Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 08001-23-33-000-2018-00391-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 08001-23-33-000-2018-00391-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 08001-23-33-000-2018-00391-01
Consejero ponente: Nicolás Yepes Corrales
23 de febrero de 2026
Radicación: 08001-23-33-000-2018-00391-01 (67378)
Demandante: Consorcio San Nicolás
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá, D.C., veintitrés (23) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO –
CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Radicación: 08001-23-33-000-2018-00391-01 (67378)
Demandante: CONSORCIO SAN NICOLÁS
Demandado: DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE
BARRANQUILLA
TEMAS: ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES – Del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho y de controversias contractuales – Al amparo del artículo 165 del CPACA /
LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA PARA DEMANDAR LA NULIDAD DEL ACTO DE ADJUDICACIÓN
Y LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO – Radica en los oferentes que participaron en la
licitación pública que da origen al acto de adjudicación acusado y al contrato cuestionado /
SUBSANABILIDAD DE LA OFERTA – Desarrollo normativo – En virtud del artículo 5º de la Ley 1150
de 2007 se pueden subsanar requisitos que no influyan en la comparación de las ofertas /
INEFICACIA DE PLENO DERECHO – Prevista en el artículo 24 de la Ley 80 de 1993 – No requiere
de declaración judicial / RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – En los eventos en que se declara
la nulidad del acto de adjudicación – El demandante debe acreditar que su propuesta cumple con
las condiciones del pliego y es la más favorable para la entidad. INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS
– Al oferente que se le priva del derecho de ser adjudicatario se le causa un daño antijurídico y tiene
derecho al reconocimiento de la utilidad dejada de percibir, siempre y cuando demuestre el provecho
económico que esperaba recibir en caso de ser adjudicatario / NULIDAD ABSOLUTA DEL
CONTRATO – Causal 4ª del artículo 44 de la Ley 80 de 1993 – Cuando se declaren nulos los actos
administrativos en que se fundamenta.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia del 13 de julio de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo del
Atlántico, que declaró no probada la excepción de falta de legitimación en la causa
por activa y negó las pretensiones de la demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
El Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla -en lo sucesivo el Distrito
de Barranquilla o la entidad- adelantó la licitación pública LP-022-2017, con el objeto
de contratar la rehabilitación y/o mejoramiento de los mercados públicos en
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Demandante: Consorcio San Nicolás
Barranquilla. Al proceso licitatorio se presentaron trece (13) proponentes, entre
ellos, el Consorcio San Nicolás y el Consorcio Barranquilla CAN 2017.
En el desarrollo de la audiencia de adjudicación -etapa en la cual únicamente se
encontraban habilitados el Consorcio San Nicolás y el Consorcio Barranquilla CAN
2017- la entidad dejó constancia que, aun cuando el Consorcio San Nicolás
ocupaba el primer lugar en el orden de elegibilidad, uno de los profesionales que
integraba su equipo de trabajo no cumplía con la dedicación mínima exigida en el
pliego de condiciones, circunstancia que le sirvió de fundamento para que, en el
marco de dicha audiencia, procediera a rechazar de plano su ofrecimiento.
Mediante la Resolución No. 203 del 27 de septiembre de 2017, la entidad adjudicó
la licitación pública LP-022-2017 al Consorcio Barranquilla CAN 2017, único
proponente que finalmente resultó habilitado durante el proceso de selección. En
consecuencia, el 28 de septiembre de la misma anualidad, el Distrito de Barranquilla
y el Consorcio Barranquilla CAN 2017 celebraron el contrato No. 012017002333,
con el objeto de realizar las obras tendientes a la rehabilitación y/o mejoramiento de
los mercados públicos en Barranquilla.
En su demanda, la parte actora solicita la nulidad de la Resolución No. 203 del 27
de septiembre de 2017, mediante la cual se adjudicó la licitación pública LP-022-
2017 y, a título de restablecimiento del derecho, reclama el valor de la utilidad dejada
de percibir al haber sido privado injustamente de la posibilidad de ejecutar el
contrato. Además, con fundamento en la ilegalidad del acto de adjudicación, solicita
que se declare la nulidad absoluta del contrato No. 012017002333 del 28 de
septiembre de 2017, resultante del proceso licitatorio.
II. ANTECEDENTES
1. La demanda
1.1. El 11 de abril de 20181, el Consorcio San Nicolás, integrado por Spora S.A.S,
Constructora Espiga S.A.S., Gallardo´s & Asociados y Avintia Proyectos y
Construcción SL Sucursal en Colombia, mediante apoderado judicial y en ejercicio
1 Folio 1 del cuaderno principal del Tribunal Administrativo del Atlántico.
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de los medios de control de nulidad y restablecimiento del derecho y controversias
contractuales, presentó demanda en contra del Distrito de Barranquilla.
1.2. En su demanda, la parte demandante formuló las siguientes pretensiones (se
transcriben de forma literal, incluso con posibles errores):
“PRIMERO. - Que se declare NULA la Resolución de Adjudicación No. 203", de fecha
27 de septiembre de 2017 expedida por la Secretaria General del Distrito de
Barranquilla en ejercicio de delegación conferida por el Señor Alcalde Distrital
mediante Decreto Distrital 080 de 2016, mediante la cual se adjudicó la Licitación
Pública LP-022-2017.
SEGUNDO. - Que se ordene el RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO concretado
en la pérdida de oportunidad de recibir la utilidad que el convocante esperaba obtener
al presentar la oferta más favorable dentro del proceso de Licitación Pública No. LP
022-2017 sustanciado por la entidad demandada, declarando que el Distrito de
Barranquilla adeuda al Consorcio San Nicolás la suma de MIL VEINTISÉIS
MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SISTE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y
UN PESOS MLC ($1.026.267.651,00).
TERCERO. - Que como consecuencia de lo anterior se declare la NULIDAD
ABSOLUTA del Contrato de Obra 012017002333 suscrito entre el Distrito de
Barranquilla y el Consorcio Barranquilla CAN 2017, y derivado de la Licitación Pública
No. LP 022-2017.
CUARTO. - Que los valores de las pretensiones se ACTUALICEN al momento de su
pago efectivo, y sobre ellas se apliquen los intereses moratorios a la tasa legal
aplicable, conforme a lo preceptuado en los artículos 187 y 192 de la Ley 1437 de
2011.
SEXTO. - Que se ordene el CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA dentro del término
establecido en el artículo 192 de la Ley 1437 de 2011.
SEPTIMO. - Que se CONDENE EN COSTAS Y AGENCIAS EN DERECHO a la parte
demandada”. (negrillas y mayúsculas sostenidas propias del texto transcrito).
1.3. Como fundamentos fácticos de sus pretensiones, la parte demandante narró
los siguientes hechos que, a continuación, la Sala sintetiza:
1.3.1. Mencionó que por medio de la Resolución No. 178 del 11 de agosto de 2017,
el Distrito de Barranquilla dio apertura a la licitación pública LP-022-2017, con el fin
de contratar la rehabilitación y/o mejoramiento de los mercados públicos en
Barranquilla.
1.3.2. Afirmó que al proceso licitatorio se presentaron trece (13) proponentes, entre
ellos, el Consorcio San Nicolás y el Consorcio Barranquilla CAN 2017.
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1.3.3. Indicó que, mediante Adenda No. 1 del 31 de agosto del 2017, la entidad
modificó las fechas subsiguientes al cierre del proceso de selección, frente a lo cual
agregó que, ese mismo día, el Distrito publicó una “solicitud de subsanabilidad”, en
la que requirió a los proponentes para que presentaran aclaraciones y documentos
relacionados con el cumplimiento de los requisitos habilitantes.
1.3.4. Precisó que al Consorcio San Nicolás únicamente se le requirió aportar el
certificado de inscripción en el registro único de proponentes -RUP-, junto con los
soportes pertinentes para acreditar su capacidad organizacional, financiera y
residual, así como la experiencia de su equipo de trabajo, conforme a lo establecido
en el pliego de condiciones.
1.3.5. Señaló que el 7 de septiembre de 2017, la entidad publicó el informe de
evaluación del proceso de selección, en el que el comité evaluador concluyó en un
principio que la propuesta presentada por el Consorcio San Nicolás no cumplía con
los requisitos técnicos exigidos, por cuanto no acreditó en debida forma la
experiencia del equipo de trabajo.
1.3.6. Puntualizó que, mediante las Adendas No. 2 y 3 del 8 y 14 de septiembre de
2017, respectivamente, la entidad modificó nuevamente el cronograma previsto
para la etapa precontractual.
1.3.7. Aseguró que los días 19 y 27 de septiembre de 2017 se llevó a cabo la
audiencia de adjudicación, en la cual la entidad le asistió razón al Consorcio San
Nicolás, en el sentido de que la experiencia del equipo de trabajo se encontraba
debidamente acreditada, por lo que habilitó su propuesta.
1.3.8. Agregó que, superadas tanto la verificación de los requisitos habilitantes como
la ponderación de las propuestas, la entidad estableció que el Consorcio San
Nicolás ocupaba el primer lugar en el orden de elegibilidad, con un puntaje de
994,582, seguido del Consorcio Barranquilla CAN 2017, que obtuvo 939,729 puntos.
No obstante lo anterior, señaló que, con posterioridad y en una etapa avanzada de
la audiencia, de manera sorpresiva la entidad advirtió un presunto incumplimiento
de un requisito habilitante por parte del Consorcio San Nicolás, relacionado con la
dedicación mínima exigida de la profesional en gestión social, María Teresa Medina,
circunstancia que condujo a la entidad a rechazar de plano su propuesta.
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Demandante: Consorcio San Nicolás
1.3.9. Sostuvo que, en consecuencia, mediante la Resolución No. 203 del 27 de
septiembre de 2017, la entidad le adjudicó la licitación pública LP-022-2017 al
Consorcio Barranquilla CAN 2017.
1.3.10. Indicó que el 28 de septiembre de 2017, tanto el Consorcio San Nicolás
como la señora María Teresa Medina radicaron, de manera independiente, una
solicitud de revocatoria directa contra el acto de adjudicación; no obstante, en esa
misma fecha, el Distrito y el Consorcio Barranquilla CAN 2017 suscribieron el
contrato No. 012017002333, resultante del proceso licitatorio.
1.3.11. Señaló que, para la fecha de presentación de la demanda, el Distrito de
Barranquilla no había emitido respuesta frente a las solicitudes de revocatoria
directa del acto de adjudicación.
1.4. Como fundamentos jurídicos de la demanda, el extremo activo expuso lo
siguiente:
1.4.1. Alegó que el acto de adjudicación violó los artículos 6, 13, 23 y 29 de la
Constitución Política, 23, 24, 25, 26, 28, 30 y 51 de la Ley 80 de 1993, 5 de la Ley
1150 de 2007 y 2.2.1.1.2.2.2. del Decreto 1082 de 2015.
1.4.2. Al respecto, recalcó que el Consorcio Barranquilla CAN 2017 -oferente
adjudicatario- incurrió en falsedad al declarar que ni él ni sus integrantes habían
sido sancionados por incumplimiento contractual en los tres (3) años anteriores a la
fecha de cierre de la licitación, pues dentro del proceso de selección quedó
demostrado que uno de sus miembros fue sancionado por tal motivo en 2015.
Afirmó que la entidad ignoró dicha circunstancia acudiendo a un supuesto “juicio de
valoración y proporcionalidad”, pese a que el pliego de condiciones era claro en
establecer que la presentación de información no veraz daba lugar al rechazo de la
oferta. En tal sentido, concluyó que la propuesta presentada por el Consorcio
Barranquilla CAN 2017 no cumplió con los requisitos exigidos y, en consecuencia,
que el proceso de selección debió adjudicársele al Consorcio San Nicolás, por ser
el único proponente habilitado.
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1.4.3. Aunado a lo anterior, puso de presente que resultaba irregular que, en una
etapa tan avanzada de la audiencia de adjudicación -incluso después de haberse
determinado el orden de elegibilidad-, la administración procediera a verificar
nuevamente un requisito habilitante del Consorcio San Nicolás, específicamente la
dedicación mínima exigida a uno de los integrantes del equipo de trabajo, requisito
que, por no incidir en la comparación de las ofertas, en todo caso era subsanable,
de tal suerte que no podía rechazarse su ofrecimiento de plano.
1.4.4. Finalmente, señaló que el contrato No. 012017002333 del 28 de septiembre
de 2017 adolece de nulidad absoluta, con fundamento en la ilegalidad del acto de
adjudicación.
2. La admisión de la demanda y su contestación
2.1. Mediante auto del 5 de julio de 20182, el Tribunal Administrativo del Atlántico
admitió la demanda. Esa decisión se notificó en debida forma a las partes y al
Ministerio Público.
2.2. El Distrito de Barranquilla contestó la demanda3 y se opuso a la prosperidad
de las pretensiones. Al efecto, formuló la excepción de falta de legitimación en la
causa por activa, argumentando que esta recae en la persona que busca la
reparación de un daño antijurídico ocasionado por una autoridad pública, y que tiene
un interés directo en la pretensión indemnizatoria, al ser quien resulta afectado por
la expedición del acto administrativo, según lo dispuesto en el artículo 138 del
CPACA. En ese sentido, sostuvo que la parte actora carecía de dicho interés, toda
vez que su propuesta fue rechazada dentro del proceso de selección, razón por la
cual no podía reclamar la reparación de perjuicios, máxime cuando tampoco
acreditó haber presentado la oferta más favorable a los intereses de la entidad.
3. Audiencia inicial
El 28 de febrero de 20194, el Tribunal Administrativo del Atlántico llevó a cabo la
audiencia inicial, en la que no encontró vicio alguno que debiera ser objeto de
2 Folio 1453 a 1454 del cuaderno principal del Tribunal Administrativo del Atlántico.
3 Folio 1475 a 1491 del cuaderno principal del Tribunal Administrativo del Atlántico.
4 Folio 1508 a 1512 del cuaderno principal del Tribunal Administrativo del Atlántico.
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saneamiento, al tiempo que advirtió que la excepción formulada por la parte
demandante sería resuelta en la sentencia, por considerar que guardaba estrecha
relación con el fondo del asunto.
Seguidamente, fijó el litigio en el entendido de establecer: (i) si la parte demandante
tenía derecho a que se le adjudicara la licitación pública LP-022-2017; y (ii) si se
debía declarar la nulidad de la Resolución No. 203 del 27 de septiembre de 2017,
por medio de la cual el Distrito de Barranquilla le adjudicó la licitación pública al
Consorcio Barranquilla CAN 2017.
Posteriormente, se declaró fallida la fase de conciliación por la falta de
comparecencia de la parte demandante, y se decretaron como pruebas las
documentales aportadas por las partes5. A su turno, se les corrió traslado a estas
para que presentaran sus alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que
rindiera su concepto.
4. Los alegatos de conclusión en primera instancia
4.1. El Consorcio San Nicolás6 presentó sus alegatos, en los cuales reiteró los
argumentos expuestos en la demanda.
4.2. El Distrito de Barranquilla7 presentó sus alegatos, en los que insistió en los
argumentos esbozados en la contestación de la demanda.
4.3. El Ministerio Público guardó silencio en esta etapa procesal.
5. La sentencia de primera instancia
Mediante sentencia del 13 de julio de 20208, el Tribunal Administrativo del Atlántico
declaró no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por activa y
negó las pretensiones de la demanda.
5 Ninguna de las partes solicitó pruebas adicionales.
6 Folio 1526 a 1531 del cuaderno principal del Tribunal Administrativo del Atlántico.
7 Folio 1516 a 1525 del cuaderno principal del Tribunal Administrativo del Atlántico.
8 Folio 1533 a 1544 del cuaderno principal del Tribunal Administrativo del Atlántico.
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En su decisión, el a quo precisó que los oferentes no favorecidos con el proceso de
selección ostentan legitimación en la causa por activa para demandar el acto de
adjudicación, toda vez que detentan un interés legítimo en controvertir una decisión
que, a su juicio, los privó injustamente del derecho a resultar adjudicatarios o que
les causó un perjuicio directo derivado de la adjudicación a un tercero.
Explicó que, si bien durante la audiencia de adjudicación la administración reconoció
que el Consorcio San Nicolás había acreditado adecuadamente la experiencia de
su equipo de trabajo, lo que permitió habilitar su propuesta y confirmar que ocupaba
el primer lugar en el orden de elegibilidad, lo cierto es que, en esa misma diligencia,
la entidad advirtió que la profesional propuesta para el área de gestión social, María
Teresa Medina, tenía una dedicación del 100% en la ejecución de otro contrato con
el Distrito de Barranquilla, motivo que conllevó al rechazo de su propuesta, situación
que no fue controvertida en la demanda.
En ese orden de ideas, el tribunal concluyó que el rechazo de la propuesta del
Consorcio San Nicolás se encontraba debidamente sustentado y, en cualquier caso,
aquel no tenía derecho a la adjudicación de la licitación pública LP-022-2017.
6. Recurso de apelación
El 12 de enero de 20219, el Consorcio San Nicolás interpuso recurso de apelación
contra la sentencia de primera instancia, el cual fue concedido por el tribunal a quo
a través de auto del 17 de febrero de 202110. En su impugnación, la parte actora
alegó que el tribunal omitió pronunciarse frente a ciertos cargos formulados en su
demanda, con lo cual violó el principio de congruencia.
En particular, advirtió que el tribunal omitió pronunciarse sobre el cargo relativo a la
falta de veracidad en la información suministrada por el Consorcio Barranquilla CAN
2017 respecto de la declaración según la cual ni este ni sus integrantes habían sido
objeto de sanciones por incumplimiento contractual en los tres (3) años anteriores
a la fecha de cierre de la licitación, circunstancia que, conforme a lo previsto en el
pliego de condiciones, daba lugar al rechazo del ofrecimiento.
9 Índice 33 de Samai del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
10 Índice 35 de Samai del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
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Asimismo, sostuvo que el a quo no se refirió al hecho de que la causal invocada por
la entidad para rechazar su ofrecimiento en la audiencia de adjudicación -esto es,
la dedicación mínima exigida de una integrante del equipo de trabajo- no constituía
un motivo válido para descartar de plano su propuesta, por tratarse de un requisito
habilitante que no incidía en la comparación de las ofertas ni en la asignación de
puntaje, razón por la cual era plenamente subsanable. Afirmó que, de habérsele
permitido subsanar tal aspecto, su propuesta habría permanecido como la única
oferta habilitada, de conformidad con las reglas fijadas en el pliego de condiciones.
Finalmente, añadió que tampoco se efectuó pronunciamiento alguno en relación con
que el Distrito de Barranquilla hubiera celebrado el contrato derivado del proceso
licitatorio sin haber resuelto previamente las solicitudes de revocatoria directa
formuladas contra el acto de adjudicación. A su juicio, tal proceder comportaba una
vulneración a los principios de legalidad y debido proceso administrativo.
7. Actuación en segunda instancia
7.1. Mediante auto del 3 de septiembre de 202111, se admitió el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandante contra el fallo de primera instancia.
7.2. A través de proveído del 11 de octubre de 202112, se corrió traslado a las partes
para que presentaran sus alegatos de conclusión, y al Ministerio Público para que
rindiera concepto.
7.2.1. El Consorcio San Nicolás13 presentó alegatos en segunda instancia, en los
que reiteró los argumentos expuestos en la demanda y en el recurso de apelación.
7.2.2. El Distrito de Barranquilla14 presentó alegatos de conclusión. En su escrito,
insistió en: (i) que en el presente caso se configuró la excepción de falta de
legitimación en la causa por activa; (ii) que en el trámite licitatorio no se presentaron
irregularidades; (iii) que la solicitud de revocatoria directa no afectaba la firmeza del
acto de adjudicación; y (iv) que, en cualquier caso, no se configuró ninguna causal
de nulidad respecto del acto demandado.
11 Índice 4 de Samai del Consejo de Estado.
12 Índice 11 de Samai del Consejo de Estado.
13 Índice 17 de Samai del Consejo de Estado.
14 Índice 18 de Samai del Consejo de Estado.
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7.2.3. El Ministerio Público guardó silencio en esta etapa procesal.
III. CUESTIÓN PRELIMINAR
Encontrándose el proceso para resolver el recurso de apelación interpuesto por el
Consorcio San Nicolás, el magistrado ponente advirtió la configuración de la causal de
nulidad saneable15 consagrada en el numeral 8º del artículo 133 del CGP, según la
cual el proceso es nulo “[c]uando no se practica en legal forma la notificación del
auto admisorio de la demanda a personas determinadas, o el emplazamiento de las
demás personas aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas como partes,
o de aquellas que deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando
la ley así lo ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio Público o a cualquier
otra persona o entidad que de acuerdo con la ley debió ser citado”.
Lo anterior, comoquiera que el Tribunal Administrativo del Atlántico, al dictar el auto
admisorio de la demanda, omitió vincular al proceso al Consorcio Barranquilla CAN
2017, a quien se le adjudicó la licitación pública LP-022-2017 y quien, además, ostenta
la calidad de parte respecto del contrato No. 012017002333 del 28 de septiembre de
2017, cuya nulidad absoluta se pretende en el presente asunto.
En ese orden de ideas, mediante auto del 29 de octubre de 202516 se dispuso poner
en conocimiento del Consorcio Barranquilla CAN 2017 la configuración de la causal
de nulidad saneable prevista en el numeral 8º del artículo 133 del CGP y se ordenó su
notificación, previniéndole que si dentro de los tres (3) días siguientes a aquella no
alegaba la nulidad, esta quedaría saneada y el proceso continuaría su curso.
Con el fin de dar cumplimiento a lo anterior, el 24 de noviembre de 2025 la Secretaría
de la Sección Tercera notificó17 al Consorcio Barranquilla CAN 2017 del auto del 29
15 “ARTÍCULO 136. SANEAMIENTO DE LA NULIDAD. La nulidad se considerará saneada en los
siguientes casos: 1. Cuando la parte que podía alegarla no lo hizo oportunamente o actuó sin
proponerla. // 2. Cuando la parte que podía alegarla la convalidó en forma expresa antes de haber
sido renovada la actuación anulada. // 3. Cuando se origine en la interrupción o suspensión del
proceso y no se alegue dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha en que haya cesado la
causa. // 4. Cuando a pesar del vicio el acto procesal cumplió su finalidad y no se violó el derecho
de defensa. // PARÁGRAFO. Las nulidades por proceder contra providencia ejecutoriada del
superior, revivir un proceso legalmente concluido o pretermitir íntegramente la respectiva instancia,
son insaneables”.
16 Índice 20 de SAMAI.
17 Índice 25 de SAMAI.
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Demandante: Consorcio San Nicolás
de octubre de 2025. Una vez notificada la providencia, el referido consorcio guardó
silencio.
En consecuencia, y toda vez que en el caso sub examine transcurrió el término
previsto en el artículo 137 del CGP sin que el Consorcio Barranquilla CAN 2017 se
hubiese pronunciado sobre la causal de nulidad aludida, la misma ha quedado
saneada y, por lo tanto, la Sala entrará a proferir decisión de fondo.
IV. CONSIDERACIONES
Para resolver el recurso de apelación, la Sala estudiará los siguientes aspectos: (1)
jurisdicción y competencia del Consejo de Estado para conocer del presente asunto;
(2) procedencia de los medios de control; (3) legitimación en la causa; (4)
oportunidad de los medios de control; (5) procedencia de la acumulación de
pretensiones; (6) objeto de la impugnación y la delimitación de los problemas
jurídicos a resolver en esta instancia; (7) hechos probados y pruebas relevantes; (8)
análisis de la Subsección y la resolución del caso concreto; y (9) condena en costas
en segunda instancia.
1. Jurisdicción y competencia del Consejo de Estado para conocer del presente
asunto
La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer del
asunto, con fundamento en el artículo 10418 del CPACA19, vigente a la fecha de
presentación de la demanda, dado que la controversia versa sobre: (i) la nulidad de la
Resolución No. 203 del 27 de septiembre de 2017, por medio de la cual el Distrito de
Barranquilla -entidad territorial20- adjudicó la licitación pública LP-022-2017, y su
18 “Artículo 104. De la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. La Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución
Política y en leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos,
omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las
entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa. // Igualmente, conocerá
de los siguientes procesos: […] 2. Los relativos a los contratos, cualquiera que sea su régimen, en
los que sea parte una entidad pública […]”.
19 La Ley 1437 de 2011 o CPACA resulta aplicable al presente asunto, con las modificaciones
introducidas por la Ley 2080 de 2021 -salvo aquellas atinentes a las normas que modifican las
competencias-, dado que la demanda se radicó el 9 de noviembre de 2018 y el recurso de apelación
se interpuso el 1º de febrero de 2024, esto es, de manera posterior a la entrada en vigor de dicha
norma.
20 Constitución Política de 1991. “Artículo 286. Son entidades territoriales los departamentos, los
distritos, los municipios y los territorios indígenas. La ley podrá darles el carácter de entidades
territoriales a las regiones y provincias que se constituyan en los términos de la Constitución y de la
ley”.
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Radicación: 08001-23-33-000-2018-00391-01 (67378)
Demandante: Consorcio San Nicolás
consecuente restablecimiento del derecho; y (ii) la nulidad absoluta del contrato No.
012017002333 del 28 de septiembre de 2017, celebrado entre el Consorcio
Barranquilla CAN 2017 y el Distrito de Barranquilla.
Por su parte, el Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de
apelación interpuesto contra la sentencia del 13 de julio de 2020, dada la vocación de
doble instancia del proceso, teniendo en cuenta que la cuantía de la demanda excedió
los 300 SMLMV, que corresponden al medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, y los 500 SMLMV, atinentes al medio de control de controversias
contractuales, de conformidad con lo establecido en los artículos 15021 y 152,
numerales 3 y 522 del CPACA, vigentes a la fecha de la presentación de la demanda23.
2. Procedencia de los medios de control
2.1. El medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho es el instrumento
procesal mediante el cual toda persona que considere que se ha visto lesionada en
un derecho como consecuencia de la expedición de un acto administrativo proferido
antes de la celebración del contrato puede acudir en procura de solicitar su nulidad
y el consecuente restablecimiento del derecho, de conformidad con lo previsto en el
21 “Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación.
[modificado por el artículo 615 del CGP]. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de
este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación
por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto al que corresponda, o no se concedan
los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia […]”.
22 Artículo 152. Los Tribunales Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes
asuntos: […] 3. De los de nulidad y restablecimiento del derecho en que se controviertan actos
administrativos de cualquier autoridad, cuando la cuantía exceda de trescientos (300) salarios
mínimos legales mensuales vigentes, y, sin atención a la cuantía, de los actos que se expidan en
ejercicio del poder disciplinario asignado a los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación,
diferentes al Procurador General de la Nación. […] 5. De los relativos a los contratos, cualquiera que
sea su régimen, en que sea parte una entidad pública en sus distintos órdenes o un particular en
ejercicio de funciones propias del Estado, y de los contratos celebrados por cualquier entidad
prestadora de servicios públicos domiciliarios en los cuales se incluyan cláusulas exorbitantes,
cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes […]”.
23 Para el momento de la presentación de la demanda, esto es, para el año 2018, el valor del salario
mínimo legal mensual vigente era de $781.242. Información obtenida de la página oficial del Banco
de la República de Colombia https://www.banrep.gov.co/es/salarios. Para el 2018, el tope
correspondiente a los 300 SMLMV equivalía a $234’372.600 y el atinente a los 500 SMLMV equivalía
a $390’621.000. En este caso, la cuantía de la demanda se estimó en un monto superior a dicho
tope ($1’026.267.651).
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Radicación: 08001-23-33-000-2018-00391-01 (67378)
Demandante: Consorcio San Nicolás
inciso segundo del artículo 14124 del CPACA, en concordancia con el artículo 13825
de la misma codificación.
En el presente caso, el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
es adecuado, puesto que la parte demandante cuestiona la legalidad de la
Resolución No. 203 del 27 de septiembre de 2017 -acto administrativo de naturaleza
precontractual-, por medio de la cual el Distrito de Barranquilla adjudicó la licitación
pública LP-022-2017, y reclama, a su vez, el consecuente restablecimiento del
derecho.
2.2. Por su parte, el medio de control de controversias contractuales es el
mecanismo procesal idóneo para acceder ante el juez en procura de obtener una
decisión de fondo frente a cualquier controversia derivada del negocio jurídico
estatal. Es así como resulta procedente utilizar esta herramienta procesal para
cuestionar las actuaciones desarrolladas durante la ejecución y liquidación del
contrato estatal, así como la legalidad de los actos administrativos proferidos en
desarrollo de éste. Así las cosas, cualquiera de las partes de los contratos estatales
puede demandar para que se declare su existencia o su nulidad, se ordene su
revisión, se declare el incumplimiento, se anulen los actos administrativos
contractuales, se condene a quien se considere responsable a indemnizar los
perjuicios o se liquide el contrato, entre otras declaraciones y condenas. El
legislador también previó que el Ministerio Público o un tercero que acredite un
interés directo pueden solicitar la nulidad absoluta del contrato, la cual también
puede ser declarada de oficio por el juez.
En el presente caso, el medio de control de controversias contractuales también
resulta adecuado, por cuanto, a través de su demanda, la parte actora persigue que
se declare la nulidad absoluta del contrato No. 012017002333 del 28 de septiembre
de 2017 celebrado entre el Consorcio Barranquilla CAN 2017 y el Distrito de
Barranquilla, resultante de la licitación pública LP-022-2017.
24 “Artículo 141. Controversias contractuales. […] Los actos proferidos antes de la celebración del
contrato, con ocasión de la actividad contractual, podrán demandarse en los términos de los artículos
137 y 138 de este Código, según el caso”.
25 “Artículo 138. Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un
derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto
administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar
que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso
segundo del artículo anterior”.
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Radicación: 08001-23-33-000-2018-00391-01 (67378)
Demandante: Consorcio San Nicolás
3. Legitimación en la causa
3.1. La Sala observa que el Consorcio San Nicolás cuenta con legitimación en la
causa por activa, por cuanto ostenta un interés jurídico directo en la controversia
sub examine.
En efecto, su participación en el proceso de selección y la circunstancia de
considerar que sus derechos resultaron afectados al no habérsele adjudicado la
licitación pública LP-022-2017 permiten entender configurado el interés para
demandar la nulidad del acto de adjudicación y solicitar su consecuente
restablecimiento del derecho, en los términos del artículo 13826 del CPACA.
De igual forma, el Consorcio San Nicolás también se encuentra legitimado para
solicitar la nulidad absoluta del contrato No. 012017002333 del 28 de septiembre de
2017, en atención a lo dispuesto en el artículo 14127 del CPACA, pues participó en
el proceso de selección que derivó en la celebración del negocio jurídico cuya
nulidad se pretende.
3.2. Por su parte, el Distrito de Barranquilla está legitimado en la causa por pasiva,
toda vez que fue la entidad que adelantó el proceso de selección, profirió el acto
administrativo de adjudicación demandado y ostenta la calidad de parte del contrato
26 “Artículo 138. Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un
derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto
administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar
que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso
segundo del artículo anterior. // Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo
general y pedirse el restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular
demandante o la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la
demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación.
Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general, el término anterior se
contará a partir de la notificación de aquel”.
27 “ARTÍCULO 141. CONTROVERSIAS CONTRACTUALES. Cualquiera de las partes de un contrato
del Estado podrá pedir que se declare su existencia o su nulidad, que se ordene su revisión, que se
declare su incumplimiento, que se declare la nulidad de los actos administrativos contractuales, que
se condene al responsable a indemnizar los perjuicios, y que se hagan otras declaraciones y
condenas. Así mismo, el interesado podrá solicitar la liquidación judicial del contrato cuando esta no
se haya logrado de mutuo acuerdo y la entidad estatal no lo haya liquidado unilateralmente dentro
de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo convenido para liquidar de mutuo acuerdo
o, en su defecto, del término establecido por la ley. // Los actos proferidos antes de la celebración
del contrato, con ocasión de la actividad contractual, podrán demandarse en los términos de los
artículos 137 y 138 de este Código, según el caso. // El Ministerio Público o un tercero que acredite
un interés directo podrán pedir que se declare la nulidad absoluta del contrato. El juez administrativo
podrá declararla de oficio cuando esté plenamente demostrada en el proceso, siempre y cuando en
él hayan intervenido las partes contratantes o sus causahabientes.”
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Demandante: Consorcio San Nicolás
No. 012017002333 del 28 de septiembre de 2017, cuya nulidad absoluta se
pretende.
3.3. De igual manera, el Consorcio Barranquilla CAN 2017 ostenta legitimación en
la causa por pasiva, por cuanto fue el adjudicatario de la licitación pública LP-022-
2017 y, además, porque también detenta la calidad de parte del contrato No.
012017002333 del 28 de septiembre de 2017.
4. Oportunidad de los medios de control
El CPACA establece de forma independiente el examen de legalidad de los actos
precontractuales y el análisis de validez del contrato, de tal suerte que cada uno
cuenta con su propio término de caducidad.
Al respecto, en providencia del 5 de marzo de 2015, esta Subsección manifestó
lo siguiente:
“[…] conviene precisar que a partir del cambio de legislación producto de la entrada
en vigencia del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo -2 de julio de 2012-, particularmente en lo dispuesto sobre el medio
de control de control [sic] de controversias contractuales, se limitó la posibilidad,
cuando el contrato estatal se hubiera celebrado, de demandar la ilegalidad de los
actos precontractuales dentro del término establecido para invocar la nulidad
absoluta o relativa del contrato, actuación que si era posible adelantar en vigencia
del Código Contencioso Administrativo.
16. En efecto, se estableció en el artículo 164, literal c) y j) del C.P.A.C.A., que
cuando se pretenda impugnar la legalidad de los actos proferidos antes de la
celebración del contrato, estos pueden demandarse dentro del término estipulado
para los medios de control de nulidad o de nulidad y restablecimiento del derecho -
4 meses- y, a su vez, que cuando lo demandado sea la declaratoria de nulidad
absoluta o relativa del contrato, el término de caducidad será el correspondiente
para el medio de control de controversias contractuales, es decir, dos años” 28.
28 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. Auto de Sala del 5 de marzo de 2015.
Rad.: 49307. Reiterado en sentencia del 19 de abril de 2018. Rad.: 54632, en la que se indicó que,
“Teniendo en cuenta que este proceso se inició en vigencia del C.P.A.C.A., codificación en la que
se introdujo una modificación en relación con el artículo 87 del C.C.A., resulta útil identificar la
jurisprudencia actualizada sobre el término para instaurar el medio de control de los actos
precontractuales, el cual en la nueva codificación (artículo 164 C.P.A.C.A.) se debe impetra r a
través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, en el plazo de cuatro meses, sin
perjuicio de que se acumule en la misma demanda la pretensión de nulidad del contrato celebrado,
como se presentó en el sub lite. // Esta Subsección ha observado que no se aplica la jurisprudencia
anterior, construida sobre la base de la pertinencia de la acción contractual que estaba consagrada
en el artículo 87 del C.C.A. para la nulidad de los actos precontractuales, con un término especial
de caducidad de 30 días. Lo anterior, teniendo en cuenta que el C.P.A.C.A. introdujo una reforma
en la regulación del medio de control pertinente para los actos precontractuales, en virtud de la
cual el proponente desfavorecido debe acudir a la demanda de nulidad y resta blecimiento del
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Radicación: 08001-23-33-000-2018-00391-01 (67378)
Demandante: Consorcio San Nicolás
En consecuencia, la Sala establecerá la oportunidad del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho y de controversias contractuales de forma
separada, comoquiera que la parte demandante pretende la nulidad de la Resolución
No. 203 del 27 de septiembre de 2017, por medio de la cual el Distrito de
Barranquilla adjudicó la Licitación Pública LP-022-2017, y su consecuente
restablecimiento del derecho, así como la nulidad absoluta del contrato No.
012017002333 del 28 de septiembre de 2017, teniendo en cuenta para ello los
plazos preclusivos para demandar los actos previos a la celebración del contrato y
para demandar la nulidad absoluta del contrato, previstos en el CPACA, los cuales
resultan aplicables al caso concreto en virtud de lo dispuesto en el artículo 40 de la
Ley 153 de 188729.
Al efecto, el artículo 164 del CPACA, numeral 2, en su literal C30 establece que en
aquellos eventos en los que se pretenda la nulidad o la nulidad y restablecimiento
del derecho de actos previos a la celebración del contrato, la demanda deberá
presentarse al cabo de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de su
comunicación, notificación, ejecución o publicación, según el caso; y en su literal
derecho contra los actos previos y no a la pretensión contractual y, de contera, la caducidad opera
en el término de 4 meses. Se hace notar que el término de 30 días que existió para la acción
contractual no se consagró dentro del C.P.A.C.A. […] esta Corporación advirtió que opera la
caducidad del medio de control si la demanda se presenta acudiendo al amparo de los dos años
a que se refiere el artículo 164 del C.P.A.C.A, en aquellos litigios en que las pretensiones se funden
en la ilegalidad de los actos previos, dado que el referido término de dos años para incoar el medio
de naturaleza contractual solo permanece como viable para otras causales de "nulidad absoluta o
relativa del contrato".
29 Según el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, que fue modificado por el artículo 624 del CGP, los
términos que hubieren empezado a correr se deben regir por las normas vigentes para el momento
en que estos iniciaron a correr. Al respecto, el Consejo de Estado, Sección Tercera en auto del 24
de abril de 2017 dentro del expediente Rad.: 50602, indicó lo siguiente: “En punto de la aplicación
del artículo 40 de la Ley 153 de 1887, para la determinación de la regla de caducidad cuando se
presentan conflictos entre normas que, en principio, regulan la misma situación, esta Corporación
puntualizó […] la Sala considera que el 40 debe aplicarse para definir el conflicto en el tiempo
respecto de la aplicación de normas sobre caducidad, en tanto se trate de términos que ya hubieren
empezado a correr sin que haya iniciado el respectivo proceso. En efecto, cuando el artículo 40
ibídem se refiere a las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios, está haciendo
mención a las normas procesales, entre otras, a las normas de caducidad que, tal y como lo indica
dicha norma, son de aplicación inmediata. Teniendo en cuenta lo anterior, se modifica lo dicho por
la Sala en la providencia del 27 de mayo de 2005, en los términos de este proveído, de manera que,
en todo contrato se entenderán incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebración salvo
cuando se trate de leyes concernientes al modo de reclamar en juicio los derechos que resultaren
del mismo, entre las cuales se consideran incluidas las normas que establecen términos de
caducidad para el ejercicio de las acciones, que por ser de carácter procesal, son de aplicación
inmediata. En este orden de ideas, se tiene que la norma de caducidad aplicable deberá ser la
vigente al momento en que ya hubieren empezado a correr los términos contemplados en normas
legales anteriores, las cuales se aplicarán de manera preferente”.
30 “c) Cuando se pretenda la nulidad o la nulidad y restablecimiento del derecho de los actos previos
a la celebración del contrato, el término será de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente
a su comunicación, notificación, ejecución o publicación, según el caso”.
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Radicación: 08001-23-33-000-2018-00391-01 (67378)
Demandante: Consorcio San Nicolás
J31 determina que en aquellos eventos en los que se persiga la nulidad absoluta del
contrato, el término para demandar será de dos (2) años contados a partir del día
siguiente al de su perfeccionamiento, pudiendo demandarse su nulidad, en todo
caso, mientras aquel se encuentre vigente.
Así, frente a la pretensión relativa a la nulidad del acto de adjudicación y su
consecuente restablecimiento del derecho, en el caso sub examine se advierte que
el derecho de acción se ejerció dentro de los cuatro (4) meses de que trata el artículo
164 del CPACA, numeral 2, literal C, comoquiera que la Resolución No. 203 del 27
de septiembre de 2017 le fue notificada a la parte actora ese mismo día, por lo que
a partir del día siguiente (28 de septiembre de 2017) empezó a contabilizarse el
término de caducidad, que estuvo suspendido por cuenta del trámite de la
conciliación extrajudicial entre el 22 de enero de 2018 el 5 abril de 201832, fecha en
la que se declaró fallido (cuando restaban 6 días para que feneciera el plazo de
caducidad). Como la demanda fue radicada el día que vencía el plazo para
demandar, esto es, el 11 de abril de 201833, se concluye que esta se presentó dentro
del plazo previsto en la Ley.
De otro lado, en cuanto a la pretensión atinente a la nulidad absoluta del contrato
No. 012017002333 del 28 de septiembre de 2017, resulta claro que la demanda se
interpuso dentro de los dos (2) años de que trata el artículo 164 del CPACA, numeral
2, literal J, teniendo en cuenta: (i) que el negocio jurídico fue celebrado el 28 de
septiembre de 2017; (ii) que la parte actora presentó solicitud de conciliación
extrajudicial el 22 de enero de 2018, trámite que se declaró fallido el 5 abril de
201834; y (iii) que el escrito inicial se radicó el 11 de abril de 201835.
31 “j) En las relativas a contratos el término para demandar será de dos (2) años que se contarán a
partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de
fundamento.
Cuando se pretenda la nulidad absoluta o relativa del contrato, el término para demandar será de
dos (2) años que se empezarán a contar desde el día siguiente al de su perfeccionamiento. En todo
caso, podrá demandarse la nulidad absoluta del contrato mientras este se encuentre vigente”.
32 Folios 1444 a 1446 del cuaderno principal del Tribunal Administrativo del Atlántico.
33 Folio 1 del cuaderno principal del Tribunal Administrativo del Atlántico.
34 Folios 1444 a 1446 del cuaderno principal del Tribunal Administrativo del Atlántico.
35 Folio 1 del cuaderno principal del Tribunal Administrativo del Atlántico.
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Demandante: Consorcio San Nicolás
5. Acumulación de pretensiones
Teniendo en cuenta que la parte actora formuló pretensiones de nulidad y
restablecimiento del derecho y de controversias contractuales, se procederá a
examinar si en el caso concreto se reúnen o no los presupuestos que deben
concurrir para su acumulación, establecidos en el artículo 16536 del CPACA.
El referido artículo establece que se pueden acumular pretensiones de nulidad,
nulidad y restablecimiento del derecho, contractuales y de reparación directa,
siempre y cuando se satisfagan las siguientes exigencias: (i) que el juez sea
competente para conocer de todas, requisito que se cumple en el caso concreto,
toda vez que las pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho y las de
controversias contractuales superan los 300 y 500 SMLMV, como quedó visto (F.J.
1) y, por tanto, son de competencia en segunda instancia del Consejo de Estado;
(ii) que las pretensiones no se excluyan entre sí, salvo que se propongan como
principales y subsidiarias, requisito que también se cumple, pues de la lectura de
las mismas surge sin duda que aquellas no se contraponen y, por el contrario, son
conexas, máxime si se considera que la pretensión de nulidad absoluta del contrato
se fundamenta en la ilegalidad del acto administrativo de adjudicación; (iii) que no
haya operado la caducidad respecto de alguna de ellas, requisito que se satisface
en el presente caso, pues ninguna de las pretensiones se encuentra afectada por el
fenómeno preclusivo de la caducidad (F.J. 4); y (iv) que todas puedan tramitarse
por el mismo procedimiento, lo que ocurre en el presente asunto, pues el medio de
control de nulidad y restablecimiento y el de controversias contractuales deben
tramitarse a través del mismo procedimiento, esto es, del ordinario.
En suma, en el caso concreto se advierte que las pretensiones de nulidad y
restablecimiento del derecho y de controversias contractuales formuladas por la
36 “ARTÍCULO 165. ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES. En la demanda se podrán acumular
pretensiones de nulidad, de nulidad y de restablecimiento del derecho, relativas a contratos y de
reparación directa, siempre que sean conexas y concurran los siguientes requisitos: 1. Que el juez
sea competente para conocer de todas. No obstante, cuando se acumulen pretensiones de nulidad
con cualesquiera otras, será competente para conocer de ellas el juez de la nulidad. Cuando en la
demanda se afirme que el daño ha sido causado por la acción u omisión de un agente estatal y de
un particular, podrán acumularse tales pretensiones y la Jurisdicción Contencioso Administrativa
será competente para su conocimiento y resolución. // 2. Que las pretensiones no se excluyan entre
sí, salvo que se propongan como principales y subsidiarias. // 3. Que no haya operado la caducidad
respecto de alguna de ellas. // 4. Que todas deban tramitarse por el mismo procedimiento”.
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Radicación: 08001-23-33-000-2018-00391-01 (67378)
Demandante: Consorcio San Nicolás
parte actora en su escrito de demanda son conexas, pueden ser estudiadas y
decididas por el mismo juez, no se excluyen o contraponen entre sí y deben
tramitarse a través del mismo procedimiento -ordinario-, razón por la cual resulta
procedente su acumulación, decisión que se verá reflejada en la parte resolutiva de
la presente providencia.
6. El objeto de la impugnación y la delimitación de los problemas jurídicos a
resolver en esta instancia
El marco fundamental para la competencia del juez de segunda instancia lo
constituyen los cargos planteados en contra de la providencia recurrida. Así, la
Subsección advierte que el análisis del caso se circunscribirá exclusivamente a los
reparos concretos formulados por la parte actora en contra de la sentencia
cuestionada.
Sobre este particular, cabe precisar que por la vía del recurso de apelación contra
el fallo de primera instancia no es posible modificar la causa petendi, ni tampoco
adicionar la demanda ni su sustento, dado que se estaría sorprendiendo a la
contraparte con cargos nuevos frente a los cuales no tuvo la oportunidad de
defenderse; en caso de permitir tales actuaciones, se desconocería el principio de
congruencia y el derecho al debido proceso37.
En consecuencia, en el presente caso se resolverán los siguientes problemas
jurídicos.
En primer lugar, corresponde a la Sala establecer si la Resolución No. 203 de 2017,
por medio de la cual se adjudicó la licitación pública LP-022-2017, adolece de los
vicios invocados por la parte actora, particularmente en cuanto a la presunta omisión
37 Frente a la modificación o variación de la causa petendi, la jurisprudencia de esta Sección ha
manifestado que: “(…) conviene señalar que con la demanda y su correspondiente corrección o
adición la parte actora tiene la oportunidad de fijar el alcance de la controversia que plantea, de
manera que, con posterioridad a esas etapas procesales que ofrece el CCA, no puede
caprichosamente cambiar el petitum y el contexto fáctico y jurídico de lo expuesto inicialmente (…)
Si bien el marco de competencia del juez de segunda instancia lo constituyen las referencias hechas
en la apelación, lo cierto es que, bajo la excusa de interponer tal recurso, no puede variarse el petitum
de la demanda, pues lo planteado en la impugnación debe tener relación con la discusión propuesta
en la demanda, cosa que no sucedió en este caso”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 13 de agosto de 2021, expediente No.
65589; criterio también acogido en sentencia del 30 de julio de 2021, expediente No.
50.728, Subsección A, Sección Tercera.
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Radicación: 08001-23-33-000-2018-00391-01 (67378)
Demandante: Consorcio San Nicolás
de la entidad en permitirle subsanar un requisito habilitante, y si, en consecuencia,
hay lugar a declarar su nulidad.
En segundo lugar, la Sala deberá determinar si, en caso de declararse la nulidad
del acto de adjudicación, hay lugar a reconocer el restablecimiento del derecho
solicitado en la demanda, correspondiente a la utilidad dejada de percibir por el
demandante al no habérsele adjudicado la licitación pública.
En tercer lugar, corresponde establecer si hay lugar a declarar la nulidad absoluta
del contrato No. 012017002333 del 28 de septiembre de 2017, suscrito entre el
Distrito de Barranquilla y el Consorcio Barranquilla CAN 2017.
7. Hechos probados y pruebas relevantes
En el marco de lo expuesto, se procederá a establecer cuáles son los hechos
probados que resultan jurídicamente relevantes para decidir la
controversia sometida a juicio en esta instancia. Para tal efecto, la Sala analizará
los documentos aportados al proceso, de conformidad con lo previsto en el artículo
24638 del CGP.
La apertura de la licitación pública LP-022-2017 y el pliego de condiciones
6.1. Mediante la Resolución No. 178 del 11 de agosto de 201739, el Distrito de
Barranquilla ordenó la apertura de la licitación pública LP-022-2017, con el fin de
contratar la rehabilitación y/o mejoramiento de mercados públicos en Barranquilla.
6.2. En el numeral 4.22 del pliego de condiciones40 se definieron los requisitos
habilitantes, entre los que se destacaban la experiencia y dedicación exigidas al
equipo de trabajo. Dicho personal debía cumplir con los siguientes parámetros:
38 “ARTÍCULO 246. VALOR PROBATORIO DE LAS COPIAS. Las copias tendrán el mismo valor
probatorio del original, salvo cuando por disposición legal sea necesaria la presentación del original
o de una determinada copia […] Sin perjuicio de la presunción de autenticidad, la parte contra quien
se aduzca copia de un documento podrá solicitar su cotejo con el original, o a falta de este con una
copia expedida con anterioridad a aquella. El cotejo se efectuará mediante exhibición dentro de la
audiencia correspondiente”.
39 Folios 26 a 30 del cuaderno principal del Tribunal Administrativo del Atlántico.
40 Folios 31 a 107 del cuaderno principal del Tribunal Administrativo del Atlántico.
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Radicación: 08001-23-33-000-2018-00391-01 (67378)
Demandante: Consorcio San Nicolás
CANTIDAD CARGO FORMACIÓN EXPERIENCI EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEDICACIÓN
ACADÉMICA A GENERAL
COMO REQUERIMIENT (%)
O PARTICULAR
1 DIRECTOR INGENIERO 10 AÑOS DIRECTOR DE DOS (02) 50%
DE OBRA CIVIL O OBRA EN CONTRATOS
ARQUITECTO CONTRATOS DE CON DE
CONSTRUCCIÓN EXPERIENCIA
YIO ESPECIFICA EN
ADECUACION EL
MIO CARGO A
REMODELACION DESEMPEÑAR
YIO
REHABILITACIO
N DE
EDIFICACIONES
CON UN AREA
INTERVENIDA
MAYOR O IGUAL
A
SIETE MIL (7000)
METROS
CUADRADOS,
EN CADA UNO
DE LOS
CONTRATOS
1 RESIDENTE INGENIERO 5 AÑOS RESIDENTE DE DOS (02) 100%
DE OBRA CIVIL O OBRA.-. CONTRATOS
ARQUITECTO EN CONTRATOS CON DE
DE EXPERIENGIA
CONSTRUOCIO ESPECIFICA EN
N YO EL
ADECUACION CARGO A
YIO DESEMPEÑAR
REMODELACION
YIO
REHABILITACIO
N DE
EDIFICACIONES
CON UN AREA
INTERVENIDA
MAYOR O IGUAL
A
SIETE MIL (7000)
METROS
CUADRADOS.
EN CADA UNO
DE LOS
CONTRATOS
1 PROFESION TRABAJADOR 5 AÑOS 100%
AL EN SOCIAL,
GESTIÓN PSICÓLOGO O
SOCIAL COMUNICADO
R SOCIAL
6.3. También se indicó que los profesionales relacionados en dicha tabla41, y que
fueran propuestos por cada oferente, debían aportar una carta de compromiso42
en la que constara que, en caso de resultar adjudicatario el proponente, aquellos
prestarían sus servicios durante todo el término de ejecución del contrato y con la
dedicación exigida.
6.4. En la nota 11 del numeral 4.22 del pliego de condiciones43 se estableció que,
dado que el anexo de la carta de compromiso formaba parte integral del pliego, lo
manifestado en dicho documento se entendería realizado bajo la gravedad del
41 Folios 77 y 78 del cuaderno principal del Tribunal Administrativo del Atlántico.
42 Folio 79 del cuaderno principal del Tribunal Administrativo del Atlántico.
43 Folios 77 a 78 del cuaderno del Tribunal Administrativo del Atlántico.
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juramento; en consecuencia, si el Distrito verificaba que la información suministrada
por los oferentes no se ajustaba a la realidad, esta se consideraría no veraz,
incurriendo en consecuencia en la causal de rechazo No. 2 prevista en el numeral
6.4 del pliego de condiciones.
6.5. Frente a las reglas de subsanabilidad44 se dispuso lo siguiente:
“1.7 REGLAS DE SUBSANABILIDAD
De conformidad con el parágrafo primero del articulo 5° de la Ley 1150 de 2007 “(.)
la ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación
o al proponente, no necesarios para la comparación de las propuestas no servirán
de título suficiente para el rechazo de los ofrecimientos hechos. En consecuencia,
todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la asignación de puntaje,
podrán ser solicitados por las entidades en cualquier momento, hasta la adjudicación
(.)". (se destaca).
El numeral 6° del articulo 30 de la Ley 80 de 1993, indica: “(.) Las propuestas deben
referirse y sujetarse a todos y cada uno de los puntos contenidos en el pliego de
condiciones (.)”.
Igualmente, el numeral 7° ibidem consagra: "De acuerdo con la naturaleza, objeto y
cuantía del contrato, en los pliegos de condiciones se señalará el plazo razonable
dentro del cual la entidad deberá elaborar los estudios técnicos, económicos y
jurídicos necesarios para la evaluación de las propuestas y para solicitar a los
proponentes las aclaraciones y explicaciones que se estimen indispensables. (se
destaca).
Bajo las previsiones contenidas en los numerales 6° y 7° del articulo 30 de la Ley 80
de 1993 y el articulo 5° de la Ley 1150 de 2007 y acogiendo lo señalado en los
pronunciamientos del Consejo de Estado indicados en los documentos y estudios
previos, el DISTRITO, durante el término de evaluación de las propuestas,
solicitará a los proponentes, en caso de ser necesario, las aclaraciones,
precisiones y/o allegar documentos que puedan ser objeto de subsanabilidad.
Los proponentes deberán allegar dentro del término preclusivo y perentorio que
al efecto les fije el DISTRITO las clarificaciones y/o documentos requeridos, so
pena del rechazo de la propuesta.
En el evento en que el Distrito no advierta la ausencia de un requisito habilitante y
no lo haya requerido en el “Documento de Solicitud de Subsanabilidad", lo podrá
solicitar al proponente, otorgándole un término, el cual deberá ser mínimo igual al
establecido para la subsanabilidad inicial; con el fin de que allegue los documentos
que para el efecto le fije en el requerimiento.
Todos aquellos requisitos de la propuesta que afecten la asignación de puntaje no
podrán ser objeto de subsanabilidad por lo que los mismos DEBEN ser aportados
por los proponentes desde el momento mismo de la presentación de la oferta.
El oferente tiene la carga de presentar su oferta en forma íntegra, esto es,
respondiendo todos los puntos del pliego de condiciones y adjuntando todos
44 Folios 35 a 36 del cuaderno principal del Tribunal Administrativo del Atlántico.
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Demandante: Consorcio San Nicolás
los documentos de soporte o prueba de las condiciones que pretenda hacer
valer en el proceso”. (se destaca).
6.6. Igualmente, se previó que las propuestas que cumplieran con los requisitos
habilitantes y no estuvieran incursas en causales de rechazo, se calificarían bajo los
siguientes criterios45:
CONCEPTO PUNTAJE MÁXIMO
VALOR DE LA PROPUESTA 650
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 100
FACTOR DE CALIDAD – IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA GERENCIA 100
DE PROYECTOS
INCLUSIÓN DE MUJERES PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO 100
NO SANCIONES 50
TOTAL 1000
6.7. Frente al criterio relacionado con el hecho de no tener sanciones46, en el pliego
se mencionó lo siguiente:
“5.2.5 NO SANCIONES
Se asignarán 50 puntos en los casos en que se acredite que ni el proponente ni
alguno(s) de sus integrantes haya sido sujeto de multas, penas pecuniarias,
terminación unilateral, o sanción de cualquier tipo, derivada de un incumplimiento
contractual en los últimos tres (3) años contados a partir de la fecha de cierre de la
presente licitación pública.
En los demás casos, esto es, en los que el Proponente o cualquiera de sus
integrantes haya sido sujeto de multas, penas pecuniarias, terminación unilateral o
sanción de cualquier tipo, derivada de un incumplimiento contractual en los últimos
tres (3) años contados a partir de la fecha de cierre de la licitación pública, se
asignarán cero (0) puntos.
Para acreditar este criterio el representante legal del proponente deberá suscribir
carta en la que manifieste que ni el proponente ni alguno(s) de sus integrantes haya
sido sujeto de multas, penas pecuniarias, terminación unilateral, o sanción de
cualquier tipo, derivada de un incumplimiento contractual en los últimos tres (3) años
anteriores a la fecha de cierre de la presente licitación pública. La entidad se reserva
el derecho de verificar tal información”.
6.8. A su vez, en el numeral 6.4 se establecieron las causales de rechazo47, entre
las cuales se destaca la siguiente: “(…) 2. Cuando el proponente aporte información
no veraz o altere de cualquier forma algún documento original presentado”.
45 Folio 79 del cuaderno principal del Tribunal Administrativo del Atlántico.
46 Folio 83 del cuaderno principal del Tribunal Administrativo del Atlántico.
47 Folio 86 del cuaderno principal del Tribunal Administrativo del Atlántico.
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Demandante: Consorcio San Nicolás
Las propuestas presentadas por el Consorcio San Nicolás y el Consorcio
Barranquilla CAN 2017
6.9. En el expediente tan solo obran las propuestas presentadas por el Consorcio
San Nicolás48 y el Consorcio Barranquilla CAN 201749, con sus respectivos anexos.
6.10. Junto con la propuesta del Consorcio San Nicolás, se allegaron las cartas de
compromiso de los señores Manuel José Tuiran Luna50, Samuel Torres Orozco51 y
María Teresa Medina Suárez52, quienes fueron propuestos para asumir los cargos
de director de obra, residente de obra y profesional en gestión social,
respectivamente. En todas ellas se puntualizó que, en caso de resultar adjudicatario
el Consorcio San Nicolás, se comprometían a prestar sus servicios durante el
término de ejecución del contrato y con la dedicación exigida en el pliego de
condiciones.
6.11. Junto con la propuesta del Consorcio Barranquilla CAN 201753, se aportó una
carta suscrita por su representante legal, en la que manifestó que “ni el proponente
ni algunos de sus integrantes ha sido sujeto de multas, penas pecuniarias,
terminación unilateral o sanción de cualquier tipo, derivada de un incumplimiento
contractual en los últimos tres (3) años anteriores a la fecha de cierre de la presente
licitación. Cumpliendo de esta manera completa y satisfactoria con el numeral 5.2.5.
NO SANCIONES del pliego de condiciones definitivo del proceso”.
Sobre el proceso de selección
6.12. En el acta de cierre54 se dejó constancia de la recepción de las propuestas
presentadas por trece (13)55 proponentes, entre ellos, el Consorcio Barranquilla
CAN 2017 (proponente No. 3) -integrado por las sociedades comerciales
Consultoría e Imagen S.A.S., Agopla S.A.S. y por el señor Nestor Orlando Miranda
48 Folios 130 a 528 del cuaderno principal del Tribunal Administrativo del Atlántico.
49 Folios 529 a 1182 del cuaderno principal del Tribunal Administrativo del Atlántico.
50 Folio 454 del cuaderno principal del Tribunal Administrativo del Atlántico.
51 Folio 464 del cuaderno principal del Tribunal Administrativo del Atlántico.
52 Folio 472 del cuaderno principal del Tribunal Administrativo del Atlántico.
53 Folio 1153 del cuaderno principal del Tribunal Administrativo del Atlántico.
54 Folios 108 a 123 del cuaderno principal del Tribunal Administrativo del Atlántico.
55 Consorcio ARCIM Mercado; Consorcio Mercado Barranquilla 2017; Consorcio Barranquilla CAN
2017; Consorcio OGGUN; Consorcio Mercados Públicos 2017; Consorcio San Nicolás; Consorcio
Caribe; Unión Temporal Mercados Barranquilla; Consorcio La Arenosa; Consorcio Rehabilitación
Mercados de Barranquilla 2017; Consorcio Mercados Públicos; Consorcio San Benito AM & CIA; y
Unión Temporal Mercados COM.
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Demandante: Consorcio San Nicolás
Castro-; y el Consorcio San Nicolás (proponente No. 6) -integrado por las
sociedades comerciales Spora S.A.S, Constructora Espiga S.A.S., Gallardo´s &
Asociados y Avintia Proyectos y Construcción SL Sucursal en Colombia-.
6.13. A través de las Adendas No. 1, 2 y 356 el Distrito de Barranquilla modificó el
cronograma del proceso de selección.
6.14. El 30 de agosto de 201757 el comité evaluador requirió a los proponentes para
que subsanaran sus ofertas, ya fuera mediante la presentación de aclaraciones o la
entrega de documentación encaminada a acreditar el cumplimiento de requisitos
habilitantes.
6.15. Al Consorcio San Nicolás se le solicitó aportar documentación relativa a uno
de sus integrantes58, así como los soportes necesarios para acreditar la experiencia
requerida del equipo de trabajo, en especial de la persona propuesta para el cargo
de profesional en gestión social.
6.16. Al Consorcio Barranquilla CAN 201759 también se le requirió acreditar en
debida forma la experiencia del equipo de trabajo.
6.17. El 4 de septiembre de 201760, el representante del Consorcio San Nicolás
remitió la respuesta a los requerimientos de subsanación, al tiempo que anexó la
documentación pertinente para tal fin.
6.18. El 7 de septiembre de 201761 el comité evaluador emitió el informe de
evaluación, en el que se pronunció respecto de cada una de las ofertas presentadas
por los proponentes.
6.18.1. En dicho informe se indicó que la documentación aportada por el Consorcio
San Nicolás62 para acreditar la experiencia requerida del equipo de trabajo no
56 Folios 124 a 128 del cuaderno principal del Tribunal Administrativo del Atlántico.
57 Folios 1183 a 1250 del cuaderno principal del Tribunal Administrativo del Atlántico.
58 Folios 1184, 1194, 1214, 1215, 1241 y 1242 del cuaderno principal del Tribunal Administrativo del
Atlántico.
59 Folio 1229 del cuaderno principal del Tribunal Administrativo del Atlántico.
60 Folios 1251 a 1288 del cuaderno principal del Tribunal Administrativo del Atlántico.
61 Folios 1293 a 1354 del cuaderno principal del Tribunal Administrativo del Atlántico.
62 Folios 1315 a 1317 y 1336 a 1338 del cuaderno principal del Tribunal Administrativo del Atlántico.
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Demandante: Consorcio San Nicolás
cumplió con lo establecido en el pliego de condiciones, particularmente en lo relativo
a la profesional en gestión social; lo anterior, debido a que los documentos
presentados no permitían verificar las fechas de inicio y terminación del contrato de
obra en el que participó, ni tampoco que la profesional hubiera prestado sus
servicios durante toda la ejecución del mismo. En consecuencia, se le otorgó una
calificación técnica no hábil.
6.18.2. Por su parte, respecto del Consorcio Barranquilla CAN 201763 se indicó que
cumplió con la totalidad de los requisitos habilitantes.
6.18.3. El comité evaluador procedió a asignar el puntaje64 correspondiente a las
ofertas presentadas por los proponentes.
6.18.4. En la parte final del informe65 se estableció que los proponentes podrían
formular observaciones frente a dicho informe, las cuales serían resueltas por el
comité evaluador.
6.19. Al expediente se aportó el documento de respuesta a las observaciones
formuladas frente al informe de evaluación66. Conforme a las respuestas del comité
evaluador, el único oferente habilitado para ese momento era el Consorcio
Barranquilla CAN 2017.
6.19.1. El comité evaluador ratificó lo concerniente a la asignación de puntaje por
no tener sanciones, respecto del Consorcio Barranquilla CAN 201767.
6.19.2. Frente a la observación del Consorcio San Nicolás68 respecto de la
acreditación de la experiencia de la persona propuesta para el cargo de profesional
en gestión social, el comité evaluador ratificó que no se acreditó en debida forma la
experiencia específica exigida en el numeral 4.22 del pliego de condiciones.
63 Folio 1344 del cuaderno principal del Tribunal Administrativo del Atlántico.
64 Folios 1345 a 1351 del cuaderno principal del Tribunal Administrativo del Atlántico.
65 Folio 1354 del cuaderno principal del Tribunal Administrativo del Atlántico.
66 Folios 1355 a 1380 del cuaderno principal del Tribunal Administrativo del Atlántico.
67 Folios 1357 a 1358 del cuaderno principal del Tribunal Administrativo del Atlántico.
68 Folios 1361 a 1365 del cuaderno principal del Tribunal Administrativo del Atlántico.
26
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6.20. Los días 19 y 27 de septiembre de 2017 se llevó a cabo la audiencia de
adjudicación69, según consta en la respectiva acta.
6.20.1. En desarrollo de la audiencia, el Consorcio San Nicolás realizó dos
observaciones70: (i) insistió en que estaba debidamente acreditada la experiencia
de la señora María Teresa Medina Suárez, quien fue la persona propuesta para el
cargo de profesional en gestión social, pues adujo que la entidad poseía los
elemento materiales suficientes para evaluar dicha experiencia, y (ii) que se debió
rechazar la propuesta del Consorcio Barranquilla CAN 2017, toda vez que aquella
presentó una carta manifestando que ni él ni sus integrantes habían sido objeto de
sanciones por incumplimiento contractual dentro de los tres (3) años anteriores, aun
cuando se constató que uno de sus integrantes sí fue sancionado por tal motivo en
2015 y, por tanto, presentó información no veraz, con lo cual se configuraba la
causal de rechazo establecida en el pliego.
6.20.2. Frente a estas observaciones, el Distrito de Barranquilla dio respuesta71 en
los siguientes términos:
“- Respecto a la segunda observación: La observación presentada por el proponente
número 6 [la del Consorcio SAN Nicolás] donde nos solicita que la entidad tenga en
cuenta lo sustancial sobre lo formal y que revise de nuevo la documentación
aportada dentro de la propuesta, revisada de nuevo la documentación aportada
dentro de la propuesta inicial, como lo aportado junto a la subsanabilidad, el Distrito
encuentra procedente lo manifestado, teniendo en cuenta que en la propuesta inicial
esta la certificación del profesional y luego se allega un acta de recibo parcial o
evaluación presupuestal donde se puede evidenciar que el valor del contrato es el
mismo que se encuentra en la certificación aportada junto con la subsanabilidad y
que el objeto del contrato y el contratista y la entidad contratante corresponden a lo
que ya estaba dentro de la propuesta inicial.
• Respecto a la tercera observación: La observación presentada en relación a que
se rechace el proponente número 3 [la del Consorcio Barranquilla CAN 2017] le
informa que para este año 2017 la entidad ha realizado una valoración y unos juicios
de proporcionalidad y razonabilidad para estos casos puntuales, por lo que la
entidad no podría hacer un señalamiento en relación a la falta de veracidad de la
información aportada cuando en realidad todos los documentos que se presentaron
en relación a la información contenida en el RUP son consistentes, puesto que si el
reporte de multas y sanciones que debería reposar en el RUP no reposa ahí pues
mal haría la entidad en desnaturalizar el principio de buena fe sobre la base de que
la multa consta en un documento de naturaleza pública como lo es el RUES,
ciertamente entonces en este tipo de casos, la entidad haciendo un juicio de
valoración y proporcionalidad tomó la decisión de no aplicar causal de rechazo
relativa a la falta de veracidad, así mismo, en el caso de las licitaciones públicas en
69 Folios 1381 a 1393 del cuaderno principal del Tribunal Administrativo del Atlántico.
70 Folios 1383 a 1384 del cuaderno principal del Tribunal Administrativo del Atlántico.
71 Folios 1386 a 1388 del cuaderno principal del Tribunal Administrativo del Atlántico.
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donde la no sanción es un criterio de ponderación y se otorgan 50 puntos, la entidad
ha tomado la decisión para todos estos casos en la vigencia del 2017 de no
rechazar, sino de otorgar el puntaje y hacer el traslado correspondiente a la oficina
jurídica para lo de su cargo, como ejemplo se tienen los casos de los procesos de
selección mediante licitación pública de la LP - 009 aseo de instituciones educativas
de barranquilla y la LP- 021 2017 construcción de sedes del Sena en donde son
casos análogos al que se está presentando hoy y se tomó la decisión que hoy se
está tomando, consistente en retirar el puntaje por no sanciones y compulsar copia
a la oficina jurídica para lo de su competencia”.
6.20.3. En consecuencia, y según se desprende del acta de la audiencia de
adjudicación72, la entidad procedió a dar lectura a lo que denominó “la calificación
definitiva de los proponentes”, dejando constancia en tal sentido que los únicos
proponentes habilitados eran el Consorcio San Nicolás y el Consorcio Barranquilla
CAN 2017. Acto seguido, el comité evaluador estableció el siguiente orden de
elegibilidad: en primer lugar, el Consorcio San Nicolás con un puntaje de 994,582
y, en segundo lugar, el Consorcio Barranquilla CAN 2017 con un puntaje de
939,729.
6.20.4. Posteriormente, en una etapa avanzada de la audiencia73, el Distrito de
Barranquilla advirtió, de oficio, que la señora María Teresa Medina Suárez, quien
fue propuesta por el Consorcio San Nicolás para el cargo de profesional en gestión
social, no contaba con la dedicación exigida en el pliego de condiciones, por cuanto,
según pudo constatar, aquella se encontraba ejerciendo ese mismo cargo dentro de
otro contrato con el Distrito, de tal suerte que procedió a rechazar de plano la
propuesta del oferente demandante, con fundamento en la Nota 11 del numeral 4.22
del pliego de condiciones. Al respecto, en el acta de la audiencia se consignó:
“Para el caso del PROFESIONAL EN GESTIÓN SOCIAL, el Distrito evidenció lo
siguiente:
Actualmente se encuentra ejerciendo el cargo de PROFESIONAL EN GESTIÓN
SOCIAL, con una dedicación del 100%, dentro del contrato MÓDULO VII;: DISEÑO
Y CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE INDUSTRIAS CREATIVAS PARA EL
FUNCIONAMIENTO DEL SENA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA, de
acuerdo a lo certificado por la supervisión del contrato.
Conforme con lo expuesto anteriormente, y al evidenciar que el profesional
propuestos como PROFESIONAL EN GESTIÓN SOCIAL MARIA TERESA MEDINA
SUAREZ con CC. 63.548.515, cuenta con una dedicación comprometida, pues se
encuentra ejerciendo el mismo cargo, con una dedicación del 100%, dentro del
contrato cuyo objeto corresponde a: "DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE
DE INDUSTRIAS CREATIVAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SENA EN EL
DISTRITO DE BARRAQUILLA- MODULO VII”, situación que no fue advertida por el
72 Folios 1388 a 1389 del cuaderno principal del Tribunal Administrativo del Atlántico.
73 Folio 1392 del cuaderno principal del Tribunal Administrativo del Atlántico.
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proponente (de conformidad con la Nota 11 del numeral 4.22.2 que establece
“Teniendo en cuenta que el anexo carta de compromiso hace parte integral del
presente pliego de condiciones "Se deja expresa constancia que lo manifestado en
esta se realiza bajo la gravedad del juramento, y en caso de que el DISTRITO
evidencie a verifique que lo expresado no se encuentra ajustado a la realidad, se
tomará como información no veraz, incurriendo en la CAUSAL DE RECHAZO No. 2
establecida en el numeral 6.4 del pliego de condiciones”), y de manera adicional se
evidencia que no cumple con la dedicación requerida en el presente proceso de
selección.
De acuerdo a lo anterior, la calificación del proponente es RECHAZADO y se
procede a la verificación de los profesionales del proponente que se encuentra en
segundo lugar del orden de elegibilidad, esto es, el PROPONENTE No. 3
CONSORCIO BARRANQUILLA CAN 2017.
6.21. Mediante la Resolución No. 203 del 27 de septiembre de 201774, el Distrito de
Barranquilla le adjudicó la Licitación Pública LP-022-2017 al Consorcio Barranquilla
CAN 2017 por ser el único oferente habilitado.
Pruebas adicionales relevantes
6.22. El 27 de septiembre de 201775 el representante del Consorcio San Nicolás
elevó una solicitud de revocatoria directa contra el acto de adjudicación ante el
Distrito de Barranquilla.
6.23. El 28 de septiembre de 201776 la señora María Teresa Medina, en su calidad
de profesional en gestión social propuesta por el Consorcio San Nicolás dentro del
proceso licitatorio, también presentó solicitud de revocatoria directa contra el acto
de adjudicación. Explicó que si bien prestó sus servicios para el contratista del
contrato cuyo objeto consistió en “el diseño y construcción de la sede de Industrias
Creativas para el funcionamiento del SEÑA en el Distrito de Barranquilla – Módulo
VII”, lo cierto es que dicho contrato se encontraba suspendido desde abril de 2017
y, además, ya no tenía ningún tipo de vínculo con dicho contratista, por lo que en
realidad sí contaba con la dedicación requerida para asumir el cargo que le fue
propuesto.
6.23.1. Junto con su solicitud, aportó una certificación77 del 28 de septiembre de
2017, suscrita por el representante de la Unión Temporal Aurora – SPORAS,
74 Folios 1394 a 1399 del cuaderno principal del Tribunal Administrativo del Atlántico.
75 Folios 1400 a 1407 del cuaderno principal del Tribunal Administrativo del Atlántico.
76 Folios 1425 a 1428 del cuaderno principal del Tribunal Administrativo del Atlántico.
77 Folio 1429 del cuaderno principal del Tribunal Administrativo del Atlántico.
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contratista del contrato de obra No. 12016002610 -al que hizo referencia la entidad
en la audiencia de adjudicación-, en la cual se dejó constancia de que la señora
María Teresa Medina no tuvo un vínculo contractual ni laboral con dicha unión
temporal, pues el contrato fue suspendido.
6.24. Obra un derecho de petición del 28 de septiembre de 201778 elevado por la
señora María Teresa Medina ante el Distrito de Barranquilla, en el que solicitó que
no se suscribiera el contrato resultante de la licitación pública LP-022-2017, hasta
tanto no se le diera una respuesta de fondo a su solicitud de revocatoria directa del
acto de adjudicación.
6.25. Se encuentra incorporado al proceso el contrato de obra No. 01201700233379
del 28 de septiembre de 2017 suscrito entre el Distrito de Barranquilla y el Consorcio
Barranquilla CAN 2017.
8. Análisis de la Subsección
Para la solución del caso concreto, la Sala encuentra pertinente abordar el régimen
jurídico de subsanabilidad de las ofertas. Lo anterior, con el fin de proceder a
analizar, a partir de dicho marco legal, si el acto administrativo cuestionado adolece
de los vicios alegados, particularmente aquel atinente a la subsanabilidad del
ofrecimiento presentado por la parte demandante.
8.1. Del régimen jurídico de subsanabilidad de las ofertas
Sobre este particular, conviene anotar en primer término que el criterio formalista
que en un principio introdujeron tanto el Decreto Ley 150 de 1976 “Por el cual se
dictan normas para la celebración de contratos por parte de la Nación y sus
entidades descentralizadas” como el Decreto Ley 222 de 1983 “Por el cual se
expiden normas sobre contratos de la Nación y sus entidades descentralizadas y se
dictan otras disposiciones” en cuanto a la posibilidad y alcance de subsanar las
ofertas, fue superado con la expedición de la Ley 80 de 1993, estatuto a partir del
cual, en virtud del principio de economía y privilegiando lo sustancial sobre lo formal,
se consideró que las ofertas no podían rechazarse ante cualquier error de forma. Al
78 Folio 1430 del cuaderno principal del Tribunal Administrativo del Atlántico.
79 Folios 1431 a 1443 del cuaderno principal del Tribunal Administrativo del Atlántico.
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Radicación: 08001-23-33-000-2018-00391-01 (67378)
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efecto, el artículo 25, numeral 15, del Estatuto General de Contratación de la
Administración Pública dispuso:
“Artículo 25. Del principio de Economía. En virtud de este principio:
[…]
15. Las autoridades no exigirán sellos, autenticaciones, documentos originales o
autenticados, reconocimientos de firmas, traducciones oficiales, ni cualquier otra
clase de formalidades o exigencias rituales, salvo cuando en forma perentoria y
expresa lo exijan leyes especiales.
La ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación
o al proponente, no necesarios para la comparación de propuestas, no servirá de
título suficiente para el rechazo de los ofrecimientos hechos”.
En tal sentido, ante la ausencia de un requisito que no tuviera incidencia alguna en
la comparación de las propuestas, la administración pública no podía proceder a su
rechazo, correspondiéndole, por tanto, solicitar al proponente su subsanación. A
pesar de lo anterior, dicha disposición en la práctica presentó dificultades, no
solamente porque en la administración pública se encontraba arraigada la
costumbre formalista de rechazar la propuesta ante cualquier error de forma, sino
también porque no resultaba del todo claro cuáles eran los requisitos “no necesarios
para la comparación de propuestas”80.
Con la expedición de la Ley 1150 de 2007, el criterio general que introdujo la Ley 80
de 1993 en torno a la posibilidad de subsanar los requisitos del pliego que no fueran
necesarios para comparar las propuestas resultó despejado, toda vez que dicha
norma dispuso expresamente que los requisitos subsanables eran todos aquellos
que no afectaran la asignación de puntaje y, por tanto, ante la ausencia de los
mismos, la entidad estaba facultada para solicitar al oferente la corrección de su
propuesta. Esto reza el artículo 5º de la Ley 1150 de 2007:
“Artículo 5o. De la selección objetiva. Es objetiva la selección en la cual la
escogencia se haga al ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que ella
busca, sin tener en consideración factores de afecto o de interés y, en general,
cualquier clase de motivación subjetiva. En consecuencia, los factores de
escogencia y calificación que establezcan las entidades en los pliegos de
condiciones o sus equivalentes tendrán en cuenta los siguientes criterios:
1. La capacidad jurídica y las condiciones de experiencia, capacidad financiera y de
organización de los proponentes serán objeto de verificación de cumplimiento como
80 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 12 de 2014. Rad.: 27986.
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requisitos habilitantes para la participación en el proceso de selección y no otorgarán
puntaje, con excepción de lo previsto en el numeral 4 del presente artículo
(…)
PARÁGRAFO 1o. La ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a
la futura contratación o al proponente, no necesarios para la comparación de las
propuestas no servirán de título suficiente para el rechazo de los ofrecimientos
hechos. En consecuencia, todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten
la asignación de puntaje, podrán ser solicitados por las entidades en cualquier
momento, hasta la adjudicación. No obstante lo anterior, en aquellos procesos de
selección en los que se utilice el mecanismo de subasta, deberán ser solicitados
hasta el momento previo a su realización”.
Es del caso resaltar que, con posterioridad a la expedición de la Ley 1150 de 2007,
el Gobierno Nacional, en uso de sus facultades reglamentarias, expidió el Decreto
066 de 200881, en el que introdujo unas reglas de subsanabilidad (artículo 1082), en
virtud de las cuales dispuso que no estaba permitido subsanar asuntos relacionados
con la falta de capacidad para presentar la oferta, ni que se acreditaran
circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso. Mas adelante, el
Gobierno profirió el Decreto 2474 de 200883, que derogó el Decreto 066 de 2008,
en el que reprodujo las mismas reglas de subsanabilidad, que nuevamente fueron
replicadas en el Decreto 734 de 201284, derogatorio del Decreto 2474 de 2008. No
obstante lo anterior, en el año 2013 el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1510
de 2013, que derogó el Decreto 734 de 2012, el cual, a diferencia de los decretos
que le precedieron, no estableció pautas en torno a la subsanabilidad de las ofertas,
de suerte tal que se retornó a la regla prevista en el artículo 5º de la Ley 1150 de
2007, según la cual los requisitos subsanables eran todos aquellos que no afectaran
la asignación de puntaje.
81 “Por el cual se reglamenta parcialmente la ley 1150 de 2007 sobre las modalidades de selección,
publicidad y selección objetiva, y se dictan otras disposiciones”.
82 Artículo 10. Reglas de subsanabilidad. En todo proceso de selección de contratistas primará lo
sustancial sobre lo formal. En consecuencia, no podrá rechazarse una propuesta por la ausencia de
requisitos o la falta de documentos que verifiquen las condiciones del proponente o soporten el
contenido de la oferta, y que no constituyan los factores de escogencia establecidos por la entidad
en el pliego de condiciones, de conformidad con lo previsto en los numerales 2, 3 Y 4 del artículo 5
de la Ley 1150 de 2007. // Tales requisitos o documentos podrán ser requeridos por la entidad en
condiciones de igualdad para todos los proponentes hasta la adjudicación, o hasta el momento en
que la entidad lo establezca en los pliegos de condiciones, sin que tal previsión haga nugatorio el
principio contemplado en el inciso anterior. // Cuando se utilice el mecanismo de subasta esta
posibilidad deberá ejercerse hasta el momento previo a su realización. // En ningún caso la entidad
podrá señalar taxativamente los requisitos o documentos subsanables o no subsanables en el pliego
de condiciones, ni permitir que se subsanen asuntos relacionados con la falta de capacidad para
presentar la oferta, ni que se acrediten circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del
proceso”.
83 “Por el cual se reglamentan parcialmente la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007 sobre las
modalidades de selección, publicidad, selección objetiva, y se dictan otras disposiciones”.
84 “Por el cual se reglamenta el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y se
dictan otras disposiciones”.
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Demandante: Consorcio San Nicolás
Finalmente, en virtud de la Ley 1882 de 2018, que rige en la actualidad, se modificó
el artículo 5º de la Ley 1150 de 2007 en el sentido de determinar que los requisitos
que no asignen puntaje pueden ser subsanados hasta el término de traslado de los
informes de evaluación, salvo para los procesos de mínima cuantía y de selección
abreviada, y dispuso que los proponentes, durante este término, no pueden
subsanar circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso. La norma
en cita reza lo siguiente:
“ARTÍCULO 5o. Modifíquese el parágrafo 1 e inclúyanse los parágrafos 3, 4 y 5 de
artículo 5o de la Ley 1150 de 2007, los cuales quedarán así:
Artículo 5o. De la selección objetiva.
[…]
PARÁGRAFO 1. La ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la
futura contratación o al proponente, no necesarios para la comparación de las
propuestas no servirán de título suficiente para el rechazo de los ofrecimientos
hechos. En consecuencia, todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten
la asignación de puntaje, deberán ser solicitados por las entidades estatales y
deberán ser entregados por los proponentes hasta el término de traslado del informe
de evaluación que corresponda a cada modalidad de selección, salvo lo dispuesto
para el proceso de Mínima cuantía y para el proceso de selección a través del
sistema de subasta. Serán rechazadas las ofertas de aquellos proponentes que no
suministren la información y la documentación solicitada por la entidad estatal hasta
el plazo anteriormente señalado.
Durante el término otorgado para subsanar las ofertas, los proponentes no podrán
acreditar circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso”.
Así, de cara al desarrollo normativo antes expuesto en punto al régimen de
subsanabilidad de las ofertas, corresponderá al juez del contrato, en cada caso,
determinar la normativa aplicable, con el fin de establecer el alcance y las
condiciones en las que procede la subsanación de las ofertas.
En el presente asunto, la Sala observa que el proceso de licitación pública LP-022-
2017 fue adelantado después de expedido el Decreto 1510 de 2013 y antes de que
se profiriera la Ley 1882 de 2018, por lo que su régimen jurídico en punto de la
subsanabilidad es el previsto en parágrafo 1º del artículo 5º de la Ley 1150 de 2007,
sin la modificación introducida por la Ley 1882 de 2018.
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Radicación: 08001-23-33-000-2018-00391-01 (67378)
Demandante: Consorcio San Nicolás
8.2. La ineficacia de pleno derecho de la Nota 11 del numeral 4.22 del pliego
de condiciones y su incidencia en la validez del acto acusado
La parte actora controvierte la Resolución No. 203 del 27 de septiembre de 2017,
por medio de la cual el Distrito de Barranquilla adjudicó la licitación pública LP-022-
2017 al Consorcio Barranquilla CAN 2017. A su juicio, la entidad, en lugar de
proceder al rechazo de plano de su ofrecimiento, debió permitirle subsanar el
requisito habilitante relacionado con la dedicación exigida a la profesional integrante
de su equipo de trabajo, María Teresa Medina Suárez.
Sobre este particular, se observa que en el informe de evaluación (hecho probado
6.18) así como también en el documento mediante el cual la entidad dio respuesta
a las observaciones formuladas frente a dicho informe (hecho probado 6.19), el
comité evaluador concluyó inicialmente que la propuesta presentada por el
Consorcio San Nicolás no resultaba hábil, al considerar que no se encontraba
acreditada la experiencia mínima exigida respecto de la profesional María Teresa
Medina Suárez, postulada para el cargo de profesional en gestión social.
No obstante lo anterior, durante el desarrollo de la audiencia de adjudicación, la
entidad acogió los argumentos expuestos por el Consorcio San Nicolás al formular
observaciones contra el informe de evaluación y reconoció que la experiencia de la
referida profesional sí se encontraba debidamente acreditada (hecho probado
6.20.2), circunstancia que condujo en ese momento a la habilitación de la oferta.
En ese contexto, se advierte que, en la misma audiencia, la administración procedió
a evaluar las únicas propuestas que finalmente resultaron habilitadas (la del
Consorcio San Nicolás y la del Consorcio Barranquilla CAN 2017), de conformidad
con los criterios de asignación de puntaje previstos en el pliego de condiciones
(hecho probado 6.20.3), concluyendo que el Consorcio San Nicolás ocupaba el
primer lugar en el orden de elegibilidad, con una calificación de 994,582 puntos,
seguido del Consorcio Barranquilla CAN 2017, que obtuvo 939,729 puntos.
Sin embargo, se tiene que en una fase final de la audiencia de adjudicación (hecho
probado 6.20.4), el Distrito de Barranquilla dispuso rechazar de plano la propuesta
presentada por el Consorcio San Nicolás, al constatar de oficio que la profesional
de su equipo de trabajo, María Teresa Medina Suarez, figuraba de manera
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Demandante: Consorcio San Nicolás
simultánea como profesional en gestión social en otro contrato que estaba
ejecutando la entidad, esto es, en el contrato de obra No. 12016002610 celebrado
con la Unión Temporal Aurora – SPORAS, con una dedicación del cien por ciento
(100%). A juicio de la administración, dicha circunstancia impedía el cumplimiento
de la dedicación mínima exigida en el pliego de condiciones de la licitación pública
LP-022-2017 para el profesional en gestión social.
La anterior decisión fue sustentada por la Administración en lo dispuesto en la Nota
11 del numeral 4.22 del pliego de condiciones (hecho probado 6.4), conforme a la
cual, como el anexo de la carta de compromiso hacía parte integral del pliego, las
manifestaciones allí consignadas se entendían rendidas bajo la gravedad del
juramento, previéndose expresamente que "en caso de que el DISTRITO evidencie
o verifique que lo expresado no se encuentra ajustado a la realidad, se tomará como
información no veraz, incurriendo en la CAUSAL DE RECHAZO No. 2 establecida
en el numeral 6.4 del pliego de condiciones". Así, al estimar que la profesional María
Teresa Medina Suárez no contaba con la dedicación que declaró tener en su carta
de compromiso (hecho probado 6.10.), el Distrito de Barranquilla concluyó que era
procedente rechazar la oferta del Consorcio San Nicolás, bajo el entendido de que
con su ofrecimiento se aportó información no veraz (hecho probado 6.20.4.).
A partir del anterior recuento probatorio, la Sala estima que la regla prevista en la
Nota 11 del numeral 4.22 del pliego de condiciones, invocada como fundamento del
rechazo de la propuesta del Consorcio San Nicolás, es ineficaz de pleno derecho,
por las razones que a continuación se exponen.
El legislador previó la ineficacia de pleno derecho, como una figura en virtud de la
cual un acto no produce efectos porque se configuran determinadas circunstancias
tan lesivas para el ordenamiento jurídico que, según la norma positiva, traerá como
consecuencia que el negocio jurídico no cobre vigencia85. Entre otros, el artículo
897 del Código de Comercio dispuso que “cuando en este Código se exprese que
un acto no produce efectos, se entenderá que es ineficaz de pleno derecho, sin
necesidad de declaración judicial”.
85Consejo de Estado, Sección Tercera: i) Subsección B. Sentencias del 30 de abril de 2012.
Radicado 25000-23-26-000-1995-00704-01 (21699) y del 8 de septiembre de 2021. Radicado 25000-
23-26-000-2008-10598-01 (61617); y ii) Subsección C. Sentencia del 18 de mayo de 2017. Radicado
76001-23-31-000-2001-05411-01 (35199).
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Demandante: Consorcio San Nicolás
La ineficacia de pleno derecho se presenta en eventos en los cuales, por razones
de distinta índole, la ley dispone que un determinado acto jurídico no produce
efectos de ninguna naturaleza, sin que se requiera de declaración judicial. Por tanto,
su configuración supone que esa consecuencia está expresamente señalada en la
ley86.
En el caso de los contratos estatales, en el inciso final del literal f) numeral 5º del
artículo 2487 de la Ley 80 de 1993 se previó que serían ineficaces de pleno derecho
las estipulaciones de los pliegos y de los contratos que contravengan los mandatos
de ese numeral, a saber:
“Artículo 24. Del principio de Transparencia. En virtud de este principio:
[…]
5º. En los pliegos de condiciones:
a) Se indicarán los requisitos objetivos necesarios para participar en el
correspondiente proceso de selección.
b) Se definirán reglas objetivas, justas, claras y completas que permitan la
confección de ofrecimientos de la misma índole, aseguren una escogencia objetiva
y eviten la declaratoria de desierta de la licitación.
c) Se definirán con precisión las condiciones de costo y calidad de los bienes, obras
o servicios necesarios para la ejecución del objeto del contrato.
d) No se incluirán condiciones y exigencias de imposible cumplimiento, ni
exenciones de la responsabilidad derivada de los datos, informes y documentos que
se suministren.
e) Se definirán reglas que no induzcan a error a los proponentes y contratistas y que
impidan la formulación de ofrecimientos de extensión ilimitada o que dependan de
la voluntad exclusiva de la entidad.
f) Se definirá el plazo para la liquidación del contrato, cuando a ello hubiere lugar,
teniendo en cuenta su objeto, naturaleza y cuantía.
Serán ineficaces de pleno derecho las estipulaciones de los pliegos y de los
contratos que contravengan lo dispuesto en este numeral, o dispongan
86 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 10 de diciembre de 2018. Rad.:
760012331000 200102942 01
87 “Artículo 24. Del principio de transparencia. En virtud de este principio: […] 5. En los pliegos de
condiciones: […] d) No se incluirán condiciones y exigencias de imposible cumplimiento, ni
exenciones de la responsabilidad derivada de los datos, informes y documentos que se suministren.
[…] serán ineficaces de pleno derecho las estipulaciones de los pliegos o términos de referencia y
de los contratos que contravengan lo dispuesto en este numeral, o dispongan renuncias a
reclamaciones por la ocurrencia de los hechos aquí enunciados […]”.
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Demandante: Consorcio San Nicolás
renuncias a reclamaciones por la ocurrencia de los hechos aquí enunciados”
(se destaca).
De lo anterior se evidencia que la ineficacia de pleno derecho, prevista en el numeral
5 del artículo 24 de la Ley 80 de 1993, tiene plenos efectos tratándose de los pliegos
de condiciones y los contratos sometidos al Estatuto General de Contratación de la
Administración Pública, y trae como consecuencia que las disposiciones que
adolecen de tales situaciones se entiendan por no escritas. Así lo ha señalado la
jurisprudencia de esta Corporación88:
“Recuérdese que aquellas estipulaciones contenidas en los pliegos de condiciones o
términos de referencia que contravengan las prescripciones contenidas en el artículo
24 de la Ley 80 de 1993, pueden ser controladas por el juez del contrato a través de
las acciones correspondientes contra los pliegos de condiciones o términos de
referencia, o inaplicadas por el juez administrativo por vía de excepción de ilegalidad
o por ‘ineficacia de pleno derecho’, sanción esta última prevista para aquella
elaboración indebida de alguna condición o regla que vulnere las pautas establecidas
por el legislador en el numeral 5º del citado artículo.
Como lo ha dicho la Sala todas aquellas cláusulas que puedan comportar la
vulneración de los principios expuestos, son susceptibles de depuración por parte del
juez del contrato89, e incluso, se repite la ley puede establecer ab initio la sanción que
le merezca, como ocurre en los eventos de ineficacia de pleno derecho, en los que no
se requiere de decisión judicial y que, en consecuencia, pueda ser inaplicada en el
caso concreto”90.
Descendiendo al presente caso, se observa que la regla fijada por la administración
en la Nota 11 del numeral 4.22 del pliego de condiciones consagró una causal de
88 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 24 de junio de 2004, expediente 15235,
en la cual, además, se indicó que: “[…] el juez administrativo si puede inaplicar el pliego de
condiciones cuando encuentre que uno de sus preceptos viola la ley y es el sustento legal de
cualquiera de las decisiones que tome la entidad contratante durante la actividad contractual […] la
inaplicación, concretamente de las disposiciones del pliego de condiciones, encuentra sustento,
además, en la ley 80 de 1993, la cual en el inciso segundo del literal f. del numeral 5 del art. 24,
sanciona con la ineficacia, de pleno derecho, las estipulaciones de los pliegos de condiciones o
términos de referencia y de los contratos que contravengan lo dispuesto en ese numeral”. Reiterada
en Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de abril
26 de 2006, Rad.: 16041, Sentencia del 11 de noviembre de 2009. Rad.: 17366 y Sentencia del 27
de marzo de 2014. Rad.: 27453.
89 Cita origina. Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de 3 mayo de 1999. Rad.:12344
90 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 24 de junio de 2004, expediente 15235,
en la cual, además, se indicó que: “[…] el juez administrativo si puede inaplicar el pliego de
condiciones cuando encuentre que uno de sus preceptos viola la ley y es el sustento legal de
cualquiera de las decisiones que tome la entidad contratante durante la actividad contractual […] la
inaplicación, concretamente de las disposiciones del pliego de condiciones, encuentra sustento,
además, en la ley 80 de 1993, la cual en el inciso segundo del literal f. del numeral 5 del art. 24,
sanciona con la ineficacia, de pleno derecho, las estipulaciones de los pliegos de condiciones o
términos de referencia y de los contratos que contravengan lo dispuesto en ese numeral”. Reiterada
en Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de abril
26 de 2006, Rad: 16041, Sentencia del 11 de noviembre de 2009. Rad.: 17366 y Sentencia del 27
de marzo de 2014. Rad.: 27453.
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Demandante: Consorcio San Nicolás
rechazo de aplicación inmediata y directa, frente a cualquier inconsistencia que
evidenciara el Distrito respecto de la información contenida en la carta de
compromiso, sin que resultara necesario adelantar valoraciones adicionales, en
tanto la sola constatación de la inexactitud o falta de correspondencia con la realidad
bastaba para excluir la propuesta del proceso de selección.
En efecto, en la regla aludida se estableció que, dado que el anexo de la carta de
compromiso formaba parte integral del pliego, lo manifestado por los integrantes del
equipo de trabajo en dicho documento se entendería realizado bajo la gravedad del
juramento; en consecuencia, si el Distrito, motu proprio y sin valoración adicional
alguna, verificaba que la información suministrada en la carta de compromiso no se
ajustaba a la realidad, esta se consideraría no veraz, incurriendo en la causal de
rechazo No. 2 prevista en el numeral 6.4 del pliego de condiciones (hecho probado
6.4).
A juicio de la Sala, dicha regla, que por demás contempla la facultad en cabeza de
la Administración de rechazar de plano los ofrecimientos, vulnera lo dispuesto en el
literal b) del numeral 5 del artículo 24 de la Ley 90 de 1993, en relación con el
principio de selección objetiva, al desconocer el postulado previsto en el parágrafo
1° del artículo 5° de la Ley 1150 de 2007 -norma vigente para la época de los
hechos- según el cual “[l]a ausencia de requisitos o la falta de documentos
referentes a la futura contratación o al proponente, no necesarios para la
comparación de las propuestas, no servirán de título suficiente para el rechazo de
los ofrecimientos hechos. En consecuencia, todos aquellos requisitos de la
propuesta que no afecten la asignación de puntaje, podrán ser solicitados por las
entidades en cualquier momento, hasta la adjudicación. No obstante lo anterior, en
aquellos procesos de selección en los que se utilice el mecanismo de subasta,
deberán ser solicitados hasta el momento previo a su realización”.
Mediante la regla cuestionada, y bajo el pretexto de justificar el rechazo de plano de
los ofrecimientos en los cuales la entidad evidenciara discrepancias en la
información consignada en la carta de compromiso respecto de los integrantes del
equipo de trabajo, se privó a los participantes del proceso de selección de la
posibilidad de subsanar aspectos inherentes a requisitos meramente habilitantes
(numeral 4.22 del pliego de condiciones), es decir, aquellos que no otorgaban
puntaje alguno y tampoco incidían en la comparación de las propuestas.
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En efecto, en atención a la naturaleza y al alcance de las eventuales inconsistencias
que el Distrito pudiera advertir en las cartas de compromiso que se allegaran junto
con los ofrecimientos, aun cuando la información se hubiera suministrado bajo la
gravedad de juramento, resultaba jurídicamente procedente habilitar a los
proponentes -siempre y cuando estuvieran dados los requisitos de ley- para que
subsanaran los aspectos allí consignados, antes que acudir al rechazo inmediato y
directo de las ofertas presentadas, como se desprende de lo consignado en la Nota
11 del numeral 4.22 del pliego de condiciones.
A juicio de la Sala, si al examinar las cartas de compromiso la entidad advertía que
la información allí consignada no se correspondía plenamente con la realidad, en
lugar de consagrar una regla de rechazo directo de las ofertas, resultaba exigible
que, en aplicación del régimen de subsanabilidad, se habilitara a los oferentes la
posibilidad de sanear defectos susceptibles de ser subsanados, siempre y cuando
la información respecto de la cual se solicitara la subsanación no incidiera en la
asignación de puntaje ni alterara la comparación de las propuestas.
Lo que no resulta admisible, como ocurrió en el presente caso, era establecer una
regla que calificara de manera anticipada la información contenida en las cartas de
compromiso como no veraz y que, con fundamento exclusivo en esa calificación,
dispusiera el rechazo de los ofrecimientos, lo cual constituye una infracción directa
del régimen de subsanabilidad de las ofertas; no es viable que a través de la
estipulación en comento se restrinja o desconozca el criterio de subsanabilidad
previsto por el legislador.
En consecuencia, para la Sala se encuentra configurada la ineficacia de pleno
derecho de la regla contenida en la Nota 11 del numeral 4.22 del pliego de
condiciones de la licitación pública LP-022-2017, dado que dicha regla desconoce
el postulado de selección objetiva consagrado en el literal b) del numeral 5 del
artículo 24 de la Ley 90 de 1993, al contrariar lo previsto en el parágrafo 1° del
artículo 5° de la Ley 1150 de 2007, en relación con la subsanabilidad de las ofertas.
En consecuencia, la referida disposición debe tenerse por no escrita.
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8.3. Examen de validez del acto demandado
Habiendo quedado establecido en el sub lite que la regla contenida en la Nota 11
del numeral 4.22 del pliego de condiciones de la licitación pública LP-022-2017 es
ineficaz de pleno derecho, corresponde determinar si la irregularidad que dio lugar
a dicha ineficacia tiene la vocación de viciar el acto de adjudicación -Resolución No.
203 del 27 de septiembre de 2017-, para lo cual, tal y como lo ha señalado la
jurisprudencia de esta Sección91, es indispensable establecer si el proceso
contractual fue adjudicado de forma incorrecta o no.
En el expediente se encuentra acreditado que el Consorcio San Nicolás presentó
propuesta dentro de la licitación pública LP-022-2017 (hecho probado 6.9.). De igual
modo, se probó que con el ofrecimiento allegado se incorporó la carta de
compromiso de la profesional en gestión social que haría parte del equipo de trabajo
-María Teresa Medina Suárez-, en la que manifestó que sí contaba con la
dedicación requerida para la ejecución del contrato.
Asimismo, consta que en la misma audiencia de adjudicación la entidad evaluó las
ofertas habilitadas con arreglo a los criterios de asignación de puntaje previstos en
el pliego de condiciones (hecho probado 6.20.3), ejercicio del cual se desprendió
que el Consorcio San Nicolás ocupaba el primer lugar en el orden de elegibilidad, al
obtener una calificación de 994,582 puntos, seguido por el Consorcio Barranquilla
CAN 2017, con 939,729 puntos; no obstante, en una etapa final de dicha audiencia
(hecho probado 6.20.4), la entidad rechazó de plano la propuesta presentada por el
Consorcio San Nicolás, de conformidad con lo previsto en la Nota 11 del numeral
91 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 26 de abril de 2006. Rad.: 16.041, en la
que se manifestó que: Sin embargo, como ha sido reiterada la jurisprudencia de esta Sala, con el fin
de determinar si dicha irregularidad tiene la virtualidad de hacer prosperar las pretensiones del actor
relativas a la nulidad del acto y el restablecimiento del derecho, es menester examinar en conjunto
con los demás criterios que señala la demanda, si dicha adjudicación fue realizada incorrectamente
por la entidad como consecuencia de una indebida evaluación de las ofertas, y además, si existe
prueba de que su oferta era la mejor o más favorable para la administración, de conformidad con las
reglas establecidas en los pliegos de condiciones.
En el mismo sentido Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 8 de febrero de 2012.
Rad.: 20688, en la que se indicó que “No obstante la ineficacia que pesa sobre el criterio de
antigüedad, no se modifica o cambia el orden de elegibilidad en el Grupo II de la Licitación Pública
n.° 08 MLD-OC-97, pues aún si se descontasen los puntos obtenidos por los diferentes proponentes
en este concepto, la oferta del Consorcio Henao-Rodríguez no logra ascender al primer escalafón
en el orden del mérito, en tanto la Sociedad Obras y Diseños Ltda. continuaría en el primer lugar con
89 puntos y dicho consorcio en el segundo lugar con 84 puntos”.
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4.22 del pliego de condiciones, disposición respecto de la cual, como quedó visto
en precedencia (F.J. 8.2.), se predica su ineficacia de pleno derecho.
En consecuencia, prescindiendo de la regla prevista en la Nota 11 del numeral 4.22
del pliego de condiciones de la licitación pública LP-022-2017, corresponde
establecer si el ofrecimiento presentado por el Consorcio San Nicolás cumplía o no
con el requisito que echó de menos la entidad demandada -dedicación de la
profesional en gestión social-.
En ese contexto, resulta necesario determinar, en primer término, si existía o no el
deber jurídico del Distrito de Barranquilla de solicitar la subsanación del ofrecimiento
presentado por el Consorcio San Nicolás, particularmente en relación con las
inconsistencias advertidas en la carta de compromiso de la profesional en gestión
social María Teresa Medina Suárez, integrante del equipo de trabajo propuesto.
De conformidad con lo establecido en el artículo 30.8 de la Ley 80 de 1993 no está
permitido que los oferentes completen, adicionen, modifiquen o mejoren sus
propuestas; sin embargo, tal y como lo ha manifestado esta Corporación92, la norma
92 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 12 de noviembre de 2014. Rad.: 27986.
En dicho proveído se manifestó lo siguiente:
“iii) El artículo 30, numeral 8, de la Ley 80, también se refirió al mismo tema, porque reguló parte de
la etapa de evaluación de las ofertas en los procesos de licitación pública, y señaló que esa actividad
se efectuará conforme a las siguientes reglas:
“8. Los informes de evaluación de las propuestas permanecerán en la secretaría de la entidad por
un término de cinco (5) días hábiles para que los oferentes presenten las observaciones que estimen
pertinentes. En ejercicio de esta facultad, los oferentes no podrán completar, adicionar, modificar o
mejorar sus propuestas.”
La etapa de “observaciones al informe de evaluación” corresponde al momento posterior a la primera
evaluación de las propuestas que realiza la entidad. La parte final de la disposición trascrita la
entendieron muchos con un doble sentido, de ahí parte de los problemas: i) para algunos significó
que como no es posible completar, adicionar, modificar o mejorar las ofertas, entonces las entidades
no podían recibir documentos adicionales que explicaran sus insuficiencias, pues claramente se
trasgredía esta norma; ii) para otros la comprensión debía hacerse de conformidad con el art. 25.15
citado, armonizándolos, es decir, que durante el término que existe para presentar observaciones al
informe de evaluación sí es posible completar, adicionar o modificar y mejorar las ofertas, pero en
los aspectos que permite el art. 25.15, y no en los aspectos que prohíbe.
Para la Sala la segunda solución es la correcta, porque si el art. 30.8 se aísla para leerlo,
significaría que si falta, por ejemplo, una copia de la propuesta, entonces no se podía pedirla
al oferente para que subsanara el requisito, porque al aportarla necesariamente completaría
o adicionaría lo que no estaba. De admitir este entendimiento surgiría, de un lado, una
contradicción lógica grave, profunda e irreconciliable, entre los artículos 25.15 y 30.7 con el
art. 30.8; y del otro lado, si las reglas hermenéuticas permiten entender todas las normas en
su propio contexto, conservando la filosofía que inspiró el cambio de la regulación sobre la
subsanabilidad de ofertas, se debe optar por ese entendimiento. Además, el art. 25.15
contiene un principio general del derecho administrativo –el principio de economía-, mientras
que el art. 30.8 contiene una regla específica de aplicación en la licitación, así que el orden en
41
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Demandante: Consorcio San Nicolás
referida debe interpretarse de forma armónica con aquellas que establecen la
posibilidad en cabeza de las entidades públicas de solicitar a los proponentes las
aclaraciones y explicaciones frente a sus propuestas (Ley 80 de 1993, art. 30.7), así
como también con las que determinan el alcance de la subsanabilidad de las
propuestas (para nuestro caso el artículo 5º de la Ley 1150 de 2007), de lo que se
concluye que resulta posible, en cierta medida, completar, adicionar, modificar o
mejorar las ofertas, pero únicamente en lo que corresponde a los requisitos que
expresamente permite la ley, que para el caso concreto y en virtud del régimen legal
aplicable resultan ser “todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la
asignación de puntaje”.
En punto de la posibilidad de subsanar los ofrecimientos, en sentencia del 12 de
noviembre de 2014 esta Sección, al amparo del régimen previsto en el parágrafo 1º
del artículo 5º de la Ley 1150 de 2007, precisó lo siguiente:
“[L]o subsanable o insubsanable se define a partir de una pregunta, que se le formula
a cada requisito omitido o cumplido imperfectamente: ¿el defecto asigna puntaje al
oferente? Si lo hace no es subsanable, si no lo hace es subsanable; en el último
evento la entidad le solicitará al oferente que satisfaga la deficiencia, para poner su
oferta en condiciones de ser evaluada, y no importa si se refiere o no a problemas
de capacidad o a requisitos cumplidos antes o después de presentadas las ofertas,
con la condición de que cuando le pidan la acreditación la satisfaga suficientemente.
[…]
A partir de esta norma [Ley 1150 de 2007, artículo 5º] resulta sencillo concluir, por
ejemplo: que la falta de certificado de existencia y representación legal, de RUP, de
firma de la oferta, de un certificado de experiencia, la copia de la oferta, la ausencia
y errores en la garantía de seriedad, de autorización al representante legal por parte
de la junta directiva, etc., son requisitos subsanables, porque no otorgan puntaje en
la evaluación. En cambio, si el defecto o la ausencia es de un requisito o documento
que acredita un aspecto que otorga puntos, por ejemplo la falta de precio de un ítem,
la omisión del plazo de ejecución -si se evalúa-, etc., no son subsanables porque
otorgan puntaje”93.
Bajo este contexto, y en armonía con lo manifestado en precedencia (F.J. 8.1.), en
el presente caso se puede concluir que permitir aclarar el ofrecimiento en punto de
la disponibilidad de la profesional en gestión social que haría parte del equipo de
trabajo -María Teresa Medina Suárez- del Consorcio San Nicolás no implicaba una
mejora en la oferta del proponente, comoquiera que, además de que el régimen
que se interpretan y la coherencia que hay que hallar entre ellos indica que la regla debe
entenderse conforme al principio, pues éste inspira su alcance e indica la mejor forma de
aplicarla”.
93 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 12 de noviembre de 2014. Rad.: 27986. En el
mismo sentido, Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 26 de febrero de 2014. Rad.:
25804. Sentencia del 12 de junio de 2014. Rad.: 21324.
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Radicación: 08001-23-33-000-2018-00391-01 (67378)
Demandante: Consorcio San Nicolás
aplicable le permitía subsanar cualquier requisito que no asignara puntaje, la
subsanación sobre este particular no implicaba que el oferente mejorara su
ofrecimiento.
De hecho, no se trataba de que el consorcio sustituyera o modificara la
conformación del equipo de trabajo propuesto, sino, simplemente, de que subsanara
lo relativo a la disponibilidad de la profesional en gestión social María Teresa
Medina. Esto es, que acreditara y diera cuenta si, para el momento en que debía
ejecutarse el contrato, la referida profesional tendría la dedicación requerida, en
atención a que, según la entidad, figuraba como integrante de otro equipo de trabajo
en un contrato en ejecución, con una disponibilidad del 100%.
En ese contexto, resulta evidente que tal circunstancia correspondía a un aspecto
susceptible de subsanación, en la medida en que no tenía incidencia alguna en la
asignación de puntaje ni en la comparación de las ofertas. Por consiguiente, debió
permitírsele al Consorcio San Nicolás subsanar su ofrecimiento durante el desarrollo
de la audiencia de adjudicación, a fin de determinar si la profesional en gestión social
cumplía o no las condiciones establecidas en el pliego.
Así, y una vez establecido que el requisito habilitante relativo a la información sobre
la dedicación de la profesional en gestión social integrante del equipo de trabajo era
subsanable, es menester verificar, en segundo lugar, si en el expediente obran
elementos probatorios suficientes que permitan tener por subsanada la
circunstancia advertida por la entidad demandada durante la audiencia de
adjudicación, esto es, aquellos orientados a acreditar la dedicación de la profesional
María Teresa Medina Suárez.
En tal sentido, en el expediente obran elementos de prueba que dan cuenta que, al
día siguiente a la expedición del acto de adjudicación, tanto el Consorcio San
Nicolás como la profesional María Teresa Medina Suárez presentaron solicitudes
de revocatoria directa contra dicho acto (hechos probados 6.22 y 6.23). En
particular, la profesional explicó que el contrato al cual la administración aludió en
la audiencia de adjudicación -contrato de obra No. 12016002610- se encontraba
suspendido desde abril de 2017 y, además, aportó una certificación del 28 de
septiembre de 2017 expedida por la Unión Temporal Aurora – SPORAS -contratista
de dicho contrato- (hecho probado 6.23.1), en la que se dejó constancia de que
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Radicación: 08001-23-33-000-2018-00391-01 (67378)
Demandante: Consorcio San Nicolás
aquella no tuvo un vínculo laboral ni contractual con la unión temporal. En dicho
documento se consignó lo siguiente:
“(…) por solicitud de la interesada, me permito CERTIFICAR Que la UNION
TEMPORAL AURORA — SPORAS, contratistas del CONTRATO DE OBRA NO.
12016002610. DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA SEDE DE INDUSTRIAS
CREATIVAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SENA EN EL - DISTRITO DE
BARRANQUILLA. (MODULO VII) no tiene vínculo laboral ni contractual de ningún
tipo con la Sra. MARIA TERESA MEDINA SUAREZ.
Así mismo manifiesto que aunque dicha profesional ofreció y se había comprometido
a prestar sus servicios, el contrato se encuentra suspendido desde la fecha 27 de
abril del 2017 conforme al acta de suspensión firmada en la misma fecha. Los
motivos que han motivado dicha suspensión fueron de orden público NO
IMPUTABLES al contratista, sin fecha cierta de reinicio hasta el momento. Por lo
tanto se tomó la decisión de no vincular dentro el grupo de profesionales propuesto
en la licitación del contrato al personal técnico dentro de los que se encontraba la
sicóloga María Teresa Medina Suarez, quedando dichos profesionales en libertad
para comprometerse con otros contratantes, lo cual es claro y transparente para la
entidad e interventoría dado que en el tiempo de suspensión no se ha permitido
ninguna actividad”.
A partir de la anterior información, la Sala estima que, de haberse permitido al
Consorcio San Nicolás subsanar su ofrecimiento -como en efecto correspondía
conforme al régimen normativo aplicable-, la entidad demandada hubiera superado
la ausencia advertida en relación con la dedicación de la profesional en gestión
social, María Teresa Medina Suárez, pues en efecto al presente proceso fueron
allegadas pruebas que dan cuenta que, para ejecutar el contrato, y conforme a lo
señalado desde un principio en el ofrecimiento, aquella tendría la disponibilidad
requerida, lo que, al amparo de las circunstancias particulares del caso, habría
conducido indefectiblemente a mantener la habilitación del oferente demandante y,
por tanto, a adjudicarle el proceso de selección, dado que, con anterioridad a su
descalificación en el marco de la audiencia, ocupaba el primer lugar en el orden de
elegibilidad (hecho probado 6.20.3), superando al oferente que finalmente resultó
beneficiado con la adjudicación y con quien la entidad suscribió posteriormente el
respectivo contrato (hecho probado 6.25).
En efecto, de habérsele permitido al Consorcio San Nicolás -en desarrollo de la
audiencia y hasta antes de la adjudicación- subsanar el requisito habilitante que fue
indebidamente utilizado como fundamento para rechazar su oferta, dicho
proponente habría resultado adjudicatario de la Licitación Pública LP-022-2017,
pues, tal y como se consignó en el acta de la audiencia de adjudicación, hasta antes
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Radicación: 08001-23-33-000-2018-00391-01 (67378)
Demandante: Consorcio San Nicolás
de la descalificación de su ofrecimiento, este ocupaba el primer lugar en el orden de
elegibilidad conforme a la ponderación de las propuestas habilitadas.
A partir de lo anterior, la Sala colige que la irregularidad que dio lugar a estimar
ineficaz de pleno derecho la regla contenida en la Nota 11 del numeral 4.22 del
pliego de condiciones vicia la Resolución No. 203 del 27 de septiembre de 2017, lo
que impone declarar su nulidad. Sin lugar a duda la Licitación Pública LP-022-2017
fue adjudicada irregularmente al Consorcio Barranquilla CAN 2017, pues
ciertamente el ofrecimiento del Consorcio San Nicolás: (i) cumplía con el requisito
habilitante que echó de menos la entidad -disponibilidad de equipo de trabajo-, por
lo que no debió ser rechazada durante el desarrollo de la audiencia de adjudicación;
y (ii) era la mejor, según lo reconocido por la misma entidad contratante.
En atención a lo expuesto, y dado que prospera el cargo analizado, la Sala se
abstendrá de abordar el estudio de los demás cargos formulados por la parte
recurrente, relativos al incumplimiento de los requisitos del ofrecimiento presentado
por el Consorcio Barranquilla CAN 2017 y al hecho de que la entidad no hubiera
resuelto las solicitudes de revocatoria directa del acto de adjudicación, en tanto que,
con independencia de dicha discusión, en el proceso se encuentra suficientemente
acreditado que la oferta del Consorcio San Nicolás cumplía con el requisito
habilitante del equipo de trabajo y no debió ser rechazada, de tal suerte que debió
resultar adjudicataria del proceso de selección, circunstancia que por sí misma
conlleva a declarar la nulidad de la Resolución No. 203 del 27 de septiembre de
2017.
8.3. Del restablecimiento del derecho
En su demanda la parte actora solicita, a título de restablecimiento del derecho, el
reconocimiento y pago de la suma de $1.026’267.651, por concepto de la utilidad
dejada de percibir por no haberse visto beneficiado con la adjudicación del proceso
de selección. Lo anterior, bajo el entendido de que su ofrecimiento era el mejor.
8.3.1. De la oferta más favorable
En anteriores oportunidades esta Corporación ha considerado que, en casos en los
que se priva a uno de los oferentes de la posibilidad de resultar adjudicatario del
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Radicación: 08001-23-33-000-2018-00391-01 (67378)
Demandante: Consorcio San Nicolás
proceso de selección, corresponde al demandante acreditar que su oferta era la
más favorable, para lo cual, por regla general, debe allegar al proceso la totalidad
de las propuestas presentadas, de manera que el juez cuente con los elementos
necesarios para compararlas y evaluarlas conforme a los criterios de ponderación
establecidos en el pliego de condiciones94.
En el asunto sub examine y atendiendo a las particularidades del caso concreto, la
Sala estima innecesario adelantar una comparación integral de la totalidad de las
propuestas presentadas en el marco de la Licitación Pública LP-022-2017 -trece
(13) en total- e, incluso, efectuar un cotejo con la oferta del proponente adjudicatario
que llegó habilitado a la audiencia de adjudicación. Lo anterior, por cuanto, como
quedó expuesto en precedencia, el rechazo de la propuesta presentada por la parte
actora se produjo en una etapa avanzada de la audiencia de adjudicación, momento
en el cual la administración ya había dado a conocer las propuestas habilitadas y el
respectivo orden de elegibilidad. En dicho escenario, el Consorcio San Nicolás
ocupaba el primer lugar, seguido por el Consorcio Barranquilla CAN 2017,
circunstancia que torna inocuo, para los fines del presente análisis, realizar una
nueva comparación de las ofertas, cuando resulta claro que, de no haberse
presentado el rechazo de la propuesta de la demandante, el proceso debió ser
adjudicado a su favor.
8.3.2. De la utilidad dejada de percibir
De manera reciente95, esta Subsección consideró que en eventos en los que se
reclame a título de indemnización la utilidad dejada de percibir por el hecho de que
el demandante haya sido privado injustamente de celebrar y ejecutar el contrato
estatal, le corresponde al proponente afectado demostrar que el negocio jurídico le
habría generado un provecho económico. En otros términos, la utilidad dejada de
percibir no se presume por la sola acreditación de la ilegalidad del acto de
adjudicación, sino que resulta indispensable demostrar que la ejecución del contrato
habría producido una utilidad efectiva, de conformidad con las condiciones
94 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 17
de junio de 2024, exp. 44548. Ver también Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, Subsección C, sentencia del 13 de marzo de 2024, exp. 59036. Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 1 de noviembre de 2023, exp. 55929.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 28
de febrero de 2022, exp. 65134.
95 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 9
de diciembre de 2025. Exp. 69200.
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Radicación: 08001-23-33-000-2018-00391-01 (67378)
Demandante: Consorcio San Nicolás
administrativas, operativas, económicas y financieras bajo las cuales el oferente
estructuró su propuesta.
Tal perjuicio puede acreditarse por distintos medios de prueba, en virtud de la
libertad probatoria. Así, es posible demostrarlo, por ejemplo: (i) mediante el
contenido mismo de la propuesta y la utilidad esperada incluida en esta; (ii)
mediante pruebas técnicas que evidencien el beneficio económico derivable de la
ejecución contractual, o (iii) a través de un dictamen pericial elaborado con
fundamento en la información suministrada durante el proceso de selección.
En el caso concreto, la Sala advierte que, a partir de la propuesta del Consorcio San
Nicolás obrante en el expediente, no es posible determinar la utilidad esperada,
pues en efecto no se encuentra discriminado ningún componente por factor de
utilidad. Tampoco reposa una prueba técnica o un dictamen pericial, que permitan
establecer la utilidad que habría generado para el demandante la ejecución del
contrato. En suma, el consorcio demandante no acreditó que el ofrecimiento le fuera
a reportar beneficio económico alguno, pues no allegó ningún medio probatorio
idóneo que permita determinar tal circunstancia.
Según se observa, la parte actora no cumplió con la carga probatoria que le
correspondía, teniendo en cuenta que, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 167 del Código General del Proceso, “[i]ncumbe a las partes probar el
supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas
persiguen”, de donde la utilidad dejada de percibir a título de restablecimiento del
derecho requiere de prueba, cuya omisión por la demandante, a quien corresponde
tal onus, impide su reconocimiento.
Así las cosas, aunque el juez posee claras facultades oficiosas para decretar
pruebas y con ello auscultar algunos vacíos que en materia probatoria pudo dejar
una deficiente concepción de la prueba por el extremo procesal interesado y de esta
manera buscar la verdad material, dichas facultades deben utilizarse para
esclarecer las partes oscuras que puedan quedar en el proceso, pero no puede
esgrimirse para suplir la ritualidad probatoria que corresponde atender a las partes
desequilibrando la relación jurídico procesal entre ambos extremos.
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Radicación: 08001-23-33-000-2018-00391-01 (67378)
Demandante: Consorcio San Nicolás
En consecuencia, aun cuando en el presente caso se acreditó la ilegalidad del acto
de adjudicación, el consorcio demandante no demostró la certeza del perjuicio
consistente en la utilidad dejada de percibir, al haber omitido aportar los elementos
probatorios necesarios para acreditar el provecho económico esperado. Estas
falencias probatorias impiden tener por acreditado el daño cierto y real, presupuesto
indispensable para el reconocimiento de dicho perjuicio, según la jurisprudencia de
esta Subsección.
Por lo expuesto, se negará el restablecimiento del derecho solicitado en cuanto al
reconocimiento de la utilidad que el demandante pretendía derivar de la
adjudicación del proceso de selección.
8.4. La nulidad absoluta del contrato
Según lo previsto en el artículo 45 de la Ley 80 de 199396, la nulidad absoluta de los
contratos estatales debe ser declarada de oficio cuando aparezca plenamente
demostrada, y no es susceptible de ser saneada mediante ratificación. A su vez, la
posibilidad de decretar oficiosamente la nulidad absoluta de los contratos, si se
encuentra plenamente demostrada y en el proceso están presentes todas las partes
que lo celebraron, es reiterada en el inciso final del artículo 141 del CPACA 97.
Ahora bien, el artículo 2º de la Ley 50 de 1936, en la nueva redacción que le dio al
artículo 1742 del C.C., expresa que la nulidad absoluta se sanea “en todo caso” por
prescripción extraordinaria. Por consiguiente, cualquiera que sea la causa que da
origen a la nulidad absoluta, transcurrido el término de la prescripción extraordinaria
no podrá pedirse ni decretarse porque el legislador, en procura de la seguridad
jurídica, ha fijado un límite temporal a la posibilidad de cuestionar los negocios
jurídicos.
96 “La nulidad absoluta podrá ser alegada por las partes, por el agente del Ministerio Público, por
cualquier persona o declarada de oficio, y no es susceptible de saneamiento por ratificación”.
97 “El Ministerio Público o un tercero que acredite un interés directo podrán pedir que se declare la
nulidad absoluta del contrato. El juez administrativo podrá declararla de oficio cuando esté
plenamente demostrada en el proceso, siempre y cuando en él hayan intervenido las partes
contratantes o sus causahabientes”.
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Demandante: Consorcio San Nicolás
Respecto de las causales de nulidad absoluta de los contratos estatales, el artículo
44 de la Ley 80 de 1993 dispone:
“ARTÍCULO 44.- De las Causales de Nulidad Absoluta. Los contratos del Estado
son absolutamente nulos en los casos previstos en el derecho común y además
cuando:
1o. Se celebren con personas incursas en causales de inhabilidad o incompatibilidad
previstas en la Constitución y la ley;
2o. Se celebren contra expresa prohibición constitucional o legal.
3o. Se celebren con abuso o desviación de poder.
4o. Se declaren nulos los actos administrativos en que se fundamenten; y
5o. Se hubieren celebrado con desconocimiento de los criterios previstos en el artículo
21 sobre tratamiento de ofertas nacionales y extranjeras o con violación de la
reciprocidad de que trata esta Ley”.
Así, como el numeral 4º de dicho artículo contempla como causal de nulidad que se
declaren nulos los actos administrativos en que se fundamenten, y teniendo en
cuenta que en el presente asunto se declarará la nulidad de la Resolución No. 203
de 2017, por medio de la cual el Distrito de Barranquilla adjudicó la licitación pública
LP-022-2017, en el presente caso se impone declarar la nulidad absoluta del
contrato No. 012017002333 del 28 de septiembre de 2017, celebrado entre el
Distrito de Barranquilla y el Consorcio Barranquilla CAN 2017.
Ahora bien, en el sub examine es evidente que el término de prescripción extintiva
de diez (10) años dispuesto en el artículo 2532 del C.C., modificado por el artículo
6 de la Ley 791 de 2002 -norma vigente para el momento en que se celebró el
negocio jurídico- no había transcurrido, pues el contrato se suscribió el 28 de
septiembre de 2017 (hecho probado 6.25) y la demanda se interpuso el 11 de abril
de 201898 y se admitió el 5 de julio de la misma anualidad.
En consecuencia, habiéndose establecido la nulidad absoluta del contrato
celebrado entre el Distrito de Barranquilla y el Consorcio Barranquilla CAN 2017, y
teniendo en cuenta que en el caso concreto aquella no se encuentra saneada por
prescripción, la Sala procederá a declararla, de conformidad con el deber-facultad
98 Folio 1 del cuaderno principal del Tribunal Administrativo del Atlántico.
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Radicación: 08001-23-33-000-2018-00391-01 (67378)
Demandante: Consorcio San Nicolás
consagrado en los artículos 45 de la Ley 80 de 1993, 1742 del Código Civil y 141
del CPACA.
8.5. Restituciones mutuas como consecuencia de la nulidad absoluta del
contrato
La declaratoria de nulidad absoluta de un contrato, o de una de sus cláusulas
cuando quiera que el vicio recaiga solamente sobre alguna de ellas, genera como
efectos: (i) su desaparición del mundo jurídico; (ii) la extinción de todas las
obligaciones derivadas del mismo; y (iii) retrotrae la situación de las partes al estado
en que se encontraban, como si el contrato o la cláusula no hubieran existido99.
A su turno, de conformidad con lo previsto en el artículo 48 de la Ley 80 de 1993:
“La declaración de nulidad de un contrato de ejecución sucesiva no impedirá el
reconocimiento y pago de las prestaciones ejecutadas hasta el momento de la
declaratoria.
Habrá lugar al reconocimiento y pago de las prestaciones ejecutadas del contrato nulo
por objeto o causa ilícita, cuando se probare que la entidad estatal se ha beneficiado
y únicamente hasta el monto del beneficio que ésta hubiere obtenido. Se entenderá
que la entidad estatal se ha beneficiado en cuanto las prestaciones cumplidas le
hubieren servido para satisfacer un interés público” (se destaca).
En este orden, en los contratos regidos por la Ley 80 de 1993, cuando se declara la
nulidad absoluta por objeto o causa ilícita el ejecutante o prestador del objeto
contractual tiene derecho a ser restituido por el valor equivalente a las prestaciones
ejecutadas, siempre y cuando se encuentre demostrado que la entidad se ha
beneficiado con éstas para la satisfacción de un interés público100, restituciones que,
no obstante, no proceden en todos los casos como lo ha indicado esta Corporación,
99 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 15 de diciembre de 2017. Rad.: 50.045.
100 Sobre el particular, esta Subsección ha señalado de modo reiterado y uniforme que la declaratoria
judicial de nulidad de un contrato, retrotrae la situación al estado en que se encontrarían las partes
como si el contrato no hubiera existido, lo que en principio daría lugar a las restituciones mutuas,
precisando que “(a)l respecto el inciso segundo del artículo 48 de la Ley 80 de 1993, sin distinguir
entre contratos de ejecución instantánea o de ejecución sucesiva, ordena el reconocimiento y pago
de las prestaciones derivadas de un contrato declarado nulo por objeto o causa ilícitos hasta el monto
del beneficio que la entidad estatal haya obtenido. Sin embargo, para que haya lugar al
reconocimiento y pago de las prestaciones derivadas de un contrato declarado nulo por objeto o
causa ilícito es indispensable que las prestaciones cumplidas hayan servido para satisfacer el interés
público, pues solo en esta medida se puede entender que la entidad estatal se ha beneficiado”.
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 15 de diciembre de 2017,
Radicación número: 76001-23-31-000-2007-01419-01(55102); Cfr. Consejo de Estado, Sección
Tercera, Sentencia del 6 de febrero de 2019. Rad.: 61720.
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Radicación: 08001-23-33-000-2018-00391-01 (67378)
Demandante: Consorcio San Nicolás
por ejemplo, en aquellos en los que resulta materialmente imposible efectuarlas101.
Como ha puesto de presente la jurisprudencia de la Corporación102, del artículo 48
de la Ley 80 de 1993 se deriva la necesidad de que las prestaciones ejecutadas y
no reconocidas al momento de declarar la nulidad absoluta sea acreditada en dos
aspectos: cualitativo, vale decir, que haya significado un beneficio representado en
la satisfacción de un interés público103; y otro cuantitativo, en tanto la declaración de
restituir lo ejecutado debe ir hasta el monto efectivamente demostrado.
En el presente caso, la Sala se abstendrá de reconocer restituciones mutuas en
favor de las partes del contrato, esto es, el Distrito de Barranquilla y el Consorcio
Barranquilla CAN 2017, comoquiera que en el plenario no obra prueba alguna que
acredite su causación, pues al expediente no fueron allegados los documentos
relativos a la ejecución del contrato estatal.
Por las razones expuestas, la Sala revocará parcialmente la sentencia del 13 de
julio de 2020 proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante la cual
se negaron las pretensiones de la demanda. En su lugar: (i) se acumularán las
pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho y de controversias
contractuales; (ii) se declarará la nulidad de la Resolución No. 203 del 27 de
septiembre de 2017, mediante la cual el Distrito de Barranquilla adjudicó la licitación
pública LP-022-2017; (iii) se declarará la nulidad absoluta del contrato No.
012017002333 del 28 de septiembre de 2017 celebrado entre el Distrito de
101 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 16 de febrero de 2006. Rad.: No. 13414;
Sección Tercera, Sentencia del 6 de febrero de 2019. Rad.: 61720.
102 Consejo de Estado, Sección Tercera – Subsección C, Sentencia del 31 de agosto 2020,
radicación:250002326000201000277-01 (48242).
103 “(…) en materia de contratación del Estado, para que haya lugar al reconocimiento y pago de las
prestaciones derivadas de un contrato nulo por objeto o causa ilícita es indispensable que las
prestaciones cumplidas hayan servido para satisfacer el interés público pues solo en esta medida se
puede entender que la entidad estatal se ha beneficiado, como lo prevé el citado artículo 48 de la
Ley 80 de 1993 en su inciso final. // Luego, si el interés público no se ha satisfecho en alguna medida,
no habrá lugar a ningún reconocimiento o pago y ello ocurriría, por ejemplo, cuando en un contrato
que es nulo por ilicitud de su objeto o de su causa, la obra contratada no se ha ejecutado total o
parcialmente y de tal manera que el interés público se haya satisfecho en esa misma medida en
virtud de que el servicio público finalmente se prestó en alguna proporción. // En conclusión,
declarada la nulidad del contrato habrá lugar a las restituciones mutuas, aunque, por supuesto,
cuando nada se ha dado o pagado en razón del contrato nulo, no hay lugar a considerar y a resolver
sobre las eventuales restituciones mutuas.” (Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Tercera – Subsección C. Sentencia del 9 de febrero de 2017. Rad. 85001-
23-33-000-2013-00221-01(52805), reiterada en sentencia del 23 de octubre de 2017. Rad. 73001-
23-33-000-2013-00468-01(53477)).
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Radicación: 08001-23-33-000-2018-00391-01 (67378)
Demandante: Consorcio San Nicolás
Barranquilla y el Consorcio Barranquilla CAN 2017, sin lugar a restituciones mutuas;
y (iv) se negarán las demás pretensiones de la demanda.
9. Condena en costas en segunda instancia
De conformidad con lo previsto en el artículo 188 del CPACA104 y en los numerales
1 y 8 del artículo 365 del CGP105, procede la condena en costas a cargo de la parte
a la que se le resuelve desfavorablemente el recurso de apelación, siempre y
cuando “en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su
comprobación”.
Las agencias en derecho se fijarán con observancia en las tarifas establecidas por
el Consejo Superior de la Judicatura, en virtud del numeral 4 del artículo 366 del
CGP76. Para esos efectos debe atenderse a la naturaleza, calidad y duración de la
gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía
del proceso y otras circunstancias especiales.
Bajo el anterior contexto, dado que en esta instancia se revocará parcialmente la
sentencia de primera instancia y, en su lugar, se accederá a algunas de las
pretensiones de la demanda, la Sala condenará en costas a la parte demandada,
porque el recurso de apelación le resultó desfavorable. A este respecto, cabe
agregar que la parte demandante adelantó gestiones de manera activa en esta
instancia, pues además de que formuló el recurso de apelación contra el fallo de
primera instancia, también presentó alegaciones de conclusión, de ahí que las
agencias en derecho se encuentren causadas, por lo que la Sala las fijará con base
en lo dispuesto en el Acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016, según el
cual, en los procesos declarativos en general, cuando en la demanda se formulen
pretensiones de contenido pecuniario, las agencias en derecho en segunda
instancia se establecerán entre 1 y 6 SMLMV. En ese orden, la Sala fijará agencias
104 “Artículo 188. Condena en costas [adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021]. Salvo
en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en
costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil. En
todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó
la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal”.
105 “Artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en
que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 1. Se condenará en
costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de
apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto […] 8. Solo habrá lugar
a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación.
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Radicación: 08001-23-33-000-2018-00391-01 (67378)
Demandante: Consorcio San Nicolás
en derecho en segunda instancia por tres (3) salarios mínimos legales mensuales
vigentes a la fecha de la sentencia, en favor del Consorcio San Nicolás, monto que
deberá ser asumido por la parte demandada.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
RESUELVE
REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia del 13 de julio de 2020, proferida por el
Tribunal Administrativo del Atlántico, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia, para en su lugar disponer:
PRIMERO: ACUMULAR las pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho
y de controversias contractuales.
SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de la Resolución No. 203 del 27 de septiembre
de 2017, por medio de la cual se adjudicó la Licitación Pública LP-022-2017.
TERCERO: DECLARAR la nulidad absoluta del contrato No. 012017002333 del 28
de septiembre de 2017 celebrado entre el Distrito Especial, Industrial y Portuario de
Barranquilla y el Consorcio Barranquilla CAN 2017, sin lugar a restituciones mutuas.
CUARTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
QUINTO: CONDENAR en costas en segunda instancia a la parte demandada, las
cuales serán liquidadas de manera concentrada por el Tribunal de primera instancia,
conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia y a lo dispuesto en
los artículos 365.8 y 366 del Código General del Proceso, teniendo en cuenta que
en esta instancia se fijan agencias en derecho en tres (3) salarios mínimos legales
mensuales vigentes a cargo del Distrito Especial, Industrial y Portuario de
Barranquilla y en favor del Consorcio San Nicolás.
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Radicación: 08001-23-33-000-2018-00391-01 (67378)
Demandante: Consorcio San Nicolás
SEXTO: RECONOCER personería al abogado Giovanni Francisco Pardo Cortina,
como apoderado judicial del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla,
en los términos y para los fines dispuestos en el poder obrante en el índice 28 del
Sistema de Gestión Judicial SAMAI.
SÉPTIMO: Por intermedio de la Secretaría de la Sección Tercera de esta
Corporación, en firme la presente providencia, DEVOLVER el expediente de este
proceso al Tribunal de origen para lo de su cargo y, acto seguido, FINALIZAR y
ARCHIVAR esta actuación en la plataforma tecnológica SAMAI del Consejo de
Estado.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala
Aclaración de voto
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Consejera de Estado
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Consejero de Estado
VF
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