsables de lo que sea razonable para los entes jurídico-privados que desarrollan en su propio interés actividades análogas”. PANTALEON, Fernando. “Cómo repensar la responsabilidad civil extracontractual (También de las Administraciones públicas)”. ob., cit., p.186. Corte Constitucional, sentencia C-254 de 2003. Así mismo, se considera: “El artículo 90 de la Carta, atendiendo las (sic) construcciones jurisprudenciales, le dio un nuevo enfoque normativo a la responsabilidad patrimonial del Estado desplazando su fundamento desde la falla del servicio hasta el daño antijurídico.
Ello implica la ampliación del espacio en el que puede declararse la responsabilidad patrimonial del Estado pues el punto de partida para la determinación de esa responsabilidad ya no está determinado por la irregular actuación estatal – bien sea por la no prestación del servicio, por la prestación irregular o por la prestación tardía- sino por la producción de un daño antijurídico que la víctima no está en el deber de soportar, independientemente de la regularidad o irregularidad de esa actuación”. Corte Constitucional, sentencia C-285 de 2002. Debe advertirse que revisada la doctrina de la responsabilidad civil extracontractual puede encontrarse posturas según las cuales “debe rechazarse que el supuesto de hecho de las normas sobre responsabilidad civil extracontractual requiera un elemento de antijuricidad (sic)”. PANTALEÓN, Fernando. “Cómo repensar la responsabilidad civil extracontractual (También de las Administraciones públicas)”, en AFDUAM. No.4, 2000, p.168. Corte Constitucional, sentencia C-333 de 1996. Puede verse también: Corte Constitucional, sentencia C-918 de 2002. A lo que se agrega: “El artículo 90 de la Constitución Política le suministró un nuevo panorama normativo a la responsabilidad patrimonial del Estado. En primer lugar porque reguló expresamente una temática que entre nosotros por mucho tiempo estuvo supeditada a la labor hermenéutica de los jueces y que sólo tardíamente había sido regulada por la ley. Y en segundo lugar porque, al ligar la responsabilidad estatal a los fundamentos de la organización política por la que optó el constituyente de 1991, amplió expresamente el ámbito de la responsabilidad estatal haciendo que ella desbordara el límite de la falla del servicio y se enmarcara en el más amplio espacio del daño antijurídico”. Corte Constitucional, sentencia C-285 de 2002. Sin embargo, cabe advertir, apoyados en la doctrina iuscivilista que “no puede confundirse la antijuridicidad en materia de daños con lesiones de derechos subjetivos y, menos todavía, una concepción que los constriña, al modo alemán, a los derechos subjetivos absolutos, entendiendo por tales los derechos de la personalidad y la integridad física, el honor, la intimidad y la propia imagen y los derechos sobre las cosas, es decir, propiedad y derechos reales”. DÍEZ-PICAZO, Luis. Fundamentos del derecho civil patrimonial. La responsabilidad civil extracontractual. 1ª ed. Navarra, Aranzadi, 2011, p.297. Corte Constitucional, sentencia C-333 de 1996; C-832 de 2001. Cabe afirmar, que en la doctrina del derecho civil se advierte que “la antijuridicidad del daño no se produce porque exista violación de deberes jurídicos”, definiéndose como “violación de una norma especial o de la más genérica alterum non laedere”. DÍEZ-PICAZO, Luis. Fundamentos del derecho civil patrimonial. La responsabilidad civil extracontractual., ob., cit., p.298. Agregándose: “Para eludir el cumplimiento de sus deberes jurídicos no puede exigirle al juez que, como no le alcanzan sus recursos fiscales, no le condene por ejemplo, por los atentados de la fuerza pública, contra la dignidad de la persona humana". Sentencia de 9 de febrero de 1995. Exp.9550. Sentencia de 19 de mayo de 2005. Rad. 2001-01541 AG.
“por haber excedido los inconvenientes inherentes al funcionamiento del servicio”. Sentencia de 14 de septiembre de 2000. Exp.12166. Sentencia de 2 de junio de 2005. Rad. 1999-02382 AG. Consejo de Estado, sentencia de 13 de julio de 1993, Exp. 8.163. Debe tenerse en cuenta que la falla en el servicio es el título de imputación, de vieja data acogido por nuestro ordenamiento jurídico como el régimen bajo el cual, por excelencia, se deduce la responsabilidad extracontractual de la administración, por el mal funcionamiento de los servicios que se encuentran en cabeza del Estado, ya sea porque éste no se prestó, se prestó tardíamente, defectuosamente o equivocadamente.
Por lo cual, mientras la parte que demanda la responsabilidad estatal, tiene la carga de demostrar dicha falta, corresponde a la administración, acreditar que su actuación fue oportuna, prudente, diligente, eficaz y con pericia, es decir, que no hubo falla del servicio o, que no obstante, su adecuada y oportuna actuación, se presentó una causa extraña, que desbordó su diligencia y eficacia, a saber, la fuerza mayor o caso fortuito, el hecho exclusivo y determinante de la víctima o, el hecho, también, exclusivo y determinante de un tercero. Asimismo, teniendo en cuenta que las actuaciones de la administración por su naturaleza son esencialmente regladas, la falla del servicio ha sido considerada como la violación de una obligación a cargo del Estado, de manera que para lograr determinar cuál es el contenido obligacional al que está sujeto el Estado frente a un caso concreto, debe el juez referirse en primer término, a las normas que regulan la actividad pública causante del perjuicio, previendo, adicionalmente que la determinación de la obligación administrativa, no solo está circunscrita a los casos en que la ley o el reglamento la consagran expresa y claramente, sino también en todos aquellos eventos en que de hecho la Administración asume un servicio o lo organiza, o cuando la actividad cumplida está implícita en las funciones del Estado. Nótese igualmente, que la falla de la administración, se configura, no solo en la mala prestación de los servicios a cargo del Estado sino, también, por la falta o ausencia de prestación, es decir por omisión, en el entendido que el Estado debe utilizar todos los medios de que dispone para lograr la garantía y seguridad, real, de los bienes jurídicos y derechos de los administrados, y no conformarse con realizar una simple defensa formal de los mismos. En relación con la responsabilidad del Estado por omisión, ha considerado la Sala que para la imputación de un daño antijurídico a la administración, es necesario que se acredite la existencia de una obligación legal o reglamentaria a cargo de la entidad demandada de realizar la acción con la cual se habrían evitado los perjuicios y la omisión de poner en funcionamiento los recursos de que se dispone para el adecuado cumplimiento del deber legal, atendidas las circunstancias particulares del caso, de manera que lo que aquí se realiza, es una imputación objetiva por desconocimiento de los deberes normativos, a título de falla. Consejo de Estado, sentencia de 30 de marzo de 1990, Exp. 3510. Fol. 29 cuaderno 1. Fl.2 C. 1
Folio 30 cuaderno 1. Ley 100 de 1993. ARTÍCULO 11. CAMPO DE APLICACIÓN. <Artículo modificado por el artículo HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0797_2003.html" \l "1" 1 de la Ley 797 de 2003. El nuevo texto es el siguiente:> El Sistema General de Pensiones consagrado en la presente ley, se aplicará a todos los habitantes del territorio nacional, conservando y respetando, adicionalmente todos los derechos, garantías, prerrogativas, servicios y beneficios adquiridos y establecidos conforme a disposiciones normativas anteriores, pactos, acuerdos o convenciones colectivas de trabajo para quienes a la fecha de vigencia de esta ley hayan cumplido los requisitos para acceder a una Pensión o se encuentren pensionados por jubilación, vejez, invalidez, sustitución o sobrevivientes de los sectores público, oficial, semioficial en todos los órdenes del régimen de Prima Media y del sector privado en general. Consejo de Estado. Sentencia del 20 de mayo de 1999. Exp:
5047.
“Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política”. ALARCON Rojas Fernando, La Ineficacia de Pleno Derecho en los Negocios Jurídicos, Ed. Universidad Externado de Colombia
30 de junio de 1995 de acuerdo con el Decreto 691 de 1994
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